Una de cada tres mujeres en el mundo sufre violencia física o sexual por parte de un compañero íntimo o persona cercana, según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS). En este sentido, si bien Perú ha avanzado en su compromiso para combatir la violencia contra las mujeres, la CIDH observa con preocupación los registros oficiales que indican que en el 2021 se atendieron 140.833 casos de violencia contra las mujeres en el ámbito familiar, lo que representa un incremento del 43% en comparación con 2020. Asimismo, se tuvo noticias de que altos funcionarios del Estado calificaron las denuncias de violencia familiar contra funcionarios públicos como temas personales.
Comentarios de tal naturaleza robustecen la noción equivocada de que la violencia contra las mujeres en el ámbito familiar es un asunto privado cuya injerencia escapa de la competencia del Estado, y envían un mensaje social de tolerancia a la violencia. Además, generan sentimientos de inseguridad y desconfianza por parte de las mujeres hacia las autoridades, obstaculizando así el acceso a mecanismos de protección y de justicia.
La Comisión recuerda que la mayoría de los casos de violencia contra las mujeres ocurren en el ámbito privado, y al respecto el Estado tiene la obligación de adoptar medidas para prevenir, sancionar y erradicar. En este marco, las y los funcionarios públicos tienen una posición de garantes de los derechos fundamentales de las personas y, por lo tanto, sus declaraciones no pueden desconocer dicha posición. Los discursos que perpetúan patrones socioculturales discriminatorios basados en género tienen mayor impacto cuando provienen de autoridades del sector público, y coloca a potenciales víctimas en una situación de mayor vulnerabilidad.
Al
tiempo, se destaca que la prevalencia de prácticas sociales y culturales
discriminatorias, que sitúan a las mujeres en una posición de inferioridad
promueven, legitiman y exacerban la violencia basada en género contra ellas. En
este sentido, la Comisión recuerda que el Estado tiene la obligación de
erradicar la cultura del machismo y patriarcalismo, así como la discriminación
histórica conectada a la sociedad que fomenta la tolerancia social frente a la
violencia contra las mujeres en todas sus manifestaciones.
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