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1 oct 2018

Corte IDH: Perú es responsable por desaparición forzada de Walter Munárriz Escobar


San José de Costa Rica, 01 de agosto de 2018.- En la sentencia notificada el día de hoy recaída en el caso Munárriz Escobar y Otros Vs. Perú, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ("Corte" o "Tribunal") encontró al Estado del Perú responsable por la desaparición forzada de Walter Munárriz Escobar. 

El 20 de marzo de 1999, aproximadamente a las 4:00a.m., Walter Munárriz Escobar se dirigió al Hospedaje "Los Manolos" para visitar a un inquilino del lugar. El señor Munárriz Escobar entró a una habitación de unos huéspedes e intentó entrar a otra habitación donde se hospedaba la esposa de un Alférez de la Policía Nacional del Perú. En vista de lo anterior, dicha señora denunció lo sucedido ante la Policía Nacional y Walter Munárriz Escobar fue trasladado a la Comisaría de Lircay, sin que se registrara su detención. Aproximadamente a las 4:30 a.m. del mismo 20 de marzo de 1999, Walter Munárriz Escobar permanecía en la dependencia policial y no tenía "evidencias de haber sido golpeado o agredido". Esta fue la última vez que se supo de su paradero. El señor Munárriz Escobar tenía 19 años de edad al inicio de su desaparición.

Los familiares del señor Munárriz Escobar realizaron múltiples gestiones para dar con su paradero. La fiscalía inició una investigación penal. El 25 de mayo de 2004 la Sala Mixta de la Corte Superior de Justicia de Huancavelica emitió sentencia absolviendo a todos los procesados del delito de desaparición forzada en agravio de Walter Munárriz Escobar. La Sala Mixta dispuso archivar provisionalmente la causa, debiendo continuarse con las investigaciones del caso.

Tras analizar los elementos del Caso, la Corte Interamericana estimó suficientemente acreditado que el señor Munárriz Escobar fue víctima de desaparición forzada, en violación de sus derechos a la libertad personal, integridad personal, vida y reconocimiento de la personalidad.

Igualmente, la Corte concluyó que Perú había violado las garantías judiciales y la protección judicial, toda vez que no se investigó con debida diligencia, no se cumplió con la obligación de búsqueda del señor Walter Munárriz Escobar y se incumplió con la obligación de investigar en un plazo razonable. Además, concluyó que el Estado violó el derecho a conocer la verdad de los familiares de la víctima.

Por último, la Corte también concluyó que el Estado violó el derecho a la integridad personal de los familiares del señor Munárriz Escobar debido al profundo dolor y sufrimiento ocasionados como consecuencia de los hechos.

En virtud de estas violaciones, la Corte ordenó diversas medidas de reparación. Aquí puede encontrar la sentencia:

19 sept 2018

El País: La Corte Penal Internacional abre la vía a una investigación de los crímenes contra los rohinyá


La Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI), con sede en La Haya, ha decidido esta semana examinar las denuncias de crímenes cometidos contra la minoría musulmana de los rohinyás, en particular su deportación a Bangladés desde Myanmar, que los discrimina sistemáticamente y que lanzó en 2017 una ofensiva militar que ha llevado a la huida de centenares de miles de personas.

Myanmar no es un Estado miembro del Estatuto de Roma, texto fundacional de la CPI (sólo los Estados parte del Estatuto de Roma son parte de la CPI), pero Bangladés sí, por lo que los jueces han autorizado la primera fase de lo que puede convertirse en un caso judicial en toda regla. Naciones Unidas presentó a finales de agosto un informe donde calificaba de "intento de genocidio" la persecución de la minoría musulmana, e instó a que el crimen fuera investigado, y juzgado, por un tribunal internacional.

En un comunicado hecho público este miércoles, Fatou Bensouda, fiscal jefe de la Corte (CPI), señala que analizará también "otros posibles delitos, incluidos en el artículo 7 del Estatuto". Dicho texto legal está dedicado, entre otros, a la persecución y otros actos inhumanos. "El examen preliminar que me propongo hacer contempla la privación de derechos fundamentales, asesinato, violencia sexual, desaparición forzada, destrucción y saqueo", dice la jurista. Luego explica que el caso no se ha abierto aún: "Porque no estoy investigando, sino estudiando la información (recibida desde 2017) para saber si puedo seguir adelante". Sin embargo, sin este paso previo de la CPI, el caso de los rohinyás no podría avanzar en el marco de la justicia internacional. Cerca de 700.000 personas huyeron a Myanmar, país de mayoría budista, a partir del 2017, perseguidas por el régimen militar de la antigua Birmania, según Naciones Unidas.   





El pasado 9 de agosto, el gobierno de Myanmar rechazó la competencia de la Corte sobre las supuestas deportaciones de civiles. La oficina de Aung San Suu Kyi, que lidera la Consejería de Estado y los ministerios de Exteriores, Energía y Educación, indicó que el país no es miembro de la CPI, "Que parece dispuesta intentar de forma indirecta el ejercicio de una jurisdicción que no tiene". El 28 de agosto, las Naciones Unidas hizo público el informe donde señalaba "El intento genocida de la cúpula militar de Myanmar", al perseguir a los rohinyás en el Estado de Rajine (al oeste del país). La Corte Penal es la única instancia permanente para juzgar el genocidio, y los crímenes de guerra y contra la humanidad. De ahí que el informe inste al Consejo de Seguridad de la ONU a actuar en el marco de su competencia, o bien la de un tribunal especial. 



A_HRC_39_64 by Human Rights Council
Escribe Isabel Ferrer.

26 sept 2016

México: Ayotzinapa en cenizas

La masacre cumple dos años con el Gobierno mexicano incapaz de desenredar el caso

Han pasado dos años y el caso Iguala ha dejado atrás la renuncia de dos máximos responsables de la seguridad nacional, ha descascarillado la imagen del presidente Enrique Peña Nieto, ha sido investigado por dos grupos extranjeros de expertos en crímenes contra los derechos humanos, ha ocupado portadas en medi0os de comunicación del mundo entero, ha provocado oraciones del Papa, reuniones de las Naciones Unidas y arrastrado, según el último informe público, 130 detenciones, 422 resoluciones judiciales, 850 declaraciones, 1651 actuaciones periciales y un expediente babilónico de 240 tomos y un cuarto de millón de folios. Pero todo eso equivale, ante la mirada exámine de los padres de las víctimas, a dos frases: "Seguimos en el punto de partida. El Gobierno nos quiere ocultar la verdad", afirma su portavoz Felipe Cruz.


El secuestro y el asesinato de 43 estudiantes de la escuela rural de magisterio de Ayotzinapa sigue sin resolverse, cayendo como dos gotas paralelas sobre la cabeza de los familiares, que áun no saben qué fue de ellos, y la del Estado, incapaz de culminar una averiguación terminante, enmohecido por la desconfianza de la sociedad y soltando lastre para tratar de coger aire: lo último, la renuncia de Tomás Zerón, el director de la Agencia de Investigación Criminal,número uno del caso, sometido a una investigación interna por una posible manipulación de pruebas pero no por ello apartado del parnaso de la burocracia, sino nombrado –“premiado”, opinan los padres– como secretario técnico del Consejo Nacional de Seguridad “en reconocimiento a sus acciones”.

Antes de Zerón cayó Jesús Murillo Karam, titular de la Procuraduría General de la República hasta febrero de 2015. El fiscal que definió la primera hipótesis del crimen como “verdad histórica” –interpretada como verdad novelada por los más suspicaces– fue recolocado como jefe de Agricultura hasta que meses después desapareció sin ruido del organigrama de mandos en una renovación general del gabinete. “Su verdad se ha desmoronado”, dice Eduardo Guerrero, analista en seguridad y consultor del Gobierno, que piensa que Murillo fue “víctima de su novatez y del poco profesionalismo de la PGR, donde manda desde hace años una nomenclatura inepta y colosalmente corrupta”.

La teoría oficial era –y es, aunque sin tanta convicción– que los estudiantes fueron asesinados por narcos de Iguala, una capital comarcal del purgatorio de sol, cactus y akascuarenta y siete del México profundo, e incinerados en un basurero en medio del monte.

El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, cinco especialistas designados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, analizó pruebas e hizo sus propias pesquisas. Concluyó que esa versión no se sostenía con hechos y que dependía de confesiones de detenidos que pudieron haber testificado bajo tortura

Tampoco coincidio en la causa de la masacre.  En la noche del 26 al 27 de septiembre, la policía local de Iguala se lanzó a una abrupta y feroz persecución de los autobuses de los estudiantes. Tras la razia aparecieron seis cadáveres y desaparecieron 43 alumnos. La explicación del Gobierno fue que el alcalde, mafioso en jefe del municipio, no quería por sus pagos a aquellos jóvenes incordios marxistas y dio una orden de escarmiento que derivó en una escabechina: la policía los detiene, los entrega a los narcos y estos, confundiéndolos con narcos rivales, optan por el exterminio. Los matan. Los queman en una pira de neumáticos y madera. Tiran sus cenizas a un río.

El grupo de expertos negó que los cuerpos de los estudiantes hubieran sido quemados en el basurero y resaltó que el batallón militar de la zona vio la persecución y detención de los estudiantes. No creyó en la teoría de la orden del alcalde corrupto que se fue de control y planteó la sospecha de que uno de los buses (líneas de pasajeros tomadas a la brava por los estudiantes para ir a una manifestación) llevara en sus tripas un alijo de heroína sin que ellos lo supieran, que los señores de la droga no quisieron perder y cuyo desvío castigaron con ira. Pidieron entrevistar a los soldados del batallón y nunca se lo concedieron. La comisión se fue de México acusando al Gobierno de obstruir el caso. “Dentro del aparato del Estado hay fuerzas que no quieren que se investigue la verdad. Son fuerzas estructurales”, afirma el español Carlos Beristáin, integrante del grupo.

Otros especialistas que investigaron la masacre, los del Equipo Argentino de Antropología Forense, encargados por los familiares, tampoco encontraron pruebas de que los jóvenes fueran quemados en el basurero. Sí acreditaron que un hueso encontrado en una bolsa en un río era de uno de los 43 –el único identificado hasta hoy–, pero no que esa bolsa llena de minucias óseas proviniese de las cenizas de una pira humana en el basurero.

Muy discretos en su rol público durante el caso, los forenses argentinos, curtidos en un sinfín de exhumaciones en países sembrados de crímenes de lesa humanidad, se mostraban en privado sorprendidos del nivel de opacidad de las instituciones mexicanas.

El enredo en torno al basurero dio un giro más en abril cuando se publicó la conclusión de un estudio suplementario encargado por la Procuraduría que estableció que allí habían sido quemados al menos 17 cuerpos, aunque no se certificó que esos fueran los cuerpos de los 43 desaparecidos y no se han hecho públicos los detalles del informe.

En definitiva, la verdad de lo ocurrido sigue en el aire y la convicción general es que el caso ha desnudado al Estado. “Es un reflejo del problema estructural de nuestro sistema de procuración y administración de justicia”, juzga Mario Patrón, director del Centro Prodh de Derechos Humanos, que ayuda a los padres de los estudiantes. Evalúa estos dos años de pesadilla como “una oportunidad perdida” para la catarsis del aparato, aunque rescata el hecho “inédito” de que el Estado se haya prestado a la supervisión internacional.

La tragedia que más conmocionó al país en los últimos años, abundantes en tragedias, ha perdido presencia. En un vahído gradual la indignación civil del primer año se ha convertido en un eco que se aleja y, si bien los organismos externos no han dejado de seguir el caso, en México quedan frente a frente los dos protagonistas principales del drama: los familiares frente a la burocracia.

Adondenosllevan Ayotzinapa (Comic de Augusto Mora sobre los desaparecidos de Ayotzinapa - México)

30 ago 2016

"Cada minuto cuenta", expertos de la ONU plantean alarma sobre las desapariciones forzadas

Cada 30 de agosto se celebra el Dia Internacional de las Víctimas de las Desapariciones Forzadas en el mundo. 
Dos grupos de especialistas de las Naciones Unidas (ONU) sobre las desapariciones forzadas llaman a los Estados a prevenir y erradicar las desapariciones forzadas en el mundo, y asegurar que los familiares de las personas desaparecidas privadas de libertad sean informadas con presición y sin demora sobre su detención.
 
Hablando en el Día internacional de las víctimas de las desapariciones forzadas, el Comité contra la Desaparición Forzada y el Grupo de Trabajo sobre desapariciones forzadas o involuntarias expresaron también su preocupación por las denuncias de intimidación y represalias contra las víctimas de desapariciones forzadas y los que informan sobre sus casos.
 

"No hay límite de tiempo, no importa cuán corto, para que se produzca una desaparición forzada. Cada minuto cuenta cuando una persona es puesta fuera de la protección de la ley. Y cuando una persona es desaparecida, cada minuto perdido de angustia por sus familiares al no tener noticias de la persona es un minuto demasiado largo.

Hemos recibido informes y quejas de personas que están siendo detenidos brevemente por las autoridades estatales, que luego se niegan a reconocer su detención, ni les permiten tomar contacto con sus familiares o con sus abogados, privándoles temporalmente de cualquier tipo de protección legal. En estas circunstancias, y cualquiera que sea su duración, estas detenciones equivalen a desapariciones forzadas, para lo cual los Estados parte son​​responsables internacionalmente.

Los Estados tienen la obligación de revelar el paradero de las personas que se encuentran privadas de su libertad; para mantenerlos en lugares de detención oficialmente reconocidos; y para proporcionar rápidamente información exacta sobre su detención a su familia, sus abogados, u otras personas que tengan un interés legítimo.

Los familiares de los desaparecidos tienen derecho a conocer la verdad sobre la suerte y el paradero de sus seres queridos. Por desgracia, su reclamo por la verdad y la justicia a menudo da lugar a la intimidación y las represalias. Hemos recibido informes preocupantes de actos de represalia contra los familiares, testigos y defensores de los derechos humanos que denuncian casos de desapariciones forzadas a las autoridades, o que los traen al Grupo de Trabajo o el Comité.

Al conmemorar el Día Internacional de las Víctimas de la Desaparición Forzada, animamos a todas las víctimas y sus familiares a que sigan participando con los mecanismos de derechos humanos de la ONU y hacer uso de las vías disponibles en contra de cualquier forma de intimidación y represalias. Estos incluyen las Directrices de San José contra la intimidación y las represalias adoptadas por los órganos de tratados, y el marco de actuación en supuestos actos de intimidación y represalia, adoptadas por los titulares de mandatos de procedimientos especiales para fortalecer su capacidad de proporcionar una respuesta sistemática y coordinada a este fenómeno.

También reiteramos nuestro llamado a todos los Estados a ratificar o adherirse a la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas (entró en vigor en 2010 y ha sido firmada por 93 Estados y ratificada por 50), como un primer paso fundamental para la prevención, y la terminación definitiva, de la práctica inadmisible de las desapariciones forzadas.


Entrevista a Rosa Roisinblit, vicepresidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, cuenta cómo recuperó a su nieto:


Notas relacionadas:

25 ago 2016

Informe del Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias sobre su misión al Perú

El mandato fundamental del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias es ayudar a los familiares de las personas desaparecidas a averiguar la suerte  y el paradero de dichas personas.
  


En julio de este año, el Grupo emitió un informe sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias en relación a su misión en el Perú, en junio de 2015, onde el Grupo exhortó al Estado peruano a teneruna cifra exacta de las personas desaparecidas en el Perú.


Lea también: Presidente Ollanta Humala promulgó Ley de Búsqueda de Personas Desaparecidas.

Fuente ONU: http://www.ohchr.org/SP/Issues/Disappearances/Pages/DisappearancesIndex.aspx

18 ago 2016

CorteIDH: Sentencia sobre Desaparición Forzada del señor Rigoberto Tenorio Roca en Perú

           Comunicado de Prensa
Corte Interamericana de Derechos Humanos
Sentencia sobre Desaparición Forzada del señor Rigoberto Tenorio Roca en el Perú.


Aquí la Sentencia que condenó al Estado peruano por la desaparición forzada del señor Tenorio Roca.
Fuente Corte Interamericana de Derechos Humanos: http://www.corteidh.or.cr/

31 mar 2015

Carta a los Estados Partes de la Convención Desaparición Forzada

Las siguientes organizaciones no gubernamentales del Perú, Fedepaz, Ipedehp, Aprodeh, Comisedh, Paz y Esperanza, Coordinadora Nacional de Derechos Humanos e IDL, han enviado una carta a los Estados partes de la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas, expresando su preocupación, incoformidad y rechazo con respecto a la postulación del Sr. Figallo Rivadeneyra por parte del Estado de Perú, a fin de que forme parte del Comité de la ONU contra las desapariciones forzadas


16 feb 2015

México. Observaciones del Comité contra la Desaparición Forzada de las Naciones Unidas

El Comité contra la desaparición forzada de las Naciones Unidas (ONU), CED en sus siglas en inglés, señaló que "Ayotzinapa es un grave caso, ilustra los serios desafíos que enfrenta el Estado (mexicano); examinó el informe presentado por México, durante las sesiones celebradas los primeros dias del mes de febrero de 2015; el Comité CED aprobó y emitió las siguientes observaciones finales, (versión aún no editada).


30 nov 2014

Corte IDH: El Salvador es responsable por la desaparición forzada de una niña y cuatro niño durante el conflicto armado

Comunicado de Prensa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) señala que la Corte concluyó que El Salvador es responsable internacionalmente por las desapariciones forzadas de una niña y cuatro niños durante el conflicto armado, y agregó que "no constituyen hechos aislados ya que se insertan en el patrón sistemático estatal de desapariciones forzadas de niñas y niños, que se verificó durante el mencionado conflicto armado".


Además, "la Corte consideró que estas separaciones producidas por agentes del Estado, sin que hasta la fecha se haya logrado la reunificación familiar, generaron y continúan generando afectaciones específicas en cada uno de los integrantes de las familias, así como en las dinámicas propias de cada una de las familias. La incertidumbre sostenida sobre el paradero de los mismos ha provocado una afectación que se prolonga en el tiempo y que aún se mantiene hoy".

La sentencia: http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_285_esp.pdf


28 nov 2014

México. Comunicado Conjunto: Medidas anunciadas por Enrique Peña Nieto respecto de la desaparición forzada son insuficientes

BannerAyotziProdhComunicado conjunto de organismos de la sociedad civil y víctimas respecto de las medidas anunciadas por Peña Nieto, presidente mexicano, sobre la desaparición forzada de estudiantes son insuficientes.

Jueves 27 de noviembre de 2014.





  • Lamentamos que el anuncio de Peña Nieto no esté centrado en erradicar la desaparición forzada de personas
  • Exigimos que el contenido del Sistema Nacional de Búsqueda anunciado sea consensuado con las organizaciones de víctimas y de defensa de los derechos humanos que por años han denunciad esta práctica
México, DF, 27 de noviembre 14. Frente a las medidas anunciadas el día de hoy por el Presidente de la República para hacer frente a la crisis de violaciones a derechos humanos y corrupción que vive el país, evidenciada por los casos Ayotzinapa y Tlatlaya, los organismos de derechos humanos y de víctimas lamentamos que la atención brindada a la grave problemática de las desapariciones forzadas haya sido insuficiente.
Es importante recordar que no es la primera vez que se anuncian planes y acciones de búsqueda. Tal es el caso del Plan Nacional de Búsqueda de Personas No Localizadas presentado el 9 de julio de 2014 por la Procuraduría General de la República y Secretaría de Gobernación, con componentes y mecanismos como el dispositivo de búsqueda urgente, el registro único de fosas comunes y la Red Nacional de Procuración de Justicia para la Búsqueda de Personas No Localizadas.[1]
Dicho Plan no sirvió para prevenir la desaparición forzada de los 43 estudiantes normalistas ni para hacer frente a las acciones de búsqueda inmediata. Respecto de este antecedente, lo anunciado hoy no implica novedad ni avance cualitativo alguno. 
Como parte de las medidas anunciadas hoy por el Presidente Enrique Peña Nieto, se comprometió a crear un Sistema Nacional de Búsqueda de Personas No Localizadas y un Sistema Nacional de Información Genética. Además, informó que enviará las iniciativas de reforma sobre desaparición forzada, tortura y ejecución extrajudicial y fortalecerá los protocolos y procedimientos para la investigación oportuna de dichos delitos. No obstante, el contenido del Sistema Nacional no fue informado ni existió ningún procedimiento de consulta previa con quienes por años han denunciado el aumento exponencial de las desapariciones en México. Por otro lado, parte de las acciones anunciadas sobre este tema corresponden al Poder Legislativo, sin que el titular del Ejecutivo haya señalado alguna medida inmediata para impulsar la Investigación de las miles de desapariciones forzadas que han sido denunciadas en los últimos años, en esquemas que garanticen tanto la búsqueda de las personas desaparecidas como la sanción de los responsables.
Las organizaciones consideramos que frente a la magnitud de la crisis de desapariciones, el mensaje central de hoy debió haber sido el reconocimiento de la magnitud de esta crisis y el anuncio de medidas inmediatas y emergentes, en el ámbito de la justicia, para que garantizar que en todas las desapariciones denunciadas haya justicia y verdad. Es importante resaltar que según la cifra oficial presentada en el Registro Nacional de Personas Desaparecidas (RNPED) al 31 de octubre de 2014 establece la alarmante cifra de 23 mil 605 personas “no localizadas” como le llama el gobierno, de las cuales casi 5 mil han ocurrido durante el 2014, la cifra más alta registrada desde 2007.
La creación de un Sistema Nacional de Búsqueda no puede dejar de lado los aportes de las víctimas y de la sociedad civil, que han sido los principales factores de impulso a la búsqueda de las personas desaparecidas. En esa medida, cualquier iniciativa debe consultarse ampliamente y la asistencia técnica que brindará la Comisión Interamericana de Derechos Humanos brindará al Estado mexicano dentro del caso Ayotzinapa, aportará elementos para el diseño de políticas de búsqueda y justicia que verdaderamente atiendan este problema en el plano estructural.
Finalmente, lamentamos que hoy que se cumplen dos meses de la desaparición forzada de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, el Presidente de la República no haya denunciado ninguna acción concreta para profundizar la búsqueda de los estudiantes, cuyo paradero hasta hoy no se ha esclarecido con pruebas científicas, ni haya realizado ningún acercamiento con los padres y madres de familia que han vivido en la zozobra e indignación desde el 26 y 27 de septiembre de 2014, ante quienes suscribió compromisos que hasta el día de hoy permanecen incumplidos.
¡Vivos se los llevaron, vivos los queremos!
Centro Diocesano de Derechos Humanos Fray Juan de Larios
Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh)
Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan
Centro Regional de Defensa de los Derechos Humanos José Ma. Morelos y Pavón A.C.
Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos A.C. (CMDPDH)
Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en México
FUNDAR, Centro de Análisis e Investigación
JASS, Asociadas por lo Justo
SMR, Scalabrinianas: Misión para Migrantes y Refugiados

16 sept 2014

ONU. "Las desapariciones forzadas no son una cuestión del pasado " dice Ariel Dulitzky

Presentación de Ariel Dulitzky, Presidente y Relator del  Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias, durante el diálogo interactivo individual, en el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, llevado a cabo el 12 de septiembre de 2014.

El Grupo de Trabajo celebra tanto la ratificación de la Convención como la adopción de leyes particulares. Insistimos en la necesidad de que en todos los Códigos penales se incluya el delito autónomo de desaparición forzada. Pero, la ratificación de la Convención y la adopción de leyes no es suficiente, lo que se necesita es la implementación efectiva, en el día a día, de políticas públicas que aseguren la prevención de la desaparición forzada, su erradicación y asegurar los derechos a la verdad, la justicia, la reparación y garantías de no repetición de las víctimas de desaparición forzada.

La delegación de Chile nos ha preguntado cómo se puede facilitar la cooperación internacional en la búsqueda de personas desaparecidas:

Family 1. En primer lugar, cualquier estrategia debe partir de la búsqueda de personas vivas, no hay que buscar muertos, hay que buscar vivas a las personas y no se puede presumir la muerte de la persona.
2. La necesidad de que haya políticas estatales concretas y coordinadas. Para ello, el primer paso es establecer base de datos genéticos, éstas son esenciales para poder identificar eventuales restos humanos. Segundo, hay que realizar campañas masivas para que estos bancos de datos incluyan a todos los familiares de las personas desaparecidas. Tercero, que existan bases de datos centralizadas con datos concretos de cuantas personas se están buscando. Cuarto, que haya intercambio efectivo de información entre los estados, que haya apertura de todos los archivos y permitir que los distintos Estados accedan a estos archivos, de modo que la utilizaciónd del ADN es sólo un elemento de una estrategia global de personas desaparecidas.

3. En materia de justicia es exactamente lo mismo, no es suficiente que existan jueces, que exista un delito, que exista una investigación judicial. Se requiere que haya estructuras que faciliten el trabajo de los fiscales, que faciliten el trabajo de la policía, que la policía y los fiscales esten entrenados en la investigación de casos de desapariciones forzadas que no son similares a casos de secuestro, que no son similares a casos de detenciones arbitrarias, que no son similares a casos de ejecuciones arbitrarias. En segundo lugar, en materia de justicia, se debe dar asistencia y apoyo a las víctimas y testigos. Tiene que ser tanto legal como sicológico, social y económico. Y lo mismo es en relación a los jueces, se les tiene que dar todas las facilidades para que los jueces puedan operar de manera independiente e imparcial, y en todas  estas políticas sea de justicia, sea de verdad, sea de reparación, sea de garantías de no repetición se debe utilizar una perspectiva de género.

No podemos olvidar que en el caso de las desapariciones forzadas, la mayor parte de las personas que desaparecen son hombres, pero quiénes encabezan la lucha contra las desapariciones forzadas en la mayor parte del mundo, son mujeres. Es el ejemplo invalorable de las mujeres en distintas partes del mundo las que encabezan la lucha contra la impunidad, la justicia y la reparación por las desapariciones forzadas.

Prestar atención a los actores no estatales, el grupo de trabajo va analizar este tema para los próximos años.

Nos preguntaron sobre la prevención y sobre el rol de la sociedad civil en la prevención de despariciones forzadas. La actuación de las organizaciones de la sociedad civil en dos perspectivas: la asociaciones de familiares de víctimas de desapariciones forzadas y las asociaciones típicas de derechos humanos que ofrecen asistencia a víctimas. Ambas perspectivas son esenciales para la prevención. Primero porque pueden traer capacitación a los funcionarios públicos, pueden llamar la atención y actuar como alerta temprana. Pero en el caso particular de las desapariciones forzadas, uno tiene que entender la situación en que queda la familia de un desaparecido. La familia tiene que luchar por sobrevivir, en muchos países quién desaparece era la cabeza del hogar, quién trabajaba, quién producía los ingresos económicos para esta familia. La familia queda absolutamente destruída cuando ocurre una desaparición forzada, de modo que la  sociedad civil es esencial para apoyar a estas familias, es esencial para acompañar en sobrevivir y superar los obstáculos económicos sociales y culturales que afrontan esta familias. Sino también para encabezar y representar a estas familias en sus demandas de verdad, justicia y reparación.
 
Pero las organizaciones de la sociedad civil a diferencia de una familia individual ofrecen otro elemento esencial, tienen la perspectiva sistemica y sistemática de que es lo sucede en un país, no es solamente una visión de un caso individual sino del conjunto. Es un análisis de todas políticas públicas que ustedes los gobiernos de los Estados están implementando. Y por eso es tan importante proteger a los defensores de derechos humanos, y por eso cuando nosotros insistimos en el tema de las represalias de intimidación, estamos pensando en el efecto intimidatorio que tiene sobre otros defensores de derechos humanos pero también sobre cada una de las familias que estas organizaciones de la sociedad civil estan defendiendo y representando.

Ideas principales del Informe 2014:
- Las desapariciones forzadas no son una cuestión del pasado. Nosotros tenemos más de 40 mil casos de desapariciones forzadas. Hasta tanto y en cuanto, una desaparición forzada, una persona no se sepa su suerte y su paradero ese delito es continuado y permanece en el tiempo. De modo, que las desapariciones forzadas continúan porque hay casos que no han sido exclarecidos. Y continúan porque nosotros todas las semanas recibimos casos de desapariciones forzadas.

- Necesitamos un nuevo compromiso y una nueva estrategia para prevenir y erradicar las desapariciones forzadas. No es suficiente decir que aprobamos leyes, no es suficiente decir que ratificamos tratados, no es suficente que decir que creamos comisiones de investigación. Lo que necesitamos es asegurar concretamente para cada una de las familias de personas desaparecidas que sus derechos a la verdad, a la justicia, la reparación, la memoria y las garantías de no repetición son ejercidas efectivamente.