El Tribunal Superior de Asturias condena a la sanidad pública a dar acceso a la reproducción asistida y al reintegro de 7,723 euros que gastó en clínicas privadas.
La propuesta del Gobierno de eliminar de la cartera de servicios de la sanidad pública la inseminación artificial para las lesbianas puede chocar con la justicia. La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Asturias acaba de dar la razón a Silvia García Hernández, una mujer homosexual a la que la sanidad pública asturiana denegó un tratamiento de fertilidad, y ha obligado al Gobierno del Principado a pagarle el coste de su inseminación que le practicaron en una clínica privada. ¿La razón? La Constitución proclama el principio de igualdad e impide la discriminación por orientación sexual. Y el único modo de que una mujer homosexuales tenga hijos es a través de la reproducción asistida.
Silvia acudió con su pareja a la unidad de reproducción asistida del hospital San Agustín de Avilés el 18 de abril de 2011, pero el jefe de esa unidad les indicó que no estaba autorizado a ofrecerles ese tratamiento ya que Silvia, según sus informes médicos, no tenía ningún problema físico para concebir hijos, es decir, no era estéril. Ante esa negativa, dos días después, Silvia presentó un escrito en la Consejería de Salud, en el que solicitó que se reconociera su derecho a que las técnicas de reproducción asistida se le dispensaran en un centro público, pero la petición tampoco fue estimada.
Después, el consejero, Ramón Quirós (PSOE), aseguró que la razón del rechazo era el decreto que recoge la cartera de servicios del Sistema Nacional de Salud, en el que solo se contempla la reproducción asistida “cuando haya un diagnóstico de esterilidad o una indicación clínica establecida”. “Cuando las personas están sanas o el informe médico dice que no tienen infertilidad, el sistema no lo financia”, dijo el consejero. Ahora, con la razón de su mano, Silvia responde: “Sí era estéril; estéril social”.
Ante la negativa tuvo que dirigirse entonces a la sanidad privada, donde le practicaron cinco inseminaciones y una fecundación in vitro por las que pagó cerca de 14.000 euros. Ahora, el tribunal le reconoce el derecho a recibir la prestación en un servicio público y obliga al Principado a reintegrarle parte de ese dinero (7.272 euros). Los magistrados le dan la razón porque “de lo contrario, se estaría obligando a una persona de orientación homosexual a tener relaciones heterosexuales para alcanzar la procreación”, dice la sentencia, del pasado 26 de abril. Fuentes de la Consejería de Sanidad se limitaron a declarar a Efe la voluntad del Servicio de Salud del Principado de Asturias de acatar la sentencia.
Ahora, la propuesta del Gobierno de cerrar esa vía, le produce indignación. “El PP vuelve a la carga restringiendo el derecho de las familias homosexuales a tener hijos a su capacidad económica”, dice. “Quieren limitar los recursos públicos a un único tipo de familia, la admitida por su ideología, hombre y mujer”, añade. Hace solo cuatro semanas, Silvia dio -por fin- a luz a su esperado hijo.
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