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8 ene 2019

CorteIDH: Chile es responsable por no haber dado acceso judicial a reparaciones civiles a familiares de víctimas de crímenes de lesa humanidad

Costa Rica, 21 de diciembre de 2018.- En la sentencia notificada en el Caso Órdenes Guerra y otros Vs. Chile, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), valorando el amplio reconocimiento de responsabilidad del Estado, declaró la responsabilidad internacional de Chile por la violación del derecho de acceso a la justicia, como consecuencia de decisiones de autoridades judiciales de rechazar demandas civiles de indemnización por perjuicios morales interpuestas por siete grupos de personas entre 1997 y 2001, en relación con el secuestro o detención y desaparición o ejecución de sus familiares por parte de agentes estatales en 1973 y 1974. Tales acciones judiciales fueron rechazadas entre 1999 y 2003 con base en la aplicación del plazo de la figura de prescripción establecida en el Código Civil. 

En el trámite del caso ante la Corte el Estado manifestó que los familiares de las víctimas de este caso ante el Tribunal "forman parte de la nómina de víctimas de violaciones a derechos humanos reconocidas por el Estado de Chile en el Informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación (Comisión Rettig) del 8 de febrero de 1991"; y que las víctimas no han recibido una reparación económica por la vía judicial, aún si la mayoría ha recibido "diferentes beneficios administrativos y otras bonificaciones amparados en cuerpos legales dictados como parte de la política de reparaciones del Estado una vez reestablecida la democracia". Manifestó que el Estado reconoce "su responsabilidad internacional total por la violación de los derechos a las garantías judicial y a la protección judicial" en perjuicio de las víctimas, por no haber determinado su derecho a obtener una reparación en el ámbito civil, ni hacer lo necesario para remediar violaciones a derechos humanos reconocidas como delitos de lesa humanidad por el propio Estado a través de las comisiones de la verdad. Reconoció que "la aplicación de la prescripción civil a las acciones judiciales interpuestas por las víctimas, imposibilitó el otorgamiento de una justa reparación" y señaló que la práctica judicial ha sido corregida en los últimos años con el cambio de criterio jurisprudencial en la materia, principalmente por parte de la Corte Suprema de Justicia de Chile, en conformidad con el derecho internacional de los derechos humanos.

La Corte consideró que el reconocimiento del Estado constituye un allanamiento a las pretensiones sobre la violación de los derechos a las garantías judiciales y protección judicial, en perjuicio de las víctimas, y valoró positivamente el acto efectuado por el Estado, señalando que éste "constituye una valiosa contribución al desarrollo de este proceso y a la vigencia de los principios que inspiran a la Convención. 

En razón de estas violaciones, la Corte ordenó como medidas de reparación, que el Estado pague las cantidades fijadas en la Sentencia por concepto de indemnizaciones compensatorias y reintegro de gastos; y que publique la sentencia. 
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18 jun 2017

Argentina: Hijas de represores que rechazan los crímenes de sus padres convocan a colaborar con el proceso de Memoria, Verdad y Justicia

"No elegimos la negación ni la complicidad".

Erika Lederer, hija del segundo jefe de la maternidad clandestina del Hospital Militar de Campo de Mayo, y Analía Kalinec, cuyo padre es represor del Atlético, Banco y Olimpo, eligieron "enfrentar la verdad, por más dolorosa que sea".

Pienso en voz alta. Los hijos de genocidas que no avalamos jamás sus delitos, esos que gritamos en sus caras las palabras ‘asesino’ y ‘memoria, verdad y justicia’, por pocos que seamos, podríamos juntarnos para aportar datos que hagan a la construcción de la memoria colectiva”, publicó en su Facebook Erika Lederer, hija de Ricardo Lederer, quien fue segundo jefe de la maternidad clandestina del Hospital Militar de Campo de Mayo. Analía Kalinec se contactó con ella a raíz de este mensaje. Y a partir de la difusión de su historia comenzaron a llegar muchos otros a la página de Facebook Historias Desobedientes y con Faltas de Ortografía. “Nos vemos hermanadas en un padre genocida que nos lastima y nos obliga a reconstruirnos. No elegimos la negación, ni el silencio, ni la complicidad. Elegimos levantar la cabeza y poder mirar a los ojos a nuestros hijos, a nuestras Madres y a nuestras Abuelas. Elegimos enfrentar la Verdad por más dolorosa que sea. Elegimos la Memoria, la Verdad y la Justicia”, escribió allí Analía. Su padre es Eduardo Emilio Kalinec, alias Doctor K, miembro de la Policía Federal y represor de los centros clandestinos de detención Atlético, Banco y El Olimpo.

La historia de Mariana, la hija del represor Miguel Etchecolatz que marchó contra el fallo del 2x1 que beneficia a los represores y que fue publicada por la revista Anfibia, movilizó a otros hijos de represores que repudian lo que hicieron sus padres. Erika, de 40 años y abogada especialista en mediación en contextos de encierro del Ministerio de Justicia, se ofreció como gestora de un espacio de encuentro de hijas e hijos de represores “casi como una necesidad”, por “sed de justicia”. Entrevistada por la agencia Télam, anticipó que no se cambiará el apellido: “Decidí hacerme cargo de la mierda que me tocó”, dijo. Y contó que en su familia la marcan como traidora por romper con el pacto de silencio. “Por pocos que seamos, podemos juntarnos para aportar datos que hagan a la construcción de la memoria colectiva”, afirmó.

“No lo perdono, no sé si lo odio. También me preguntaron si lo quería, pero no me hago esa pregunta… No tuve odio, tuve tristeza porque quise que cambiara”, dijo Erika. Su padre se suicidó en 2012, cuando se confirmó la identidad del nieto Pablo Javier Gaona Miranda (Lederer había firmado el acta de nacimiento falsa que facilitó la apropiación). Poco antes, Erika le había escrito un mensaje de texto: “Memoria, Verdad y Justicia”.

Lederer conocía al represor Héctor Salvador Girbone, condenado a 8 años por ser el entregador del nieto recuperado, y uno de los represores que fracasó en el intento de beneficiarse recientemente con el fallo de la Corte Suprema. Lederer y Girbone no solo compartieron destino en Campo de Mayo para la fecha de la apropiación, también entre 1976 y 1977 habían estado juntos en Salta. Su hija aportó más datos: Estuvo involucrado en los vuelos de la muerte y fue carapintada.

–¿Cuándo se dio cuenta a qué se dedicaba su padre en verdad?–preguntó Télam.

–Alrededor de tercer grado, tenía 8 años, recuerdo que apareció una nota en PáginaI12 en la que mi papá defendió a (al ex jefe de la Bonaerense Ramón) Camps, de quien era íntimo amigo e iba a visitar a la cárcel hasta que se murió. En ese momento empezaron a decirme que no hablara de esas cosas en el colegio y no entendía porqué. Esto me sembró una duda de las buenas y me dio mucha vergüenza. Recuerdo que al mismo tiempo dejé de creer en Papá Noel. Pero mi viejo, que tenía un sadismo especial, ya había trabajado como forense de la Policía Bonaerense. Recuerdo que comíamos con fotos de muertos sobre la mesa.

“Mi viejo era bipolar y muy violento. Vivíamos en un campo minado todo el tiempo”, recuerda Erika, quien describe  a su padre a partir de recuerdos, entre ellos, verlo apuntándole con un arma a la cabeza de su madre a quien le reprocha su “ignorancia dolosa”- o la requisa que le hizo en su propia habitación.

“De esa época recuerdo mis problemas para vincularme, el asma y el miedo a hablar. Algo no encajaba en mi pequeña lógica. Un par de años después, siendo todavía una estudiante primaria, escuché de boca de mi viejo –entre otros relatos– el de los vuelos de la muerte. (Nunca pude entender cómo se las arreglaba con el Juramento Hipocrático ya que la paradoja es insalvable: la mano que cura es la misma mano que puede torturar, dar a luz, decidir sobre la vida y también, criar, acompañar al colegio, abrazar y golpear. Un devenir incesante de disociaciones, ninguna gratuita)”, escribió Erika en Anfibia, en su convocatoria a otros que como ella puedan aportar información sobre criminales de lesa humanidad a través de sus vivencias familiares.

“También recuerdo el no poder hablar, los golpes, la vergüenza, los textos prohibidos, las películas vedadas y, principalmente, lo mal fundado de los argumentos por los cuales habría uno de creer su visión de la historia era la correcta. Creo que todo ello fue deslegitimando la figura paterna y me permitió interpelarlo e interpelarme. Para ese entonces, se escondían ejemplares de PáginaI12 en casa como parte de los temas de los que no se podía hablar, en especial con Mercedes. ¿Qué tenía de particular la familia de mi compañera de colegio? Puedo decir que agradezco infinitamente haber tenido luego una cantidad inmensa de Mercedes que me abrieron los ojos. Lo extraño es que ellos nunca supieron todo lo que sembraron en mí. La duda quiebra lo hegemónico. Que la verdad duele es cierto, pero es necesaria, para poder construirse como sujeto. Y eso vale también para los que debemos hacernos cargo de la mierda que nos toca. No se puede vivir eternamente disociado. A los hijos de los milicos -y más si tu viejo era comando y carapintada- nos formaban en ciertos valores más que en otros; es decir, se nos educaba para ser gallardos. El peor defecto que podíamos detentar era el de ser cobardes. Agradezco que haya sido así: había que tener valentía para mirar al verdugo a los ojos y, aun así, mantener la palabra. Memoria, Verdad y Justicia. Clarito y sin claudicar”.

Erika contó también que se acercó a las Abuelas de Plaza de Mayo porque creía que podía ser hija de desaparecidos, pero su ADN no fue compatible con ninguno del Banco Nacional de Datos Genéticos. “Esto implicaba hacerse cargo de que era la hija de este personaje. Desde esa certeza es que pude hablar y asumir el camino que me tocaba. Un camino no elegido, pero que sin embargo me es propio. Por esa razón, y siendo existencialista, no sentí necesidad de cambiar mi apellido, pero sí un compromiso genuino con la búsqueda de la verdad”.

La Página de Facebook Historias Desobedientes y con Faltas de Ortografía se desbordó ayer con mensajes de otros hijos e hijas de represores. Las administradoras son cuatro, todas mujeres. “Hay mucha necesidad de hablar y nos escriben muy aliviados de encontrar este espacio”, dijo Analía Kalinec a PáginaI12. “Es muy duro saber que mi papá empuñaba una picana con las mismas manos con las que me tocaba. Y que la misma voz que me sigue diciendo que me quiere es la misma que dio orden de muerte y de tortura. ¿Cómo puedo hacer para unir en la misma persona a mi papá y al Doctor K?”, se preguntó Analía en una carta que escribió hace tiempo sobre su historia y la de su padre.

Para Erika, el objetivo de su propuesta es “que se vaya sumando gente para generar relatos de estas historias que dejaron huella. Nos va a servir para reconstruir nuestros relatos, rellenar algunas lagunas y lograr historias habitables. Nos vamos juntando de a poco. Es muy loco no haber tenido conexión antes. No voy a perder un minuto en discusiones que ya no doy porque la queja no sirve de nada. La consigna es reunirnos para aportar datos, contar historias que a otros les sirvan. Reunirnos para sanar porque no hay noción de los daños que aún se siguen produciendo. También destaco que no nos ponemos en pie de igualdad con los hijos de desaparecidos. En todo caso estamos al servicio, pero no nos sentimos con voz”.

“Cuando leí el artículo de Anfibia sobre Mariana, la hija de Etchecolatz –narró Erika– se me vinieron a la mente –y al cuerpo, principalmente– mil recuerdos. Es difícil deshacerse de ellos; son como una música en sordina, para nada alegres por cierto. La disociación, la culpa, la angustia (porque uno puede comprender racionalmente que no tuvo nada que ver, pero carga la piedra de Sísifo de todos modos) encuentran a la palabra como cura, como instrumento para nombrar y generar presencia, quién sabe si una anécdota no viene a completar lagunas o dar un poco de luz a los relatos de familiares que aún hoy buscan respuestas. Cuando ellos piden olvido, nosotros tenemos el deber cívico y humano de dar presencia y memoria; la palabra nombra y mantiene vivo el relato. Por eso el relato de Mariana emociona, convoca y, en cierto modo, obliga. Nos interpela a contar; decir lo que sabemos, por poco insuficiente o mal articulado que sea. Coadyuvar a la construcción de la historia es un compromiso colectivo".

"Cuando leí el artículo de Mariana, la hija de Etchecolatz - narró Erika- se me vinieron a la mente -y al cuerpo, principalmente- mil recuerdos. Es difícil deshacerse de ellos; son como una música en sordina, para nada alegres por cierto. La disociación, la culpa, la angustia (porque uno puede comprender racionalmente que no tuvo nada que ver, pero carga la piedra de Sísifo de todos modos) encuentran a la palabra como cura, como instrumento para nombrar y generar presencia, quién sabe si una anécdota no viene a completar lagunas o dar un poco de luz a los relatos de familiares que aún hoy buscan respuestas. Cuando ellos
ellos piden olvido, nosotros tenemos el deber cívico y humano de dar presencia y memoria; la palabra nombra y mantiene vivo el relato. Por eso el relato de Mariana emociona, convoca y, en cierto modo, obliga. Nos interpela a contar; decir lo que sabemos, por poco insuficiente o mal articulado que sea. Coadyuvar a la construcción de la historia es un compromiso colectivo".


17 ene 2017

Video: El Plan Cóndor en el Perú

La justicia italiana acaba de condenar a cadena perpetua a 8 - de los 27 imputados- ex militares latinoamericanos por el caso Plan Cóndor. Los militares provienen de Bolivia, Chile, Perú y Uruguay.
Los condenados fueron: los chilenos Hernán Jerónimo Ramírez y Rafael Ahumada Valderrama; el uruguayo Juan Carlos Blanco; los bolivianos Luis García Meza y Luis Arce Gómez y los peruanos Franciso Morales Bermúdez, Pedro Richter Prada y Germán Ruiz Figueroa.

Según la Radio y Televisión Italiana (RAI) informó que los jueces de la Tercera Sala de lo Penal en Roma, en el juicio seguido contra los ex jefes de Estado y miembros de las Juntas Militares y de los servicios de seguridad de Bolivia, Chile, Perú y Uruguay, durante los años 70 y 80,  fueron acusados de haber implementado  una represión contra los opositores. Los acusados fueron acusados de haber dado muerte a 23 personas de origen italiano que residían en ésos países de América del Sur.
La sentencia llega luego de 9 años de investigaciones y más de 60 audiencias. Los condenados son Luis García Meza Tejada (ex-presidente de Bolivia), Luis Arce Gómez (ex ministro del Interior Bolivia), Juan Carlos Blanco (ex canciller de Uruguay), Hernan Jerónimo Ramírez (Chile), Francisco Morales Bermúdez Cerruti (ex Presidente de Perú) Valderrama Ahumada (coronel retirado del ejército de Chile), Pedro Richter Prada (ex primer ministro de Perú) y alemán Ruiz Figeroa (servicios secretos ex jefe Perú).  
RAI: "Desaparecidos italianos, proceso Cóndor en Roma, 8 condenados y 19 absoluciones".

El Plan Cóndor nace en 1975, promovido por las dictaduras militares de América Latina, desarrolla en una entrevista el abogado Ronald Gamarra Herrera sobre el tema.
 
 


Lea también: "Estados Unidos desclasifica archivos sobre el Plan Cóndor".
Reportaje realizado por Marco Gamarra Galindo.

30 may 2016

Compromisos de PPK con las víctimas de violaciones a los Derechos Humanos y sus familiares

Compromisos de Pedro Pablo Kuczynski, de Peruanos Por el Kambio, con las víctimas de las violaciones a los derechos humanos y sus familiares


Fuente PPK: http://ppk.pe/

RTVE: Hissène Habré, condenado a cadena perpetua por crímenes contra la Humanidad

Hissène Habre, el hombre que se creía impune.
Por Gemma García
RTVE

A Hissein Gambier la celda se le ponía boca abajo cuando sus torturadores le atronillaban las sienes. “Tenía la sensación -cuenta este soldador chadiano- de que me iban a estallar los ojos”. Mbaissourom Manda recuerda más la peste de la prisión, los gritos de terror, las descargas eléctricas y el “arbatachar”, un antiguo método de tortura que consiste en atar los brazos y las piernas del preso a la espalda. Mariem Amaifouta todavía sueña a diario con las violaciones y Souleymane Guengueng tiene tatuada en la memoria la imagen de sí mismo vomitando pus y sangre…y pidiendo la muerte.
Hay más historias como estas, tantas como las 200.000 personas que, según Human Rights Watch, fueron torturadas durante los años de plomo de la dictadura de Hissène Habré en Chad. Ocho años (1982-1990) que se saldaron con unos 40.000 asesinatos y que constituyen otro de esos capítulos brutales y vergonzantes de la historia reciente de África.
Paradojicamente Paradójicamente, también, un caso insólito en el campo de la justicia criminal internacional. “Nunca en un juicio por crímenes contra la humanidad las voces de las víctimas habían sido tan predominantes”. Lo explica el corresponsal del New York Times en Senegal, Thierry Cruvellier, en la crónica con la que cierra el juicio a Habré, celebrado en Dakar entre julio de 2015 y jebrero de 2016. Allí se pudieron escuchar los testimonios de Hissein, Mbaissourom, Mariem, Souleymane y otras 90 personas, que relataron en la sala el horror provocado por un hombre de 73 años sentado a unos pocos metros, que apenas dejó de gritar, bramar e insultar durante todo el juicio.

8 años de pesadilla
Genio y figura… Incluso 16 años después de haber sido detenido, Hissène Habré, apenas puede creer que su caso haya llegado tan lejos convirtiéndole en el primer ex jefe de estado de una nación africana juzgado por un tribunal de otra. Un largo camino que empezó, por poner una fecha, en 1979.
Aquel año, Habré fue nombrado ministro de Defensa de un gobierno interino formado por los vecinos del Chad. En 1982, él y sus 2.000 combatientes se hicieron con el poder, declararon la fundación de la Tercera República del Chad y empezó la pesadilla. Bajo el régimen de Habré casi todo el mundo era sospechoso: civiles, militares, mandos intermedios y miembros de las dos principales tribus, los hadjerai y los zaghawa.
Sólo en la capital, Yamena, se construyeron siete centros de detención, la mayoría en antiguas piscinas de la época colonial francesa, tapadas con cemento y con las celdas bajo tierra. Allí se pudrían hacinados cientos de presos, bajo la atenta mirada de la Dirección de Documentación y Seguridad (DDS), los servicios secretos del régimen. Cuando la DDS llamaba a tu puerta sabías que, en el mejor de los casos, pasarías años sin volver a ver a tu familia.

"El Pinochet africano"
Todo esto fue así hasta que, en 1990, las fuerzas leales al presidente actual Idriss Déby se hicieron con el control de la capital y obligaron a Habré a huir. Se instaló en una mansión en Senegal y pensaba llevar una vida de lujo e impunidad bajo el paraguas de quienes habían sido sus principales aliados, Francia y Estados Unidos.
Pero hubo dos hombres, Souleymane Guengueng y Reed Brody, que decidieron no permitirlo. Guengueng se había jurado a sí mismo que, si sobrevivía, haría justicia y Brody, un abogado comprometido con los derechos humanos que llevaba años denunciando la brutalidad del régimen de Habré, vio la luz cuando en octubre de 1998 la justicia española ordenó el arresto del dictador chileno, Augusto Pinochet, en Londres. “Se ha abierto la caja de Pandora -declaró Brody entonces- y será muy difícil cerrarla”
La justicia europea había aplicado por primera vez el principio de jurisdicción universal, por el cual los crímenes contra la humanidad pueden ser juzgados en terceros países, y Brody decidió convertir a Habré en "el Pinochet africano".

Apoyado por las víctimas, con Guengueng a la cabeza, el abogado empezó una larguísima carrera de obstáculos. El primero, en el año 2000, cuando llevaron el caso ante la justicia senegalesa y los tribunales dictaminaron que no tenían autoridad. Tuvieron que pasar 12 años hasta que el presidente Macky Sall asumió el poder en Senegal, aceleró el proceso y propició la creación de un Tribunal Africano Extraordinario auspiciado por la Unión Africana. Tan extraordinario que, al sentar en el banquillo al dictador chadiano por crímenes de guerra, torturas y crímenes contra la humanidad, no sólo ha demostrado que los intocables pueden dejar de serlo sino que ha abierto un precedente en el debate sobre la Corte Penal Internacional (CPI). De hecho, la Unión Africana quiere poner este juicio y el veredicto como ejemplo de que los países africanos pueden juzgar a sus propios líderes y prescindir del Tribunal de La Haya, cuyos 29 primeros acusados han sido africanos.

"Pase lo que pase, aseguró Brody el día que el juicio quedó listo para sentencia, ya hemos llegado donde parecía imposible. "Sólo quiero que se sepa la verdad - se lee en una de las últimas entrevistas de Guengueng- y mandar un mensaje a todas las víctimas: no os rindaís nunca.

15 oct 2014

Italia celebra primer juicio por Plan Condor, 15 años después

Aspecto de algunos de los acusados por la "Operación Cóndor" o "Plan Cóndor" por crímenes de lesa humanidad. Foto Archivo.Se trata del primer proceso en Europa por la Operación Cóndor, el dispositivo para coordinar la represión de las dictaduras sudamericanas en los años 70 y 80.

La Justicia Italiana iniciará en febrero del 2015 en Roma el primer juicio contra 20 represores de Bolivia, Chile, Perú y Uruguay por estar involucrados en la muerte de 23 ciudadanos italianos en el marco del llamado Plan Cóndor, acordado por las dictaduras militares de esos países en los años 70 y 80, informaron fuentes judiciales.

El juez Alessandro Arturi, que instruye desde hace un año el proceso, ordenó procesar a 20 miembros de las juntas militares y servicios de seguridad de esos cuatro países por el secuestro y homicidio de 23 ciudadanos de origen italiano.

Se trata del primer proceso en Europa por la Operación Cóndor, el dispositivo para coordinar la represión de las dictaduras sudamericanas en los años 70 y 80 que permitió la detención, el intercambio y la desaparición de miles de opositores a los regimenes militares.

En la lista de 20 procesados figuran el general chileno Juan Manuel Guillermo Contreras, el exministro del Interior boliviano Luis Arce Gómez y el exmandatario peruano Francisco Morales Bermúdez.

Los inculpados (un boliviano, 11 chilenos de los cuales tres se encuentran detenidos, cuatro peruanos, cuatro uruguayos), cuyas edades oscilan entre los 70 y 92 años, han sido acusados por la justicia italiana de secuestro de persona y homicidio múltiple agravado.

La lista original incluía también a tres fallecidos, entre ellos al exdictador uruguayo Juan María Bordaberry, quien murió  en 2011.

La fiscalía italiana abrió las investigaciones sobre la temida estrategia aplicada por los regímenes militares del Cono Sur hace más de quince años a raíz de las denuncias presentadas por los familiares de italianos desaparecidos.

Los imputados serán juzgados en ausencia.

El Estado italiano y el de Uruguay se constituyeron parte civil en el juicio.

Gracias al "Plan Cóndor", las dictaduras sudamericanas pedían a otras la captura y en algunos casos la eliminación o la extradición de secuestrados, siempre fuera de los parámetros que establecía la ley.

En algunos casos, militares de dos países participaban juntos en operativos y torturas.

21 ago 2014

Caretas: El ministro del Interior trae puntos de popularidad, pero vienen con doble filo

Ministro UrrestiEl Ministro del Interior, Daniel Urresti, aprovechó las cámaras en el último operativo contra la minería ilegal en los alrededores de la Reserva Nacional de Tambopata. Sus ágiles tranzaczos parecen trasladarse a las encuestas. Según Datum, la popularidad de su jefe, el presidente Ollanta Humala, se incrementó en 8 valiosos puntos el último mes y llegó al 32%. El propio Urresti subió 17 puntos y marca 46%. Casi un récord en la actual medianía peruana de las popularidades.

Ya a inicios de julio, Ipsos tituló su sondeo del mes "el factor Urresti en la popularidad de Humala". Entonces el Presidente había pasado de 21% a 25% y el ministro arrancaba su gestión con esa misma cifra.

Urresti viajó a Madre de Dios acompañado del director de la Policía, general PNP Enrique Flores Goycochea, y miembros del equipo del alto comisionado en asuntos de formalización de minería ilegal de la Presidencia del Consejo de Ministros.
 Esta última oficina fue el trampolín de Urresti a su actual cargo.
Desde el helicóptero en el que se trasladaba a la ribera del río Malinowski se podía apreciar la devastación de los bosques amazónicos.

El pequeño campamento de la zona de amortiguamiento se encontraba listo para las detonaciones. Unos 150 mineros informales habían huido del lugar, dejando sus pozas de extracción con rampas en sus orillas y bombas de succión. La operación contó con 140 efectivos policiales y sirvió para presentar al nuevo alto comisionado, el General (r) Augusto Soto Castagnola. “Hace 1 año y medio en esta zona de amortiguamiento se calculaba que había 30 mil mineros ilegales. Actualmente deben ser unos 500”, aseguró Urresti.

Para replegar a los que quedan inspeccionó el avance de la Base de Mazuco, que contará con 300 efectivos. El personal policial rotará cada 45 días para evitar la tentación de la corrupción.

“Tengo experiencia en este campo”, recordó Urresti. “Vamos a acabar con la minería informal”.
El estilo omnipresente del ministro ha rendido indudablemente sus frutos. Pero tiene doble filo. El sábado 9 la emprendió contra el Ministerio Público porque no lo apoyaron en un descerraje del mercado negro de autopartes en San Jacinto. La fiscal Miluska Romero lo acusó de no entregar información e irse por la libre.

Tampoco se ha dejado impresionar un grupo de especialistas integrado –entre otros– por Gino Costa, Fernando Rospigliosi, Carlos Basombrío, Ricardo Uceda, Rubén Vargas y Manuel Boluarte. Ellos reclaman que el exceso de peliculina oculta la falta de planes serios. Y cuestionan la permanencia en el cargo de Urresti a pesar de su delicado papel –todavía no determinado por el Ministerio Público– en el crimen en 1988 del corresponsal de CARETAS en Ayacucho, Hugo Bustíos. Eso, por el momento, no parece importar mucho en Palacio.
Pero lo que sí parece demostrar el salto de un mes entre las mencionadas encuestas de Ipsos y Datum, es que hubo algo más que el efecto Urresti para potenciar la relativa recuperación de Humala.

Todo indica que la explicación se encuentra en el discurso presidencial del 28 de julio, que priorizó la inversión pública en áreas como la Salud y Educación. La letra pequeña de esa intervención la leerá la primera ministra Ana Jara ante el parlamento, adonde acudirá el miércoles 20 para solicitar el voto de confianza. Y la notaria iqueña ya está dando muestras de manejar un termómetro con el que le puede bajar la temperatura a la oposición.

EL TERRENO DE JARA

La abogada de 46 años profesa la fe cristiano-evangélica. Y se ha mostrado a favor de la adopción de niños por parte de parejas homosexuales. Una opinión diametralmente opuesta a la del grueso de su comunidad religiosa, fervientemente opuesta a la conquista de los derechos civiles por parte de estas minorías. Bien podría servirle esa flexibilidad para negociar con la oposición el voto de confianza.
Soltera y con notaría propia en Ica desde 1998, Jara era hasta hace poco la única ministra con carné del Partido Nacionalista en el gabinete.

Acompaña a los Humala desde el inicio de su aventura política. En el 2006 no quedó parlamentaria por Ica aunque consiguió un porcentaje interesante de votos preferenciales (36%). Del mismo modo, a fines de ese mismo año, quedó tercera (21%) en su intento por hacerse de la presidencia regional. En el 2011 alcanzó la curul con casi el 50% de los votos preferenciales en Ica (48,877). 


Rápido se hizo un lugar como hábil operadora en la bancada oficialista y ya en diciembre del 2011 se ciñó el fajín de ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Jara aprovechó la constante exposición mediática de la cartera y, a la vez que fue identificada como incondicional de Nadine Heredia, salió al frente con opiniones articuladas.

La misma primera dama le ayudó a preparar el terreno al recalcar en Facebook que no postulará a la presidencia en el 2016 (algo que Jara viene repitiendo hace meses). Hay que recordar que su predecesor, René Cornejo, sudó la gota gorda para obtener el voto de confianza precisamente por la resistencia que Heredia despertaba en la oposición.

No le ayudó tanto el expresidente del Congreso, Daniel Abugattás, que se refirió a las “ratas que abandonan el barco en el cuarto año” de gobierno, en obvia alusión a los últimos seis oficialistas que salieron de la bancada.

Y es precisamente la nueva bancada de Dignidad y Democracia la única que se ha negado definitivamente a recibir a Jara, que continúa en una tarea pocas veces vista: visitar personalmente a los parlamentarios para salir airosa el miércoles 20. Al cierre de esta edición, llevaba 10 horas de reuniones con las bancadas del Congreso. 


VOTO PARA ARMAS
Acción Popular-Frente Amplio, el PPC, Somos Perú, Perú Posible y Solidaridad Nacional fueron los gruposque el lunes y martes último se sentaron en la mesa con Jara.

El oficialismo hoy solo tiene 35 representantes. 
Durante el fin de semana telefoneó a los expremieres Beatriz Merino, Pedro Pablo Kuczynski y Jorge Del Castillo, así como al presidente de la Confiep, Alfonso García Miró, y al secretario general de la CGTP, Mario Huamán.
Pero fue la reunión con la bancada del PPC la más estratégica. En marzo pasado ese grupo quebró a la oposición dando su voto de confianza a Cornejo. (CARETAS 2326 – El Mensaje del Masaje) 
Al día siguiente de juramentar ya había mostrado buena muñeca al reunirse con Luis Bedoya Reyes. Luego se reunió por separado con Lourdes Flores y Raúl Castro.
La frase “crecer con bienestar” y la lucha anticorrupción fueron los añadidos que llevó bajó el brazo al encuentro con los congresistas pepecistas, el lunes 11. Estos le pidieron un cronograma de plazos para el cumplimiento de las promesas presidenciales.
En el grupo AP-FA le pidieron dos cosas: suspender el aporte pensionario de los independientes y garantizar la seguridad energética del sur. A Solidaridad Nacional, por ejemplo, le prometió reuniones bimensuales.

El fin de semana, Jara tocó la puerta aprista y no tuvo eco. Sobre el cierre de edición, se especulaba de una reunión para el jueves al mediodía.

Jara ha invitado a conversar a Keiko Fujimori y al secretario general de su partido, Joaquín Ramírez. No ha recibido todavía respuesta. 


El Capitán ‘Arturo’


Daniel Urresti era jefe de inteligencia del cuartel de Castropampa cuando asesinaron al periodista Hugo Bustíos.
Hugo Bustíos
Hugo Bustíos era corresponsal de CARETAS en Huanta.
Se sigue a la espera de la decisión del titular de la tercera Fiscalía Superior Nacional, Luis Landa, sobre el cago de “autor mediato” del asesinato del periodista de CARETAS, Hugo Bustíos, en Huanta, en 1988. Los cargos fueron presentados por el Segundo Juzgado Penal de Huamanga en 2013 con base en los testimonios del mayor EP Víctor Amador Vidal Sanbento, condenado por el crimen en 2007, y del oficial de Logística del cuartel, Edgardo Montoya Contreras (CARETAS 2342 – Lo que Vio ‘Ojos de Gato’) . Urresti era oficial S2 Jefe de Inteligencia del Cuartel de Castropampa en Huanta el año del crimen. Su apelativo era “Arturo”. Ha negado que tuvo manejo de tropa y agentes para realizar operativos de inteligencia. Niega que el suboficial Johnny Zapata cuyo apelativo era “Centurión”, e identificado también como uno de los militares que atentaron contra el periodista, y que nunca se presentó a la justicia, trabajara en su dependencia. Sostiene que como capitán del Ejército, estaba subordinado al mayor EP Vidal Sanbento. Y, sin embargo, atribuye el testimonio incriminatorio de Vidal Sanbento a una venganza, puesto que Urresti elaboró un informe por indisciplina contra Vidal Sanbento y Mayorga que arruinó sus carreras militares. Urresti no era por lo tanto un oficial más en Castropampa.
Esta semana, la viuda de Bustíos, Margarita Patiño, en carta abierta publicada en el Diario Uno, invocó al ministro del Interior “bajar al llano”. “Usted no respondió respecto a un tema fundamental: la absoluta inequidad que existe entre su investidura de ministro de Estado y mi calidad de simple ciudadana en el proceso en el cual se ventila el asesinato de mi esposo”. Sumándose a dicho clamor, el Grupo Seguridad Ciudadana integrado entre otros por Carlos Basombrío, Fernando Rospigliosi y José Ugaz, solicitó “al Presidente su licenciamiento”.

11 ago 2014

Camboya: dos ex altos dirigentes de los Khmer Rojos condenados por crímenes contra la humanidad

7 de agosto de 2014.  Dos antiguos altos dirigentes del sangriento régimen del Khmer Rojo, que gobernó Camboya entre 1975 y 1979, fueron condenados este jueves a cadena perpetua por crímenes contra la Humanidad.

Los acusados son Khieu Samphan, que ocupó la presidencia del país durante un tiempo y Nuon Chea, Secretario Adjunto del Partido Comunista de Kampuchea.

Una corte de las Salas Especiales de los Tribunales de Camboya, que cuentan con el respaldo de Naciones Unidas, determinó que ambos condenados participaron en una organización criminal con el objetivo de implementar una revolución socialista rápida utilizando los métodos que fueran necesarios, incluido el desplazamiento forzoso de personas y ejecuciones.

El tribunal señaló que los dos acusados, en asociación con otros, cometieron crímenes contra la humanidad mediante el asesinato de personas, la persecución política y otros ataques contra la dignidad de las personas.

La sentencia fue dada a conocer por el presidente del tribunal, Nill Nonn:

"La Corte condena a Nuon Chea a cadena perpetua. La Corte sentencia al acusado Khieu Samphan a cadena perpetua", señaló el presidente.

El régimen de Khemer Rojo asesinó a más de un millón y medio de camboyanos entre abril de 1975 y enero de 1979.

UN-backed tribunal sentences Khmer Rouge leaders to life in prison


A United Nations-backed court has found the two most senior surviving leaders of Cambodia’s brutal Khmer Rouge regime guilty of crimes against humanity and sentenced them to life in prison.

The Extraordinary Chambers in the Courts of Cambodia (ECCC), a hybrid war crimes tribunal established in 2006, convicted Nuon Chea, 88, and Khieu Samphan, 83, of murder, extermination and other charges of crimes against humanity for their roles in the Pol Pot regime which ruled from 1975-1979.

Nearly 2 million people are thought to have died during that period of forced labour, starvation, torture and execution.

The verdict was heralded by both Cambodia’s Government and the UN as a “historic moment in international criminal justice.”

“It is also a momentous day for the people of Cambodia. Since the Khmer Rouge regime was overthrown on 7 January 1979, just over 35 years ago, the Cambodian people have struggled to rebuild their society,” said Sok An, Cambodia’s Deputy Prime Minister and Stephen Mathias, the UN Assistant Secretary-General for Legal Affairs in a joint statement released today.

The Trial Chamber found that, together with other Khmer Rouge leaders, both Nuon Chea and Khieu Samphan participated in a criminal enterprise to achieve a rapid socialist revolution through a “great leap forward” by whatever means necessary including through the mass evacuation of urban centres to establish an agrarian utopia. According to the court, both had implemented policies that forcibly displaced people.

In April 1975, during the first phase of the movement of the population at least two million people were forcibly transferred from Phnom Penh by Khmer Rouge soldiers often at gunpoint, and in terrifying and violent circumstances. The population was forced to march to rural areas during the hottest time of the year and without adequate food, water or medical care.

According to the Tribunal, there were numerous instances of Khmer Rouge soldiers shooting and killing civilians during the course of the evacuation, while many others died of exhaustion, malnutrition or disease. There was another phase of the movement of the population between September 1975 and December 1977, where scores more were displaced.

Over the trial period, the UN deployed international judges, prosecutors and staff to the ECCC through the UN Assistance to the Khmer Rouge Trials. The substantive hearings began in 2011 and concluded with closing statements on 31 October 2013. During the 222 days of trial, the Chamber heard testimonies from 92 individuals. An unprecedented 100,000 people visited the court to see the trial, while millions more followed it through live television, radio broadcasts and the internet.

While the war crimes tribunal found only Nuon Chea to be responsible as a superior for all crimes committed, both Nuon Chea and Khieu Samphan have the right to appeal their convictions and sentence imposed.

Later in the day, United Nations Secretary-General Ban Ki-moon took note of the ECCC decision calling it a "momentous day for the people of Cambodia and for international criminal justice."

Meanwhile, he also welcomed the National Assembly of Cambodia's holding sessions from 8 August with all members, including opposition parliamentarians. Welcoming the reopening of Freedom Park in Phnom Penh, he encouraged the two main parties in Cambodia to continue their efforts toward reform and strengthening of democratic institutions "in a spirit of cooperation for the benefit of all Cambodians.
 

Sentencia:

27 jul 2014

“Una mujer llamada SAMAR AL-HALLAQ”, columna de Ronald Gamarra

Lea “Una mujer llamada Samar Al-Hallaq”, la columna de Ronald GamarraCon la "tregua humanitaria” de 12 horas concedida para ayer, sábado 26, quedó en evidencia que el número de víctimas de la brutal operación militar de Israel contra la población palestina de Gaza era muy inferior al real.

Se calculaba alrededor de 850 personas muertas hasta el viernes, pero en las primeras horas de la tregua la cifra superó largamente a mil al encontrarse decenas y decenas de cuerpos entre los escombros de las viviendas de una población civil bombardeada sin miramientos por uno de los ejércitos más poderosos y premunidos de teconología del mundo.

El término “tregua humanitaria” suena a ironía sangrienta y las 12 horas concedidas son una burla. ¿Qué tiene de humanitaria una breve pausa en la ejecución de una masacre calculada al detalle? En los días anteriores ha habido un par de “treguas humanitarias” de un par de horas. Todo en esta operación tiene el mismo estilo. Denominar “defensiva” a esta operación iniciada el 8 de julio, cuando los patéticos cohetes de Hamás no eran capaces de causar ni una sola víctima (y desde entonces solo han causado una), con un ataque generalizado a la población civil en sus propias viviendas para causarle más de mil muertos hasta el momento, solo puede ser calificado como una demostración de cinismo monumental por parte del gobierno de Benjamin Netanyahu.

La cuarta parte de las personas reventadas a bombazos son niñas y niños. Hasta el viernes, antes de la tregua de 12 horas, ya eran más de 200. ¿Cuántos serán ahora? Por otro lado, entre los adultos, es enorme el número de mujeres y ancianos. Ni siquiera las escuelas se han librado de los bombardeos; vamos, ni siquiera los hospitales, ni los locales de las Naciones Unidas que atienden a los refugiados palestinos.

Samar Al-Hallaq es una de esas víctimas. Leo su historia desde la frialdad de internet. A los 29 años de edad, esta mujer palestina perdió la vida junto a sus dos pequeños hijos de cuatro y seis años de edad. Estaba embarazada de siete meses de su tercer hijo. Murió con sus hijos y muchos otros parientes en su humilde vivienda, en el barrio de Rimal, reducida a escombros por el bombardeo. Su esposo Hassan, malherido, sobrevive de milagro; probablemente todavía no sabe que ha perdido a toda su familia. Samar Al-Hallaq era una trabajadora social y cultural, coordinadora en Gaza de un proyecto de apoyo a la tapicería y el tejido, fundamental para una zona donde no existe trabajo digno debido al riguroso bloqueo en que se encuentra desde hace mucho tiempo.

La ironía mayor es que la masacre de hoy, y la opresión y despojo de más de 60 años contra el pueblo palestino, se perpetran en nombre de un pueblo que sufrió el genocidio nazi. Hay que decirlo claramente: Gaza es tal vez el campo de concentración  más grande del mundo. Lo mismo cabe decir de la situación de la población palestina en los territorios ocupados militarmente por Israel (¡desde 1967!), donde la población vive sin ciudadanía, desarrollo ni derecho a futuro, bajo un régimen de marginación homologable al apartheid. Los políticos israelíes y sus aliados incondicionales de Occidente no tienen derecho a manchar así, con la incalificable opresión al pueblo palestino, el legado universal del pueblo judío.

Las potencias occidentales tienen una enorme responsabilidad en la tragedia de estos días. Cuando califican la operación militar en Gaza como “ejercicio del derecho de Israel a defenderse”, lo que hacen es dar patente de corso para matar civiles. En estas angustiosas semanas de bombardeos y matanza, no han pasado de gestos “humanitarios” rituales, pero cada muerto de Gaza ha de pesar sobre su conciencia.

Artículo de Ronald Gamarra publicado en Diario16, el domingo 27 de julio de 2014.