9/19/2017

Odebrecht pagó en Andorra a un exdirectivo de Petróleos del Perú

Atala Herrera, nombrado durante el Gobierno de Alán García, ocultó 900.000 dólares en el Principado.

Odebrecht el gigante brasileño de la construcción que ha protagonizado la mayor trama de sobornos de América, pagó a través de la Banca Privada d’Andorra (BPA) al exvicepresidente de la firma estatal Petróleos del Perú Miguel Atala Herrera, según documentos internos de esta entidad a los que ha tenido acceso EL PAÍS. El exdirectivo acumuló 900.000 dólares (757.512 euros) en una cuenta de este pequeño país pirenaico regido hasta el pasado enero por el secreto bancario.

Atala Herrera fue número dos de esta compañía entre 2008 y 2011. El presidente de Perú era entonces Alan García. La petrolera pública firmó en 2011, cinco meses después de la salida de la empresa del directivo, un acuerdo con la filial de Odebrecht Braskem para estudiar la ejecución de una planta petroquímica de 3.000 millones de dólares (2.510 millones de euros). Este periódico ha intentado sin éxito contactar con Atala Herrera.

La BPA, junto con el Meinl Bank de Antigua y Barbuda, fueron las entidades usadas por Odebrecht para pagar comisiones ilegales a altos funcionarios, presidentes y primeros ministros de una docena de países de Latinoamérica a cambio de adjudicaciones de obra. Las autoridades financieras de EE. UU. precipitaron en marzo de 2015 la intervención de la entidad andorrana. Denunciaron que bandas criminales recurrieron a sus depósitos para blanquear capitales aprovechando la opacidad del Principado.


Petróleos del Perú –la compañía más importante del país- firmó en 2011 un acuerdo con Braskem, filial de Odebrecht, para analizar la construcción de una planta de producción de polietileno (plástico) valorada en 3.000 millones de dólares. La instalación se concibió para abastecer a Perú, Chile, Ecuador y Colombia.

Las actas  internas y secretas del departamento de cumplimiento (compliance) de la BPA revelan que Atala Herrera utilizó la sociedad Ammarin Investment para ocultar sus fondos. Los citados documentos incluyen un estadillo contable. Y precisan que la cuenta se abrió en octubre de 2007, diez meses antes del desembarco de Atala Herrera en la petrolera. “Sociedad presentada por Klienfeld (Odebrecht) como socio estratégico en Perú. La cuenta se abrió el 16/10/2007, recibió un traspaso de Klienfeld y su actividad ha sido escasa. En su día se miraron todas las listas y la información de Internet sin que apareciera ningún dato negativo”.

Los empleados de la BPA prosiguen: “Actualmente, se han vuelto a realizar las búsquedas y encontramos que el primer representante de la cuenta, Faresh Miguel Atala Herrera, aparece procesado por fraude en 2007; el cliente ha presentado varios recursos ante la justicia que han sido denegados.

Los gestores de la institución financiera, andorrana se percatan además de que Atala Herrera es directivo de la petrolera. Y dejan constancia escrita: “Además, actualmente es PEP [Persona Políticamente Expuesta, que es el término que utilizan los bancos para referirse a cargos públicos] (vicepresidente de Petróleos del Perú SA)”, recoge el acta. La BPA exigió a su cliente documentación para acreditar que sus ingresos no procedían de la petrolera pública. “Todavía no hemos recibido [los documentos]”, añade.
 
Cuenta para el árbitro
Odebrecht pagó también 435.000 dólares (363.282 euros) a través de la BPA al abogado peruano Jorge Horacio Cánepa Torre mediante la sociedad Maxcrane Finance Sa Perú.

Cánepa Torre, exárbitro de la Cámara de Comercio de Lima (CCL), emitió 17 laudos favorables a Odebrecht en procesos contra el Estado peruano por varias carreteras. Las decisiones generaron a la constructora beneficios de “millones de dólares”, según el diario Perú 21. EL PAÍS ha intentado sin éxito contactar con este letrado que fue asesor de Presidencia del Gobierno regional de Lima en 2002. Las actas internas de la BPA recogen también un pago de 500.000 dólares (418.235 euros) a Edwin Martin Luyo Barrientos, expresidente del Comité de Licitaciones del Metro de Lima, que fue detenido el pasado enero por recibir supuestamente sobornos de Odebrecht. Los informes incluyen transferencias de 250.000 dólares (209.170 euros) a Jorge Peñaranda Castañeda, de la empresa Alpha Consult; y a Víctor Enrique Muñoz Cuba, que acumuló 4,5 millones de dólares (3,7 millones de euros), a través de la sociedad Hispamar Investments Perú.

El banco andorrano refleja en sus actas el temor de que los ingresos de Odebrecht a estos directivos y abogados respondan a comisiones. “Acordamos informar al gestor de que para poder aceptar a los clientes, tendríamos que verificar que no se trata de comisiones ilícitas (corrupción) y es necesario tener algún documento justificativo de la actividad realizada y el origen de los fondos”, precisa el informe.

Odebrecht admitió ante la justicia de Estados Unidos que abonó 29 millones de dólares (24,2 millones de euros) en sobornos a altos funcionarios y cargos públicos de Perú para adjudicarse obras. Sus prácticas corruptas se extendieron a los Gobiernos de Alejandro Toledo (2001-2006), Alan García (2006-2011) y Ollanta Humala (2011- 2016).

Humala, precisamente, se convirtió el pasado julio en el primer político en ingresar en prisión por su supuesta implicación en el escándalo. Junto a su esposa, Nadine Heredia, el expresidente peruano se enfrenta a la acusación de blanqueo por recibir supuestamente fondos del Gobierno de Venezuela y de Odebrecht para las campañas electorales de 2006 y 2011.

Escribe José María Irujo.

Dulitzky sobre El Frontón: "Se debe retomar la investigación de la suerte de cada persona, no solo el juzgamiento"

La semana pasada se inició el juicio oral contra 35 exmarinos a quienes se acusa de haber cometido ejecuciones extrajudiciales contra los reos del penal San Juan Bautista de la Isla El Frontón, caso conocido como “la matanza de El Frontón”, vía el Instituto de Democracia y Derechos Humanos.
(Foto de la República).

El 19 de junio de 1986, internos sentenciados y acusados de terrorismo se amotinaron y tomaron como rehenes a tres integrantes de la Marina de Guerra del Perú. Luego de un proceso trunco de negociaciones, los agentes del Estado aplicaron “el uso deliberado y excesivo de la fuerza contra los reclusos que una vez rendidos y controlados fueron ejecutados extrajudicialmente por agentes del Estado”, señala en su informe Final la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR).

Para Arial Dulitzky, Presidente – Relator del Grupo de Trabajo de desapariciones forzadas e involuntarias de las Naciones Unidas, el paso del tiempo frente a la investigación de El Frontón demanda mayor esfuerzo por parte del Estado. “La carencia de tener una cifra exacta, demuestra que hasta el día de hoy no ha habido ninguna investigación completa de lo que sucedió en El Frontón; pero al mismo tiempo llama a ser muy cuidadosos en esto, treinta años después, quizás no se va a lograr determinar con precisión el número de víctimas de los hechos de El Frontón, esto significa que hay que continuar la documentación”. Dulitzky considera que hay lecciones que se deben aprender. “Se debe pensar qué tipo de capacitación y qué tipo de entrenamiento tienen las fuerzas de seguridad hoy en Perú para responder a una situación en caso requieran intervenir al interior de un centro de detención”, explica. Aquí tres preguntas claves que Gabriela Quevedo, periodista del Idehpucp le hizo.

1. El inicio del juicio oral sobre el caso El Frontón, 31 años después de ocurridos los hechos, da cuenta de lo difícil que es que el Estado Peruano se someta a procesos de justicia. ¿Cómo procesar esta demora por parte del Estado?
Hay varios puntos, lo primero es el paso del tiempo, 31 años. Por un lado, el paso del tiempo no es excusa para que el Estado deje de investigar. De otro lado, el paso del tiempo produce en general que haya mucha evidencia que se pierde, que se ha destruido o desintegrado, dependiendo del caso. También están los involucrados en el caso, víctimas o familiares de víctimas, perpetradores o testigos, por un lado, sus recuerdos son mucho más débiles y por otro, varios pueden haber muerto con el paso del tiempo. Todo esto crea dificultades adicionales.  Lo que exige al Estado una obligación adicional.

A la debida diligencia que tiene que hacer para investigar graves violaciones a los Derechos Humanos, como las que ocurrieron en El Frontón, se le deben sumar más esfuerzo, no los esfuerzos normales que tendrían que haber hecho en el momento, un par de meses o años después, sino muchos más para compensar todos estos problemas procesales, probatorios que enfrenta un caso.
Al mismo tiempo, [la apertura del proceso] representa una tendencia positiva, como lo marca el que hace algunas semanas se haya emitido una sentencia por el caso Los Cabitos. Demuestra, para quienes miramos el tema de la justicia transicional, que muchas veces los deberes de verdad, justicia, reparación, garantías de no repetición, no se dan de manera concurrente, de manera simultánea, sino que requieren muchas veces el paso del tiempo y diferentes condiciones políticas para que se pueda avanzar y esto lo vemos no solo en Perú, sino también en otros países. No es casualidad que hoy se vean juicios en Argentina, por violaciones [cometidas] en la dictadura en los 70’s y principios de los 80’s; juicios en Chile, por la dictadura de [Augusto] Pinochet, algunos juicios en Guatemala, en El Salvador, todos estos son casos que tienen 2, 3 o 4 décadas.

2. El Informe Final de la CVR reporta que cerca de 200 internos fallecieron producto del enfrentamiento contra las fuerzas del orden. Se hace énfasis en el uso deliberado y excesivo de la fuerza contra los reclusos que una vez rendidos y controlados fueron ejecutados extrajudicialmente por agentes del Estado. ¿Qué lecciones debemos sacar de este episodio?

La primera lección es que el uso desproporcionado de la fuerza es absolutamente injustificable, es ilegal y contrario a todas las normas de Derechos Humanos y que es un ejemplo gravísimo y paradigmático de la ruptura total del estado de derecho que existía en Perú en esos años. La segunda lección es la carencia de tener una cifra exacta, esto por un lado demuestra que hasta el día de hoy no ha habido ninguna investigación completa de lo que sucedió en El Frontón; pero al mismo tiempo llama a ser muy cuidadosos en esto, treinta años después, quizás no se va a lograr determinar con precisión el número de víctimas de los hechos de El Frontón, esto significa que hay que continuar la documentación. Y una lección que uno aprende en base a El Frontón, pero que lo aprende en otros contextos, que también son muy relevantes en Perú, es que no se puede hacer listados de víctimas, cerrar esos listados y otorgar ciertos derechos, por ejemplo derecho a la reparación poniendo una fecha arbitraria para hacer el registro de víctimas. Esto pasó en el caso peruano con las víctimas del conflicto armado, el gobierno anterior había puesto una fecha, creo que era 31 de diciembre de 2015 y quien no estaba registrado en ese momento no podía ser considerada víctima y no podía recibir reparación. Esto mismo sucedió en Chile, que quien no había aparecido registrado en algunas de las comisiones de la verdad no podía ser considerado víctima, cuando luego se pudieron descubrir más casos. Entonces, este es un tema muy importante en cuanto a la falta de certeza del número que obliga a no tener cerrados los marcos particularmente de reconocimiento de derecho a las víctimas.

La tercera lección es la necesidad de continuar las investigaciones, pero no para establecer el número exacto, ese es un objetivo muy importante, pero es para darle la respuesta a los familiares que siguen esperando, que tienen el derecho que los cuerpos de sus familiares, que puedan ser recuperados, sean restituidos para darle la sepultura y el destino final que los familiares decidan. Y esto, la falta de determinación del número, de determinación de quiénes fueron individualmente las víctimas y de no entrega de los cuerpos, muestra que las heridas en casos como este siguen abiertas. Y retomar la investigación no solo el juzgamiento, sino la investigación de la suerte final de cada una de las personas que estuvieron allí, no es reabrir heridas del pasado, sino es avanzar para cerrar las heridas que están presentes en los familiares.

Lo otro es que, obviamente, esto nos tiene que hacer pensar en la situación de las cárceles hoy en Perú y en cualquier otra parte del mundo, y ver las condiciones de detención hoy y utilizar el caso de El Frontón para pensar sobre eso. Se debe pensar qué tipo de capacitación y qué tipo de entrenamiento tienen las fuerzas de seguridad hoy en Perú para responder a una situación en caso requieran intervenir al interior de un centro de detención. Tienen que pensar e identificar qué lecciones aprendieron, cómo se cambiaron las prácticas y formas, y cómo se actúa el día de hoy en relación a estas situaciones [motines y debelamientos].

3. Hace menos de un mes el Ministerio de Justicia creó la Dirección General de Búsqueda de Personas Desaparecidas, oficina implementada bajo el marco de la Ley de búsqueda de personas desaparecidas durante el período de violencia 1980-2000. ¿Cómo debe actuar frente a casos como el descrito en El Frontón?
Lo principal, por un lado, es determinar qué definición y cómo va a interpretar el tema de personas desaparecidas. Por ejemplo, en el caso de Chile tienen una categoría que es “ejecutados sin retorno del cuerpo”, que se hizo como una categoría diferente de desaparición forzada. Que es cuando una persona se sabe ejecutada, pero que nunca se le entregó el cuerpo a los familiares; frente a otros que fueron ejecutados en clandestinidad, pero que nunca se supo el destino final. Este es un aspecto que representa un desafío y ojalá que consideren utilizar una definición amplia de desaparición forzada.
Lo segundo es no empezar de cero, tienen que hacer un relevamiento de toda la información que ya está disponible y en esta puede haber información de la CVR, pero también ver qué otra información puede haber de otro lado, con posterioridad a la CVR, insistir mucho en la recolección y la obligación de producir información por parte de las Fuerzas Armadas, entonces este es otro aspecto.

Si hay cuerpos en la morgue hay que insistir y avanzar en la identificación fehaciente de esos cuerpos. Y es muy importante que como estrategia no suceda lo que ya está sucediendo en Perú, que no existe un banco de datos genético completo, que se hacen exhumaciones en universos abiertos y luego no se pueden identificar porque no se tenían en ciertas épocas en el momento los reactivos para hacer los exámenes de ADN, pero segundo es porque no hay muestras de ADN de los familiares para constrastarlos. Lo que pasa es que se hacen exhumaciones y luego quedan en las morgues sin identificar y lo que se hace es cambiar el lugar donde ha estado enterrada la persona a una caja de cartón, como vimos en el laboratorio genético en Ayacucho. Tiene que haber una estrategia global integral. Que se hagan exhumaciones, pero que primero haya al mismo tiempo capacidad de investigación. Sino, muchas veces es mejor no avanzar en las exhumaciones hasta no se esclarezca y se tenga la capacidad de identificar [los restos].

Lo tercero, como estrategia muy importante para un caso como El Frontón, y por la forma en que se ejerció la represión y se hizo la masacre y todo, es hacer un acompañamiento psicosocial muy cercano con las familias. Porque aún cuando se haga una investigación de búsqueda que tenga las mejores herramientas, las mejores técnicas, protocolos, prácticas, es muy posible que [los restos de] algunas de las víctimas nunca se puedan recuperar o que nunca se vaya a poder identificar, y en esto hay que acompañar a los familiares. Hay que acompañarlos psicológicamente y psicosocialmente para estar preparados en caso se de este desenlace posible, en donde algunos no van a ser posible de identificar. Y hay que hacer un acompañamiento, incluso si da un buen resultado la búsqueda y se logra el retorno, hay que acompañar a los familiares en el tiempo del retorno del cuerpo y la etapa del duelo posterior al retorno.

Finalmente, en cuanto a la búsqueda en sí y a las potenciales exhumaciones, un criterio muy importante es que toda la estrategia de búsqueda se tiene que hacer con participación de los familiares y con información constante a los familiares. Considerando que en el Perú hay también capacidad profesional desarrollada de altísimo nivel de la sociedad civil, por ejemplo el Equipo Peruano de Antropología Forense (EPAF), y de modo que esto tiene que ser una política de estado cooperativa y colaborativa, me parece que esto es un elemento importante a tener en cuenta.

Fuente IDEHPUCP: http://idehpucp.pucp.edu.pe/

Los jueces en el cine» de José Narváez Hernández

No fue el Derecho la disciplina que primero se inte­resó por el cine: ni para efectos didácticos ni por parte de los investigadores, pero una vez que comenzó a hacerlo ya no hubo marcha atrás. Antes que el Derecho, fueron, principalmente, la historia y también la antropología, la sociología, la filosofía o la política, junto a otros saberes, los que utilizaron el cine para ampliar su visión y perspec­tiva. Entre los que se dedicaban a esas disciplinas, siempre hubo escépticos que renegaron del uso del cinematógrafo, como hoy los hay entre los juristas, pero a medida que se iban editando obras de mayor calado y ensayando nuevos experimentos, los prejuicios contra el uso de este medio artístico de masas fueron quedando atrás. Muchos de los que nos dedicamos al Derecho y Cine solo querríamos que, tras la explicación de una temática jurídica, bien oral­mente o por escrito, además de apuntarse la bibliografía al uso, se indicara la filmografía correspondiente: el saber sigue y seguirá siendo fundamentalmente literario, pero el cine aporta un instrumento que, en relación con los cono­cimientos adquiridos, hace surgir las preguntas; fuerza a la reflexión. En el caso del Derecho, esto es así en muchos ámbitos, pero en unos más que en otros: para el Derecho constitucional, el Derecho penal o el procesal; para la fi­losofía y la historia del Derecho, parece que el cine es más útil que para el Derecho registral, el administrativo o el concursal. Pero me desagrada emplear el término “útil”, porque del cine, de este uso particular del cine, se beneficia -creo- todo el estudio del Derecho; lo mismo que ocurre con las otras humanidades jurídicas, enfrentadas a criterios meramente utilitarios y reduccionistas.

9/18/2017

ONU: Guterres organiza una cumbre contra los abusos sexuales y la explotación

La cumbre alto nivel, que se celebra hoy, 18 de septiembre en la sede de la ONU, tiene lugar después de que António Guterres presentara en febrero una "nueva estrategia" para combatir los abusos y la explotación sexual y de que anunciara el nombramiento de la australiana Jane Connor como primera defensora de los derechos de las víctimas. El objetivo de estas iniciativas es poner en práctica una política que Guterres resume como "los derechos y la dignidad de las víctimas primero".

"Es importante que esta reunión tenga lugar, el hecho de que acudan jefes de Estado y de Gobierno y de que la sociedad civil vaya a estar en la sala", explica Jane Holl Lute, Coordinadora Especial para Mejorar la Respuesta de las Naciones Unidas a la Explotación y los Abusos Sexuales, en una entrevista con Noticias ONU. "El Secretario General presentará a los líderes que se han comprometido a unirse a nosotros en esta batalla y también a la nueva defensora de las víctimas".

Según un informe divulgado junto con la nueva estrategia de Guterres, en 2016 se recibieron denuncias de 145 casos de abuso y explotación sexual, 80 de ellos cometidos por personal uniformado y 65 por personal civil. El estudio detalla que de 311 víctimas de esos abusos 309 fueron mujeres o niñas.

Desde la publicación de ese informe, Lute cree que ha habido avances en la recogida de información, el entrenamiento del personal y la gestión de denuncias. "En el terreno, ahora mismo vemos que se están denunciando más casos y creemos que ese es un indicador de que nuestro sistema está empezando a generar confianza para que la gente sepa que si presenta una alegación, se manejará con discreción, con humanidad y que buscamos justicia apropiada y rápida para las víctimas", señala.

Aún así, la coordinadora de la ONU considera que éste es un grave problema que persiste tanto dentro como fuera de Naciones Unidas. "Lo que es muy preocupante es que las mujeres siempre están en peligro. No hay ningún lugar donde una mujer pueda ir y estar absolutamente confiada y segura de que nunca le va a ocurrir. No hay escuela, iglesia, familia, cultura, sociedad, ningún lugar donde las mujeres estén completamente seguras", asegura Lute, que cree que la sensibilidad de la sociedad hacia este problema es cada vez mayor, pero aún no suficiente.

"Creo que es imposible encontrar a alguien en el sistema de la ONU que no conozca este asunto y que no sepa la importancia que el Secretario General le concede. Así que tenemos que traducir ese conocimiento y esa conciencia en acción", concluye.

ONU: Vuelve a crecer el hambre en el mundo, impulsada por los conflictos y el cambio climático

815 millones de personas en el mundo sufren hambre, lo que representa el 11% de la población del planeta y la cifra más alta en la última década.

La ONU reveló su informe anual sobre el estado de la seguridad alimentaria y la nutrición mundial, en el que se resalta que factores como la proliferación de conflictos violentos y el cambio climático intensificaron el hambre durante 2016.

"Es evidente que la tendencia observada en los últimos diez años no sólo es que ha crecido el número de conflictos, sino que además son conflictos que se han tornado más complejos y difíciles de resolver, entonces estamos viendo que la mayoría de las personas que sufren de hambre y desnutrición precisamente viven en países que están experimentando conflictos", declaró Marco Sánchez Cantillo, director adjunto de la División de Economía del Desarrollo Agrícola de la FAO.

El estudio, realizado por la Organización de la Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), el Programa Mundial de Alimentos (PMA), el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA), UNICEF y la Organización Mundial de la Salud (OMS), revela que múltiples formas de malnutrición amenazan la salud de millones de personas a nivel mundial. 

Unos 155 millones de niños menores de cinco años tienen retraso en el crecimiento mientras que 52 millones están por debajo del peso recomendado para una buena salud. Enfermedades como la anemia entre las mujeres y la obesidad adulta son también motivo de preocupación, según el reporte.

El informe es la primera evaluación global de la ONU sobre seguridad alimentaria y nutrición que se publica tras la adopción de la Agenda 2030.

"No se va eliminar el hambre en el año 2030, si no se atienden todos los factores que afectan a la seguridad alimentaria. El reporte enfatiza la necesidad de esfuerzos renovados y de nuevas formas de trabajar, entonces será fundamental que haya un compromiso político, pero eso no será suficiente por sí solo. Los países van a tener que convertir sus promesas en acciones concretas", agregó Sánchez Cantillo.


Fuente Radio ONU: http://www.unmultimedia.org/radio/spanish/2017/09/unos-815-millones-de-personas-en-el-mundo-sufren-hambre-revela-informe-de-la-onu/#.Wb6T_siLTIU