21 ago. 2018

CIDH otorga medidas cautelares para proteger niños y niñas migrantes separados de sus familias en Estados Unidos

Washington, D.C.- La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares el 16 de agosto de 2018 a favor de los niños y niñas migrantes que fueron separados de sus familias como resultado de la implementación de la "Política de Tolerancia Cero", en los Estados Unidos.

La Comisión emitió dos resoluciones. Una refiere a una solicitud de medida cautelar presentada por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos de México, la Defensoría del Pueblo de Colombia, la Defensoría del Pueblo de Ecuador, la Procuraduría de Derechos de Guatemala, el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos de Honduras y la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos de El Salvador, todas ellas Instituciones Nacionales de Derechos Humanos, a favor de niños y niñas que permanecen sin ser reunificados. La otra, respecto de cinco familias en particular, refiere a una solicitud de medida cautelar presentada por Texas Civil Rights Project, the Women's Refugee Commission, the Inmigration Clinic of the University of Texas School of Law and Garcia & Garcia Attorneys at Law, P.L.L.C.

En sus resoluciones, la Comisión reiteró que de acuerdo con el principio de complementariedad, el Estado a través de las autoridades nacionales, es el principal responsable de proteger los derechos de las personas bajo su jurisdicción, en este sentido la jurisdicción internacional es "coayudante" o "complementaria", sin que las sustituya. En el presente asunto, la Comisión ha dado seguimiento a la implementación de la política de "Cero Tolerancia" y anteriormente expresó su preocupación a través de un comunicado de prensa. Más tarde, la Comisión conoció sobre un posterior Decreto Ejecutivo firmado el 20 de junio de 2018, que habría evitado que continuara la separación de niños y niñas de sus familias migrantes. Asimismo, la Comisión fue informada que mediante la decisión del “U.S. District Court for the Southern District of California” (Tribunal del Distrito Sur de California, Estados Unidos)  de 26 de junio de 2018 se habían ordenado una serie de medidas dirigidas a facilitar la comunicación regular entre los niños y niñas con sus padres y lograr la reunificación en plazos específicos, el último venciendo recién el 26 de julio pasado.

Tras recibir, ambas solicitudes de medidas cautelares, precisamente en vista del carácter complementario del sistema interamericano, la CIDH solicitó información al Estado en relación con los resultados que habría tenido las anteriores medidas respecto de la situación de riesgo de las personas propuestas como beneficiarias. El Estado presentó su última respuesta el 10 de agosto pasado.

Al emitir sus resoluciones, la Comisión notó que si bien el Estado informó haber dado pasos para la reunificación de los 2,551 niños y niñas que inicialmente fueron identificados, estando vencidos los plazos establecidos en la decisión del “U.S. District Court for the Southern District of California” (Tribunal del Distrito Sur de California, Estados Unidos), según su último informe aportado, permanecerían todavía 572 niños y niñas separados de sus familias en custodia de la Oficina de Reubicación de Refugiados. Asimismo, según lo informado por el Estado respecto de 410 niños y niñas, los adultos que los acompañaban se encontrarían ya fuera de los Estados Unidos.

La Comisión observó que el Estado no aportó información detallada sobre la situación específica de las personas propuestas beneficiarias y, sobre si la reunificación estaría efectivamente planificada en un corto plazo, ni sobre si existiría un cronograma o se hubiesen habilitado de manera efectiva medios de contacto. El Estado tampoco suministró detalles sobre las circunstancias particulares de las personas propuestas beneficiarias, estado de salud o condiciones de detención en que se encontrarían. De acuerdo con la información aportada, en algunos casos podría no ser posible lograr dicha reunificación y tales niños y niñas podrían terminar siendo entregados a  un patrocinador en los Estados Unidos.

En vista de los anterior, la Comisión concluyó que los derechos a la vida familiar e integridad personal así como el  derecho a la identidad de los niños y niñas, propuestos como beneficiarios, se encuentran, en principio, en una situación de riesgo. Lo anterior, tomando en cuenta en su conjunto el grave impacto que resulta a tales derechos como  resultado de la pérdida del vínculo entre los niños y niñas con su familia biológica que podría producirse como resultado de la separación definitiva en ausencia de información concreta sobre su situación y posibilidades concretas de reunificación, incluso en algunos casos pudiendo ya haberse materializado una deportación en forma separada. Lo anterior, sumado al impacto emocional y psicológico que supondría la detención y la situación de incertidumbre en torno a la reunificación de las niñas y niños, en un momento determinante en el cual la familia juega un rol esencial para la formación de las personalidades e identidades respectivas.


En consecuencia, la Comisión solicitó a los Estados Unidos: a) adopte las medidas necesarias para proteger los derechos a la vida familiar,  integridad personal e identidad de las personas propuestas  beneficiarias. En particular, garantizando que tales derechos sean salvaguardados mediante la reunificación de los niños y niñas con sus familias biológicas y atendiendo al interés superior de los niños y niñas; b) adopte las medidas necesarias para garantizar en forma inmediata mientras se realiza dicha reunificación, una comunicación adecuada, libre y regular de los beneficiarios con sus familias, conforme a su interés superior. Asimismo, con el objetivo de salvaguardar sus derechos, proporcionar la atención médica, psicológica y demás apoyos, incluidos los de naturaleza consular, así como facilitar interpretación en los casos que resulten necesario para que las personas beneficiarias puedan tener conocimiento de sus derechos y un adecuado entendimiento de su situación y destino; c) en el caso de que alguna o algunas de los padres hubiese sido deportada de manera separada de su hijo o hija, adoptar de forma inmediata las medidas necesarias en el marco de la cooperación internacional para asegurar dicha reunificación, teniendo en cuenta el interés superior del niño y los cuidados o apoyos  que sean necesarios; d)  suspender  todo procedimiento migratorio que tenga como consecuencia la separación de los niños y niñas de sus familias; y e) concierte las medidas a adoptarse con los beneficiarios y sus representantes.

El otorgamiento de la medida cautelar y su adopción por el Estado no constituyen prejuzgamiento sobre una eventual petición ante el sistema interamericano en la que se aleguen violaciones a los derechos protegidos en la Declaración Americana y otros instrumentos aplicables.

En el marco del monitoreo de esta situación, la Comisión Interamericana solicitó a los Estados de México y de los Estados Unidos de América la realización de visitas a sus fronteras norte y sur respectivamente, con el objetivo de monitorear la situación de derechos humanos relativa a las condiciones de recepción en frontera, en particular a la luz de los principios de unidad familiar y el interés superior de la niñez.

HLa CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan sus países de origen o residencia.

20 ago. 2018

CIDH recibe solicitudes de audiencias para el 170° Período de Sesiones

Washington D.C.- La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) realizará el 170° Período de Sesiones del 3 al 7 de diciembre de 2018 en su sede en Washington, D.C., Estados Unidos.

La CIDH recibirá solicitudes para la realización de audiencias y reuniones de trabajo a través de un sistema que se habilitará el 30 de agosto y quedará disponible hasta el 25 de septiembre. Se recibirán solicitudes relativas a todos los Estados Miembros de la Organización de los Estados Americanos (OEA).

Hasta un mes antes de las audiencias se enviarán las decisiones sobre las solicitudes recibidas. El calendario de audiencias se publicará en la página Web de la CIDH aproximadamente dos semanas antes del inicio del período de sesiones.

La Comisión Interamericana realiza varios períodos de sesiones al año, oportunidades en que coinciden cientos de defensores y defensoras de derechos humanos de la región, así como delegaciones de los Estados constituidas por altas autoridades en materia de derechos humanos, académicos, entre otros.

La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan sus países de origen o residencia.


19 ago. 2018

"Una fiscal contra la mafia" por Ronald Gamara


Una de las imágenes más emotivas la tuvimos esta semana durante la audiencia de prisión preventiva  contra la bande de jueces, funcionarios judiciales y empresarios, conocida como "Los cuellos blancos del puerto", que tiene como uno de sus cabecillas al expresidente de la Corte Superior del callao, Walter Ríos, y sin duda, como padrino mayor, a César Hinostroza Pariachi, todavía juez de la Corte Suprema, aunque parezca una burla sangrienta, gracias a las maniobras y las demoras nada casuales del fujimorismo mayoritario en el Congreso.

Esa estampa emotiva la protagonizó la fiscal del Callao, Rocío Sánchez Saavedra, quien lleva adelante la investigación de importantes casos contra la criminalidad organizada en el primer puerto del país, entre los cuales está el de esta despreciable pero pero muy peligrosa red judicial-empresarial, de la cuál no hubiéramos sabido y hubiera podido seguir haciendo de las suyas, si esta valerosa fiscal, junto con la Policía Nacional, no se hubiese atrevido a llevar adelante, con el debido sigilo profesional, y contra viento y marea, la indagación que ahora rinde frutos.

La imagen, en resumen, es esta: una noven fiscal, armada únicamente  con sus documentos y argumentos, completamente sola frente a un pelotón de abogados valentones y pugnaces que defienden, por honorarios que solo cabe imaginar, a los funcionarios y empresarios corruptos actualmente detenidos. A pesar de este cuadro de absoluta soledad física, la fiscal Sánchez se mantuvo íntegra y serena. Imperturbable. Sin altanería ni temor. Preocupada en la fundamentación de su pedido de detención preventiva para estos delincuentes de cuello blanco. Profesional, sobre todo cuando el juez Chuyo le impuso un orden de presentación oral distinto al que llevó a la audiencia, circunstancia en la que mostró competencia y rapidez para rehacer su exposición.

La soledad de la fiscal Rocío Sánchez es la mismo tiempo real, dolorosamente real, y escandalosamente simbólica. Porque de veras está sola física e institucionalmente. Espero que, a estas alturas, cuente ya, al menos, con la protección policial que su seguridad  e integridad física exigieron desde el primer momento y de la cual ha carecido durante las varias semanas transcurridas desde la revelación pública de los audios. Me refiero por cierto, a una seguridad en serio, las 24 horas del día, los siete días de la semana, con personal preparado y entrenado en protección de funcionarios. Y de la familia, claro. 

Esta es una gravísima responsabilidad del gobierno. El presidente Martín Vizcarra y el consejo de ministros, muyu paerticularmente el ministro del interior, deben ser prevenidos sobre la gravedad que entraña esto. A la fiscal Sánchez no se puede permitir que los mafiosos le toque ni un rizo. La responsabilidad política, si algo le ocurre, recaerá en primer lugar sobre quiénes tienen en sus manos el personal y la capacidad de dar las órdenes necesarias para garantizar la custodia de esta funcionario ejemplar del Ministerio Público.

Pero la fiscal Sánchez debería tener no sólo la protección física, sino, sobretodo, el respaldo más decidido de su institución. Los hechos demuestran, sin embargo, que no puede congtar con el Ministerio Público para ello (muchos de sus pares y algunos de sus superiores del Callao, la critican, y fueron renuentes a suscribir siquiera un tibio comunicado que incluía un reconocimiento de su labor), y menos aún con su más alta instancia. El discutible y controvertido Fiscal de la Nación no ha tenido ni un solo gesto de respaldo hacia ella. Muz al contrario, acaba de ordenar a su fiscal supremo de control interno que investigue la responsabilidad por la filtración de los audios; en buena cuenta; una orden para acosar funcional y penalmente a la fiscal Sánchez.

Cómo podría Chávarry actuar de otro modo, si él mismo tiene sus audios con Hinostroza Pariachi y participó de un evento secreto con periodistas en la casa de Camayo. Cómo podría ser de otro modo, si el fiscal supremo de control interno, Rodríguey Montesa, fue el que intento en un primer momento allanar las oficinas de Gorritiz su equipo de IDL-Reporteros e incautar su material. Si otro fiscal supremo, Tómas Gálvey, está involucrado en la investigación como testigo protegido, tiene sus propios audios con Hinostroza Pariachi y solicitó la intervención del magistrado en un caso pendiente de resolución en la Corte Suprema, además de haber participado de una reunión en la oficina de José Luna Gálvez (con quién se había reunido en otras ocasiones) con los consejeros Iván Noguera y Gutiérrez Pebe y José Luis Cavassa (quien incluso lo ha visitado en su casa y en su oficina).

La investigación dispuesta sobre la filtración de los audios no es un mero gesto disciplinario como sostiene algún cacaseno. Lo que se busca, evidentemente, es en última instancia cuestionar y lograr la invalidación de los audios como prueba procesal para garantizar la impunidad de los involucrados, entre los cuales podrían estar, cómo no, fiscales supremos, jueces supremos, congresistas, empresarios. Pretenden demostrar que se violó la cadena de custodia de las grabaciones resultantes de la intervención telefónica y que, por tanto, estas carecen de validez



Artículo de Ronald Gamarra Herrera publicado en Hildebrandt en sus trece el día viernes 17 de agosto de 2018.

17 ago. 2018

ONU: Carta al Perú de la Relatora Especial sobre el Derecho a la Educación


Mandatos del Relator Especial sobre el Derecho a la Educación y del Grupo de Trabajo sobre la cuestión de la discriminación contra la mujer en la legislación y en la práctica del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (ONU) enviaron una carta al Estado peruano preocupados por la próxima decisión de la Corte Suprema sobre la posibilidad de anular el enfoque de género en el Currículo Nacional para la Educación Básica, hecho que iría en contra del principio de igualdad consagrado en la Constitución y en contra de las obligaciones internacionales asumidas por el Estado peruano.  


Compartimos la carta:

Fuente :ANUDH https://www.ohchr.org

Ministerio Público inicia proceso hacia futura creación de fiscalías especializadas en violencia hacia la mujer


Mediante Resolución Fiscal de la Nación dispuso crear comisión encargada de implementar Subsistema Especializado para la Protección y Sanción de la Violencia contra las Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar.

El Fiscal de la Nación, Pedro Gonzalo Chávarry Vallejos, dispuso la conformación de la comisión encargada de implementar el Subsistema Especializado para la Protección y Sanción de la Violencia contra las Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar, que constituye el primer paso hacia la creación de fiscalías especializadas en investigar dichos delitos en el Ministerio Público tal como fue anunciado en su discurso al asumir el cargo.

La decisión fue adoptada al amparo del Decreto Legislativo 1368, en el que se aprobó la creación del Sistema Nacional Especializado de Justicia para la Protección y Sanción de la Violencia contra las Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar, que estará integrado por el Poder Judicial, el Ministerio Público, la Policía Nacional, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables.

De acuerdo al dispositivo, se prevé contar con un sistema integrado y especializado de justicia en dicha materia y en delitos sexuales en agravio de niños, niñas y adolescentes. Además, en el caso del Ministerio Público se señala que deberá contarse con Fiscalías Especializadas de Justicia para la Protección y Sanción de la Violencia contra las Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar, en materia Penal y de Familia, así como de unidades de investigación forense conformadas por peritos, Cámaras Gesell y laboratorios.



La Comisión encargada de evaluar dichas medidas en el Ministerio Público estará presidida por la fiscal suprema en lo civil, Zoraida Ávalos Rivera. En el área Civil y Familia estará conformada por las fiscales Cecilia Gonzales Fuentes, Elizabeth Matute Llaves y Rocío Rodríguez Brito. Por su parte, en el área penal estará integrada por las fiscales Raquel Cárdenas Manrique y María Quicaño Bautista. Asimismo, por personal médico legal y administrativo.

Cabe indicar que, según datos recientes del Observatorio de Criminalidad del Ministerio Público, en los últimos cinco se presentaron 566 casos de feminicidio, de los cuales más del 62% de las víctimas tuvieron edades entre los 18 y 34 años. En el ámbito del delito de violación sexual, en el mismo periodo hubo más de 63 mil casos, de los cuales más del 83% de víctimas fueron menores de edad.
Fuente Fiscalía de la Nación: https://www.agenciafiscal.pe/index.php?K=60&id=7133