Grupo Impulsor llama al Congreso a aprobar la “Comisión Especial Multipartidaria de Protección de la Infancia” durante todo el período 2021-2026

 

              CARTA ABIERTA

Sres. y Sras. CONGRESISTAS DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA DEL PERU.

El Grupo Impulsor para poner fin a la violencia contra niñas, niños y adolescentes hace un llamado a respaldar y aprobar la propuesta de conformación de la “Comisión Especial Multipartidaria de Protección de la Infancia en el contexto de la emergencia sanitaria”

El Grupo Impulsor para poner fin a la violencia contra las niñas, niños y adolescentes manifiesta la grave afectación y vulneración de los derechos de niñas, niños y adolescentes debido a la pandemia por COVID -19 y advierte que, desde el inicio de la emergencia sanitaria, la violencia física, psicológica y sexual hacia niñas, niños y adolescentes, es una de las problemáticas que no sólo ha continuado, sino que se ha incrementado de forma preocupante.

En ese sentido, el Grupo Impulsor, saluda la iniciativa para la conformación de la “Comisión Especial Multipartidaria de Protección de la Infancia en el contexto de la emergencia sanitaria” en el Congreso de la República y hace un llamado a todas las y los congresistas, integrantes de diferentes grupos parlamentarios a sumarse y respaldar la aprobación de esta comisión, con carácter permanente, y que en las decisiones tomadas prime la unidad nacional por el bienestar de todas las niñas, niños y adolescentes en nuestro país.

Desde el Grupo Impulsor, reafirmando nuestro compromiso por la construcción de un país justo y solidario, expresamos nuestra disposición a sumar esfuerzos por construir una sociedad que no tolere más las recurrentes vulneraciones a los derechos humanos, la dignidad, vida e integridad de la niñez y adolescencia.

Carta Abierta GIVNNA 24.08.21

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Perú: Ley Nacional del Cáncer

Hoy se publicó la Ley N° 31336 Nacional del Cáncer.

La presente norma tiene por objeto garantizar la cobertura universal, gratuita y prioritaria de los servicios de salud para todos los pacientes oncológicos, indistintamente al tipo de cáncer que padezcan, con la finalidad de asegurar el acceso al derecho fundamental a la salud en igualdad de condiciones y sin discriminación.

Ley Nacional Del Cancer Ley n 31336 1980284 2  on Scribd

Fuente El Peruano.

Congreso aprobó Ley sobre Trata de Personas y los considera como delitos contra la dignidad humana

Hoy se publicó la Ley que modifica el Código Penal, el Código procesal penal y la Ley 28950 Ley contra la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes con la finalidad de sistematizar los artículos referidos a los delitos de trata de personas y de explotación y considerar estos como delitos contra la dignidad humana.

Ley Modifica Código Penal 1939453-1 2021  on Scribd

Fuente El Peruano. 

Ronald Gamarra: Análisis del deshacinamiento de establecimientos penitenciarios y centros juveniles por riesgo de contagio de COVID-19

El Estudio Arbizu & Gamarra ha presentado el análisis de tres proyectos de Ley que se han debatido en la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso de la República, en relación al deshacinamiento de los establecimientos penitenciarios y centros juveniles por riesgo de contagio de COVID-19 en el Perú.

Análisis Predictamen Deshac... on Scribd

Fuente Estudio Arbizu & Gamarra: https://www.arbizu-gamarra.pe/sin-categoria/2020/analisis-predictamen-proyectos-ley-deshacinamiento-carceles/

Ronald Gamarra: "Disolución constitucional"

La disolución constitucional del Congreso dispuesta por el presidente Vizcarra es materia de comentarios desinformados, desatinados, interesados y deliberadamente mentirosos. Aunque ya escribí antes de esto, veo la necesidad de volver a hacerlo ahora dado que los medios nos tienen saturados con versiones confusas que equiparan sin más, como si fueran la misma cosa, la disolución constitucional dispuesta el 30 de septiembre con el golpe de estado de Alberto Fujimori perpetrado el 5 de abril de 1992. Y lo haré paso a paso, con paciencia, como para que lo entienda hasta el que insiste en hacerse el tonto.

1. La disolución del Congreso es un mecanismo de solución de grave conflicto entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, con la finalidad de que sea el pueblo el que defina la controversia en nuevas elecciones para la representación nacional. Es muy frecuente en las democracias parlamentarias y ha sido incorporado a las democracias presidencialistas. Tanto la Constitución de 1979 como la de 1993 contienen el mecanismo de la disolución parlamentaria, sujeto a determinadas reglas.

2. La Constitución de 1979 permitía al Presidente de la República disolver la Cámara de Diputados si ésta censuraba o negaba la confianza a tres gabinetes. En ningún caso se podía disolver el Senado. Recordemos que entonces el Poder Legislativo era bicameral. La cámara política era la de Diputados, cuyas decisiones se imponían con solo su insistencia si el Senado las observaba. El Presidente debía convocar a elecciones para la Cámara de Diputados que debían celebrarse en el plazo de 30 días.

3. La Constitución de 1993 permite al Presidente de la República disolver el Congreso cuando éste censura o niega la confianza a dos gabinetes. Se mantiene en funciones la comisión permanente del Congreso hasta la elección de los nuevos representantes. El Presidente de la República debe convocar a elecciones parlamentarias a celebrarse en el plazo de cuatro meses.

4. Cuando el 5 de abril de 1992 Fujimori dispuso cerrar el Congreso, violó flagrantemente la Constitución. El Congreso de entonces no había censurado ni negado la confianza a ningún gabinete, ni siquiera a un solo ministro. Su decisión, claramente, carecía de todo fundamento legal. Pero no solo eso. Fujimori también ordenó el cierre del Senado, lo cual estaba expresamente prohibido por la Constitución. Y también ordenó la intervención y toma del Poder Judicial, el Ministerio Público, el Consejo Nacional de la Magistratura, el Tribunal de Garantías Constitucionales (actualmente Tribunal Constitucional) y la Contraloría General.

5. Además, Fujimori decretó la suspensión de la propia Constitución en todo aquello que se oponga a los objetivos de su gobierno. Y de acuerdo con ello, proclamó la constitución de un “Gobierno de Emergencia y Reconstrucción Nacional”, liderado por él, sin límite constitucional alguno. Fujimori impuso sus medidas con el respaldo armado de los militares que conspiraban con él, coordinados por Vladimiro Montesinos, el artífice de la asonada. Y se ocupó violentamente con tropas y tanques las sedes de los poderes y órganos del Estado intervenidos, se tomó numerosos prisioneros, incluidos los presidentes y vicepresidentes de ambas cámaras, unos bajo arresto domiciliario; otros secuestrados, como el vicepresidente de la Cámara de Diputados, a quien se mantuvo incomunicado en un buque de la Marina.

6. Fujimori y Montesinos ordenaron la detención ilegal de numerosos civiles, como el periodista Gustavo Gorriti, secuestrado en los sótanos del Pentagonito, cuya detención solo se reconoció ante la decidida presión de la prensa internacional.

7. Por si todo lo anterior no fuese suficiente, Fujimori ordenó la intervención con tropas de los medios de comunicación: diarios, revistas y radios. Los dueños de las estaciones de televisión fueron los primeros en someterse, por lo que no necesitó enviarles tropas.

8. Está claro, por los puntos anteriores, que el 5 de abril de 1992 Fujimori delinquió deliberadamente y en forma múltiple contra la Constitución y las leyes. No cabe la menor duda de que fue un artero golpe de estado. Golpe por el que ciertamente, salvo el general Juan Briones (que incluso no cumplió totalmente su pena), nadie fue condenado.

9. Vayamos ahora al 30 de septiembre de este año 2019. El Congreso, tomado por una mayoría lumpen, heredera del viejo Fujimori, tiene bloqueado al Poder Ejecutivo desde que empezó el periodo gubernativo en el año 2016. Esa mayoría fujiaprista ya tiene en su haber un gabinete al cual le negó la confianza y lo derribó. El vicepresidente Martín Vizcarra se ha hecho cargo de la Presidencia de la República ante la renuncia del titular, presionado por dos procesos sucesivos de vacancia, y trata de llevar adelante la gestión presidencial, con decencia, cierta intuición patriótica y marcada debilidad, pero encuentra el desafío renovado de una mayoría parlamentaria que quiere someterlo, convertirlo en el pelele que no fue, en el hombre de paja que se resistió a ser. El Presidente recurre a sucesivas cuestiones de confianza que son formalmente concedidas y luego escamoteadas con descaro. Pendejos los representantes del poder corrupto.

10. El Gobierno anuncia el viernes 27 de septiembre una nueva cuestión de confianza en relación con el proceso de elección de los miembros del Tribunal Constitucional, llevado a cabo a la mala, de manera expeditiva y escandalosa para coparlo, monopolizarlo, con perjuicio de toda garantía de transparencia y del derecho a la información de la ciudadanía, con el ánimo evidente de proteger a sus miembros y cómplices involucrados en delitos de corrupción.

11. El lunes 30 de septiembre, el Presidente del Consejo de Ministros se presenta en el Congreso para plantear la cuestión de confianza. Insólitamente los fujiapristas le cierran las puertas del pleno, en violación de la Constitución, que establece el derecho de los ministros a participar y plantear cuestiones en cualquier momento en los debates del pleno. El premier del Solar no se amilana y fuerza su ingreso al pleno aprovechando un descuido de los custodios de seguridad que hacen frente a la protesta de otros congresistas. En el pleno, no se le da la palabra al premier y éste debe usar el tiempo de un congresista para plantear la cuestión de confianza. Y a pesar de que es obligación constitucional del Congreso debatir y votar de inmediato la cuestión de confianza, el pleno decide esa misma mañana, por 80 votos, no debatir y postergar la cuestión planteada para después de la elección express de los nuevos miembros del Tribunal Constitucional. Es decir, para después del hecho mismo cuya realización vacía de todo contenido la cuestión de confianza. Y comenzó esa elección designando como nuevo miembro del TC al primazo del presidente del Congreso (a quien ahora se pretende imponer en reemplazo del buen magistrado Eloy Espinoza Saldaña).

12. Con lo decidido y hecho esa mañana, el Congreso lumpen demostró con los actos más contundentes y groseros que no otorgaba la cuestión de confianza solicitada, con lo cual quedaba derribado el segundo gabinete, y el Presidente de la República se encontraba habilitado plenamente para disolver el Congreso en aplicación de la Constitución. Cuando los congresistas se dieron cuenta de que Vizcarra no bromeaba, corrieron apresurados a votar la confianza, pero ya era muy tarde, sus hechos no podían ser borrados por una votación tardía y convenida, y el Presidente ya pronunciaba la disolución. Luego hicieron payasadas, como la de “suspender” a Vizcarra y “jurar” a una nueva “presidente”, que constituyen graves delitos.

13. A diferencia del 5 de abril de 1992, esta vez se mantiene la comisión permanente del Congreso. No hay organismos autónomos ocupados, ni medios de comunicación intervenidos, ni detenidos, ni perseguidos, ni tanques, ni tropas en las calles. Y se ha convocado de inmediato a elecciones congresales para el 26 de enero. Allí todos los ciudadanos tenemos la decisión en nuestras manos.

En conclusión: hay que ser un tonto rematado para comparar el 30 de septiembre con el 5 de abril; y hay que reconocerle a Vizcarra el crédito histórico de –dejando de lado una posible salida conciliadora con el poder corrupto- desbaratar los planes lumpenescos del fuajiaprismo y, tal vez, el de haberlos liquidado. Como dice un amigo, sin él, nadie estaba en posición de detener o resistir el poder de la costra fujiaprista  porque el centro se había evaporado, la izquierda no había hecho más que dividirse y la calle no calentaba.

Artículo de opinión de Ronald Gamarra Herrera publicado en Hildebrandt en sus trece el viernes 04 de octubre de 2019.

Fuente: http://www.hildebrandtensustrece.com/

Ronald Gamarra: "Qué verguenza, sus señorías"

El fujimorismo nos tiene acostumbrados a las más exageradas historias que, hay que reconocerlo, terminan robándose las luces sobre el escenario. Lamentablemente, el espectáculo, casi sin variación, es del gusto más cursi, esperpéntico o nauseabundo que se pueda imaginar. No son pocos los que han desarrollado el gusto perverso por ese tipo de espectáculos y los buscan para disfrutarlos con deleite de adictos. Otros, convencidos de los réditos que esos espectáculos producen, pugnan por ser sus empresarios, inversionistas y productores. En esta columna nos limitaremos solamente a los momentos estelares que nos ofrecieron esta semana.

El roche de Sardón

Todos sabíamos de sobra que don José Luis Sardón era y es un juez fujimorista en el seno del Tribunal Constitucional. A ellos les debía su nombramiento, es cierto, pero se sabe muy bien que la fidelidad política de Sardón es muy anterior a ese hecho. Digamos las cosas como son: los fujimoristas lo pusieron allí porque era de los suyos. Hay que reconocer, sin embargo, que Sardón casi siempre actuó con discreción y circunspección, a diferencia de los políticos fujimoristas, normalmente escandalosos, gritones e impresentables. Hasta esta semana.

Porque esta semana, Sardón quedó feamente al desnudo ya no solo como un juez fujimorista en el TC sino como uno de los operadores de las movidas del fujimorismo en ese alto tribunal y al más alto nivel político. Confiado, canchero, con la seguridad de que podía sacar adelante la libertad de quien evidentemente ordenó su nombramiento, Keiko Fujimori, Sardón impulsó que se viera cuanto antes este caso con inusitada preferencia. Sin embargo, al dudar de la posibilidad de reunir los votos necesarios, salió a última hora con la novedad de que el caso Keiko debería dejarse pendiente para ser visto por los nuevos integrantes del TC que el aprofujimorismo pretende elegir a su gusto y de modo express.

Y resulta que fracasó rotundamente. Fue tan rochosa y torpe su movida que ni siquiera lo acompañaron los otros jueces del TC que suelen ser concesivos con la ultraderecha. Sardón se quedó solo solito, puesto en total evidencia, vencido por cinco votos a uno, más una abstención. Nadie podía apoyarlo porque es tan torpe como para quemarse así. Eso no fue lo peor que le ocurrió. También se supo esta misma semana que él es el gran promotor, el factótum de la venida al Perú de la Comisión de Venecia. Primero lo planteó muy orondo ante el TC, pero fue rechazado por unanimidad, como una pérdida de tiempo, pues dicha Comisión no tiene jurisdicción ni fuerza vinculante alguna en nuestro país.

Días después -oh, coincidencia- el presidente del Congreso, Olaechea el inefable, iluminado por el espíritu de la inteligencia, invitó a la Comisión de Venecia, sobre la cual, hay que estar seguros, no debía tener ni la más remota idea de su existencia. Ya sabemos, pues, quién fue su solícito inspirador. Pero rebajarse de juez constitucional a vulgar operador político, qué vergüenza, su señoría. En todo caso, se debe reconocer que no es inconsecuente. Dicen que, en su juventud, Sardón empezó su carrera como asistente o practicante de Luis Alberto Sánchez, líder del Apra. No sé si esto es cierto y si esto abona para explicar su preferencia fujiaprista. En todo caso, fue un gran honor para él. No cualquiera empieza su carrera sirviéndole el café a una eminencia como LAS.    

Las lloronas de Venecia

La audiencia de la comisión de constitución del Congreso con los representantes de la ilustre Comisión de Venecia fue un escándalo de llanto a grito pelado de una coalición fujiaprista que demostró al país y al mundo cuál es su lamentable nivel. Bajo la complacida presidencia de Rosa Bartra, los congresistas Luz Salgado, Milagros Salazar, Yeni Vilcatoma y otros, se despacharon a lloriquear a más y mejor, como las antiguas lloronas de viernes santo. No tenían ni la menor idea del carácter y los objetivos de la Comisión de Venecia, que ve asuntos constitucionales a nivel jurídico y que no ha venido a hacerse cargo de sus cuitas personales.

La cereza de esa torta indigesta fue la intervención de quien resultó ser la llorona mayor, el congresista Becerril, alias Porcelanato, conocido así en la picaresca judicial en la que anda enredado hasta las orejas por sus turbias andanzas. El tipo tuvo el cuajo de presentarse como el prototipo del perseguido político en el Perú, confesando sin pudor alguno que tiene cinco investigaciones en curso por asociación criminal. Pero hay que reconocer que tuvo la cautela de no comentar sobre porcelanato con la Comisión de Venecia. Le hubieran dicho que es muy vulgar, cosa de nuevo rico. En Venecia sí saben de materiales finos.

Después de esa traumática sesión, la Comisión Veneca (por veneciana) debe haber quedado convencida de que los invitaron unos tíos del lumpen político. Al día siguiente, se reunieron en privado con Salvador del Solar y el ministro de Justicia en representación del Gobierno. No cabe duda sobre quién quedó mejor y expuso mejor sus razones.

El TC y los 11 del patíbulo

La alianza fujiaprista se dispone a sacar en el plazo de una semana su propio TC, para lo cual, festinando todo trámite propio de un proceso regular e informado, abierto a la ciudadanía, pretende imponer al caballazo la designación de seis nuevos integrantes el lunes 30. Y ha presentado 11 candidatos que nadie ha tenido la oportunidad de entrevistar ni en el Congreso ni en los medios; candidatos que nadie conoce. Esto es explicable porque, a medida que empezamos a conocerlos por informaciones que empezaron a filtrarse de manera desbordante, resulta que la gran mayoría de ellos, si no todos, no solo son su gente sino además gente del infame y mafioso juez supremo Hinostroza Pariachi.

Todo empezó con una candidata que tenía audios de conversaciones telefónicas con Hinostroza, con quien tiene amistad estrecha y a quien, además, le debe el más alto nombramiento que jamás tuvo en su carrera. Esta candidata es tan íntegra que lo primero que hizo cuando los periodistas le preguntaron por el audio, lo negó todo absolutamente, incluso conocer ni de vista a Hinostroza. Luego, poco a poco, fue reculando, hasta llegar a decir que no se aferra a la candidatura. Hasta ahora todos esperan su renuncia que, por cierto, no llegará.

Entonces salió que no menos de seis candidatos tienen audios con Hinostroza; en consecuencia, todos se escondieron, también los que hasta el momento no se les ha encontrado audios. Nadie los puede ubicar para entrevistarlos e interrogarles sobre sus relaciones con el extraditable ex juez supremo. Así, con candidatos desconocidos, sin carrera meritoria y además en la clandestinidad, el fujiaprismo pretende imponernos un TC a la medida de su mediocridad e índole delincuencial.

La última que salió es que uno de los candidatos que no tenía audio, un ex miembro del TC, tan gris que nadie lo recordaba, y que ahora quiere repetir el plato, firmó en el año 2013 sentencias reiteradas que ordenaban, de modo insólito, nombrar a Hinostroza para el cargo de Fiscal Supremo, arrogándose una función que no le corresponde al TC, la de nombrar magistrados. La sentencia finalmente no se aplicó porque fue anulada más tarde por el propio TC. Hinostroza luego se las arregló para llegar a un cargo más jugoso en la Corte Suprema.

Esta es la gente que el fujiaprismo pretende entronizar por cinco años en el TC, cueste lo que cueste, sin importarles ningún roche porque saben que, ahora que han perdido por completo y para siempre todo apoyo popular, ya no tienen nada que perder.

Artículo de opinión de Ronald Gamarra Herrera publicado en Hildebrandt en sus trece el día viernes 27 de setiembre de 2019.

Fuente: http://www.hildebrandtensustrece.com/

Ronald Gamarra: "¡Es la mafia, estúpido!"

En medio de la situación de enfrentamiento que vive el país, con una costra aprofujimorista parapetada en el Congreso, que se opone a piedra y lodo a toda propuesta del Gobierno para superar la crisis mediante el adelanto de las elecciones generales para que el pueblo elija un nuevo Presidente de la República y un nuevo Congreso en el 2020, hay todavía muchos que se hacen los tontos y pretenden que se trata de una “crisis institucional” caracterizada por un desafío clásico entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo.

En consecuencia, recurren a los constitucionalistas para que nos den la solución al desmadre, y estos hacen malabares teóricos para acomodar sus respuestas a sus respectivas preferencias. Porque, al igual que cualquier otra persona, no son personajes neutros que habitan un limbo conceptual sino protagonistas de carne y hueso, con apetencias y ambiciones, aspiraciones e ideales, con compromisos, pactos y muchas veces servidumbres relacionados de muy diversas maneras con los poderes fácticos que rigen en el país.

Esos mismos “ingenuos” que creen que estamos en una crisis puramente institucional de enfrentamiento entre nuestras más altas instancias políticas, también recurren a propuestas sacadas de la manga para solucionar el impase en algún salón donde los grandes plenipotenciarios de cada parte puedan acordar un “pacto de caballeros” que permita alguna modalidad de convivencia que les permita vivir sin que hagan olas en el escenario político hasta el 2021. Se trataría, pues, de hallar el modo de activar la buena voluntad dormida de unos líderes ofuscados.

Lo que pasan por alto estos analistas ingenuos es un hecho fundamental, y es la presencia de una trama mafiosa como protagonista central de la crisis. La alianza fujiaprista representa ya sin ningún sonrojo ni cobertura los intereses de esa hampa que pretendió consolidarse a partir de la obtención de la mayoría parlamentaria absoluta en las elecciones del 2016 y empezó entonces, sistemáticamente, a someter organismos claves del Estado a sus designios de poder. El poder para asegurárselo indefinidamente y para enriquecerse con millonarios negocios.

Para ello tejieron una red poderosa cuyos alcances solo empezamos a vislumbrar con los innumerables audios puestos al descubierto por una aislada pero valiosa y valerosa investigación fiscal que pudo salir adelante en el 2018 y sobrevivir hasta hoy a los más diversos y torcidos intentos de neutralizarla o ahogarla. Entre el juez Ríos, que hacía y deshacía en el Callao, como muchos otros colegas suyos en el país, coordinados por el juez supremo Hinostroza y sus cómplices al más alto nivel, y la alianza fujiaprista, hay una ligazón umbilical demostrada por un blindaje jamás visto como el desplegado por esta facción parlamentaria para defender a corruptos.

En el 2016, la mafia política tenía ya el Legislativo y prontamente se lanzó a copar el Consejo Nacional de la Magistratura y el Jurado Nacional de Elecciones. Luego le tocó el turno al Ministerio Público, donde lograron la mayoría en la Junta de Fiscales Supremos y que uno de los suyos llegara a ser Fiscal de la Nación. Tenían la ambición de conquistar la Corte Suprema y se preparaban para ello. Preparaban sus fichas para copar, llegado el momento, el Tribunal Constitucional. Por cierto, su objetivo era el Gobierno y por ello apuntaron contra él desde el primer momento.

Por eso es inaceptable y despierta suspicacia que algunos analistas obvien este dato brutal de la realidad y reduzcan la crisis a un impase común entre legislativo y ejecutivo. No señores, no señoras, el dato crucial está detrás de esa falsa fachada y se llama mafia política. Los intereses y tentáculos de esa mafia política quedaron al descubierto totalmente en el curso del último año, así como su desesperada, decidida e incondicional defensa de sus representantes más despreciables. Negarse a verlo así en este momento decisivo representa una posición vergonzosa. Indefendible. Y un caro servicio al hampa.

El conflicto presente es esencialmente una crisis política de resistencia ante el asalto al Estado por una mafia política. Este es el punto fundamental. Que no nos vengan entonces con diseños constitucionales para solucionar esta delicadísima situación. Cualquier sistema constitucional, sea presidencialista o parlamentario, se pervertirá y pudrirá si la mafia política consigue sus objetivos de quedarse en el poder manteniendo sus topos y contactos, y sobre todo si consigue su objetivo esencial que es la impunidad de sus capitostes.

Muchos de esos capitostes mafiosos se encuentran en el propio Congreso, protegidos por la inmunidad parlamentaria. Algunos ya son ampliamente conocidos, otros son objeto de fundadas sospechas. La revelación de los codinomes de Odebrecht, en octubre, podría aclarar mucho más el panorama hasta para el más necio. Pero me temo que aún entonces, a pesar de las evidencias y de que los mafiosos al descubierto sigan pululando en el Congreso, habrá opinantes y políticos “ingenuos” que sigan viendo un conflicto “institucional” típico de los manuales de derecho constitucional.

De lo que son capaces algunos de esos teóricos del fuiaprismo dizque constitucional, dio prueba uno que es mejor ni mencionar, cuando sostuvo que los congresistas no debían escuchar la opinión del pueblo porque el pueblo ignora qué es el bien común y, en cambio, los parlamentaros sí saben qué cosa es. Imaginen el tamaño de esta pachotada. El hedor de esta evacuación. ¡Mulder, Becerril, Beteta, Arimborgo, Mamani, Edwin Donayre, Miqui Torres y otras joyitas que plagan este Congreso lumpen son los únicos que saben qué es el bien común y nos lo pueden imponer como les venga en gana!

Por supuesto, el pueblo es más razonable y le dice NO a esta mafia empoderada.

Artículo de opinión de Ronald Gamarra Herrera publicado en Hildebrandt en sus trece el día viernes 20 de septiembre de 2019.

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Ronald Gamarra: Nueva ofensiva del fujiaprismo

El fujiaprismo logró reorganizarse  y recomponerse en vísperas de la elección de la nueva mesa directiva del Congreso en julio, de tal manera que logró recuperarla por completo después de casi un año, en la cual la aparatosa caída de Keiko Fujimori en sus enredos judiciales, la defección de Salaverry y la puesta en pública evidencia de los íntimos vinculos entre la bancada apronaranja y los más connotados líderes de la mafia judicial, a quiénes están obligados a blindar cueste lo que cueste, los dejo como un barco a la deriva, desconcertados, divididos y desorientados.

Pero aqui están nuevamente, orondos, frescos como lechugas y, como siempre desafiantes, apandillados, enseñando los colmillos a tirios y troyanos. Y les importa especialmente un comino la opinión unánime de la nación, que quiere verlos fuera de sus arrellanadas curules cuanto antes, para reemplazarlos en elecciones por nuevos parlamentarios que no tengan las cargas delincuenciales que lucen con descaro gran número de los actuales congresistas. Ya sabemos que nunca hubo un congreso tan vergonzoso e infame como el dominado por la actual mayoría parlamentaria.

La recuperación fujiaprista tiene dos componentes. Por un lado, han logrado apuntalar las grietas que amenazaban atomizarlos, neutralizando sobre todo a sus parlamentarios de provincias, y han logrado reconstruir una dirección debido a que Keiko Fujimori sigue ejerciendo el liderazgo de la facción fujimorista desde la cárcel, donde ha recibido más de 500 visitas de los más connotados capitostes de su facción. Evidentemente, la detenida Keiko Fujimori goza de privilegios y atenciones en el penal donde por ahora reside, que no tienen las demás detenidas. 

Keiko, en consecuencia, tiene tiempo y posibilidades para hacer política con tanta amplitud como cuando estaba libre en su residencia. Los fujimoristas, en trance de verse reducidos a la nada, se aferran a su liderazgo que, aunque decadente, todavía es capaz de tejer conspiraciones y trampas. Y no puede ser de otro modo porque le va en ello la posibilidad de una sentencia judicial. Porque sólo mediante maniobras políticas que lleven a una total inestabilidad en el gobierno, la sociedad y en los cuerpos encargados de investigar sus delitos, puede esperar escapar a la sanción que le corresponde.

El segundo componente de la recuperación fujimorista se basa en su alianza con el variado bloque ultraconservador conformado por una derecha "intelectual" venida a menos, carente de seguidores, pero que provee opinión y argumentos hechizos en abundancia; el bloque de empresarios , muchos de ellos implicados en actos de corrupción en obras públicas, que ya se pusieron abiertamente la camiseta naranja como única posibilidad de escapar de sus líos judiciales; y sobre todo, la manga de fanáticos religiosos muy bien financiados por sus cómplices en el extranjero, que proveen "masas".

A lo anterior se añade la numerosa colección de topos con que cuentan en el Congreso, una especie de oportunistas, traficantes y náufragos que pululan por los pasillos del Legislativo, lo suficientemente abundante como para darles la mayoría holgada con la que ganaron la mesa directiva en julio. Y han hallado en el empresario Pedro Olaechea Álvarez Calderón un presidente del Congreso a la medida de los propósitos del fujiaprismo, dispuesto a servirlos hasta las últimas consecuencias, como lo acaba de demostrar con su pública pechada al presidente Vizcarra.

Así con las hachas desvainadas, esperanban a Vizcarra el 28 de julio, cuando este los sorprendió con su propuesta de adelanto de elecciones generales para el próximo año. Aunque ante esta propuesta reaccionaron al principio con histeria, poco a poco van decantando los elementos de su táctica de enfrentamiento, consolidando su ofensiva. Y es que el presidente Viscarra también ha cometido errores como en Tía María, y sobretodo no cuenta en el Congreso prácticamente con nadie que lo respalde y sea de fiar en la gestión de su propuesta.

El aprofujimorismo se siente ahora en capacidad de lanzar un desafío frontal archivando sine die la propuesta de adelanto de elecciones y especula con diversas salidas, desde la destitución del presidente Vizcarra declarando su vacancia por cualquier motivo que puedan manipular, hasta la posibilidad de cogobernar con la vicepresidenta Mercedes Aráoz hasta el 2021 y que sea Vizcarra el único que salga de su cargo para intentar meterlo preso. Los más fanáticos de la facción fujiaprista, como Rosa Bartra o Mulder, están muy confiados en que estos son objetivos que están en sus manos alcanzar.

Pero su ofensiva es aún mayor. También se proponen, en lo inmediato, decapitar de un tajo al equipo especial de fiscales que investiga el caso Lava Jato. Muy especialmente se proponen acabar ya, de una vez, con Rafael Vela y José Domingo Pérez, para lo cual han movido sus fichas enla junta de fiscales supremos: Pedro Chávarry, Tómas Aladino Gálvez y Víctor Rodríguez Monteza, los tres involucrados en la banda de Los Cuellos Blancos del Puerto, encabezada por el extraditable César Hinostroza Pariachi.

Estos tres fiscales exigen formal y descaradamente a la fiscal de la Nación la remoción de los fiscales que investigan los casos en los cuales ellos mismos se  hallan involucrados. Les importa un comino la ética, la deontología profesional y las apariencias. Los fujimoristas también confían en que el Tribunal Contitucional les dará, por fin, esta vez, la libertad de Keiko Fujimori, que les ha sido negada por todas las instancias del Poder Judicial. Estas son las batallas que se juegan ahora en el frente judicial.

Y al mismo tiempo pretenden recuperar respaldo ciudadano promoviendo iniciativas demagógicas como el proyecto de ley que acaban de presentar sus aliados, los fundamentalistas religiosos, para que los padres de familia puedan cuestionar según sus particulares convicciones religiosas los contenidos de los textos escolares aprobados por el Ministerio de Educación. Se trata de una nueva ofensiva contra el enfoque de igualdad de género en la educación, con la cual pretenden recuperar el calor de masas que hace mucho les impide recuperar la calle.

Nada está dicho por el momento. Los cálculos aprofujimoristas no toman en cuenta algo esencial: la opinión y el temperamento de la inmensa mayoría del pueblo peruano,  que quiere y exige que se larguen. Pero el desprecio al pueblo, con el cual se conducen actualmente, puede reventarles terriblemente en su propio rostro y conducirlos a su descalabro definitivo. 

Artículo de Opinión de Ronald Gamarra Herrera publicado en Hildebrandt en sus trece el viernes 23 de agosto de 2019.

Fuente Hildebrandt: http://www.hildebrandtensustrece.com/

APN / IPRODES: Sistema Nacional de Atención Integral

Mesa de trabajo: Sistema Nacional de Atención Integral: "Hacia una niñez y adolescencia libre de violencia"

Este documento constituye la relatoría de la mesa de trabajo convocada por la Comisión de la Mujer y Familia del Congreso de la República, en octubre de 2018, a fin de examinar desde el punto de vista de los principales actores involucrados, el funcionamiento y los desafíos del Sistema Nacional de Atención Integral al Niño y al Adolescente.

APN Iprodes ComisionMujer-I... by on Scribd

Fuente: APN. 

De Belaunde: "El Estado es cómplice de los abusos sexuales"

"La Iglesia se ha comprometido a entregar toda la información a la Comisión Investigadora".

El Congresista independiente, Alberto De Belaunde, planteará que se conforme una Comisión de la Verdad de los abusos sexuales sucedidos en el país.

¿Cuánto han avanzado en la Comisión de abusos sexuales a menores que usted preside?

ADB: Es difícil medirlo porque es como una caverna oscura en la que uno va entrando y son tantos años de silencio e impunidad, que cada vez encontramos nuevos descubrimientos. Nuestro rol central es transmitirle a la sociedad cual es el estado  actual de la problemática en relación al rol del Estado en cuatro puntos: prevención, mecanismos de denuncia, el castigo y el de la reparación de las víctimas; no solo en el aspecto económico, sino también de acompañamiento en temas de salud mental y psicológica. Lo que hemos encontrado es que el Estado, ahora mismo, no está en capacidad para atender ninguno de estos cuatro puntos. Y lo peor, es que ni siquiera somos capaces de utilizar la información con la cuenta el propio Estado; por ejemplo, solicitamos información a distintas dependencias y nos la dan, pero previamente procesada y eso no refleja necesariamente la realidad. Hemos trabajado tres casos emblemáticos, el caso del colegio De Cárdenas, el caso Sodalicio y el caso y el caso Condorcanqui en Amazonas.

¿Han encontrado apoyo por parte de las instituciones involucradas?

ADB: Hay colaboración, pero no hay una conciencia de cómo enfrentar este problema. Creo que en general en el país es tan doloroso, que lo que hemos hechos es ignorarlo y es lo peor que podemos hacer. Los políticos nos centramos en el castigo y no en la prevención, pero para la gente común, no quieren que sus hijos pasen por una situación tan terrible como esa.

Uno de los momentos más duros en la Comisión, es no solo ser consciente y testigo del abuso que sufrieron estos chicos y chicas cuando eran menores de edad, sino el daño que los ha acompañado durante toda su vida; y además, el nuevo daño que les causa el Estado cuando ellos deciden denunciar lo que sufrieron y no son escuchados. El Estado peruano revictimiza a las personas que buscan justicia. Mire lo que pasa, el otro día un muchacho víctima de abuso del colegio Héctor de Cárdenas, lo citan en Medicina Legal y a la misma hora citan al que fue su abusador y se encuentran  cara a cara en una sala de espera. ¡Qué nivel de insensibilidad e indolencia podemos tener!.

Entiendo que hay dos vertientes en la investigación de la Comisión; uno el que aborda los casos de abusos sexuales en la Iglesia y el otro en el caso de las niñas Awajún en Amazonas, que fueron abusadas por sus propios profesores.

ADB: Lo que voy a decir es duro. En el caso de las niñas Awajún fueron abusadas por sus profesores y por la ausencia del Estado. El Estado es un victimario y cómplice de esto y tiene que responder, desde el momento en que se envía a estas personas, que no deberían estar en el magisterio, cuando no se les puede reemplazar porque la UGEL de la zona no tiene partida presupuestal para eso, con lo cual afecta a toda la comunidad educativa. Es espantoso.

Y eso no es todo, si alguna de estas personas abusadas deciden denunciar, tienen que ir hasta Santa María de Nieva que está a un día de viaje en vehículos que ellos tienen que financiar. En toda la provincia de Condorcanqui hay solo 12 policías, es decir 7 por turno; y no tienen ni un solo vehículo asignado. Encima hay la barrera idiomática, porque los operadores de justicia no hablan awajún. Sin contar que un juicio de estas características puede tomar cinco años.

¿Cuántos casos han encontrado? 

ADB: El número es alto, pero preferiría no adelantar cifras porque nos falta aún visitar algunas otras provincias de Amazonas. 
Pero otra cosa que es importante, es que cuando salen estos casos, las instituciones se preocupan más por la imagen institucional antes que preocuparse por las víctimas y esto tiene que cambiar.

¿El informe final identificará culpables?

ADB: Nuestro informe será sui generis, porque a diferencia de los informes de las diferentes comisiones que acusan gente, y que también estableceremos responsabilidades puntuales, lo que queremos es hacer una radiografía, un espejo, donde lo que vamos a ver nos va a doler, pero es absolutamente necesario, y esto va marcar un antes y un después, no sólo de cómo el Estado va a tratar  estos temas, sino cómo la sociedad debe tratarlos.

La otra vertiente es la que trata los abusos al interior de la Iglesia Católica; y aqui en Arequipa, que es un bastión del Sodalicio, ¿Se ha presentado nuevos casos?

ADB: Estamos investigando, no quiero adelantar, pero creo que hay una imagen clara de lo que ha sucedido en la Iglesia Católica a nivel mundial, y que no han sabido diferenciar a estos malos elementos, de los miles de respetables sacerdotes y creyentes en la fe religiosa. El denunciar y buscar justicia respecto de elementos que abusan en cualquier religión, no pone en riesgo ni amenaza a la religión en sí misma; por el contrario, creo que toda persona  comprometida en un credo, debe ser la primera en exigir que aquellos que han abusado paguen sus culpas. Yo veo con mucha esperanza el proceso de cambio que ha iniciado el papa Francisco, que no es fácil.

¿Hay colaboración de la Iglesia para identificar los casos de abusos sexuales?

ADB: Están colaborando y hemos pedido información a todos los obispos del Perú; el lunes  me voy a reunir con el presidente de la Conferencia Episcopal y allí estableceremos cómo nos entregaran la información y confío que lo hagan. No es nuestra intención iniciar una "cacería de brujas", sino comprender qué ha pasado para que no siga pasando en el futuro.

Y me adelanto para plantear una recomendación al Ejecutivo, y será que conformen una Comisión nacional de Investigación sobre estos casos de abusos sexuales a niños, como la Comisión de la Verdad, para que se haga justicia y no volvamos a repetir estas terribles experiencias y que las víctimas sean escuchadas.

Fuente Diario Correo de Arequipa: https://diariocorreo.pe/edicion/arequipa/?ref=menu_edi

"La violencia contra la niñez y adolescencia tiene rostro de niña"

Es una de las conclusiones a las que se arribaron el día viernes 19 del presente, durante la Mesa de Trabajo sobre "Sistema Nacional de Atención Integral: Hacia una niñez y adolescencia libre de violencia", organizado por la Comisión de Mujer y Familia del Congreso de la República, a cargo de la congresista Tania Pariona, y por Acción por los Niños, el Instituto Promoviendo Desarrollo Social (IPRODES) y Save the Children, organizaciones de la sociedad civil que trabajan por la defensa y promoción de los derechos humanos de los niños, niñas y adolescentes en el Perú.

Niñas, niños y adolescentes como actores de cambio 

La congresista Pariona inauguró la mesa de trabajo señalando la importancia de la participación protagónico de los niños, niñas y adolescentes, no como víctimas sino como actores de cambio. Y, por ello, la importancia de que participen en los asuntos que les concierne, de cómo les afecta la violencia y cómo deberían ser los servicios de prevención y protección para ellos y ellas.

En ese sentido, Cecilia Aldave Ruiz, Viceministra del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), mencionó que hay 499 Consejos Consultivos para niños, niñas y adolescentes en todo el país. 

Y, mencionó que en el año 2019 saldría la nueva encuesta de ENARES sobre los determinantes de la violencia que afecta los niños, niñas y adolescentes, tal y como en el año 2016: Estudio Multinacional del MIMP y Unicef.

Para Edgardo Cruzado, representante de la Presidencia de Consejo de Ministros, la lucha contra la violencia es una de las prioridades del gobierno. 

"Sin presupuesto no se hacen realidad los derechos de la niñez y adolescencia"

De acuerdo a la ponencia de Yulissa Prado Collyns, representante del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), el presupuesto dirigido a hacer realidad los derechos de la infancia ha aumentado para el año 2019, en un 16%, sin embargo, cuando se analiza el gasto público en niños, niñas y adolescentes sobre el derecho a la protección nos topamos con que el Estado peruano invierte sólo el 1.1% del total del gasto público en prevenir y proteger a la infancia de la violencia.

"Escuelas seguras y libres de violencia"

Desde el Ministerio de Educación y Derechos Humanos, Rosa Zapata Tipian, nos comentó que existe una plataforma SISEVE contra la violencia escolar, donde niños y niñas pueden reportar casos de violencia. Hasta la fecha, el SISEVE había registrado 22,126 casos: 45% de casos registrados denunciando a un adulto, y 55% se refería a la violencia entre los propios niños, niñas y adolescentes.

Compromisos internacionales en materia de derechos humanos

Olga Isaza, representante de UNICEF en el Perú, recordó el carácter de la Convención sobre los Derechos del Niño, a 30 años, preguntó ¿cuánto se ha avanzado en hacer realidad los derechos de los niños, niñas y adolescentes? Y, qué desafíos quedan.

Además, mencionó las recomendaciones que el Comité de los Derechos del Niño de la ONU hizo al Estado peruano en el 2016, respecto a los retos al Sistema de Protección:
- Se requiere implementar el marco normativo y legislativo, 
- Se necesita que los niños y las niñas accedan a la justicia;
- Estructura de gobernanza del sistema,
- La ciudadanía ha tomado conciencia sobre la violencia contra la mujer, aún falta tomar conciencia sobre la niña y la adolescente.

Recordar, que más del 70% de los casos de violencia sexual tiene como víctimas a niñas y adolescentes mujeres. Es decir: la violencia sexual tiene rostro de niña. Ésa es una de las principales conclusiones a las que arribó Acción por los Niños e IPRODES al final de la mesa de trabajo.

La participación de los niños, niñas y adolescentes fue sumamente destacada porque plantearon los temas primordiales de la violencia que sufren al interior de su familia, basados en testimonios personales, y la violencia que sufren en las escuelas. Donde uno, de los adolescentes, contó como fue amenazado por un profesor por el hecho de que este joven líder defendió a su compañero de clase de una agresión del propio profesor. El líder estudiantil hizo una denuncia pero nada cambio. El profesor continuó enseñando.  

Los tres estudiantes coincidieron que ellos quieren vivir en armonía con sus padres, con sus familias, en la comunidad y en las escuelas: "Escuelas libres de violencia", pidieron.

Por ello, la congresista Tania Pariona con el asentimiento de todos los asistentes concluimos que toda política pública dirigida a la niñez y adolescencia debe siempre incluir a las niñas, niños y adolescentes. 

Fuente Equipo Incidencia en Derecho de IPRODES.

"En modo Blanca Nélida Colán", por Ronald Gamarra

"La mayoría congresal está dedicada a tiempo completo a preservar sus redes de poder, puestas en jaque con la revelación de los audios de la corrupción en el sistema judicial".

Hace ya una semana, el congresista Juan Sheput presentó su propuesta de informe final sobre la denuncia constitucional planteada contra el fiscal de la nación, Pedro Gonzalo Chávarry. En ella se concluye que la conducta de Pinochávarry se encuentra atravesada por una grave afectación a la confianza para el desempeño del cargo de fiscal de la nación, pérdida de independencia, compromiso con terceros  para la elección en el cargo, afectación institucional y, claro, una infracción del principio constitucional de lucha contra la corrupción. Por lo mismo propone que se le imponga la sanción de destitución del carho e inhabilitaciónpor 10 años para el ejercicio de la función pública.

Se trata de un documento debidamente informado y contundente, que debería ser aprobado sin más, sino fuera porque el Comgreso está virtualmente secuestrado por los compinches políticos del Fiscal de la Nación más ilegítimo, cuestionado y partidarizado que hayamos tenido en el país, junto con Blanca Nélida Colán, la fiscal de la dictadura Fujimori-Montesinos.

La mayoría congresal está dedicada a tiempo completo a preservar sus redes de poder, puestas en jaque con la revelación de los audios de la corrupción en el sistema judicial y sus ramificaciones políticas que apuntan precisamente hacia ella. En este esfuerzo de autopreservación, les resulta necesario y vital sabotear todo lo posible las reformas propuestas por el Presidente Vizcarra y el referéndum previsto para diciembre, así como impedir que la gente que le es funcional sea investigada o removida de sus altos puestos pues, sin ellos, su red de poder se desvanece.

Así, esta semana se han dedicado a quitarle  filo a los aspectos que realmente les interesa neutralizar de las reformas. Por ejemplo, han bloqueado la obligación de los congresistas  de presentar la declaración jurada de intereses, como están obligados a hacerlo, actualmente los funcionarios del poder ejecutivo, con el argumento falaz de que ya presentan la declaración jurada de bienes y rentas. Por cierto que no cabe confundir ambas declaraciones, que no son ni apuntan a lo mismo. Pero queda claro qu'e es lo que les interesa: escamotear toda posibilidad de control sobre ellos. 

Del mismo modo, siempre como ejemplo, han retirado la propuesta obligación de los partidos políticos de bancarizar los aportes de campana y rendir cuenta de ellos ante la autoridad de manera inmediata, dejando esta obligación para después de la campana, cuando los hechos ya están consumados. De este modo, impiden el control sobre los aportes privados y abren la puerta a la permanente y extendida influencia del dinero sucio en la política nacional. Una forma de hacer que todo cambie para que todo siga igual.

Si cosas como estas son las que les interesa imponer, sacándole la vuelta a las reformas políticas para que los intereses nada santos que ellos representan sigan campeando en la política nacional, por qué habría de extranar que defiendan y preserven a quienes juegan para ellos y les garantizan su propia inmunidad e impunidad frente a cualquier dificultad legal. Es, entonces, natural que defiendan a su gente, incluso contra toda razón y fundamento, empeyando por su fiscal de la nación. Su Pinochávarry. Un fiscal de la nación que el 90% de la nación repudia.

Faltan solo diez días para que se cumplan tres meses, ¡tres meses!, desde la denuncia periódistica contra el juez supremo César Hinostroza Pariachi y, hasta ahora, no pasa nada con él en el Congreso. Un tipo como él, que ha sido sindicado hasta la saciedad como el capistote de una banda que había hecho metástasis en el Consejo Nacional de la Magistratura, el Ministerio Público y el Poder Judicial, sigue conservando su cargo de juez de la Corte Suprema y goza de livertad, gracias a la lenidad culpable de esta mayoría congresal.

Los mismo tratarán de hacer con Chávarry y sus tres fiscales supremos igualmente embarrados en el escándalo de los audios. No hay que esperar otra actitud de esta mayoría parlamentaria. Pero el documento presentado por el congresista Juan Sheput quedará como un antecedente que les seguirá quemando las manos aun cuando crean que ya se deshicieron de él. Pedro Gonzalo Chávarry, Pinochávarry, debe ser acusado. Si no lo hacen, tarde o temprano esta engreída mayoría congresal tendrá que rendir cuentas por su complicidad con la corrupción al más alto nivel en nuestras instituciones de justicia.

Artículo de opinión de Ronald Gamarra Herrera publicado en Hildebrandt en sus trece el viernes 28 de septiembre de 2018 .

Fuente: http://www.hildebrandtensustrece.com/