"Actuaron exactamente como delincuentes. Ni más, ni menos. No eran cualquiera, sino el personal de confianza de quien hasta entonces fungía de fiscal de la Nación".
¿Porqué renunció repentinamente Pedro Chávarry a la Fiscalía de la Nación, a la cual se había prendido como una garrapata, al extremo de jactarse de que ni diez mil marchas lo obligarían a renunciar? Si algo demostró Chávarry, con abundancia y desvergüenza, en su corto y tormentoso titularato al frente del Ministerio Público, fue su capacidad para desechar con descaro todo cuestionamiento, todo llamado a la razón, toda observancia ética que le sugiriese la posibilidad de dejar el cargo. De largarse. Entonces, ¿Por qué de pronto cambió de opinión en la tarde del 7 de enero?
Quiso aprovechar las últimas horas del 31 de diciembre para sorprender a todo el mundo en plena celebración del año nuevo y sacar partido de ello para destituir a los fiscales Rafael Vela Barba y José Domingo Pérez Gómez de los cargos que desempeñan en la investigación de los más importantes casos de corrupción en nuestro país, en los cuales han demostrado una decisión y resultados ejemplares. Creyó que podría lograrlo y jugó todo a ganador. Había logrado convocar a dos fiscales para -en términos relaes- levantar el piso a sus colegas.
Una semana después, exactamente, quien se veía obligado a salir por la puerta falsa y perdía su alto puesto de Fiscal de la Nación era él mismo, mientras los fiscales Rafael Vela y José Domingo Pérez siguen en sus puesto, consolidados por su limpia trayectoria y el respaldo de una opinión pública que abrumadoramente reconoce que es necesario respaldarlos sin vacilación antes las conspiraciones de las redes de corrupción. El sabotaje de Chávarry fracasó desde el inicio, pues la misma noche de año nuevo detonaron en todo el país -generosa y espontáneamente- las protestas multitudinarias que lo apabullaron.
El apoyo del APRA y el fujimorismo a la decisión de Chávarry fue insuficiente ante la ola de protestas, que obligaron a los fiscales Almanza y Páucar a recular y 48 horas después estaban ya tramitando su renuncia a sus flamantes nombramientos. El desastre era total. Ningún otro fiscal le aceptó el encargo. Chávarry debió retroceder para sobrevivir a la catástrofe, dejando sin efecto la destitución de Vela y Pérez. Pero era insuficiente y muy tarde para frenar la protesta popular y la decisión del Presidente Vizcarra, quien presentó una iniciativa legal para declarar en emergencia el Ministerio Público, reservándose el derecho de hacer cuestión de confianza sobre su aprobación.
La defensa de Chávarry se reorganizó en ese momento y, al retroceso en la destitución de Vela y Pérez, se agregó una campaña centrada en la supuesta "inconstitucionalidad" de la iniciativa presidencial y la pretendida "defensa de la autonomía" del Ministerio Público, a la cual se unieron algunos incautos. Como si rescatar una importante institución del Estado del control de una banda, que es la misma que controlaba el Consejo Nacional de la Magistratura y la ONPE, no fuese prioridad constitucional. En esas estábamos, en un nuevo tira y afloje lleno de incertidumbre en torno a la salida de Chávarry.
En medio de la tensión política, nadie observó que la justicia anticorrupción seguía con su labor y fue así que, en esos mismos días agitados, a solicitud del fiscal Pérez, el juez Concepción Carhuancho autorizó el allanamiento de la oficina del asesor de Chávarry, Juan Manuel Duarte Castro, situada en la misma sede del Ministerio Público. Superadas algunas maniobras distractoras del personal de confianza de Chávarry, el fiscal Pérez identificó los espacios a ser intervenidos y dispuso su cierre y lacrado a fin de -una vez obtenida la amplicación de la autorización judicial- proseguir el procedimiento al día siguiente.
Fue entonces que el personal de confianza de Chávarry incursionó subrepticiamente en las oficinas, eludiendo el control establecido, violando el lacrado, para llevarse varias cajas que evidentemente contienen documentación comprometedora. Actuaron exactamente como delincuentes. Ni más, ni menos. No eran cualquiera, sino el personal de confianza de quien hasta entonces fungía de Fiscal de la Nación, encabezado por su asesora Rosa María Venegas Mello, quien era la que tenía las llaves y sacó personalmente el material. Al retirarse, cuidaron de disimular los rastros de la incursión y la violación del lacrado.
Chávarry se creía capáz de burlarse de la justicia una vez más. No contaba sin embargo, con el profesionalismo y perspicacia del fiscal Pérez, quien intuyó la fechoría, y con que el propio jefe de seguridad del Ministerio Público, funcionario de su confianza, lo pensaría bien antes de hacerse cómplice de un acto delincuencial: decidió entregar los videos que registran detalladamente la intervención del personal de Chávarry en las oficinas cerradas y lacradas. De ese hecho criminal también ha quedado registrada la respuesta que da uno de los miembros de resguardo de Pinochávarry a una vigilante que se percata de la acción, a quien le dice que "cumplen órdenes superiores del Fiscal de la Nación".
Evidentemente, eso fué lo que precipitó la renuncia de Chávarry a un cargo al cual estaba prendido como una lapa. Desertó porque su propio jefe de seguridad lo echó con videos y todo. Él no contaba con eso. Entonces, en las circunstancias en que se encontraba, totalmente aislado y repudiado, enfrentar esta denuncia sobre un acto abiertamente delincuencial cometido por su propia gente de confianza hubiese sido hacerse públicamente el hara-kiri. En tal situación, era preferible "dar un paso al costado". Pero solo un paso, el necesario para alejarse de la luz pública, mientras se mantiene como fiscal supremo y miembro de la junta de fiscales supremos.
La permanencia de Chávarry en el Ministerio Público es intolerable. Inaguantable. No puede ni debe seguir allí porque es una mácula permanente y la prueba viviente de la fuerza que mantiene la corrupción en este organismo. ¿Cómo puede seguir de fiscal supremo un sujeto que tiene evidentísima responsabilidad en una incursión delicuencial, violando lugares lacrados para frustrar una diligencia judicial? Si alguien todavía dudaba de las relaciones de Chávarry con los Cuellos Blancos del Puerto, de esta manera de actuar, subrepticia y aleve, debería despejarle las dudas.
Algo más. Juan Manuel Duarte y Rosa Vengas, los dos asesores de Chávarry que aparecen en esta historia de pícaros, oh sorpresa, provienen del fujimorismo. Lo cual explica, por enésima vez, el pacto de impunidad entre el fujimorismo y Chávarry, que lo ha blindado todo este tiempo contra cuatro denuncias constitucionales y la protesta unánime de la ciudadanía. ¿Queda claro ahora por qué la mayoría fujiaprista del Congreso es el principal obstáculo para desmontar las redes de corrupción que han tomado las instituciones de justicia?.
Rosa María Venegas, la asesora de Chávarry que encabezó la incursión en las oficinas lacradas, es íntima de la congresista fujimorista Karina Beteta, con quien trabajó como asesora hasta mediados del año pasado. Parece evidente que entonces "la destacaron" a la oficina de Chávarry, quien precisamente empezaba su turbulento período como Fiscal de la Nación. Como puede observarse fácilmente, los tentáculos de la red que tiene secuestradas nuestras instituciones calzan perfectamente y conducen a los mismos círculos que darán hasta el final la lucha por la impunidad.
El apoyo del APRA y el fujimorismo a la decisión de Chávarry fue insuficiente ante la ola de protestas, que obligaron a los fiscales Almanza y Páucar a recular y 48 horas después estaban ya tramitando su renuncia a sus flamantes nombramientos. El desastre era total. Ningún otro fiscal le aceptó el encargo. Chávarry debió retroceder para sobrevivir a la catástrofe, dejando sin efecto la destitución de Vela y Pérez. Pero era insuficiente y muy tarde para frenar la protesta popular y la decisión del Presidente Vizcarra, quien presentó una iniciativa legal para declarar en emergencia el Ministerio Público, reservándose el derecho de hacer cuestión de confianza sobre su aprobación.
La defensa de Chávarry se reorganizó en ese momento y, al retroceso en la destitución de Vela y Pérez, se agregó una campaña centrada en la supuesta "inconstitucionalidad" de la iniciativa presidencial y la pretendida "defensa de la autonomía" del Ministerio Público, a la cual se unieron algunos incautos. Como si rescatar una importante institución del Estado del control de una banda, que es la misma que controlaba el Consejo Nacional de la Magistratura y la ONPE, no fuese prioridad constitucional. En esas estábamos, en un nuevo tira y afloje lleno de incertidumbre en torno a la salida de Chávarry.
En medio de la tensión política, nadie observó que la justicia anticorrupción seguía con su labor y fue así que, en esos mismos días agitados, a solicitud del fiscal Pérez, el juez Concepción Carhuancho autorizó el allanamiento de la oficina del asesor de Chávarry, Juan Manuel Duarte Castro, situada en la misma sede del Ministerio Público. Superadas algunas maniobras distractoras del personal de confianza de Chávarry, el fiscal Pérez identificó los espacios a ser intervenidos y dispuso su cierre y lacrado a fin de -una vez obtenida la amplicación de la autorización judicial- proseguir el procedimiento al día siguiente.
Fue entonces que el personal de confianza de Chávarry incursionó subrepticiamente en las oficinas, eludiendo el control establecido, violando el lacrado, para llevarse varias cajas que evidentemente contienen documentación comprometedora. Actuaron exactamente como delincuentes. Ni más, ni menos. No eran cualquiera, sino el personal de confianza de quien hasta entonces fungía de Fiscal de la Nación, encabezado por su asesora Rosa María Venegas Mello, quien era la que tenía las llaves y sacó personalmente el material. Al retirarse, cuidaron de disimular los rastros de la incursión y la violación del lacrado.
Chávarry se creía capáz de burlarse de la justicia una vez más. No contaba sin embargo, con el profesionalismo y perspicacia del fiscal Pérez, quien intuyó la fechoría, y con que el propio jefe de seguridad del Ministerio Público, funcionario de su confianza, lo pensaría bien antes de hacerse cómplice de un acto delincuencial: decidió entregar los videos que registran detalladamente la intervención del personal de Chávarry en las oficinas cerradas y lacradas. De ese hecho criminal también ha quedado registrada la respuesta que da uno de los miembros de resguardo de Pinochávarry a una vigilante que se percata de la acción, a quien le dice que "cumplen órdenes superiores del Fiscal de la Nación".
Evidentemente, eso fué lo que precipitó la renuncia de Chávarry a un cargo al cual estaba prendido como una lapa. Desertó porque su propio jefe de seguridad lo echó con videos y todo. Él no contaba con eso. Entonces, en las circunstancias en que se encontraba, totalmente aislado y repudiado, enfrentar esta denuncia sobre un acto abiertamente delincuencial cometido por su propia gente de confianza hubiese sido hacerse públicamente el hara-kiri. En tal situación, era preferible "dar un paso al costado". Pero solo un paso, el necesario para alejarse de la luz pública, mientras se mantiene como fiscal supremo y miembro de la junta de fiscales supremos.
La permanencia de Chávarry en el Ministerio Público es intolerable. Inaguantable. No puede ni debe seguir allí porque es una mácula permanente y la prueba viviente de la fuerza que mantiene la corrupción en este organismo. ¿Cómo puede seguir de fiscal supremo un sujeto que tiene evidentísima responsabilidad en una incursión delicuencial, violando lugares lacrados para frustrar una diligencia judicial? Si alguien todavía dudaba de las relaciones de Chávarry con los Cuellos Blancos del Puerto, de esta manera de actuar, subrepticia y aleve, debería despejarle las dudas.
Algo más. Juan Manuel Duarte y Rosa Vengas, los dos asesores de Chávarry que aparecen en esta historia de pícaros, oh sorpresa, provienen del fujimorismo. Lo cual explica, por enésima vez, el pacto de impunidad entre el fujimorismo y Chávarry, que lo ha blindado todo este tiempo contra cuatro denuncias constitucionales y la protesta unánime de la ciudadanía. ¿Queda claro ahora por qué la mayoría fujiaprista del Congreso es el principal obstáculo para desmontar las redes de corrupción que han tomado las instituciones de justicia?.
Rosa María Venegas, la asesora de Chávarry que encabezó la incursión en las oficinas lacradas, es íntima de la congresista fujimorista Karina Beteta, con quien trabajó como asesora hasta mediados del año pasado. Parece evidente que entonces "la destacaron" a la oficina de Chávarry, quien precisamente empezaba su turbulento período como Fiscal de la Nación. Como puede observarse fácilmente, los tentáculos de la red que tiene secuestradas nuestras instituciones calzan perfectamente y conducen a los mismos círculos que darán hasta el final la lucha por la impunidad.
Artículo de opinión de Ronald Gamarra Herrera publicado en Hildebrandtr en sus Trece.
Fuente Hildebrandt: http://www.hildebrandtensustrece.com/
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