El Ministerio Público,
Ministerio del Interior y la Policía Nacional del Perú, desde la promulgación de
la Ley 28950 en el 2007, que incorporó el delito de trata de personas al Código
Penal, ha venido desarrollando políticas institucionales dirigidas a fortalecer
la lucha contra esta forma de criminalidad en nuestro país. Entre
estas destaca el emprendimiento del Ministerio Público de una decidida política
de especialización en la labor de persecución penal de este delito, a través de
la creación a partir del 2014, de Fiscalías Especializadas en delitos de Trata
de Personas – FISTRAP, en los Distritos Fiscales de Lima, Loreto, Madre de
Dios, Tumbes, Puno, Tacna, Callao y Cusco. Recientemente, el 15 de marzo del
2019 a través de la Resolución de Junta de Fiscales Supremos 41-2019-MP-FN-JFS,
se suma la creación de la Fiscalía Provincial Especializada en Delitos de Trata
de Personas de Lima Norte.
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