Pronunciamiento: Pablo Sánchez Velarde y Zoraida Avalos Rivera

Pronunciamiento

Doctor Pablo Sánchez Velarde, ex fiscal de la Nación

Doctora Zoraida Avalos Rivera, fiscal suprema titular

Como Fiscales Supremos y miembros del Ministerio Público no podemos mantenernos en silencio ante un acto como el acontecido hoy.

Sentimientos de vergüenza e indignación es lo que nos embarga porque estamos convencidos que nuestra institución no merece esto.

Consideramos que los fiscales al frente del Equipo Especial están haciendo un buen trabajo. Cambiarlos solo perjudica las investigaciones y los procesos de colaboración eficaz. Ante ello cabe preguntarse ¿cuál es la consecuencia?

La respuesta es una sola: se beneficia la impunidad. Pero, además, estos hechos nos dejan ante la sociedad internacional como una institución debilitada y sin compromiso en la lucha contra la corrupción.

No sólo es una decisión poco acertada e inoportuna, sino que además genera un impacto negativo en las investigaciones. Pero, como magistrados debemos resaltar que esto daña lo mas sagrado de la función fiscal que es su autonomía en la persecución del delito y la independencia que se requiere.

Asimismo, se debilita sustancialmente los níveles de cooperación internacional, especialmente con Brasil.

No podemos mas que manifestar nuestro pesar por estas decisiones que hoy dan un golpe mortal a la lucha contra la corrupción y la institucionalidad.

Por ello, exhortamos al fiscal de la Nación que se desista de los cambios anunciados esta noche por el bien de la institución y de la lucha contra la corrupción. Asimismo, hacemos un llamado a todos los fiscales del país, comprometidos con la institucionalidad y el compromiso de lucha contra la impunidad, para que se sumen a este pedido y apoyen esta posición.

Lima, 31 de diciembre de 2018.

El Comercio: "(Sin) vergüenza"

La remoción de los fiscales José Domingo Pérez y Rafael Vela, en el ocaso del año, es un acto oprobioso del fiscal de la Nación, Pedro Chávarry.

Editorial El Comercio.

Finalmente, después de varias semana aprovechando las celebraciones que le pusieron fin al 2018, el fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, anunció la remoción de los fiscales Rafael Vela y José Domingo Pérez del equipo especial encargado del Caso Lava Jato. Una acción que, al darse cuando la ciudadanía se preparaba para recibir un año nuevo, deja clarísisma la intención de la cabeza del Ministerio Público de camuflar la decisión.

Si bien resulta sumamente preocupante que la cabeza de una institución como la fiscalía se interese en dar a conocer sus decisiones agazapado en la coyuntura festiva, es aun más indignante al tomar en cuenta cómo justificó las mismas. Según el señor Chávarry, la medida llega motivada por el hecho de que el fiscal Pérez "procedió a cuestionar mi elección que se produjo por unanimidad de los fiscales supremos" y que esta actitud fue "avalada por el coordinador Vela Barba". Una circunstancia que, como es evidente, nada tiene que ver con la forma en la que han hecho su trabajo ambos fiscales, sino con una ojeriza sostenida por el fiscal de la Nación al sentir que se ponía en tela de juicio su autoridad.

Es inquietante, ciertamente, la forma en la que Chávarry ha dado a conocer su disposición, pero no resulta sorpresiva. A lo largo del año pasado, con la investigación del Caso Lava Jato empezando a mostrar sus primeros frutos, el titular del Ministerio Público no escatimó en amenazas al equipo liderado por el fiscal Rafael Vela. Apenas el 19 de diciembre, desde esta página, alértabamos sobre las hostilizaciones que había denunciado Vela de parte del fiscal de la Nación y cómo este último había buscado restarle valor al saludo que la Fuerza de Tarea a cargo del Caso Lava Jato en Brasil le había hecho a su homólogo peruano. A esto se suma el hecho de que Chávarry, en una entrevista, remarcó que tenía la potestad de remover al fiscal José Domingo Pérez "en cualquier momento", pero que evitaba hacerlo solo para que no se leyera como una "represalia". Ayer, sin embargo, dejó en claro que esto último era en efecto su objetivo. Sin duda un gesto vergonzoso que, de por sí, deja en evidencia la debilidad de su liderazgo y lo nocivo de la permanencia en el puesto.

La alarma suena aún más respecto al futuro del Caso Lava Jato. En primer lugar, una coyuntura como esta le podría permitir a los involucrados en las pesquisas de los fiscales removidos cuestionar la legitimidad de las medidas que se han tomado en su contra. Una realidad especialmente grave si se considera que entre las carteras que tenían encargadas estaban algunas tan sensibles como las de Alan García y Keiko Fujimori.

También preocupa que esta decisión se haya tomado en vísperas de la ejecución del acuerdo de colaboración suscrito por el referido equipo especial con la empresa Odebrecht y cómo esto afectará la calidad de los resultados que se puedan obtener a partir del mismo. Incluso, como se recuerda, el fiscal Vela había anunciado una ampliación del interrogatorio a Jorge Barata programada para este mismo mes.

Así las cosas, será cuestión de tiempo ver cómo la decisión de Pedro Chávarry repercute en el resultado de la investigación más importante de los últimos años de la historia política peruana. Por el momento los pronósticos no son positivos. Empero, si algo ha dejado meridianamente claro el fiscal de la Nación es que él no le teme a operar privilegiando sus intereses y, sobre todo, a hacerlo subrepticiamente, al viejo estilo que predecesores suyos como Blanca Nélida Colán exhibían sin empacho de los años 90.
Fuente El Comercio: https://elcomercio.pe/opinion/editorial/editorial-vergueenza-noticia-593061

Ronald Gamarra: "Se requiere un fiscal que no le deba favores a los políticos"

El ex procurador Anticorrupción del Perú, Ronald Gamarra Herrera, resalta la importancia de la sociedad civil en el combate a la corrupción, entrevista desde El Salvador.

Por Carlos Palomo.

El Diario de Hoy.

Ronald Álex Gamarra Herrera es un ex fiscal anticorrupción de la República del Perú, ampliamente reconocido en su país y en Latinoamérica por su lucha contra la corrupción. Fue uno de los abogados que participó en la condena del expresidente peruano Alberto Fujimori por diversos crímenes contra la humanidad cometidos en los años 90. Actualmente se encuentra en El Salvador para hablar sobre los desafíos en la designación del Fiscal General de la República, razón por la que concedió una entrevista a El Diario de Hoy.

En su opinión, ¿qué cualidades debe poseer la persona que aspire a ser fiscal General de la República? ¿Qué perfil deben buscar los diputados en los aspirantes?

Debe ser independiente, debe ser imparcial, debe ser objetivo. Eso nos lleva al tema del mecanismo de elección del fiscal general. Dentro de los mecanismos existentes, el peor es el del sistema político, el del nombramiento, el de designación por parte de una Asamblea Legislativa o por el Congreso, ese es el menos recomendado. Se requiere un fiscal que no le deba favores a los políticos y, en todo caso, dado que se trata de elección en un sistema político, que sepa que al día siguiente de su nombramiento, debe romper con cualquier posible lealtad que tenga con algún político o con algún partido político. En el tema personal, debe ser alguien con mucha experiencia y que tenga mucho mérito. Aquí no hablamos de la edad del personaje ni de años al interior del Ministerio Público, sino, que tenga la capacidad para liderar una institución porque yo entiendo que, salvo los delitos imputados a los aforados, básicamente la dirección del Fiscal General es el de la conducción estratégica de la entidad.

¿Qué implicación tiene para un país como El Salvador que el Fiscal General resulte electo sobre la base de negociaciones políticas y no sobre la base de una evaluación técnica del perfil o de la idoneidad de la persona que se va a escoger?

La posibilidad de la falta de imparcialidad, la posibilidad de que se orienten las investigaciones hacia determinadas personas y no respecto de otros; de algunos partidos políticos y no de otros porque, en general, la corrupción muchas veces toma por asalto a los partidos políticos. No es que los partidos políticos sean organizaciones criminales en sí mismas, sino que existe la posibilidad que dentro de las organizaciones se formen organizaciones criminales. Es muy importante que el fiscal titular no le deba lealtades a los partidos políticos ni a algún partido político en particular.

¿Qué recomendación le daría usted a los diputados para este proceso de evaluación que van a hacer de los diferentes candidatos? ¿Qué elementos podrían tener ellos en consideración para procurar la elección de una persona sobre la base de criterios técnicos?

Dado que el sistema existente aquí es el de elección política, lo que se podría pedir es transparencia y acceso a la participación ciudadana. Dado que no existen reglas muy específicas para la elección del Fiscal General a nivel de la Asamblea Legislativa, es posible que desde la política se entienda la posibilidad de introducir mecanismos y estándares que posibiliten una mejor elección, es decir, la posibilidad de que las entrevistas sean públicas y televisadas, la posibilidad de que no se ciñan a un mero cuestionario y que se les formulen preguntas no solo vinculadas a su experiencia, sino cómo considera a la institución. No se le puede pedir que diga cómo va a dirigir una investigación en concreto sino, cómo entiende a la institución en un proceso necesario de fortalecimiento de la democracia, de persecución de los crímenes del pasado, de investigación de criminalidad organizada, es decir, necesitamos a un estratega y no necesitamos a un simple investigador. Sería conveniente también que se invite a determinadas organizaciones de la sociedad civil para que formulen sino preguntas a los candidatos, por lo menos que entreguen información respecto de ellos y que digan estas organizaciones cómo perciben ellos este tipo de elecciones y qué reformas se plantean.

¿Considera usted importante la participación de la sociedad civil en este tipo de procesos? ¿Aparte de lo comentado, qué otras medidas puede adoptar la sociedad civil para garantizar que el proceso de elección del fiscal general concluya con la selección de la persona más capacitada para dirigir la fiscalía?

La democracia supone participación ciudadana. Por ejemplo, los ciudadanos individuales u organizados deberían instar a los candidatos a la Presidencia de la República a comprometerse con tener una fiscalía fuerte, democrática, que ejerza sus funciones libre de ataduras políticas. Podría igualmente instar a los candidatos a fiscal general a que firmen un compromiso de ser imparciales y romper con cualquier compromiso político que tengan. Es decir, podrían luego olvidarse luego de sus compromisos pero habría un documento que la ciudadanía podría utilizar para obligarlos o señalarles en su cara el compromiso que ellos en su momento asumieron.

¿Qué acciones concretas a su juicio puede emprender la sociedad civil para dar acompañamiento a la Fiscalía para prevenir los diferentes casos de corrupción que se puedan dar?

En diversos países de América Latina se cuestionan a los titulares de los Ministerios Públicos, y algunos de ellos tienen sino acusaciones, investigaciones vinculadas a presuntos actos de corrupción. Estoy pensando en el fiscal de la nación de mi país a quien un fiscal de primera instancia le imputa por ejemplo ser miembro de una organización criminal. La ciudadanía debe tener una participación para instar a que se mejoren los mecanismos de selección de los fiscales. En segundo lugar, tiene que haber un control ciudadano respecto de la actuación de los fiscales. Entiendo que aquí debe haber una Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, debería utilizarse este mecanismo para saber exactamente qué, cómo y qué cosas está haciendo el Ministerio Público, que investiga y qué no investiga, cuáles son sus resultados, en qué es efectivo y en qué no. En la sociedad civil deberían formarse agrupaciones o coaliciones o las que existen deberían tener como norte el hecho de hacer una vigilancia efectiva permanente respecto del trabajo del fiscal general.

¿Qué papel juega el derecho de acceso a la información pública en el combate a la corrupción? ¿Lo considera esencial para poder prevenir casos de corrupción?
Fundamental. En términos legales, es la Fiscalía la que realiza la investigación, pero todos los ciudadanos tenemos derecho a que el Estado nos entregue la información de la que dispone, porque la información en principio es pública y siempre debe ser entregada, salvo razones muy especiales, excepcionales, debe ser entregada. Contar con información puede hacer la diferencia entre que un acto de corrupción quede en la impunidad o sea perseguido. Hay que asegurar que un ciudadano pueda acceder a la información y, por supuesto, que entidades de la sociedad civil organizadas, periodismo de investigación, pueda obtener ese tipo de información, hay que favorecer estas averiguaciones, hay que aplaudirlas, hay que criticarlas cuando sea el caso y hay que tomar las conclusiones de estas averiguaciones. Lamentablemente, por ejemplo en mi país, algunas veces o muchas veces, las investigaciones no pasan de ser eso y no hay un fiscal que tome la información de carácter público hecha por una entidad dedicada a investigación de corrupción y el asunto queda impune.

¿Qué otras medidas puede adoptar el Estado para fortalecer a una Fiscalía General de la República?

Lo primero es expresar su voluntad política,  “yo presidente de la República, voy a liderar una lucha contra la corrupción y entendiendo que el Ministerio Público es el órgano del Estado encargado de la prevención y la persecución, entre otros, yo voy a acompañar en términos políticos a la entidad, yo voy a acompañar al fiscal general en sus investigaciones”. Eso a mí me parece de primerísima importancia y, por supuesto, otro tanto debe partir de los partidos políticos y los políticos en el país. Cada quien tiene que hacer su labor.

¿Qué consejos daría a El Salvador para que pueda fortalecer la unidad especializada de combate a los delitos de la corrupción?

Simplemente recordar la experiencia en otros lugares. La necesidad por ejemplo de crear equipos especializados en el combate a la criminalidad; lo segundo, hacer investigaciones estratégicas, establecer prioridades, en principio se debería investigar y llevar a procesos los casos de macro criminalidad, la criminalidad de alto impacto, las que tengan por foco a organizaciones criminales vinculadas a la gran corrupción y establecer equipos de trabajo integrados por personas capacitadas y que cuenten con apoyo de los superiores.

Fuente "EL Diario de Hoy" de El Salvador: http://www.eldiariodehoy.com/noticias/nacional/98328/exfiscal-gamarra-se-requiere-un-fiscal-que-no-le-deba-favores-a-los-politicos/

"Liquidador", opinión de Ronald Gamarra

Si algo posititvo hay en la empecinada y desfachatada decisión de Pedro Chávarry y de aferrarse contra viento y marea al cargo de fiscal de la nación, es que cuando él salga, y no hay duda que ha de salir antes de lo que muchos imaginan, la reforma que habrá que hacer en el Ministerio Público tendrá que ser más radical y profunda de lo que hubiese sido en otras circunstancias menos traumáticas. La tarea que viene tendrá que ser de reconstrucción integral de los destruido por un auténtico liquidador.

Porque lo que va dejando Chávarry  como legado es una institución en ruinas, y por sobre todo y muy primer lugar, en ruina moral. Nunca la Fiscalía de la Nación cayó tan bajo, si exceptuamos el período de Blanca Nélida Colán, a quién Chávarry no logra igualar porque sencillamente no hay un Montesinos manejando los hilos de la política nacional. Pero el desprestigio que este Fiscal de la Nación le ha inflingido al Ministerio Público será un tizne difícil de limpiar.

Chávarry ha politizado el Ministerio Público de la pero manera imaginable, sometiéndolo abiertamente a la férula del aprofujimorismo, y todo simple y llanamente para salvarse a sí mismo. Los fujimoristas y apristas lo escudan y lo blindan incondicionalmente, aunque eso les cueste la censura abrumadora de la opinión pública, sencillamente porque cuentan con él para velar por sus intereses en los numerosos enredos judiciales en los que están involucrados.

Ya lo dijo clara y contundentemente Rosa Bartra en el chat de La Botica, donde la dirigencia fujimorista coordinaba punto por punto sus pillerías, que blindar a Chávarry es para ellos "una cuestión de supervivencia". Lo tienen bien clarito y Chávarry, por supuesto, también. Y se presta a maniobrar en tándem con ellos para acosar judicialmente al propio Presidente de la República, desnaturalizando políticamente la función fiscal en aras de sus intereses estrictamente personales.

Chávarry se mantiene además sobre una base moral absolutamente deshonrosa. En primer lugar, porque de cinco fiscales supremos señaladamente involucrados, como él en la investigación por el caso de Los Cuellos Blancos del puerto, y su propio voto. En resumen: tres fiscales investigados por su relación con la mafia del exjuez Hinosttroza Pariachi son los que deciden en el Ministerio Público.

En consecuencia, si en algún momento  y es de esperar que sea pronto, se quiere rehabilitar el Ministerio Público, habrá que empezar por la cabeza, limpiando de sus elementos contaminados la Fiscalía de la Nación y la junta de fiscales supremos. Y de allí, seguir para abajo, depurando a los contactos  y operadores de la red corrupta que, como una metástasis, se ha expandido y ofrece enconada resistencia a los intentos que se despliegan para erradicarla.

En segundo lugar, porque la autenticidad del propio título de Pedro Chávarry como fiscal supremo está seriamente en duda. El reportaje publicado esta semana por un medio de comunicación es tan contundente que no deja lugar a mayores dudas sobre la manipulación de las calificaciones para favorecer a Chávarry en el Consejo Nacional de la Magistratura, sin contar con premuras sospechosas para emitir cuanto antes del nombramiento. Así las cosas, todo parece indicar que el título de Chávarry como fiscal supremo no vale ni el cartón en el que está impreso.

Los fiscales de todo nivel, provinciales y superiores, de las diferentes especialidades funcionales y de todo el país, no tienen por qué tolerar más tiempo la desfachatez y los estropicios causados por el trío de fiscales supremos involucrados en los Cuellos Blancos del puerto, que han secuestrado los hilos del poder del Ministerio Público, ni tienen por qué cargar con el desprestigio y la deshonra que la tozudes interesada y las maniobras politizadas de esta gente derrama injustamente sobre todos ellos.

En el Ministerio Público, contra lo que creen algunos, hay importantes reservas morales a las que debemos apoyar para que recuperen en primer lugar el honor y la decencia de la función fiscal. Cada día vemos fiscales, entre ellos varias mujeres, que asumen con valor su función y la cumplen a cabalidad. No los abandonaremos, menos aún ahora, cuando la red corrupta maniobra para ir haciéndolos a un lado y quitarles de las manos esos casos que, para esa red, son "una cuestión de sobrevivencia" .

Fuente : https://hildebrandtensustrece.com/

"En modo Blanca Nélida Colán", por Ronald Gamarra

"La mayoría congresal está dedicada a tiempo completo a preservar sus redes de poder, puestas en jaque con la revelación de los audios de la corrupción en el sistema judicial".

Hace ya una semana, el congresista Juan Sheput presentó su propuesta de informe final sobre la denuncia constitucional planteada contra el fiscal de la nación, Pedro Gonzalo Chávarry. En ella se concluye que la conducta de Pinochávarry se encuentra atravesada por una grave afectación a la confianza para el desempeño del cargo de fiscal de la nación, pérdida de independencia, compromiso con terceros  para la elección en el cargo, afectación institucional y, claro, una infracción del principio constitucional de lucha contra la corrupción. Por lo mismo propone que se le imponga la sanción de destitución del carho e inhabilitaciónpor 10 años para el ejercicio de la función pública.

Se trata de un documento debidamente informado y contundente, que debería ser aprobado sin más, sino fuera porque el Comgreso está virtualmente secuestrado por los compinches políticos del Fiscal de la Nación más ilegítimo, cuestionado y partidarizado que hayamos tenido en el país, junto con Blanca Nélida Colán, la fiscal de la dictadura Fujimori-Montesinos.

La mayoría congresal está dedicada a tiempo completo a preservar sus redes de poder, puestas en jaque con la revelación de los audios de la corrupción en el sistema judicial y sus ramificaciones políticas que apuntan precisamente hacia ella. En este esfuerzo de autopreservación, les resulta necesario y vital sabotear todo lo posible las reformas propuestas por el Presidente Vizcarra y el referéndum previsto para diciembre, así como impedir que la gente que le es funcional sea investigada o removida de sus altos puestos pues, sin ellos, su red de poder se desvanece.

Así, esta semana se han dedicado a quitarle  filo a los aspectos que realmente les interesa neutralizar de las reformas. Por ejemplo, han bloqueado la obligación de los congresistas  de presentar la declaración jurada de intereses, como están obligados a hacerlo, actualmente los funcionarios del poder ejecutivo, con el argumento falaz de que ya presentan la declaración jurada de bienes y rentas. Por cierto que no cabe confundir ambas declaraciones, que no son ni apuntan a lo mismo. Pero queda claro qu'e es lo que les interesa: escamotear toda posibilidad de control sobre ellos. 

Del mismo modo, siempre como ejemplo, han retirado la propuesta obligación de los partidos políticos de bancarizar los aportes de campana y rendir cuenta de ellos ante la autoridad de manera inmediata, dejando esta obligación para después de la campana, cuando los hechos ya están consumados. De este modo, impiden el control sobre los aportes privados y abren la puerta a la permanente y extendida influencia del dinero sucio en la política nacional. Una forma de hacer que todo cambie para que todo siga igual.

Si cosas como estas son las que les interesa imponer, sacándole la vuelta a las reformas políticas para que los intereses nada santos que ellos representan sigan campeando en la política nacional, por qué habría de extranar que defiendan y preserven a quienes juegan para ellos y les garantizan su propia inmunidad e impunidad frente a cualquier dificultad legal. Es, entonces, natural que defiendan a su gente, incluso contra toda razón y fundamento, empeyando por su fiscal de la nación. Su Pinochávarry. Un fiscal de la nación que el 90% de la nación repudia.

Faltan solo diez días para que se cumplan tres meses, ¡tres meses!, desde la denuncia periódistica contra el juez supremo César Hinostroza Pariachi y, hasta ahora, no pasa nada con él en el Congreso. Un tipo como él, que ha sido sindicado hasta la saciedad como el capistote de una banda que había hecho metástasis en el Consejo Nacional de la Magistratura, el Ministerio Público y el Poder Judicial, sigue conservando su cargo de juez de la Corte Suprema y goza de livertad, gracias a la lenidad culpable de esta mayoría congresal.

Los mismo tratarán de hacer con Chávarry y sus tres fiscales supremos igualmente embarrados en el escándalo de los audios. No hay que esperar otra actitud de esta mayoría parlamentaria. Pero el documento presentado por el congresista Juan Sheput quedará como un antecedente que les seguirá quemando las manos aun cuando crean que ya se deshicieron de él. Pedro Gonzalo Chávarry, Pinochávarry, debe ser acusado. Si no lo hacen, tarde o temprano esta engreída mayoría congresal tendrá que rendir cuentas por su complicidad con la corrupción al más alto nivel en nuestras instituciones de justicia.

Artículo de opinión de Ronald Gamarra Herrera publicado en Hildebrandt en sus trece el viernes 28 de septiembre de 2018 .

Fuente: http://www.hildebrandtensustrece.com/

Organizaciones de la Sociedad Civil presentan denuncia contra Fiscal Pedro Gonzalo Chávarry ante el Consejo de Ética del Colegio de Abogados de Lima

Las siguientes organizaciones de la sociedad civil, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), la Asociación Nacional de Centros (ANC) y la Central de Trabajadores del Perú (CGTP) presentaron una denuncia contra el Fiscal de la Nación, Pedro Gonzalo Chávarry, por haber transgredido el Código de Ética del Abogado ante el Colegio de Abogados de Lima.

Nota de Prensa Denuncia ante CAL 

Notas relacionadas: "Director del CNM se reunía con Pedro Chávarry durante la ratificación", vía La República.
Fuente CNDDHH.

Informe Final sobre la Denuncia Constitucional contra el Fiscal de la Nación Pedro Chávarry

Aquí la propuesta de Informe Final sobre la Denuncia Constitucional N° 227 contra el Fiscal de la Nación, Dr. Pedro Gonzalo Chávarry Vallejos, por infracción a los artículos 3°, 39°, 44° y 158° de la Constitución Política del Perú.

El informe ha sido presentada por el congresista Juan Sheput.

De acuerdo a Ronald Gamarra Herrera en su cuenta Twitter:

Informe Sheput sobre Chávarry: grave afectación a la confianza para el desempeño del cargo de FN, pérdida de independencia, compromiso con terceros para la elección en el cargo, afectación institucional e infracción del principio constitucional de lucha contra la corrupción...

— Ronald Gamarra (@ronaldgamarra) 24 de septiembre de 2018

Congreso Informe Final 227 FN 

Fuente Congreso de la República.

"Pinochávarry" por Ronald Gamarra

"Los fiscales supremos que lo apoyan son precisamente los que atambién tienen audios y diversas relaciones bajo investigación con Hinostroza y también han sido señalados como integrantes de los cuellos blancos del puerto".

Lo rechaza el 90% de la opición pública, que exige su salida inmediata del cargo de Fiscal de la Nación y del Ministerio Público. Todas las encuestas coinciden en señalar el poderoso consenso de la ciudadanía en su abrumadora censura al fiscal Pedro Gonzalo Chávarry como cabeza de esta importante institución del Estado, encargada de velar por el respeto a la legalidad. Se trata, pues, de un funcionario que carece de toda legitimidad democrática.

Pero, a él esto no le importa nada y sigue aferrado a su puesto. 

Está señalado por una investigación llevada a cabo por dos fiscales intachables, durante varios meses, como integrante de la banda Los cuellos blancos del Puerto, encabezada por el juez supremo Hinostroza Pariachi, red de jueces, fiscales y empresarios  dedicada al tráfico de  influencias a gran escala. Cualquier ciudadano que fuese sindicado así por la pesquisa de un fiscal tendría la obligación de someterse a la investigación hasta su más completo y profundo esclarecimiento.

Pero él se considera a sí mismo por encima de la ley y le basta con desechar la investigación calificándola de calumnia.

Artículo de opinión de Ronald Gamarra Herrera publicado en Hildebrandt en sus Trece el viernes 07 de setiembre de 2018.

Fuente Hildebrandt: http://www.hildebrandtensustrece.com/

"Hoy, la Junta de Fiscales Supremos sobre la juramentación de Pedro Chávarry"

Hoy, en la Junta de Fiscales Supremos.

1. La fiscal suprema Zoraida Avalos votó por la postergación de la juramentación  de Gonzalo Pedro Chávarry como Fiscal de la Nación hasta que se aclaren los hechos que se desprenden de los audios.

Hoy,  en la Junta de Fiscales Supremos.

2. Pablo Sánchez votó por la postergación de la juramentación de Gonzalo Pedro Chávarry como Fiscal de la Nación hasta que se aclaren los hechos que se desprenden de los audios, precisando que mientras tanto Zoraida Avalos debía desempeñar las funciones.

Hoy,  en la Junta de Fiscales Supremos.

3. Los fiscales supremos Tomás Gálvez y Víctor Raúl Rodríguez votaron por la inmediata juramentación de Gonzalo Pedro Chávarry como Fiscal de la Nación.

Hoy,  en la Junta de Fiscales Supremos.

4. Ante el empate entre los fiscales supremos (2 por la postergacióny 2 por la juramentación inmediata como Fiscal de la Nación), el propio Chávarry resolvió el asunto al votar por su pronta juramentación.

Fuente cuenta de Twitter de Ronald Gamarra.

"El 6 de diciembre, ¡a la calle!, dice Ronald Gamarra

La respuesta democrática, cívica, republicana a la arremetida fujimorista contra la autonomía de las instituciones del Estado, muy especialmente contra el intento de destituir arbitrariamente al correcto y decente Fiscal de la Nación, está en marcha y esta semana dió sus pasos iniciales, sus primeras medidas efectivas. Es el comiemzo de una reacción que habrá que multiplicarse. Y hacerse mas profunda y vigorosa a medida que el fujimorismo persista en la vía de grosera manipulación y abuso de poder en que se ha encaminado.

El martes pasado el Ministerio Público efectuó una demostración corporativa de protesta mediante la organización de una vigilia en las puertas de su sede central, con la participación unánime de los fiscales de todo nivel que forman parte de él. La manifestación - que fue acompañada por sectores de la sociedad civil y los entusiastas compañeros y compañeras de la promoción sanmarquina de Pablo Sánchez- se llevó a cabo en forma simultánea y con el mismo éxito de convocatoria en los distritos fiscales del interior del país. La vigilia fue una exhibición de unidad como respuesta a una situación de extremo peligro para la institución.

La vigilia de los fiscales no tiene precedentes en nuestra historia. Nunca antes este cuerpo institucional se había visto obligado a manifestar cívicamente en defensa de su fuero. Es la prepotencia del fujimorismo y sus secuaces, de sus apandillados, cuándo no, lo que les ha obligado a dar este paso. Y es que los fiscales sienten claramente que la movida contra el Fiscal de la Nación es en realidad contra la independencia y autonomía funcional de toda la institución. No es el fiscal Pablo Sánchez solamente; son todos los fiscales quienes están amenazados.

Asimismo, un día antes, un conjunto de instituciones de la sociedad civil retrucó al fujimorismo con la presentación de una denuncia constitucional contra los congresistas integrantes de la subcomisión de acusaciones constitucionales y de la comisión permanente por atentar contra la separación de poderes, la autonomía de las instituciones del Estado y los procedimientos de investigación actualmente en curso, mediante la aprobación maliciosa de "acusaciones constitucionales".

Está acción debería recordarles a estos engreídos congresistas que un día deberán rendir cuentas por los estropicios que tan alegramente cometen hoy. El poder no les durará para siempre y entonces tendrán que responder y pagar las consecuencias de seguir tan becerrilmente las consignas sectarias que les dicta Keiko Fujimori. Nadie atenta impunamente contra la democracia; quien así lo haga, en algún momento deberá ser puesto bajo riguroso escrutinio. Y entonces, veremos si siguen siendo tan valentones.

Estas acciones vinieron precedidas por las importantes declaraciones de las mas series y antiguas instituciones universitarias de nuestro país: San Marcos y la PUCP. Ellas expresan claramente el rechazo de la comunidad académica al intento de la facción fujimorista de someter a las instituciones del Estado que no controla. Y confirman la total carencia de fundamento factual, jurídico y lógico de las acusaciones constitucionales en curso.

Paralelamente, se están dando importantes coordinaciones entre instituciones, organizaciones, colectivos y partidos para responder contundentemente en las calles al desafío golpista del fujimorismo. Por lo pronto, la Asamblea Ciudadana convocada por la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, la CGTP, los colegios profesionales, el Foro Salud y los gremios estudiantiles ya acordaron realizar este próximo 6 de diciembre una jornada nacional de lucha. La movida prepotente de los fujimoristas renueva y alimenta la resistencia democrática, adormecida por el espejismo de la derrota inflingida a la banda en las elecciones presidenciales del 2016. Lo cual revela cuán torpe es la política en que se han embarcado Keiko y compañía.

Notas relacionadas:"Organizaciones internacionales rechazan juicios políticos contra Fiscal de la Nación y  magistrados del TC en el Perú".

Artículo de opinión de Ronald Gamarra Herrera publicado en Hildebrandt en sus trece el viernes 24 de noviembre.

Fuente Hildebrandt: http://hildebrandtensustrece.com/

Organizaciones internacionales rechazan juicios políticos contra Fiscal de la Nación y magistrados del Tribunal Constitucional en Perú

Las organizaciones internacionales de sociedad civil que subscriben el presente comunicado, condenan los actuales juicios políticos que se vienen tramitando en el Congreso de la República del Perú, con el objeto de inhabilitar y destituir al Fiscal de la Nación y a cuatro magistrados del Tribunal Constitucional, en clara represalia por sus decisiones y acciones adoptadas -de manera autónoma e independiente- en el marco de la lucha contra la corrupción y la impunidad por graves violaciones a derechos humanos.

Los  juicios políticos impulsados por el partido político "Fuerza Popular", en la actualidad con mayoría parlamentaria en el Congreso peruano, son una muestra de la indebida utilización de mecanismos de control político para afectar la independencia y autonomía de los órganos de justicia.

A los magistrados del Tribunal Constitucional, se les pretende destituir por haber adoptado una decisión judicial que favorece el cumplimiento -por parte del Estado peruano- de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Durand y Ugarte vs. Perú, que, entre otras obligaciones internacionales, dispone que el Estado peruano debe investigar y sancionar a los responsables de las graves violaciones a derechos humanos perpetradas en el año 1986 en el entonces Centro Penitenciario "El Frontón".

Por su parte, el juicio político contra el Fiscal de la Nación coincide con el inicio de las investigaciones sobre el origen del financiamiento de la campaña electoral de Keiko Fujimori, lideresa de Fuerza Popular e hija del expresidente Alberto Fujimori, hoy condenado y detenido por graves violaciones de derechos humanos y corrupción.

Ambos  juicios políticos se producen cuando en el Perú se sigue debatiendo la posibilidad de que el actual Presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski, indulte al expresidente Fujimori, lider histórico de Fuerza Popular.

La inusual celeridad parlamentaria de estos juicios políticos y la ausencia de válidos argumentos fácticos o jurídicos que los sustenten, constituyen un grave peligro contra la independencia y autonomía de las instituciones de justicia en el Perú y ponen en riesgo el equilibrio de poderes que caracteriza a los sistemas democráticos, pudiendo dar paso a un escenario en que el poder político es utilizado para garantizar impunidad en temas de corrupción y graves violaciones a derechos humanos.

Cabe recordar que en el año 2001, el Estado peruano ya fue condenado internacionalmente por actuaciones similares, en la sentencia del caso Tribunal Constitucional vs. Perú, emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y que se originó en la destitución de magistrados del Tribunal Constitucional por parte del Congreso de la República, en ese entonces también dominado por una mayoría parlamentaria fujimorista.

Por otro lado, frente al fuerte rechazo nacional e internacional que han generado estos juicios políticos, resulta preocupante el silencio de las autoridades del actual gobierno peruano, que ante la comunidad internacional han asumido un compromiso público con la lucha anticorrupción, al ser el Perú la sede de la próxima Cumbre de las Américas dedicada precisamente a este tema. 

En este contexto, las organizaciones firmantes exhortamos al Congreso de la República del Perú, a respetar la independencia y autonomía del Tribunal Constitucional y la Fiscalía de la Nación, así como las decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. A la vez, urgimos al Presidente de la República del Perú, a honrar su compromiso internacional con la lucha anticorrupción y, en coherencia con ello, condenar la utilización de mecanismos de control político para afectar la independencia y autonomía de altas autoridades del sistema de justicia peruano que investigan este tipo de casos. 

Organizaciones firmantes: Fundación para el Debido Proceso -DPLF
Centro por la Justicia y el Derecho Internacional -CEJIL
OSicina en Washington para Asuntos Latinoamericanos -WOLA
Robert F. Kennedy Human Rights
Abogados sin Fronteras Canadá
Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello, Venezuela
Comité de Familiares de Víctimas -COFAVIC, Venezuela.
Abogadas y Abogados para la Justicia y los Derechos Humanos, México.

Fuente DPLF: http://dplf.org/

Caretas: El voluminoso informe sobre los Sánchez Paredes, requerido por la Corte de Nueva York, no está en el Poder Judicial, sino en la misma Fiscalía

Nuevas evidencias obtenidas por CARETAS revelan que los abogados de la minera Comarsa, la aurífera que fundara Orlando Sánchez Paredes, obtuvo en apenas una semana copias de la petición estrictamente confidencial que el gobierno de Estados Unidos envió directamente al Fiscal de la Nación, José Luis Pélaez Bardales, y que éste derivara inexplicablemente a mesa de partes del Poder Judicial.

 

Con ese documento secreto en su poder, los abogados de Orlando Sánchez Paredes pudieron conocer al detalle todo lo que la Corte de Nueva York necesitaba de la Fiscalía de la Nación para procesar al clan Sánchez Paredes por lavado de dinero y tráfico internacional de drogas.

En un memorando enviado a la Corte de Nueva York, los defensores legales de Comarsa alardean de que obtuvieron en una semana no solo la petición confidencial del Departamento de Estado de EE.UU. sino también copias de todo el expediente Sánchez Paredes que obra en los archivos de la Fiscalía del Crimen Organizados, en el jirón Carabaya, en el Centro de Lima.

Esto fue utilizado por los abogados de Orlando Sánchez Paredes para presionar a las autoridades norteamericanas a fin de que cierren la investigación porque era evidente que sabían de antemano que las autoridades judiciales peruanas, en especial la Fiscalía de la Nación, no colaborarían brindando la "asistencia judicial" requerida con confidencialidad y urgencia por el gobierno estadounidense.

 

Documento confidencia de la Corte de Nueva York

Petición de "asistencia suplementaria" que el gobierno de EEUU. envió al Fiscal de la Nación. Se le solicitó guardar la confidencialidad, pero Pélaez derivó el documento a mesa de partes del Poder Judicial, desde donde se filtró a los abogados de Orlando Sánchez Paredes.

Fuente Caretas: http://www.caretas.com.pe/Main.asp

http://www.caretas.com.pe/Main.asp?T=3082&S=&id=12&idE=1141&idSTo=0&idA=66854&NL=1#.Uwdrl_l5MzQ