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29 ene 2025

GIVNNA: "Avances y desafíos sobre la violencia contra niñas, niños y adolescentes en el Perú"

El Grupo Impulsor para poner fin a la violencia (GIVNNA) elaboró el informe "Avances y desafíos sobre la violencia contra niñas, niños y adolescentes en el Perú", que fué enviado al Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas, en el mes de julio del año 2024,

El Grupo Impulsor de la Alianza Global para poner fin a la violencia contra los niños, niñas y adolescentes del Perú, está conformado por 21 instituciones de larga trayectoria en la promoción y defensa de los derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes en especial en la prevención de todas las formas de violencia.

21 nov 2024

UNICEF: El futuro de la infancia en un mundo en transformación

UNICEF ha publicado el estado mundial de la infancia 2024. 
Las tendencias demográficas actuales determinarán las futuras características de la población. El carbono expulsado hoy a la atmósfera definirá el clima del mañana. Las tecnologías que hoy desarrollamos y controlamos no solo influirán en la forma de aprender, trabajar y comunicar de las futuras generaciones, sino también en el bienestar de la infancia durante las próximas décadas.

Conforme el primer cuarto del siglo XXI llega a su fin, el Estado Mundial de la Infancia 2024 ha decidido mirar hacia adelante y situarse en el año 2050. Y plantea la siguiente pregunta: ¿cuál es la mejor manera de lograr un futuro donde todos los niños y niñas disfruten de sus derechos? ¿Cómo podemos construir un mundo donde todos puedan sobrevivir, prosperar y desarrollar plenamente su potencial?

El informe examina tres megatendencias o grandes fenómenos mundiales y a largo plazo que tendrán importantes efectos sobre las vidas de los niños y niñas de aquí a 2050: los cambios demográficos, las crisis climáticas y medioambientales y las tecnologías de vanguardia. Si entendemos estas tendencias y lo que implican para la infancia, comprenderemos mejor los retos y las oportunidades que se nos pueden presentar.

14 nov 2024

Colectivo EPU América del Sur sostuvo audiencia regional ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos

El Colectivo EPU América del Sur participó en el 191° periodo de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), donde sostuvimos la audiencia regional "Mecanismos Nacionales de Implementación y Seguimiento de las Recomendaciones".

Por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos participaron el comisionado José Luis Caballero, Tania Reneaum Panszi (Secretaria Ejecutiva de la CIDH), Edgar Stuardo Ralón, Patricia Colchero y Arif Bulkan.

Y por la sociedadi civil participaron en la audiencia regional: Raquel da Cruz Lima, de la organización ARTIGO 19; Helena Rocha de CEJIL; Mónica Baya de la Comunidad y Derechos Humanos de Bolivia; Fernanda Lapa del Instituto de Desarrollo y Derechos Humanos y Colectivo EPU Brasil, Sofía García Carpio del Instituto Promoviendo Desarrollo Social - IPRODES y Colectivo EPU de Perú; y, Lucía Camacho de Derechos Digitales.

El Colectivo EPU América del Sur fue creado en el año 2021, por más de 20 organizaciones de la región, que contribuimos al Examen Periódico Universal, denominado EPU,  ante las Naciones Unidas (ONU).


En el marco de este Colectivo, publicamos un estudio, el año pasado, sobre la situación de los Mecanismos Nacionales para la Implementación, Elaboración de Informes y Seguimiento (NMIRFS por sus siglas en inglés) en la región sur. Los hallazgos de la situación de los mecanismos es crítica, del estudio de 9 países, solo 4 de ellos tenían rango ministerial y solo dos de ellos contaban con una plataforma o herramienta digital.

Los NMIRF ayudan a hacer seguimiento a los derechos humanos en cada país, monitorear su respeto y protección e informar a la CIDH o a la ONU sobre su estado. Sin embargo, en la región, muy pocos mecanismos son independientes; la mayoría no son abiertos a la participación ciudadana.

Solicitamos a la honorable Comisión  recomendar a los Estados fortalecer estos mecanismos, darles autonomía y recursos suficientes para hacer su trabajo. Y por supuesto, a que se fortalezca la participación para que sea significativa, o sea, abierta, diversa y continua.

Solicitamos a la a la CIDH recomendar a los Estados fortalecer estos mecanismos, darles autonomía y recursos suficientes para hacer su trabajo. Y por supuesto, a que se fortalezca la participación para que sea significativa, o sea, abierta, diversa y continua. 


Los Comisionados y secretaría ejecutiva de la #CIDH mostraron su interés y formularon preguntas que activaron reflexiones críticas sobre cómo mejorar su funcionamiento, incluso pensar en la necesidad de una Ley Modelo sobre los NMIRFS, entre otros. 

A futuro, en el marco del Colectivo EPU América del Sur, continuaremos nuestro estudio sobre los NMIRFS en la región, ampliándo la consulta a veinte estados de la región de América Latina. Ahora mismo, se encuentra abierta una convocatoria para que organizaciones de la sociedad civil puedan contrinuir con informaciones sobre sus países.


El video de la audiencia regional ante la CIDH:


 


Pueden leer nuestro informe producido por el Colectivo EPU América del Sur en: https://iddh.org.br/publicacoes/mapeo-y-diagnostico-participacion-social-de-los-mecanismos-nacionales-de-implementacion-monitoreo-seguimiento-y-presentacion-de-informes-de-derechos-humanos/

Y la Carta Política que entregamos a los Estados de la región que reitera la necesidad de fortalecer los NMIRFS: https://iddh.org.br/carta-politica-sobre-a-participacao-social-em-mecanismos-de-implementacao-relatorios-e-acompanhamento/.

Fuente: Derechos Digitales e IPRODES.

3 nov 2024

CIDH: IPRODES participará en Audiencia Regional sobre los mecanismos nacionales de implementación de recomendaciones

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH )llevará a cabo su 191° periodo de sesiones durante la semana del 11 al 15 de noviembre del 2024, en la ciudad de Washington D.C.

El miércoles 13 de noviembre, de 9:00 a 10.30h a.m., se llevará a cabo la audiencia regional: "Mecanismos nacionales de implementación y seguimiento de recomendaciones", solicitada por el Colectivo EPU América del Sur. La audiencia regional se realizará presencialmente en la Sala A, Padilha Vidal (piso TL) de la sede de la CIDH/OEA.

El Colectivo EPU América del Sur está integrado por varias organizaciones de siete países sudamericanos: Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, Ecuador, Perú y Uruguay. En esta ocasión, la solicitud además fue apoyada por las siguientes organizaciones: Acción por los Niños, Asociación Qosqo Maki, Colectivo EPU Perú, Comunidad de Derechos Humanos, Derechos Digitales, Instituto de Desenvolvimento e Direitos Humanos (IDDH), Instituto de Desarrollo Social - IPRODES, Movimiento autónomo 18 de abril, Observatorio de Derechos Sexuales y Reproductivos de las personas con discapacidad, ONG Amaranta, Organización ALEPH.

Por otro lado, el viernes 15, en la Sala A, desde las 9 de la mañana, se llevarán a cabo las siguientes audiencias sobre Perú

- Perú "Impacto de la ley sobre delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra para los casos del Comunidado de Prensa Conjunto".

- Perú "Democracia y los efectos del proceso de selección de la Junta Nacional de Justicia".


Para ver todo el calendario de las audiencias CIDH, ingresar al link: https://www.oas.org/es/cidh/sesiones/calendario.asp?S=191


27 ago 2024

CIDH: Situación de Derechos Humanos en Perú en el contexto de las protestas sociales

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) publicó el informe "Situación de Derechos Humanos en Perú en el contexto de las protestas sociales".

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emite el presente informe sobre la situación de derechos humanos en Perú en virtud del mandato conferido por el artículo 41 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH), que establece como función principal promover la observancia y la defensa de los derechos humanos, estimular la conciencia de los derechos humanos de los pueblos de América, preparar estudios e informes, y formular recomendaciones, cuando lo estime conveniente, a los Estados miembros. Para tales efectos, dio seguimiento al procedimiento establecido en el artículo 60 de su Reglamento.


11 ago 2024

Informe desde las voces de Ninas, Niños y Adolescentes sobre los avances y desafíos en el cumpliento de sus derechos humanos en el Perú

Este informe recoge las voces de 93 niñas, niños y adolescentes (NNA) de 42 organizaciones en 17 regiones del país. Ellos se reunieron para analizar y presentar, desde sus propias perspectivas, un informe sobre los principales avances y desafíos en la situación de los derechos humanos de las NNA en el Perú, para el Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas.

Informe elaborado con el apoyo de: Acción por los Niños,  Aldeas Infantiles SOS Perú, CHS Alternativo, IFEJANT, IPRODES, MANTHOC, Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza, Save the Children, Terre des Hommes Suisse, UNICEF, Voces Ciudadanas y World Vision Perú.


Alternative Report Children to CRC UN July 2024 on Scribd

9 ago 2024

Expertos internacionales: "Exigimos protección para la niñez y juventud venezolana ante la represión política".


COMUNICADO URGENTE

Exigimos protección para la niñez y juventud venezolana ante la represión política: organizaciones, academia y expertos internacionales.

09 de agosto de 2024 – Coaliciones nacionales, organizaciones, académicas y personas expertas internacionales que promovemos y defendemos los derechos de las infancias en América Latina y el Caribe expresamos nuestra más profunda preocupación por el impacto negativo de la crisis política en Venezuela sobre la niñez, adolescencia y la juventud. Las recientes protestas postelectorales han puesto de manifiesto un patrón alarmante de represión y violaciones de derechos humanos que afectan especialmente a las niñas, niños, adolescentes y personas jóvenes, quienes se encuentran en una situación de vulnerabilidad crítica.

Comunicado_ProtecciónNiñezVenezuela on Scribd

4 mar 2024

CIDH y ACNUR: Resolución sobre derecho a la nacionalidad y prevención de apatridia

Washington, D.C. - La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) publica la Resolución sobre derecho ala nacionalidad, prohibición de privación arbitraria de la nacionalidad yapatridia con el fin de orientar a los Estados, organizaciones de la sociedad civil, organismos internacionales y otros actores relevantes en el cumplimiento de las obligaciones internacionales en la materia. Esta publicación se realiza en conjunto con la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR).

A lo largo de siete secciones, la Resolución incorpora los principios generales aplicables de manera transversal; desarrolla el alcance de la protección del derecho a la nacionalidad, las modalidades para su adquisición y pérdida, y las obligaciones respecto de la prohibición de privación arbitraria. Asimismo, describe las obligaciones para prevenir, reducir y erradicar la apatridia, e incorpora disposiciones para la protección de las personas que se encuentran en una situación similar a las personas apátridas.

El documento también presenta las garantías del debido proceso en los procedimientos relacionados con la protección del derecho a la nacionalidad y la prevención, reducción y erradicación de la apatridia. Finalmente, alienta a los Estados a adherirse a los tratados internacionales en la materia. Es de destacar que la presente resolución se complementa con la Resolución No. 04/19 de la CIDH que contiene los Principios Interamericanos sobre los Derechos Humanos de las Personas Migrantes, Refugiadas, Apátridas y las Víctimas de la Trata de Personas.

La Resolución es el resultado del trabajo de los últimos años, de la CIDH en los que ha observado con preocupación desafíos relacionados con la protección del derecho a la nacionalidad. En particular, la adopción de resoluciones judiciales que han afectado el derecho a la nacionalidad de manera retroactiva, así como la ejecución de procedimientos de privación arbitraria de nacionalidad que no aseguran las garantías del debido proceso.

Además de ello ha identificado casos de denegación de retorno de personas a su país de nacionalidad. Además, ha advertido sobre los desafíos en contextos migratorios y de desplazamiento forzado. Las dificultades para acceder a un estatus migratorio regular y a documentos de identificación vigentes que acrediten la nacionalidad aumentan el riesgo de apatridia a lo largo del continente, , principalmente para niños y niñas nacidos en contextos de movilidad humana. Finalmente, la existencia de leyes discriminatorias entre hombres y mujeres en cuanto a la forma de conferir la nacionalidad también es una causa de la apatridia.

Cidh Acnur Res 2 23 Es  on Scribd

Fuente: Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

22 sept 2023

EPU: Consejo de Derechos Humanos de la ONU aprobó el resultado del Examen Periódico Universal de Perú


Informe del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas sobre el resultado del Examen Periódico Universal del Estado peruano, llevado a cabo en julio del 2023, aprobó el 
resultado del examen del Perú, integrado por el informe elaborado al respecto por el Grupo de Trabajo sobre el Examen Periódico Universal, las opiniones del Estado sobre las recomendaciones y/o conclusiones formuladas, sus compromisos voluntarios y las respuestas que presentó, antes de que el pleno aprobara el resultado, a las preguntas o cuestiones que no se habían tratado suficientemente durante el diálogo interactivo en el Grupo de TrabajoResultado del examen periódico universal.

25 ago 2023

UNFPA: Guía para Implementar la Estrategia de Educación Sexual Integral fuera de la escuela o en contextos no formales

El Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) y PROMSEX elaboraron y publicaron la "Guía para Implementar la Estrategia de Educación Sexual Integral fuera de la escuela o en contextos no formales".
 
Es una guía amigable para implementar la estrategia de Educación Sexual Integral (ESI) y que tiene como objetivo describir el paso a paso de cpomo implementar la ESI fuera del marco educativo formal y en diferentes contextos. La propuesta partió de una investigación formativa que incluyó la caracterización de la situación de la salud sexual y reproductiva de adolescentes en seis territorios priorizados (Piura, Arequipa, Cusco, Ucayali, Madre de Dios y Lima), empleando los datos disponibles en fuentes estadísticas y registros administrativos, así como la información recolectada a través de entrevistas en profundidad y grupos focales según fue factible en el contexto de la pandemia de la COVID-19.

La guía presenta conceptos básicos partiendo de definir la Educación Sexual Integral como aquella que busca enseñar y aprender acerca de los aspectos cognitivos, emocionales, físicos y sociales de la sexualidad. Su objetivo es preparar a las niñas, niños y adolescentes con conocimientos, habilidades, actitudes y valores que los empoderen para: realizar su salud, bienestar y dignidad; desarrollar relaciones sociales y sexuales respetuosas; considerar cómo sus elecciones afectan su propio bienestar y el de los demás; y entender cuáles son sus derechos a lo largo de la vida y asegurarse de protegerlos».

Del mismo modo la guía precisa que existen diferentes formas de implementar la ESI siendo una de ellas la educación sexual fuera de los entornos educativos a través de currículos orientados a adultos que interactúan con adolescentes y jóvenes (madres, padres, las y los cuidadores, pares, activistas o defensores de derechos, consejeros, orientadores, profesionales de salud entre otras áreas, etc.). También puede implementarse en lugares de concentración o para adolescentes y jóvenes en situación de especial vulnerabilidad (en situación de calle, privados de libertad, representantes de la diversidad sexual, madres adolescentes, etc.) con currículos que tienen énfasis en temas preventivos específico.

20 jul 2023

GIVNNA: "Mayor y mejor inversión para enfrentar la violencia contra Niñas, Niños y Adolescentes".

El Grupo Impulsor para poner fin a la violencia contra las Niñas, Niños y Adolescentes en el Perú (GIVNNA) presentó su informe "Mayor y mejor inversión para enfrentar la violencia contra Niñas, Niños y Adolescentes".

La violencia contra niñas, niños y adolescentes se recrudeció durante la pandemia por la Covid-19 a nivel mundial: “más de la mitad de niñas, niños y adolescentes en el mundo han sufrido algún tipo de violencia”.

El Perú no fue la excepción, los niveles de violencia perpetrados contra niñas, niños y adolescentes -en todas sus formas: física, psicológica, económica y sexual- se incrementó. El Estado peruano se comprometió internacionalmente a ser un país pionero para eliminar la violencia contra las niñas, niños y adolescentes. Sin embargo, este compromiso no ha ido de la mano de un presupuesto designado para prevenir y atender la violencia contra ellos.

Documento Mayor y Mejor Inversion2023 A4 Versión Final 01.08.23 on Scribd

Fuente GIVNNA.

7 jul 2023

EPU: Estado peruano aceptó 190 recomendaciones ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU

Hoy durante la 53° sesión del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (ONU), el Estado peruano aceptó 190 recomendaciones de 202 recomendaciones recibidas por los estados parte de la ONU durante el Cuarto Ciclo del Examen Periódico Universal (EPU), el 25 de enero de 2023.

El Ministro de Justicia y Derechos Humanos, Daniel Maurate Romero, aceptó en nombre del Estado peruano 190 recomendaciones, 8 las aceptó parcialmente y tomó nota de 4 recomendaciones.

Perú ha aceptado todas las recomendaciones referidas a la investigación de denuncias en contexto de protestas sociales.

Asimismo, señaló que, "se creó la Comisión Multisectorial de naturaleza temporal para hacer seguimiento a las acciones y medidas destinadas a atender a los deudos de las personas fallecidas, así como para las personas que sufrieron lesiones de gravedad a consecuencia de las movilizaciones realizadas a nivel nacional, la misma que a la fecha ha atendido a 111 deudos (de 63 personas fallecidas) y a 155 personas heridas de gravedad (población civil y Fuerzas del Orden), por un monto ascendente a S/. 7´025.000.00 millones de soles".

 
Participación de Josué Gutiérrez, defensor del Pueblo, de la Defensoría del Pueblo, destacó la necesidad de ratificar tratados internacionales en materia de derechos humanos, como el Acuerdo de Escazú. También mencionó tomar en cuenta las recomendaciones para combatir la discriminación y la violencia contra los grupos de especial protección, como las niñas, niños, adolescentes, personas indígenas, personas con discapacidad, personas afrodescendientes, personas migrantes y personas LGBTI. Por último, se comprometió a supervisar, de manera efectiva y real, el cumplimiento de las recomendaciones aceptadas por el Perú.

También tomaron la palabra representantes de los siguientes Estados hicieron uso de la palabra: Brasil, Chile, China, India: agradeció al Estado peruano que haya aceptado 3 recomendaciones realizadas por la India, Maldivas, Marruecos, Nepal, Filipinas, Rusia, Tunez; y representantes de las siguientes agencias de las Naicones Unidas: ONU Mujeres, UNFPA quien se pronunció sobre el caso Camila.

Además, tomaron la palabra representantes de Organizaciones Internacionales (Más Igualdad, IDL, Edmund Rice International, CIVICUS, Human Rights Watch, Aprodeh y FIDH, Amnistía Internacional, International Bar Assosiation).


Y, por último, una representante de la Fiscalía de la Nación, recalcó que se ha creado un equipo especial para la investigación de llos casos ocurridas durante las protestas, con apoyo del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas (ACNUDH).



Finalmente, se acordó aprobar el informe del Estado peruano.

Fuente Consejo de Derechos Humanos de la ONU: 
https://www.ohchr.org/en/hr-bodies/upr/pe-index

12 jun 2023

ONU: Perú violó los derechos de una niña víctima de violación al no garantizarle el acceso al aborto y procesarla penalmente por autoaborto

El Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas 
determinó que Perú ha violado los derechos a la salud y a la vida de una niña indígena y rural víctima de violación al no proporcionarle información ni acceso al aborto legal y seguro.

 
Camila (nombre ficticio) nació en Huanipaca, departamento de Apurímac, una zona rural de la sierra peruana. Cuando se quedó embarazada en 2017, un familiar la llevó a un hospital de Abancay, donde rompió en llanto y anunció al personal de salud que no quería tener un hijo de su padre ni estar embarazada. Esa petición fue reiterada en muchas visitas médicas posteriores mientras su estado de salud mental se fue agravando. Sin embargo, no le informaron de su derecho a solicitar el aborto terapéutico.

El aborto está penalizado en Perú salvo para prevenir un riesgo para la vida o un riesgo grave y permanente para la salud de la madre. Con la ayuda de una ONG, Camila solicitó al hospital de Abancay el acceso al aborto terapéutico conforme a la legislación nacional, y también presentó una solicitud de interrupción voluntaria del embarazo a la fiscal encargada de la investigación penal por violación para que se designara un centro de salud que evaluara su caso. Sin embargo, nunca recibió respuesta del hospital ni de las autoridades judiciales.

Por el contrario, el personal médico insistió en organizar controles prenatales regulares ignorando el estado de Camila. Cuando Camila no acudía a los controles prenatales, el personal médico se personó varias veces a su casa, en ocasiones acompañado de agentes de policía, para presionarla a que continuara con el embarazo, lo que provocó su estigmatización y acoso en su familia y comunidad y la obligó a abandonar la escuela y, más tarde, su pueblo.

Tras tener un aborto espontáneo, Camila fue acusada y condenada por autoaborto sin más pruebas que sus repetidas declaraciones de que no deseaba proseguir con el embarazo.

Camila fue acosada asimismo por la fiscal encargada de su caso de violación. La fiscal ordenó el examen de la escena del crimen con la presencia obligatoria de Camila y su padre y citó repetidamente a Camila a declarar. La fiscal también desvió la investigación de la violación para centrarse en reunir pruebas incriminatorias del presunto delito de autoaborto.

"Estoy consternada por el modo en que las autoridades nacionales han tratado a una niña de 13 años víctima de violación e incesto", declaró Ann Skelton, Presidenta del Comité. “Lejos de ser protegida, dada su extrema vulnerabilidad, fue revictimizada y acosada por las autoridades sanitarias, policiales y judiciales. De hecho, pasó de víctima a delincuente".

Privada de justicia en su país de origen, Camila llevó su caso ante el CDN, alegando que se habían violado sus derechos contenidos en la Convención sobre los Derechos del Niño.

El Comité consideró que la falta de información sobre los servicios de interrupción voluntaria del embarazo y de acceso efectivo a dichos servicios expuso a Camila a un riesgo real, personal y previsible para su vida y su salud. La situación se vio exacerbada por la condición de Camila de víctima de violación por parte de su padre, lo que agravó aún más las consecuencias del embarazo en su salud mental. Por lo tanto, el Comité consideró que Perú violó los derechos a la salud y a la vida de Camila.

El Comité observó que Camila, una niña indígena y campesina víctima de violación, fue revictimizada por las autoridades sanitarias, policiales y judiciales, ya que su solicitud de aborto fue repetidamente ignorada, su hogar y su escuela fueron frecuentemente invadidos y fue procesada por autoaborto. Por lo tanto, el Comité consideró que Camila fue objeto de discriminación por motivos de edad, género, origen étnico y condición social. Consideró además que la falta de acceso de Camila a un aborto seguro constituyó en sí mismo un trato diferenciado basado en su género, que le negó el acceso a un servicio esencial para su salud, castigándola por no cumplir los estereotipos de género sobre su función reproductiva.

El Comité pidió a Perú, entre otras cosas, que despenalizara el aborto en todos los casos de embarazo infantil, que garantizara el acceso de las niñas embarazadas a servicios de aborto seguro y atención postaborto, especialmente en casos de riesgo para la vida y la salud de la madre, violación o incesto, y que modificara la normativa que regula el acceso al aborto terapéutico para prever su aplicación específica a las niñas.

"Saludamos el valor que Camila ha demostrado al defender sus derechos y presentar su caso ante nosotros a pesar de los numerosos obstáculos enfrentados", declaró Skelton.

 

"Esperamos sinceramente que este caso contribuya a desencadenar cambios estructurales en la legislación y las instituciones peruanas para que las niñas puedan acceder a un aborto seguro, dado el alto riesgo que los embarazos suponen para su salud y su vida", añadió.

3 may 2023

CIDH publica Informe sobre situación de derechos humanos en el Perú

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentó informe sobre la situación de los derechos humanos en el Perú, en el contexto de las protestas sociales, a travéz del cual aborda el contexto de la crisis de institucionalidad democrática y social, observada por la CIDH en la visita de trabajo del 11 al 13 de enero de 2023.

El informe se circunscribe a los hechos ocurridos entre el 7 de diciembre de 2022 y el 23 de enero de 2023, sobre los que contiene una relación pormenorizada en orden cronológico. Para su elaboración, se trabajó con entrevistas e información recibida en terreno e información complementaria posterior a la visita, en su mayoría de fuentes oficiales.

En su análisis, la CIDH observó que las protestas que iniciaron el 7 de diciembre de 2022 tienen demandas políticas explícitas y coyunturales. No obstante, en su base existen exigencias de comunidades campesinas y pueblos indígenas que deben ser atendidas por el Estado. Entre ellas se encuentran el acceso a derechos en condiciones de igualdad y sin discriminación, mayor representación política, consulta previa sobre proyectos extractivos y la distribución equitativa de la riqueza que éstos generen.

Uno de los hallazgos es que existe un deterioro generalizado del debate público con una fuerte estigmatización por factores étnicos-raciales y regionales, al igual que una fuerte tensión entre Lima y otras regiones donde predomina la población indígena y campesina. Aunado a ello, las confrontaciones entre los poderes públicos y las sucesivas crisis políticas vividas en el país desde el 2016 han profundizado la polarización social y la desconfianza en las instituciones.

En las protestas que tuvieron lugar desde el 7 de diciembre de 2022, se registraron situaciones de violencia no protegidas por el derecho a la protesta. Sin embargo, la Comisión observa que la respuesta de las fuerzas estatales no fue uniforme en todo el territorio nacional y que se registraron graves episodios de uso excesivo de la fuerza en casos concretos. En efecto, de la información recibida en Lima, Ica, Arequipa y Cusco, se desprende que la respuesta del Estado estuvo caracterizada por el uso desproporcionado, indiscriminado y letal de la fuerza. Esto se confirma por factores como el alto número de personas fallecidas y heridas con lesiones en la parte superior del cuerpo por impactos de armas de fuego, incluyendo perdigones; así como por la ubicación de un número importante de víctimas que ni siquiera estaban participando de la protesta o se encontraban en las inmediaciones de los focos de conflictividad.

En el caso de Ayacucho, se registraron graves violaciones de derechos humanos que deben ser investigadas con debida diligencia y con un enfoque étnico-racial. Al ser perpetradas por agentes del Estado, la Comisión concluye en su informe que las muertes ocurridas podrían constituir ejecuciones extrajudiciales. Además, al tratarse de múltiples privaciones del derecho a la vida, dadas las circunstancias de modo, tiempo y lugar, podrían calificarse como una masacre.

En el caso de Juliaca, la CIDH concluye que se habrían presentado situaciones de uso excesivo e indiscriminado de la fuerza por parte de agentes del Estado, que habrían resultado en graves violaciones de derechos humanos en contra, tanto de participantes en las protestas, como de terceras personas. Todo esto en el marco de una compleja situación violenta, que inició con enfrentamientos dentro del perímetro del aeropuerto, en donde las fuerzas de seguridad fueron atacadas con piedras, palos y fuegos pirotécnicos, como avellanas.

En sus conclusiones, la Comisión señala, además, que la superación de la crisis en el Perú requiere de un diálogo amplio, genuino e inclusivo, con enfoque intercultural y territorial, donde todos los sectores de la sociedad sean representados. Igualmente, formula recomendaciones en materia de diálogo y superación de la crisis; seguridad ciudadana; reparación y atención a víctimas de violaciones de derechos humanos; lucha contra la impunidad; institucionalidad democrática; y libertad de expresión, reunión y asociación.


La CIDH agradece al Estado por su apertura al escrutinio internacional; en particular, por toda la información aportada antes, durante y con posterioridad a la visita; a las organizaciones de la sociedad civil y otros actores sociales; y a las víctimas y familiares.

27 abr 2023

HRW: Perú, Abusos brutales cometidos por las fuerzas de seguridad

Deterioro letal. Abusos por las fuerzas de seguridad y crisis democrática en el Perú, informe de Human Rights Watch.

El ejército y la policía del Perú llevaron a cabo lo que podrían constituir ejecuciones extrajudiciales o arbitrarias, así como otros abusos brutales contra manifestantes y transeúntes durante las protestas de los últimos meses.

- Aparentes intentos del gobierno para minimizar los abusos, junto con la aparente pasividad ante pruebas sólidas de abusos, generan interrogantes sobre una posible negligencia o incluso complicidad.


El gobierno debería invitar a una comisión de expertos internacionales independientes para que respalden las investigaciones penales. La comunidad internacional debe apoyar un diálogo nacional amplio sobre las preocupaciones legítimas de los peruanos.

El ejército y la policía del Perú son responsables de muertes que podrían constituir ejecuciones extrajudiciales o arbitrarias, así como de otros abusos brutales contra manifestantes y transeúntes durante protestas entre diciembre de 2022 y febrero de 2023, señaló Human Rights Watch en un informe publicado hoy. Los abusos se produjeron en un contexto de deterioro de las instituciones democráticas, corrupción, impunidad por abusos cometidos en el pasado y desigualdad persistente.

El informe de 117 páginas, “Deterioro letal. Abusos por las fuerzas de seguridad y crisis democrática en el Perú”, documenta el uso excesivo de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad, violaciones del debido proceso, abusos contra detenidos y deficiencias en las investigaciones penales, así como una arraigada crisis política y social que erosiona el Estado de derecho y los derechos humanos en el Perú. Aunque algunos manifestantes fueron responsables de actos de violencia, las fuerzas de seguridad respondieron con una fuerza desproporcionada, incluyendo con fusiles de asalto y armas cortas. Cuarenta y nueve manifestantes y transeúntes, entre ellos ocho niños menores de 18 años, murieron durante las protestas.

30 mar 2023

Perú: Tribunal Constitucional ordena al Ministerio de Salud la entrega gratuita del ANTICONCEPTIVO ORAL DE EMERGENCIA a nivel nacional

El Tribunal Constitucional (TC) ordena al Ministerio de Salud (Minsa) a que cumpla con entregar gratuitamente el anticonceptivo oral de emergencia (AOE) – levonorgestrel, conocida como la píldora del día siguiente, en cualquier centro de salud del Estado a nivel nacional, previa entrega de información adecuada, precisando que debe ser usada en situaciones excepcionales, por cuanto no puede sustituir a los anticonceptivos ordinarios.

Así lo estableció en la sentencia recaída en el expediente N° 00238-2021-PA/TC, que declaró fundada la demanda interpuesta por Violeta Cristina Gómez Hinostroza contra el MINSA, por haberse vulnerado los derechos reproductivos, así como a recibir información y a la igualdad y no discriminación.

Asimismo, el TC dispone que el MINSA, desarrolle como política pública de planificación familiar, la distribución nacional gratuita del anticonceptivo oral de emergencia (AOE).

El Colegiado ha considerado que, al haberse determinado que la AOE no es abortiva (OMS, OPS, FDA y Minsa), no existe base objetiva y razonable para impedir que el Estado, en cumplimiento de su obligación de asegurar el acceso a los medios de planificación familiar, distribuya gratuitamente la referida píldora a aquellas personas que, por su condición económica, no puedan comprarla.

TC Peru 00238-2021-AA AOE 2023 on Scribd

Fuente Tribunal Constitucional.

25 ene 2023

#UPR42 Presentación del Estado peruano sobre la situación de los Derechos Humanos ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU

El Examen Periódico Universal - EPU es un mecanismo del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, cada 4 años y medio los estados evalúan la situación de los derechos humanos de los 193 Estados miembros de la ONU.

El día de hoy se llevó a cabo el Examen Periódico Universal - EPU del Estado peruano sobre la situación de los derechos humanos en el país ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en Ginebra, Suiza.

El Estado peruano realizó su presentación mediante video grabado de  José Andrés Tello Alfaro - Ministro del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos - MINJUS, luego continuaron las presentaciones de Silvia Loli - Viceministra de la Mujer del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables - MIMP y, Luigino Pilotto Carreño - Vice ministro de derechos humanos y acceso a la justicia del MINJUS.

Sesenta y dos (62) Estados realizaron recomendaciones al Estado peruano, la mayoría preocupados por la situación de crisis política que está atravezando el país así como el uso excesivo de la fuerza durante las protestas. 
Recomendaciones al Estado peruano:

Noruega solicita que se detenga la violencia en el Perú y que haya un diálogo inclusivo con la participación de la sociedad civil. Recomendamos a Perú que: i) Proteja a los defensores medio ambientales y de derechos humanos e indígenas y apruebe el Acuerdo de Escazú; ii) Tome medidas para proteger a pueblos indígenas aislados; iii) Adopte políticas presupuestarias y de reglamentación para prevenir y combatir la violencia sexual y de género y reparación a las  víctimas; iv) Despenalice el aborto, elabore y aplique un protocolo de salud amplio para salvaguardar la salud sexual y reproductiva, haciendo hincapie en los adolescentes y las adolescentes menores de 15 años de embarazos no deseados; v) Revoque la Ley N° 31498 y garantice la aplicación de una Educación Sexual en todo el territorio que abarque el género, la interculturalidad y los derechos humanos.

Pakistán recomienda al Estado peruano que: i) Sigan reforzando las medidas adoptadas según la política nacional de educación rural 2018, para garantizar educación para todos; ii) Seguir asignando más fondos en el Plan de Sanidad Nacional 2022-2026 para que haya una mayor accesibilidad de servicios de salud y, iii) Refuerce la Política Nacional de trata de personas y otras formas de explotación.

Panamá recomienda al Estado peruano que: i) implementar el compromiso asumido en la CIPD25 asumido de reducir significativamente los embarazos entre adolescentes mediante la ampliación del acces acceso equitativo a servicios, información y educación de salud sexual y reproductiva de calidad, accequible que responda a las consideraciones de género y adaptado a los adolescentes, incluyendo la implementación de una educación integral en sexualidad de acuerdo a los estándares internacionales.


Paraguay ve con preocupación la coyuntura peruana, lamenta profundamente la pérdida de vidas humanas y exhorta al diálogo constuctivo y respetuoso entre todos los actores y fuerzas políticas para preservar la democracia y las instituciones que permitan la plena vigencia del Estado de derecho.
Recomendó al Estado peruano: i) Respetar la autonomía e independencia de las instituciones, así como la prevalencia de su espacios de competencias para garantizar la plena vigencia del Estado de derecho; ii) Adoptar medidas urgentes para ser posible la vigencia de los Derechos Humanos y de las libertades fundamentales en contexto de protesta, incluyendo el derecho a la manifestación pacífica y el respeto a los estándares aplicables al uso de la fuerza; iii) Fortalecer las capacidades de prevención e intervención en el combate a la violencia contra las mujeres y continuar con las políticas desplegadas en ése ámbito; y, iv) establecer un mecanismo nacional permanente de intervención y seguimiento de las recomendaciones en materia de derechos humanos.

Portugal, recomendó al Perú que refuerce la capacidad de su sistema de salud para que llegue a todos, incluidos los servicios de salud sexual y reproductiva, y refuerce el conocimiento de los derechos humanos entre el personal para que se luche contra el estigma en el servicio sanitario. 

Qatar, recomendó al Perú que tome más medidas para garantizar a todos los servicios de salud con independencia de su clase social.

Rusia, preocupados por las decenas de muertos en el Perú.

Estados Unidos recomienda al Estado peruano que responda rápidamente al Comité sobre los Derechos del Niño de la ONU, que el 16 de diciembre solicitó que investigaran la violencia contra los niños y niñas y que garantizaran el respeto hacia los derechos de los mismos en las protestas recientes.

Uruguay recomendó: i) Protección de niños en situación de calle; ii) Medidas administrativas y judiciales para la protección de niñas y mujeres; iii) Medidas para el acceso a la salud y educación de personas en movilidad humana.

Argelia recomendó garantizar acceso a la prevención, tratamiento, atención médica y servicios de apoyo para el VIH Sida.

Vietnam, Qatar y Mauricio recomendaron brindar educación inclusiva y accesible para todos, incluidas las minorías, las personas con discapacidad y los niños indígenas.

Vietnam, Iraq e Italia recomendaron tomar medidas para combatir la trata de personas y brindar apoyo a las víctimas de la trata de personas

Irán recomendó mejorar las condiciones carcelarias, especialmente para las mujeres detenidas. 

India recomendó que se tomen medidas legislativas para alcanzar la igualdad de género; acceso a derechos sexuales y reproductivos y, acceso a la educación de calidad para todos los niños.

Georgia recomendó presupuesto suficiente para la Defensoría del Pueblo de Perú y reducir la violencia contra la mujer.

Dinamarca recomienda al Estado peruano que limite el uso excesivo de la fuerza.

España, Siria y Costa Rica recomendaron tomar medidas adicionales para proporcionar agua potable y saneamiento más segurs, en particular para las comunidades indígenas.

Estados Unidos, Bélgica, Costa Rica y Croacia recomendaron garantizar un entorno seguro y protegido para periodistas, activistas y defensores de derechos humanos, e investigar la violencia cometida contra ellos.

Venezuela, Australia, Canadá y Chile recomendaron al Perú crear campañas para erradicar ñla discriminación contra la comunidad LGTBIQ, y permitir el derecho a los cambios de género.

Serbia y Bangladesh recomendaron a Perú tomar medidas adicionales para reducir la porbreza y la falta de vivienda.

Venezuela, Bélgica, Brasil y Canadá recomendaron al Perú a tomar medidas urgentes para luchar con el uso desproporcionado y excesivo de la fuerza durante las protestas y llamar a protestas pacíficas.

Noruega y Canadá recomendaron al Perú brindar educación sexual integral.

Noruega, Reino Unido, Eslovenia, Uruguay y Argentina recomendaron al Estado peruano que tome medidas para proteger a mujeres y niñas contra la violencia y el abuso sexual.

Noruega y Filipinas recomendaron al Estado peruano que tome medidas para integrar a los pueblos indígenas aislados, incluidos los niños indígenas en el sistema educativo, y protegerlos contra la discriminación y la violencia.

Luxemburgo recomendó: Garantizar que el Sistema de la ONU de Deerechos Humanos apoye la reforma de justicia del país; Garantizar los derechos de las personas LGBTIQ+ y, Fortalecer la capacidad para el cumplimiento de los derechos humanos empresariales.

  



Fuente UPR INFO y el Instituto Promoviendo Desarrollo Social - IPRODES.