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22 dic 2021

CorteIDH: ARGENTINA es responsable internacionalmente por las desapariciones forzadas de dos personas durante Plan Cóndor

La Corte Intermaericana de Derechos Humanos (CorteIDH) publicó la sentencia del Caso Familia Julien Grisonas Vs. Argentina, y concluyó que el Estado Argentino es responsable por la desaparición forzada del matrimonio conformado por Mario Roger Julien Cáceres y Victoria Lucía Grisonas Andrijauskaite, por lo que declaró la violación de sus derechos al reconocimiento de la personalidad jurídica, a la vida, a la integridad personal y a la libertad personal.

La Corte determinó que los hechos ocurrieron en el contexto del gobierno militar instaurado en Argentina entre los años 1976-1983, período en el que se implementó y ejecutó un plan sistemático y generalizado de violaciones de derechos humanos. El Tribunal estableció también que las diversas actividades de represión desarrolladas durante el período del gobierno militar en Argentina incluyeron la “práctica sistemática y generalizada” de “sustracción, retención y ocultamiento” de niños y niñas, con posterioridad a la desaparición o ejecución de sus padres y madres. Asimismo, se determinó que los hechos se dieron en el marco de la “Operación Cóndor”.

En razón de las violaciones a los derechos de conocer la verdad de los hechos, entre otros, la Corte ordenó diversas medidas de reparación al Estado argentino, como:

- Elaborar un documental audiovisual sobre las graves violaciones a los derechos humanos cometidas en el período 1976-1983 y las coordinaciones interestatales en el contexto de la “Operación Cóndor”, incluidos los hechos del caso y las violaciones declaradas en la Sentencia;

- Realizar las gestiones pertinentes para convocar a los otros Estados que habrían tenido intervención en la ejecución de los hechos del caso y en el contexto de la “Operación Cóndor”, a efecto de conformar un grupo de trabajo que coordine los esfuerzos posibles para llevar adelante las tareas de investigación, extradición, enjuiciamiento y, en su caso, sanción de los responsables de los graves crímenes cometidos en el marco del referido plan criminal interestatal. 

14 dic 2016

EE.UU. desclasifica nuevos archivos sobre el Plan Cóndor

Estados Unidos desclasificó esta semana más de 500 documentos de inteligencia relativos a la represión política orquestada por los países del Cono Sur en el marco de la Operación Cóndor. Estos archivos revelan detalles sobre los planes de asesinatos políticos fuera de Sudamérica.

Los documentos revelados por la Casa Blanca esta semana provienen del órgano de inteligencia de Estados Unidos, la CIA, y también del Departamento de Estado. Se trata del segundo paquete de archivos secretos desclasificados por la administración Obama tras la promesa del presidente estadounidense durante su gira en Argentina en marzo pasado.

Tras una primera publicación en agosto, esta vez son más de 500 documentos sobre la dictadura argentina y el funcionamiento de la Operación Cóndor, un plan de represión coordinado por las dictaduras militares de Sudamérica en los años 70 y 80. Este nuevo paquete de documentos revela además la existencia, que se sospechaba, de un plan de represión para eliminar a los opositores exiliados en Europa.

La desclasificación de estos archivos secretos responde al pedido reiterado de varias organizaciones de defensa de los Derechos Humanos y de búsqueda de los desaparecidos de la dictadura militar argentina. ONG como CELS o Las Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora examinan actualmente en detalle lo que contienen estos documentos.

Los archivos desclasificados son de libre acceso en internet, vía la Oficina del Director de Inteligencia Nacional de Estados Unidos, en este link: https://icontherecord.tumblr.com/.

Próximamente Francia debería desclasificar también documentos relacionados con la época de la dictadura argentina. 

Entrevistados: Carlos Osorio, director del Proyecto de Documentación del Cono Sur en la ONG National Security Archive de la Universidad George Washington en Estados Unidos. "Es muy interesante porque tiene información top secret de la CIA. Y en particular un documento que dice en julio de 1976, "los países de la operación Cóndor, que son como 5 o 6, pero en particular los que son más activos, que son Argentina, Chile y Uruguay, han decidido lanzar una campaña de liquidación". Es decir de eliminación de terroristas, de guerrilleros, montoneros, refugiados, y que Argentina, Chile y Uruguay serán los responsables de la atividad operacional en Francia, en particular", comentó Carlos Osorio.

"Hay otro documento de 1977 que tiene 03 páginas, y habla en particular nuevamente, que Chile, Argentina y Uruguay están muy activos en Europa y dando seguimiento a los grupos de derechos humanos, quiénes son los refugiados, dónde están localizados, cuáles son sus actividades políticas, y llega a decir que si Wilson Ferreyra, que es uruguayo, llega ir a europa lo van a liquidar. En la lista de gente que tiene para asesinatos, están incluídos líderes de Amnistía Internacional", dijo Osorio. 

Compartimos los documentos en idioma original.

28 may 2016

El País: Argentina, primer país que condena a los jerarcas del Plan Cóndor

Un tribunal certifica el pacto de las dictaduras latinoamericanas para asesinar disidentes

El Plan Cóndor fué algo único. Un pacto entre seis dictaduras latinoamericanas para intercambiar información y sobre todo colaborar en secuestros y asesinatos de disidentes políticos que luchaban para derrocarlas. Es una de las historias trágicas más conocidas de América, con centenares de víctimas. Y sin embargo, más de 30 años después de su acta fundacional, firmada el 28 de diciembre de 1975 en Santiago de Chile y encontrada en el “Archivo del Terror” de Paraguay, ninguna sentencia judicial había reconocido su existencia como una asociación ilícita organizada para matar. Argentina, un país en el que el proceso de los juicios de lesa humanidad está muy avanzado y no cesa, se ha convertido en el primero que condena formalmente a los jerarcas del Plan Cóndor en un larguísimo juicio con 105 víctimas y 18 imputados que empezó en 1999 con cinco casos y ha ido creciendo poco a poco. Un tribunal federal condenó por "asociacion ilícita en el marco del Plan Cóndor" entre 8 y 25 años a los principales imputados.

Entre los condenados está Reynaldo Bignone, último dictador argentino, y el general Santiago Riveros. También está el coronel uruguayo Manuel Cordero, que fue extraditado en 2007 a Argentina desde Brasil, y el exagente de la inteligencia argentina Miguel Ángel Furci, que recibieron las penas más altas, de 25 años de cárcel. No figuran los máximos jefes del Plan Cóndor porque han muerto, pero simbólicamente el proceso judicial también va contra ellos. De hecho, el más cruel y conocido de los dictadores argentinos, Jorge Videla, murió tres días después de declarar en este juicio. Afrontar su responsabilidad en el Plan Cóndor fue lo último que hizo en vida. Videla aseguró ante el tribunal que se hacía cargo de toda la responsabilidad pero sin dar ningún detalle nuevo.

“Lo importante de este juicio es que por primera vez en América Latina un tribunal reconoce la existencia del Plan Cóndor como asociación ilícita, es un juicio clave porque si estuvieran vivos Pinochet o Stroessner estarían en esta causa", explica Gastón Chiller, director ejecutivo del CELS, un organismo de derechos humanos muy respetado en Argentina que ha promovido este y otros muchos juicios contra los jerarcas de la dictadura militar.




La prensa de la época da cuenta del hallazgo de cadáveres. 

La nacionalidad de las 105 víctimas cuyos familiares escuchaban emocionados la sentencia da una idea de las dimensiones del Plan Cóndor. 45 de ellos eran uruguayos, 22 chilenos, 13 paraguayos, 11 bolivianos y 14 argentinos. Entre los presentes en el tribunal estaba Macarena Gelman, hija de la desaparecida María Claudia García, que fue entregada a una familia cómplice de la dictadura uruguaya y recuperó su identidad en el 2000, a los 23 años. La nieta del fallecido poeta Juan Gelman escuchó con satisfacción la condena a Cordero, que fue recibida con aplausos en la sala de audiencias.

Argentina abre así una puerta que en otros países parece mucho más cerrada. Por ejemplo, en Brasil, rige una ley de amnistía que impide llevar a los tribunales a los responsables de los crímenes cometidos por su dictadura (1964-1985). De hecho ninguno de los miembros del Plan Cóndor ha llevado a cabo un proceso como el argentino, un país en el que prácticamente todos los personajes clave de la dictadura están en la cárcel o en arresto domiciliario por su avanzada edad. La memoria histórica se ha convertido en una política de Estado que se ha mantenido con Mauricio Macri como presidente, como muestran los el medio centenar de juicios en los que el Estado es querellante. El otro gran juicio por el Plan Cóndor se desarrolla lejos del continente, en Roma, en un proceso contra 30 exmilitares y civiles de Bolivia, Chile, Perú y Uruguay, acusados de la desaparición y muerte de 43 opositores, entre ellos varios de origen italiano. 

La creación del Plan Cóndor quedó absolutamente probada durante el juicio argentino, tanto es así que existe incluso ese acta fundacional firmada durante una reunión de los responsables de la inteligencia de las dictaduras y firmada por los representantes de Argentina (Jorge Casas, capitán de navío, SIDE, que aún no representaba a una dictadura militar), Bolivia (Carlos Mena, mayor del Ejército), Chile (Manuel Contreras Sepúlveda, jefe de la DINA), Uruguay (José Fons, coronel del Ejército) y Paraguay (Benito Guanes Serrano, coronel del Ejército). Brasil no firmó esa primera acta pero otros documentos muestran con claridad que participó en el Plan Cóndor.

En el “Archivo del Terror” de Paraguay se encontró una invitación de la DINA -servicios secretos de Pinochet- “para promover la coordinación y establecer algo similar a lo que tiene Interpol en París, pero dedicado a la subversión”. En el texto formal firmado en Chile se señala: “Se dan por iniciados a partir de esta fecha los contactos bilaterales o multilaterales a voluntad de los respectivos países aquí participantes para el intercambio de información subversiva, abriendo propios o nuevos carteles de antecedentes de los respectivos servicios”.

El plan empezó como un intercambio de información y fue creciendo hasta que pasó a la fase de secuestrar o asesinar directamente a los disidentes en los países donde estuvieran escondidos, siempre con la autorización implícita de la dictadura local. El Plan Cóndor fue extendiendo sus fronteras y la dictaduras empezaron a asesinar a disidentes en Europa y EEUU, como el conocido caso de Orlando Letelier, exministro del Gobierno de Salvador Allende, asesinado en Washington en septiembre de 1976.

Una de las grandes preguntas que quedan pendientes es la participación de EEUU en el Plan Cóndor. Durante el juicio, según los investigadores del CELS, no ha aparecido ninguna prueba definitiva de que algún organismo de este país promoviera el plan pero sí ha quedado claro por distinta documentación, entre ellas alguna desclasificada por el propio Departamento de Estado de EEUU, que lo conocían con detalle.

Muchos investigadores confían ahora en que la promesa de Barack Obama de desclasificar más documentos relacionados con las dictaduras latinoamericanas, especialmente los de la CIA, ofrezca mucha más información. Lo que sí se sabe es que EEUU se fue alejando a medida que el Plan Cóndor empezó su oleada de asesinatos en distintos países y dejó de ser un plan secreto. Son los documentos de EEUU los que con más detalle explican el objetivo del plan: “Implica la formación de equipos especiales por los países miembros para llevar a cabo sanciones hasta asesinatos contra terroristas o simpatizantes de organizaciones terroristas de los países miembros de ‘Operación Cóndor’. A los equipos especiales se les emitirían documentos falsos de parte de los países miembros de ‘Operación Cóndor’ y podrían estar compuestos exclusivamente por individuos de una de las naciones miembros de ‘Operación Cóndor’ o podrían estar compuestos por un grupo mixto de varias naciones miembros de ‘Operación Cóndor’”, detalla. En cualquier caso, explican en el CELS, la operación Cóndor fue un plan latinoamericano, diseñado por las dictaduras para acabar con sus propios disidentes.

Fuente El País: http://internacional.elpais.com/internacional/2016/05/27/argentina/1464377638_258435.html

5 ago 2015

Argentina: "El Cóndor operó como una asociación ilícita para la desaparición forzada"

El CELS finalizó su alegato en el juicio por la coordinación represiva en el Cono Sur.  Solicitó  penas para los represores y expuso las pruebas que demostraron una asociación ilícita para la desaparición forzada y la privación ilegítima de personas. Además, hizo una petición novedosa para este tipo de juicios: el derecho a la verdad.

Por Juan Manuel Mannarino.

El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) expuso la última parte de su alegato en el juicio por "Plan Cóndor". En el Tribunal Oral Federal 1 de Comodoro Py, los abogados expusieron la calificación legal de los delitos. Y finalizaron con un pedido de penas. "Probamos la coordinación represiva entre las dictaduras del Cono Sur que tuvo como víctimas a militantes políticos, sociales, sindicales o estudiantes de nacionalidad argentina, uruguaya, chilena, paraguaya, boliviana y brasileña", dijo la abogada Luz Palmás Zaldúa a Infojus Noticias, quien dijo que el Plan comprobó una asociación ilícita para la desaparición forzada de 106 personas. Y pidió investigar nuevos hechos que se desprendieron del proceso.

De ese modo, el CELS concluyó un alegato que duró cuatro audiencias. El acta de fundación del Plan Cóndor, consignó el organismo, está fechada el 28 de noviembre de 1975 y se realizó en Chile durante la clausura de la Primera Reunión de Inteligencia Nacional, convocada desde el día 25. Allí se rubricó con las firmas de los responsables de Inteligencia de Argentina, Bolivia, Chile, Uruguay y Paraguay. “Si bien ningún representante de Brasil firmó ese acuerdo inaugural, se comprobó a lo largo del juicio su cooperación para actividades represivas contra opositores políticos de los países partícipes. Por otra parte, muchas de las actividades que consigna el documento ya se realizaban de forma bilateral”, se detalló en la exposición.

Para el organismo, la coordinación represiva tuvo distintas fases. La primera supuso la creación de una base centralizada de información sobre los movimientos guerrilleros, partidos y grupos de izquierda, sindicalistas, religiosos, políticos liberales y supuestos enemigos de los gobiernos autoritarios involucrados en el plan. La segunda fase consistió “en pasar a la acción, identificando y atacando a estos enemigos políticos a nivel regional”. La última comprendió operativos fuera de la región para encontrar y eliminar personas que se hallaban en otros países de América y de Europa.

“Los alcances del Plan Cóndor quedaron demostrados en su total magnitud. A casi cuarenta años del acta que dio origen al Cóndor, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 1 deberá evaluar la prueba y dictar una sentencia acorde. Muchos países, sobre todo los latinoamericanos, están esperando este suceso como uno de los más importantes actos de justicia por delitos de lesa humanidad”, dijo Luz Palmás Zaldía.

Además, el CELS hizo una petición novedosa para este tipo de juicios: el derecho a la verdad. El recurso, recomendado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, se citó para que el Estado reconozca la materialidad de los hechos más allá que existan muchos imputados fallecidos. “Jorge Videla, por ejemplo, murió y estaba acusado por una gran cantidad de hechos. Entonces, pedimos que se acrediten esos delitos aunque no se condenen los responsables. Entendemos que el Estado deber garantizar la justicia no sólo para las víctimas involucradas sino también dando una respuesta a la sociedad entera”. 

Las pruebas 
“Si bien algunos países de la región avanzaron en enjuiciar operaciones del Cóndor, ninguno de esos procesos tuvo la profundidad de éste, en el que durante dos años y medio de audiencias más de doscientas personas dieron su testimonio”, dijo la abogada.

La prueba documental consiste en doce informes de organizaciones de derechos humanos; seis informes de organizaciones internacionales; 423 legajos de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas, la Secretaría de Derechos Humanos y el Registro de Desaparecidos y Fallecidos; 90 legajos y cientos de documentos de las Fuerzas Armadas y las Fuerzas de Seguridad; y 8 documentos de Fuerzas Armadas del Cono Sur.

A ese material se sumaron las decenas de miles de documentos desclasificados del Departamento de Estado de los Estados Unidos. A su vez, al Proyecto de desclasificación de Chile se sumó el pedido de organizaciones de derechos humanos argentinas como Madres de Plaza de Mayo, Abuelas y el CELS . Y, en el 2002, se llevó adelante el Proyecto de desclasificación de Argentina, que reveló 4600 documentos.

Además, se contó con los informes de archivos nacionales y extranjeros como los de la ex DIPBA y el Archivo del Terror del Paraguay, entre otros. Y, por último, las evidencias de 326 causas judiciales de la Argentina y de otras 46 tramitadas en el exterior. 

El pedido de condenas 

El CELS pidió 20 años de prisión para Humberto José Ramón Lobaiza, Felipe Jorge Alespeiti, Rodolfo Emilio Feroglio, Carlos Horacio Tragant, Santiago Omar Riveros, Bernardo José Menéndez, Antonio Vañek, Eduardo Samuel Delío, Eugenio Guañabens Perelló y Carlos Humberto Caggiano Tedesco por el delito de asociación ilícita agravada y, en algunos casos, por la privación ilegal de la libertad doblemente agravada por mediar violencia y amenazas.

Para Manuel Juan Cordero Piacentini se solicitó la pena de 5 años de prisión por el delito de privación ilegal de la libertad, en base a los términos en que fuera extraditado.

Y para Miguel Ángel Furci, la pena de 25 años de prisión por ser co-autor penalmente responsable por las privaciones ilegales de la libertad, agravadas por violencia y amenazas contra 67 personas, "24 de ellas con la imposición de tormentos agravados".

El CELS integra la querella unificada junto con el Equipo Jurídico Kaos, la Fundación Liga Argentina por los DDHH y la abogada Alcira Ríos. Representa, además, a los familiares de los ciudadanos argentinos Horacio Campiglia, Mónica Susana Pinus de Binstock y Norberto Habegger, desaparecidos en Brasil. A los de Marcelo Gelman y María Claudia García Irureta Goyena, desaparecidos en Argentina y Uruguay, y a los del uruguayo Bernardo Arnone, desaparecido en Argentina. También representa a los familiares de María Emilia Islas Gatti y de Juan Pablo Recagno Ibarburu, que murieron durante la tramitación de la causa.

26 dic 2014

Salen a la luz en Brasil nuevas evidencias sobre el Plan Cóndor

Río de Janeiro. De traje marrón y corbata a cuadros y tomando la mano de su hijo Andrés, de 9 años, hasta la puerta de embarque, aquel 31 de julio de 1978 el periodista Norberto Habegger, de 37 años, parecía un ejecutivo en viaje de negocios de México DF a Río de Janeiro. En el bolsillo, sin embargo, el pasaporte falso a nombre de "Héctor Esteban Cuello" revelaba otras intenciones. Mientras los cariocas se recuperaban del golpe sufrido con la victoria argentina en la Copa del Mundo, el mes anterior, Norberto, un importante líder en el exilio de la organización guerrillera Montoneros, llegó a la ciudad para una reunión secreta con dos compañeros. Su objetivo: planificar la "contraofensiva", una serie de acciones políticas y militares tendientes a derrocar la dictadura instalada en la Argentina dos años antes.

Y eso es todo lo que se sabe de los últimos momentos del montonero. Habegger desapareció en Brasil sin dejar rastro. Entonces, el gobierno brasileño sólo admitió el ingreso de "Héctor" al país, pero no su salida.

Del polvoriento armario de una casa en la Baixada Fluminense nos llega ahora la prueba inédita de que, a penas se enteraron de la presencia de Habegger en el país, los militares brasileños siguieron sus pasos y reportaron su desaparición, lo que representó para ellos la caída de la base de la resistencia montonera en Brasil. Los documentos secretos con el nombre del periodista y de otros 80 extranjeros monitoreados por la represión de Brasil fueron encontrados por los abogados del grupo de Justicia y Transición, perteneciente al Ministerio Público del gobierno federal, en la casa de campo del teniente coronel Paulo Malhaes, ex agente de la represión, asesinado el 24 de abril de este año.

El hallazgo, compuesto de los archivos de tapa negra ("Relatório Nº 8/78 - Palestra", de 11 páginas, y "Operaçao Gringo/Caco", de 166 páginas), ambos producidos por el Sector de Operaciones del Centro de Informaciones del Ejército (CIE) entre 1978 y 1979,  fue entregado por el procurador general de Brasil, Rodrigo Janot, al Ministerio Público argentino. Para Janot, está investigación descubrió la evidencia más importante obtenida hasta la fecha sobre el Plan Cóndor, para la colaboración efectiva entre las dictaduras del Cono Sur para la Comisión de crímenes contra la humanidad: "La Operación Gringo, extensión del Plan Cóndor, permaneció oculta de la población durante muchos años y sólo ahora se hizo pública gracias el trabajo del Ministerio Público. Las generaciones presentes y futuras tienen el derecho y la obligación de conocer todos los hechos y todos los crímenes y violaciones ocurridos, para que no se repitan".

El niño que aparece con la camiseta del Flamengo en la última foto del periodista desaparecido es hoy el cineasta Andrés Habegger, quien días atrás estuvo en Río para el rodaje de su El (im)posible olvido, un documental sobre los últimos días de su padre. Al ver los documentos, se emocionó: "La documentación es fuerte, muy interesante. Está explicitada claramente, en palabras, la colaboración de los ejércitos de Brasil y la Argentina. Todo lo que nos ayude a entender más lo que pasó, en casos que incluso tienen que ver con los desaparecidos, es un milagro".

Los militares brasileños creían entonces que Brasil formaba parte del "Departamento América", división montonera que supuestamente actuaba en el exilio dirigida por Elbio Alberione, un ex sacerdote apodado "Gringo" y mencionado por los agentes como segundo al mando de la organización.

INFORMES Y SEGUIMIENTOS

Los archivos, además de la lista de nombres de los vigilados, contienen una serie de recopilaciones de otros informes, explicaciones de los grupos brasileños y extranjeros monitoreados, gráficos que muestran el avance y retroceso de la izquierda en Brasil, así como información de alrededor de 130 monitoreados, entre brasileños, alemanes, bolivianos, chilenos, estadounidenses, italianos, soviéticos, venezolanos y, sobre todo, argentinos.
Los agentes vigilaban incluso a los católicos de Cáritas y a las autoridades diplomáticas del Alto Comisionado de las Naciones Unidas (Acnur), cuyas entradas y salidas del país eran monitoreadas. Esas dos instituciones constituían la base de una red de solidaridad para cerca de 20.000 exiliados de las dictaduras latinoamericanas de aquel período. Probablemente con ayuda de los represores argentinos, la oficina del CIE en Río llegó a infiltrar a un informante en las filas montoneras de Brasil.
Los militares sospechaban de la presencia de entre "130 y 200" guerrilleros argentinos en Brasil, integrantes de "tropas especiales de agitación" y "tropas especiales de infantería". Habegger, considerado uno de los líderes del grupo, aparece tres veces en los papeles. Las dos primeras, en el expediente "Conferencia", en el que aparece "en la lista de argentinos involucrados en la Operación Gringo que tienen antecedentes", antecedentes supuestamente obtenidos por el CIE de la dictadura argentina.
La tercera referencia a Habegger, en el expediente "Gringo" (Relatório Nº 11), es de diciembre de 1979 y ya lo da por desaparecido. El documento sugiere que la desaparición redujo el poder de articulación de la agrupación en Brasil: "Desde 1977 hasta la desaparición del montonero Norberto Habegger, Brasil era la base más importante de esta organización subversiva en América del Sur".
Los expedientes serán la base de una investigación conjunta de los ministerios públicos de Brasil y la Argentina, resultado de un acuerdo de cooperación internacional firmado por los dos países. Además de los documentos, todavía existe la posibilidad de obtener pruebas testimoniales. En la investigación para su documental, Andrés descubrió que tres miembros de la inteligencia argentina -Enrique José del Pino, Alfredo Omar Hecho y Guillermo Víctor Cardozo, presos por otros crímenes políticos- habían viajado a Río de Janeiro para buscar a su padre con la ayuda de los militares brasileños. Según el cineasta, Norberto fue visto por última vez en Campo de Mayo.
La abogada Nadine Borges, miembro de la Comisión de la Verdad del Estado de Río, que en febrero de este año recogió el testimonio de Malhães, no cree que Habegger sea el mismo argentino que el coronel admitió haber secuestrado en Río y entregado a la policía argentina: "Malhães habló de una operación en la que usó un fármaco para sedar a un argentino y llevarlo a su país de origen en un avión, como si estuviese muerto y con documentos falsos. Cuando me enteré de la historia, pensé inmediatamente en el caso de Norberto, pero no tenía pruebas. Ahora, con estos papeles encontrados, no me queda ninguna duda".
En un reciente testimonio frente a los fiscales de Justicia de Transición, el ex sargento Marival Chaves, que estuvo junto a Malhães en el CIE durante la dictadura, dijo haberse enterado por un agente cuyo nombre en código era "Bastos" de que un hombre había sido detenido en San Pablo, que lo mataron y lo enviaron en un féretro a la Argentina, pero no identificó el nombre de la presunta víctima.
La aprensión, según Marival, fue una operación conjunta del CIE con la inteligencia argentina. El ex sargento dijo que Chile y la Argentina enviaron agentes a Brasil para trabajar bajo el mando de las agencias brasileñas, con la misión de informar sobre las personas de sus países que ingresaban en Brasil, especialmente en Río de Janeiro, bajo la protección del Acnur.
Dos movimientos argentinos merecían especial atención de los agentes: la organización Montoneros y el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), de cuyas acciones y principales líderes tenían información detallada. Treinta y cinco años después de la fecha del último archivo, las autoridades brasileñas y argentinas están tratando de entender la participación de sus servicios de inteligencia en la aniquilación de estos grupos: la actuación de los fiscales federales tiene como propósito la reconciliación legítima de nuestra sociedad con su pasado y con su historia, así como ratificar la comprensión universal de que las violaciones graves de los derechos humanos son imprescriptibles y no son amnistiables, dijo el procurador general de Brasil, Rodrigo Janot.

15 oct 2014

Italia celebra primer juicio por Plan Condor, 15 años después

Aspecto de algunos de los acusados por la "Operación Cóndor" o "Plan Cóndor" por crímenes de lesa humanidad. Foto Archivo.Se trata del primer proceso en Europa por la Operación Cóndor, el dispositivo para coordinar la represión de las dictaduras sudamericanas en los años 70 y 80.

La Justicia Italiana iniciará en febrero del 2015 en Roma el primer juicio contra 20 represores de Bolivia, Chile, Perú y Uruguay por estar involucrados en la muerte de 23 ciudadanos italianos en el marco del llamado Plan Cóndor, acordado por las dictaduras militares de esos países en los años 70 y 80, informaron fuentes judiciales.

El juez Alessandro Arturi, que instruye desde hace un año el proceso, ordenó procesar a 20 miembros de las juntas militares y servicios de seguridad de esos cuatro países por el secuestro y homicidio de 23 ciudadanos de origen italiano.

Se trata del primer proceso en Europa por la Operación Cóndor, el dispositivo para coordinar la represión de las dictaduras sudamericanas en los años 70 y 80 que permitió la detención, el intercambio y la desaparición de miles de opositores a los regimenes militares.

En la lista de 20 procesados figuran el general chileno Juan Manuel Guillermo Contreras, el exministro del Interior boliviano Luis Arce Gómez y el exmandatario peruano Francisco Morales Bermúdez.

Los inculpados (un boliviano, 11 chilenos de los cuales tres se encuentran detenidos, cuatro peruanos, cuatro uruguayos), cuyas edades oscilan entre los 70 y 92 años, han sido acusados por la justicia italiana de secuestro de persona y homicidio múltiple agravado.

La lista original incluía también a tres fallecidos, entre ellos al exdictador uruguayo Juan María Bordaberry, quien murió  en 2011.

La fiscalía italiana abrió las investigaciones sobre la temida estrategia aplicada por los regímenes militares del Cono Sur hace más de quince años a raíz de las denuncias presentadas por los familiares de italianos desaparecidos.

Los imputados serán juzgados en ausencia.

El Estado italiano y el de Uruguay se constituyeron parte civil en el juicio.

Gracias al "Plan Cóndor", las dictaduras sudamericanas pedían a otras la captura y en algunos casos la eliminación o la extradición de secuestrados, siempre fuera de los parámetros que establecía la ley.

En algunos casos, militares de dos países participaban juntos en operativos y torturas.

13 nov 2013

HOY: Desentierran los restos del Ex Presidente JOÃO GOULART para esclarecer las causas de su muerte

Con Goulart, Brasil exhuma el Plan Cóndor

“No hay duda de que la dictadura y el Cóndor lo hostilizaron durante los doce años que debió vivir en el exilio”, señala la ministra Maria do Rosario. El retiro del cuerpo se realiza a pedido de la familia, que sospecha que fue envenenado.
“Estamos exhumando el Plan Cóndor.” Para la ministra Maria do Rosario, el desentierro del presidente João Goulart abre las entrañas de una “red terrorista internacional en la que la dictadura brasileña tuvo una participación importante. La exhumación del presidente Goulart nos acercará a la verdad de lo ocurrido durante esa persecución que duró años. Sabemos que el Cóndor lo siguió en Argentina, que lo siguió en Uruguay, que la dictadura brasileña lo hostilizó hasta el día de su muerte. Y no descartamos que la dictadura haya estado involucrada en una muerte que tiene interrogantes”.
“Contamos con informaciones consistentes sobre el interés prioritario que la dictadura y el Cóndor tenían en Goulart, que nunca pudo volver con vida a su país. Después de 37 años, el gobierno de la presidenta Dilma está realizando una reparación histórica con la democracia brasileña y con sus familiares, que fueron los que nos solicitaron la exhumación por dudar de su envenenamiento.” En entrevista con Página/12, la ministra de Derechos Humanos asegura que “la exhumación es sólo uno de los pasos, dado que nuestro trabajo junto a la familia y la Comisión de la Verdad comenzó hace un largo tiempo, cuando la presidenta Dilma nos encomendó dar prioridad al esclarecimiento de la muerte”.
El retiro del cuerpo será realizado hoy en el cementerio Jardín de Paz de São Borja, que ayer fue monitoreado por funcionarios encabezados por Nadine Borges, del Equipo de Trabajo ad hoc creado por la Secretaría de Derechos Humanos, familiares de Goulart y la Policía Federal.
Posteriormente los despojos serán trasladados a Brasilia.
“El cuerpo tendrá honras de Estado, que es el homenaje que un presidente merece, esto que tuvo que haber ocurrido hace 37 años, ocurre hoy bajo un gobierno democrático que está demostrando con hechos su compromiso con la verdad y la reparación”, afirmó Maria do Rosario.

–¿Y si los estudios demuestran que no fue envenenado?
–Debemos esperar sin urgencia lo que surja de los exámenes en laboratorios internacionales en un cuerpo que sufrió los efectos del paso de 37 años, no podemos esperar que los laboratorios den un parecer conclusivo. Tal vez no lo logren y, en ese caso, quedará siempre la duda del envenenamiento. De lo que no hay duda es de que la dictadura y el Cóndor lo hostilizaron durante los doce años que debió vivir en el exilio. Que la dictadura no le permitió retornar a su país como él quería hacerlo.
“Hace 37 años la familia pidió permiso, y no lo obtuvo, para que el presidente fuera llevado a Brasilia, como correspondía. Es decir que una dictadura ilegítima prohibió que el cuerpo de un ex presidente electo fuera recibido en la capital y también prohibió que se le hiciera una autopsia, algo que además es muy sugestivo”, repasa Maria do Rosario.

Eduardo Frei y Arafat

La revelación de que el ex presidente chileno Eduardo Frei fue víctima de una intoxicación urdida por el régimen de Pinochet “fue un caso que estudiamos bastante, porque las dictaduras de Chile y de Brasil utilizaron métodos semejantes y sus aparatos represivos estaban en contacto para coordinar tareas”, señala la ministra.
Luego comenta que los casos de Frei y más recientemente del líder palestino Yasser Arafat demuestran que los envenenamientos han sido una técnica utilizada por el terrorismo de Estado para eliminar a sus enemigos sin dejar rastros por muchos años. Incluso, agrega, algunos de los peritos internacionales que ya se encuentran en São Borja analizaron cómo fue realizada la exhumación de Eduardo Frei y los estudios posteriores que se le realizaron.

Stock de memoria

São Borja amaneció soleada ayer, luego de la tormenta del lunes, e “invadida” por reporteros y funcionarios que alteran la rutina bucólica de esa ciudad de poco más de 60 mil habitantes, calles angostas y sin pretensiones, donde sobresalen dos museos importantes: dedicados a los ex presidentes João Goulart y Getulio Vargas.
“Pocas ciudades tienen dos presidentes como tenemos nosotros en São Borja, somos una ciudad pequeña, pero com muchos hijos célebres que siempre se recuerdan, acá tenemos un buen stock de memoria”, cuenta el taxista Jango, en el camino que va de la simple estación de colectivos al centro de la ciudad, donde arriban muy pocos vuelos comerciales.
Con remera roja del Internacional de Porto Alegre, el taxista Jango, de unos 55 años, asegura que en 1976 fue uno de miles de vecinos que se volcaron a las calles para acompañar el cortejo fúnebre del ex presidente Goulart. “Esto era un mar de gente, estaba toda la avenida Vargas llena, la iglesia llena, todo el mundo estaba en la calle”.
Goulart había fallecido en su estancia de la provincia de Corrientes, donde un médico pediatra libró un certificado de defunción diciendo que la causa había sido un paro cardíaco.

“Eminencia cubana”

“Para nosotros, la familia del presidente Goulart, su muerte posiblemente tuvo como causa un posible envenenamiento que tendrá que ser estudiado ahora por los laboratorios que reciban las muestras que se recogerán mañana (por hoy)”, declaró João Marcelo, nieto del líder laborista.
“Nosotros estamos viviendo un momento de mucho dolor, de gran tensión y a la vez de expectativa por la exhumación”, comentó antes de ir hacia el Cementerio Jardín de Paz, donde reposan los restos. Médico graduado en Cuba, João Marcelo dijo conocer muy bien el currículum del doctor Jorge González Pérez, rector de la Universidad de Ciencias Médicas de La Habana, que integra la comitiva de expertos internacionales invitados para observar la exhumación. González Pérez “es una eminencia científica internacional, tiene un gran reconocimiento por su formación, reforzada por su experiencia en trabajo de campo como el que hizo en Bolivia con el descubrimiento y reconocimiento de los restos del Che Guevara”.
 
Por Darío Pignotti

20 may 2013

Artículo de Ronald Gamarra sobre Rafael Videla en Diario16



Videla, la cara gris del crimen

Uno de los peores dictadores de la historia falleció el viernes, el general Jorge Rafael Videla, dictador de Argentina a partir del golpe de estado que encabezó en 1976, responsable mayor de un sistema de asesinato que intitucionalizó como política central de su gobierno. Treinta mil vidas, treinta mil asesinatos, son su legado criminal, que incluye toda clase de delitos de lesa humanidad: tortura, desaparición forzada, ejecución extrajudicial, escuadrones de la muerte, secuestro y tráfico de infantes robados a sus padres asesinados.

A diferencia del general chileno Augusto Pinochet, que murió evidenciado y desacreditado como asesino múltiple y corrupto de marca mayor (recuérdese las cuentas de decenas de millones de dólares que secretamente mantenía en bancos extranjeros), pero que no llegó a ser juzgado y condenado como indudablemente merecía, Videla sí lo fue. Al momento de morir cumplía sentencia de cadena perpetua por múltiples crímenes contra la humanidad.

Videla, en lo personal, era un tipo anodino y vulgar, sin mayores luces, mediocre. Un ejemplo típico de la banalidad del mal, que Hanna Arendt describió con lucidez y desaliento al examinar el caso del nazi Adolf Eichmann. Las circunstancias permitieron a este gris militar argentino ejercer por varios años como cabecilla de un régimen extraordinariamente criminal como quien ejerce cualquier otra burocracia. Las máquinas institucionalizadas del mal requieren este tipo de psicópatas serenos, incapaces de remordimiento cuando aplican la muerte a escala industrial, como quien aplica un manual de funciones.

Por eso, tal vez, nunca pudo entender cabalmente por qué lo juzgaron y sentenciaron. Siempre, hasta el final, se mantuvo en sus trece, sin reconocer culpa ni pedir perdón a sus innumerables víctimas y sus desolados familiares. Al igual que Eichmann, consideraba simplemente haber cumplido con sus obligaciones de militar y funcionario. Se quejaba, sí, amargamente, de ser juzgado “habiendo ganado una guerra”. No entendía, o no quería entender, que la mayor derrota al ejército que comandó, se la infligió él mismo junto con su estado mayor, al encabezar una metodología minuciosamente inmoral y criminal.

Por lo demás, lo poco que valían esos jefes militares en una guerra de verdad quedó demostrado en el conflicto de las Malvinas, donde la cuota de sangre la pusieron los reclutas, mientras los jefes, empezando por el dictador Lanusse, sucesor de Videla, se apresuraban a rendirse y entregarse al ejército inglés, reclamando las garantías de Ginebra. La ferocidad se la reservaron estos jefes militares para enfrentar al “enemigo interno”, a sus propios compatriotas equivocados o no, al margen de toda norma jurídica y moral.

El tiempo de Videla fue un capítulo tenebroso en la historia de Sudamérica, coetáneo a Pinochet en Chile, Stroessner en Paraguay, Bánzer y García Meza en Bolivia, y las negras dictaduras militares de Uruguay y Brasil. Poco nos separa de ese tiempo de oprobio, vigente hasta los años 80. Videla y Pinochet encabezaron una coordinación de todas estas dictaduras mediante el Plan Cóndor, para llevar su política de asesinatos más allá de toda frontera. Por ejemplo, en nuestro país, cuatro ciudadanos argentinos fueron secuestrados por agentes de Videla en pleno distrito de Miraflores y posteriormente asesinados, en 1980, con la colaboración de la dictadura de Morales Bermúdez.

El tiempo tenebroso de las dictaduras latinoamericanas quiso ser reeditado en el Perú, en los años 90, por Montesinos y Fujimori (quien gustaba autodenominarse “Chinochet”, en homenaje demasiado obvio), con la creación de escuadrones de la muerte como el destacamento Colina y asesinatos colectivos como los de Barrios Altos y La Cantuta. Quienes libremente siguieron el peor ejemplo latinoamericano, no pueden quejarse por sufrir las consecuencias de la justicia.

Ronald Gamarra
Director
Equipo de Incidencia en Derecho

Fuente vía Diario16, publicado el domingo 19 de mayo del 2013:

10 feb 2012

Plan Cóndor en el Perú

Reportaje sobre 'El Plan Cóndor en el Perú y entrevista a Ronald Gamarra ,quién muestra documentos que confirman la participación peruana en el Plan Cóndor. 

3 feb 2012

Resolución Napurí que involucra a Morales Bermudez

La siguiente Causa N° 10697/08, seguido contra Jorge Rafael Videla y Otros por privación de la libertad de personas en el marco de la Operación del Plan Condór, involucra al ex-dictador peruano Morales Bermudez.

Resolución NAPURI Causa Videla y otros x privación libertad