12 nov. 2018

Comisión Interamericana de Derechos Humanos culmina visita a Brasil


La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) realizó una visita in loco a Brasil del 5 al 12 de noviembre de 2018, por invitación del Estado brasileño, cuyo objetivo fue observar en terreno la situación de derechos humanos en el país.


La CIDH quiere llamar la atención sobre algunas situaciones urgentes que exigen de las autoridades nacionales y de la sociedad en su conjunto la debida visibilidad, atención y solución urgente: 

a. las violaciones de derechos reiteradas contra los pueblos indígenas, que sufren frecuentes episodios de violencia y falta de atención por parte de los servicios públicos, además de enfrentar dificultades y obstáculos crecientes para la demarcación de sus tierras y dificultades que presenta que presenta la tesis del marco temporal.
b. las violencias sufridas por la población quilombolas, los ataques a su derecho a la tierra, el prejuicio étnico-racial y el acceso precarizado a la ciudadanía.



c. la violencia en el campo que afecta a campesinos que luchan por el derecho a la tierra, y las condiciones de trabajo a las que muchos de esos trabajadores rurales son sometidos, a veces extenuantes, trabajando en situaciones análogas a la esclavitud. Además, es preocupante la inseguridad que afecta a muchos en razón del uso indiscriminado y sin la debida protección de sustancias químicas como agrotóxicos y otros pesticidas que afectan su salud y ponen en riesgo sus vidas.

d. La exclusión social de la población en situación de calle y sin techo, que sufre los impactos de la estigmatización de sus luchas en los centros urbanos al mismo tiempo que lidian con políticas públicas insuficientes para atender sus demandas.
e. La población carcelaria, a quien el cercenamiento de la libertad se suma a la privación de derechos, como el acceso a la salud, a condiciones dignas de higiene, a recibir visitas íntimas en situaciones adecuadas.

f. La violencia institucional y la impunidad sigue siendo una fragilidad brasileña: Las madres que han perdido a sus hijos debido a la violencia social han denunciado de manera dramática la situación de un patrón de asesinatos dirigidos a jóvenes negros de la periferia. De acuerdo con los testimonios de víctimas recibidos por la Comisión, existe un patrón de actuación de las fuerzas de seguridad que ha generado situaciones de sistemáticas de ejecuciones extrajudiciales, principalmente de jóvenes negros y pobres en Brasil.

g. La discriminación y el perjuicio recurrentes, difusos y dirigidos con intensidad para la población trans en instituciones como la familia, la escuela, las instituciones de salud, el trabajo y la iglesia, entre otras. En particular, destacamos los diversos discursos represivos que atacan las banderas de las personas trans y de toda la comunidad LGBTI afectando sus derechos y su ciudadanía.

h. Los constantes ataques a defensores y defensoras de DH en su ambiente de actuación y los riesgos de debilidad de estructuras y programas amenazados en función de ello; los asesinatos de la concejala Marielle Franco y del motorista Anderson Gomes evidencian claramente este desafío estructural, exponiendo la resistencia a la inclusión de personas históricamente marginalizadas en las estructuras de participación política y social. La CIDH considera que es imperativo concluir las investigaciones, sancionar a los responsables y evitar que queden en la impunidad. En adición a lo anterior y en aras a garantizar la reparación integral de estos hechos, la CIDH estima necesario que la memoria de la víctima y de su familia sean respetadas de acuerdo a los valores que defendía Marielle Franco.

i. Las violaciones de derechos y discursos de odio que afectan a migrantes internacionales y refugiados en Brasil. En regiones de entradas de flujos migratorios recientes, especialmente en contextos de llegadas concentradas. La CIDH visitó grupos de migrantes y solicitantes de refugio venezolanos en Roraima y constató la incidencia de factores de riesgo y violaciones a derechos fundamentales, en especial involucrando a migrantes en situación de calle, en situación que dificulta e impide una mayor inclusión social y que se agrava constantemente por episodios de xenofobia en la región.
j. Los ataques a la libertad de expresión, que afecta a la prensa, académicos y organizaciones sociales.

De Belaunde: "El Estado es cómplice de los abusos sexuales"


"La Iglesia se ha comprometido a entregar toda la información a la Comisión Investigadora".

El Congresista independiente, Alberto De Belaunde, planteará que se conforme una Comisión de la Verdad de los abusos sexuales sucedidos en el país.

¿Cuánto han avanzado en la Comisión de abusos sexuales a menores que usted preside?

ADB: Es difícil medirlo porque es como una caverna oscura en la que uno va entrando y son tantos años de silencio e impunidad, que cada vez encontramos nuevos descubrimientos. Nuestro rol central es transmitirle a la sociedad cual es el estado  actual de la problemática en relación al rol del Estado en cuatro puntos: prevención, mecanismos de denuncia, el castigo y el de la reparación de las víctimas; no solo en el aspecto económico, sino también de acompañamiento en temas de salud mental y psicológica. Lo que hemos encontrado es que el Estado, ahora mismo, no está en capacidad para atender ninguno de estos cuatro puntos. Y lo peor, es que ni siquiera somos capaces de utilizar la información con la cuenta el propio Estado; por ejemplo, solicitamos información a distintas dependencias y nos la dan, pero previamente procesada y eso no refleja necesariamente la realidad. Hemos trabajado tres casos emblemáticos, el caso del colegio De Cárdenas, el caso Sodalicio y el caso y el caso Condorcanqui en Amazonas.

¿Han encontrado apoyo por parte de las instituciones involucradas?

ADB: Hay colaboración, pero no hay una conciencia de cómo enfrentar este problema. Creo que en general en el país es tan doloroso, que lo que hemos hechos es ignorarlo y es lo peor que podemos hacer. Los políticos nos centramos en el castigo y no en la prevención, pero para la gente común, no quieren que sus hijos pasen por una situación tan terrible como esa.

Uno de los momentos más duros en la Comisión, es no solo ser consciente y testigo del abuso que sufrieron estos chicos y chicas cuando eran menores de edad, sino el daño que los ha acompañado durante toda su vida; y además, el nuevo daño que les causa el Estado cuando ellos deciden denunciar lo que sufrieron y no son escuchados. El Estado peruano revictimiza a las personas que buscan justicia. Mire lo que pasa, el otro día un muchacho víctima de abuso del colegio Héctor de Cárdenas, lo citan en Medicina Legal y a la misma hora citan al que fue su abusador y se encuentran  cara a cara en una sala de espera. ¡Qué nivel de insensibilidad e indolencia podemos tener!.

Entiendo que hay dos vertientes en la investigación de la Comisión; uno el que aborda los casos de abusos sexuales en la Iglesia y el otro en el caso de las niñas Awajún en Amazonas, que fueron abusadas por sus propios profesores.

ADB: Lo que voy a decir es duro. En el caso de las niñas Awajún fueron abusadas por sus profesores y por la ausencia del Estado. El Estado es un victimario y cómplice de esto y tiene que responder, desde el momento en que se envía a estas personas, que no deberían estar en el magisterio, cuando no se les puede reemplazar porque la UGEL de la zona no tiene partida presupuestal para eso, con lo cual afecta a toda la comunidad educativa. Es espantoso.

Y eso no es todo, si alguna de estas personas abusadas deciden denunciar, tienen que ir hasta Santa María de Nieva que está a un día de viaje en vehículos que ellos tienen que financiar. En toda la provincia de Condorcanqui hay solo 12 policías, es decir 7 por turno; y no tienen ni un solo vehículo asignado. Encima hay la barrera idiomática, porque los operadores de justicia no hablan awajún. Sin contar que un juicio de estas características puede tomar cinco años.

¿Cuántos casos han encontrado? 

ADB: El número es alto, pero preferiría no adelantar cifras porque nos falta aún visitar algunas otras provincias de Amazonas. 
Pero otra cosa que es importante, es que cuando salen estos casos, las instituciones se preocupan más por la imagen institucional antes que preocuparse por las víctimas y esto tiene que cambiar.

¿El informe final identificará culpables?

ADB: Nuestro informe será sui generis, porque a diferencia de los informes de las diferentes comisiones que acusan gente, y que también estableceremos responsabilidades puntuales, lo que queremos es hacer una radiografía, un espejo, donde lo que vamos a ver nos va a doler, pero es absolutamente necesario, y esto va marcar un antes y un después, no sólo de cómo el Estado va a tratar  estos temas, sino cómo la sociedad debe tratarlos.

La otra vertiente es la que trata los abusos al interior de la Iglesia Católica; y aqui en Arequipa, que es un bastión del Sodalicio, ¿Se ha presentado nuevos casos?

ADB: Estamos investigando, no quiero adelantar, pero creo que hay una imagen clara de lo que ha sucedido en la Iglesia Católica a nivel mundial, y que no han sabido diferenciar a estos malos elementos, de los miles de respetables sacerdotes y creyentes en la fe religiosa. El denunciar y buscar justicia respecto de elementos que abusan en cualquier religión, no pone en riesgo ni amenaza a la religión en sí misma; por el contrario, creo que toda persona  comprometida en un credo, debe ser la primera en exigir que aquellos que han abusado paguen sus culpas. Yo veo con mucha esperanza el proceso de cambio que ha iniciado el papa Francisco, que no es fácil.

¿Hay colaboración de la Iglesia para identificar los casos de abusos sexuales?

ADB: Están colaborando y hemos pedido información a todos los obispos del Perú; el lunes  me voy a reunir con el presidente de la Conferencia Episcopal y allí estableceremos cómo nos entregaran la información y confío que lo hagan. No es nuestra intención iniciar una "cacería de brujas", sino comprender qué ha pasado para que no siga pasando en el futuro.

Y me adelanto para plantear una recomendación al Ejecutivo, y será que conformen una Comisión nacional de Investigación sobre estos casos de abusos sexuales a niños, como la Comisión de la Verdad, para que se haga justicia y no volvamos a repetir estas terribles experiencias y que las víctimas sean escuchadas.

Fuente Diario Correo de Arequipa: https://diariocorreo.pe/edicion/arequipa/?ref=menu_edi

11 nov. 2018

"Liquidador", opinión de Ronald Gamarra


Si algo posititvo hay en la empecinada y desfachatada decisión de Pedro Chávarry y de aferrarse contra viento y marea al cargo de fiscal de la nación, es que cuando él salga, y no hay duda que ha de salir antes de lo que muchos imaginan, la reforma que habrá que hacer en el Ministerio Público tendrá que ser más radical y profunda de lo que hubiese sido en otras circunstancias menos traumáticas. La tarea que viene tendrá que ser de reconstrucción integral de los destruido por un auténtico liquidador.

Porque lo que va dejando Chávarry  como legado es una institución en ruinas, y por sobre todo y muy primer lugar, en ruina moral. Nunca la Fiscalía de la Nación cayó tan bajo, si exceptuamos el período de Blanca Nélida Colán, a quién Chávarry no logra igualar porque sencillamente no hay un Montesinos manejando los hilos de la política nacional. Pero el desprestigio que este Fiscal de la Nación le ha inflingido al Ministerio Público será un tizne difícil de limpiar.

Chávarry ha politizado el Ministerio Público de la pero manera imaginable, sometiéndolo abiertamente a la férula del aprofujimorismo, y todo simple y llanamente para salvarse a sí mismo. Los fujimoristas y apristas lo escudan y lo blindan incondicionalmente, aunque eso les cueste la censura abrumadora de la opinión pública, sencillamente porque cuentan con él para velar por sus intereses en los numerosos enredos judiciales en los que están involucrados.

Ya lo dijo clara y contundentemente Rosa Bartra en el chat de La Botica, donde la dirigencia fujimorista coordinaba punto por punto sus pillerías, que blindar a Chávarry es para ellos "una cuestión de supervivencia". Lo tienen bien clarito y Chávarry, por supuesto, también. Y se presta a maniobrar en tándem con ellos para acosar judicialmente al propio Presidente de la República, desnaturalizando políticamente la función fiscal en aras de sus intereses estrictamente personales.

Chávarry se mantiene además sobre una base moral absolutamente deshonrosa. En primer lugar, porque de cinco fiscales supremos señaladamente involucrados, como él en la investigación por el caso de Los Cuellos Blancos del puerto, y su propio voto. En resumen: tres fiscales investigados por su relación con la mafia del exjuez Hinosttroza Pariachi son los que deciden en el Ministerio Público.

En consecuencia, si en algún momento  y es de esperar que sea pronto, se quiere rehabilitar el Ministerio Público, habrá que empezar por la cabeza, limpiando de sus elementos contaminados la Fiscalía de la Nación y la junta de fiscales supremos. Y de allí, seguir para abajo, depurando a los contactos  y operadores de la red corrupta que, como una metástasis, se ha expandido y ofrece enconada resistencia a los intentos que se despliegan para erradicarla.

En segundo lugar, porque la autenticidad del propio título de Pedro Chávarry como fiscal supremo está seriamente en duda. El reportaje publicado esta semana por un medio de comunicación es tan contundente que no deja lugar a mayores dudas sobre la manipulación de las calificaciones para favorecer a Chávarry en el Consejo Nacional de la Magistratura, sin contar con premuras sospechosas para emitir cuanto antes del nombramiento. Así las cosas, todo parece indicar que el título de Chávarry como fiscal supremo no vale ni el cartón en el que está impreso.

Los fiscales de todo nivel, provinciales y superiores, de las diferentes especialidades funcionales y de todo el país, no tienen por qué tolerar más tiempo la desfachatez y los estropicios causados por el trío de fiscales supremos involucrados en los Cuellos Blancos del puerto, que han secuestrado los hilos del poder del Ministerio Público, ni tienen por qué cargar con el desprestigio y la deshonra que la tozudes interesada y las maniobras politizadas de esta gente derrama injustamente sobre todos ellos.

En el Ministerio Público, contra lo que creen algunos, hay importantes reservas morales a las que debemos apoyar para que recuperen en primer lugar el honor y la decencia de la función fiscal. Cada día vemos fiscales, entre ellos varias mujeres, que asumen con valor su función y la cumplen a cabalidad. No los abandonaremos, menos aún ahora, cuando la red corrupta maniobra para ir haciéndolos a un lado y quitarles de las manos esos casos que, para esa red, son "una cuestión de sobrevivencia" .

Fuente : https://hildebrandtensustrece.com/

La historia de las infancias en América Latina

"La historia de las infancias en América Latina", en los últimos tres lustros, ha revelado su importancia a la hora de comprender el devenir de los procesos sociales, culturales y políticos del continente.

A pesar de ser una especialidad relativamente reciente, ha podido dar visibilidad a esos niños y niñas que la historiografía había desdeñado en su protagonismo y en su papel de sujetos activos. La extrema dificultad para recuperar sus voces y acciones promovió nuevos planteos conceptuales y estrategias metodológicas y, como efecto concomitante, favorecer un fructífero intercambio transdisciplinar que enriqueció este campo de estudios (extraído de la introducción del libro).





10 nov. 2018

La Representante Especial Santos Pais saluda el compromiso de MERCOSUR con la salvaguarda de los derechos de las niñas, niños y adolescentes en la implementación de la Agenda 2030


Montevideo, Uruguay, 3 de noviembre de 2018. La Representante Especial del Secretario General de las Naciones Unidas sobre la Violencia contra los NIños (SRSG-VAC) Marta Santos Pais, saludó el compromiso del MERCOSUR con la salvaguarda de los derechos de la niñez, incluida su protección frente a la violencia como una dimensión transversal de su trabajo para realizar la visión de la Agenda 2030.

La Representante Especial Santos Pais expresó su agradecimiento al Gobierno de Uruguay como Presidente Pro Tempore del MERCOSUR, por invitar a su oficina para que participe y contribuya al diálogo de las tres reuniones regionales que tuvieron lugar en Montevideo, Uruguay del 22 al 25 de octubre de 2018. Estas reuniones incluyeron: el 2do Foro Interamericano de Sistemas Nacionales de Protección; la Comisión NiñoSur de MERCOSUR, sociedad civil para informar el Estudio Global sobre NNA Privados de Libertad. Y reuniones con las organizaciones de la sociedad civil comprometidas con los derechos de la niñez, gobierno, sociedad civil, organizaciones internacionales, y otros.

La Declaración de Montevideo adopatada durante el Segundo Foro Interamericano sobre Sistemas Nacionales de Protección, reconoce la protección de la niñez frente a todas las formas de violencia como un principio programático de los sistemas nacionales de protección en Latinoamerica y el Caribe. También hace un llamado para la integración de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible sus metas e indicadores en el proceso de fortalecimiento de los sistemas nacionales de protección en la región.

Reconociendo la crisis humanitaria que enfrenta América Latina frente  a los flujos migratorios, la Declaración de Montevideo incluye un firme llamado para garantizar el principio del interés superior del niño y la garantía de los derechos de la niñez en contextos de migración en la región. Atención especial fue dada al flujo migratorio desde Venezuela hacia otros países de America del Sur. La Declaración hace un llamado urgente para responder a: las causas de la migración, la obligación de proteger a las familias y asegurar la protección especial para las niñas, niños y adolescentes, asegurando la no detención de niños; y una respuesta efectiva de los sistemas nacionales de protección. En línea con el Pacto Mundial sobre Migración, estas acciones necesitan ser apoyadas por la cooperación bilateral, regional y multilateral.

El Acta acordada por la Comisión Permanente Niñ@Sur del MERCOSUR reafirma el compromiso de los países sudamericanos para poner fin a la violencia contra las niñas, niños y adolescentes en concordancia con la Convención sobre los Derechos del Nino y la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Las decisiones adoptadas por la Comisión Permanente Niñ@Sur del  MERCOSUR incluyeron: 

- El endorso de la Declaración de Montevideo, acordad en el Segundo Foro Interamericano sobre Sistemas Nacionales de Protección de la Niñez realizada en Montevideo el 22 y 23 de octubre de 2018.
- La integración de la prevención de la violencia y de mecanismo de respuesta como una dimensión transversal de su Plan de Acción 2019-2020:
- La aprobación de la Guía regional para proteger a los niños y niñas en contextos de migración.
- La creacción de la Red SURCA (Red Sur de Criancas y Adolescentes).

Durante la reunión regional con organizaciones de la Sociedad civil – organizada en apoyo al Estudio Global sobre niños privados de libertad – la Oficina de la SRSG-VAC presentó los hallazgos preliminares del próximo informe temático de la SRSG-VAC denominado “Los niños y niñas de Latinoamérica hablan sobre el impacto de la privación de libertad” el cual contiene información cualitativa y cuantitativa sobre los niños afectados por la privación de libertad en instituciones de justicia en Uruguay y Paraguay y sobre niños con padres encarcelados en Latinoamérica.

Uno de los hallazgos  esenciales es la vinculación entre la violencia y la privación de libertad y el impacto negativo y de largo plazo que la privación de libertad tiene en la vida de los niños. Los niños afectados por la privación de libertad hacen un llamado por un firme compromiso político y por la inversión en la prevención de la privación de la libertad y de la violencia contra la niñez.

La SRSG-VAC preside el Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas que apoya el Estudio Global sobre Niños Privados de Libertad, el mismo que sigue comprometido para continuar colaborando estrechamente con el profesor Manfred Novak, experto independiente que lidera el Estudio Global.