21 sept. 2018

UNICEF: Más de 104 millones de niños y de jóvenes no van a la escuela en los países afectados por guerras o desastres naturales

Nueva York.- Según un nuevo   informe de UNICEF, 1 de cada 3 niños y jóvenes de entre 5 a 17 años de edad que viven en países afectados por conflictos o desastres - 104 millones- no asisten a la escuela, una cifra que representa más de un tercio de la población mundial sin escolarizar. En total, 303 millones de niños de 5 a 17 años no asisten a la escuela en todo el mundo.

El informe señala que 1 de cada 5 jóvenes de 15 a 17 años que viven en países afectados por conflictos o desastres nunca han ido a la escuela, y 2 de cada 5 nunca han terminado la escuela primaria.


Stolen Futures: Young and out-of-school (Futuros robados: jóvenes y sin escolarizar) analiza la situación educativa de los niños y jóvenes desde la edad preescolar hasta la secundaria superior en todos los países, incluidos los afectados por emergencias humanitarias.

“Cuando un país se ve afectado por un conflicto o un desastre, sus niños y sus jóvenes son víctimas por partida doble”, dijo Henrietta Fore, Directora Ejecutiva de UNICEF. “A corto plazo, sus escuelas sufren daños, son destruidas, ocupadas por fuerzas militares o incluso atacadas deliberadamente; debido a ello, se suman a los millones de jóvenes que no asisten a la escuela y que, a medida que pasan los años, rara vez regresan. A largo plazo, ellos, y los países donde viven, seguirán enfrentándose a ciclos perpetuos de pobreza”.

Debido a que menos del 4% de los llamamientos humanitarios mundiales están dedicados a la educación, el informe pide que se invierta más en una educación de calidad que permita a los niños y los jóvenes de los países afectados por emergencias humanitarias complejas y crisis prolongadas aprender en un entorno seguro, desde la enseñanza preescolar hasta la enseñanza secundaria superior.

El informe, presentado con motivo del 73º período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, examina la situación mundial de los niños y los jóvenes que no asisten a la escuela y pone de relieve la situación en todo el mundo

Cerca de 303 millones de niños y jóvenes de entre 5 y 17 años de edad –alrededor de 1 de cada 5– no asisten a la escuela en todo el mundo.
- Más de la mitad de los niños sin escolarizar en edad de asistir a la escuela primaria viven en países afectados por situaciones de emergencia.

- La pobreza sigue siendo el obstáculo más importante para la educación en todo el mundo, ya que los niños más pobres en edad de asistir a la escuela primaria tienen cuatro veces más probabilidades de no asistir a la escuela que sus compañeros de las familias más ricas.

Según las tendencias actuales, el número de jóvenes de 10 a 19 años aumentará a más de 1.300 millones para 2030, lo que representa un aumento del 8%, según el informe. Proporcionar a esta futura mano de obra una educación de calidad y mejores perspectivas de empleo producirá mayores dividendos económicos y sociales.

"Este es un momento crítico en la historia. Si actuamos con prudencia y urgencia, podemos empoderar y capacitar a los jóvenes a fin de que estén preparados para crear sociedades pacíficas y prósperas", dijo Fore. "La alternativa es demasiado sombría. No podemos permitirnos el lujo de fracasar".

20 sept. 2018

PNUD: La mitad de los pobres del mundo son niños y niñas


El Índice de Pobreza Multidimensional de 2018 proporciona la visión más completa de las múltiples formas en las que 1.300 millones de personas en el mundo experimentan la pobreza en su vida diaria.

Nueva York.- La mitad de las personas que viven en la pobreza son menores de 18 años, según las últimas estimaciones del Índice de Pobreza Multidimensional Global de 2018 (IPM) publicado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y la Iniciativa sobre Pobreza y Desarrollo Humano de Oxford (OPHI, por sus siglas en inglés).

Estos datos muestran que en 104 países, predominantemente de ingresos medios y bajos, 662 millones de niños y niñas son considerados multidimensionalmente pobres. En 35 de estos países, la mita de todos sus niños son pobres.

El Índice de Pobreza Multidimensional de 2018 mira más allá del ingreso monetario y muestra cómo la pobreza es la experiencia de enfrentar carencias múltiples y simultáneas. El IPM analiza cómo las personas están quedando rezagadas en el ámbito de la salud, la educación y el nivel de vida, con carencias tales como la falta de acceso a agua potable, a saneamiento, a una nutrición adecuada o a la educación primaria. Aquellos que se ven privados de al menos un tercio de los componentes del IPM se clasifican como multidimensionalmente pobres. Las cifras de 2018, que ahora están estrechamente alineadas con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, cubren casi tres cuartas partes de la población mundial.

Hay signos esperanzadores de que la pobreza puede abordarse

Las últimas cifras muestran una clara imagen de todos aquellos que han sido dejados atrás en el desarrollo, pero también indican que es posible avanzar a través de un enfoque adecuado.

Aproximadamente 1.300 millones de personas viven en la pobreza multidimensional, lo que representa casi una cuarta parte de la población de los 104 países para los que se calcula el IPM de 2018. De estos 1.300 millones, casi la mitad, el 46 por ciento, viven en la pobreza severa y sufren carencias en al menos la mitad de las dimensiones que cubre el IPM.

Pero, aunque queda mucho por hacer, hay signos esperanzadores de que la pobreza se puede – y se está- combatiendo. En India, el primer país para el que se ha analizado el progreso alcanzado a lo largo del tiempo, 271 millones de personas salieron de la pobreza entre 2005/06 y 2015/16.  La tasa de pobreza se ha reducido casi a la mitad, cayendo del 55 por ciento al 28 por ciento durante el período de diez años.

"Aunque el nivel de pobreza - particularmente para los niños y las niñas -, resulta impactante también lo es el progreso que se puede hacer en combatirla. Solo en India, 271 millones han escapado de la pobreza multidimensional en los últimos diez años ", dijo Achim Steiner, Administrador del PNUD. "El Índice de Pobreza Multidimensional proporciona una información vital sobre cómo la gente experimenta la pobreza y facilita una nueva perspectiva sobre la escala y la naturaleza de la pobreza global, al tiempo que nos recuerda que eliminarla en todas sus formas está lejos de ser imposible".

Aunque comparaciones similares en el tiempo aún no han sido calculadas para otros países, los últimos datos del Índice de Desarrollo Humano del PNUD, publicado la semana pasada, muestra también un progreso significativo en el desarrollo en todas las regiones, incluidos muchos países del África Subsahariana. Entre 2006 y 2017, la esperanza de vida aumentó en 7 años en el África subsahariana y en casi 4 años en el Asia Meridional, y las tasas de matrícula en educación primaria han alcanzado el 100 por ciento. Esto supone un buen augurio para la reducción de la pobreza multidimensional.

El 83 por ciento de las personas en pobreza multidimensional viven en el África Subsahariana y o en el Asia Meridional

La pobreza multidimensional se da en todas las regiones en desarrollo del mundo, pero es particularmente grave, y significativa, en el África Subsahariana y en el Asia Meridional.

HEn el África Subsahariana, por ejemplo, unos 560 millones de personas (el 58 por ciento de la población de la región) viven en la pobreza multidimensional. De ellas, 342 millones (el 61 por ciento de los multidimensionalmente pobres) viven en la pobreza severa. Mientras, en el Asia Meridional, 546 millones de personas (el 31 por ciento de la población) son multidimensionalmente pobres, de ellas 200 millones (el 37 por ciento) sufren pobreza severa.



Las cifras para el resto de las regiones son menos severas y oscilan entre el 19 por ciento de la población que vive en pobreza multidimensional en los Estados árabes, y el 2 por ciento de aquellos que viven en Europa y Asia Central. El IPM de 2018 ha sido calculado para 1.101 regiones sub-nacionales que muestran variaciones en los niveles de pobreza multidimensional para 87 países.



La gran mayoría (1.100 millones) de los multidimensionalmente pobres de todo el mundo viven en zonas rurales. La tasa de pobreza multidimensional en las zonas rurales es del 36 por ciento, 4 veces mayor que la de las personas que viven en los núcleos urbanos.

"El Índice de Pobreza Multidimensional es una herramienta poderosa para examinar la pobreza a nivel global y comunicar hechos útiles. No solo nos permite entender cómo les va a los diferentes países en su lucha contra la pobreza, sino que nos ayuda también a comprender mejor quiénes son los pobres, dónde están, y las múltiples maneras en las que experimentan la pobreza", dijo Alkire, Director de OPHI.

HLas medidas tradicionales de pobreza, a menudo estimadas a través del número de personas que ganan menos de $1.90 dólares por día, arrojan luz sobre sus limitados ingresos, pero no sobre si experimentan o no, y de qué forma, la pobreza en su vida cotidiana. El IPM proporciona una imagen complementaria de la pobreza y cómo afecta a las personas en todo el mundo.

"Los Objetivos de Desarrollo Sostenible llaman a erradicar la pobreza en todas sus formas y en todos los lugares. El Índice de Pobreza Multidimensional responde a este llamado, proporcionando información inmensamente valiosa para todos aquellos que buscan entender cómo se manifiesta la pobreza en un lugar o para un grupo de personas determinado, y para aquellos que trabajan el diseño de políticas que buscan ayudar a las personas a escapar de la pobreza ahora y en el futuro", dijo Selim Jahan, Director de la Oficina del Informe sobre Desarrollo Humano del PNUD.

Mientras que los datos del IPM miran principalmente a los pobres, y, dentro de ellos, al subconjunto de los que viven en pobreza severa, las cifras también identifican a aquellos que están en situación de riesgo. Estas personas, aunque no son consideradas multidimensionalmente pobres, viven en condiciones precarias, luchando por mantenerse por encima del umbral de la pobreza.

Los datos muestran que, además de los 1.300 millones de personas identificadas como pobres, otros 879 millones de personas corren el riesgo de caer en la pobreza multidimensional; algo que puede ocurrir rápidamente, como consecuencia de conflictos, enfermedades, sequías, desempleo y otras crisis.

España: Poder Judicial extiende la formación especializada en Violencia Doméstica y de Género a los jueces que no tienen atribuida esa competencia en exclusiva


El Consejo General del Poder Judicial de España (CGPJ) ofrecerá la posibilidad de formarse en Violencia Doméstica y de Género a los jueces y magistrados que obtengan plaza en alguno de los Juzgados de Instrucción, Mixtos o Penales, o en las Secciones de las Audiencias que conozcan de esta materia, pero sin competencia exclusiva sobre ella. 

Se da así cumplimiento al Acuerdo de la Comisión Permanente que, el pasado 8 de febrero, puso en marcha el desarrollo de las medidas del Pacto de Estado contra la Violencia de Género aprobado por el Congreso de los Diputados hace un año.

Así lo ha expuesto hoy la vocal del CGPJ y presidenta del Observatorio, Ángeles Carmona, a los representantes de las instituciones que integran este órgano, que ha estado dedicada a evaluar el cumplimiento de las medidas del Pacto de Estado. Al encuentro, presidido por el presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, han asistido, entre otros, la fiscal general del Estado, María José Segarra; la directora general de Relaciones con la Administración de Justicia, Esmeralda Rasillo; y la Delegada del Gobierno para la Violencia de Género, Pilar Llop; además de la vocal del órgano de gobierno de los jueces Victoria Cinto

La propuesta del Servicio de Formación del CPGJ facilitará a los jueces y magistrados a los que está dirigida el acceso al curso de iniciación a la Formación de Violencia de Género, pues les permitirá hacerlo de forma directa, sin necesidad de someterse a la selección previa prevista, como norma general, en el Plan Estatal de Formación de la Carrera Judicial. La medida dará así cumplimiento tanto al citado Acuerdo de la Permanente, como a las medidas 214 y 217 del Pacto de Estado.

Con el fin de impulsar la formación sobre inmigración a los operadores jurídicos especializados en Violencia de Género (medida 218), el Servicio de Formación incluirá un panel específico sobre violencia de género en el “Foro de Estudios sobre inmigración”.




Atención ciudadana especializada

En relación con la medida 120,  referida a facilitar la formulación de quejas por parte de mujeres víctimas de violencia de género, así como de los profesionales, por posibles irregularidades o anomalías institucionales o judiciales, el Promotor de la Acción Disciplinaria ha propuesto insertar en la web del Observatorio un enlace directo al formulario on line de presentación de quejas y reclamaciones; colocar carteles divulgativos (que en la actualidad están en fase de diseño y adquisición) en las sedes de los órganos judiciales con competencias en la materia; y designar dos personas con formación especializada en la Unidad de Atención Ciudadana (UCA) para que atiendan de forma exclusiva esas quejas.


El Servicio de Inspección, por su parte, ya realiza comprobaciones en relación con la efectiva comunicación entre los juzgados y los Puntos de Coordinación de las órdenes de protección. Estas comprobaciones no sólo tienen por objeto el cruce de información sobre sobreseimientos provisionales y sentencias absolutorias en casos de violencia de género (como indica la medida 82); también se revisa si se han abierto las correspondientes piezas separadas para la tramitación de las medidas cautelares, si se está dando una tramitación preferente a las causas con órdenes de protección vigentes y si existen mecanismos de control en relación con la vigencia y duración de las medidas cautelares.

En su informe,  el Servicio de Inspección propone mejorar el sistema de control sobre las órdenes de protección introduciendo un apartado expreso sobre el estado de las mismas en los formularios que se envían a los juzgados antes de la visita del inspector

Asimismo, explica que ya se está llevando a cabo el control sobre el funcionamiento de los juzgados de violencia sobre la mujer y que, en el caso de detectarse disfunciones significativas, se elabora un informe que incluye una propuesta con las medidas de corrección necesarias. Para mejorar la detección de posibles disfunciones o incidencias relevantes que afecten a los órganos especializados, el Servicio de Inspección propone llevar a cabo una campaña anual de inspección virtual.

En relación con la medida 272, relativa a la posible creación de una unidad específica de inspección para los juzgados de Violencia sobre la Mujer, el Servicio de Inspección señala que, dentro de la unidad penal, existe una sub-unidad especializada en violencia de género que ya ha emitido numerosos informes con propuestas de mejora.

Para dar cumplimiento  a las medidas referidas a la recopilación de datos, se ha dado traslado de las mismas al vocal Presidente de la Comisión Nacional de Estadística Judicial (CNEJ), Gerardo Martínez Tristán. Está en fase de elaboración un informe conjunto de la Sección de Violencia de Género y la Sección de Estadística, que se remitirá a la CNEJ para su estudio y aprobación.

Protocolo de actuación judicial
Por último, el Grupo de Expertos y Expertas que asesora al Observatorio ha elaborado un borrador sobre las medidas referidas a la necesaria coordinación entre instituciones, así como sobre la revisión de los protocolos de actuación judicial existentes.

Los expertos ya han elaborado una propuesta-borrador de buenas prácticas que no sólo se refiere a la toma de declaración de menores (medida 205) sino que se hace extensiva a todas las víctimas de procedimientos de violencia de género, diferenciando las fases de instrucción, enjuiciamiento y ejecución.

Los expertos trabajan también en la actualización de la Guía de Actuación de Buenas Prácticas Judiciales en el sentido que indican varias de las medidas del Pacto de Estado. En relación con la protección de los datos personales de las víctimas (medida 265), se ha acordado la constitución de un grupo de trabajo integrado por técnicos del CGPJ y de la Agencia Española de Protección de Datos y se ha remitido a esta última la propuesta de actuación del Grupo de Expertos y Expertas del Observatorio.

El trabajo de los expertos se refiere también a la aplicación de la agravante de género (circunstancia 4ª del art. 22 del Código Penal) en todos los casos en los que resulte probado el elemento subjetivo de motivos machistas o discriminatorios hacia la mujer (medida 107); mejora de los instrumentos de vigilancia electrónica y fomento de su uso en los casos de “riesgo medio” (medida 143); revisión del procedimiento para la concesión y uso de Dispositivos Telemáticos de Control (medida 270); seguimiento de los procedimientos en los que se producen denuncias cruzadas con el fin de evitar que se obstaculice el proceso de la víctima de Violencia de Género (medida 271); y fomento, entre los operadores jurídicos, de un mejor conocimiento del llamado Síndrome de Alienación Parental (SAP) para evitar que, dada su carencia de base científica, pueda ser tomado en consideración por los órganos judiciales.

19 sept. 2018

El País: El Congreso de EE UU calcula que hay 1.500 niños migrantes ‘perdidos’


Las autoridades no dan con el paradero de los menores tras derivarlos a los tutores.

Los niños migrantes sin paradero vuelven a poner en jaque a la Administración de Donald Trump. Estados Unidos le ha perdido el rastro a cerca de 1.500 menores indocumentados que cruzaron la frontera este año y fueron derivados a tutores según una investigación del Congreso. Los legisladores advirtieron del riesgo  de que los pequeños acaben con traficantes de personas o sean utilizados como trabajadores por personas que se hacen pasar por parientes. El caso desempolva la polémica desatada en abril, cuando los servicios sociales admitieron desconocer la ubicación de 1.475 niños que habían llegado completamente solos al país.

Después del incierto viaje a Estados Unidos, los menores de edad que son detenidos pueden estar por ley un máximo de 72 horas en un centro policial. Una vez cumplido ese plazo, pasan a estar bajo la custodia del Departamento de Salud y Servicios Sociales (HHS, por sus siglas en inglés). Luego son transferidos a un refugio, tutor o familiares mientras su caso entra en el lento circuito judicial migratorio. Los investigadores del Senado revelaron el martes a The New York Times que el departamento no pudo determinar con certeza el paradero de 1.488 de los 11.254 niños que habían sido colocados con familias de acogida este año (El Gobierno de Estados Unidos perdió el rastro de 1500 niños a más). Los funcionarios públicos hacen un seguimiento a los niños a través de llamadas telefónicas a sus tutores. 1.488 es el número con el que no pudieron contactar entre el 1 de abril y el 30 de junio.

Ver: "Did Trump Administration Separate Inmigrant Children from parents and Lose Them?" vía The New York Times.


El nuevo número de menores sin rastro es prácticamente calcado al revelado por los servicios sociales en abril, cuando reconocieron desconocer dónde estaban 1.475 niños que habían llegado solos a Estados Unidos. Los legisladores no especifican si existen casos que figuren en ambos cómputos. El argumento que dieron entonces las autoridades para ignorar el paradero de los menores fue que los tutores no contestaron al teléfono y prometieron realizar mejoras en el sistema de seguimiento.

Esa polémica revelación llegó justo cuando se destapó el escándalo de la separación de los niños de sus padres en la frontera estadounidense. Tras casi tres meses de alud de críticas, Trump se vio obligado en junio a dar marcha atrás, pero todavía hay cerca de 500 niños que no han sido reunificados con sus padres, según los últimos datos publicados en el último día de agosto.


El Departamento de Salud y Servicios Sociales intentó poner paños fríos tras la publicación de los legisladores. "Como se le comunicó a los congresistas en reiteradas ocasiones, estos niños no están 'perdidos'. Sus tutores, que generalmente son sus padres o miembros de su familia y que en todos los casos se ha investigado sus antecedentes penales y su capacidad para protegerlos, simplemente no respondieron al teléfono o no pudieron ser contactados cuando se realizó la llamada", defendió su portavoz, Caitlin Oakley, citada por The New York Times. Desde 2016 los funcionarios de este departamento llaman a las familias de acogida 30 días después de derivar a un niño bajo su cuidado.

Los legisladores acompañaron la alarmante revelación con un proyecto de ley elaborado por republicanos y demócratas para perfeccionar el sistema de seguimiento de los menores. Un punto clave es quién responde por los niños. El Departamento de Salud y Servicios Sociales alega que los pequeños no son su responsabilidad una vez que abandonan los refugios federales. La propuesta legislativa obliga a estos funcionarios a verificar los antecedentes de los tutores -algo que en teoría ya hacen- y garantizar que brinden la atención adecuada a los niños mientras estén bajo su custodia, lo que incluye asegurarse de que comparezcan a las audiencias en el tribunal de inmigración.

El proyecto de ley también exige a los funcionarios del departamento notificar a los Gobiernos estatales antes de ubicar a los niños migrantes bajo el cuidado de los tutores. Otra propuesta es aumentar el número de jueces de tribunales de inmigración para ayudar al Departamento de Justicia a procesar los casos de manera más eficiente. En total hay 350 jueces en 60 tribunales de Estados Unidos para abordar este asunto. Se calcula que hay unas 600.000 solicitudes de asilo pendientes de resolver, una cifra que da cuenta de la crisis que se vive en la frontera sur y representa un incremento del 1.700% en diez años, según el Departamento de Seguridad Nacional.

El Senador demócrata de Connecticut Richard Blumenthal  fue uno de los patrocinadores del proyecto de ley presentado: "Los niños que arriesgan sus vidas para hacer un viaje peligroso en busca de asilo no deberían tener que preocuparse de ser víctimas de la trata de personas o ser entregados a abusadores o adultos negligentes en Estados Unidos", argumentó. Una postura similar a la del senador republicano de Ohio Rob Portman, quien afirmó que la futura legislación "ayudará a protegerlos de la trata y el abuso, así como a asegurar que aparezcan para sus procedimientos judiciales de inmigración".
Escribe Antonia Laborde.

El País: La Corte Penal Internacional abre la vía a una investigación de los crímenes contra los rohinyá


La Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI), con sede en La Haya, ha decidido esta semana examinar las denuncias de crímenes cometidos contra la minoría musulmana de los rohinyás, en particular su deportación a Bangladés desde Myanmar, que los discrimina sistemáticamente y que lanzó en 2017 una ofensiva militar que ha llevado a la huida de centenares de miles de personas.

Myanmar no es un Estado miembro del Estatuto de Roma, texto fundacional de la CPI (sólo los Estados parte del Estatuto de Roma son parte de la CPI), pero Bangladés sí, por lo que los jueces han autorizado la primera fase de lo que puede convertirse en un caso judicial en toda regla. Naciones Unidas presentó a finales de agosto un informe donde calificaba de "intento de genocidio" la persecución de la minoría musulmana, e instó a que el crimen fuera investigado, y juzgado, por un tribunal internacional.

En un comunicado hecho público este miércoles, Fatou Bensouda, fiscal jefe de la Corte (CPI), señala que analizará también "otros posibles delitos, incluidos en el artículo 7 del Estatuto". Dicho texto legal está dedicado, entre otros, a la persecución y otros actos inhumanos. "El examen preliminar que me propongo hacer contempla la privación de derechos fundamentales, asesinato, violencia sexual, desaparición forzada, destrucción y saqueo", dice la jurista. Luego explica que el caso no se ha abierto aún: "Porque no estoy investigando, sino estudiando la información (recibida desde 2017) para saber si puedo seguir adelante". Sin embargo, sin este paso previo de la CPI, el caso de los rohinyás no podría avanzar en el marco de la justicia internacional. Cerca de 700.000 personas huyeron a Myanmar, país de mayoría budista, a partir del 2017, perseguidas por el régimen militar de la antigua Birmania, según Naciones Unidas.   





El pasado 9 de agosto, el gobierno de Myanmar rechazó la competencia de la Corte sobre las supuestas deportaciones de civiles. La oficina de Aung San Suu Kyi, que lidera la Consejería de Estado y los ministerios de Exteriores, Energía y Educación, indicó que el país no es miembro de la CPI, "Que parece dispuesta intentar de forma indirecta el ejercicio de una jurisdicción que no tiene". El 28 de agosto, las Naciones Unidas hizo público el informe donde señalaba "El intento genocida de la cúpula militar de Myanmar", al perseguir a los rohinyás en el Estado de Rajine (al oeste del país). La Corte Penal es la única instancia permanente para juzgar el genocidio, y los crímenes de guerra y contra la humanidad. De ahí que el informe inste al Consejo de Seguridad de la ONU a actuar en el marco de su competencia, o bien la de un tribunal especial. 



A_HRC_39_64 by Human Rights Council
Escribe Isabel Ferrer.