9/29/2016

Un verdadero Defensor

"A Eduardo Vega Luna, Defensor del Pueblo, por su compromiso firme y coherente en la defensa de los derechos humanos y la promoción de la justicia. Con gratitud y admiración, Paz y Esperanza”. Ese fue el texto que inscribimos en el presente que le entregamos el 19 de enero del presente año, cuando con ocasión del vigésimo aniversario institucional de Paz y Esperanza quisimos reconocer en personas como el doctor Vega los valores que nos inspiran.
Ese día Eduardo nos dijo, sin ningún atisbo de queja por cierto, que era la primera vez que le ofrecían un reconocimiento público, y lo noté naturalmente emocionado pero especialmente agradecido. Estaban allí amigos y amigas con quienes, desde muy joven, había compartido inquietudes y servicios relacionados con los derechos humanos, y fue entonces oportunidad para recordar hechos, personas y, para decirlo más precisamente, un tiempo para conmemorar la amistad y el compromiso.
El compromiso al que me refiero es ese que denota preocupación por nuestro prójimo y convicción que la vida adquiere un mejor sentido cuando se dedica a servir a los demás. Particularmente a aquellos a quienes se les desconoce dignidad y niega derechos. A Eduardo lo conocimos así, involucrado desde la Comisión Episcopal de Acción Social (CEAS) en la atención de las personas encarceladas, en un contexto muy complicado para el país, donde entre aquellas había miles de injustamente recluidas.  
Difícil hablar de inocentes en tiempos que una simple sindicación o sospecha convertía a cualquier ciudadano en terrorista, y podías estar caminando de regreso a tu casa o dirigiéndote a tu centro de estudios, trabajo o cualquier otra parte, y llegar pocos días después a una celda luego de un kafkiano proceso, con una muy probable condena de 20 años de cárcel en el mejor de los casos.  
No era fácil, entonces, dedicarse a un asunto como ese, pero ineludible para quienes –como Eduardo- sabía reconocer los lugares donde había personas que experimentaban con mayor gravedad  la injusticia y el despojo. Con Eduardo y otros amigos y amigas anduvimos llamando la atención para que se mejore las condiciones de reclusión de todas las personas encarceladas, y fue así que constituimos una mesa interinstitucional para analizar la problemática y plantear alternativas a la realidad penitenciaria, a la vez que organizábamos campañas de solidaridad, entre otros esfuerzos.
Tiempo después, en 1996, Eduardo ingresa al equipo de la Defensoría del Pueblo, y desde allí empieza una carrera desde la cual exhibe esa firmeza y coherencia que hoy, 20 años después, y desde siempre, se le reconoce y aprecia.  
Eduardo Vega ha sido clave en una institución que ha sabido jugar el rol para el que constitucionalmente fue creada. Durante toda su trayectoria, y más nítidamente cuando fue elegido primer adjunto de la institución y en los cinco años que ejerció como Defensor del Pueblo, supo honrar la función que se le encargó, siendo merecedor del respeto ciudadano que la institución y él mismo consiguió. 
Que no haya estado entre los candidatos a Defensor del Pueblo, en la lista del actual Congreso de la República, es señal inequívoca de su idoneidad.  Un funcionario decidido, que no vaciló ante la arbitrariedad, y que trabajó perseverantemente para defender los derechos constitucionales y fundamentales de la persona y de la comunidad, es incómodo para quienes prefieren un Estado ambivalente y permeable a sus intereses.      
El reconocimiento público que acertadamente le ofrecimos en enero fue el primero, pero ya le han brindado otros que sin duda merece una persona como él. Con la sencillez de siempre, comprometido, firme y coherente, hemos tenido en Eduardo Vega un verdadero Defensor.
Por Germán Vargas Farías

9/28/2016

Expertos de las Naciones Unidas solicitan abolir las leyes restrictivas del aborto

Un grupo de expertos de la ONU en derechos humanos instó a los Estados a derogar las leyes y políticas restrictivas relacionadas con el aborto, así como las medidas punitivas y las barreras discriminatorias para el acceso a servicios de salud reproductiva.

En el Día de Acción Global para el Acceso al Aborto Seguro y Legal, que se celebra el 28 de septiembre, los expertos recordaron que unas 47.000 mujeres mueren anualmente por complicaciones debidas a prácticas inseguras de interrupción del embarazo.

Las cifras de la Organización Mundial de la Salud (OMS) también indican que cada año se llevan a cabo cerca de 22 millones de abortos inseguros en el mundo y que esta práctica se ha convertido en una de las principales causas de mortalidad y morbilidad materna. Y, según organizaciones internacionales 4 millones de mujeres abortan cada año en América Latina y más del 90% de estos abortos son inseguros.

Los especialistas en derechos humanos afirmaron que la penalización del aborto y la denegación del acceso a servicios adecuados para interrumpir un embarazo no deseado son formas de discriminación de género.

Asimismo, expresaron alarma por el sometimiento a procesos judiciales o encarcelamientos que sufren en algunos países las mujeres que buscan servicios de salud relacionados con un aborto, así sea espontáneo. 

Por ejemplo, América Latina y el Caribe tienen algunas de las leyes más restrictivas del mundo. Siete de los nueve países que criminalizan el aborto sin excepciones están en la región: El Salvador, Honduras, Nicaragua, República Dominicana, Surinam, Haití y Chile.

Para Juan Méndez, Relator especial de la ONU sobre la tortura y otros tratos crueles inhumanos o degradantes, "Varios países latinoamericanos y otras países del mundo prohiben y criminalizan el aborto bajo cualquier circunstancia, eso es lo más grave. Pero aún en los países dónde bajo ciertas circunstancias se descriminaliza el aborto es muy necesario que el estado garantice, que la sociedad misma no reprima el aborto con conductas como por ejemplo, negar servicios a mujeres que lo solicitan o someterlas a un trato inhumano y cruel precisamente porque solicitan el servicio de reproductivo. Aunque el aborto no está legislado específicamente por el derecho internacional de los derechos humanos, está claro que la negativa a proveer servicios reproductivos a las mujeres que no quieren tener el hijo resulta en trato cruel, inhumano y degradante para las personas que están obligadas a mantener el embarazo aún en caso de violación o de daño para la salud de la mujer o del niño por nacer".

"Esta claro que la prohibición absoluta que ha regido en muchos países durante muchos años no ha sido eficaz en suprimir la práctica concreta del aborto, lo único que ha conseguido es sumergir a las práctivas abortivas a una especia de bajo mundo y clandestinidad donde las únicas víctimas son las mujeres", dijo Juan Méndez.

Violación sexual, según los especialistas, los Estados deben permitir a las niñas y adolescentes mujeres poner fin a un embarazo no deseado, para no exponerlas a un riesgo mayor en el futuro. En ese sentido, compartimos resumen de lo que  el Comité sobre los Derechos del Niño de las Naciones Unidas señala sobre el aborto y los derechos sexuales y reproductivos de los y las adolescentes:
Fuente Radio ONU: http://www.unmultimedia.org/radio/spanish/2016/09/expertos-solicitan-abolir-las-leyes-restrictivas-y-medidas-punitivas-en-relacion-con-el-aborto/#.V-wKBPDhDIU

CIDH presenta caso sobre Nicaragua ante la Corte IDH

Washington D.C., La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentó ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) el caso 12.690 V.R.P y V.P.C, relacionado con Nicaragua.

El caso se relaciona con la violación sexual sufrida por la niña V.R.P, quien al momento de los hechos tenía nueve años de edad y quien desde el inicio de la investigación afirmó que el responsable de tales violaciones fue su padre. La Comisión determinó que las violaciones sexuales cometidas por un actor no estatal, constituyeron afectaciones a los derechos a la integridad personal, a la dignidad, vida privada y autonomía, a la igualdad y no discriminación y a la protección especial como niña, en perjuicio de V.R.P. La Comisión determinó que el Estado de Nicaragua es responsable internacionalmente por el incumplimiento del deber de garantía de tales derechos, particularmente, el incumplimiento del deber de investigar con la debida diligencia, en un plazo razonable y de manera acorde con una perspectiva de género y los deberes estatales reforzados derivados de la condición de niña de la víctima. La Comisión consideró además que V.R.P fue gravemente revictimizada con un impacto severo en la integridad psíquica tanto de ella como de su madre y los otros hijos de ésta. La Comisión concluyó que la absolución del padre de V.R.P fue el resultado de un proceso violatorio de las obligaciones internacionales del Estado y, por lo tanto, al tratarse de una grave violación de derechos humanos, la Comisión recomendó la continuidad de la investigación a nivel interno, entre otras medidas de reparación

En el Informe de Fondo, la Comisión recomendó al Estado llevar a cabo con la debida diligencia y en un plazo razonable, las investigaciones y procesos penales correspondientes, con el fin de individualizar, identificar, juzgar y, en su caso, sancionar a la persona responsable de la violación sexual en perjuicio de V.R.P.  La CIDH tomó nota que se declaró en firme la sentencia absolutoria del proceso penal seguido contra la única persona indicada por la víctima como presunto responsable. En este sentido, la Comisión reiteró que el proceso penal de los hechos que derivó en la violación sexual de V.R.P no fue sustanciado de conformidad con las obligaciones internacionales del Estado de Nicaragua bajo la Convención Americana y la Convención de Belém do Pará. Por ello, la CIDH considera que en el presente caso, las diligencias judiciales no se ajustaron, en realidad, a las garantías del “debido proceso” previstas en el artículo 8 de la Convención Americana y, por ende, tampoco se produjo la “sentencia en firme” aludida en el numeral 4 de dicha disposición. La Comisión resalta que esta situación se agrava tomando en particular consideración la naturaleza del delito, así como la situación de doble vulnerabilidad de V.R.P como mujer y como niña. En vista de esto, la CIDH considera que, en el presente caso, la garantía de no ser juzgado dos veces por el mismo crimen (ne bis in ídem) no puede ser utilizada por el Estado a fin de no dar cumplimiento de la presente recomendación de investigación.

La CIDH recomendó asimismo reparar integralmente las violaciones de derechos humanos declaradas en el informe de fondo tanto en el aspecto material como moral, y brindar de forma gratuita e inmediata, el tratamiento médico y psicológico o psiquiátrico, según corresponda, a las víctimas del presente caso que así lo soliciten. Tomando en cuenta que las víctimas se encuentran fuera del país, esta recomendación puede ser cumplida mediante el otorgamiento de un monto económico que razonablemente permita costear la atención en salud requerida por las víctimas. Adicionalmente, la Comisión recomendó disponer las medidas administrativas, disciplinarias o penales correspondientes frente a las acciones u omisiones de los funcionarios estatales que contribuyeron a la denegación de justicia e impunidad en la que se encuentran los hechos del caso.

En el Informe de Fondo, la CIDH también recomendó a Nicaragua desarrollar protocolos de investigación para que los casos de violación sexual y otras formas de violencia sexual en contra de mujeres, incluyendo niñas, sean debidamente investigados y juzgados de conformidad con los estándares establecidos en el informe. Nicaragua también debería fortalecer la capacidad institucional para combatir la impunidad frente a casos de violación sexual y otras formas de violencia sexual contra las mujeres, incluyendo niñas, a través de investigaciones criminales efectivas con perspectiva de género, garantizando así una adecuada sanción y reparación. Adicionalmente, la Comisión señaló que Nicaragua debe diseñar e implementar programas de capacitación permanentes para funcionarios públicos pertenecientes al Poder Judicial, Ministerio Público y Policía Nacional, sobre estándares internacionales en materia de investigación de violación sexual y otras formas de violencia sexual en contra de mujeres, incluyendo niñas. Asimismo, se deberá capacitar al personal de salud, tanto médico como psicológico, que esté vinculado a dichas investigaciones, sobre los estándares internacionales en materia de trato a niños y niñas víctimas de violencia sexual. Finalmente, la CIDH recomendó adoptar políticas públicas y programas institucionales integrados destinados a enfrentar la violencia contra mujeres y niñas como forma de discriminación, así como a promover la erradicación de patrones socioculturales discriminatorios que impiden su acceso pleno a la justicia.

La Comisión Interamericana sometió el caso a la jurisdicción de la Corte el 25 de agosto de 2016, porque consideró que Nicaragua no cumplió con las recomendaciones contenidas en el Informe de Fondo. La Comisión sometió a la Corte la totalidad de los hechos del Informe de Fondo.

Este caso permitirá a la Corte desarrollar su jurisprudencia sobre los estándares internacionales relevantes para el análisis del cumplimiento o incumplimiento del componente de investigación del deber de garantía de los derechos a la integridad personal, a la vida privada y autonomía y a vivir libre de violencia de discriminación, en casos de violencia y violación sexual cometidas por actores no estatales. Asimismo, al tratarse de la violencia y violación sexual de una niña de nueve años, la Corte podrá desarrollar su jurisprudencia sobre los estándares especiales y reforzados aplicables al análisis de investigaciones de hechos de esta naturaleza cuando la víctima tiene tal condición, a fin de asegurar que sus derechos sean plenamente garantizados en dichas investigaciones. Finalmente, el caso también le permitirá a la Corte pronunciarse sobre la inaplicabilidad de la figura de ne bis in idem, cuando se trata de una grave violación de derechos humanos como la violencia y violación sexual, así como cuando la absolución del presunto responsable fue el resultado de un proceso violatorio de las obligaciones internacionales del Estado.

La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan a sus países de origen o residencia.

Caso 12.690
Fecha de remisión a la CorteIDH: 25 de agosto de 2016.
Fuente CIDH: http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2016/138.asp

9/27/2016

Marta Santos Pais saluda a Georgia por la ratificación del Tercer Protocolo de la Convención sobre los Derechos del Niño

Marta Santos Pais, Representante Especial del Secretario General de la ONU para el tema de la violencia contra la niñez, saludó la ratificación del Tercer Protocolo, relativo a un procedimiento de comunicaciones, de la Convención sobre los Derechos del Niño de la ONU por el Estado de Georgia, el pasado 19 de setiembre del presente. Ya son 29 Estados los que han ratificado dicho protocolo y 50 los que lo han firmado.

El Tercer Protocolo permite a los niños, niñas y adolescentes a realizar quejas ante el Comité de los Derechos del Niño de la ONU cuando sus derechos son violados en sus países de origen, y no han logrado obtener justicia.

Para apoyar el proceso de ratificaciones y asegurar que el protocolo es comprendible para todos los niños, niñas y adolescentes, la oficina de la Representante Especial ha diseñado una herramienta que está disponible en inglés y español: http://kausajusta.blogspot.pe/2014/05/promover-el-protocolo-entre-ninas-ninos.html

"El Tercer Protocolo Facultativo sigue siendo una alta prioridad de mi mandato, pido a todos los Estados que consideren urgentemente su ratificación", dijo Marta Santos Pais.

El Tercer Protocolo sobre un procedimiento de comunicaciones fue adoptado en la 66° sesión de la Asamblea General de la ONU, mediante la resolución 66/138 el 19 de diciembre de 2011, abierta para las firmas en Ginebra y luego en la sede de Nueva York el 28 de febrero de 2012.

Ucrania ratificó el Tercer Protocolo el pasado 02 de setiembre de 2016.


Estado participante
Firma
Ratificación
1
Gabón

25 Sept 2012
2
Tailandia
25 Sept 2012
25 Sept 2012
3
Alemania
28 Feb 2012
28 Feb 2013
4
Bolivia

02 Abr 2013
5
Albania
24 Sep 2012
29 may 2013
6
España
28 Feb 2012
03 Jun 2013
7
Montenegro
28 Feb 2012
24 Sep 2013
8
Portugal
28 Feb 2012
24 Sep 2013
9
Eslovaquia
28 Feb 2012
03 Dic 2013
10
Costa Rica
28 Feb 2012
14 Ene 2014
11
Bélgica
28 Feb 2012
30 May 2014
12
Irlanda
24 Sep 2014
24 Sep 2014
13
Mónaco
24 Sep 2014
24 Sep 2014
14
Andorra
26 Sep 2012
25 Sep 2014
15
Argentina
25 Jul 2012
14 Apr 2015
16
El Salvador
25 Jul 2013
09 Feb 2015
17
Uruguay
28 Feb 2012
23 Feb 2015
18
Chile
28 Feb 2012
01 Sep 2015
19
Mongolia

28 Sep 2015
20
Dinamarca

07 Oct 2015
21
Finlandia
28 Feb 2012
12 Nov 2015
22
República Checa
30 Abr 2015
02 Dic 2015
23
Perú
28 Dec 2012
06 Ene 2016
24
Francia
20 Nov 2014
07 Ene 2016
25
Italia
28 Feb 2012
04 Feb 2016
26
Luxemburgo
28 Feb 2012
12 Feb 2016
27
Samoa

29 Abri 2016
28
Ucrania
20 Nov 2014
02 Sep 2016
29
Georgia

19 Sep 2016