"La mayoría congresal está dedicada a tiempo completo a preservar sus redes de poder, puestas en jaque con la revelación de los audios de la corrupción en el sistema judicial".
Hace ya una semana, el congresista Juan Sheput presentó su propuesta de informe final sobre la denuncia constitucional planteada contra el fiscal de la nación, Pedro Gonzalo Chávarry. En ella se concluye que la conducta de Pinochávarry se encuentra atravesada por una grave afectación a la confianza para el desempeño del cargo de fiscal de la nación, pérdida de independencia, compromiso con terceros para la elección en el cargo, afectación institucional y, claro, una infracción del principio constitucional de lucha contra la corrupción. Por lo mismo propone que se le imponga la sanción de destitución del carho e inhabilitaciónpor 10 años para el ejercicio de la función pública.
Se trata de un documento debidamente informado y contundente, que debería ser aprobado sin más, sino fuera porque el Comgreso está virtualmente secuestrado por los compinches políticos del Fiscal de la Nación más ilegítimo, cuestionado y partidarizado que hayamos tenido en el país, junto con Blanca Nélida Colán, la fiscal de la dictadura Fujimori-Montesinos.
La mayoría congresal está dedicada a tiempo completo a preservar sus redes de poder, puestas en jaque con la revelación de los audios de la corrupción en el sistema judicial y sus ramificaciones políticas que apuntan precisamente hacia ella. En este esfuerzo de autopreservación, les resulta necesario y vital sabotear todo lo posible las reformas propuestas por el Presidente Vizcarra y el referéndum previsto para diciembre, así como impedir que la gente que le es funcional sea investigada o removida de sus altos puestos pues, sin ellos, su red de poder se desvanece.
Así, esta semana se han dedicado a quitarle filo a los aspectos que realmente les interesa neutralizar de las reformas. Por ejemplo, han bloqueado la obligación de los congresistas de presentar la declaración jurada de intereses, como están obligados a hacerlo, actualmente los funcionarios del poder ejecutivo, con el argumento falaz de que ya presentan la declaración jurada de bienes y rentas. Por cierto que no cabe confundir ambas declaraciones, que no son ni apuntan a lo mismo. Pero queda claro qu'e es lo que les interesa: escamotear toda posibilidad de control sobre ellos.
Del mismo modo, siempre como ejemplo, han retirado la propuesta obligación de los partidos políticos de bancarizar los aportes de campana y rendir cuenta de ellos ante la autoridad de manera inmediata, dejando esta obligación para después de la campana, cuando los hechos ya están consumados. De este modo, impiden el control sobre los aportes privados y abren la puerta a la permanente y extendida influencia del dinero sucio en la política nacional. Una forma de hacer que todo cambie para que todo siga igual.
Si cosas como estas son las que les interesa imponer, sacándole la vuelta a las reformas políticas para que los intereses nada santos que ellos representan sigan campeando en la política nacional, por qué habría de extranar que defiendan y preserven a quienes juegan para ellos y les garantizan su propia inmunidad e impunidad frente a cualquier dificultad legal. Es, entonces, natural que defiendan a su gente, incluso contra toda razón y fundamento, empeyando por su fiscal de la nación. Su Pinochávarry. Un fiscal de la nación que el 90% de la nación repudia.
Faltan solo diez días para que se cumplan tres meses, ¡tres meses!, desde la denuncia periódistica contra el juez supremo César Hinostroza Pariachi y, hasta ahora, no pasa nada con él en el Congreso. Un tipo como él, que ha sido sindicado hasta la saciedad como el capistote de una banda que había hecho metástasis en el Consejo Nacional de la Magistratura, el Ministerio Público y el Poder Judicial, sigue conservando su cargo de juez de la Corte Suprema y goza de livertad, gracias a la lenidad culpable de esta mayoría congresal.
Los mismo tratarán de hacer con Chávarry y sus tres fiscales supremos igualmente embarrados en el escándalo de los audios. No hay que esperar otra actitud de esta mayoría parlamentaria. Pero el documento presentado por el congresista Juan Sheput quedará como un antecedente que les seguirá quemando las manos aun cuando crean que ya se deshicieron de él. Pedro Gonzalo Chávarry, Pinochávarry, debe ser acusado. Si no lo hacen, tarde o temprano esta engreída mayoría congresal tendrá que rendir cuentas por su complicidad con la corrupción al más alto nivel en nuestras instituciones de justicia.
Se trata de un documento debidamente informado y contundente, que debería ser aprobado sin más, sino fuera porque el Comgreso está virtualmente secuestrado por los compinches políticos del Fiscal de la Nación más ilegítimo, cuestionado y partidarizado que hayamos tenido en el país, junto con Blanca Nélida Colán, la fiscal de la dictadura Fujimori-Montesinos.
La mayoría congresal está dedicada a tiempo completo a preservar sus redes de poder, puestas en jaque con la revelación de los audios de la corrupción en el sistema judicial y sus ramificaciones políticas que apuntan precisamente hacia ella. En este esfuerzo de autopreservación, les resulta necesario y vital sabotear todo lo posible las reformas propuestas por el Presidente Vizcarra y el referéndum previsto para diciembre, así como impedir que la gente que le es funcional sea investigada o removida de sus altos puestos pues, sin ellos, su red de poder se desvanece.
Así, esta semana se han dedicado a quitarle filo a los aspectos que realmente les interesa neutralizar de las reformas. Por ejemplo, han bloqueado la obligación de los congresistas de presentar la declaración jurada de intereses, como están obligados a hacerlo, actualmente los funcionarios del poder ejecutivo, con el argumento falaz de que ya presentan la declaración jurada de bienes y rentas. Por cierto que no cabe confundir ambas declaraciones, que no son ni apuntan a lo mismo. Pero queda claro qu'e es lo que les interesa: escamotear toda posibilidad de control sobre ellos.
Del mismo modo, siempre como ejemplo, han retirado la propuesta obligación de los partidos políticos de bancarizar los aportes de campana y rendir cuenta de ellos ante la autoridad de manera inmediata, dejando esta obligación para después de la campana, cuando los hechos ya están consumados. De este modo, impiden el control sobre los aportes privados y abren la puerta a la permanente y extendida influencia del dinero sucio en la política nacional. Una forma de hacer que todo cambie para que todo siga igual.
Si cosas como estas son las que les interesa imponer, sacándole la vuelta a las reformas políticas para que los intereses nada santos que ellos representan sigan campeando en la política nacional, por qué habría de extranar que defiendan y preserven a quienes juegan para ellos y les garantizan su propia inmunidad e impunidad frente a cualquier dificultad legal. Es, entonces, natural que defiendan a su gente, incluso contra toda razón y fundamento, empeyando por su fiscal de la nación. Su Pinochávarry. Un fiscal de la nación que el 90% de la nación repudia.
Faltan solo diez días para que se cumplan tres meses, ¡tres meses!, desde la denuncia periódistica contra el juez supremo César Hinostroza Pariachi y, hasta ahora, no pasa nada con él en el Congreso. Un tipo como él, que ha sido sindicado hasta la saciedad como el capistote de una banda que había hecho metástasis en el Consejo Nacional de la Magistratura, el Ministerio Público y el Poder Judicial, sigue conservando su cargo de juez de la Corte Suprema y goza de livertad, gracias a la lenidad culpable de esta mayoría congresal.
Los mismo tratarán de hacer con Chávarry y sus tres fiscales supremos igualmente embarrados en el escándalo de los audios. No hay que esperar otra actitud de esta mayoría parlamentaria. Pero el documento presentado por el congresista Juan Sheput quedará como un antecedente que les seguirá quemando las manos aun cuando crean que ya se deshicieron de él. Pedro Gonzalo Chávarry, Pinochávarry, debe ser acusado. Si no lo hacen, tarde o temprano esta engreída mayoría congresal tendrá que rendir cuentas por su complicidad con la corrupción al más alto nivel en nuestras instituciones de justicia.
Artículo de opinión de Ronald Gamarra Herrera publicado en Hildebrandt en sus trece el viernes 28 de septiembre de 2018 .
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