11/22/2017

Histórico: Por primera vez un civil cumplirá cárcel efectiva en causas de DDHH

La Corte Suprema confirmó una sentencia de 20 años de presidio, en calidad de autor de cuatro homicidios calificados, en contra de Juan Francisco Luzoro Montenegro, ex presidente del Sindicato de Dueños de Camiones de Paine.

En un fallo dividido, la Segunda Sala del máximo tribunal confirmó la sentencia dictada el 31 de marzo pasado por la ministra en visita Marianela Cifuentes, de la Corte de Apelaciones de San Miguel.
Éste responsabilizó a Luzoro por los asesinatos de Carlos Chávez Reyes, Raúl del Carmen Lazo Quinteros, Orlando Enrique Pereira Cancino y Pedro Luis Ramírez Torres, y por el delito frustrado de homicidio de Alejandro del Carmen Bustos González; ilícitos perpetrados el 18 de septiembre de 1973 en el sector de Colipeumo, de la comuna de Paine.
El abogado Nelson Caucoto, querellante en representación de las familias de las víctimas, destacó el carácter "histórico" del fallo, pues es la primera vez en que un civil cumplirá pena efectiva de cárcel en una causa de derechos humanos en Chile.
"Él era el jefe de los civiles que, al interior de Paine, se organizaron en torno a la comisaría de esa localidad para ejercer la represión", explicó.
El abogado de derechos humanos agregó que se trata de "un fallo que comienza a hacer justicia para Paine, que ha esperado más de 40 años para que se vengan a resolver con esta tardanza estos casos, que son tan graves".
En el aspecto civil, la Corte Suprema condenó al Estado de Chile a pagar una indemnización total de 2.210 millones de pesos a los familiares de las víctimas, tras acoger el recurso de casación e incluir a nueve hermanos y a la conviviente de uno de ellos.
En la investigación que determinó la condena la ministra Cifuentes estableció que, a petición del capitán de Carabineros Nelson Iván Bravo Espinoza, jefe de la Subcomisaría de Paine, "varios civiles, dueños de tierras y/o vehículos menores y de carga comenzaron a colaborar activamente con el transporte de personal y de detenidos, entre ellos Juan Francisco Luzoro Montenegro, presidente del Sindicato de Dueños de Camiones de Paine".
"El día 17 de septiembre de 1973, en horas de la tarde, cuatro miembros del asentamiento 'Paula Jaraquemada' de Paine, Carlos Chávez Reyes, Raúl del Carmen Lazo Quinteros, Orlando Enrique Pereira Cancino y Pedro Luis Ramírez Torres, a instancias del presidente del citado asentamiento, Carlos del Carmen Pacheco Cornejo, se presentaron en la Subcomisaría de Carabineros la misma comuna, quedando detenidos en dicho recinto. Ese día también concurrió a dicha unidad policial Alejandro del Carmen Bustos González, quedando igualmente privado de libertad", consta en el fallo.
En las horas siguientes los funcionarios de la unidad policial "interrogaron y golpearon a los referidos detenidos", y al día siguiente, en la madrugada, "fueron sacados de la Subcomisaría de Paine, subidos a un vehículo y trasladados hacia el sector de Colipeumo".
"La comitiva que trasladó a los detenidos estaba conformada por varios vehículos, ocupados por personal de Carabineros y por civiles, entre ellos Juan Francisco Luzoro Montenegro, todos al mando del sargento Manuel Antonio Reyes Álvarez, ex jefe del Retén Hospital. (...) Una vez en el sector de Collipeumo, los detenidos fueron bajados del vehículo en que se les transportaba, obligados a alzar los brazos y fusilados, por orden de Reyes Álvarez, ejecutada tanto por funcionarios de carabineros como por civiles", se detalla.

ONU: Los accidentes de tránsito cuestan más de 1,25 millones de vidas al año

Los países de bajos y medianos ingresos concentran 90% de las defunciones por accidentes de tránsito. Son muertes que pueden  evitarse, insiste la ONU en ocasión del  Día Mundial en Recuerdo de las Víctimas de Accidentes de Tráfico.

El continente africano registra el mayor número de muertes, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), que destaca que incluso en los países de ingresos altos, las personas de nivel socioeconómico más bajo corren más riesgos de verse involucradas en accidentes de tránsito. 

Las pérdidas ocasionadas por los accidentes viales tienen un impacto considerable en las personas afectadas, sus familias, las sociedades y los países en conjunto, explica la agencia.

Si cerca de 1,25 millones de personas mueren, entre 20 y 50 millones más sufren lesiones a consecuencia de accidentes de tránsito, que pueden llegar a ser incapacitantes. Se estima que el costo total para los países podría alcanzar el 3% de su Producto Interno Bruto (PIB).

En 2017 la OMS ha publicado Salve VIDAS – Paquete de medidas técnicas sobre seguridad vial, una serie de medidas clave que buscan reducir significativamente el número de defunciones y lesiones por accidentes de tránsito. El paquete se enmarca dentro del Decenio de Acción para la Seguridad Vial 2011-2020.

11/21/2017

México promulgó la Ley contra desapariciones forzadas

El Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Enrique Peña Nieto promulgó el jueves la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas en México.

"La ley reconoce uno de los principales desafíos del Estado, aspira a romper los patrones existentes de impunidad y revictimización", declaró Jan Jarab, el Representante en México del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, en un discurso en la residencia presidencial de Los Pinos.

Jarab hizo mención especial a las familias de desaparecidos y resaltó que "Son las autoridades, tanto las federales como las de las entidades federativas, las responsables de convertir la ley en un punto de inflexión en la lucha contra la impunidad.".
La Ley prevé hasta 90 años de prisión para quen prive de la libertad a otra persona con el apoyo de un servidor público.

Las penas serán especialmente fuertes cuando la persona desaparecida muera debido a cualquier alteración de su salud que sea consecuencia del delito, así como cuando la víctima sea menor de edad, mujer, mujer embarazada, persona con discapacidad o persona mayor.
El castigo legal también será más grave cuando la persona haya sido desaparecida por su labor como periodista o por la defensa de derechos humanos.

La Oficina del Alto Comisionado resaltó la importancia de contar con los recursos necesarios para la garantizar la aplicación efectiva de la ley.

11/20/2017

En el Día Internacional del Niño la CIDH insta a los Estados a mejorar la inversión en la infancia

Washington, D.C.- La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) constata que una de las principales barreras para la efectividad de los derechos de los niños y las niñas es la falta de una inversión económica suficiente que permita la plena realización de los mismos. Los Estados de la región reconocen en sus legislaciones los derechos de la niñez, sin embargo las brechas entre el reconocimiento legal y la realidad en la que viven millones de niños y niñas son obvias e innegables. Si bien el cumplimiento de las obligaciones internacionales contraídas por el Estado en materia de derechos de la niñez conlleva invertir los recursos necesarios para la realización de los mismos, es usual que los Estados aleguen la falta de recursos económicos para justificar la insuficiencia de medios destinados a las políticas, programas y servicios para la niñez.

Para la Relatora sobre los Derechos de la Niñez, Comisionada Esmeralda Arosemena de Troitiño, "los compromisos legislativos por sí solos no son suficientes y las promesas políticas son vanas si los gobiernos no asignan recursos económicos adecuados para su cumplimiento en los presupuestos locales y nacionales". La Relatora señaló: "La protección de los derechos de la niñez, reconocidos en los tratados internacionales y en la legislación interna, no puede llevarse a cabo sin los recursos económicos suficientes para ello. Los Estados frecuentemente argumentan que no disponen del financiamiento necesario para implementar las políticas destinadas a la niñez, pero es indispensable y urgente superar esta situación".

De acuerco con el derecho internacional de los derechos humanos, el cumplimiento de las obligaciones internacionales en materia de derechos de la niñez implica asignar el máximo de los recursos disponibles para la realización de sus derechos, atendiendo a la obligación de protección especial a la niñez y al reconocimiento a su interés superior. A pesar de ello, es común que la información económica sobre la inversión que un Estado realiza en la niñez no se encuentre disponible para poder evaluar si el Estado efectivamente está priorizando asegurar los derechos de los niños y las niñas en sus presupuestos, y cómo este volumen de inversión se compara con los montos asignados a otros sectores y al total del presupuesto del Estado. En atención al cumplimiento de sus obligaciones, los Estados deben introducir en los presupuestos una justificación sobre el nivel concreto de recursos que han sido asignados a la niñez, tomando en consideración los compromisos asumidos por el Estado al fijar los objetivos, resultados y metas en la Política Nacional para la Niñez vigente al momento de adoptarse el presupuesto, indicando si se considera que ese monto será suficiente para conseguir esas metas.

“Los presupuestos deben ir de la mano de la Política Nacional para la Niñez dotándola de los recursos suficientes para el cumplimiento de sus objetivos. La transparencia y la disponibilidad de datos sobre el presupuesto y su ejecución, así como de los resultados concretos alcanzados con esos recursos, es clave para mejorar la gestión de las finanzas públicas, evitar la corrupción e incrementar la eficacia y la eficiencia de las decisiones presupuestarias destinadas a la niñez”, advirtió la Relatora.

Los países de la región deben realizar esfuerzos concretos y decididos que conduzcan a una mayor y mejor inversión en la infancia y sus derechos. La mejora de los sistemas de datos e información es clave para mejorar la calidad de la inversión en infancia, así como disponer de métodos de monitoreo y evaluación que permitan hacer seguimiento a la misma y a los resultados obtenidos. Los Estados deben analizar las repercusiones que las decisiones presupuestarias efectivamente han tenido sobre el cumplimiento de los derechos de los niños y las niñas, la cual debe hacerse ampliamente accesible al público en un lenguaje claro y de fácil comprensión, junto con los datos sobre el volumen de la inversión, como método de transparencia y rendición de cuentas. La CIDH también destaca la importancia de que el Estado asegure que se dispone de información desagregada, como mínimo, por la cantidad que se han invertido en los niños y niñas de cada una de las diversas zonas geográficas del país, por edades, género, etnicidad, y por diversas condiciones de vulnerabilidad previamente identificadas en el diagnóstico situacional que sirve de base a la elaboración de la Política Nacional para la Niñez.

La construcción  del presupuesto debe considerar los principios de transparencia, eficacia, eficiencia, equidad, sostenibilidad, rendición de cuentas y participación, además de articular medidas contra la corrupción, en todos los niveles. Asimismo, los principios de progresividad y no regresividad deben guiar la consecución de los derechos económicos, sociales y culturales de los niños y las niñas. La CIDH además considera esencial que el Estado facilite entornos propicios para la participación de los interesados en el proceso presupuestario, incluida la sociedad civil y los propios niños, niñas y adolescentes. La participación debe asegurarse durante todo el ciclo presupuestario, es decir, la planificación, aprobación, ejecución, seguimiento y evaluación del presupuesto.

La Relatora también advirtió que “en épocas de crisis económicas la situación se hace más acuciante, siendo la niñez uno de los grupos más vulnerables. Al adoptarse políticas de austeridad y recortes presupuestarios, el Estado debe evaluar aquellas opciones que causen menor deterioro en el nivel de disfrute de los derechos de la niñez, por ser uno de los grupos más sensibles a los impactos negativos de las medidas regresivas”. De acuerdo con la CIDH, el Estado debe demostrar que se ha tenido en cuenta el interés superior del niño y que las medidas son necesarias, razonables, proporcionadas, no discriminadoras, temporales, y que los derechos que se vean afectados se restablecerán lo antes posible. En particular, el Estado debe demostrar que los niños y niñas más vulnerables serán los últimos en verse afectados por las medidas de recortes. “De modo muy preocupante estamos observando en la región congelamientos y reducciones en los presupuestos de inversión social sin que exista un análisis que demuestre que el Estado ha considerado y sopesado cuidadosamente los impactos que estas medidas puedan tener en los derechos de los niños y las niñas, especialmente de aquellos en mayor situación de vulnerabilidad”, alertó la Relatora.

Invertir en la niñez y en la realización de sus derechos es una obligación jurídica pero además existen importantes argumentos económicos para invertir en la realización de sus derechos. La inversión en la infancia, de modo equitativo, tiene el potencial de nivelar las reglas de juego y ofrecer a todos los niños y las niñas las mismas oportunidades para su desarrollo, contribuyendo a crear sociedades más inclusivas, equitativas y justas. Una inversión insuficiente, especialmente en los grupos de niños y niñas más vulnerables, puede perpetuar la transmisión de la pobreza y la desigualdad intergeneracional además de producir efectos negativos irreversibles en el desarrollo de los niños.


"Las políticas públicas destinadas a la niñez y la adolescencia deberían tener un lugar preferente. La garantía de los derechos de los niños y las niñas no se trata sólo de un mandato de orden ético y jurídico, sino también de un aspecto imprescindible para ampliar las posibilidades de un desarollo sostenible, y sociedades más democráticas, inclusivas y seguras para todos", afirmó la Relatora.

"A 28 años de la Convención sobre los Derechos del Niño" por Teresa Carpio V.




A 28 años de la Convención sobre los Derechos del Niño,

me rehúso a seguir argumentando los beneficios de no golpear ni humillar a los niños
 


Los niños son sujetos de derechos como cualquier adulto, sin embargo, en razón a su edad son también sujetos de protección por padres, apoderados y cuidadores que tienen la responsabilidad y obligación de educarlos, cuidarlos y orientarlos. Aprovechando de este poder y la fuerza que tienen golpean, gritan, violentan y humillan a los niños con el pretexto de educarlos y de que no han aprendido otra forma de criarlos y educarlos.



La Convención sobre los Derechos del Niño, adoptada el 20 de noviembre de 1989, reconoce legal e internacionalmente el derecho -que los niños siempre debieron tener en su condición de seres humanos-, a ser respetados en su dignidad. La Convención tiene, además, un concepto holístico que abarca “el desarrollo físico, mental, espiritual, moral, psicológico y social del niño y el adolescente y que las medidas de aplicación deben estar dirigidas a conseguir el desarrollo óptimo de todos los niños”.



Asimismo, debido a la Convención “los Estados Partes deberán adoptar todas las medidas legislativas, administrativas, sociales y educativas apropiadas para proteger al niño contra toda forma de perjuicio o abuso físico o mental, descuido o trato negligente, malos tratos o explotación, incluido el abuso sexual”.



Sin embargo, los malos tratos y abusos contra los niños son el pan de cada día: el 77% de niños y niñas han declarado que alguna vez en su vida han sufrido violencia física y psicológica por parte de sus padres y cuidadores, según la Encuesta Nacional sobre Relaciones Sociales ENARES 2015. Y, en relación a la violencia sexual: más del 70% de los abusos sexuales contra menores de edad son del entorno más cercano



Pero, ¿por qué continúa la violencia contra la niñez si existe una legislación internacional y nacional que la prohíbe? Simplemente, porque los adultos siguen viendo a niños, niñas y adolescentes como personas sin derechos y de su propiedad.  ¿Cuántos siglos tuvieron que pasar para que en el Perú los patrones de las haciendas dejaran de pensar que indios y afrodescendientes eran de su propiedad y podían golpearlos, muchas veces, hasta matarlos? ¿No era acaso que nuestro racismo y discriminación nos hacía verlos como personas sin alma y sin ningún derecho?



¿Es hora de que levantemos la voz para decir que la lucha por detener los abusos hacia los niños es la lucha de los 60s y 70s por los derechos civiles y políticos en el mundo entero? Es la lucha por respetar la dignidad de los niños y a que nadie tenga el derecho a violentarlo. Cuando hablamos sobre los derechos de los niños me viene a la mente nuestras capacitaciones a la policía, hace 20 años atrás, para acabar contra la tortura y malos tratos a los detenidos y prisioneros. Su respuesta era: “entonces, nos tienen que capacitar en metodologías de interrogatorio que no incluya los golpes”. Nos costó mucho que entendieran que simplemente no podían golpear a otro ser humano porque, por más criminal que fuera, éste tenía derecho a ser respetado en su integridad. Hoy, un policía que tortura va preso.



Es lo mismo con los niños. Respetar su dignidad humana, nos tiene que llevar a tratarlos con respeto, cariño y a explicarles todo con paciencia. No es necesario que le digamos a las autoridades y a los adultos el alto costo que significa para la sociedad criar con violencia a los niños para que respeten su derecho a no ser maltratado. Tampoco, que estudios científicos a nivel global muestran que los niños golpeados tienen 5% menos de coeficiente intelectual que un niño no violentado, ni que los niños que sufren abuso asimilan menos nutrientes que los tratados con cariño.



Por eso, 28 años después de aprobada la Convención sobre derechos del niño, me rehusó a seguir argumentando los beneficios que trae para las sociedades no violentar a los niños. Simplemente, es nuestro deber tratar a los niños como iguales, respetando su dignidad. Hagamos la gran revolución social por ellos, por nuestros hijos, por nuestros sobrinos, por nuestros nietos, por nosotros mismos, para que seamos un mejor país, uno de campeones en el buen trato y respeto a los niños.



La tarea no es difícil: el Estado debe apoyar a los padres y docentes en crianza positiva y con amor; debe crear un sistema de prevención y atención a los niños con servicios amigables. Debe colocar a los niños, especialmente a las niñas en el centro de sus políticas públicas. Este 20 de noviembre debemos renovar nuestro compromiso con la Convención, debemos escribir nuestros votos de cariño y respeto hacia los niños. No más violencia; como dice la campaña: #AtreveteACriarConAmor.

Artículo de opinión de Teresa Carpio V.