CRIN: Los países latinoamericanos clasificados con respecto a la prevención y la respuesta a la violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes

"Out of the Shadows" es el nombre del Informe Regional de América Latina y El Caribe 2023, elaborado por Out of the Shadows, Economist Impact y CRIN.

El informe regional de América Latina y el Caribe analiza Argentina, Brasil, Colombia, El Salvador, Guatemala, Jamaica, México, Perú y venezuela. La investigación es parte del ïndice Fuera de las Sombras, que constituye la primera evaluación global de cómo los países de todo el mundo abordan la violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes (NNA). Cubre 60 países en los que reside en torno al 85% de NNA del mundo. 

Brasil es el país mejor clasificado en América Latina con respecto a su desempeño a la hora de prevenir y responder a la violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes (NNA), mientras que Argentina es el peor clasificado, según un nuevo informe publicado hoy por Economist Impact que compara la legislación y las políticas de nueve países de la región, el lanzamiento ha sido coordinado por CRIN.

Perú se encuentra en el puesto 46 a nivel mundial y en el tercero por debajo en América Latina con respecto a la prevención y la respuesta a la violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes.

En el Informe Nacional de Perú, se resumen los datos y las conclusiones sobre este país. Perú obtuvo una buena puntuación en los siguientes aspectos:

● la armonización general de la legislación nacional con las leyes internacionales sobre los derechos de NNA;

● encontrarse entre un pequeño número de países de América Latina que criminaliza el comportamiento sexual que no lleva al sexo con penetración, junto con Brasil, El Salvador y México;

● la derogación de la prescripción para delitos de abuso sexual contra NNA. Perú se encuentra entre un pequeño grupo de países en la región que han tomado este paso.

● la elaboración de directrices y capacitación para la evaluación clínica de NNA víctimas de abuso sexual realizada por personal que forma parte de profesiones como trabajo social, educación y justicia, entre otras.

Entre otros puntos débiles que se identifican en el índice están los siguientes:

· Perú contaba anteriormente con un plan nacional que abordaba concretamente la explotación y el abuso sexuales de NNA, pero se dejó que caducara, lo que supone un obstáculo significativo a la hora de garantizar una respuesta nacional sólida frente a este problema.

● La legislación de Perú no ofrece específicamente protección contra la acusación de NNA víctimas de trata que participan en actividades ilegales, como la prostitución forzada. Además, la legislación nacional no estipula la prestación de servicios de salud mental para víctimas menores de edad, lo que también ocurre únicamente en otro de los países de América Latina que se analizan en el índice: Argentina.

● Perú obtuvo la puntuación más baja de la región con respecto a los servicios de apoyo y recuperación, incluidos los servicios de respuesta inicial y emergencia, como líneas de asistencia telefónica disponibles. Aunque el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables cuenta con una línea telefónica para la notificación de violencia familiar o sexual, no está dedicada específicamente a la violencia sexual contra NNA. Aparentemente, existía una línea de asistencia telefónica específica para NNA, Teléfono Anar, pero parece estar fuera de servicio, según la organización Child Helpline International. A este respecto, Perú se encuentra en el puesto 58 de 60 países de todo el mundo, junto con Venezuela.

El informe regional de América Latina concluye que «los países [de la región] con una puntuación alta en relación con algunos indicadores puede que tengan un desempeño deficiente en otros. Los puntos débiles en cualquier área menoscaban el sistema de protección de NNA en su conjunto. Los países de América Latina y el Caribe tienen grandes fortalezas, pero con una amplia variación entre sí. Por lo tanto, se puede reforzar más el entorno de protección de NNA».

En respuesta a las conclusiones de informe nacional, Sofía García Carpio, del Instituto Promoviendo Desarrollo Social (IPRODES), declaró:

“El índice Fuera de las sombras revela que aún persisten desafíos para enfrentar la violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes (NNA) en el Perú - un crimen cotidiano, grave, extendido, persistente y con efectos devastadores sobre la víctima. De acuerdo al informe, el Estado peruano cuenta con un marco normativo acorde con los estándares internacionales de protección de los derechos humanos. Sin embargo, éste no ha sido implementado totalmente, por ello, el informe bien señala que no hay servicios especializados de atención, protección y restitución de derechos para las NNA víctimas de violencia y explotación sexual. Incluso, no contamos con un programa presupuestal específico para prevenir y combatir la violencia sexual contra NNA – el Estado invierte menos del 1%.”

Por su parte, Jose Enrique Escardó Steck, fundador y coordinador de la Red de Sobrevivientes Perú, dijo: “El índice es una importante herramienta con datos reales que debería abrir los ojos de los responsables de las políticas de Estado y de la sociedad para asumir su rol de protección de la dignidad humana como fin supremo constitucional. No se remontará el alarmante resultado del índice mientras no se entienda la gravedad del problema. En mis 22 años de lucha contra los abusos, se han logrado pocos avances. No es prioridad del Estado, convirtiéndose en el principal agente de revictimización. La falta de acción del Ejecutivo, Legislativo y Judicial se confabula con abusadores, encubridores e intereses políticos para agravar el estigma existente y promover la persecución de los sobrevivientes.”

Leo Ratledge, codirector de Child Rights International Network (CRIN), que coordinó la publicación del informe regional, dijo: “El índice muestra la necesidad urgente de continuar la reforma que ya está en marcha en toda la región para evitar la violencia sexual contra NNA. Esto supone actualizar la legislación sobre el abuso de NNA y desarrollar servicios de apoyo y respuesta que cubran de verdad las necesidades y las peticiones de las y los sobrevivientes de abuso sexual durante la infancia”.

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Fuente Child Rights International Network - CRIN .

Solicitudes de los medios:

● IPRODES sgarcia@iprodes.org

● Red de Sobrevivientes Perú red@sobrevivientes.pe

● CRIN victor@crin.org.

OEA - MESECVI: Ciberviolencia y Ciberacoso

Informe de MESECVI y ONU Mujeres sobre "Ciberviolencia y ciberacoso contra las mujeres y niñas en el marco de la Convención Belém Do Pará".

Herramientas para la implementación de la Convención de Belém do Pará. Una alianza entre la Organización de los Estados Americanos y ONU Mujeres en el marco de la Iniciativa Sptolight en América Latina. 

Los alcances del internet en conjunto con la existencia de una pandemia de violencia contra las mujeres y niñas han llevado a la emergencia de la violencia digital como un creciente problema mundial con consecuencias económicas y sociales de un potencial inmensurable.

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Fuente OEA - MESECVI.

CIDH: La CIDH llama a Perú a evitar los discursos públicos que invisibilizan y perpetúan la violencia contra las mujeres

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresa su preocupación por los altos índices de violencia contra las mujeres en el ámbito familiar registrados en Perú en 2021, y los discursos de altas autoridades que podrían minimizar e invisibilizar la situación. En ese marco, el Estado debe adoptar las medidas necesarias para combatir todas las formas de violencia de género contra las mujeres, y garantizar que estos casos no queden en la impunidad.

Una de cada tres mujeres en el mundo sufre violencia física o sexual por parte de un compañero íntimo o persona cercana, según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS). En este sentido, si bien Perú ha avanzado en su compromiso para combatir la violencia contra las mujeres, la CIDH observa con preocupación los registros oficiales que indican que en el 2021 se atendieron 140.833 casos de violencia contra las mujeres en el ámbito familiar, lo que representa un incremento del 43% en comparación con 2020. Asimismo, se tuvo noticias de que altos funcionarios del Estado calificaron las denuncias de violencia familiar contra funcionarios públicos como temas personales.

Comentarios de tal naturaleza robustecen la noción equivocada de que la violencia contra las mujeres en el ámbito familiar es un asunto privado cuya injerencia escapa de la competencia del Estado, y envían un mensaje social de tolerancia a la violencia. Además, generan sentimientos de inseguridad y desconfianza por parte de las mujeres hacia las autoridades, obstaculizando así el acceso a mecanismos de protección y de justicia.

La Comisión recuerda que la mayoría de los casos de violencia contra las mujeres ocurren en el ámbito privado, y al respecto el Estado tiene la obligación de adoptar medidas para prevenir, sancionar y erradicar. En este marco, las y los funcionarios públicos tienen una posición de garantes de los derechos fundamentales de las personas y, por lo tanto, sus declaraciones no pueden desconocer dicha posición. Los discursos que perpetúan patrones socioculturales discriminatorios basados en género tienen mayor impacto cuando provienen de autoridades del sector público, y coloca a potenciales víctimas en una situación de mayor vulnerabilidad.

Al tiempo, se destaca que la prevalencia de prácticas sociales y culturales discriminatorias, que sitúan a las mujeres en una posición de inferioridad promueven, legitiman y exacerban la violencia basada en género contra ellas. En este sentido, la Comisión recuerda que el Estado tiene la obligación de erradicar la cultura del machismo y patriarcalismo, así como la discriminación histórica conectada a la sociedad que fomenta la tolerancia social frente a la violencia contra las mujeres en todas sus manifestaciones.

 

Por lo anterior, la Comisión llama al Estado a combatir la violencia contra las mujeres por razones de género en todas sus modalidades. Para ello, insta a abstenerse de difundir mensajes que minimizan y perpetúan la violencia contra las mujeres, y a adoptar discursos, políticas y programas que contribuyan a transformar patrones socioculturales discriminatorios, con el objetivo último de prevenir, sancionar y erradicar la violencia basada en género contra las mujeres, niñas y adolescentes, tanto en el ámbito público como en el privado.

Fuente Comisión Interamericana de Derechos Humanos - CIDH.

Defensoría del Pueblo: Urge garantizar la atención integral de salud a niñas y adolescentes víctimas de violencia sexual

La Defensoría del Pueblo y el Fondo de Población de las Naciones Unidas - UNFPA, ante la necesidad de brindar especial protección y atención a las niñas y adolescentes embarazadas producto de violación sexual, elaboraron el “Informe sobre la supervisión de la atención integral en niñas y adolescentes

embarazadas producto de violación sexual, en establecimientos de salud”, el cual consolida los resultados de la supervisión nacional realizada en 109 ablecimientos de salud con la finalidad de conocer el nivel de cumplimiento del marco normativo nacional, especialmente de la Guía Técnica Nacional

para la estandarización del procedimiento de la atención integral de la gestante en la interrupción voluntaria por indicación terapéutica del embarazo menor de 22 semanas con consentimiento informado en el marco de lo dispuesto en el artículo 119° del Código Penal.

El informe permite conocer los avances y desafíos en cuanto a la atención integral que deben recibir las niñas y adolescentes embarazadas producto de violación sexual, e identifica recomendaciones estratégicas al Ministerio de Salud, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Congreso de la República, a los gobiernos regionales y direcciones regionales de salud.

DEF Pueblo Informe-Atencion-embarazo NNA 2021  on Scribd

Fuente Defensoría del Pueblo y UNFPA.

ACNUR: El coronavirus, una grave amenaza para la educación de las personas refugiadas

La mita de los niños y niñas refugiados en el mundo no están escolarizados.

Esta es la principal conclusión de un informe de la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) donde se destaca que antes del inicio de la pandemia, un niño refugiado tenía el doble de probabilidades de no asistir a la escuela que un niño no refugiado y que la situación sin lugar a duda va a empeorar.

Entre los efectos negativos para los menores, el análisis explica que “muchos niños y niñas refugiados probablemente no tendrán la oportunidad de retomar sus estudios por el cierre de escuelas, las graves dificultades para pagar las tasas de matriculación, uniformes o libros, la falta de acceso a tecnologías o porque se ven obligados a trabajar para ayudar a sus familias”.

El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, Filippo Grandi, destacó que la mitad de los niños refugiados del mundo no estaban escolarizados antes de producirse la crisis provocada por el coronavirus.

“Después de todo lo que han soportado, no podemos robarles su futuro negándoles hoy una educación. A pesar de los enormes desafíos que plantea la pandemia, si se ofrece un mayor respaldo internacional a las personas refugiadas y a sus comunidades de acogida, podremos desarrollar más medios innovadores para proteger los avances fundamentales en la educación de los refugiados obtenidos durante los últimos años”, dijo.

De no producirse un mayor apoyo, se podría revertir, en algunos casos de forma permanente, el constante incremento de matriculaciones en escuelas, universidades y estudios técnicos y de formación profesional, poniendo en peligro los esfuerzos para alcanzar el Objetivo 4 de Desarrollo Sostenible que busca garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad para todos.

Bajas tasas de matriculación

Los datos del informe se basan en las estadísticas de doce países en 2019 que acogían a más de la mitad de los niños y niñas refugiados en el mundo.

Aunque la tasa total de matriculación en enseñanza primaria es del 77%, solamente el 31% de los jóvenes se encuentra en la misma situación en secundaria. A nivel de educación superior, solo el 3% de los jóvenes refugiados han podido matricularse.

Sin embargo y pese a estar muy por debajo de las medias mundiales, estas cifras reflejan un avance. “La matriculación en enseñanza secundaria aumentó en decenas de miles de niños refugiados, lo que supone un incremento del 2% solo en 2019. Sin embargo, la pandemia de COVID-19 amenaza ahora con malograr este y otros avances cruciales”, destaca el estudio.

Las niñas se llevan la peor parte

La amenaza que pesa sobre la escolarización de las niñas refugiadas es especialmente preocupante y según los datos de la Agencia, la mitad de todas las niñas refugiadas que cursan secundaria no reanudarán sus estudios cuando las escuelas reabran este mes de septiembre.

En los países donde la tasa de matriculación de las niñas refugiadas en educación secundaria ya era inferior al 10%, todas corren el riesgo de abandonar sus estudios definitivamente, una predicción alarmante que tendría un impacto en las generaciones venideras.

“Me preocupa especialmente el impacto en las niñas y jóvenes refugiadas. La educación no solo es un derecho humano, sino que la protección y los beneficios económicos para ellas, sus familias y sus comunidades educativas son evidentes. La comunidad internacional simplemente no puede permitirse el lujo de no brindarles las oportunidades que se derivan de la educación”, dijo Grandi.

ACNUR Coronavirus NNA Refugiados Falta Acceso a Educación  on Scribd

Fuente ACNUR y Noticias ONU: https://news.un.org/es/story/2020/09/1479952

CIDH condena denuncia de secuestro y violación sexual colectiva en contra de una, niña indígena de 12 años en Colombia

CIDH condena denuncia de secuestro y violación sexual colectiva en contra de una, niña indígena de 12 años y la falta de investigación adecuada en Colombia

Washington, D.C. -La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condena el secuestro y la violación colectiva en contra de una niña indígena del pueblo Embera Chamí, de Pueblo Rico, Colombia, que fueron denunciados recientemente. Según información pública, el secuestro y los hechos de violencia sexual habrían sido cometidos por grupo de soldados del Ejército el 22 de junio de 2020, en el marco de una serie de denuncias sobre hechos violentos contra integrantes de este pueblo. La Comisión llama el Estado a implementar de inmediato estrategias integrales para cumplir con su obligación de investigar, juzgar y sancionar a los responsables, así como ofrecer protección y reparación integral a la niña y a su familia.

Según información recibida, la niña habría sido secuestrada el domingo, 22 de junio, y violada “por un número indeterminado de soldados”. Autoridades de su pueblo Embera Chamí la habrían encontrado la noche del lunes cerca de un colegio de la zona y la trasladaron al hospital.

Asimismo, la Comisión fue informada de que la Fiscalía General de la Nación señaló en un primer momento a ocho soldados como “presuntos autores”; sin embargo, luego solo imputó a siete: seis de ellos en calidad de autores y uno más como cómplice, además habría clasificado los hechos de violencia sexual infantil y no bajo el tipo penal de acceso carnal violento sino bajo acceso carnal abusivo, cuya diferenciación tiene como elemento determinante el supuesto consentimiento de la víctima. De ser confirmado este hecho, dicho entendimiento podría corroborar con los prejuicios y valoraciones sociales subjetivas sobre el comportamiento de las víctimas y su sexualidad, que siguen siendo obstáculos importantes para el acceso a la justicia efectiva para las víctimas de violencia sexual.

La CIDH ha reiterado en diversas oportunidades que el machismo, el patriarcalismo y la prevalencia de estereotipos sexistas, así como la discriminación histórica conectada al tejido social, son causantes de la tolerancia social frente a la violencia contra las mujeres y niñas en todas sus dimensiones, física, psicológica, sexual, económica y otras. Lo anterior se refleja en particular en los procesos de investigación y enjuiciamiento de los actos de violencia sexual, y en particular de violación sexual contra niñas, que, por lo general, siguen siendo revictimizantes y marcados por estereotipos de género.

Asimismo, la Comisión reconoce la persistencia de prácticas nocivas a las comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas en el país relacionadas con las reminiscencias del conflicto armado que asoló el país por más de cinco decenios. En particular, la CIDH observa con extrema preocupación, la persistencia del reclutamiento forzado de niñas, niños y adolescentes, así como la instalación de minas antipersonal y artefactos explosivos improvisados, el secuestro, la violencia sexual, el confinamiento y el desplazamiento. La Comisión reitera la importancia de continuar avanzando en la implementación de todos los capítulos del Acuerdo de Paz, de manera integral y sostenida, desde una perspectiva de género, especialmente en las zonas rurales, manteniendo la centralidad en los derechos de las víctimas y en el disfrute general de los derechos humanos.

En particular, tanto la CIDH como la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) han reconocido que la violación sexual de una detenida por un agente del Estado es un acto especialmente grave y reprobable, atendiendo la situación de vulnerabilidad de la víctima y el abuso de poder que despliega el agente. Asimismo, la violación sexual es una experiencia sumamente traumática que puede tener severas consecuencias y causa gran daño físico y psicológico que deja a la víctima humillada física y emocionalmente, situación difícilmente superable por el paso del tiempo.

En este sentido, la Comisión exhorta al Estado de Colombia a adoptar medidas inmediatas y urgentes para investigar, juzgar, sancionar y reparar a la víctima, en cumplimiento con su deber de debida diligencia reforzada. En el caso particular de las mujeres y niñas indígenas, el Estado debe considerar todos los factores de riesgo que ellas puedan encontrar debido a su origen étnico, según lo dispuesto en los artículos 6 y 9 de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres.

La CIDH reitera la necesidad de que todos los actos de violencia contra las mujeres y niñas sean investigados de forma pronta y exhaustiva, y que durante los procesos de justicia las víctimas y sus familiares sean tratados con dignidad y respeto, acorde a los estándares interamericanos en la materia. Asimismo, la Comisión insta al Estado a garantizar el acceso a la justicia a todas las mujeres, en condiciones de igualdad y no discriminación, a partir de una perspectiva interseccional, así como otorgar reparaciones integrales y con perspectiva de género para erradicar las causas estructurales que acentúan la discriminación y la violencia contra las mismas, particularmente aquéllas que pertenecen a grupos en situación de vulnerabilidad y/o riesgo, como los pueblos indígenas.

La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan sus países de origen o residencia.

CIDH: http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2020/153.asp

ONU Mujer: COVID-19 y el fin de la violencia contra las mujeres y las niñas

En este informeHeste informe se destacan las nuevas pruebas de los efectos de la reciente pandemia mundial de COVID-19 en la violencia contra las mujeres y las niñas. Se formulan recomendaciones que deben ser consideradas por todos los sectores de la sociedad, desde los gobiernos hasta las organizaciones internacionales y las organizaciones de la sociedad civil, a fin de prevenir y responder a la violencia contra las mujeres y las niñas, al comienzo, durante y después de la crisis de salud pública, con ejemplos de medidas ya adoptadas. También se examinan las repercusiones económicas de la pandemia y sus consecuencias para la violencia contra las mujeres y las niñas a largo plazo.

Se trata de un documento vivo que aprovecha los conocimientos y la experiencia de una amplia gama de expertos que apoyan soluciones para poner fin a la violencia contra las mujeres y las niñas, prestando atención al contexto del país en que se produce la crisis.

UN Women Brief Covid 19 and Ending Violence Against Women and Girls En  on Scribd

Fuente UN WOMEN: https://www.unwomen.org/en/digital-library/publications/2020/04/issue-brief-covid-19-and-ending-violence-against-women-and-girls

Argentina: Medidas urgentes sugeridas a fiscales para casos de violencia de género durante el aislamiento preventivo y obligatorio dispuesto a raíz de la pandemia de COVID19

Ante la situación de alerta de organismos nacionales e internacionales, la Unidad Fiscal Especializada de Violencia contra las Mujeres - UFEM de Argentina, elaboró un listado de medidas urgentes sugeridas a fiscales para casos de violencia de género en el aislamiento, lo que significa que la gran mayoría de la población deba permanecer en sus hogares y esta circunstancia ha llevado a distintos organismos a una situación de alerta sobre el agravamiento de los peligros para las mujeres víctimas de violencia de género durante el aislamiento en sus hogares.

Es por ellos que esta unidad UFEM, ha desarrollado una lista de medidas básicas destinadas a fiscales de este Ministerio Público Fiscal de la Nación, que recogen la práctica habitual en estos casos pero introducen algunas modificaciones necesarias.

UFEM-Guía_actuación_Covid-19 on Scribd

Fuente: https://twitter.com/FiscalesGobAr

ONU Mujer, UNICEF, Plan Internacional: "El mundo sigue siendo un "lugar violento y altamente discriminatorio" para las niñas"

Nunca ha habido tantas mujeres jóvenes en las aulas. Y, sin embargo, las adolescentes siguen sufriendo violencia y discriminación, alerta un informe de UNICEF, Plan Internacional y ONU Mujeres.

Más de dos décadas después de que el mundo declarara que “los derechos de las mujeres son derechos humanos”, solo se han cumplido parte de las promesas.

Se ha conseguido reducir en 79 millones la cifra de chicas que abandonan la escuela. De hecho, ellas tienen hoy más posibilidades de acudir a la secundaria que los varones. Sin embargo, estas jóvenes siguen sin tener las habilidades y el apoyo que necesitan para poder tomar decisiones sobre su futuro, vivir seguras y con dignidad.

En 2016, un 70% de las víctimas de tráfico de personas para explotación sexual fueron mujeres y niñas. Una de cada 20 jóvenes de entre 15 y 19 años -unos 13 millones en  el mundo- ha sido víctima de una violación, una de las formas más violentas de abuso sexual.

“Acceder a la educación no es suficiente. Tenemos que cambiar el comportamiento y la actitud de la gente hacia las jóvenes. La verdadera igualdad solo llegará cuando todas las jóvenes estén a salvo de la violencia, sean libres para ejercer sus derechos y sean capaces de disfrutar de igualdad de oportunidades en la vida”, aseguró la directora del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), Henrietta Fore

 El informe, “Una Nueva Era para las Jóvenes: Haciendo Balance de 25 años de Progresos”, se publica coincidiendo con la campaña Generación Igualdad , que celebra el 25 aniversario de la Declaración de Beijing para avanzar los derechos de las mujeres y niñas.

“Las adolescentes sufren niveles de discriminación más altos como resultado de su edad y su género y siguen siendo marginadas en sus comunidades y en los espacios de toma de decisiones, permaneciendo invisibles para las políticas de los Gobiernos”, explicó la directora ejecutiva de Plan Internacional, Anne-Birgitte Albrectsen, que aseveró que “empoderar” a estas chicas aporta un triple beneficio social: para las jóvenes hoy, para las mujeres adultas que serán y para la próxima generación de niños.

“Si no entendemos esto y acabamos con la discriminación que sufren las chicas, tenemos muy pocas posibilidades de lograr los ambiciosos objetivos de igualdad de género de la Agenda 2030”, añadió.

Mientras las mujeres y niñas tengan que dedicar tres veces más tiempo y energía que los hombres al cuidado de la casa, las oportunidades para pasar de la escuela a buenos trabajos van a estar fuera de su alcance, señaló la directora ejecutiva de ONU Mujeres, Phumzile Mlambo-Ngcuka.

Violencia: Las chicas corren más riesgo de sufrir violencia en las aulas, en casa, en su comunidad y en internet.

El informe señala que el matrimonio infantil y la mutilación genital siguen minando las vidas y el potencial de millones de niñas. Cada año, 12 millones son forzadas a contraer matrimonio y 4 millones corren el riesgo de ser mutiladas.

El porcentaje de mujeres jóvenes que ven bien que un hombre golpee a su esposa es igual que el de hombres jóvenes.

Mala salud:  El reporte también saca a la luz problemas de salud para las jóvenes que eran impensables hace 25 años. A medida que la globalización ha transformado las dietas tradicionales, ha aumentado el consumo de comida rápida procesada y bebidas azucaradas. Esto ha hecho que la incidencia de sobrepeso entre niñas y jóvenes de 5 a 19 años se haya duplicado entre 1995 y 2016, pasando de un 9% a un 17%. Hoy hay 155 millones de chicas con sobrepeso, frente a 75 millones en 1995.

Las chicas también están más expuestas a contraer enfermedades de transmisión sexual. Hoy, 970.000 adolescentes de entre 10 y 19 años viven con VIH, frente a 740.000 en 1995. Ellas representan tres de cada cuatro nuevos contagios. 

Enfermedades mentales: Los últimos 25 años también han traído nuevas preocupaciones sobre la salud mental de las jóvenes, en parte, por el uso excesivo de las nuevas tecnologías.

El suicidio es hoy la segunda causa de muerte entre adolescentes de 15 a 19 años, solo superada por problemas durante la maternidad.

Medidas - El informe pide actuar en varias áreas:

Celebrar y aumentar las oportunidades para jóvenes de todos los orígenes, dándoles voz y escuchando sus opiniones e ideas sobre sus cuerpos, comunidades, educación y futuro.

Aumentar las inversiones para que las chicas tengan las capacidades necesarias para la cuarta revolución industrial.

Acabar con la violencia de género, el matrimonio infantil y la mutilación genital.

Invertir para tener datos desagregados por edad y sexo en áreas como la violencia de género, la adquisición de capacidades, nutrición y salud mental.

A New Era for Girls 2020 (2)  Scribd

Fuente Noticias ONU: https://news.un.org/es/story/2020/03/1470531

El País: Empoderar a las niñas contra el matrimonio infantil

De Argentina a México, uno de cada 4 jóvenes se casa o empareja informalmente antes de los 18 años, a pesar de que cada vez más países en Latinoamérica tienen leyes contra las uniones tempranas.

No más escuela, amigos ni la experimentación típica de la juventud; cuando una adolescente se casa, los sustituye por la responsabilidad con el hogar, el marido y los hijos.

Así es la historia hoy de unos 650 millones de mujeres y jóvenes en todo el mundo que se casaron cuando eran niñas. América Latina y el Caribe alberga cerca del 10% de ellas, de acuerdo con datos del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef). También en la región, el 25% de las jóvenes se casan o entran en una unión doméstica informal antes de los 18 años. 

De hecho para 2030,  si las tendencias actuales continúan, 20 millones de niñas latinoamericanas y caribeñas más estarán en esa misma condición. Entre las posibles consecuencias están el aumento en los riesgos a la salud, más hijos, evasión escolar, salarios bajos en la edad adulta, menor autonomía y mayor riesgo de violencia a manos de su pareja. 

A pesar de estas sombrías perspectivas, América Latina y el Caribe es una de las regiones que más avanzó para proteger a las niñas contra el matrimonio infantil. Según el Banco Mundial, desde 2015, países como Brasil, Costa Rica, El Salvador, Ecuador, Guatemala, Honduras, México, Panamá y Trinidad y Tobago hicieron reformas para mejorar la legislación.

Erradicar el matrimonio infantil Hel matrimonio infantil está entre las metas previstas en el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 5 de las Naciones Unidas para el año 2030. Por lo tanto, una serie de estudios recientes se han centrado en el tema, examinando, entre otros factores, el poder de las leyes.

Aunque la edad legal para el matrimonio de niñas es de 18 años (o más) en todos los países de América Latina y el Caribe, en muchos hay excepciones que permiten a las niñas casarse a los 16 años o antes, con el consentimiento de los padres o una autorización judicial. En Venezuela y Guyana, por ejemplo, todavía se permite la boda a cualquier edad si la joven está embarazada . 

En Brasil, aunque una reforma implementada en marzo de 2019 ha eliminado permisos que permitían el matrimonio antes de los 16 años, es posible casarse entre los 16 y los 18 años con autorización de los padres o de un juez. "Además, no existen sanciones legales para los involucrados en matrimonios infantiles y la ley no prevé la opción de anular esas relaciones", informa el reciente estudio Matrimonio en la Niñez y la Adolescencia: La Educación de las Niñas y la Legislación Brasileña , del Banco Mundial. 

Otra ausencia en la legislación de Brasil,y de otros países de América Latina y el Caribe, es la que contempla la vida en concubinato de las chicas. "Las uniones tempranas no matrimoniales son más frecuentes que el matrimonio formal y legal. Según los datos disponibles, la proporción de uniones no matrimoniales representa más de 60% de todos los matrimonios y uniones tempranas en la región", según el informe Acelerar las Acciones para Erradicar el Matrimonio Infantil y las Bodas Precoces en América Latina y el Caribe, , de UNICEF. 

Además de las leyes, falta concientización

"Para que la ley sea eficaz, es fundamental que las jóvenes y sus familias la conozcan. Incluso en países con leyes adecuadas, las uniones informales ocurren por debajo de la edad mínima y muchas veces las propias familias no saben que están cometiendo una violación. Esto ocurre, en parte, debido a la falta de información y fiscalización, pero también a factores económicos y a normas culturales y sociales que perpetúan la práctica", comenta la abogada Paula Tavares, del Banco Mundial, e integrante del equipo de autores del informe Matrimonio en la Niñez y la Adolescencia: La Educación de las Niñas y la Legislación Brasileña . 

Educación y más
Existe, por ejemplo, una relación entre los casamientos precoces y la pobreza. Algunas jóvenes y sus familias todavía ven el matrimonio como una forma de garantizar seguridad, incluso económica .

Las uniones prematuras también están directamente ligadas al embarazo en la adolescencia. "El matrimonio es visto como una forma de proteger a la niña de esa situación fuera de una relación estable, o, en caso de que ya haya ocurrido, velar por su reputación y la de la familia. En la práctica, el matrimonio no protege y, muchas veces, acentúa esas cuestiones" , evalúan Paula.

Varios de los factores que influencian el matrimonio a edades tempranas, es necesario tomarlos todos en cuenta a la hora de elaborar medidas para corregir esta práctica. El informe presenta algunas de ellas y sorprende al revelar que, en el caso específico de Brasil -donde se basa el estudio-, a pesar de que en todos los estados ha aumentado el nivel de escolaridad de las niñas, solo cerca de la mitad registró una caída en las tasas de matrimonios. Y esta reducción no fue destacada . 

Esto nuevamente muestra la importancia de enfrentar las normas sociales limitantes y la falta de oportunidades económicas. El estudio del Banco Mundial cita algunos programas realizados en África y América Latina con el objetivo de desarrollar habilidades cognitivas, socioemocionales y técnicas, transformar normas sociales y ampliar el conocimiento sobre perspectivas de trabajo y oportunidades económicas para las adolescentes. Todas las iniciativas podrían ser replicadas en Brasil.

"Algunos programas funcionan mejor que otros para aplazar el matrimonio y la maternidad y aumentar el nivel de escolaridad de las niñas, pero todas las categorías ofrecen beneficios", según el reporte. "Acciones basadas en la comunidad, con la participación de hombres y líderes comunitarios, además de las mujeres, también pueden ser útiles en el enfrentamiento de este desafío ", agrega la experta.

Sin inversiones en esas áreas, la adolescencia seguirá siendo un tiempo de pocas oportunidades y muchos riesgos para las niñas de Brasil y del resto de América Latina.

PDF Publicación Acelerar Acciones Para Erradicar El Matrimonio Infantil y Las Uniones Tempranas en ALC 

  Escribe Mariana Kaipper Ceratti. 

Fuente El País: https://elpais.com/internacional/2019/06/19/america/1560970866_854351.html

Defensoría del Pueblo: Derechos de las Mujeres y Niñas en la Ciudad

La población en las ciudades del mundo se encuentra en inminente crecimiento y el Perú no es una excepción. Esta situación pone en evidencia que existen importantes retos en materia de planificación y gestión urbana, a fin de lograr espacios más inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles, especialmente en un contexto de desigualdad en el que se busca el respeto de derechos entre hombres y mujeres.

Defensoría Derechos de Las ... by on Scribd

Fuente Defensoría del Pueblo.

Comité de Expertas lamenta que 201 niñas hayan sido obligadas a continuar con sus embarazos el año 2017 en la provincia de Misiones, Argentina

El Comité de Expertas del Mecanismo de Seguimiento de la Convención para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer “Convención de Belém do Pará” (MESECVI) lamenta que 201 niñas menores de 14 años hayan sido forzadas a continuar con sus embarazos durante el año 2017 en la Provincia de Misiones en Argentina, de acuerdo a las declaraciones del Ministro de Desarrollo Social, Lisandro Benmaor.

A través del Informe Hemisférico sobre Violencia Sexual y Embarazo Infantil en los Estados Parte de la Convención de Belém do Pará (2016), el Comité ha señalado que, de acuerdo a la normativa en la región, todos los embarazos de niñas menores de 14 años deben considerarse producto de violencia sexual y por lo tanto, los Estados deben garantizar la atención especializada a las niñas que han sufrido este tipo de violencia, investigar estas agresiones y asegurar su acceso, a la interrupción del embarazo y a los servicios posteriores en condiciones de seguridad y sin discriminación.

A pesar de que la pronvincia de Misiones cuenta con un protocolo de atención a las víctimas de violación que incluye anticoncepción de emergencia y abortos no punibles, la preocupación de este Comité apunta a que en la práctica 201 niñas no pudieron acceder a los servicios que supuestamente están disponibles para estos casos. Esto no solo deja en evidencia la falta de aplicación del protocolo, sino también el incumplimiento del país en cuanto a garantizar la protección de las niñas que deben enfrentar gravísimas consecuencias en su salud pasicológica, física y reproductiva.

El embarazo infantil es de alto riesgo, incrementa el riesgo de mortalidad materna e infantil y genera otros problemas como partos prematuros, sufrimiento fetal, entre otras graves consecuencias para los proyectos de vida de las niñas. Por esta razón, este Comité insta al Estado a investigar los casos de las 201 niñas afectadas, esclarecer los motivos por los que se incumplió el protocolo existente y asegurar el acceso efectivo de éste a todas las niñas que lo necesiten. Por último, se insta al Estado a redoblar los esfuerzos para garantizar los derechos humanos de todas las mujeres y las niñas, así como adaptar cualquier plan o protocolo según lo establecido en la Convención Belém do Pará, las recomendaicones de este Comité y la demás legislación internacional en la materia.

El Comité de Expertas  es el órgano técnico del MESECVI responsable del análisis y evaluación del proceso de implementación de la Convención de Belém do Pará. Está integrado por Expertas independientes, designadas por cada uno de los Estado Parte entre sus nacionales, quienes ejercen sus funciones a título personal.

Fuente MESECVI: http://www.oas.org/es/mesecvi/nosotros.asp 

Argentina: Mi ex entró a mi cuenta de Facebook

La Corte Suprema de Argentina determinó la competencia federal para un caso donde una mujer denunció que su ex pareja ingresó a su cuenta de la red social.

La Corte Suprema de Justicia viene reforzando su doctrina en materia de competencia en lo que hace a la investigación de delitos que hoy son cometidos por medios digitales. Siguiendo esa tendencia, una vez más declaró que le corresponde a la Justicia Federal investigar la denuncia de una mujer contra su ex pareja, a quien acusó de ingresar sin su permiso a su cuenta de Facebook.

De esa forma, el Máximo Tribunal de Justicia, integrado en esta oportunidad por los supremos Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco, Juan Carlos Maqueda y Horacio Rosatti, dispuso en autos “T.G.W. S/ violación sist. Informático art. 2153 bis 1° párrafo” la intervención de un Juzgado Criminal y Correccional Federal por sobre un Juzgado en lo Penal, Contravencional y Faltas de la Ciudad de Buenos Aires.

Los supremos se remitieron a la opinión del procurador Eduardo Casal, quien en su dictamen relató que la damnificada dijo que su ex pareja habría ingresado a su usuario en la red social, cmo así también en su correo electrónico gratuito, y además “habría obtenido, presumiblemente, los datos de sus contactos del teléfono celular y copiado su tarjeta SIM”.

La conducta fue encuadrada dentro del tipo penal estipulado en el artículo 153 bis del Código Penal, que reprime de quince días a seis meses de prisión al que “a sabiendas accediere por cualquier medio, sin la debida autorización o excediendo la que posea, a un sistema o dato informático de acceso restringido”.

La denuncia fue radicada ante la Justicia de la Ciudad de Buenos Aires, pero la magistrada contravencional declinó su competencia, la que no fue aceptada por el magistrado federal, pr no advertir en el caso “un interés que trascienda el estrictamente individual, ni circunstancia alguna capaz de fundar la intervención de la justicia federal”.

Para Casal, quien tenía la razón era la jueza contravencional, ya que el usuario de la red social y el correo electrónico constituyen una "comunicación electrónica" o "dato informático de acceso restringido", en los términos de los artículos 153 y 153 bis del Código Penal, según la ley 26.388, cuyo acceso “sólo es posible a través de un medio que por sus características propias se encuentra dentro de los servicios de telecomunicaciones que son de interés de la Nación”, por lo que el fuero federal era el que debía actuar.

Sent ARG Cuenta de Facebook

Fuente Diario Judicial: https://www.diariojudicial.com/nota/79105/corte/mi-ex-entro-a-mi-cuenta-de-facebook.html