Ciudad de México / Washington, D.C. – La
Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presenta el Tercer informe
del Mecanismo Especial de Seguimiento al asunto Ayotzinapa (MESA) sobre la
supervisión a la medida cautelar otorgada a favor de 43 estudiantes de la
escuela normal rural "Raúl Isidro Burgos" de Ayotzinapa. El informe
da cuenta de las acciones realizadas por México a partir de diciembre de 2018
en relación con la investigación de los hechos; la búsqueda y esclarecimiento
del paradero de los estudiantes desaparecidos; las medidas adoptadas para la
atención a las víctimas y sus familiares, así como las medidas estructurales de
no repetición.
Para la elaboración de este informe, a través
de un equipo técnico de su Secretaría Ejecutiva instalado en territorio
mexicano hasta febrero de 2022, y de conformidad con los planes de trabajo del
Mecanismo Especial, la CIDH realizó jornadas de revisión in situ de expedientes
de investigación y expedientes judiciales de causas penales relacionadas con el
caso, recibió y analizó piezas procesales judiciales remitidas por el Consejo
de la Judicatura Federal sobre procesos penales vinculados al caso, y participó
en audiencias judiciales y diligencias de búsqueda forense. Además, recopiló
información en el marco de su participación en las sesiones de la COVAJ, en
reuniones con la UEILCA, en otras reuniones de seguimiento con diversas
autoridades estatales, y en espacios de coordinación interinstitucional para el
diseño e implementación de políticas públicas en materia de desaparición de
personas. Asimismo, el informe da cuenta de información obtenida en el marco de
sus visitas oficiales y de trabajo, reuniones de trabajo en los períodos de
sesiones de la CIDH, y solicitudes de información al Estado, entre otras
fuentes de información.
A partir de 2019, la CIDH observó avances en la
atención del caso Ayotzinapa como resultado de la creación de institucionalidad
especializada y la incorporación de la participación de las víctimas y sus
representantes legales en las medidas estatales relacionadas con el presente
asunto. La instalación de la Comisión Presidencial para la Verdad y Acceso a la
Justicia en el Caso Ayotzinapa (COVAJ) ha tenido un impacto positivo para el
restablecimiento de canales de interlocución y coordinación entre las familias
y las autoridades involucradas en el caso. En estos términos, resulta
importante que el Estado mantenga y fortalezca este modelo desde un enfoque de
centralidad en las víctimas en el que la comunicación con las familias y sus
representantes sea consistente y constante en todos los procesos que se
desarrollan en el tiempo.
En cuanto a la investigación, el
establecimiento de la Unidad Especial de Investigación y Litigación en el Caso
Ayotzinapa (UEILCA) permitió la concentración de las investigaciones en un
órgano fiscal y el conocimiento especializado de las indagaciones y procesos
penales vinculados con los hechos del caso. De esta manera, se ha avanzado con
la individualización y vinculación al proceso de presuntas personas
responsables, la emisión y ejecución de órdenes de captura, la presentación de
nuevas acusaciones y el inicio de procesos en sede judicial por los hechos del
26 y 27 de septiembre de 2014, así como por las irregularidades en las
investigaciones y fabricación de diligencias para la obstrucción de justicia.
Se destaca que las acusaciones involucran delitos por graves violaciones de
derechos humanos como desaparición forzada y tortura, y su ámbito de
responsabilidad penal individual comprende a agentes del Estado municipales,
estatales y federales, incluyendo a miembros de las fuerzas armadas mexicanas.
Sin perjuicio de lo anterior, la CIDH continúa
observando obstáculos en la entrega de información y falta de cooperación en la
investigación y judicialización del caso por parte de algunas autoridades
estatales, particularmente de las instituciones de seguridad y militares. Al
respecto, lamenta que el Estado aún no haya logrado remover estructuras
persistentes al interior del aparato estatal que buscaron encubrir los graves
hechos ocurridos. Sumado a lo anterior, los recientes acontecimientos que
apuntan a la intervención de otras áreas de la Fiscalía General de la República
(FGR) en el trabajo de la UEILCA, por ejemplo a efectos de la judicialización
de un exprocurador, así como la solicitud de cancelación de 21 órdenes de
captura contra miembros de las fuerzas de seguridad del Estado y personas
funcionarias estatales que ocuparon cargos públicos en Guerrero en el momento
de la ocurrencia de los hechos, debilitan la independencia ministerial y el
compromiso de México con la verdad y justicia en el presente caso. Preocupa que
la falta de condiciones para adelantar una investigación independiente habría
derivado en la dimisión del titular de la UEILCA y de varias personas agentes
ministeriales lo que implica un retroceso respecto del conocimiento adquirido
sobre la investigación y una nueva curva de aprendizaje para quienes retomen el
caso. En ese sentido, urge la adopción de medidas para reencausar la
investigación y fortalecer las garantías de independencia de las autoridades
ministeriales a cargo de esta a fin de salvaguardar los avances alcanzados
hasta el momento y evitar retrocesos.
En cuanto a la búsqueda, la Comisión valora que
el Estado ha venido desplegando esfuerzos sin precedentes para mantener una
operación activa y continua de la búsqueda de los estudiantes en diferentes
localidades del estado de Guerrero, y para promover el derecho de las familias
a participar en dichas diligencias. La localización de fragmentos óseos y
posterior identificación genética positiva de los estudiantes Christian
Rodríguez Telumbre y Jhosivani Guerrero de la Cruz representan un avance que
debe ser profundizado para el esclarecimiento de los hechos y del posible
destino final de los estudiantes. No obstante, a ocho años de los graves
sucesos, México aún mantiene su obligación de aportar una explicación
satisfactoria respecto de la suerte o paradero de los 43 estudiantes
normalistas de Ayotzinapa.
Sobre la atención a las víctimas, el Estado ha
concentrado sus esfuerzos en el otorgamiento de medidas y el establecimiento de
una ruta de trabajo para la atención médica y de salud a las personas que han
sido reconocidas como víctimas en el caso Ayotzinapa. Sin embargo, la ausencia
de un plan integral de atención a las víctimas ha generado desfases o atrasos
en los esquemas de atención médica y de salud, así como dificultades para
evaluar los avances en la materia.
Respecto de las medidas estructurales, la CIDH
observa notables esfuerzos para la creación de institucionalidad especializada,
instrumentos normativos y herramientas para la búsqueda de personas
desaparecidas, bajo el liderazgo de la Comisión Nacional de Búsqueda. Sin
perjuicio de lo anterior, aún existen desafíos para la cabal implementación de
la Ley General de Desaparición. Por ejemplo, la demora en la puesta en marcha
de determinadas herramientas tecnológicas en materia de identificación forense
a cargo de la FGR representa un reto para adelantar investigaciones con debida
diligencia e impulsar búsquedas efectivas.
Por último, la CIDH presenta conclusiones y una
serie de recomendaciones que espera contribuyan en el cumplimiento de las
obligaciones de México en relación con la investigación de la desaparición
forzada, el establecimiento del paradero de los 43 normalistas desaparecidos,
el fortalecimiento de la atención a las víctimas, así como la superación de los
contextos estructurales en el país que dieron lugar a la desaparición de los
estudiantes en un primer momento. Los importantes esfuerzos del Estado
dirigidos hacia el esclarecimiento del caso Ayotzinapa deben verse reflejados
en procesos judiciales, sustanciados bajo las reglas del debido proceso, que
permitan la sanción de responsables a través de sentencias firmes. En ese
sentido, es urgente que el Estado despliegue el máximo de sus esfuerzos para
determinar judicialmente la posible participación de agentes de las fuerzas militares
y policiales en connivencia con grupos criminales en los hechos del 26 y 27 de
septiembre de 2014, así como la instrucción jerárquica que dio lugar y permitió
dichos sucesos y su ocultamiento. Asimismo, resulta necesario determinar las
responsabilidades de los agentes estatales que giraron y ejecutaron las
instrucciones para la fabricación de diligencias a fin de obstruir la justicia.
En particular, México debe redoblar sus esfuerzos a fin de establecer a la
brevedad el paradero o destino final de los 43 estudiantes desaparecidos a fin
de brindar una respuesta satisfactoria a sus familias sobre lo sucedido.
Desde su creación en 2016, el Mecanismo
Especial ha dado seguimiento a la medida cautelar MC/409/14 y a las
recomendaciones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI)
emitidas en sus informes de 2015 y 2016. Como resultado de esas labores, la
Comisión publicó un informe de balance y un informe final sobre los avances y
desafíos respecto del caso en el que formuló nuevas recomendaciones. En 2019, a
solicitud de las partes de la medida cautelar, se fortalecieron las funciones
de seguimiento del MESA mediante la instalación permanente de un equipo técnico
de la Secretaría Ejecutiva de la CIDH en territorio mexicano hasta febrero de
2022. En ese marco, prestó asistencia técnica y realizó actividades de
seguimiento en materia de búsqueda, investigación y judicialización, atención a
víctimas, y medidas de no repetición de conformidad con sus planes de trabajo.
A ocho años de los hechos, la CIDH reafirma su
compromiso y solidaridad con las víctimas y sus familiares en su lucha por
verdad y justicia, a quienes seguirá acompañando. Asimismo, continuará
desplegando todos sus esfuerzos institucionales, en el marco de su mandato,
para dar seguimiento al desarrollo de las investigaciones y al cumplimiento de
la medida cautelar 409/14, hasta que se determine el paradero de los 43
estudiantes y se conozca la verdad de los hechos.
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