Ronald Gamarra: "Disolución constitucional"

La disolución constitucional del Congreso dispuesta por el presidente Vizcarra es materia de comentarios desinformados, desatinados, interesados y deliberadamente mentirosos. Aunque ya escribí antes de esto, veo la necesidad de volver a hacerlo ahora dado que los medios nos tienen saturados con versiones confusas que equiparan sin más, como si fueran la misma cosa, la disolución constitucional dispuesta el 30 de septiembre con el golpe de estado de Alberto Fujimori perpetrado el 5 de abril de 1992. Y lo haré paso a paso, con paciencia, como para que lo entienda hasta el que insiste en hacerse el tonto.

1. La disolución del Congreso es un mecanismo de solución de grave conflicto entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, con la finalidad de que sea el pueblo el que defina la controversia en nuevas elecciones para la representación nacional. Es muy frecuente en las democracias parlamentarias y ha sido incorporado a las democracias presidencialistas. Tanto la Constitución de 1979 como la de 1993 contienen el mecanismo de la disolución parlamentaria, sujeto a determinadas reglas.

2. La Constitución de 1979 permitía al Presidente de la República disolver la Cámara de Diputados si ésta censuraba o negaba la confianza a tres gabinetes. En ningún caso se podía disolver el Senado. Recordemos que entonces el Poder Legislativo era bicameral. La cámara política era la de Diputados, cuyas decisiones se imponían con solo su insistencia si el Senado las observaba. El Presidente debía convocar a elecciones para la Cámara de Diputados que debían celebrarse en el plazo de 30 días.

3. La Constitución de 1993 permite al Presidente de la República disolver el Congreso cuando éste censura o niega la confianza a dos gabinetes. Se mantiene en funciones la comisión permanente del Congreso hasta la elección de los nuevos representantes. El Presidente de la República debe convocar a elecciones parlamentarias a celebrarse en el plazo de cuatro meses.

4. Cuando el 5 de abril de 1992 Fujimori dispuso cerrar el Congreso, violó flagrantemente la Constitución. El Congreso de entonces no había censurado ni negado la confianza a ningún gabinete, ni siquiera a un solo ministro. Su decisión, claramente, carecía de todo fundamento legal. Pero no solo eso. Fujimori también ordenó el cierre del Senado, lo cual estaba expresamente prohibido por la Constitución. Y también ordenó la intervención y toma del Poder Judicial, el Ministerio Público, el Consejo Nacional de la Magistratura, el Tribunal de Garantías Constitucionales (actualmente Tribunal Constitucional) y la Contraloría General.

5. Además, Fujimori decretó la suspensión de la propia Constitución en todo aquello que se oponga a los objetivos de su gobierno. Y de acuerdo con ello, proclamó la constitución de un “Gobierno de Emergencia y Reconstrucción Nacional”, liderado por él, sin límite constitucional alguno. Fujimori impuso sus medidas con el respaldo armado de los militares que conspiraban con él, coordinados por Vladimiro Montesinos, el artífice de la asonada. Y se ocupó violentamente con tropas y tanques las sedes de los poderes y órganos del Estado intervenidos, se tomó numerosos prisioneros, incluidos los presidentes y vicepresidentes de ambas cámaras, unos bajo arresto domiciliario; otros secuestrados, como el vicepresidente de la Cámara de Diputados, a quien se mantuvo incomunicado en un buque de la Marina.

6. Fujimori y Montesinos ordenaron la detención ilegal de numerosos civiles, como el periodista Gustavo Gorriti, secuestrado en los sótanos del Pentagonito, cuya detención solo se reconoció ante la decidida presión de la prensa internacional.

7. Por si todo lo anterior no fuese suficiente, Fujimori ordenó la intervención con tropas de los medios de comunicación: diarios, revistas y radios. Los dueños de las estaciones de televisión fueron los primeros en someterse, por lo que no necesitó enviarles tropas.

8. Está claro, por los puntos anteriores, que el 5 de abril de 1992 Fujimori delinquió deliberadamente y en forma múltiple contra la Constitución y las leyes. No cabe la menor duda de que fue un artero golpe de estado. Golpe por el que ciertamente, salvo el general Juan Briones (que incluso no cumplió totalmente su pena), nadie fue condenado.

9. Vayamos ahora al 30 de septiembre de este año 2019. El Congreso, tomado por una mayoría lumpen, heredera del viejo Fujimori, tiene bloqueado al Poder Ejecutivo desde que empezó el periodo gubernativo en el año 2016. Esa mayoría fujiaprista ya tiene en su haber un gabinete al cual le negó la confianza y lo derribó. El vicepresidente Martín Vizcarra se ha hecho cargo de la Presidencia de la República ante la renuncia del titular, presionado por dos procesos sucesivos de vacancia, y trata de llevar adelante la gestión presidencial, con decencia, cierta intuición patriótica y marcada debilidad, pero encuentra el desafío renovado de una mayoría parlamentaria que quiere someterlo, convertirlo en el pelele que no fue, en el hombre de paja que se resistió a ser. El Presidente recurre a sucesivas cuestiones de confianza que son formalmente concedidas y luego escamoteadas con descaro. Pendejos los representantes del poder corrupto.

10. El Gobierno anuncia el viernes 27 de septiembre una nueva cuestión de confianza en relación con el proceso de elección de los miembros del Tribunal Constitucional, llevado a cabo a la mala, de manera expeditiva y escandalosa para coparlo, monopolizarlo, con perjuicio de toda garantía de transparencia y del derecho a la información de la ciudadanía, con el ánimo evidente de proteger a sus miembros y cómplices involucrados en delitos de corrupción.

11. El lunes 30 de septiembre, el Presidente del Consejo de Ministros se presenta en el Congreso para plantear la cuestión de confianza. Insólitamente los fujiapristas le cierran las puertas del pleno, en violación de la Constitución, que establece el derecho de los ministros a participar y plantear cuestiones en cualquier momento en los debates del pleno. El premier del Solar no se amilana y fuerza su ingreso al pleno aprovechando un descuido de los custodios de seguridad que hacen frente a la protesta de otros congresistas. En el pleno, no se le da la palabra al premier y éste debe usar el tiempo de un congresista para plantear la cuestión de confianza. Y a pesar de que es obligación constitucional del Congreso debatir y votar de inmediato la cuestión de confianza, el pleno decide esa misma mañana, por 80 votos, no debatir y postergar la cuestión planteada para después de la elección express de los nuevos miembros del Tribunal Constitucional. Es decir, para después del hecho mismo cuya realización vacía de todo contenido la cuestión de confianza. Y comenzó esa elección designando como nuevo miembro del TC al primazo del presidente del Congreso (a quien ahora se pretende imponer en reemplazo del buen magistrado Eloy Espinoza Saldaña).

12. Con lo decidido y hecho esa mañana, el Congreso lumpen demostró con los actos más contundentes y groseros que no otorgaba la cuestión de confianza solicitada, con lo cual quedaba derribado el segundo gabinete, y el Presidente de la República se encontraba habilitado plenamente para disolver el Congreso en aplicación de la Constitución. Cuando los congresistas se dieron cuenta de que Vizcarra no bromeaba, corrieron apresurados a votar la confianza, pero ya era muy tarde, sus hechos no podían ser borrados por una votación tardía y convenida, y el Presidente ya pronunciaba la disolución. Luego hicieron payasadas, como la de “suspender” a Vizcarra y “jurar” a una nueva “presidente”, que constituyen graves delitos.

13. A diferencia del 5 de abril de 1992, esta vez se mantiene la comisión permanente del Congreso. No hay organismos autónomos ocupados, ni medios de comunicación intervenidos, ni detenidos, ni perseguidos, ni tanques, ni tropas en las calles. Y se ha convocado de inmediato a elecciones congresales para el 26 de enero. Allí todos los ciudadanos tenemos la decisión en nuestras manos.

En conclusión: hay que ser un tonto rematado para comparar el 30 de septiembre con el 5 de abril; y hay que reconocerle a Vizcarra el crédito histórico de –dejando de lado una posible salida conciliadora con el poder corrupto- desbaratar los planes lumpenescos del fuajiaprismo y, tal vez, el de haberlos liquidado. Como dice un amigo, sin él, nadie estaba en posición de detener o resistir el poder de la costra fujiaprista  porque el centro se había evaporado, la izquierda no había hecho más que dividirse y la calle no calentaba.

Artículo de opinión de Ronald Gamarra Herrera publicado en Hildebrandt en sus trece el viernes 04 de octubre de 2019.

Fuente: http://www.hildebrandtensustrece.com/

Ronald Gamarra: Nueva ofensiva del fujiaprismo

El fujiaprismo logró reorganizarse  y recomponerse en vísperas de la elección de la nueva mesa directiva del Congreso en julio, de tal manera que logró recuperarla por completo después de casi un año, en la cual la aparatosa caída de Keiko Fujimori en sus enredos judiciales, la defección de Salaverry y la puesta en pública evidencia de los íntimos vinculos entre la bancada apronaranja y los más connotados líderes de la mafia judicial, a quiénes están obligados a blindar cueste lo que cueste, los dejo como un barco a la deriva, desconcertados, divididos y desorientados.

Pero aqui están nuevamente, orondos, frescos como lechugas y, como siempre desafiantes, apandillados, enseñando los colmillos a tirios y troyanos. Y les importa especialmente un comino la opinión unánime de la nación, que quiere verlos fuera de sus arrellanadas curules cuanto antes, para reemplazarlos en elecciones por nuevos parlamentarios que no tengan las cargas delincuenciales que lucen con descaro gran número de los actuales congresistas. Ya sabemos que nunca hubo un congreso tan vergonzoso e infame como el dominado por la actual mayoría parlamentaria.

La recuperación fujiaprista tiene dos componentes. Por un lado, han logrado apuntalar las grietas que amenazaban atomizarlos, neutralizando sobre todo a sus parlamentarios de provincias, y han logrado reconstruir una dirección debido a que Keiko Fujimori sigue ejerciendo el liderazgo de la facción fujimorista desde la cárcel, donde ha recibido más de 500 visitas de los más connotados capitostes de su facción. Evidentemente, la detenida Keiko Fujimori goza de privilegios y atenciones en el penal donde por ahora reside, que no tienen las demás detenidas. 

Keiko, en consecuencia, tiene tiempo y posibilidades para hacer política con tanta amplitud como cuando estaba libre en su residencia. Los fujimoristas, en trance de verse reducidos a la nada, se aferran a su liderazgo que, aunque decadente, todavía es capaz de tejer conspiraciones y trampas. Y no puede ser de otro modo porque le va en ello la posibilidad de una sentencia judicial. Porque sólo mediante maniobras políticas que lleven a una total inestabilidad en el gobierno, la sociedad y en los cuerpos encargados de investigar sus delitos, puede esperar escapar a la sanción que le corresponde.

El segundo componente de la recuperación fujimorista se basa en su alianza con el variado bloque ultraconservador conformado por una derecha "intelectual" venida a menos, carente de seguidores, pero que provee opinión y argumentos hechizos en abundancia; el bloque de empresarios , muchos de ellos implicados en actos de corrupción en obras públicas, que ya se pusieron abiertamente la camiseta naranja como única posibilidad de escapar de sus líos judiciales; y sobre todo, la manga de fanáticos religiosos muy bien financiados por sus cómplices en el extranjero, que proveen "masas".

A lo anterior se añade la numerosa colección de topos con que cuentan en el Congreso, una especie de oportunistas, traficantes y náufragos que pululan por los pasillos del Legislativo, lo suficientemente abundante como para darles la mayoría holgada con la que ganaron la mesa directiva en julio. Y han hallado en el empresario Pedro Olaechea Álvarez Calderón un presidente del Congreso a la medida de los propósitos del fujiaprismo, dispuesto a servirlos hasta las últimas consecuencias, como lo acaba de demostrar con su pública pechada al presidente Vizcarra.

Así con las hachas desvainadas, esperanban a Vizcarra el 28 de julio, cuando este los sorprendió con su propuesta de adelanto de elecciones generales para el próximo año. Aunque ante esta propuesta reaccionaron al principio con histeria, poco a poco van decantando los elementos de su táctica de enfrentamiento, consolidando su ofensiva. Y es que el presidente Viscarra también ha cometido errores como en Tía María, y sobretodo no cuenta en el Congreso prácticamente con nadie que lo respalde y sea de fiar en la gestión de su propuesta.

El aprofujimorismo se siente ahora en capacidad de lanzar un desafío frontal archivando sine die la propuesta de adelanto de elecciones y especula con diversas salidas, desde la destitución del presidente Vizcarra declarando su vacancia por cualquier motivo que puedan manipular, hasta la posibilidad de cogobernar con la vicepresidenta Mercedes Aráoz hasta el 2021 y que sea Vizcarra el único que salga de su cargo para intentar meterlo preso. Los más fanáticos de la facción fujiaprista, como Rosa Bartra o Mulder, están muy confiados en que estos son objetivos que están en sus manos alcanzar.

Pero su ofensiva es aún mayor. También se proponen, en lo inmediato, decapitar de un tajo al equipo especial de fiscales que investiga el caso Lava Jato. Muy especialmente se proponen acabar ya, de una vez, con Rafael Vela y José Domingo Pérez, para lo cual han movido sus fichas enla junta de fiscales supremos: Pedro Chávarry, Tómas Aladino Gálvez y Víctor Rodríguez Monteza, los tres involucrados en la banda de Los Cuellos Blancos del Puerto, encabezada por el extraditable César Hinostroza Pariachi.

Estos tres fiscales exigen formal y descaradamente a la fiscal de la Nación la remoción de los fiscales que investigan los casos en los cuales ellos mismos se  hallan involucrados. Les importa un comino la ética, la deontología profesional y las apariencias. Los fujimoristas también confían en que el Tribunal Contitucional les dará, por fin, esta vez, la libertad de Keiko Fujimori, que les ha sido negada por todas las instancias del Poder Judicial. Estas son las batallas que se juegan ahora en el frente judicial.

Y al mismo tiempo pretenden recuperar respaldo ciudadano promoviendo iniciativas demagógicas como el proyecto de ley que acaban de presentar sus aliados, los fundamentalistas religiosos, para que los padres de familia puedan cuestionar según sus particulares convicciones religiosas los contenidos de los textos escolares aprobados por el Ministerio de Educación. Se trata de una nueva ofensiva contra el enfoque de igualdad de género en la educación, con la cual pretenden recuperar el calor de masas que hace mucho les impide recuperar la calle.

Nada está dicho por el momento. Los cálculos aprofujimoristas no toman en cuenta algo esencial: la opinión y el temperamento de la inmensa mayoría del pueblo peruano,  que quiere y exige que se larguen. Pero el desprecio al pueblo, con el cual se conducen actualmente, puede reventarles terriblemente en su propio rostro y conducirlos a su descalabro definitivo. 

Artículo de Opinión de Ronald Gamarra Herrera publicado en Hildebrandt en sus trece el viernes 23 de agosto de 2019.

Fuente Hildebrandt: http://www.hildebrandtensustrece.com/