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28 may 2016

El País: Argentina, primer país que condena a los jerarcas del Plan Cóndor

Un tribunal certifica el pacto de las dictaduras latinoamericanas para asesinar disidentes

El Plan Cóndor fué algo único. Un pacto entre seis dictaduras latinoamericanas para intercambiar información y sobre todo colaborar en secuestros y asesinatos de disidentes políticos que luchaban para derrocarlas. Es una de las historias trágicas más conocidas de América, con centenares de víctimas. Y sin embargo, más de 30 años después de su acta fundacional, firmada el 28 de diciembre de 1975 en Santiago de Chile y encontrada en el “Archivo del Terror” de Paraguay, ninguna sentencia judicial había reconocido su existencia como una asociación ilícita organizada para matar. Argentina, un país en el que el proceso de los juicios de lesa humanidad está muy avanzado y no cesa, se ha convertido en el primero que condena formalmente a los jerarcas del Plan Cóndor en un larguísimo juicio con 105 víctimas y 18 imputados que empezó en 1999 con cinco casos y ha ido creciendo poco a poco. Un tribunal federal condenó por "asociacion ilícita en el marco del Plan Cóndor" entre 8 y 25 años a los principales imputados.

Entre los condenados está Reynaldo Bignone, último dictador argentino, y el general Santiago Riveros. También está el coronel uruguayo Manuel Cordero, que fue extraditado en 2007 a Argentina desde Brasil, y el exagente de la inteligencia argentina Miguel Ángel Furci, que recibieron las penas más altas, de 25 años de cárcel. No figuran los máximos jefes del Plan Cóndor porque han muerto, pero simbólicamente el proceso judicial también va contra ellos. De hecho, el más cruel y conocido de los dictadores argentinos, Jorge Videla, murió tres días después de declarar en este juicio. Afrontar su responsabilidad en el Plan Cóndor fue lo último que hizo en vida. Videla aseguró ante el tribunal que se hacía cargo de toda la responsabilidad pero sin dar ningún detalle nuevo.

“Lo importante de este juicio es que por primera vez en América Latina un tribunal reconoce la existencia del Plan Cóndor como asociación ilícita, es un juicio clave porque si estuvieran vivos Pinochet o Stroessner estarían en esta causa", explica Gastón Chiller, director ejecutivo del CELS, un organismo de derechos humanos muy respetado en Argentina que ha promovido este y otros muchos juicios contra los jerarcas de la dictadura militar.




La prensa de la época da cuenta del hallazgo de cadáveres. 

La nacionalidad de las 105 víctimas cuyos familiares escuchaban emocionados la sentencia da una idea de las dimensiones del Plan Cóndor. 45 de ellos eran uruguayos, 22 chilenos, 13 paraguayos, 11 bolivianos y 14 argentinos. Entre los presentes en el tribunal estaba Macarena Gelman, hija de la desaparecida María Claudia García, que fue entregada a una familia cómplice de la dictadura uruguaya y recuperó su identidad en el 2000, a los 23 años. La nieta del fallecido poeta Juan Gelman escuchó con satisfacción la condena a Cordero, que fue recibida con aplausos en la sala de audiencias.

Argentina abre así una puerta que en otros países parece mucho más cerrada. Por ejemplo, en Brasil, rige una ley de amnistía que impide llevar a los tribunales a los responsables de los crímenes cometidos por su dictadura (1964-1985). De hecho ninguno de los miembros del Plan Cóndor ha llevado a cabo un proceso como el argentino, un país en el que prácticamente todos los personajes clave de la dictadura están en la cárcel o en arresto domiciliario por su avanzada edad. La memoria histórica se ha convertido en una política de Estado que se ha mantenido con Mauricio Macri como presidente, como muestran los el medio centenar de juicios en los que el Estado es querellante. El otro gran juicio por el Plan Cóndor se desarrolla lejos del continente, en Roma, en un proceso contra 30 exmilitares y civiles de Bolivia, Chile, Perú y Uruguay, acusados de la desaparición y muerte de 43 opositores, entre ellos varios de origen italiano. 

La creación del Plan Cóndor quedó absolutamente probada durante el juicio argentino, tanto es así que existe incluso ese acta fundacional firmada durante una reunión de los responsables de la inteligencia de las dictaduras y firmada por los representantes de Argentina (Jorge Casas, capitán de navío, SIDE, que aún no representaba a una dictadura militar), Bolivia (Carlos Mena, mayor del Ejército), Chile (Manuel Contreras Sepúlveda, jefe de la DINA), Uruguay (José Fons, coronel del Ejército) y Paraguay (Benito Guanes Serrano, coronel del Ejército). Brasil no firmó esa primera acta pero otros documentos muestran con claridad que participó en el Plan Cóndor.

En el “Archivo del Terror” de Paraguay se encontró una invitación de la DINA -servicios secretos de Pinochet- “para promover la coordinación y establecer algo similar a lo que tiene Interpol en París, pero dedicado a la subversión”. En el texto formal firmado en Chile se señala: “Se dan por iniciados a partir de esta fecha los contactos bilaterales o multilaterales a voluntad de los respectivos países aquí participantes para el intercambio de información subversiva, abriendo propios o nuevos carteles de antecedentes de los respectivos servicios”.

El plan empezó como un intercambio de información y fue creciendo hasta que pasó a la fase de secuestrar o asesinar directamente a los disidentes en los países donde estuvieran escondidos, siempre con la autorización implícita de la dictadura local. El Plan Cóndor fue extendiendo sus fronteras y la dictaduras empezaron a asesinar a disidentes en Europa y EEUU, como el conocido caso de Orlando Letelier, exministro del Gobierno de Salvador Allende, asesinado en Washington en septiembre de 1976.

Una de las grandes preguntas que quedan pendientes es la participación de EEUU en el Plan Cóndor. Durante el juicio, según los investigadores del CELS, no ha aparecido ninguna prueba definitiva de que algún organismo de este país promoviera el plan pero sí ha quedado claro por distinta documentación, entre ellas alguna desclasificada por el propio Departamento de Estado de EEUU, que lo conocían con detalle.

Muchos investigadores confían ahora en que la promesa de Barack Obama de desclasificar más documentos relacionados con las dictaduras latinoamericanas, especialmente los de la CIA, ofrezca mucha más información. Lo que sí se sabe es que EEUU se fue alejando a medida que el Plan Cóndor empezó su oleada de asesinatos en distintos países y dejó de ser un plan secreto. Son los documentos de EEUU los que con más detalle explican el objetivo del plan: “Implica la formación de equipos especiales por los países miembros para llevar a cabo sanciones hasta asesinatos contra terroristas o simpatizantes de organizaciones terroristas de los países miembros de ‘Operación Cóndor’. A los equipos especiales se les emitirían documentos falsos de parte de los países miembros de ‘Operación Cóndor’ y podrían estar compuestos exclusivamente por individuos de una de las naciones miembros de ‘Operación Cóndor’ o podrían estar compuestos por un grupo mixto de varias naciones miembros de ‘Operación Cóndor’”, detalla. En cualquier caso, explican en el CELS, la operación Cóndor fue un plan latinoamericano, diseñado por las dictaduras para acabar con sus propios disidentes.

Fuente El País: http://internacional.elpais.com/internacional/2016/05/27/argentina/1464377638_258435.html

27 ago 2015

El impacto de las políticas de drogas en los derechos humanos

La experiencia del continente americano; publicación del Centro de Estudios Legales y Sociales - CELS, financiado por Open Society.

El prohibicionismo en debate.
Militarización y violencia.
Criminalización del consumo de drogas, etc.
 

5 ago 2015

Argentina: "El Cóndor operó como una asociación ilícita para la desaparición forzada"

El CELS finalizó su alegato en el juicio por la coordinación represiva en el Cono Sur.  Solicitó  penas para los represores y expuso las pruebas que demostraron una asociación ilícita para la desaparición forzada y la privación ilegítima de personas. Además, hizo una petición novedosa para este tipo de juicios: el derecho a la verdad.

Por Juan Manuel Mannarino.

El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) expuso la última parte de su alegato en el juicio por "Plan Cóndor". En el Tribunal Oral Federal 1 de Comodoro Py, los abogados expusieron la calificación legal de los delitos. Y finalizaron con un pedido de penas. "Probamos la coordinación represiva entre las dictaduras del Cono Sur que tuvo como víctimas a militantes políticos, sociales, sindicales o estudiantes de nacionalidad argentina, uruguaya, chilena, paraguaya, boliviana y brasileña", dijo la abogada Luz Palmás Zaldúa a Infojus Noticias, quien dijo que el Plan comprobó una asociación ilícita para la desaparición forzada de 106 personas. Y pidió investigar nuevos hechos que se desprendieron del proceso.

De ese modo, el CELS concluyó un alegato que duró cuatro audiencias. El acta de fundación del Plan Cóndor, consignó el organismo, está fechada el 28 de noviembre de 1975 y se realizó en Chile durante la clausura de la Primera Reunión de Inteligencia Nacional, convocada desde el día 25. Allí se rubricó con las firmas de los responsables de Inteligencia de Argentina, Bolivia, Chile, Uruguay y Paraguay. “Si bien ningún representante de Brasil firmó ese acuerdo inaugural, se comprobó a lo largo del juicio su cooperación para actividades represivas contra opositores políticos de los países partícipes. Por otra parte, muchas de las actividades que consigna el documento ya se realizaban de forma bilateral”, se detalló en la exposición.

Para el organismo, la coordinación represiva tuvo distintas fases. La primera supuso la creación de una base centralizada de información sobre los movimientos guerrilleros, partidos y grupos de izquierda, sindicalistas, religiosos, políticos liberales y supuestos enemigos de los gobiernos autoritarios involucrados en el plan. La segunda fase consistió “en pasar a la acción, identificando y atacando a estos enemigos políticos a nivel regional”. La última comprendió operativos fuera de la región para encontrar y eliminar personas que se hallaban en otros países de América y de Europa.

“Los alcances del Plan Cóndor quedaron demostrados en su total magnitud. A casi cuarenta años del acta que dio origen al Cóndor, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 1 deberá evaluar la prueba y dictar una sentencia acorde. Muchos países, sobre todo los latinoamericanos, están esperando este suceso como uno de los más importantes actos de justicia por delitos de lesa humanidad”, dijo Luz Palmás Zaldía.

Además, el CELS hizo una petición novedosa para este tipo de juicios: el derecho a la verdad. El recurso, recomendado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, se citó para que el Estado reconozca la materialidad de los hechos más allá que existan muchos imputados fallecidos. “Jorge Videla, por ejemplo, murió y estaba acusado por una gran cantidad de hechos. Entonces, pedimos que se acrediten esos delitos aunque no se condenen los responsables. Entendemos que el Estado deber garantizar la justicia no sólo para las víctimas involucradas sino también dando una respuesta a la sociedad entera”. 

Las pruebas 
“Si bien algunos países de la región avanzaron en enjuiciar operaciones del Cóndor, ninguno de esos procesos tuvo la profundidad de éste, en el que durante dos años y medio de audiencias más de doscientas personas dieron su testimonio”, dijo la abogada.

La prueba documental consiste en doce informes de organizaciones de derechos humanos; seis informes de organizaciones internacionales; 423 legajos de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas, la Secretaría de Derechos Humanos y el Registro de Desaparecidos y Fallecidos; 90 legajos y cientos de documentos de las Fuerzas Armadas y las Fuerzas de Seguridad; y 8 documentos de Fuerzas Armadas del Cono Sur.

A ese material se sumaron las decenas de miles de documentos desclasificados del Departamento de Estado de los Estados Unidos. A su vez, al Proyecto de desclasificación de Chile se sumó el pedido de organizaciones de derechos humanos argentinas como Madres de Plaza de Mayo, Abuelas y el CELS . Y, en el 2002, se llevó adelante el Proyecto de desclasificación de Argentina, que reveló 4600 documentos.

Además, se contó con los informes de archivos nacionales y extranjeros como los de la ex DIPBA y el Archivo del Terror del Paraguay, entre otros. Y, por último, las evidencias de 326 causas judiciales de la Argentina y de otras 46 tramitadas en el exterior. 

El pedido de condenas 

El CELS pidió 20 años de prisión para Humberto José Ramón Lobaiza, Felipe Jorge Alespeiti, Rodolfo Emilio Feroglio, Carlos Horacio Tragant, Santiago Omar Riveros, Bernardo José Menéndez, Antonio Vañek, Eduardo Samuel Delío, Eugenio Guañabens Perelló y Carlos Humberto Caggiano Tedesco por el delito de asociación ilícita agravada y, en algunos casos, por la privación ilegal de la libertad doblemente agravada por mediar violencia y amenazas.

Para Manuel Juan Cordero Piacentini se solicitó la pena de 5 años de prisión por el delito de privación ilegal de la libertad, en base a los términos en que fuera extraditado.

Y para Miguel Ángel Furci, la pena de 25 años de prisión por ser co-autor penalmente responsable por las privaciones ilegales de la libertad, agravadas por violencia y amenazas contra 67 personas, "24 de ellas con la imposición de tormentos agravados".

El CELS integra la querella unificada junto con el Equipo Jurídico Kaos, la Fundación Liga Argentina por los DDHH y la abogada Alcira Ríos. Representa, además, a los familiares de los ciudadanos argentinos Horacio Campiglia, Mónica Susana Pinus de Binstock y Norberto Habegger, desaparecidos en Brasil. A los de Marcelo Gelman y María Claudia García Irureta Goyena, desaparecidos en Argentina y Uruguay, y a los del uruguayo Bernardo Arnone, desaparecido en Argentina. También representa a los familiares de María Emilia Islas Gatti y de Juan Pablo Recagno Ibarburu, que murieron durante la tramitación de la causa.

11 jul 2014

CELS. Protección integral de niños, niñas y adolescentes migrantes

CELSEl Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) adhirió al documento difundido por un grupo de organizaciones de la sociedad civil e instituciones académicas que alerta sobre la situación de niños y niñas migrantes que llegan a Estados Unidos y México. En los últimos meses se incrementó la cantidad de menores solos que realizan viajes peligrosos a través de Centroamérica para llegar a esos países. Frente a este escenario, se plantea que los niños y niñas no deben ser retornados ni deportados automáticamente sino garantizar su protección integral para posibilitar el derecho a la unidad familiar.

El documento surgió del Encuentro Internacional sobre Niñez migrante no acompañada que se realizó el 23 y 24 jde junio en Tijuana, México.

Compartimos debajo el texto completo del comunicado de prensa.

Niñez y Adolescecencia migrante: Protección, no deportación

Un conjunto de instituciones académicas y de la sociedad civil de Centroamérica y Norteamérica que trabajan en la tem´ratica de la niñez y adolescencia en el contexto de la migración, reunidos en la sede de El Colegio de la Frontera Norte en Tijuana, consideramos que el creciente número de niños y niñas migrantes que se ven obligados a emprender viajes peligrosos a través de la región y que han llegado a Estados Unidos y México en los últimos meses constituye un fenómeno estructural y multidimensional que como tal requiere, entre otras, las siguientes respuestas:

En lo inmediato, es imprescindible que los niños y niñas no sean retornados ni deportados automáticamente, ni colocados en centros de detención migratorios. Al contrario, se los debe alojar en albergues que  garanticen las condiciones apropiadas a sus derechos, y especialmente que posibiliten el derecho a la unidad familiar.

También, debe segurarse la implementación de medidas de protección integrales adecuadas en cada caso, sobre la base del interés superior del niño. Estas medias deben ser el resultado de un procedimiento que de manera individualizada asegure las debidas garantías procesales, incluyendo el derecho a un abogado, a información legal adecuada en su idioma y el acceso a la asistencia consular.

La actual situación representa una importante oportunidad para que los Estados involucrados, bajo el principio de responsabilidad compartida, aborden de manera integral el fenómeno de la migración de niños, niñas y adolescentes.
 
En este sentido, convocamos a los gobiernos a adoptar, nacional y regionalmente, políticas de desarrollo humano que aseguren condiciones
 de vida digna, adecuada y libre de todas formas de violencia y discriminación para todas y cada una de las personas, y que reciban a estos niños y niñas migrantes ya sea de una forma permanente o transitoria, a brindales la protección humanitaria y el debido proceso requerido bajo las leyes nacionales e internacionales.

Firmantes:

Colegio de la Frontera Norte
Casa YMCA de Menores Migrantes
Iniciativa Frontera Norte de México
Centro de Derechos HUmanos Fray Matías de Córdova A.C. México
Asociación Misioneros de San Carlos Scalabrinianos, El Salvador.
Pastoral de Movilidad Humana, Guatemala
Asociación Pop No´j, Guatemala
Casa Alianza, Honduras
El Centro de Estudios de Género y Refugiados
National Immigrant Justice Center, Estados Unidos 
Centro de Derechos Humanos de la Universidad Nacional de Lanús
, Argentina.