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2 oct 2020
Perú: Guía Operativa para la investigación del delito de trata de personas
1 abr 2020
Argentina: Ocho de cada diez niños argentinos víctimas de abuso sexual lo cuentan en la escuela
Las charlas de educación sexual integral permiten que identifiquen situaciones de abuso y las denuncien.
Escribe Mar Centenera.
"En
un momento, esos abrazos y besos me empezaron a poner incómodo". "Me
decía que era un juego, un juego entre nosotros dos del que nadie se tenía que
enterar". Estos testimonios, usados en un anuncio gubernamental argentino
contra el abuso sexual infantil, subrayan la manipulación ejercida sobre los
menores, a quienes se les presenta el abuso como un juego o un acto de amor.
Casi siempre el perpetrador es alguien del entorno familiar del niño o
adolescente, lo que complica aún más que entiendan lo que ocurre. El 80% de los
menores que denuncian se dieron cuenta por primera vez de que eran víctimas de
este delito en la escuela, cuando en las clases de educación sexual integral
(ESI) escucharon qué no podían hacerles en relación a su propio cuerpo, según
el Ministerio Público Tutelar de Buenos Aires, que toma declaración a menores
en procesos judiciales contra la integridad sexual.
"En
el transcurso de la entrevista ocho de cada diez niños dicen que pudieron
comprender que fueron víctimas cuando la ESI les dio información. Al mismo
tiempo, se dieron cuenta de que en la escuela se abría un espacio de confianza
para contar lo sucedido", dice Yael Bendel, asesora del Ministerio Público
Tutelar.
Florencia
Pieruzzini, profesora de Letras, explica que en primaria aborda el abuso sexual
a partir de la lectura de la novela Otroso, de Graciela Montes, donde un grupo
de chicos corta el pelo y manosea a una chica. "Permitió trabajar la
diferencia entre lo que era acoso, abuso sexual y violación y eso les permitió
dimensionar si alguna vez les había pasado porque relacionaban el abuso con
violación y pensaban 'bueno, nunca me pasó algo tan severo", recuerda
Pieruzzini.
"El
trabajo con la ESI y el reconocimiento de sus corporalidades y propios límites
lleva a que los chicos y las chicas sean más conscientes de aquellas
situaciones en donde esos mismos límites fueron violentados ya sea por
insistencia del entorno, o por una acción directa de un par o algún familiar
mayor", señala esta docente. En su experiencia con alumnas de secundaria,
por ejemplo, estas charlas "les hicieron replantearse situaciones
sufridas, que no siempre tienen que ver con un abuso pero sí con situaciones en
las que no se sentían cómodas a las que accedieron por pertenecer",
detalla.
Enseñanza
desigual
Bendel
destaca que son más numerosas las denuncias procedentes de escuelas públicas
que en las privadas. A su juicio, no significa que haya más abusos entre los
alumnos de las primeras, sino que reciben más educación sexual integral y mayor
acompañamiento para denunciar: "En algunas escuelas de gestión privada,
sobre todo las religiosas, la ESI no se da como corresponde. A veces esconden
los abusos o dan aviso a los padres en vez de a un organismo de prevención. Y
en estos casos, donde la mayoría de abusos son intrafamiliares, contárselo a
los padres no va detener el abuso o incluso lo va a hacer peor".
La
educación sexual integral es obligatoria por ley en Argentina desde 2006, pero
hay escuelas y padres que se resisten a su enseñanza. Según la última prueba
Aprender, se impartió de forma desigual en las aulas: más del 90% de los
alumnos de primaria asistieron en 2018 a alguna clase sobre cuidado del cuerpo,
pero menos de la mitad recibió información sobre cómo evitar abusos sexuales y
prevención de embarazos y de enfermedades. Ese mismo año, más de una decena de
escuelas de Buenos Aires fueron ocupadas por alumnos para exigir una mejor
educación sexual y respaldar la iniciativa parlamentaria de interrupción
voluntaria del embarazo, que fue rechazada por el Senado.
En
2019 se impulsó una reforma de la ley actual que refuerza su obligatoriedad y
elimina la posibilidad de que las escuelas adapten estos contenidos al
"respeto a su ideario institucional y a las convicciones de sus
miembros". La iniciativa chocó con la oposición de la Iglesia católica, de
las evangélicas y de padres enarbolados bajo la consigna "Con mis hijos no
te metas" y no ha sido tratada en la Cámara Alta.
Los
datos difundidos por el Ministerio Público Tutelar y adelantados por el diario
Página 12, engloban los últimos cinco meses de trabajo, desde que el pasado
agosto firmaron un convenio de cooperación con la Procuración General de la
Nación para recibir causas de delitos contra la integridad sexual. Hasta
entonces, en la sala de entrevistas especializada tomaban declaración a menores
en causas por lesiones. "Antes teníamos uno o dos testimonios por día y
desde que tomamos los abusos hay al menos entre tres o cuatro", señala
Bendel.
Hasta
los seis años, no hay diferencias por género en los abusos denunciados, pero
después se vuelven más frecuentes sobre niñas y adolescentes. En total, ellas
responden al 65% de las causas abiertas, frente al 35% de víctimas varones.
Como ocurre también en los casos de violencia machista, el agresor suele estar
en casa: ocho de cada diez abusadores son familiares o conocidos de la víctima.
"Ningún adulto puede obstaculizar que reciban ESI. La única manera de que
los niños sepan que sus derechos son vulnerados es que los conozcan",
concluye Bendel.
MPT_Publicacion _Violencia ARG NNA on Scribd
Fuente El País y el Ministerio Público Tutelar del PJ de Buenos Aires: https://elpais.com/sociedad/2020/01/09/actualidad/1578608245_487201.html y https://mptutelar.gob.ar/31 mar 2020
Argentina: Medidas urgentes sugeridas a fiscales para casos de violencia de género durante el aislamiento preventivo y obligatorio dispuesto a raíz de la pandemia de COVID19
Ante la situación de alerta de organismos nacionales e internacionales, la Unidad Fiscal Especializada de Violencia contra las Mujeres - UFEM de Argentina, elaboró un listado de medidas urgentes sugeridas a fiscales para casos de violencia de género en el aislamiento, lo que significa que la gran mayoría de la población deba permanecer en sus hogares y esta circunstancia ha llevado a distintos organismos a una situación de alerta sobre el agravamiento de los peligros para las mujeres víctimas de violencia de género durante el aislamiento en sus hogares.
Es por ellos que esta unidad UFEM, ha desarrollado una lista de medidas básicas destinadas a fiscales de este Ministerio Público Fiscal de la Nación, que recogen la práctica habitual en estos casos pero introducen algunas modificaciones necesarias.
Es por ellos que esta unidad UFEM, ha desarrollado una lista de medidas básicas destinadas a fiscales de este Ministerio Público Fiscal de la Nación, que recogen la práctica habitual en estos casos pero introducen algunas modificaciones necesarias.
UFEM-Guía_actuación_Covid-19 on Scribd
Fuente: https://twitter.com/FiscalesGobAr22 nov 2019
Perú: Amplían competencia material de la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Huaycán respecto a la protección y sanción de la Violencia contra las Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar
Mediante RESOLUCION N° 3266-2019-MP-FN, se Amplían competencia material
de la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Huaycán con la finalidad de
mejorar la eficacia e inmediatez del accionar del Ministerio Público respecto a
la protección y sanción de la Violencia contra las Mujeres e Integrantes del
Grupo Familiar
A través del oficio
de visto, la señora Presidenta de Junta de Fiscales Superiores de Lima Este
solicitó que a la Fiscalía Provincial Transitoria Especializada en Violencia
contra la Mujer y los Integrantes del Grupo Familiar de Ate, ubicada en el
distrito de Santa Anita, se le excluya la competencia territorial y material
para conocer las investigaciones fiscales de los delitos contenidos en el
numeral 2) del artículo primero de la Resolución de la Fiscalía de la Nación N°
4240-2018-MP-FN que fuesen cometidos en el distrito de Huaycán, en razón de
que, la Comisaria, las instalaciones de las cámaras gesell y el Juzgado Penal
de este distrito se encuentran a una gran distancia geográfica de la referida
Fiscalía Especializada, por lo que, el traslado de los señores fiscales para
las diversas diligencias genera que se inviertan muchas horas y el consecuente
perjuicio de las partes procesales en las investigaciones fiscales en curso.
Asimismo, en el
cuadro comparativo de la carga fiscal remitida por la Oficina de Control de la
Productividad Fiscal, se observa que, la Fiscalía Provincial Especializada en
Violencia contra la Mujer y los Integrantes del Grupo Familiar de Ate mantiene,
en trámite, siete mil doscientos cincuenta (7,250) carpetas fiscales, en tanto
que, la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Huaycán cuenta con setecientos
tres (703) carpetas fiscales, de las cuales noventa y uno (91) investigaciones
fiscales tratan sobre Violencia contra la Mujer y los Integrantes del Grupo Familiar.
Estando a lo
expuesto y con la finalidad de fortalecer la operatividad del sistema fiscal y
de esta manera mejorar la eficacia e inmediatez del accionar del Ministerio
Público respecto a la protección y sanción de la Violencia contra las Mujeres e
Integrantes del Grupo Familiar, corresponde expedir la resolución que amplíe la
competencia material de la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Huaycán.
1829298-1 by Anonymous 4yA7DsPrD on Scribd
Fuente El Peruano: https://diariooficial.elperuano.pe/Normas2 oct 2019
Perú: Amplificación de competencia territorial de Fiscalías Especializadas Transitorias en Violencia contra la Mujer e Integrantes del Grupo Familiar en los Distritos Fiscales de Lima Lima Sur Lima Este y Callao
Mediante RESOLUCION N° 2749-2019-MP-FN, se amplían competencia
territorial de Fiscalías Especializadas Transitorias en Violencia contra la
Mujer y los Integrantes del Grupo Familiar en los Distritos Fiscales de Lima,
Lima Sur, Lima Este y Callao a que se refiere el art. 1 de la Res. N°
4240-2018-MP-FN
Mediante Resolución de la Fiscalía de la Nación N° 4240-2018-MP-FN, de
fecha 30 de noviembre de 2018, se estableció lineamientos generales para el
funcionamiento de las Fiscalías Especializadas Transitorias en violencia contra
la mujer y los integrantes del grupo familiar en los distritos fiscales de
Lima, Lima Sur, Lima Este y Callao, precisándose en la parte resolutiva,
artículo primero, que la competencia territorial para el caso de Lima, excluía
los distritos territoriales de Miraflores, San Isidro, Magdalena, San Borja y
Surquillo.
Recientemente, con fecha 30 de agosto se publicó la Resolución de
Fiscalía de la Nación N° 2284-2019-MPFN y 2269-2019-MP-FN, que sumadas a las
fiscalías existentes hacen un total de cinco fiscalías corporativas compuestas
por veinte (20) despachos fiscales; por lo que resulta necesario ampliar el
ámbito de actuación territorial de las Fiscalías Transitorias Especializadas en
Violencia contra la Mujer y los Integrantes del Grupo Familiar del Distrito
Fiscal de Lima, previa a la aplicación progresiva del Sistema Nacional
Especializado de Justicia para la Protección y Sanción de la Violencia contra
las Mujeres y los Integrantes del Grupo Familiar, prevaleciendo la labor
tuitiva ante esta clase de delitos, la especialidad y el criterio de unidad de
investigación, brindando a las víctimas, el trato especializado, oportuno y
diferenciado que requieren.
En consecuencia, se resuelve ampliar la competencia territorial que hace
referencia el artículo primero de la resolución 4240-2018-MP-FN, de fecha 30 de
noviembre de 2018:
- Competencia territorial: Las Fiscalías Especializadas tienen competencia dentro de sus respectivos distritos territoriales.
1812449-1 by Anonymous 4yA7DsPrD on Scribd
Fuente El Peruano: https://diariooficial.elperuano.pe/Normas27 sept 2019
Ministerio Público presenta dos protocolos para casos de trata de personas
El Ministerio Público presentó dos nuevos protocolos para casos de trata de personas, destinados a fortalecer la actuación fiscal a favor de las víctimas.
Se trata del Protocolo para acreditar la situación de vulnerabilidad de las víctimas de trata de personas, el cual busca fijar las reglas y pautas del fiscal para acreditar esa condición de las víctimas. Además de garantizar la homogeneidad en las actuaciones de los operadores de justicia vinculados con el conocimiento de los casos de trata de personas.
El segundo, el Protocolo del Ministerio Público para la atención de víctimas del delito de trata de personas en situación de tráfico ilícito de migrantes y víctimas de delitos en el contexto de la migración, que establece pautas de actuación comunes que garanticen la protección a las víctimas, conforme a los roles asignados por ley y los estándares internacionales para evitar la revictimización.
25 mar 2019
Ministerio Público: Feminicidio en Lima y Callao
El Observatorio de la Criminalidad del Ministerio Público ha publicado el reporte "Feminicidio en Lima y Metropolitana y Callao 2009-2019".
En el 2018 se han registrado 128 feminicidios. En el 2017: 116; en el año 2016: 105; en el año 2015: 103; y en el año 2014: 100 feminicidios.
En el 2018 se han registrado 128 feminicidios. En el 2017: 116; en el año 2016: 105; en el año 2015: 103; y en el año 2014: 100 feminicidios.
01 Feminicidio en Lima y Ca... by on Scribd
Fuente Ministerio Público: https://www.mpfn.gob.peLa República: Balance de 3 años indica 500 casos de abuso y asesinato de niñas
Cifras de espanto. Reporte del Observatorio de Criminalidad del Ministerio Público señala que la mayoría de casos ocurrió en la vivienda de la víctima. Experto dice que penas no disuaden.
La tarde del 11 de noviembre de 2018, Kelly de 10 años, le dijo a su mamá que iba a vender gelatinas en un campo deportivo, en Barranca, al norte de Lima. Fue la última vez que hablaron. La menor desapareció y dos días después se supo la terrible verdad: Había sido secuestrada y asesinada.
Las pericias determinaron que la menor fue abusada antes de ser asesinada por Julio César Arquinio Giraldo.
Kelly se convirtió así en una de las 500 menores de entre 10 y 14 años que fueron ultrajadas y asesinadas en los últimos tres años en el país.
De acuerdo con las estadísticas del Observatorio de Criminalidad del Ministerio Público, en el 2016 fueron asesinadas 201 niñas, en el 2017 perecieron 206, y en el 2018 otras 93 acabaron muertas tras haber sido sometidas a abusos sexuales.
Estadística alarmante
Es frecuente que las víctimas callen por temor, vergüenza, culpa, impotencia o porque no tienen un interlocutor que dé credibilidad a sus palabras.
Durante ese mismo espacio de tiempo 20 mil 441 niñas, niños y adolescentes menores de 18 años fueron víctimas de delitos de abuso sexual y actos contra el pudor, según registros de las fiscalías provinciales penales y mixtas del país.
Así, entre enero del 2016 y diciembre del 2018, fueron violadas 5,673 (27,75%) niñas cuyas edades fluctúan entre los 10 y 14 años. Otras 2,353 adolescentes de 14 a 18 años acabaron siendo víctimas de este delito en forma agravada, y 2,264 niñas, menores de 10 años, fueron ultrajadas en los últimos tres años.
Y, contrariamente a lo que se piensa, las estadísticas demuestran que el hogar es el espacio donde ocurre la mayor cantidad de abusos de niños.
Un caso reciente ocurrió en Piura. La víctima tenía 9 años cuando empezó a sufrir los ataques de su padre, de su primo y de un hermanastro.
La menor relató, cinco años más tarde, que nunca tuvo una infancia tranquila, y que su vida fue resistir casi a diario el maltrato y abusos sexuales en casa, desde que su madre la abandonó.
Es por eso que ahora reclama justicia. A sus 14 años y con un bebé de cinco meses, fruto de las violaciones, entendió que había llegado el momento de decir basta.
Hoy, Augusto Pasapera Abad, acusado por la menor de los abusos a los que la sometió por años, se encuentra cumpliendo nueves meses de prisión preventiva.
Delitos contra el pudor
Por eso es vital escuchar la voz de los niños, creerles y denunciar. La abogada María del Carmen Barragán explica que lo primero que se debe hacer es conversar con la víctima hasta que revele el nombre del agresor. Luego de acude a la comisaría o al Ministerio Público.
En el Perú, la violencia y el abuso sexual contra niños y niñas figuran entre las principales causas por las que deben ser separados de sus familias.
Si bien el entorno familiar es por naturaleza el mejor espacio de resguardo contra todo tipo de violencia, algunas veces puede ser un lugar donde se vulneran sus derechos.
Según las cifras del Observatorio de Criminalidad, en los últimos tres años 2,596 menores de 10 a 14 años fueron víctimas de actos contra el pudor. Lo mismo sufrieron otras 1,928 niñas y niños menores de 7 años. Hubo, además, 57 casos de delitos contra el pudor que terminaron con menores muertos.
Fuente La República: https://larepublica.pe/sociedad/1436536-balance-3-anos-500-casos-abuso-asesinato-ninos
29 ene 2019
Ministerio Público: 28,067 denuncias contra la libertad sexual se registró en 2018
El Boletín Estadístico del mes de diciembre del año
2018, es un documento informativo elaborado
por la Sub Gerencia de Estadística de la Oficina
de Racionalización y Estadística y contiene
información de las variables que forman parte
del trabajo que realizan las distintas unidades
orgánicas del Ministerio Público -Fiscalía de la Nación- a nivel nacional,
coadyuvando con el cumplimiento de los objetivos
institucionales.
Boletin Estadistico Diciemb... by on Scribd
Fuente Ministerio Público: https://www.mpfn.gob.pe/publicaciones_estadisticas/
13 ene 2019
Ronald Gamarra: "Último error de un impresentable"
"Actuaron exactamente como delincuentes. Ni más, ni menos. No eran cualquiera, sino el personal de confianza de quien hasta entonces fungía de fiscal de la Nación".
¿Porqué renunció repentinamente Pedro Chávarry a la Fiscalía de la Nación, a la cual se había prendido como una garrapata, al extremo de jactarse de que ni diez mil marchas lo obligarían a renunciar? Si algo demostró Chávarry, con abundancia y desvergüenza, en su corto y tormentoso titularato al frente del Ministerio Público, fue su capacidad para desechar con descaro todo cuestionamiento, todo llamado a la razón, toda observancia ética que le sugiriese la posibilidad de dejar el cargo. De largarse. Entonces, ¿Por qué de pronto cambió de opinión en la tarde del 7 de enero?
Quiso aprovechar las últimas horas del 31 de diciembre para sorprender a todo el mundo en plena celebración del año nuevo y sacar partido de ello para destituir a los fiscales Rafael Vela Barba y José Domingo Pérez Gómez de los cargos que desempeñan en la investigación de los más importantes casos de corrupción en nuestro país, en los cuales han demostrado una decisión y resultados ejemplares. Creyó que podría lograrlo y jugó todo a ganador. Había logrado convocar a dos fiscales para -en términos relaes- levantar el piso a sus colegas.
Una semana después, exactamente, quien se veía obligado a salir por la puerta falsa y perdía su alto puesto de Fiscal de la Nación era él mismo, mientras los fiscales Rafael Vela y José Domingo Pérez siguen en sus puesto, consolidados por su limpia trayectoria y el respaldo de una opinión pública que abrumadoramente reconoce que es necesario respaldarlos sin vacilación antes las conspiraciones de las redes de corrupción. El sabotaje de Chávarry fracasó desde el inicio, pues la misma noche de año nuevo detonaron en todo el país -generosa y espontáneamente- las protestas multitudinarias que lo apabullaron.
El apoyo del APRA y el fujimorismo a la decisión de Chávarry fue insuficiente ante la ola de protestas, que obligaron a los fiscales Almanza y Páucar a recular y 48 horas después estaban ya tramitando su renuncia a sus flamantes nombramientos. El desastre era total. Ningún otro fiscal le aceptó el encargo. Chávarry debió retroceder para sobrevivir a la catástrofe, dejando sin efecto la destitución de Vela y Pérez. Pero era insuficiente y muy tarde para frenar la protesta popular y la decisión del Presidente Vizcarra, quien presentó una iniciativa legal para declarar en emergencia el Ministerio Público, reservándose el derecho de hacer cuestión de confianza sobre su aprobación.
La defensa de Chávarry se reorganizó en ese momento y, al retroceso en la destitución de Vela y Pérez, se agregó una campaña centrada en la supuesta "inconstitucionalidad" de la iniciativa presidencial y la pretendida "defensa de la autonomía" del Ministerio Público, a la cual se unieron algunos incautos. Como si rescatar una importante institución del Estado del control de una banda, que es la misma que controlaba el Consejo Nacional de la Magistratura y la ONPE, no fuese prioridad constitucional. En esas estábamos, en un nuevo tira y afloje lleno de incertidumbre en torno a la salida de Chávarry.
En medio de la tensión política, nadie observó que la justicia anticorrupción seguía con su labor y fue así que, en esos mismos días agitados, a solicitud del fiscal Pérez, el juez Concepción Carhuancho autorizó el allanamiento de la oficina del asesor de Chávarry, Juan Manuel Duarte Castro, situada en la misma sede del Ministerio Público. Superadas algunas maniobras distractoras del personal de confianza de Chávarry, el fiscal Pérez identificó los espacios a ser intervenidos y dispuso su cierre y lacrado a fin de -una vez obtenida la amplicación de la autorización judicial- proseguir el procedimiento al día siguiente.
Fue entonces que el personal de confianza de Chávarry incursionó subrepticiamente en las oficinas, eludiendo el control establecido, violando el lacrado, para llevarse varias cajas que evidentemente contienen documentación comprometedora. Actuaron exactamente como delincuentes. Ni más, ni menos. No eran cualquiera, sino el personal de confianza de quien hasta entonces fungía de Fiscal de la Nación, encabezado por su asesora Rosa María Venegas Mello, quien era la que tenía las llaves y sacó personalmente el material. Al retirarse, cuidaron de disimular los rastros de la incursión y la violación del lacrado.
Chávarry se creía capáz de burlarse de la justicia una vez más. No contaba sin embargo, con el profesionalismo y perspicacia del fiscal Pérez, quien intuyó la fechoría, y con que el propio jefe de seguridad del Ministerio Público, funcionario de su confianza, lo pensaría bien antes de hacerse cómplice de un acto delincuencial: decidió entregar los videos que registran detalladamente la intervención del personal de Chávarry en las oficinas cerradas y lacradas. De ese hecho criminal también ha quedado registrada la respuesta que da uno de los miembros de resguardo de Pinochávarry a una vigilante que se percata de la acción, a quien le dice que "cumplen órdenes superiores del Fiscal de la Nación".
Evidentemente, eso fué lo que precipitó la renuncia de Chávarry a un cargo al cual estaba prendido como una lapa. Desertó porque su propio jefe de seguridad lo echó con videos y todo. Él no contaba con eso. Entonces, en las circunstancias en que se encontraba, totalmente aislado y repudiado, enfrentar esta denuncia sobre un acto abiertamente delincuencial cometido por su propia gente de confianza hubiese sido hacerse públicamente el hara-kiri. En tal situación, era preferible "dar un paso al costado". Pero solo un paso, el necesario para alejarse de la luz pública, mientras se mantiene como fiscal supremo y miembro de la junta de fiscales supremos.
La permanencia de Chávarry en el Ministerio Público es intolerable. Inaguantable. No puede ni debe seguir allí porque es una mácula permanente y la prueba viviente de la fuerza que mantiene la corrupción en este organismo. ¿Cómo puede seguir de fiscal supremo un sujeto que tiene evidentísima responsabilidad en una incursión delicuencial, violando lugares lacrados para frustrar una diligencia judicial? Si alguien todavía dudaba de las relaciones de Chávarry con los Cuellos Blancos del Puerto, de esta manera de actuar, subrepticia y aleve, debería despejarle las dudas.
Algo más. Juan Manuel Duarte y Rosa Vengas, los dos asesores de Chávarry que aparecen en esta historia de pícaros, oh sorpresa, provienen del fujimorismo. Lo cual explica, por enésima vez, el pacto de impunidad entre el fujimorismo y Chávarry, que lo ha blindado todo este tiempo contra cuatro denuncias constitucionales y la protesta unánime de la ciudadanía. ¿Queda claro ahora por qué la mayoría fujiaprista del Congreso es el principal obstáculo para desmontar las redes de corrupción que han tomado las instituciones de justicia?.
Rosa María Venegas, la asesora de Chávarry que encabezó la incursión en las oficinas lacradas, es íntima de la congresista fujimorista Karina Beteta, con quien trabajó como asesora hasta mediados del año pasado. Parece evidente que entonces "la destacaron" a la oficina de Chávarry, quien precisamente empezaba su turbulento período como Fiscal de la Nación. Como puede observarse fácilmente, los tentáculos de la red que tiene secuestradas nuestras instituciones calzan perfectamente y conducen a los mismos círculos que darán hasta el final la lucha por la impunidad.
El apoyo del APRA y el fujimorismo a la decisión de Chávarry fue insuficiente ante la ola de protestas, que obligaron a los fiscales Almanza y Páucar a recular y 48 horas después estaban ya tramitando su renuncia a sus flamantes nombramientos. El desastre era total. Ningún otro fiscal le aceptó el encargo. Chávarry debió retroceder para sobrevivir a la catástrofe, dejando sin efecto la destitución de Vela y Pérez. Pero era insuficiente y muy tarde para frenar la protesta popular y la decisión del Presidente Vizcarra, quien presentó una iniciativa legal para declarar en emergencia el Ministerio Público, reservándose el derecho de hacer cuestión de confianza sobre su aprobación.
La defensa de Chávarry se reorganizó en ese momento y, al retroceso en la destitución de Vela y Pérez, se agregó una campaña centrada en la supuesta "inconstitucionalidad" de la iniciativa presidencial y la pretendida "defensa de la autonomía" del Ministerio Público, a la cual se unieron algunos incautos. Como si rescatar una importante institución del Estado del control de una banda, que es la misma que controlaba el Consejo Nacional de la Magistratura y la ONPE, no fuese prioridad constitucional. En esas estábamos, en un nuevo tira y afloje lleno de incertidumbre en torno a la salida de Chávarry.
En medio de la tensión política, nadie observó que la justicia anticorrupción seguía con su labor y fue así que, en esos mismos días agitados, a solicitud del fiscal Pérez, el juez Concepción Carhuancho autorizó el allanamiento de la oficina del asesor de Chávarry, Juan Manuel Duarte Castro, situada en la misma sede del Ministerio Público. Superadas algunas maniobras distractoras del personal de confianza de Chávarry, el fiscal Pérez identificó los espacios a ser intervenidos y dispuso su cierre y lacrado a fin de -una vez obtenida la amplicación de la autorización judicial- proseguir el procedimiento al día siguiente.
Fue entonces que el personal de confianza de Chávarry incursionó subrepticiamente en las oficinas, eludiendo el control establecido, violando el lacrado, para llevarse varias cajas que evidentemente contienen documentación comprometedora. Actuaron exactamente como delincuentes. Ni más, ni menos. No eran cualquiera, sino el personal de confianza de quien hasta entonces fungía de Fiscal de la Nación, encabezado por su asesora Rosa María Venegas Mello, quien era la que tenía las llaves y sacó personalmente el material. Al retirarse, cuidaron de disimular los rastros de la incursión y la violación del lacrado.
Chávarry se creía capáz de burlarse de la justicia una vez más. No contaba sin embargo, con el profesionalismo y perspicacia del fiscal Pérez, quien intuyó la fechoría, y con que el propio jefe de seguridad del Ministerio Público, funcionario de su confianza, lo pensaría bien antes de hacerse cómplice de un acto delincuencial: decidió entregar los videos que registran detalladamente la intervención del personal de Chávarry en las oficinas cerradas y lacradas. De ese hecho criminal también ha quedado registrada la respuesta que da uno de los miembros de resguardo de Pinochávarry a una vigilante que se percata de la acción, a quien le dice que "cumplen órdenes superiores del Fiscal de la Nación".
Evidentemente, eso fué lo que precipitó la renuncia de Chávarry a un cargo al cual estaba prendido como una lapa. Desertó porque su propio jefe de seguridad lo echó con videos y todo. Él no contaba con eso. Entonces, en las circunstancias en que se encontraba, totalmente aislado y repudiado, enfrentar esta denuncia sobre un acto abiertamente delincuencial cometido por su propia gente de confianza hubiese sido hacerse públicamente el hara-kiri. En tal situación, era preferible "dar un paso al costado". Pero solo un paso, el necesario para alejarse de la luz pública, mientras se mantiene como fiscal supremo y miembro de la junta de fiscales supremos.
La permanencia de Chávarry en el Ministerio Público es intolerable. Inaguantable. No puede ni debe seguir allí porque es una mácula permanente y la prueba viviente de la fuerza que mantiene la corrupción en este organismo. ¿Cómo puede seguir de fiscal supremo un sujeto que tiene evidentísima responsabilidad en una incursión delicuencial, violando lugares lacrados para frustrar una diligencia judicial? Si alguien todavía dudaba de las relaciones de Chávarry con los Cuellos Blancos del Puerto, de esta manera de actuar, subrepticia y aleve, debería despejarle las dudas.
Algo más. Juan Manuel Duarte y Rosa Vengas, los dos asesores de Chávarry que aparecen en esta historia de pícaros, oh sorpresa, provienen del fujimorismo. Lo cual explica, por enésima vez, el pacto de impunidad entre el fujimorismo y Chávarry, que lo ha blindado todo este tiempo contra cuatro denuncias constitucionales y la protesta unánime de la ciudadanía. ¿Queda claro ahora por qué la mayoría fujiaprista del Congreso es el principal obstáculo para desmontar las redes de corrupción que han tomado las instituciones de justicia?.
Rosa María Venegas, la asesora de Chávarry que encabezó la incursión en las oficinas lacradas, es íntima de la congresista fujimorista Karina Beteta, con quien trabajó como asesora hasta mediados del año pasado. Parece evidente que entonces "la destacaron" a la oficina de Chávarry, quien precisamente empezaba su turbulento período como Fiscal de la Nación. Como puede observarse fácilmente, los tentáculos de la red que tiene secuestradas nuestras instituciones calzan perfectamente y conducen a los mismos círculos que darán hasta el final la lucha por la impunidad.
Artículo de opinión de Ronald Gamarra Herrera publicado en Hildebrandtr en sus Trece.
Fuente Hildebrandt: http://www.hildebrandtensustrece.com/
1 ene 2019
Pronunciamiento: Pablo Sánchez Velarde y Zoraida Avalos Rivera
Pronunciamiento
Doctor Pablo Sánchez Velarde, ex fiscal de la Nación
Doctora Zoraida Avalos Rivera, fiscal suprema titular
Como Fiscales Supremos y miembros del Ministerio Público no podemos mantenernos en silencio ante un acto como el acontecido hoy.
Sentimientos de vergüenza e indignación es lo que nos embarga porque estamos convencidos que nuestra institución no merece esto.
Consideramos que los fiscales al frente del Equipo Especial están haciendo un buen trabajo. Cambiarlos solo perjudica las investigaciones y los procesos de colaboración eficaz. Ante ello cabe preguntarse ¿cuál es la consecuencia?
La respuesta es una sola: se beneficia la impunidad. Pero, además, estos hechos nos dejan ante la sociedad internacional como una institución debilitada y sin compromiso en la lucha contra la corrupción.
No sólo es una decisión poco acertada e inoportuna, sino que además genera un impacto negativo en las investigaciones. Pero, como magistrados debemos resaltar que esto daña lo mas sagrado de la función fiscal que es su autonomía en la persecución del delito y la independencia que se requiere.
Asimismo, se debilita sustancialmente los níveles de cooperación internacional, especialmente con Brasil.
No podemos mas que manifestar nuestro pesar por estas decisiones que hoy dan un golpe mortal a la lucha contra la corrupción y la institucionalidad.
Por ello, exhortamos al fiscal de la Nación que se desista de los cambios anunciados esta noche por el bien de la institución y de la lucha contra la corrupción. Asimismo, hacemos un llamado a todos los fiscales del país, comprometidos con la institucionalidad y el compromiso de lucha contra la impunidad, para que se sumen a este pedido y apoyen esta posición.
Lima, 31 de diciembre de 2018.
No sólo es una decisión poco acertada e inoportuna, sino que además genera un impacto negativo en las investigaciones. Pero, como magistrados debemos resaltar que esto daña lo mas sagrado de la función fiscal que es su autonomía en la persecución del delito y la independencia que se requiere.
Asimismo, se debilita sustancialmente los níveles de cooperación internacional, especialmente con Brasil.
No podemos mas que manifestar nuestro pesar por estas decisiones que hoy dan un golpe mortal a la lucha contra la corrupción y la institucionalidad.
Por ello, exhortamos al fiscal de la Nación que se desista de los cambios anunciados esta noche por el bien de la institución y de la lucha contra la corrupción. Asimismo, hacemos un llamado a todos los fiscales del país, comprometidos con la institucionalidad y el compromiso de lucha contra la impunidad, para que se sumen a este pedido y apoyen esta posición.
Lima, 31 de diciembre de 2018.
El Comercio: "(Sin) vergüenza"
La remoción de los fiscales José Domingo Pérez y Rafael Vela, en el ocaso del año, es un acto oprobioso del fiscal de la Nación, Pedro Chávarry.
Editorial El Comercio.
Finalmente, después de varias semana aprovechando las celebraciones que le pusieron fin al 2018, el fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, anunció la remoción de los fiscales Rafael Vela y José Domingo Pérez del equipo especial encargado del Caso Lava Jato. Una acción que, al darse cuando la ciudadanía se preparaba para recibir un año nuevo, deja clarísisma la intención de la cabeza del Ministerio Público de camuflar la decisión.
Si bien resulta sumamente preocupante que la cabeza de una institución como la fiscalía se interese en dar a conocer sus decisiones agazapado en la coyuntura festiva, es aun más indignante al tomar en cuenta cómo justificó las mismas. Según el señor Chávarry, la medida llega motivada por el hecho de que el fiscal Pérez "procedió a cuestionar mi elección que se produjo por unanimidad de los fiscales supremos" y que esta actitud fue "avalada por el coordinador Vela Barba". Una circunstancia que, como es evidente, nada tiene que ver con la forma en la que han hecho su trabajo ambos fiscales, sino con una ojeriza sostenida por el fiscal de la Nación al sentir que se ponía en tela de juicio su autoridad.
Si bien resulta sumamente preocupante que la cabeza de una institución como la fiscalía se interese en dar a conocer sus decisiones agazapado en la coyuntura festiva, es aun más indignante al tomar en cuenta cómo justificó las mismas. Según el señor Chávarry, la medida llega motivada por el hecho de que el fiscal Pérez "procedió a cuestionar mi elección que se produjo por unanimidad de los fiscales supremos" y que esta actitud fue "avalada por el coordinador Vela Barba". Una circunstancia que, como es evidente, nada tiene que ver con la forma en la que han hecho su trabajo ambos fiscales, sino con una ojeriza sostenida por el fiscal de la Nación al sentir que se ponía en tela de juicio su autoridad.
Es inquietante, ciertamente, la forma en la que Chávarry ha dado a conocer su disposición, pero no resulta sorpresiva. A lo largo del año pasado, con la investigación del Caso Lava Jato empezando a mostrar sus primeros frutos, el titular del Ministerio Público no escatimó en amenazas al equipo liderado por el fiscal Rafael Vela. Apenas el 19 de diciembre, desde esta página, alértabamos sobre las hostilizaciones que había denunciado Vela de parte del fiscal de la Nación y cómo este último había buscado restarle valor al saludo que la Fuerza de Tarea a cargo del Caso Lava Jato en Brasil le había hecho a su homólogo peruano. A esto se suma el hecho de que Chávarry, en una entrevista, remarcó que tenía la potestad de remover al fiscal José Domingo Pérez "en cualquier momento", pero que evitaba hacerlo solo para que no se leyera como una "represalia". Ayer, sin embargo, dejó en claro que esto último era en efecto su objetivo. Sin duda un gesto vergonzoso que, de por sí, deja en evidencia la debilidad de su liderazgo y lo nocivo de la permanencia en el puesto.
La alarma suena aún más respecto al futuro del Caso Lava Jato. En primer lugar, una coyuntura como esta le podría permitir a los involucrados en las pesquisas de los fiscales removidos cuestionar la legitimidad de las medidas que se han tomado en su contra. Una realidad especialmente grave si se considera que entre las carteras que tenían encargadas estaban algunas tan sensibles como las de Alan García y Keiko Fujimori.
También preocupa que esta decisión se haya tomado en vísperas de la ejecución del acuerdo de colaboración suscrito por el referido equipo especial con la empresa Odebrecht y cómo esto afectará la calidad de los resultados que se puedan obtener a partir del mismo. Incluso, como se recuerda, el fiscal Vela había anunciado una ampliación del interrogatorio a Jorge Barata programada para este mismo mes.
La alarma suena aún más respecto al futuro del Caso Lava Jato. En primer lugar, una coyuntura como esta le podría permitir a los involucrados en las pesquisas de los fiscales removidos cuestionar la legitimidad de las medidas que se han tomado en su contra. Una realidad especialmente grave si se considera que entre las carteras que tenían encargadas estaban algunas tan sensibles como las de Alan García y Keiko Fujimori.
También preocupa que esta decisión se haya tomado en vísperas de la ejecución del acuerdo de colaboración suscrito por el referido equipo especial con la empresa Odebrecht y cómo esto afectará la calidad de los resultados que se puedan obtener a partir del mismo. Incluso, como se recuerda, el fiscal Vela había anunciado una ampliación del interrogatorio a Jorge Barata programada para este mismo mes.
Así las cosas, será cuestión de tiempo ver cómo la decisión de Pedro Chávarry repercute en el resultado de la investigación más importante de los últimos años de la historia política peruana. Por el momento los pronósticos no son positivos. Empero, si algo ha dejado meridianamente claro el fiscal de la Nación es que él no le teme a operar privilegiando sus intereses y, sobre todo, a hacerlo subrepticiamente, al viejo estilo que predecesores suyos como Blanca Nélida Colán exhibían sin empacho de los años 90.
Fuente El Comercio: https://elcomercio.pe/opinion/editorial/editorial-vergueenza-noticia-593061
Fuente El Comercio: https://elcomercio.pe/opinion/editorial/editorial-vergueenza-noticia-593061
26 sept 2018
Organizaciones de la Sociedad Civil presentan denuncia contra Fiscal Pedro Gonzalo Chávarry ante el Consejo de Ética del Colegio de Abogados de Lima
Las siguientes organizaciones de la sociedad civil, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), la Asociación Nacional de Centros (ANC) y la Central de Trabajadores del Perú (CGTP) presentaron una denuncia contra el Fiscal de la Nación, Pedro Gonzalo Chávarry, por haber transgredido el Código de Ética del Abogado ante el Colegio de Abogados de Lima.
Notas relacionadas: "Director del CNM se reunía con Pedro Chávarry durante la ratificación", vía La República.
Fuente CNDDHH.
23 sept 2018
Informe Final sobre la Denuncia Constitucional contra el Fiscal de la Nación Pedro Chávarry
El informe ha sido presentada por el congresista Juan Sheput.
De acuerdo a Ronald Gamarra Herrera en su cuenta Twitter:
Informe Sheput sobre Chávarry: grave afectación a la confianza para el desempeño del cargo de FN, pérdida de independencia, compromiso con terceros para la elección en el cargo, afectación institucional e infracción del principio constitucional de lucha contra la corrupción...— Ronald Gamarra (@ronaldgamarra) 24 de septiembre de 2018
Fuente Congreso de la República.
22 sept 2018
Crean Fiscalías Provinciales Transitorias Especializadas en Violencia contra la Mujer y los Integrantes del Grupo Familiar en los Distritos Fiscales de Lima, Lima Este, Lima Norte, Lima Sur y Callao
Fiscalías especializadas en el distrito Fiscal de Lima, Lima Este, Lima Norte, Lima Sur y El Callao.
Fuente El Peruano: https://elperuano.pe/
10 sept 2018
"Pinochávarry" por Ronald Gamarra
"Los fiscales supremos que lo apoyan son precisamente los que atambién tienen audios y diversas relaciones bajo investigación con Hinostroza y también han sido señalados como integrantes de los cuellos blancos del puerto".
Lo rechaza el 90% de la opición pública, que exige su salida inmediata del cargo de Fiscal de la Nación y del Ministerio Público. Todas las encuestas coinciden en señalar el poderoso consenso de la ciudadanía en su abrumadora censura al fiscal Pedro Gonzalo Chávarry como cabeza de esta importante institución del Estado, encargada de velar por el respeto a la legalidad. Se trata, pues, de un funcionario que carece de toda legitimidad democrática.
Pero, a él esto no le importa nada y sigue aferrado a su puesto.
Está señalado por una investigación llevada a cabo por dos fiscales intachables, durante varios meses, como integrante de la banda Los cuellos blancos del Puerto, encabezada por el juez supremo Hinostroza Pariachi, red de jueces, fiscales y empresarios dedicada al tráfico de influencias a gran escala. Cualquier ciudadano que fuese sindicado así por la pesquisa de un fiscal tendría la obligación de someterse a la investigación hasta su más completo y profundo esclarecimiento.
Pero él se considera a sí mismo por encima de la ley y le basta con desechar la investigación calificándola de calumnia.
Pero él se considera a sí mismo por encima de la ley y le basta con desechar la investigación calificándola de calumnia.
Artículo de opinión de Ronald Gamarra Herrera publicado en Hildebrandt en sus Trece el viernes 07 de setiembre de 2018.
Fuente Hildebrandt: http://www.hildebrandtensustrece.com/
17 ago 2018
Ministerio Público inicia proceso hacia futura creación de fiscalías especializadas en violencia hacia la mujer
Mediante Resolución Fiscal de la Nación dispuso crear comisión encargada de implementar Subsistema Especializado para la Protección y Sanción de la Violencia contra las Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar.
El Fiscal de la Nación, Pedro Gonzalo Chávarry Vallejos, dispuso la conformación de la comisión encargada de implementar el Subsistema Especializado para la Protección y Sanción de la Violencia contra las Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar, que constituye el primer paso hacia la creación de fiscalías especializadas en investigar dichos delitos en el Ministerio Público tal como fue anunciado en su discurso al asumir el cargo.
La decisión fue adoptada al amparo del Decreto Legislativo 1368, en el que se aprobó la creación del Sistema Nacional Especializado de Justicia para la Protección y Sanción de la Violencia contra las Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar, que estará integrado por el Poder Judicial, el Ministerio Público, la Policía Nacional, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables.
De acuerdo al dispositivo, se prevé contar con un sistema integrado y especializado de justicia en dicha materia y en delitos sexuales en agravio de niños, niñas y adolescentes. Además, en el caso del Ministerio Público se señala que deberá contarse con Fiscalías Especializadas de Justicia para la Protección y Sanción de la Violencia contra las Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar, en materia Penal y de Familia, así como de unidades de investigación forense conformadas por peritos, Cámaras Gesell y laboratorios.
La Comisión encargada de evaluar dichas medidas en el Ministerio Público estará presidida por la fiscal suprema en lo civil, Zoraida Ávalos Rivera. En el área Civil y Familia estará conformada por las fiscales Cecilia Gonzales Fuentes, Elizabeth Matute Llaves y Rocío Rodríguez Brito. Por su parte, en el área penal estará integrada por las fiscales Raquel Cárdenas Manrique y María Quicaño Bautista. Asimismo, por personal médico legal y administrativo.
Cabe indicar que, según datos recientes del Observatorio de Criminalidad del Ministerio Público, en los últimos cinco se presentaron 566 casos de feminicidio, de los cuales más del 62% de las víctimas tuvieron edades entre los 18 y 34 años. En el ámbito del delito de violación sexual, en el mismo periodo hubo más de 63 mil casos, de los cuales más del 83% de víctimas fueron menores de edad.
Fuente Fiscalía de la Nación: https://www.agenciafiscal.pe/index.php?K=60&id=7133
8 ago 2018
Fiscalía de la Nación aprueba protocolo de intervención para casos de feminicidio desde la perspectiva de género
El Fiscal de la Nación, Pedro Gonzalo Chávarry Vallejos, aprobó el pasado 3 de agosto el Protocolo de Investigación de los delitos de Feminicidio desde la perspectiva de Género, que permitirá a los fiscales de todo el país contar, por primera vez, con una herramienta de intervención eficaz frente a los casos de muertes violentas de mujeres, acorde a los estándares internacionales.
De acuerdo al dispositivo, a partir de ahora los fiscales deberán incorporar los enfoques de género y de integralidad; así como de interculturalidad, de derechos humanos, de interseccionalidad y generacional en discriminación, de debida diligencia, de intervención inmediata y oportuna y de interés superior del niño, entre otros, a lo largo de todo el proceso de investigación.
El Protocolo establece también pautas ágiles y sencillas para los casos de feminicidio, que deberán tener en cuenta todos los fiscales desde el inicio de las investigaciones hasta la culminación del proceso penal, a fin de evitar la impunidad. Una de ellas se refiere a la identificación plena de las motivaciones de odio o discriminación que antecedieron al crimen, como objetivo estratégico de la investigación.
De otro lado, precisa que el Protocolo deberá aplicarse en todos los casos de muertes violentas de mujeres que se produzcan en contextos no naturales como homocidios, suicidios, accidentes o decesos en los que se sospeche de un acto criminal.
La medida se dicta en un contexto de notable incremento de los casos de feminicidio en nuestro país, que llevan al Ministerio Público a tomar acciones inmediatas. Entre 2009 y abril de este año, el Observatorio de la Criminalidad del Ministerio Público reportó un total de 1,053 muertes de mujeres efectuadas a manos de sus parejas o exparejas. Las regiones que registran los mayores casos de feminicidio son Arequipa, Ayacucho, Cusco, Junín, Lambayeque, Lima y Puno, con más del 50% de los casos.
La medida se dicta en un contexto de notable incremento de los casos de feminicidio en nuestro país, que llevan al Ministerio Público a tomar acciones inmediatas. Entre 2009 y abril de este año, el Observatorio de la Criminalidad del Ministerio Público reportó un total de 1,053 muertes de mujeres efectuadas a manos de sus parejas o exparejas. Las regiones que registran los mayores casos de feminicidio son Arequipa, Ayacucho, Cusco, Junín, Lambayeque, Lima y Puno, con más del 50% de los casos.
Cabe indicar también que, en su discurso tras adumir el cargo de Fiscal de la Nación, el titular del Ministerio Público anunció la designación de fiscalías provinciales penales dedicadas exclusivamente a casos de violencia familiar y sexual. Ello se suma a otras medidas adopatdas recientemente para hacer frente a los casos de feminicidio, de una manera más eficaz.
Fuente Ministerio Público: https://t.co/6xRM6UA3s5
20 jul 2018
"Hoy, la Junta de Fiscales Supremos sobre la juramentación de Pedro Chávarry"
Hoy, en la Junta de Fiscales Supremos.
1. La fiscal suprema Zoraida Avalos votó por la postergación de la juramentación de Gonzalo Pedro Chávarry como Fiscal de la Nación hasta que se aclaren los hechos que se desprenden de los audios.
Hoy, en la Junta de Fiscales Supremos.
2. Pablo Sánchez votó por la postergación de la juramentación de Gonzalo Pedro Chávarry como Fiscal de la Nación hasta que se aclaren los hechos que se desprenden de los audios, precisando que mientras tanto Zoraida Avalos debía desempeñar las funciones.
Hoy, en la Junta de Fiscales Supremos.
3. Los fiscales supremos Tomás Gálvez y Víctor Raúl Rodríguez votaron por la inmediata juramentación de Gonzalo Pedro Chávarry como Fiscal de la Nación.
Hoy, en la Junta de Fiscales Supremos.
4. Ante el empate entre los fiscales supremos (2 por la postergacióny 2 por la juramentación inmediata como Fiscal de la Nación), el propio Chávarry resolvió el asunto al votar por su pronta juramentación.
Fuente cuenta de Twitter de Ronald Gamarra.
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