La Corte Suprema del Poder Judicial emitió sentencia condenatoria en el caso de la masacre de Accomarca, sucedida el 14 de agosto de 1985, en Accomarca, Ayacucho, donde una patrulla del Ejército peruano asesinó a 69 campesinos, entre ellos 27 niños y niñas.
En dicha resolución, ratificó a Wilfredo Mori Orzo, Comandante General de la Segunda División de Infantería del Ejército (en 1985) como autor mediato del delito de asesinato. Comentan Ronald Gamarra y Carlos Rivera a través de su cuenta en Twitter:
#Accomarca Sentencia de Corte Suprema en caso de matanza de Accomarca es un precedente para justicia peruana en materia de crímenes contra los DDHH ya que es la primera que impone condena a un Comandante General de División de Infantería como autor mediato del crimen.
Caso Accomarca.
Lo ratificó la Corte Suprema de Justicia. Wilfredo Mori Orzo, cmdte Gral de la Segunda División de Infantería del Ejército (1985), autor mediato del delito de asesinato pic.twitter.com/HbafCBVAx6
Aquí el video y líneas abajo la historia de los "Vuelos de la muerte":
Navegación nocturna.
Por Diego Martinez
Los tripulantes del Skyvan de Prefectura, Enrique José De Saint Georges,
Mario Daniel Arru y Alejandro Domingo D’Agostino, fueron identificados
en el vuelo que arrojó al mar a Azucena Villaflor y a la monja francesa
Léonie Duquet.
El 14 de diciembre 1977, entre las siete y las ocho de la tarde, un secuestrado de la ESMA
fotografió a Alice Domon y Léonie Duquet con un cartel de Montoneros de
fondo y un ejemplar de La Nación en primer plano. La imagen de las
monjas francesas, ideada por el capitán Jorge Acosta para desviar las
miradas que se posaban sobre la Armada, es la última prueba de vida del
grupo de Madres de Plaza de Mayo y familiares de desaparecidos
secuestrados en la iglesia de la Santa Cruz. A las 21.30 de aquel
miércoles, día habitual de “traslados” en la ESMA, el Skyvan PA-51 de
Prefectura Naval Argentina despegó desde el aeroparque Jorge Newbery.
Según la planilla del vuelo, no transportó pasajeros, voló tres horas y
diez minutos, y, sin escalas, regresó al punto de partida. Seis días
después aparecieron en playas de San Bernardo y Santa Teresita los
restos de Duquet, que en 2005 identificó el Equipo Argentino de
Antropología Forense. El uso de los Skyvan está denunciado desde 1983 y
es el avión del que estuvo a punto de caer Adolfo Scilingo mientras
arrojaba prisioneros al mar. A partir de documentos obtenidos por el
fiscal federal Miguel Osorio y del trabajo de la Unidad Fiscal de
coordinación y seguimiento de causas de lesa humanidad de la Procuración
General de la Nación, que permitió por primera vez identificar un vuelo
de la muerte concreto, el fiscal Eduardo Taiano pidió ayer la detención
e indagatoria de los tripulantes del Skyvan: Enrique José De Saint
Georges, Mario Daniel Arru y Alejandro Domingo D’Agostino. La decisión
sobre sus futuros depende del juez federal Sergio Torres, que a más de
tres lustros de la confesión de Scilingo todavía no indagó al abogado
Gonzalo Torres de Tolosa, el superior que le acercaba a las personas
drogadas para arrojar al vacío. Ayer al mediodía, a pedido de Página/12 y
con el fin de evitar una nueva fuga en la causa ESMA, la fiscalía
informó al juzgado de Torres que Arru debía volar a las nueve de la
noche rumbo a Madrid como comandante de un Boeing 747 de Aerolíneas
Argentinas.
Ventiocho años no es nada
El primer testimonio sobre los Skyvan lo aportó en marzo de 1983 el
inspector Rodolfo Peregrino Fernández, ex ayudante del general
Harguindeguy. “Escuché al teniente de navío Norberto Ulises Pereiro
afirmar que se utilizaban aviones de la Prefectura Nacional Naval para
el transporte y lanzamiento en altamar de prisioneros políticos
secuestrados –dijo–. Estos aviones, de fabricación irlandesa, de buena
capacidad de carga, y con una rampa en la parte trasera, cuya marca no
recuerdo, resultan apropiados para la misión encargada”, precisó. El
marino le contó “que un prisionero había arrastrado en su caída al vacío
al suboficial encargado de su eliminación”. El contraalmirante retirado
Pereiro era piloto de los L-188 Electra, el otro avión que la Armada
usó para desaparecer enemigos. Fue agregado naval en Washington durante
el menemismo y es el actual vicepresidente de la Sociedad Militar Seguro
de Vida.
La segunda denuncia, sobre la que el Poder Judicial tomó nota la semana pasada, está en la
Conadep desde enero de 1984. Es una carta firmada por la “oficialidad
joven y no corrupta de la Prefectura Naval” sobre camaradas que
“actuaron en la represión antisubversiva dentro y fuera de la ESMA”, que
recibió el ministro del Interior de Alfonsín, Antonio Tróccoli. La nota
ratificó el dato sobre los Skyvan y señaló a un responsable directo:
“Hilario Ramón Fariña. Prefecto general –aviador–- era quien se
encargaba de tirar desde los aviones Skyvan al mar a la gente
secuestrada y torturada en la ESMA”, precisa el escrito. Fariña tiene
hoy 82 años, 35 impune. Entrevistado por Página/12, negó los vuelos y
luego relativizó: “De todo lo que se dice habrá un cincuenta por ciento
de verdad y otro cincuenta de fantasía”.
"La tripulación normal" Scilingo confesó en 1990, en una carta al dictador Videla, su participación en
dos vuelos, ambos desde Aeroparque. “El primero, con trece subversivos, a
bordo de un Skyvan de la Prefectura”, apuntó. Cinco años después relató
la historia. “El sistema para eliminar a los elementos subversivos era
orgánico. Mover aviones no los mueve una banda, sino una fuerza armada”,
explicó. En un pizarrón del casino de oficiales de la ESMA leyó los
nombres de los verdugos. Vio cuando adormecieron a los secuestrados,
cuando los cargaron al camión y luego al avión. Subió con su jefe, el
“teniente Vaca”, a quien luego identificó como Torres de Tolosa.
“Estábamos tan convencidos que nadie cuestionaba, no había opción. La
mayoría hizo un vuelo, era para rotar gente, una especie de comunión”,
aclaró, y categorizó victimarios: oficiales superiores, suboficiales,
médicos que daban la última inyección en vuelo e “invitados especiales”
que daban “apoyo moral”.
"Al salir de Aeroparque se daba un plan
de vuelo: la base aeronaval de Punta Indio. Al llegar a Punta Indio se
enfilaba mar afuera”, relató. “Se los desvestía desmayados y, cuando el
comandante daba la orden en función de dónde estaba el avión, se abría
la portezuela y se los arrojaba desnudos, uno por uno”, dijo. “En el
Skyvan, por la portezuela de atrás, que se abre de arriba hacia abajo.
Es un gran portón pero sin posiciones intermedias. Está cerrada o está
abierta, por lo cual se mantiene en posición de abierta. El suboficial
pisaba la puerta, una especie de puerta basculante, para que quedaran 40
centímetros de hueco hacia el vacío. Después empezamos a bajar a los
subversivos por ahí. Yo, que estaba bastante nervioso, casi me caigo y
me voy por el vacío”, contó.
–¿Qué personal naval iba en cada vuelo?
–En la cabina iba la tripulación normal del avión.
–¿Y con los prisioneros?
–Dos
oficiales, un suboficial, un cabo y el médico. En mi primer vuelo, el
cabo de Prefectura desconocía totalmente cuál era la misión. Cuando se
da cuenta entra en una crisis de nervios. Se puso a llorar. No entendía
nada, se le trabucaban las palabras. Eso me puso nervioso. Le empecé a
explicar y le dije que hable con los pilotos. Yo no sabía cómo tratar a
un hombre de Prefectura en una situación tan crítica. Al final lo mandan
a cabina. El Skyvan es una gran caja, con la cabina separada.
El Estado bobo
El juez Sergio Torres está a cargo de la causa ESMA desde 2003, cuando la
confesión de Scilingo se conocía en todo el mundo. La investigación
sobre los vuelos, sin embargo, nunca se activó. En 2005, el juez Julián
Ercolini declinó su competencia para investigar la confesión del capitán
Emir Sisul Hess, quien relató que los secuestrados caían “como
hormiguitas”, y se la envió a Torres, que recién acusó recibo cuatro
años después, cuando Página/12 publicó la historia. Su procesamiento fue
confirmado, pero el juez no avanzó contra sus superiores. En el caso
del teniente Julio Poch, el impulso de la investigación no fue de jueces
argentinos, sino del Reino de los Países Bajos. Sus superiores siguen
impunes, igual que el suboficial Rubén Ricardo Ormello, autor de la
tercera confesión judicializada, que Página/12 informó en 2009. Torres
tampoco indagó a los aviadores y técnicos aeronáuticos condecorados por
Massera por su actuación en “operaciones de combate” (sic) como miembros
del Grupo de Tareas 3.3, capitanes Hugo Roberto Ortiz, Guido Paolini y
Rodolfo Alberto Bogado. Hasta el imputado Carlos Capdevila renegó por la
indiferencia de Su Señoría ante los datos precisos sobre represores que
aportó el médico de la ESMA. “Mi colaboración no ha sido tenida en
cuenta”, lamentó.
El disparador de la investigación sobre los
Skyvan fue un informe de la periodista Miriam Lewin, sobreviviente de la
ESMA, quien filmó en Estados Unidos uno de los cinco aviones que
Prefectura usó durante la dictadura. Lewin volvió al país con una copia
del “Historial técnico de vuelos”, que acompaña al aparato hasta el fin
de sus días e incluye información valiosa, como apellido del comandante,
fecha, procedencia, destino y duración de cada vuelo. A fines de 2009
los datos ya estaban en el juzgado de Torres, abocado desde hace quince
meses a conseguir una copia certificada de los documentos. No menos
frustrante fue la respuesta del entonces ministro de Seguridad, Justicia
y Derechos Humanos, Julio César Alak, al pedido de Página/12 de tomar
vista de los legajos de los pilotos: lo rechazó sin explicitar motivos,
contrariando la política oficial de promover las investigaciones sobre
el terrorismo de Estado.
Tras la emisión del informe en Canal 13,
el fiscal federal Miguel Osorio, que investiga traslados de
secuestrados en el marco de la causa Plan Cóndor, le tomó testimonio a
la periodista, analizó las irregularidades que surgían de los registros y
solicitó a Prefectura la documentación sobre los Skyvan. A diferencia
de la Armada, reticente a entregar las planillas de los Electra pese a
las intimaciones de Osorio, Prefectura aportó 2758 planillas de vuelos
registrados entre 1976 y 1978, que además de la información del libro
del avión incluyen datos imprescindibles, como horarios, tripulación y
finalidad.
Del estudio y la búsqueda de un correlato documental
de los vuelos de la muerte se ocupó la Unidad Fiscal de coordinación de
causas de lesa humanidad de la Procuración. Los registros se volcaron en
un cuadro para visualizar regularidades y excepciones. En base al
relato de Scilingo y a la velocidad de los Skyvan, se seleccionaron
vuelos de más de dos horas y media. Descartados aquellos con destinos
que la justifiquen, surgió que el despegue y aterrizaje de los restantes
siempre tuvo lugar entre Aeroparque y la base aeronaval de Punta Indio.
El dato es sugestivo: los dos vuelos que confesó Scilingo partieron de
Aeroparque. En su libro Por siempre nunca más, agregó que “todos los
‘traslados’ tenían como plan de vuelo Punta Indio pero sin aterrizar”.
La duración es aún más llamativa: los 40 o 50 minutos que tardaba un
Skyvan para unir ambos puntos se extienden según los registros hasta
cuatro horas y media, al límite de la autonomía del avión. Por último se
considera la nocturnidad y la finalidad apuntada.
Los vuelos que
sortean todos los filtros y en los que se menciona a Aeroparque como
punto de partida y llegada son once en tres años. En ninguno se
registraron pasajeros. Diez tienen por finalidad la “instrucción”. Sólo
uno, el del 14 de diciembre de 1977, tiene un objetivo diferente:
“navegación nocturna”. Según la planilla de vuelo, el PA-51 voló tres
horas y diez minutos, sin pasajeros, al mando de De Saint Georges, Arru y
D’Agostino. Los primeros se fueron de Prefectura al año siguiente y
vuelan tres veces por mes a Madrid como comandantes de vuelos de
Aerolíneas Argentinas. D’Agostino, retirado en servicio, es jefe de la
división Veteranos de Guerra de Prefectura. Diecisiete días después del
vuelo con el grupo de la Santa Cruz un superior elogió el “dominio de
sus reacciones emotivas” y aseguró que “aun en situaciones críticas se
mantiene sereno”.
La Corte Suprema de Chile amplió la extradición del expresidente Alberto Fujimori por delitos de lesa humanidad y asociación ilícita, pero la desestimó por el delito de peculado; según informó el Poder Judicial de ése país.
En fallo unánime, la Segunda Sala del máximo tribunal, integrada por los ministros Milton Juica, Carlos Künsemüller, Haroldo Brito, Lamberto Cisternas y Jorge Dahma confirmaron la decisión del ministro instructor Ricardo Blanco respecto de dos delitos y la revocaron respecto del tercero.
El máximo tribunal comparte el criterio del ministro de primera instancias respecto de los delitos de homicidio y asociación ilícita por tratarse delitos de lesa humanidad por los tanto imprescriptibles desde el punto de vista de la persecución penal.
En diálogo con Canal N, el exprocurador anticorrupción Ronald Gamarra recordó que en febrero de este año un instructor de la Corte Suprema de Chile concedió la extradición por dos casos: uno vinculado al tema Pativilca y otro al caso Miyagusuku.
Sobre la reciente medida dispuesta por la justicia chilena, Gamarra destacó que esta decisión señala expresamente que comparte lo afirmado por el sentenciador de primera instancia referido al carácter de lesa humanidad de los delitos de homicidio calificado y asociación ilícita para delinquir por los cuales se requiere la ampliación de la extradición de Fujimori.
"Es decir, como en su momento lo hizo la corte que presidió San Martín, la Corte Suprema de Chile entiende que los delitos que se le imputan a Fujimori son los delitos de homicidio calificado, pero que estos para el derecho internacional tienen la condición de crímenes de lesa humanidad", señaló.
"Señor Presidente y señores Jueces Supremos de la Primera Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema de Justicia. En representación de las vícti mas y de los familiares de las vícti mas de Barrios Altos y La Cantuta, que durante 17 años han tenido el admirable coraje y la perseverancia para convertir el más profundo dolor en una lección de entereza y dignidad, en un reclamo vigoroso e indeclinable de justicia, presento el siguiente alegato", Ronald Gamarra, 23 de noviembre de 2009.
Sobre la calificación de los hechos Barrios Altos y La Cantuta como crímenes de lesa humanidad, ver las páginas 8 a 24 del documento adjunto.
Durante su visita oficial a Argentina, el Presidente Barak Obama anunció que el gobierno de los Estados Unidos desclasificaría documentos relevantes del Poder Ejecutivo, incluyendo los de las fuerzas del orden y los organismos de defensa, relacionados a las violaciones de los derechos humanos cometidos durante la dictadura argentina de 1976 - 1983. "Creo que tenemos la responsabilidad de confrontar el pasado con honestidad y transparencia", dijo el presidente Obama en la conmemoración, donde recorrió un memorial con la lista de las victimas, y echo rosas blancas en honor a las víctimas, en Río de la Plata.
El gobierno de los Estados Unidos ha posteado 1,078 páginas de nuevos documentos desclasificados El Secretario de Estado, John Kerry presentó los documentos al Presidente argentino Mauricio Macri el 4 de agosto en la ciudad de Buenos Aires.
Lo que los documentos desclasificados dicen sobre Perú: 1. Sobre el secuestro y desaparición de 03 argentinos en la ciudad de Lima. Amnistía Internacional y otras organizaciones de derechos humanos acusaron a fuerzas de seguridad argentinas de la captura de los argentinos en Perú. El gobierno argentino declaró que los 03 argentinos eran miembros de los montoneros, pero ha negado cualquier tipo de participación en su desaparición.
2. Derechos humanos. Guatemala y El Salvador han seguido el camino trazado por Brasil, Argentina, Uruguay, Chile en la renuncia a asistencia militar extranjera, de Estados Unidos, debido a la forma en que la ayuda estaba vinculada a los derechos humanos. El primer ministro de Perú también dijo que un país (es decir, Estados Unidos) en política de derechos humanos no debe interferir en los asuntos internos de otro país.
3. Asamblea General de la OEA: Gracias al viaje del Sr. Carter, Ecuador y Perú se han alineado a los países tradicionales partidarios de los derechos humanos como Costa Rica y Venezuela. Han formado un grupo que defiende una resolución que elogia a la CIDH, y la recomendación de que la OEA asigne más recursos a la Comisión.
4. Inteligencia significativa (1978): Aunque los detalles no están claros, el gobierno peruano, en aparente respuesta a la huelga general, ha exiliado a un número de personas. Se trata de un lamentable, pero comprensible, retroceso en derechos luego de sus admirable progreso en el tema.
5. Memorando para el Presidente de los Estados Unidos sobre sus relaciones bilaterales con los líderes de América Latina - Perú: Remarcar su interés sobre el corredor con Bolivia, el tema de la amazonía y el Ecuador, la limitación de la compra de armas, y su esperanza en el éxito de la integración andina. Morales necesita escuchar los tres primeros, y estará encantado de escuchar una cuarta, propuesta, más. Reiterar el interés de los Estados Unidos en las dificultades económicas del Perú, y mencionar la esperanza de ayudarlo en la obtención de asistencia alimentaria. Esto último está bajo revisión, pero esperamos ser capaces de dar $5 a $10 millones de asistencia alimentaria.
6. Sobre Ecuador: Le preocupa los gestos provocativos de Perú hacia Ecuador. Cree que los militares peruanos están haciendo ésos gestos por razones políticas internas ó talvez porque tienen ntenciones beligerantes.
7. Asamblea General de la OEA - Junio 1977: El Secretario Vance remarca que la AG de la OEA define los términos de la conferencia en su énfasis en los derechos humanos y la reforma organizativa de la OEA. Costa Rica, Perú, Ecuador, Venezuela y México están apoyando las iniciativas mencionadas. Mientras que Argentina, Brasil y Chile predeciblemente se opusieron a ellas.
8. Desde que comenzó la administración Carter, los gobiernos militares de Perú, Bolivia y Ecuador se han comprometido en uno o dos años a ceder sus gobiernos a los civiles.
9. Estabilidad Andina: El viaje de Carter a Perú y Ecuador y nuestro interés en frenar la carrera armamentista se contrastan muy bien con la opinión de la Administración anterior que cualquier iniciativa de Estados Unidos o incluso expresión de apoyo para el control de armas sería "el fin", aumentando, en lugar de disminuir, la tensión en la región. Creo que la visita de Estados Unidos a la región, debe expresar interés y preocupación en la estabilidad de la región.
10. Antecedentes de Argentina: El primer país latinoamericano en construir un reactor nuclear (1958) y es el primerEstado de "tercer mundo"en expectar un reactor a otro país, al Perú en 1978.
11. Sobre la OEA 1980/1981: México, Venezuela y Perú son firmes partidaros de la CIDH, y en mayor o menor grado, a favor de una postura activa de la OEA en el campo de los derechos humanos.
A Hissein Gambier la celda se le ponía boca abajo cuando sus torturadores le atronillaban las sienes.“Tenía
la sensación -cuenta este soldador chadiano- de que me iban a estallar
los ojos”. Mbaissourom Manda recuerda más la peste de la prisión, los
gritos de terror, las descargas eléctricas y el “arbatachar”, un antiguo
método de tortura que consiste en atar los brazos y las piernas del
preso a la espalda. Mariem Amaifouta todavía sueña a diario con las
violaciones y Souleymane Guengueng tiene tatuada en la memoria la imagen
de sí mismo vomitando pus y sangre…y pidiendo la muerte. Hay más historias como estas, tantas como las 200.000 personas que, según Human Rights Watch, fueron torturadas durante los años de plomo de la dictadura de Hissène Habré en Chad. Ocho años (1982-1990) que se saldaron con unos 40.000 asesinatos y que constituyen otro de esos capítulos brutales y vergonzantes de la historia reciente de África.
Paradojicamente Paradójicamente, también, un caso insólito en el campo de la justicia criminal internacional. “Nunca en un juicio por crímenes contra la humanidad las voces de las víctimas habían sido tan predominantes”. Lo explica el corresponsal del New York Times en Senegal, Thierry Cruvellier, en la crónica con la que cierra el juicio a Habré, celebrado en Dakar entre julio de 2015 y jebrero de 2016. Allí se pudieron escuchar los testimonios de Hissein, Mbaissourom, Mariem, Souleymane y otras 90 personas, que relataron en la sala el horror provocado por un hombre de 73 años sentado a unos pocos metros, que apenas dejó de gritar, bramar e insultar durante todo el juicio.
8 años de pesadilla
Genio y figura… Incluso 16 años después de haber sido detenido, Hissène Habré, apenas puede creer que su caso haya llegado tan lejos convirtiéndole en el primer ex jefe de estado de una nación africana juzgado por un tribunal de otra. Un largo camino que empezó, por poner una fecha, en 1979.
Aquel año, Habré fue nombrado ministro de Defensa de un gobierno interino formado por los vecinos del Chad. En 1982, él y sus 2.000 combatientes se hicieron con el poder, declararon la fundación de la Tercera República del Chad y empezó la pesadilla. Bajo el régimen de Habré casi todo el mundo era sospechoso: civiles, militares, mandos intermedios y miembros de las dos principales tribus, los hadjerai y los zaghawa.
Sólo en la capital, Yamena, se construyeron siete centros de detención, la mayoría en antiguas piscinas de la época colonial francesa, tapadas con cemento y con las celdas bajo tierra. Allí se pudrían hacinados cientos de presos, bajo la atenta mirada de la Dirección de Documentación y Seguridad (DDS), los servicios secretos del régimen. Cuando la DDS llamaba a tu puerta sabías que, en el mejor de los casos, pasarías años sin volver a ver a tu familia.
"El Pinochet africano"
Todo esto fue así hasta que, en 1990, las fuerzas leales al presidente actual Idriss Déby se hicieron con el control de la capital y obligaron a Habré a huir. Se instaló en una mansión en Senegal y pensaba llevar una vida de lujo e impunidad bajo el paraguas de quienes habían sido sus principales aliados, Francia y Estados Unidos.
Pero hubo dos hombres, Souleymane Guengueng y Reed Brody, que decidieron no permitirlo. Guengueng se había jurado a sí mismo que, si sobrevivía, haría justicia y Brody, un abogado comprometido con los derechos humanos que llevaba años denunciando la brutalidad del régimen de Habré, vio la luz cuando en octubre de 1998 la justicia española ordenó el arresto del dictador chileno, Augusto Pinochet, en Londres. “Se ha abierto la caja de Pandora -declaró Brody entonces- y será muy difícil cerrarla”
La justicia europea había aplicado por primera vez el principio de jurisdicción universal, por el cual los crímenes contra la humanidad pueden ser juzgados en terceros países, y Brody decidió convertir a Habré en "el Pinochet africano".
Apoyado por las víctimas, con Guengueng a la cabeza, el abogado empezó una larguísima carrera de obstáculos. El primero, en el año 2000, cuando llevaron el caso ante la justicia senegalesa y los tribunales dictaminaron que no tenían autoridad. Tuvieron que pasar 12 años hasta que el presidente Macky Sall asumió el poder en Senegal, aceleró el proceso y propició la creación de un Tribunal Africano Extraordinario auspiciado por la Unión Africana. Tan extraordinario que, al sentar en el banquillo al dictador chadiano por crímenes de guerra, torturas y crímenes contra la humanidad, no sólo ha demostrado que los intocables pueden dejar de serlo sino que ha abierto un precedente en el debate sobre la Corte Penal Internacional (CPI). De hecho, la Unión Africana quiere poner este juicio y el veredicto como ejemplo de que los países africanos pueden juzgar a sus propios líderes y prescindir del Tribunal de La Haya, cuyos 29 primeros acusados han sido africanos.
"Pase lo que pase, aseguró Brody el día que el juicio quedó listo para sentencia, ya hemos llegado donde parecía imposible. "Sólo quiero que se sepa la verdad - se lee en una de las últimas entrevistas de Guengueng- y mandar un mensaje a todas las víctimas: no os rindaís nunca.
La cifra de condenados por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar asciende a 622, según se desprende del último informe de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad. En las 147 sentencua dictadas desde la anulación de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, 57 acusados resultaron absueltos. Actualmente se están desarrollando 18 juicios a los largo del territorio nacional.
De las 514 causas analizadas, 233 (el 45 por ciento) se encuentran todavía en etapa de instrucción; 147 tuvieron sentencia y 116 ya fueron elevadas a juicio oral. De los 18 debates orales que se desarrollan actualmente, dos se llevan a cabo en los Tribunales Federales de Retiro, en la Ciudad de Buenos Aires: un tramo de la megacausa ESMA, en la que 59 represores –entre ellos aviadores navales y de Prefectura que participaron en los “vuelos de la muerte- están acusados por 789 secuestros, torturas y homicidios; y la causa por los delitos cometidos en el marco del Plan Cóndor, el acuerdo de las dictaduras sudamericanas para perseguir a opositores políticos fuera de sus propios países, que se encuentra en etapa de alegatos.
En Córdoba continúa el debate oral de la megacausa La Perla, que tiene sentado en el banquillo al represor Luciano Benjamín Menéndez y a otros 51 represores. En Mendoza se lleva adelante el "juicio a los jueces", que tiene unos 41 imputados, entre ellos los ex jueces Otilio Romano y Luis Miret. En Bahía Blanca, se encuentra en etapa de alegatos el tercer juicio por delitos de lesa humanidad cometidos por la Armada, en el que son juzgadas 25 personas en perjuicio de 66 víctimas.
El informe de 19 páginas publicado en Fiscales.gob.ar, el sitio de la Procuración General de la Nación, analiza el período que va desde 2006, cuando la Justicia argentina dictó la primera condena tras la derogación de las leyes de impunidad, hasta el 30 de septiembre de este año. En ese lapso de tiempo, 2166 personas, entre civiles y militares, fueron imputadas o investigadas por crímenes de lesa humanidad: 1065 están detenidas, 753 en libertad, 59 están prófugas y 280 murieron impunes antes de ser juzgados. En nueve casos no hay datos.
Entre los detenidos, 587 se encuentran alojados en dependencias penitenciarias, 7 en hospitales y 13 en recintos de fuerzas de seguridad, 441 tienen el beneficio del arresto domiciliario y sobre 17 no hay datos.
