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8 jul 2019

Italia confirma cadena perpetua para Morales Bermúdez por plan Cóndor


La misma pena se le impuso al ex primer ministro del gobierno militar Pedro Richter Prada, muerto en julio de 2017; el ex militar peruano Germán Ruiz.

La justicia italiana condenó hoy a cadena perpetua a 24 militares de Bolivia, Chile, Uruguay y Perú acusados de la desaparición de italianos en la Operación Cóndor, el plan represor en América Latina en las décadas de 1970 y 1980.


De este modo el Tribunal de Apelación de Roma cambia la sentencia en primera instancia de enero de 2017 y que estableció ocho cadenas perpetuas y 19 imputados absueltos por haber prescrito los delitos .

Entre los condenados hoy está el ex militar uruguayo Jorge Néstor Troccoli, el único que se ha personado en el proceso ya que reside en libertad en Italia desde que se escapara de la justicia de su país en 2007 y que en principio quedó absuelto .

La Fiscalía había reclamado cadena perpetua para todos los imputados. 

En la primera instancia fueron condenados a cadena perpetua ocho personas, todos en contumacia, sin personarse en Roma, como el dictador boliviano Luis García Meza, fallecido en abril de 2018, y su ministro del Interior, Luis Arce Gómez.

Y también el ex presidente peruano Francisco Morales Bermúdez; su primer ministro Pedro Richter Prada, muerto en julio de 2017; el ex militar peruano Germán Ruiz; los chilenos Hernán Ramírez y Rafael Ahumada Valderrama, y el excanciller uruguayo, Juan Carlos Blanco .



La justicia italiana confirmó la cadena perpetua para Morales Bermúdez.

Ahora a estos condenados se suman los exmilitares chilenos Pedro Octavio Espinoza Bravo, Daniel Aguirre Mora, Carlos Luco Astroza, Orlando Moreno vásquez y Manuel Abraham Vásquez Chauan . 

Asimismo los exmilitares uruguayos José Ricardo Arab, José Horacio Gavazzo, Juan Carlos Larcebeauy, Pedro Antonio Mato, Luis Alfredo Maurente, Ricardo José Medina, Ernesto Avelino Ramas Pereira, José Santa Lima, Jorge Alberto Silveira, Ernesto Soca y Gilverto Vázquez . 

Todos han sido condenados por los delitos de homicidio voluntario y deberán también pagar las costas del juicio.

Este proceso comenzó con la denuncia hace exactamente veinte años en Italia de algunos familiares de desaparecidos, en 1999, un año después de que se ordenara la detención del dictador chileno Augusto Pinochet tras la investigación del juez español Baltasar Garzón.

Ha tratado de depurar responsabilidades por la desaparición de una veintena de ciudadanos latinoamericanos con orígenes italianos, opositores políticos y activistas de izquierdas que desaparecieron en las redes de la conocida como Operación Cóndor (Fuente EFE).

Ver también:
- "Italia da el ejemplo", por Ronald Gamarra.
- Sentencia que condenó a Morales Bermúdez.

6 may 2018

Argentina: La Cámara Federal de Casación Penal confirmó las condenas de los genocidas del Plan Cóndor


La Cámara de Casación confirmó las condenas a los genocidas

Los jueces Mariano Borinsky, Juan Carlos Gemignani y Gustavo Hornos rechazaron los recursos presentados por los abogados de los genocidas y confirmaron las penas del Tribunal Oral N°1.

En una sentencia histórica, de más de mil páginas, la Cámara Federal de Casación Penal confirmó las condenas de los genocidas en el marco del denominado Plan Cóndor de represión interamericana durante las dictaduras del continente, entre los años setenta y ochenta. La sala IV del máximo tribunal penal del país, integrada por los jueces Mariano Borinsky, como presidente, los vocales Juan Carlos Gemignani y Gustavo Hornos resolvió rechazar los recursos de casación e inconstitucionalidad interpuestos por las defensas de Santiago Omar Riveros, Rodolfo Emilio Feroglio, Luis Sadí Pepa, Néstor Horacio Falcón, Eduardo Samuel De Lio, Antonio Vañek, Humberto José Román Lobaiza, Felipe Jorge Alespeiti, Eugenio Guañabens Perelló, Carlos Humberto Caggiano Tedesco, Manuel Juan Cordero Piacentini, Federico Antonio Minicucci y Miguel Ángel Furci. Así quedaron confirmadas las condenas dictadas por el tribunal Oral en lo Criminal Federal 1 en el marco de la megacausa que unificó todos los procesos referidos a los delitos de lesa humanidad cometidos por las dictaduras de seis países de la región.

En el 2016, catorce ex jefes militares y de inteligencia argentinos y uno uruguayo fueron condenados a penas de entre 8 y 25 años de prisión por los delitos de lesa humanidad cometidos en el marco del Plan Cóndor.

Dos de las mayores condenas recayeron sobre el es jefe de la guarnición militar de Campo de Mayo, Santiago Omar Riveros (a 25 años) y el último dictador y antes jefe de Institutos Militares, Reynaldo Bignone (20 años), que murió en marzo de ese año. también condenaron a 25 años el ex agente de la SIDE, Miguel Angel Furci y el represor uruguayo Cordero Piacentini por su rol en el centro clandestino Automotores Orletti, epicentro de la persecucción a uruguayos en la Argentina. 

"Ha quedado demostrada la existencia de una organización internacional constituida por los más altos funcionarios de los Estados de la región, sus subalternos y quienes ejecutaron por cuenta propia las decisiones que estos tomaban, que actuaron coordinadamente, con rotación de sus miembros ocupando distintos cargos y roles, de modo tal que garantizaron la permanencia de la organización y la concreción de los procedimientos de secuestro, alojamiento en centros clandestinos al efecto y práctica de la tortura como método para la obtención de información. Del estudio de los hechos tenidos por ciertos se observa que cada uno de los condenados realizó los aportes efectivos y concretos como producto de su cargo y función", escribieron los camaristas.

En las conclusiones indicaron que "ello fue hecho en forma coordinada con los demás miembros de la asociación delictual estable, que actuó en el marco de un plan elaborado previamente. Todo esto fue aprobado claramente por los condenados que a través de sus actos demostraron la intención de permanecer en esa sociedad y por la naturaleza de los mismos el conocimiento de la ilicitud de lo que estaban llevando a cabo".

Este acuerdo de carácter clandestino instauró una asociación ilícita entre las fuerzas represivas de la Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay, con el propósito de coordinar y maximizar las acciones de las dictaduras. El plan se aplicó desde coordinar y maximizar las acciones de las dictaduras. El plan se aplicó desde 1975 con el intercambio de información sobre dirigentes políticos, sindicalistas y estudiantes con el objetivo de eliminar actividades denominadas "terroristas". La segunda fase del plan consistió en la conformación de equipos especiales transnacionales para el secuestro y detención de los "objetivos" que eran sometidos a interrogatorios y sesiones de tortura. De acuerdo con un informe del Centro Internacional para la Promoción de los Derechos Humanos de Unesco de 2015, las víctimas fueron 376: 117 uruguayos, 72 argentinos, 64 chilenos, 25 paraguayos, 15 peruanos, 12 bolivianos, cinco brasileños, tres cubanos, dos estadounidenses y un español. Todavía permanecen desaparecidos 219 y 38 fueron hallados sin vida. Entre los sobrevivientes está el premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel.


Por Adriana Meyer.

6 ago 2017

Argentina: La familia judicial y el terror

Por Carlos Rozanski
Ex Juez Federal
El primer golpe de Estado en nuestro país tuvo lugar el 6 de septiembre de 1930, cuando fue derrocado el gobierno constitucional de Hipólito Yrigoyen. Cuatro días después, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en una escueta Acordada, convalidaba el inicio de una saga de afrentas a la democracia y sobre todo a la integridad física y psicológica de los sectores más vulnerables de nuestra comunidad. 

Se consumaba de esta forma una “sociedad” que continuaría indisoluble hasta la última dictadura surgida a partir del golpe del 24 de marzo de 1976 –y en muchos casos hasta nuestros días–. Sociedad integrada por sectores civiles representantes del poder económico, incluida una parte importante de la justicia federal del país, algunos sectores de la Iglesia católica y una parte numerosa de los integrantes de las Fuerzas Armadas y de seguridad. El objetivo específico de esa asociación ilegal fue la puesta en marcha de un plan económico que en lo esencial consistía en la transferencia de recursos de los sectores más vulnerables de la sociedad hacia los más poderosos. 

El gurú técnico de este proceso se llamaba Milton Friedman, economista de la conocida escuela de Chicago, que, además de haber sido contratado por el dictador Augusto Pinochet durante esa época, inspiró el resto de las economías de la región, puestas en marcha gracias al conocido Plan Cóndor, que liberaba las fronteras para la actividad represiva y de exterminio, imprescindible para el modelo económico que marcó esas décadas. Hace apenas unos días, en la provincia de Mendoza, se produjo un hecho jurídico-social de enorme trascendencia para nuestro país. Se alteró un pacto mafioso tácito y muy prolongado en el tiempo entre los sectores más recalcitrantes de la justicia Federal y el poder económico que llevó adelante el genocidio 1976-1983. Cuatro jueces federales fueron sentenciados a la pena máxima prevista en nuestra legislación penal. Sus conductas durante los años del terrorismo de Estado fueron calificadas como de “partícipes primarios” de homicidios, desapariciones forzadas, apropiaciones y torturas agravadas. En esta histórica decisión no sólo se abandonó la inicial calificación en cuanto a que estos magistrados “omitieron” deberes a su cargo, sino que además se consideró que participaron activamente en el plan criminal de exterminio. Fueron “necesarios”. Y cometieron esos crímenes en el “contexto del delito internacional de genocidio”. 

Así se expresa el fallo que será, a no dudarlo, una hito en este proceso de verdad, justicia y memoria que transita nuestro país desde el año 2003. Ello porque atribuir a esa parte de la justicia federal el verdadero rol imprescindible que cumplieron en esa época nos recuerda una vez más que sin esa participación activa y entusiasta hubiera sido imposible -al menos en esa dimensión-, el genocidio llevado a cabo. Sólo como ejemplo de lo señalado sirva recordar que los hoy condenados a prisión perpetua así como numerosos jueces federales de todo el país rechazaban habeas corpus de familiares de desaparecidos, aplicándole las costas del proceso. Es decir, haciéndole pagar dinero por haber recurrido a la justicia para conocer el paradero de sus seres queridos. Esa particular forma de “sancionar” a los familiares no era otra cosa que parte del terror implantado por el régimen y una de las maneras más perversas de desalentar nuevas presentaciones. Claro está que, además, era de su pleno conocimiento la existencia de centros clandestinos de detención, y la aplicación de tormentos a miles y miles de víctimas. Si bien estas conductas de magistrados criminales las hemos ido conociendo a lo largo de los numerosos juicios llevados a cabo en el país por crímenes de lesa humanidad –miles de testigos han aludido a esas conductas judiciales–, es esta la primera vez que se expresó un tribunal en esos términos. 

Es la primera vez que no se condenó a jueces por “mirar para otro lado” o descuidar sus obligaciones funcionales. Se los responsabilizó por ser parte necesaria en el plan genocida y por cumplir un rol primario específico y sistemático en ese plan. Esa es la verdad jurídica que nos asegura el ascenso de un escalón más en la búsqueda de justicia, que nos ayuda a reparar, a cultivar la memoria y a lograr avanzar en la búsqueda de una justicia verdaderamente democrática sin espacio para familias mafiosas de jueces como los hoy condenados.

Fuente Página12: https://www.pagina12.com.ar/53142-la-familia-judicial-y-el-terror

22 ene 2017

Ronald Gamarra: Italia da el ejemplo

Esta semana el ex dictador peruano Francisco Morales Bermúdez fue sentenciado a prisión de por vida por la Corte Penal III del Tribunal de Justicia de Roma, que lo halló culpable de haber contirbuido a la tortura, desaparición y asesinatos de ciudadanos de ascendencia italiana, particularmente de Horacio Campiglia Pedamonti y Lorenzo Viñas Gigli (Brasil, marzo y mayo de 1980 en el contexto de la "Operación Murciélago"), al haber constituído, promovido, organizado y/o dirigido en el Perú un organismo político, militar y de información que hacía parte del Plan Cóndor. Junto con él, fueron condenados a la misma pena los generales peruanos Pedro Richter Prada, quien fuera su brazo derecho como ministro de guerra, y Germán Ruiz Figueroa, como responsable de la Dirección de Inteligencia del Ejército. La sentencia también prisión de por vida a dos altos funcionarios de Chile, dos de Bolivia y uno de Uruguay. Diecinueve procesados fueron absuletos; entre ellos, el general peruano Martín Martínez Garay, Jefe del Servicio de Inteligencia del Ejército.


Estar involucrado en el Plan Cóndor no es chancay de a medio. En la historia latinoamericana, la operación Cóndor fue la más grande y tenebrosa alianza de las dictaduras militares para ubicar, secuestrar, torturar y asesinar a los opositores políticos, persiguiéndolos más allá de las fronteras nacionales, en el exilio. Bajo el impulso de la sangrienta tiranía chilena de Augusto Pinochet, a la cual se unieron las dictaduras de Argentina, Brasil, Bolivia, Paraguay y Uruguay, esta coordinación de las fuerzas de seguridad y los servicios de inteligencia al más alto nivel se estableció a mediados de la década de los años 70. Según documentos desclasificados de la CIA (despachos de embajadores gringos, reportes de los aparatos de inteligencia de Chile y Argentina, admisión de un militar peruano), en 1978 se integraron a la Operación Cóndor las dictaduras de Ecuador y Perú.


En el marco de la Operación Cóndor fue secuestrado y asesinado en Buenos Aires, donde residía exiliado, el residente de Bolivia Juan José Torres, tenaz enemigo del dictador Hugo Bánzer. Igualmente fue asesinado, durante su exilio en Argentina, junto con su esposa, el general Carlos Prats, excomandante general del ejército de Chile, por su desacuerdo con el golpe de estado de Pinochet. Asimismo se atentó en Roma contra el connotado político demócrata cristiano y exministro chileno Bernardo Leighton y su esposa. También fue asesinado en su exilio en Argentina el expresidente brasileño Joao Goulart. Una de las operaciones más descaradas fue el asesinato en Washington del ex canciller chileno Orlando Letelier, junto con su secretaria, la joven norteamericana Roni Moffitt, a quienes volaron con una bomba oculta bajo su auto, en pleno centro de la capital norteamericana.

Las víctimas de la Operación Cóndor se cuentan por decenas de miles y el modus operandi se conoce con mucho detalle gracias al hallazgo de documentación de los propios servicios de inteligencia que cayó en poder de las autoridades, una vez terminada la época de las dictaduras militares. Sobresale la voluminosa documentación incautada por casualidad en 1992, proveniente de los servicios de inteligencia de Paraguay de la época del dictador Stroessner, que detallan intercambios de información con los servicios de inteligencia de los otros socios de la Operación Cóndor sobre innumerables operaciones de seguimiento y asesinato, por lo cual se les denomina "los archivos del terror". Por cierto, Martín Almada, autor del hallazgo, testificó en Roma.

"La justicia nos tiene que venir de fuera. Treinta y siete años después de aquel crimen, un tribunal italiano pronuncia la justicia que nuestro sistema institucional fiscal y judicial es incapaz de honrar".

Artículo de Ronald Gamarra Herrera en Hildebrand en sus trece publicado el día viernes 20 de enero de 2017.

18 ene 2017

Plan Cóndor: Aquí parte dispositiva de la sentencia que condenó a cadena perpetua a Francisco Morales Bermúdez

Juzgado Tercero de lo Penal de Roma
Sentencia 
República Italiana en Nombre del Pueblo
El Tribunal Penal de Primer Instancia de Roma - Sección tercera de la audiencia pública del 17 de enero del 2017, se ha pronunciado y publicado mediante la lectura del dispositivo de la sentencia.

Declara
Morales Bermudez (Cerrutti) Franciso, Richter Prada Pedro y Ruiz Figueroa German culpables del delito de homicidio como crímenes reportados al jefe I2, absorto en los delitos según el artículo. 630 III co cp; y los unificó. Condenándolos a cada uno de ellos a la pena de prisión perpetua con régimen de aislamiento durante el día durante dos años.

Los acusados mencionados deberán resarcir el daño y perjuicios en favor de la parte civil (demandantes) establecidos en 500 Euros cada uno o la suma total, así como al pago de los gastos de constitución y defensa incurridos por los mismos demandantes liquidado por una resolución separada.

Fuente: Justicia Italiana.

17 ene 2017

Video: El Plan Cóndor en el Perú

La justicia italiana acaba de condenar a cadena perpetua a 8 - de los 27 imputados- ex militares latinoamericanos por el caso Plan Cóndor. Los militares provienen de Bolivia, Chile, Perú y Uruguay.
Los condenados fueron: los chilenos Hernán Jerónimo Ramírez y Rafael Ahumada Valderrama; el uruguayo Juan Carlos Blanco; los bolivianos Luis García Meza y Luis Arce Gómez y los peruanos Franciso Morales Bermúdez, Pedro Richter Prada y Germán Ruiz Figueroa.

Según la Radio y Televisión Italiana (RAI) informó que los jueces de la Tercera Sala de lo Penal en Roma, en el juicio seguido contra los ex jefes de Estado y miembros de las Juntas Militares y de los servicios de seguridad de Bolivia, Chile, Perú y Uruguay, durante los años 70 y 80,  fueron acusados de haber implementado  una represión contra los opositores. Los acusados fueron acusados de haber dado muerte a 23 personas de origen italiano que residían en ésos países de América del Sur.
La sentencia llega luego de 9 años de investigaciones y más de 60 audiencias. Los condenados son Luis García Meza Tejada (ex-presidente de Bolivia), Luis Arce Gómez (ex ministro del Interior Bolivia), Juan Carlos Blanco (ex canciller de Uruguay), Hernan Jerónimo Ramírez (Chile), Francisco Morales Bermúdez Cerruti (ex Presidente de Perú) Valderrama Ahumada (coronel retirado del ejército de Chile), Pedro Richter Prada (ex primer ministro de Perú) y alemán Ruiz Figeroa (servicios secretos ex jefe Perú).  
RAI: "Desaparecidos italianos, proceso Cóndor en Roma, 8 condenados y 19 absoluciones".

El Plan Cóndor nace en 1975, promovido por las dictaduras militares de América Latina, desarrolla en una entrevista el abogado Ronald Gamarra Herrera sobre el tema.
 
 


Lea también: "Estados Unidos desclasifica archivos sobre el Plan Cóndor".
Reportaje realizado por Marco Gamarra Galindo.

14 dic 2016

EE.UU. desclasifica nuevos archivos sobre el Plan Cóndor

Estados Unidos desclasificó esta semana más de 500 documentos de inteligencia relativos a la represión política orquestada por los países del Cono Sur en el marco de la Operación Cóndor. Estos archivos revelan detalles sobre los planes de asesinatos políticos fuera de Sudamérica.

Los documentos revelados por la Casa Blanca esta semana provienen del órgano de inteligencia de Estados Unidos, la CIA, y también del Departamento de Estado. Se trata del segundo paquete de archivos secretos desclasificados por la administración Obama tras la promesa del presidente estadounidense durante su gira en Argentina en marzo pasado.

Tras una primera publicación en agosto, esta vez son más de 500 documentos sobre la dictadura argentina y el funcionamiento de la Operación Cóndor, un plan de represión coordinado por las dictaduras militares de Sudamérica en los años 70 y 80. Este nuevo paquete de documentos revela además la existencia, que se sospechaba, de un plan de represión para eliminar a los opositores exiliados en Europa.

La desclasificación de estos archivos secretos responde al pedido reiterado de varias organizaciones de defensa de los Derechos Humanos y de búsqueda de los desaparecidos de la dictadura militar argentina. ONG como CELS o Las Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora examinan actualmente en detalle lo que contienen estos documentos.

Los archivos desclasificados son de libre acceso en internet, vía la Oficina del Director de Inteligencia Nacional de Estados Unidos, en este link: https://icontherecord.tumblr.com/.

Próximamente Francia debería desclasificar también documentos relacionados con la época de la dictadura argentina. 

Entrevistados: Carlos Osorio, director del Proyecto de Documentación del Cono Sur en la ONG National Security Archive de la Universidad George Washington en Estados Unidos. "Es muy interesante porque tiene información top secret de la CIA. Y en particular un documento que dice en julio de 1976, "los países de la operación Cóndor, que son como 5 o 6, pero en particular los que son más activos, que son Argentina, Chile y Uruguay, han decidido lanzar una campaña de liquidación". Es decir de eliminación de terroristas, de guerrilleros, montoneros, refugiados, y que Argentina, Chile y Uruguay serán los responsables de la atividad operacional en Francia, en particular", comentó Carlos Osorio.

"Hay otro documento de 1977 que tiene 03 páginas, y habla en particular nuevamente, que Chile, Argentina y Uruguay están muy activos en Europa y dando seguimiento a los grupos de derechos humanos, quiénes son los refugiados, dónde están localizados, cuáles son sus actividades políticas, y llega a decir que si Wilson Ferreyra, que es uruguayo, llega ir a europa lo van a liquidar. En la lista de gente que tiene para asesinatos, están incluídos líderes de Amnistía Internacional", dijo Osorio. 

Compartimos los documentos en idioma original.

28 may 2016

El País: Argentina, primer país que condena a los jerarcas del Plan Cóndor

Un tribunal certifica el pacto de las dictaduras latinoamericanas para asesinar disidentes

El Plan Cóndor fué algo único. Un pacto entre seis dictaduras latinoamericanas para intercambiar información y sobre todo colaborar en secuestros y asesinatos de disidentes políticos que luchaban para derrocarlas. Es una de las historias trágicas más conocidas de América, con centenares de víctimas. Y sin embargo, más de 30 años después de su acta fundacional, firmada el 28 de diciembre de 1975 en Santiago de Chile y encontrada en el “Archivo del Terror” de Paraguay, ninguna sentencia judicial había reconocido su existencia como una asociación ilícita organizada para matar. Argentina, un país en el que el proceso de los juicios de lesa humanidad está muy avanzado y no cesa, se ha convertido en el primero que condena formalmente a los jerarcas del Plan Cóndor en un larguísimo juicio con 105 víctimas y 18 imputados que empezó en 1999 con cinco casos y ha ido creciendo poco a poco. Un tribunal federal condenó por "asociacion ilícita en el marco del Plan Cóndor" entre 8 y 25 años a los principales imputados.

Entre los condenados está Reynaldo Bignone, último dictador argentino, y el general Santiago Riveros. También está el coronel uruguayo Manuel Cordero, que fue extraditado en 2007 a Argentina desde Brasil, y el exagente de la inteligencia argentina Miguel Ángel Furci, que recibieron las penas más altas, de 25 años de cárcel. No figuran los máximos jefes del Plan Cóndor porque han muerto, pero simbólicamente el proceso judicial también va contra ellos. De hecho, el más cruel y conocido de los dictadores argentinos, Jorge Videla, murió tres días después de declarar en este juicio. Afrontar su responsabilidad en el Plan Cóndor fue lo último que hizo en vida. Videla aseguró ante el tribunal que se hacía cargo de toda la responsabilidad pero sin dar ningún detalle nuevo.

“Lo importante de este juicio es que por primera vez en América Latina un tribunal reconoce la existencia del Plan Cóndor como asociación ilícita, es un juicio clave porque si estuvieran vivos Pinochet o Stroessner estarían en esta causa", explica Gastón Chiller, director ejecutivo del CELS, un organismo de derechos humanos muy respetado en Argentina que ha promovido este y otros muchos juicios contra los jerarcas de la dictadura militar.




La prensa de la época da cuenta del hallazgo de cadáveres. 

La nacionalidad de las 105 víctimas cuyos familiares escuchaban emocionados la sentencia da una idea de las dimensiones del Plan Cóndor. 45 de ellos eran uruguayos, 22 chilenos, 13 paraguayos, 11 bolivianos y 14 argentinos. Entre los presentes en el tribunal estaba Macarena Gelman, hija de la desaparecida María Claudia García, que fue entregada a una familia cómplice de la dictadura uruguaya y recuperó su identidad en el 2000, a los 23 años. La nieta del fallecido poeta Juan Gelman escuchó con satisfacción la condena a Cordero, que fue recibida con aplausos en la sala de audiencias.

Argentina abre así una puerta que en otros países parece mucho más cerrada. Por ejemplo, en Brasil, rige una ley de amnistía que impide llevar a los tribunales a los responsables de los crímenes cometidos por su dictadura (1964-1985). De hecho ninguno de los miembros del Plan Cóndor ha llevado a cabo un proceso como el argentino, un país en el que prácticamente todos los personajes clave de la dictadura están en la cárcel o en arresto domiciliario por su avanzada edad. La memoria histórica se ha convertido en una política de Estado que se ha mantenido con Mauricio Macri como presidente, como muestran los el medio centenar de juicios en los que el Estado es querellante. El otro gran juicio por el Plan Cóndor se desarrolla lejos del continente, en Roma, en un proceso contra 30 exmilitares y civiles de Bolivia, Chile, Perú y Uruguay, acusados de la desaparición y muerte de 43 opositores, entre ellos varios de origen italiano. 

La creación del Plan Cóndor quedó absolutamente probada durante el juicio argentino, tanto es así que existe incluso ese acta fundacional firmada durante una reunión de los responsables de la inteligencia de las dictaduras y firmada por los representantes de Argentina (Jorge Casas, capitán de navío, SIDE, que aún no representaba a una dictadura militar), Bolivia (Carlos Mena, mayor del Ejército), Chile (Manuel Contreras Sepúlveda, jefe de la DINA), Uruguay (José Fons, coronel del Ejército) y Paraguay (Benito Guanes Serrano, coronel del Ejército). Brasil no firmó esa primera acta pero otros documentos muestran con claridad que participó en el Plan Cóndor.

En el “Archivo del Terror” de Paraguay se encontró una invitación de la DINA -servicios secretos de Pinochet- “para promover la coordinación y establecer algo similar a lo que tiene Interpol en París, pero dedicado a la subversión”. En el texto formal firmado en Chile se señala: “Se dan por iniciados a partir de esta fecha los contactos bilaterales o multilaterales a voluntad de los respectivos países aquí participantes para el intercambio de información subversiva, abriendo propios o nuevos carteles de antecedentes de los respectivos servicios”.

El plan empezó como un intercambio de información y fue creciendo hasta que pasó a la fase de secuestrar o asesinar directamente a los disidentes en los países donde estuvieran escondidos, siempre con la autorización implícita de la dictadura local. El Plan Cóndor fue extendiendo sus fronteras y la dictaduras empezaron a asesinar a disidentes en Europa y EEUU, como el conocido caso de Orlando Letelier, exministro del Gobierno de Salvador Allende, asesinado en Washington en septiembre de 1976.

Una de las grandes preguntas que quedan pendientes es la participación de EEUU en el Plan Cóndor. Durante el juicio, según los investigadores del CELS, no ha aparecido ninguna prueba definitiva de que algún organismo de este país promoviera el plan pero sí ha quedado claro por distinta documentación, entre ellas alguna desclasificada por el propio Departamento de Estado de EEUU, que lo conocían con detalle.

Muchos investigadores confían ahora en que la promesa de Barack Obama de desclasificar más documentos relacionados con las dictaduras latinoamericanas, especialmente los de la CIA, ofrezca mucha más información. Lo que sí se sabe es que EEUU se fue alejando a medida que el Plan Cóndor empezó su oleada de asesinatos en distintos países y dejó de ser un plan secreto. Son los documentos de EEUU los que con más detalle explican el objetivo del plan: “Implica la formación de equipos especiales por los países miembros para llevar a cabo sanciones hasta asesinatos contra terroristas o simpatizantes de organizaciones terroristas de los países miembros de ‘Operación Cóndor’. A los equipos especiales se les emitirían documentos falsos de parte de los países miembros de ‘Operación Cóndor’ y podrían estar compuestos exclusivamente por individuos de una de las naciones miembros de ‘Operación Cóndor’ o podrían estar compuestos por un grupo mixto de varias naciones miembros de ‘Operación Cóndor’”, detalla. En cualquier caso, explican en el CELS, la operación Cóndor fue un plan latinoamericano, diseñado por las dictaduras para acabar con sus propios disidentes.

Fuente El País: http://internacional.elpais.com/internacional/2016/05/27/argentina/1464377638_258435.html

5 ago 2015

Argentina: "El Cóndor operó como una asociación ilícita para la desaparición forzada"

El CELS finalizó su alegato en el juicio por la coordinación represiva en el Cono Sur.  Solicitó  penas para los represores y expuso las pruebas que demostraron una asociación ilícita para la desaparición forzada y la privación ilegítima de personas. Además, hizo una petición novedosa para este tipo de juicios: el derecho a la verdad.

Por Juan Manuel Mannarino.

El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) expuso la última parte de su alegato en el juicio por "Plan Cóndor". En el Tribunal Oral Federal 1 de Comodoro Py, los abogados expusieron la calificación legal de los delitos. Y finalizaron con un pedido de penas. "Probamos la coordinación represiva entre las dictaduras del Cono Sur que tuvo como víctimas a militantes políticos, sociales, sindicales o estudiantes de nacionalidad argentina, uruguaya, chilena, paraguaya, boliviana y brasileña", dijo la abogada Luz Palmás Zaldúa a Infojus Noticias, quien dijo que el Plan comprobó una asociación ilícita para la desaparición forzada de 106 personas. Y pidió investigar nuevos hechos que se desprendieron del proceso.

De ese modo, el CELS concluyó un alegato que duró cuatro audiencias. El acta de fundación del Plan Cóndor, consignó el organismo, está fechada el 28 de noviembre de 1975 y se realizó en Chile durante la clausura de la Primera Reunión de Inteligencia Nacional, convocada desde el día 25. Allí se rubricó con las firmas de los responsables de Inteligencia de Argentina, Bolivia, Chile, Uruguay y Paraguay. “Si bien ningún representante de Brasil firmó ese acuerdo inaugural, se comprobó a lo largo del juicio su cooperación para actividades represivas contra opositores políticos de los países partícipes. Por otra parte, muchas de las actividades que consigna el documento ya se realizaban de forma bilateral”, se detalló en la exposición.

Para el organismo, la coordinación represiva tuvo distintas fases. La primera supuso la creación de una base centralizada de información sobre los movimientos guerrilleros, partidos y grupos de izquierda, sindicalistas, religiosos, políticos liberales y supuestos enemigos de los gobiernos autoritarios involucrados en el plan. La segunda fase consistió “en pasar a la acción, identificando y atacando a estos enemigos políticos a nivel regional”. La última comprendió operativos fuera de la región para encontrar y eliminar personas que se hallaban en otros países de América y de Europa.

“Los alcances del Plan Cóndor quedaron demostrados en su total magnitud. A casi cuarenta años del acta que dio origen al Cóndor, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 1 deberá evaluar la prueba y dictar una sentencia acorde. Muchos países, sobre todo los latinoamericanos, están esperando este suceso como uno de los más importantes actos de justicia por delitos de lesa humanidad”, dijo Luz Palmás Zaldía.

Además, el CELS hizo una petición novedosa para este tipo de juicios: el derecho a la verdad. El recurso, recomendado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, se citó para que el Estado reconozca la materialidad de los hechos más allá que existan muchos imputados fallecidos. “Jorge Videla, por ejemplo, murió y estaba acusado por una gran cantidad de hechos. Entonces, pedimos que se acrediten esos delitos aunque no se condenen los responsables. Entendemos que el Estado deber garantizar la justicia no sólo para las víctimas involucradas sino también dando una respuesta a la sociedad entera”. 

Las pruebas 
“Si bien algunos países de la región avanzaron en enjuiciar operaciones del Cóndor, ninguno de esos procesos tuvo la profundidad de éste, en el que durante dos años y medio de audiencias más de doscientas personas dieron su testimonio”, dijo la abogada.

La prueba documental consiste en doce informes de organizaciones de derechos humanos; seis informes de organizaciones internacionales; 423 legajos de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas, la Secretaría de Derechos Humanos y el Registro de Desaparecidos y Fallecidos; 90 legajos y cientos de documentos de las Fuerzas Armadas y las Fuerzas de Seguridad; y 8 documentos de Fuerzas Armadas del Cono Sur.

A ese material se sumaron las decenas de miles de documentos desclasificados del Departamento de Estado de los Estados Unidos. A su vez, al Proyecto de desclasificación de Chile se sumó el pedido de organizaciones de derechos humanos argentinas como Madres de Plaza de Mayo, Abuelas y el CELS . Y, en el 2002, se llevó adelante el Proyecto de desclasificación de Argentina, que reveló 4600 documentos.

Además, se contó con los informes de archivos nacionales y extranjeros como los de la ex DIPBA y el Archivo del Terror del Paraguay, entre otros. Y, por último, las evidencias de 326 causas judiciales de la Argentina y de otras 46 tramitadas en el exterior. 

El pedido de condenas 

El CELS pidió 20 años de prisión para Humberto José Ramón Lobaiza, Felipe Jorge Alespeiti, Rodolfo Emilio Feroglio, Carlos Horacio Tragant, Santiago Omar Riveros, Bernardo José Menéndez, Antonio Vañek, Eduardo Samuel Delío, Eugenio Guañabens Perelló y Carlos Humberto Caggiano Tedesco por el delito de asociación ilícita agravada y, en algunos casos, por la privación ilegal de la libertad doblemente agravada por mediar violencia y amenazas.

Para Manuel Juan Cordero Piacentini se solicitó la pena de 5 años de prisión por el delito de privación ilegal de la libertad, en base a los términos en que fuera extraditado.

Y para Miguel Ángel Furci, la pena de 25 años de prisión por ser co-autor penalmente responsable por las privaciones ilegales de la libertad, agravadas por violencia y amenazas contra 67 personas, "24 de ellas con la imposición de tormentos agravados".

El CELS integra la querella unificada junto con el Equipo Jurídico Kaos, la Fundación Liga Argentina por los DDHH y la abogada Alcira Ríos. Representa, además, a los familiares de los ciudadanos argentinos Horacio Campiglia, Mónica Susana Pinus de Binstock y Norberto Habegger, desaparecidos en Brasil. A los de Marcelo Gelman y María Claudia García Irureta Goyena, desaparecidos en Argentina y Uruguay, y a los del uruguayo Bernardo Arnone, desaparecido en Argentina. También representa a los familiares de María Emilia Islas Gatti y de Juan Pablo Recagno Ibarburu, que murieron durante la tramitación de la causa.

15 oct 2014

Italia celebra primer juicio por Plan Condor, 15 años después

Aspecto de algunos de los acusados por la "Operación Cóndor" o "Plan Cóndor" por crímenes de lesa humanidad. Foto Archivo.Se trata del primer proceso en Europa por la Operación Cóndor, el dispositivo para coordinar la represión de las dictaduras sudamericanas en los años 70 y 80.

La Justicia Italiana iniciará en febrero del 2015 en Roma el primer juicio contra 20 represores de Bolivia, Chile, Perú y Uruguay por estar involucrados en la muerte de 23 ciudadanos italianos en el marco del llamado Plan Cóndor, acordado por las dictaduras militares de esos países en los años 70 y 80, informaron fuentes judiciales.

El juez Alessandro Arturi, que instruye desde hace un año el proceso, ordenó procesar a 20 miembros de las juntas militares y servicios de seguridad de esos cuatro países por el secuestro y homicidio de 23 ciudadanos de origen italiano.

Se trata del primer proceso en Europa por la Operación Cóndor, el dispositivo para coordinar la represión de las dictaduras sudamericanas en los años 70 y 80 que permitió la detención, el intercambio y la desaparición de miles de opositores a los regimenes militares.

En la lista de 20 procesados figuran el general chileno Juan Manuel Guillermo Contreras, el exministro del Interior boliviano Luis Arce Gómez y el exmandatario peruano Francisco Morales Bermúdez.

Los inculpados (un boliviano, 11 chilenos de los cuales tres se encuentran detenidos, cuatro peruanos, cuatro uruguayos), cuyas edades oscilan entre los 70 y 92 años, han sido acusados por la justicia italiana de secuestro de persona y homicidio múltiple agravado.

La lista original incluía también a tres fallecidos, entre ellos al exdictador uruguayo Juan María Bordaberry, quien murió  en 2011.

La fiscalía italiana abrió las investigaciones sobre la temida estrategia aplicada por los regímenes militares del Cono Sur hace más de quince años a raíz de las denuncias presentadas por los familiares de italianos desaparecidos.

Los imputados serán juzgados en ausencia.

El Estado italiano y el de Uruguay se constituyeron parte civil en el juicio.

Gracias al "Plan Cóndor", las dictaduras sudamericanas pedían a otras la captura y en algunos casos la eliminación o la extradición de secuestrados, siempre fuera de los parámetros que establecía la ley.

En algunos casos, militares de dos países participaban juntos en operativos y torturas.

13 nov 2013

HOY: Desentierran los restos del Ex Presidente JOÃO GOULART para esclarecer las causas de su muerte

Con Goulart, Brasil exhuma el Plan Cóndor

“No hay duda de que la dictadura y el Cóndor lo hostilizaron durante los doce años que debió vivir en el exilio”, señala la ministra Maria do Rosario. El retiro del cuerpo se realiza a pedido de la familia, que sospecha que fue envenenado.
“Estamos exhumando el Plan Cóndor.” Para la ministra Maria do Rosario, el desentierro del presidente João Goulart abre las entrañas de una “red terrorista internacional en la que la dictadura brasileña tuvo una participación importante. La exhumación del presidente Goulart nos acercará a la verdad de lo ocurrido durante esa persecución que duró años. Sabemos que el Cóndor lo siguió en Argentina, que lo siguió en Uruguay, que la dictadura brasileña lo hostilizó hasta el día de su muerte. Y no descartamos que la dictadura haya estado involucrada en una muerte que tiene interrogantes”.
“Contamos con informaciones consistentes sobre el interés prioritario que la dictadura y el Cóndor tenían en Goulart, que nunca pudo volver con vida a su país. Después de 37 años, el gobierno de la presidenta Dilma está realizando una reparación histórica con la democracia brasileña y con sus familiares, que fueron los que nos solicitaron la exhumación por dudar de su envenenamiento.” En entrevista con Página/12, la ministra de Derechos Humanos asegura que “la exhumación es sólo uno de los pasos, dado que nuestro trabajo junto a la familia y la Comisión de la Verdad comenzó hace un largo tiempo, cuando la presidenta Dilma nos encomendó dar prioridad al esclarecimiento de la muerte”.
El retiro del cuerpo será realizado hoy en el cementerio Jardín de Paz de São Borja, que ayer fue monitoreado por funcionarios encabezados por Nadine Borges, del Equipo de Trabajo ad hoc creado por la Secretaría de Derechos Humanos, familiares de Goulart y la Policía Federal.
Posteriormente los despojos serán trasladados a Brasilia.
“El cuerpo tendrá honras de Estado, que es el homenaje que un presidente merece, esto que tuvo que haber ocurrido hace 37 años, ocurre hoy bajo un gobierno democrático que está demostrando con hechos su compromiso con la verdad y la reparación”, afirmó Maria do Rosario.

–¿Y si los estudios demuestran que no fue envenenado?
–Debemos esperar sin urgencia lo que surja de los exámenes en laboratorios internacionales en un cuerpo que sufrió los efectos del paso de 37 años, no podemos esperar que los laboratorios den un parecer conclusivo. Tal vez no lo logren y, en ese caso, quedará siempre la duda del envenenamiento. De lo que no hay duda es de que la dictadura y el Cóndor lo hostilizaron durante los doce años que debió vivir en el exilio. Que la dictadura no le permitió retornar a su país como él quería hacerlo.
“Hace 37 años la familia pidió permiso, y no lo obtuvo, para que el presidente fuera llevado a Brasilia, como correspondía. Es decir que una dictadura ilegítima prohibió que el cuerpo de un ex presidente electo fuera recibido en la capital y también prohibió que se le hiciera una autopsia, algo que además es muy sugestivo”, repasa Maria do Rosario.

Eduardo Frei y Arafat

La revelación de que el ex presidente chileno Eduardo Frei fue víctima de una intoxicación urdida por el régimen de Pinochet “fue un caso que estudiamos bastante, porque las dictaduras de Chile y de Brasil utilizaron métodos semejantes y sus aparatos represivos estaban en contacto para coordinar tareas”, señala la ministra.
Luego comenta que los casos de Frei y más recientemente del líder palestino Yasser Arafat demuestran que los envenenamientos han sido una técnica utilizada por el terrorismo de Estado para eliminar a sus enemigos sin dejar rastros por muchos años. Incluso, agrega, algunos de los peritos internacionales que ya se encuentran en São Borja analizaron cómo fue realizada la exhumación de Eduardo Frei y los estudios posteriores que se le realizaron.

Stock de memoria

São Borja amaneció soleada ayer, luego de la tormenta del lunes, e “invadida” por reporteros y funcionarios que alteran la rutina bucólica de esa ciudad de poco más de 60 mil habitantes, calles angostas y sin pretensiones, donde sobresalen dos museos importantes: dedicados a los ex presidentes João Goulart y Getulio Vargas.
“Pocas ciudades tienen dos presidentes como tenemos nosotros en São Borja, somos una ciudad pequeña, pero com muchos hijos célebres que siempre se recuerdan, acá tenemos un buen stock de memoria”, cuenta el taxista Jango, en el camino que va de la simple estación de colectivos al centro de la ciudad, donde arriban muy pocos vuelos comerciales.
Con remera roja del Internacional de Porto Alegre, el taxista Jango, de unos 55 años, asegura que en 1976 fue uno de miles de vecinos que se volcaron a las calles para acompañar el cortejo fúnebre del ex presidente Goulart. “Esto era un mar de gente, estaba toda la avenida Vargas llena, la iglesia llena, todo el mundo estaba en la calle”.
Goulart había fallecido en su estancia de la provincia de Corrientes, donde un médico pediatra libró un certificado de defunción diciendo que la causa había sido un paro cardíaco.

“Eminencia cubana”

“Para nosotros, la familia del presidente Goulart, su muerte posiblemente tuvo como causa un posible envenenamiento que tendrá que ser estudiado ahora por los laboratorios que reciban las muestras que se recogerán mañana (por hoy)”, declaró João Marcelo, nieto del líder laborista.
“Nosotros estamos viviendo un momento de mucho dolor, de gran tensión y a la vez de expectativa por la exhumación”, comentó antes de ir hacia el Cementerio Jardín de Paz, donde reposan los restos. Médico graduado en Cuba, João Marcelo dijo conocer muy bien el currículum del doctor Jorge González Pérez, rector de la Universidad de Ciencias Médicas de La Habana, que integra la comitiva de expertos internacionales invitados para observar la exhumación. González Pérez “es una eminencia científica internacional, tiene un gran reconocimiento por su formación, reforzada por su experiencia en trabajo de campo como el que hizo en Bolivia con el descubrimiento y reconocimiento de los restos del Che Guevara”.
 
Por Darío Pignotti