Ronald Gamarra: Sin Tribunal Constitucional

El Perú se ha quedado sin Tribunal Constitucional. Lo que resta de esta entidad de primera importancia para la correcta aplicación e interpretación de la Constitución y, por ende, para el adecuado funcionamiento del estado democrático, no merece ya ese nombre, que le resulta tan grande, inadecuado y ajeno. Lo que ahora existe bajo la denominación meramente formal de Tribunal Constitucional, es una triste mesa de partes, una aliquebrada junta de botones, un club de chicos de los recados, un mal hato de dominguillos, una especie de juzgado coactivo, donde se tramitan y aprueban los caprichos y apetencias de la mayoría congresal que los designó, una mayoría accidental, temporal e ilegítima, repudiada por más del 90% de la población nacional.

Los propios tribunos han elegido el camino de la irrelevancia, del cero para el TC, al convertirlo con sus sentencias en un evidente rabo de la mayoría congresal. Un accesorio de los tunantes de la Plaza Bolívar. Era algo previsible, una deriva que muchos previeron desde el mismo momento de sus nombramientos, teniendo presente sobre todo la forma en que fueron elegidos, con demasiadas manchas y procedimientos cuestionables por parte de la mayoría fenicia del Congreso, la misma que ahora pretende perpetrar la designación del Defensor del Pueblo con un similar procedimiento opaco, sospechoso y antidemocrático.

Con su reciente fallo en la demanda de conflicto competencial entablada por el Congreso contra el Poder Judicial, la actual conformación del TC ha terminado por echar a perder la legitimidad de este alto organismo. Una sentencia que es una falla monumental de principio a fin, un acto de entrega entera y universal, en la cual le dan la razón en todo, absolutamente todo, a la mayoría congresal, sin importarle en absoluto romper el equilibrio de poderes establecido por la Constitución y exonerar al Congreso del control constitucional que el Poder Judicial está llamado a ejercer.

En el colmo de una actitud servil, el actual TC le da a la mayoría congresal mucho más de lo que demanda, de un modo que quedará indeleble en los anales de la vergüenza de la vida jurídica e institucional del país, al promover la persecución de los magistrados que dieron trámite a acciones que promueven el ejercicio del control constitucional en sede judicial sobre los actos arbitrarios del Congreso. A esos jueces este TC, hacha y machete en mano, los denuncia de hecho ante la Junta Nacional de Justicia, a la cual le hace un llamado directo a investigarlos y sancionarlos.

Pero eso no es todo. Siempre enfilando más allá de lo demandado, solícito y ganapán como nadie, el actual TC motu proprio “exhorta” al Congreso a modificar la Constitución para incluir a los titulares del Jurado Nacional de Elecciones, la ONPE y el RENIEC en los alcances del artículo 99, de modo que el Congreso pueda insultarlos, flagelarlos, sancionarlos y destituirlos, posibilidad que hasta hoy no existe, pero que tanto ansía la vengativa mayoría congresal fraudista. Así, el TC le sirve a la truhanada parlamentaria, en bandeja de plata, la cabeza del presidente del JNE, pero sobre todo le abre la puerta para controlar a su gusto el sistema electoral.

Este TC complace de manera consistente, con varios fallos ya, a la mayoría congresal en uno de los asuntos que a ésta más le interesa: la destrucción de la Sunedu y la toma del sistema universitario por las millonarias redes de negocios de las universidades basura. Precisamente en estos días hemos presenciado la toma efectiva de la Sunedu y su desnaturalización con la incorporación de directivos nombrados oscuramente y un nuevo titular que es una joya, que estuvo investigado por manejos turbios de las designaciones docentes que hacía “políticamente”, según sus propias palabras, para favorecer arbitrariamente a unos en desmedro de otros. La destrucción de la educación universitaria tiene un actor central en el actual TC.

Así pues, tenemos ahora instituido un desequilibrio de poderes que da al traste con el sistema democrático de gobierno. Gracias al TC, el Congreso queda libre para hacer de manera grosera lo que le da la gana, con dolo e impunidad, pues ha cortado brutalmente la posibilidad del control constitucional en sede judicial. Vamos, en realidad, el Congreso es ahora la única entidad del Estado que no tiene ni siquiera supervisión de la ejecución de su propio presupuesto por parte de la Contraloría General de la República, y por eso vemos el despilfarro descarado y “legal” en almuerzos y cenas buffet de lujo, teléfonos celulares de alta gama, cuatro pasajes mensuales para viajar donde quieran y los seguros de salud privados más caros del Perú para los congresistas y sus familias; todo pagado por el Estado. Por usted, respetado lector.

Que este TC era capaz de cualquier cosa para servir a la despreciable mayoría congresal que lo designó, lo vimos descaradamente ya en enero, cuando se prestó a la maniobra burda del grupo de parlamentarios que aprobó la ley anti-Sunedu, los cuales insólitamente demandaron ante el TC la inconstitucionalidad de la ley que ellos mismos habían promovido y aprobado. La intención, como estaba clarísimo, era que el TC declare infundada la demanda y por tanto la constitucionalidad de la ley, con lo cual se cerraban automáticamente los procedimientos abiertos en sede judicial que impedían la aplicación inmediata de la ley anti-Sunedu.

El TC, en aquella oportunidad, en vez de rechazar la ordinaria maniobra, propia de tinterillos de medio pelo, y llamar la atención a los congresistas manipuladores, actuó tal como estos querían e impuso la aplicación inmediata de la ley anti-Sunedu. Aquella connivencia del TC con la maniobra de los parlamentarios un día tendrá que ser investigada, pues el país no puede convivir con tanto descaro protegido bajo la investidura de congresista o tribuno, como tendrá que ser sometida a revisión toda la ejecutoria de este TC.

No olvidemos que este TC no habría podido ser designado sin los votos cómplices de esa pandilla ultraizquierdista jefaturada por Vladimir Cerrón, que tantas veces se ha puesto de acuerdo con la ultraderecha para repartijas como ésta.

Tal vez sea el momento de replantearse la forma de designar a los miembros del TC. El Congreso ha quedado descalificado para hacer éste y otros nombramientos clave. En la Constitución de 1979, el entonces Tribunal de Garantías Constitucionales, compuesto por nueve jueces, era designado a partes iguales por el Gobierno, el Poder Legislativo y la Corte Suprema. La Constitución de 1993 cambió el sistema. ¿Sería aconsejable retornar a él? ¿Hay que probar con otro método? Preguntas inevitables que surgen en este momento crítico de deslegitimación de nuestras principales instituciones democráticas. La mayoría congresal ya pervirtió al TC, ahora se dispone a hacer lo mismo con la Defensoría del Pueblo, y mañana someterá al sistema electoral, si no se lo impedimos los ciudadanos de este nuestro sufrido Perú.

Artículo de opinión de Ronald Gamarra Herrera publicado en el Semanario Hildebrandt en sus trece, el viernes 03 de marzo de 2023.

Fuente Hildebrand en sus trece: https://www.hildebrandtensustrece.com/

"No Matar", por Ronald Gamarra Herrera

¿Qué pasa por la cabeza –o las entrañas– de un policía para lanzar, prácticamente a quemarropa, una bomba lacrimógena contra el cuerpo de un manifestante que está quieto, en la vereda, de espaldas a él, y le impacta en la cabeza y lo mata, destrozándole el cráneo y volándole parte de la masa cerebral? Todos lo hemos visto muy claramente en diversas imágenes registradas en videos de seguridad de la avenida Abancay, cuadra 9. Los ciudadanos próximos a los agentes en ese lugar específico estaban tranquilos, desarmados, no representaban una amenaza, y no había allí ningún enfrentamiento. Inmediatamente después de disparar, los dos efectivos de la fuerza de seguridad (el matador y su colega), como si nada hubiera ocurrido, sin correr y sin sobresalto, se retiran tranquila e impunemente hacia su pelotón en medio del desconcierto y la consternación de los compañeros del malherido que se apresuran a prestarle auxilio.

Esas fueron las circunstancias de la muerte del ciudadano Víctor Santisteban Yacsavilca, hombre mayor, padre y abuelo, trabajador migrante en la Argentina desde hace muchos años, de regreso temporal a su patria, que en ejercicio de sus derechos salió a manifestar por sus opiniones y convicción. El policía que le dispara sin motivo, al margen de toda norma de humanidad, y de forma ilegal, ilegitima, arbitraria y no profesional, violó los principios, reglas, niveles y condiciones mínimas indispensables en el uso de armas contra personas que ganan la calle para protestar, empezando por el empleo diferenciado y progresivo de la fuerza, y por la distancia: la legislación vigente establece que no se puede lanzar cartuchos lacrimógenos a menos de 35 metros de distancia y nunca contra el cuerpo de los ciudadanos, menos contra gente que no actúa violentamente en la circunstancia concreta, ni representa un riesgo hacia la integridad o la vida de los funcionarios públicos encargados de hacer cumplir la ley y de terceros.

El gobierno y el alto mando de la policía observan ante el hecho escandaloso un oprobioso silencio. Peor todavía, con el apoyo de una importante parte de la prensa y la televisión, echan a correr la rueda de molino de que la víctima falleció de una pedrada lanzada por sus propios compañeros. Parece ya un estilo de relacionarse con la verdad de los hechos lo que el gobierno hace ante cada caso de muerte abusiva, por exceso doloso en el uso de la fuerza, por inhumanidad. Recordemos a la presidenta Dina Boluarte proclamar “de fuente extraoficial”, ante la prensa extranjera, que los 17 fallecidos de Puno fueron agredidos con “armas dumdum” contrabandeadas desde Bolivia y usadas por los propios manifestantes para producir muertos. Y lo dice a pesar de que las pericias forenses confirman que los ciudadanos que perdieron la vida presentan heridas de munición usada por la policía y las fuerzas armadas peruanas, y que varios recibieron disparos por la espalda, es decir cuando huían de la represión, no atacaban. Quien es capaz de lanzar una mentira tan grande sin que le tiemble la ceja, no puede gobernar un país democrático. Ni un minuto más.

Se están perdiendo aceleradamente los mínimos sentimientos y actitudes humanitarias que no deberíamos abandonar jamás, nunca, ni en las circunstancias más difíciles o ásperas. El estímulo al gatillo fácil, el bono al tiroteador, con todo el absoluto desprecio por la vida del otro que eso implica, se extiende en nuestra sociedad bajo la infame consigna de que “hay que meter bala”. Por supuesto, se trata de meter bala a los demás, a los que molestan, a los que se desprecia, terruquea y deshumaniza a propósito para facilitar la tarea de mandarlos a la tumba. Alternativa torpe, además, que solo puede traer más sangre y sufrimiento sin solucionar absolutamente ningún problema.

En esa actitud de indiferencia y desprecio por la vida de los demás está la inmensa mayoría del actual Congreso. A estas mierdas, qué les importan las muertes en las calles de nuestras ciudades y pueblos y carreteras y campos. Los muertos, hasta el 31 de enero, ya se acercan a 60 en poco más de un mes de protestas. Y ellos tan orondos, empeñados eso sí en hacer lo posible y lo imposible, torciendo la constitución y la ley si es necesario, e invisibilizando torpemente la explosiva realidad política del país, para quedarse aferrados y entornillados en sus curules hasta el año 2026. No les preocupa si es al costo de la vida de decenas y decenas de peruanos. Una curul manchada de sangre también es curul y buen negocio.

¿Y en el lado de las protestas?

No podemos olvidar el brutal asesinato del policía José Luis Soncco, perpetrado el 10 de enero, quemado por una turba que lo sorprendió aislado, patrullando una zona de Juliaca. Nuevamente: ¿qué tienen en la cabeza –y en el corazón– los que promovieron y azuzaron este acto criminal, repugnante y absolutamente inhumano? ¿Qué se necesita tener, o de qué hay que carecer, para linchar y matar hasta quemar y carbonizar a un ser humano? ¿Es que, a todo nivel social, estamos perdiendo los sentimientos más elementales de humanidad y queremos dirigirnos todos hacia un despeñadero de odio y violencia?

¿Qué sucede en los bloqueos de carreteras, muchos de ellos tan brutales e inflexibles que no temen causar muertes de otros ciudadanos? Diversas personas, incluidos varios niños, han perdido la vida porque no pudieron ser auxiliadas médicamente, porque no se permitió el acceso del personal de salud o porque, directa y perversamente, se impidió el paso de las ambulancias que las transportaban, y repito niños, que requerían atención médica de urgencia para sobrevivir. Uno de esos niños falleció en plena carretera por una infección intestinal que fácilmente pudo ser atendida y curada, si su ambulancia no hubiera sido obstaculizada por la fuerza en su intento de llegar a un hospital del Cusco.

¿Qué pasa con los ataques a los miembros de la policía, con palos, hondas y piedras? Una y otra vez, todos los días. La protesta es pacífica, debe y tiene que serlo, quien recurre a la violencia comete un delito y debe responder ante la justicia.

Tenemos todos que hacer un enorme esfuerzo porque estos actos y desbordes cada vez mayores de inhumanidad, que surgen en casi todos lados del espectro político, no pueden ni deben escalar, de lo contrario nos llevarán al precipicio de la violencia o a la paz de los cementerios. Es ahora cuando no debemos aceptar más que un peruano mate a otro peruano y menos por “razones políticas”. Y eso empieza por asumir la responsabilidad que a cada uno le toca: al gobierno, al congreso, a la policía, a los manifestantes, a los dirigentes sociales, a los intelectuales, a cada persona en su comunidad y barrio: no matar, no agredir, debe ser la consigna inflexible que todos debemos cumplir.

Por eso quiero subrayar el notable pronunciamiento de la Defensoría del Pueblo, que viene cumpliendo una función ejemplar en esta crisis: “En este escenario de notorias urgencias, la forma moralmente más repulsiva de actuar es dejar morir a la gente cuando se tiene en las manos la facultad política de pacificar y cambiar el rumbo trágico de estos días. El Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo pueden hacerlo. Cada día que pasa, la vida de alguien está en peligro, y la democracia –ese gran anhelo republicano– se va deshaciendo ante nuestros ojos”. Amén.

Artículo de opinión de Ronald Gamarra Herrera publicado en Hildebrandt en sus trece, el día viernes 03 de febrero de 2023.

Fuente: Hildebrandt en sus trece.

Ronald Gamarra: "Cuba, matrimonio igualitario"

Rtimo, tambó y flores. Este domingo 25 de septiembre, el pueblo cubano aprobó por mayoría abrumadora de dos tercios del electorado una serie de reformas trascedentales a la legislación de familia, incluyendo el derecho al matrimonio de las personas del mismo sexo (definido como la "unión voluntaria concertada de dos personas con aptitud legal para ello con el fin de hacer vida en común sobre la base del afecto, el amor y el respetuo mutuo"), el derecho a la adopción sin exclusión alguna por razones de orientación sexual de los adoptantes, la gestación solidaria (es decir la gestación en vientre de una mujer ajena a la pareja con la condición de que no sea por dinero), la prohibición del matrimonio infantil, entre otras enmiendas sustanciales del Código de las Familias, denominado así en plural, como reconocimiento a su variedad. El referéndum tiene un carácter vinculante.

Palo mayimbe, adívinalo. La aprobación  de estas reformas obtuvo un rotundo sí del 66.9% de los votantes. Un 32% se pronunció en contra. La participación fue significativamente alta: un 75% de la nómina de votantes acudió a las urnas. El desarrollo de este referéndum contrasta llamativamente con las elecciones políticas que cada cierto tiempo tienen lugar en Cuba para elegir a los "representantes del poder popular", en los cuales los resultados suelen ser de 99% a favor del candidato del partido único y no hay ausentismo porque el voto es obligatorio.

Oye mima, el edén de los roncos. Quizá esta vez el Partido Comunista  asumió que la votación no ponía en juego su poder ni su lugar en el gobierno, pues la propuesta no se presentaba como propia del PCC sino como resultado de un debate abierto que tiene ya muchos años en la isla, y en el cual se han vertido diversas posiciones a favor y en contra dentro de la propia élite gubernamental. Por tanto, se podían dar el lujo de tener un proceso de votación mas abierto. Ojalá se progresara así también en las elecciones políticas. Sin embargo, la experiencia de un referéndum abierto no dejará de tener repercusiones sobre futuras elecciones políticas, que hasta el momento solo son rituales.

Al vaivén de mi carreta y aunque me cueste la vida. La victoria del sí en el referéndum sobre el matrimonio igualitario, la adopción y la concepción subrograda solidaria es una corrección histórica a los abusos enormes que sufrió la población LGTBIQ en Cuba en los primeros tiempos  de la revolución (y después, también). Ella quería a la revolución, pero la revolución no los quiso. Dolor, esquina, miseria. Miles de personas homosexuales fueron hostilizadas, víctimas de redadas policiales, purgadas de las instituciones y hasta encarceladas en campos de trabajo forzado por su orientación sexual (las infames Unidades Militares de Ayuda  a la Producción-UMAP). La revoluciónera abiertamente homofóbica. Un peruano, Mario Vargas Llosa, fue el primero en oponerse solitariamente a la homofobia del régimen ya en los años 60. Solo hacia el año 2010, el propio Fidel Castro reconoció públicamente que tal persecución fue uno de los peores errores del régimen revolucionario; aunque el perdón histórico y las consecuentes medidas de reparación por parte del Estado todavía no se han dado.

La esquina del movimiento, Macussa. En realidad, en aquella época el grueso de comunistas en el mundo compartía la homofobia propia del conservadurismo. En la Unión Soviética, al igual que en la mayor parte de Occidente , se consideraba la homosexualidad como una alteración psiquiátrica, como una forma de degeneración moral o como una corrupción heredada de la sociedad  burguesa. Los comunistas  peruanos no fueron la excepción, escupieron a los homosexuales por no responder a su ideal de "hombre nuevo". Aún hoy vemos entre ellos demasiados fósiles que se conservan con buena salud: los Cerrones, Perú Libre, Bermejo, el presidente Castillo, el expremier Bellido, que ahora deben estar botando espuma  por la boca con los resultados del referendo cubano y echando la culpa de los sucedido a los caviares isleños (y a Yemayá y Ochún). Ellos, en verdad, son más hijos de Putín, el oligarca homofóbico, antes que hijos del socialismo.

Opinión de Ronald Gamarra Herrera publicado en el Semanario Hildebtrandt en sus trece el día viernes 30 de septiembre de 2022.

Fuente Semanario de Hildebrandt en sus trece.

Ronald Gamarra: Documento Infame

Documento Infame
"Diariamente Merino se reunía con los distintos responsables de los cuerpos de inteligencia del Gobierno y las fuerzas armadas y policiales".

Pocas veces se ha visto un documento tan infame como el informe evacuado por el congresista Alejandro cavero sobre la solicitud del Ministerio Público para que se levante el fuero y se permita investigar a Manuel Merino y dos de sus ministros por la muerte de los jóvenes ciudadanos Bryan Pintado e Inti Sotelo, y las lesiones producidas a 78 manifestantes entre los días 10 y 14 de noviembre de 2020. Las víctimas se produjeron en la brutal represión policial de las multitudinarias manifestaciones en el centro de Lima y, todos fuimos prácticamente testigos directos y casi en tiempo real de los hechos que Cavero pretende negar para cubrir y blindar a sus amigotes.

El cinismo y la mentira son la metodología de su informe. Por eso Cavero simplemente niega validez sin mayor argumento, porque así le da la real gana, al enorme cúmulo probatorio presentado por la Fiscalía. Y, en el colmo de la megalomanía, Cavero sustituye no solo al Ministerio Público sino al propio Poder Judicial al declarar por sí y ante sí la nula responsabilidad de Merino en los hechos y negar  que se le levante el fuero para que se le pueda investigar. Porque eso es todo lo que se pide: investigar a Merino y sus dos ministros. Pero Cavero, por adelantado, los ha declarado intocables e inmaculados.

Cavero dice que las canícas de vidrio endurecido, los perdigones de goma, los perdigones de plomo o el impacto de bombas lacrimógenas en los cuerpos de las víctimas  no pudieron ser disparados de ningún modo por la Policía. Y punto. ¿Quiénes lo hicieron entonces, los marcianos? Es tan atrevido que no teme  hacer el ridículo. Las pruebas constan de las declaraciones de los agredidos, testigos, videos, pericias, infromes técnicos y las propias declaraciones de policías. E, insisto, los medios de comunicación transmitieron todo directamente, en tiempo real.

¿Así que no hay pruebas?

Cavero desecha sin rubor ni vergüenza lo que todos vimos y tiene abrumador respaldo probatorio en la investigación fiscal. Que todo ocurrió, además en un mismo espacio, en una misma secuencia de días y en un escenario urbano en que los únicos que tenían armas y las disparaban eran los efectivos de la policía. No hay ningún informe pericial ni de inteligencia, ni siquiera especulativo, que refiera que algún manifestantye usara un arma de fuego de cualquier clase. A los manifestantes fallecidos y a varios de los heridos se les tomó la prueba respectiva para descartar el uso de armas de fuego y en ningún caso la prueba resultó positiva. Si no hubo tiradores entre los manifestantes, ¿quiénes dispararon? Todos lo vimos, salvo Cavero.

El uso de perdigones de plomo contra manifestantes esta prohibido por norma internacional y nacional. Ninguna autoridad  que hay violado esta disposición va confesarlo. Hay que ser un inepto o un cínico para aceptar sin crítica que no se usaron, a pesar de las evidencias en decenas de cuerpos penosamente lastimados. Por otro lado, como es evidente, los disparos no tuvieron la intención de dispersar a los jóvenes. Fueron dirigidos directamente a sus cuerpos con el propósito de hacer daño. El 70% de los heridos presenta lesiones en el tercio superior del cuerpo: tórax y cabeza. Todas las pericias coinciden en que la munición fue disparada por escopetas, como puede comprobarse fácilmente con los videos. En la investigación fiscal obra una pericia que descarta  la posibilidad de que los perdigones fueran disparados por escopetas  artesanales, caseras, hechizas, debido a las características que presentan las municiones recuperadas de los cuerpos de los heridos. Los perdigones disparados son compatibles con las escopetas usadas por la policía.

Artículo de opinión de Ronald Gamarra Herrera publicado en el Semanario Hildebrandt en sus trece, el día viernes 17 de junio de 2022.

Fuente Hildebrandt en sus trece.

Ronald Gamarra: Cómplices de los violadores

Nuestro país es uno de los más agresivos y brutales del mundo hacia las mujeres, las niñas y los niños. Particularmente bajo la forma de violencia sexual, en la cual los índices de victimización son abrumadores y no cesan de incrementarse de forma exponencial año tras año. Se trata de miles de víctimas nuevas cada calendario, una realidad indignante e inaceptable que debería movilizar a fondo a la nación para cambiar radicalmente este desastre.

La agresión hacia las mujeres llega al feminicidio, convertido en una realidad tan cotidiana que ya casi no es noticia periodística, a menos que incluya algún detalle especialmente morboso o los reporteros amarillos le inventen uno. Decenas y decenas de mujeres -luego de una vida de golpes y maltratos- son asesinadas cada año en nuestro país, y lo son principalmente por sus propias parejas: esposos, enamorados, convivientes. Y los casos no hacen sino crecer en número y brutalidad.

Los violadores forman la segunda población penitenciaria más grande del país, con más de 10 mil internos. Esto no es normal, pocos países en el mundo tienen una proporción de violadores tan grande como la que tenemos aquí. No es una exageración, pues, decir como se ha dicho varias veces con indignación, que estamos en un país de violadores. Esta afirmación, que en algunos solo causa una “indignación patriótica”, en realidad es un llamado desesperado a hacerse cargo del problema y resolverlo en serio.

Contrariamente a lo que se imagina comúnmente, gran número de los violadores proceden del propio entorno familiar de la víctima. Por eso es necesario concluir que la cifra de los casos no denunciados es mucho mayor al registro estadístico. Los abusos en el seno familiar suelen durar muchos años y quedar impunes cuanto más cercano es el parentesco del violador con la víctima y mayor la dependencia emocional y económica de ésta. Esa es nuestra realidad y hay que afrontarla.

Se trata de un problema arraigado y estructural que exige soluciones acordes. Y es evidente que la cárcel, que en nuestro país puede llegar a la cadena perpetua, aunque los procedimientos legales dificulten mucho llegar a imponer sanciones, no es disuasión suficiente para los violadores. “Alternativas” como la castración química, propuesta recientemente por el inepto presidente de la república, son solamente un saludo a la bandera, una muestra de demagogia que, está demostrado, no conlleva solución real.

La clave del problema es la educación. El machismo tiene raíces hondas y extirparlo solo es posible a mediano y largo plazo mediante una estrategia educativa que forme desde la niñez mujeres debidamente informadas y formadas en el conocimiento de sus derechos, su cuerpo y su sexualidad, y hombres conscientes y respetuosos de las mujeres.

No hay otra vía. Es ineludible aplicar en nuestro país en la educación pública y en todos los ámbitos de la sociedad, empezando por la familia, el enfoque de género, que produzca la conciencia de derechos de las mujeres y el respeto hacia ellas, y la educación sexual integral, que gradualmente introduzca a mujeres y varones en el conocimiento de su propio cuerpo y su sexualidad, lejos de la información deformada y retorcida que suelen recibir, sobre todo los varones, a través de amigos mal informados, adultos nada santos o las redes sociales e internet.

Esto es lo que ha funcionado y se aplica en los países más avanzados, donde las mujeres gozan de un estatus de respeto que está a años luz de nuestra triste realidad, y es recomendado en consecuencia por las Naciones Unidas y sus agencias especializadas, y forma parte de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en cuanto a las metas que los Estados deben alcanzar para garantizar los derechos y la seguridad de las mujeres y la niñez.

En un país, como el Perú actual, con una realidad tan violenta con respecto a las mujeres, las niñas y los niños, es un crimen arremeter como se está haciendo en el antro ese llamado Congreso contra el enfoque de género y la educación sexual integral. Peor aún, es un acto de abierta complicidad con los violadores porque a ellos favorece que las mujeres, las niñas y los niños ignoren sus derechos y las cuestiones básicas sobre el propio cuerpo y la sexualidad. Porque mantener a las mujeres y la niñez desinformados es ofrecer más víctimas a los violadores.

No puede ser que una caterva de fanáticos fundamentalistas que inventan sus propias leyendas paranoides impongan sus creencias majaderas y retrógradas sobre el derecho a la educación y la información. No, señores y señoras congresistas, imponer por la fuerza, como pretenden hacer, el cuento de que a los bebes los trae la cigüeña, no va a preservar la inocencia de ninguna niña. niño o adolescente; al contrario, va a entregarlos, atados de pies y manos, a la información deformada que circula por doquier y, probablemente, a las zarpas de un violador. Con la ayuda de ustedes, su fobia y sus creencias medievales. Y ahora, parece que también con las del nuevo Tribunal Constitucional, elegido por el Congreso a la medida de su desvarío y oscurantismo.

Artículo de opinión de Ronald Gamarra Herrera, publicado en Hildebrandt en sus trece el día viernes 13 de mayo de 2022.

Fuente Hildebrandt.

Ronald Gamarra: El cáncer no espera

El 10 de octubre venció el plazo de 60 días para la aprobación del reglamento de la Ley Nacional del Cáncer, norma que publicada en agosto pasado está orientada a garantizar la cobertura universal, gratuita y prioritaria de los servicios de salud para las personas con enfermedades oncológicas. El retraso en el cumplimiento de esta obligación ha causado profundo malestar en los pacientes de cáncer y en las organizaciones de pacientes en general, pues las autoridades de salud ni siquiera han ofrecido una explicación plausible de la demora. Solo a la última hora, el viceministro de Salud Pública anunció la instalación de un grupo de trabajo multisectorial encargado de la elaboración del reglamento. La Defensoría del Pueblo ha emitido una declaración al respecto, llamando al Gobierno y a las autoridades de salud a cumplir cuanto antes con la reglamentación.

Conste que el plazo para la aprobación del reglamento era de 60 días “como máximo”. Está clarísimo que se trataba de un tiempo que no cabía exceder en ningún caso y que el reglamento podía y debía estar listo antes de dicho término.

La reglamentación de la Ley Nacional del Cáncer es una condición fundamental para la aplicación concreta de la ley. Sin el reglamento, la ley no tendrá en la práctica aplicación efectiva en cuanto a la mayor parte de sus disposiciones. Por otro lado, el plazo de 60 días no era casual ni arbitrario, pues evidentemente tiene relación directa con los plazos que usualmente se manejan para la aprobación del presupuesto nacional. La intención era que, en lo posible, la ley pudiera contar con fondos presupuestales ya desde el proyecto que se aprobará en diciembre de este año. Tal como están las cosas, ojalá la ley no tenga que esperar al ejercicio presupuestal 2023 para contar con fondos iniciales.

Ahora bien, no solo se trata del incumplimiento en la reglamentación. La Ley Nacional del Cáncer establece una serie de obligaciones para el gobierno en el sector Salud que hasta el momento tampoco se están verificando. Es el caso de la Política Nacional de Lucha Contra el Cáncer, que el gobierno debe aprobar cuanto antes, la cual “establece los lineamientos, objetivos, indicadores y estándares mínimos de cumplimiento que garanticen una atención integral oncológica, considerándose como ejes vitales la promoción de la salud, la prevención, el diagnóstico oportuno, el tratamiento, la rehabilitación, los cuidados paliativos e investigación del cáncer”.

No tenemos hasta el momento ningún indicio que nos revele que esta política nacional se encuentra en elaboración. En todo caso, como toda política nacional, su elaboración y aprobación no puede prescindir de la participación activa de la ciudadanía y muy especialmente de los pacientes, particularmente los pacientes oncológicos. Otro aspecto de la ley, sobre el cual no se conoce qué avances hay, se refiere a la conformación de la Red Oncológica Nacional, que deberá articular en un sistema integrado a todos los organismos de salud del país que prestan servicios en relación con esta enfermedad, propiciando que los servicios en su conjunto mejoren y lleguen a todos los sectores.

 

El gobierno y el Ministerio de Salud tienen ante sí el reto de superar lo más pronto posible la situación de desconcierto y desorganización que trajo consigo el colapso de los servicios de salud del país a raíz de la pandemia, servicios que ya eran insuficientes y precarios desde mucho antes. Todos sabemos que la atención de otras enfermedades distintas al covid 19 se redujo radicalmente a raíz de la emergencia sanitaria. En el caso del cáncer, según el propio Ministerio de Salud, la reducción de la atención fue de un 50% en promedio, cifra abrumadora tras la cual hay miles de vidas afectadas irreversiblemente o perdidas, que hubieran podido curarse o mejorar su calidad de vida.

Ahora sabemos que los pacientes con cáncer han sido uno de los principales afectados por la pandemia, debido a que el colapso de los sistemas de salud puso en riesgo la continuación del tratamiento; que, a junio del 2020, según el HIS de MINSA, se han registrado 74 mil casos no atendidos en oncología; que en el conjunto de los pacientes que han podido recibir atención se han registrado 13 mil personas cuya enfermedad se ha agravado durante este periodo; que, debido a la crisis las instituciones han tenido que disminuir su capacidad de oferta: por ejemplo, el INEN pasó de realizar 180 quimioterapias por día a 80, de practicar 360 radioterapias a solo 160, y de 40 intervenciones quirúrgicas a sólo 10; y que, de atender usualmente entre 1300 a 1500 casos nuevos, el INEN pasó a cubrir solo 192 casos nuevos en abril de este año.

Precisamente ahora contamos con el importante informe “Estado de acceso a la salud en cáncer de mama en Perú”, elaborado por un colectivo de instituciones y personas que trabajan en el sector del cáncer, informe coordinado por el Grupo de Estudios Clínicos Oncológicos Peruano (GECOPERU). Si bien las conclusiones de este informe se refieren a un tipo específico de cáncer, gran parte de ellas resultan intuitivamente extrapolables a la situación general de la atención del cáncer en nuestro país. La lectura de este informe nos da a conocer el nivel de carencia a partir del cual debe construirse una política nacional contra el cáncer efectiva, digna e inclusiva.

El estudio deja en claro las graves deficiencias halladas en cuanto a la prevención y detección precoz del cáncer de mama, la disponibilidad de tratamientos especializados, la disponibilidad de medicamentos y la disponibilidad de financiamiento para cubrir los costos de la enfermedad. No olvidemos que el cáncer es una de las enfermedades clasificadas como desastrosas por sus consecuencias inmediatas para el paciente y la familia, ya no solo en cuanto a su salud física y psíquica sino en relación con sus propias posibilidades de mantener un nivel de vida digno. El cáncer destroza no solo al paciente sino a la familia entera, por eso requiere una atención especial.

El informe constata que “la enseñanza del autoexamen es precaria y el número de mujeres que lo hacen con regularidad es escaso”, que “el Plan Nacional es ineficaz tanto a nivel nacional como regional”, que hay “escasez de especialistas y equipos para detectar el cáncer de mama”, que en relación con la radioterapia hay “escasez de radioterapeutas y aceleradores lineales para el tratamiento del cáncer de mama”, que hay un “acceso limitado a medicamentos innovadores para el tratamiento del cáncer de mama”, que financiación de los costes del control del cáncer de mama es absolutamente insuficiente.

Partimos, pues, de una situación marcada por grandes deficiencias. Nuestro deber como sociedad y estado es cambiarla positivamente, poniendo todo de nuestra parte. En este esfuerzo colectivo y solidario, el cumplimiento de los plazos y compromisos es literalmente vital porque hay innumerables vidas y familias cuya sobrevivencia y recuperación están en juego. Sería una señal muy positiva y alentadora si el gobierno y el Ministerio de Salud se hacen cargo de esta impostergable urgencia. Por lo pronto, se anuncia que tendremos reglamento en 15 días. Eso esperamos. Y ojalá se escuche a las organizaciones de pacientes, porque ya estamos cansados de ver como se reitera el error consuetudinario de toda burocracia, consistente en hacer y disponer a espaldas de las personas directamente implicadas e interesadas en tener una buena norma que sirva de manera efectiva a sus urgentes necesidades.

Esperamos también, contar con una Política Nacional Contra el Cáncer en el plazo más breve.

Y aguardamos una mejora en el monto y ejecución del presupuesto para las enfermedades oncológicas. De acuerdo al Observatorio de Consulta amigable del MEF, desde el 2019 a la fecha, el presupuesto destinado para el control y prevención de cáncer ha ido reduciéndose, sí, disminuyendo. No obstante, la gran mayoría de instituciones prestadoras de servicios oncológicos no han ejecutado la totalidad de sus presupuestos. Y anualmente, en promedio, se ha dejado de ejecutar 25 millones de soles destinados a la compra de medicamentos para la prevención y control del cáncer.

Artículo de opinión de Ronald Gamarra Herrera pulicado en Hildebrandt en sus trece el viernes 22 de octubre de 2021.

Fuente:  hildebrandtensustrece.com

Ronald Gamarra: La salud más allá del Covid-19

Con la emergencia sanitaria determinada por el surgimiento repentino de la pandemia de Covid-19 a inicios del año pasado, el sistema de slaud peruano se volcó integramente a la atención de esta nueva y desconocida enfermedad, que comenzó a cosechar rápidamente miles y miles de víctimas en todo el país. Lo hizo, como sabemos, en condiciones de absoluta precariedad e impreparación, resultado de décadas de descuido de la salud por sucesivos gobiernos.

Los centros de salud colapsaron, saturados de pacientes de Covid-19 más allá de todas las posibilidades con que se contaba para atenderlos. Recordemos que la pandemia nos pilló con apenas un centera de camas UCI, una cifra que estaba entre las más bajas del mundo. Nos sorprendió también sin equipos de protección personal para los médicos, enfermeras y personal técnico, que sufrieron cientos de fallecidos por su contacto directo con los enfermos.

En consecuencia, el pánico desatado por la pandemia y la incapacidad de hacerle frente llevó al cierre de la mayor parte de los servicios de salud que no fueran la atención del covid. Y cuando el personal médico-sanitario empezó a retomar el trabajo después de meses de confiamiento, lo hizo preferencia, y de forma muy limitada, a través de la teleconferencia o por teléfono. En resumen, la atención de la slaud quedó en suspenso de forma indefinida y no se ha retomado hasta el momento debido a la segunda ola.

Así pues, el sistema de salud colapsó no solo por la pandemia del coronavirus, enfermedad que no pudo ser atendida al nivel de otros países de la región, pues nuestra tasa de letalidad ha sido mucho mayor, sino que fue incapaz de mantener la atención de otdas las demás enfermedades leves y graves, eventuales o cróicas. Esta situación ya lleva un año y medio y no puede seguir así. Es tiempo de avanzar a la normalización de la atención general de la salud cuanto antes.

La situación es muy grave. Los pacientes de enfermedades crónicas han perdido el seguimiento de sus enfermedades y es necesario que lo retomen. Muchos deben haber empeorado su situación o incluso pueden haber muerto por falta de seguimiento a la evolución de su enfermedad. Los pacientes que sufren enfermedades raras han perdido prácticamente toda esperanza de atención por parte del sistema. Por su menos número, no resultan de prioridad para la burocracia. Sus demandas y aportes -por ejemplo, los de la "Mesa de la sociedad civil: Los Pacientes Importan" - no merecen atención.

Los pacientes de enfermedades oncológicas, los que sufren cáncer de todo tipo, también perdieron la continuidad de la atención que se les daba. Según Apoyo Consultoría, durante la pandemia, mientras las defunciones subieron en un 31%, las atenciones disminuyeron en un 37%. Miles de enfermos de cáncer que periódicamente debían trasladarse a las ciudades principales, especialmente a Lima, para la continuidad de sus tratamientos o sus consultas, dejaron de ser convocados, aparte de que las normas de inmovilización social les impedían viajar. Al decir de Apoyo Consultoría, no se realizaron más de 81,000 atenciones en etapa avanzada y más de 21,000 atenciones por diagnóstico. Una dolorosa espera, añadiría Ojo Público. Caso especialmente lacerante es el de los niños y niñas afectados de cáncer.

La vacunación infantil se ha reducido a los niveles históricos más bajos. Con ello, la niñez queda expuesta a caer víctima de enfermedades prevenibles por simple inmunización. Corremos, el grave riesgo, en realidad inminente, de la reaparación de enfermedades inmunoprevenbles que ya no se registraban en nuestro país. Esto debe ser corregido con extrema urgencia antes de que se delcaren otras epidemias que creíamos superadas definitivamente.

No se trata solamente de retomar la atención previa. Recordemos que, antes de la pandemia, la atención de slaud tampoco se cumplía en buenas condiciones. Nadie ignora las estrecheces y carencias con que actuaba en nuestro país el sistema de cuidado de la salud, con servicios insuficientes, anticuados y desabastecidos, sin el número de profesionales necesario, sin el apoyo económico presupuestario suficiente para ofrecer un servicio de calidad mínima y sin la ejecución total de ese falto presupuesto público.

El desafío es complejo, pero ineludible. Se trata de vencer el Covid-19 mediante la vacunación masiva, lo más rápido posible, de toda la población. Pero al mismo tiempo se debe retomar la atención normal, cotidiana, de todas las demás enfermedades y condiciones de salud que dejaron de verse, apuntando a un servicio de mejor calidad para todos. Ambos retos son complicados y están llenos de grandes dificultades, pero no hay otra alternativa que afrontarlos.

El gobierno actual o cualquier otro que venga no será ya evaluado por una campaña de vacunación exitosa. Si no se retorna la atención de la slaud general de la población y si no se inicia el camino hacia su mejora en calidad, el gobierno, cualquier gobierno, será reprobado. Para ello, las autoridades de salud deben contar, en primer lugar, con la opinión de los pacientes. Se trata de una sensibilidad que la burocracia de salud aún debe desarrollar para poder mejorar. Debe entender que ¡los pacientes importan! Si ellos son los destinatarios y receptores de las políticas de salud, solo su participación organizada, y de la sociedad civil, permitirá garantizar que las decisiones que se adopten sean legítimas y transparentes.

Artículo de opinión de Ronald Gamarra Herrera publicado en Hildebrandt en sus trece el día viernes 20 de agosto de 2021.

Fuente Hildebrandt. 

Ronald Gamarra: La Leva y el ultimátum

"Tiene usted, señor presidente Castillo, un ejemplo de limpieza, apertura y principios en el gran Pepe Mujica, que le pidió leer siempre el corazón de su pueblo y ser fiel y veraz con él. En su primera semana de gobierno ha ido  usted en otra dirección, como si quisiera sabotearse a sí mismo".

Empezó mal el gobierno del presidente Pedro Castillo, nombrando un gabinete que no concita ni convoca la confianza de nadie que no sea del estrecho círculo de los partidarios de Vladimir Cerrón. El nombramiento de Guido Bellido como presidente del consejo de ministros, una persona investigada por apología  del terrorismo y que ha derramado misoginia y homofobia a raudales con la mayor grosería, es un golpe inaceptable para la democracia, que no existe sin paz pública, sin plena igualdad y sin discriminación.

La designación de ministros y altos funcionarios que, con muy contadas excepciones, son improvisados carentes de la mínima preparación, completa un panorama muy desalentador, que no se condice con la promesa del presidente de gobernar para el pueblo y no para los sectarios del partido de un megalómano como Cerrón. A lo que se suma los problemas de transparencia en sus primeros actos como gobernante.

Tiene usted, señor presidente Castillo, un ejemplo de limpieza, apertura y principios en el gran Pepe Mujica, que le pidió leer siempre el corazón de su pueblo y ser fiel y veraz con él. En su primera semana de gobierno ha ido usted en otra dirección, como si quisiera sabotearse a sí mismo. Torpemente, se ha disparado a los pies. Tenga la seguridad de que si usted termina machucado, molido o cayendo como resultado de estos errores garrafales, Cerrón no lo lamentará. Él tiene su propio juego, en el cual usted solo cuenta como un instrumento.

Todo lo anterior ha sido desarrollado en detalle en estos días y en esta revista. Por eso, yo quisiera enfocarme en esta columna en dos asuntos que no han sido recogidos ni comprendidos, empezando tal vez por usted mismo, señor presidente Castillo, en su real dimensión, potencialmente peligrosa y autoritaria, finalmente antidemocrática. Se trata de su llamado, en su discurso del 28 de julio, al restablecimiento del servicio militar obligatorio y su conminación "a los delincuentes extranjeros" a dejar el país en 72 horas.

Un gobierno que afirma representar al pueblo no puede recurrir a la alternativa de la obligatoriedad del servicio militar, que no es otra cosa que una forma de la mita, del trabajo gratuito, aplicada discriminatoriamente a los jóvenes, sobre todo a los más pobres entre ellos, que son los que menos oportunidades tienen de poder estudiar o hallar un trabajo. Es muy fácil decir "si no estudias ni trabajas, al cuartel"; eso no cuesta nada, eso lo puede hacer cualquier mandón.

En vez de ello, un gobierno que quiere representar al pueblo se esforzaría intensamente, con imaginación, por hacer que ese servicio militar, en la medida en que sea necesario para mantener una fuerza militar suficientemente disuasiva para asegurar la defensa nacional, sea atractivo a esos mismos jóvenes con los incentivos necesarios, morales y materiales, que debe tener toda labor, todo trabajo, todo servicio que se presta voluntariamente al Estado y a la sociedad.

Por lo demás, no sólo los jóvenes, sino todos los ciudadanos, todos los hombres y mujeres del país, tenemos el derecho y el deber de contribuir a la defensa nacional. Ello no se limita al aspecto castrense, y al menos al servicio militar; por el contrario abarca una gama de posibilidades; la del desarrollo, la protección civil, el resguardo de las libertades, la conservación del medio ambiente y otras actividades. Basta de pensar en los jóvenes como una masa que se puede meter con sogas y a patadas en el cuartel.

Porque esa es la realidad. En nuestro país, históricamente, el servicio militar obligatorio significó una afrenta y una agresión brutal a los derechos de los jóvenes pobres, especialmente indígenas y afrodescendientes casi exclusivamente ellos, forzados a prestar el servicio militar mediante procedimientos ilegales como las infames levas, que se mantuvieron hasta los años 90, junto con el maltrato físico y moral a los reclutas que podía costarles incluso la vida.

En resumen, el servicio militar obligatorio tiene en nuestro país una historia aciaga. Representa una experiencia negativa, atentatoria a los derechos humanos. Su recuerdo es un vejamen especialmente para la población indígena y afrodescendiente de nuestro país. No al servicio militar obligatorio. Por lo demás, hoy en día no se concibe otra fórmula de ejército eficiente que aquella que se basa en el uso de avanzada tecnología y el empleo de personal voluntario y profesional, debidamente capacitado.

El segundo asunto que quiero mencionar en esta columna se refiere al "ultimátum" por el cual se daba a los "delincuentes extranjeros" 72 horas de plazo, a partir del 28 de julio, "para salir del país". ¿Qué pasó? ¿Se fueron? ¿El INPE les abrió las rejas y chaparon su avión, su bus o su combi de regreso? ¿Los que estaban en libertad ganaron la frontera? ¿El gobierno los expulsó sin trámite alguno? ¿No pasó nada? En verdad, si solo hubiera sido una frase demagógica, no tendría mayor importancia.

El problema es que nadie que no quiera hacerse el tonto puede ignorar qué fibra pretendía tocar la notificación de marras: la xenofobia. El mensaje iba dirigido a los migrantes y refugiados venezolanos que residen en nuestro país por causa de la dictadura chavista y el desastre socioeconómico que ha causado en Venezuela. Alentar la xenofobia enciende de inmediato una luz de alarma sobre el respeto a los derechos humanos. La xenofobia es un terreno vedado a todo gobernante democrático.

Hubiera sido muy positivo incluir siquiera un  párrafo, una frase, dirigida al millón de refugiados venezolanos que viven ya entre nosotros y dedicarles un mensaje de aliento y seguridad, en vez de invisibilizarlos. A fin de cuentas, los venezolanos que hoy viven aquí son tan migrantes como la gran mayoría de peruanos que habitan las grandes ciudades de nuestro país, solo que vinieron de un poquito más lejos. Un gobierno que pretende representar al pueblo también debería incluir a esos hermanos desposeídos.

Artículo de opinión de Ronald Gamarra Herrera publicado en Hildebrandt en sus trece el día viernes 6 de agosto de 2021.

Fuente: https://www.hildebrandtensustrece.com/

Ronald Gamarra: Paniagua y Sagasti

Practicamente desde que tengo recuerdo, nuestro país ha tenido presidentes cuestionables o condenables. Para el olvido, la repulsa o el escupitajo. En ciertos casos, los pocos méritos  que podían tener por específicos actos  se desmerecen por los grandes errores, fallas garrafales, desvergüenzas, traiciones e incluso delitos o crímenes imperdonables  que cometieron en el ejercicio  arbitrario e irresponsable de su alto cargo, con las consecuencias nefastas tanto inmediatas como de largo plazo para el Perú.

El Gobierno de Sagasti supo trabajar para conseguir vacunas suficientes para inmunizar este mismo año a toda la población peruana y echó a andar el proceso de vacunación con una dinámica cada vez mayor. Conseguir la inmunidad colectiva gracias a la vacunación será esencial para poder recuperar la normalidad de la vida ciudadana y la esperanza en el futuro del país.

Paniagua y Sagasti, dos gobernantes discretos ajenos a la grandilocuencia y las poses mesiánicas. Sensatos en sus objetivos y serios en su cumplimiento. Sabedores de lo importante e indispensable que es formar equipos de trabajo  y, sobre todo, alejarse de los sobones, los aduladores, los charlatanes. Sin duda también cometieron errorres, pero eso es lo menor en su ejecutoria; sobre todo se esforzaron por cumplir bien al servicio del país. Lástima que, entre ambos, solo ocupen 18 meses del último medio siglo.

Artículo de opinión de Ronald Gamarra Herrera punlicado en Hildebrandt en sus trece el día viernes 30 de julio de 2021.

Fuente Hildebrandt en sus trece.

Ronald Gamarra: Vida y Muerte

La vacunación contra el Covid-19 de las personas que sufren enfermedades raras y huérfanas a partir de esta semana es un triunfo de la vida sobre la indiferencia y la muerte. Los colectivos que agrupan a los pacientes de este tipo de enfermedades para las cuales la ciencia aún no ofrece terapias y alivio efectivo, tal vez porque el pequeño número de quienes sufren cada una de ellas no ofrece incentivo comercial, lograron que el Ministerio de Salud escuche sus insistentes llamados y gestiones y decida incluirlos en el grupo de los primeros en ser vacunados junto con los adultos mayores.

Por primera vez, las personas que sufren de enfermedades raras y huérfanas logran colectivamente la atención que merecen ante un peligro inminente, frente al cual no se les consideraba como particularmente vulnerables, no obstante presentar especiales y severos factores de riesgo ante el nuevo coronavirus. Que sea el primer paso de un camino en el cual avancen hacia la atención que sus enfermedades tan especiales necesitan y merecen. Esto es parte del creciente movimiento de los pacientes de toda enfermedad que se empoderan y exigen sus derechos frente a la administración por una atención de slaud con dignidad.

Señor Ministro de Salud, que nadie se quede atrás. Necesitamos que la inmunización a las personas que sufren enfermedades raras y huérfanas se concrete a lo largo y ancho de la patria, y que se proceda a la inclusión inmediata en el proceso de vacunación de otros pacientes que se encuentran en riesgo. Es el caso de aquellos que padecen de las enfermedades autoinmunes como la psoriasis, artritis psoriásica y artritis reumatoide, o de la diabetes tipo 1, o de enfermedades crónicas no transmisibles, También, por cierto, a los cuidadores de niños y niñas que sufren las enfermedades raras y huérfanas. Señor Oscar Ugarte, estas son condiciones médicas ya identificadas y establecidas como factores de riesgo en el documento Técnico: Prevención Diagnóstico y Tratamiento de personas afectadas por el covid 19 en el Perú; solo hace falta cumplir con la norma, siguiendo además la experiencia de países como Chile, Panamá y Bolivia que han priorizado la vacunación de los pacientes con las enfermedades señaladas por considerarlos pacientes crónicos.

Por otro lado, los avances en la inmunización de toda la población en general contra el covid 19 son otro punto a favor de la vida, después de un año errático frente a la pandemia. Reparando errores iniciales, el gobierno ha logrado pasar de una situación en que no teníamos vacunas en absoluto a otra en la cual se empieza a disponer de ellas en cantidades importantes y, sobre todo, se observa dinamismo en la inoculación con tasas diarias que cada vez suben más. La vacunación masiva será, a fin de cuentas, el arma fundamental para superar la pandemia.

También tenemos que subrayar que las víctimas de la segunda ola de la pandemia de covid en nuestro país vienen bajando en forma sostenida en las últimas dos semanas, después de cifras de terror que superaron los 400 fallecidos diarios. Parece que esta vez los números de contagio y fallecimientos se encaminan a niveles previos a esta ola. Sin embargo, aun cuando esos pisos están a la baja, todavía son signos temibles. Hay enormes sombras. En general, estamos acercándonos a la mitad de las víctimas registradas en la primera ola, con un promedio actual de más de 160 fallecidos por día, cifra que, en términos absolutos, todavía es abrumadora.

Sería, entonces, un grave error desatender ahora las medidas de prevención que sea necesario observar a nivel individual y colectivo. No sea que la caída de los contagios y fallecimientos se detenga y volvamos a escalar un nuevo pico, como ha ocurrido en el curso de esta misma segunda ola. Velar porque la curva letal de la enfermedad baje definitivamente y termine la segunda ola es la responsabilidad central de todos. O debería serlo. No debemos descuidarnos ante la nueva variante C-37, originaria de Chile y Perú, identificada como la responsable del 80% de los contagios de esta segunda ola, o cualquier otra que pudiera aparecer.

 

Lamentablemente, vemos todos los días comportamientos que van en contra de los cuidados necesarios ante la pandemia. Aglomeraciones por los más diversos motivos, particularmente ahora por causa de unas candidaturas que hablan de salud, pero propician las condiciones del contagio con mítines y caravanas; por lo demás, organizados sin el menor cuidado ni advertencia a los ciudadanos. Eso dice mucho de lo que en realidad les interesa a los políticos la salud de las personas concretas, de carne y hueso, en quienes solo parecen ver apoyos potenciales, masas a conquistar o comprar, votos que deben cosechar cueste lo que cueste.

Lo peor ha sido la masacre de 16 compatriotas, entre ellos cuatro niños, perpetrada en el Centro Poblado San Miguel del Ene, por una facción residual, crónica en el Vraem gracias a su alianza con el narcotráfico, que se hace llamar Militarizado Partido Comunista del Perú, una herencia del viejo Sendero Luminoso. Una matanza atroz que debe ser investigada y sus autores recibir la más dura sanción posible. Sanguinarios. La reacción de no pocos antes este horrendo asesinato colectivo dejó mucho que desear en cuanto a humanidad, pues no les importó utilizarlo para sus fines particulares de propaganda política en función de la segunda vuelta electoral. Miserables. Se trata de una reacción inescrupulosa, que merece condena y rechazo porque es un voto a favor de la muerte. Así nos debatimos a diario en elPerú de hoy, entre la afirmación esforzada de una vida precaria y la muerte que algunos celebran porque sirve a sus fines. 

Artículo de opinión de Ronald Gamarra Herrera publicado en Hildebrandt en sus trece el día viernes 28 de mayo de 2021.
Fuente: https://www.hildebrandtensustrece.com/

Ronald Gamarra: Educación, dos años perdidos

Probablemente, el sector más golpeado por la crisis sanitaria que vivimos sea el de la niñez y adolescentes. Por cierto, no porque entre ellos se produzca un alto número de víctimas directas como enfermos del covid 19, sino porque socialmente, en bloque, han sufrido consecuencias directas en el plano psicológico por la ansiedad de la enfermedad y la muerte de sus abuelos y las medidas de confinamiento prolongadas que han debido sobrellevar a una edad en que el cuerpo y la mente están en acelerado desarrollo y exigen sobre todo actividad y experiencia de iniciación en el conocimiento del mundo.

Parte esencial de ese desarrollo es la educación. Ese derecho humano fundamental, básico e inalienable, que contribuye al despliegue de la dignidad de las personas. Ese medio indispensable de realizar otros derechos humanos. Pues bien, las niñas, los niños y adolescentes de nuestro país perdieron por completo el año educativo 2020 y a estas alturas es indudable que perderán también el correspondiente al 2021. Dos años completos de formación y aprendizaje, perdidos para esta generación, que ya no se recuperarán jamás. Una catástrofe, pues. Los niños y adolescentes de esta época que ha enfrentado una situación tan difícil, con consecuencias parecidas a las de una guerra, tendrán enormes desventajas que superar para poder aspirar a un futuro digno.

El desastre abarca por completo a la educación pública, pero gran parte de la educación privada, la de pensiones más bajas, tampoco ha podido escapar a él. En realidad, ni siquiera los grandes colegios privados salen indemnes, pues la instrucción por internet no sustituye ni de lejos la enseñanza en el aula y el contacto directo con los profesores. Los padres de familia, especialmente las madres, han tenido que tratar de hacerse cargo de la mitigación de la catástrofe, sumando esta preocupación a las de la sobrevivencia, pero es evidente que sus esfuerzos solo pueden ser parciales y dispersos.

Esta gran calamidad educativa se suma al monumental desastre que ya era, en realidad, la educación nacional. Pero ahora se trata de que, lo que estaba en muy mala situación, termina por irse al fondo del barranco. Las niñas, los niños y adolescentes de nuestro país, que teóricamente cuentan con una protección constitucional preferente, de pronto se quedaron sin ese soporte precario, endeble, de muy baja calidad, pero soporte, al fin y al cabo, que les daba la escuela. La escuela que, finalmente, es la vía de inserción de la niña, niño y el adolescente a una sociedad extremadamente cerrada y para nada abundante en oportunidades.

La educación pública y la salud pública han sido las dos mayores víctimas de la política de privatización predominante en nuestro país en los últimos treinta años. Política que fue inaugurada por el fujimorismo, con el abandono total de mínimas cotas de calidad educativa. Así fue como vimos descender, año tras año, el nivel educativo más allá de lo que podía imaginarse, siempre descubriendo nuevo espacio para empeorar. El ingreso a saco de los mercaderes en el sector educativo tuvo su correlato en el nivel más bajo de la educación nacional en muchas décadas.

Precisamente, ante esa decadencia, cobró alguna fuerza el reclamo por reforzar y desarrollar la calidad educativa. Una calidad educativa que, en mínima medida, con suma timidez y afrontando grandes dificultades, se trató de impulsar en esta década y que el fujimorismo petardeó arteramente con las sucesivas censuras de ministros de educación como Jaime Saavedra, hoy director mundial de educación del Banco Mundial, y el ataque sistemático al enfoque de igualdad de género desde la perspectiva del oscurantismo y el machismo.

Recuperar la educación peruana para nuestras niñas, niños y adolescentes y darle la calidad necesaria es una tarea que, después del desastre de esta pandemia, deberíamos finalmente afrontar. Sin embargo, nada indica que transitaremos esa vía. La recuperación de la educación peruana es un objetivo de realización incierta. Las señales que dan ambos candidatos de la segunda vuelta son muy desalentadoras. No tienen un plan, ni siquiera una reflexión, una visión, de las necesidades y el futuro de la educación peruana.

Hace unos días, por ejemplo, Pedro Castillo anunció la reorganización de la SUNEDU, uno de los raros esfuerzos del Estado por promover la calidad a nivel universitario. En ese propósito demagógico coincide, sin duda, con Keiko Fujimori, cuya tendencia política está precisamente en el origen y la existencia de las universidades basura, que la financiaron en sus campañas e intrigas. Todos recordamos lo que hicieron con la universidad Alas Peruanas, caja del fujimorismo. Como nos acordamos del permanente ataque al que Keiko y sus secuaces, desde el Congreso y también fuera de él, sometieron a esa Superintendencia. Con candidaturas así, es muy posible que las niñas, niños y adolescentes peruanos también pierdan el año escolar 2022.

Artículo de opinión de Ronald Gamarra Herrera publicado en Hildebrandt en sus trece el viernes 30 de abril del 2021.

Fuente Hildebrandt. 

Ronald Gamarra: La lección de Ana Estrada

Las procuradurías del Ministerio de Justicia, del Ministerio de Salud y de EsSalud decidieron no interponer recursos de apelación contra la sentencia que ampara el derecho de la señora Ana Estrada a una muerte digna, y considera afectados sus derechos a la dignidad, autonomía, libre desarrollo de la personalidad y no sufrir tratos crueles e inhumanos, al impedírsele -vía una prohibición penal general- decidir sobre el fin de su vida como resultado del ejercicio de un derecho. Con tal decisión, la sentencia de 22 de febrero pasado, emitida por el décimo primer juzgado constitucional, queda consentida, es decir, que queda consolidada y sin cuestionamiento como una decisión judicial aceptada por las partes intervinientes en el proceso, que a la vez establece jurisprudencia sobre un caso tan delicado, proclamando la primacía de los derechos humanos sobre toda otra consideración. Ahora solo queda la remisión del expediente, vía consulta, a la Corte Suprema, donde sin duda alguna será acogida.

Hay que destacar como se merece las decisiones de estas procuradurías. En primer lugar, porque en un giro completo y en menos de dos meses abandonan las posiciones carcas y conservadoras que expresaron por escrito en la contestación a la demanda y en la audiencia oral, oportunidades en las que pidieron se declare la improcedencia de la solicitud de Ana Estrada, señalaron que ni la Constitución ni el código penal lo permiten, y alegaron cosas como que la enfermedad que padece no se encuentra en un estado terminal ni le produce intolerables dolores, que se requiere de una norma expresa que desarrolle el derecho a la muerte digna, y que Ana Estrada pretende que el juez se convierta en legislador. En suma, pusieron en duda su dolor, le dijeron no, trataron de obligarla a soportar padecimientos indignos en nombre de sus creencias -la de ellos, claro- y la enviaron a reclamar al Congreso.

En segundo lugar, porque fijan una radical diferencia con la actitud de otras procuradurías públicas que no han dudado en cuestionar y hacer todo lo posible, recurriendo incluso a leguleyadas, para bloquear decisiones progresivas de la justicia que amparaban derechos humanos. Uno de los casos más vergonzosos fue el de la procuraduría de la RENIEC, que movió cielo y tierra para impedir que surtiera efecto la decisión de un juez que amparó el derecho de una pareja del mismo sexo a que su matrimonio, celebrado en el extranjero, se inscribiera en el registro civil nacional.

De este modo, me parece que, por primera vez, una procuraduría pública actúa en función de la ley y los derechos humanos, que el Perú reconoce constitucionalmente y por tratados internacionales, en lugar de litigar por inercia y actuar como el perro del hortelano, que no come ni deja comer, defendiendo ciegamente una supuesta legalidad que no es tal sino la excrecencia ideológica de siglos de poder arbitrario, prejuicios y oscurantismo en contra de la persona humana. Las procuradurías no pueden ni deben ser miopes y menos ciegas en las causas en las cuales toman parte.

No obstante, si las procuradurías públicas, contra la razón, hubiesen apelado la sentencia, la señora Ana Estrada hubiera estado preparada para seguir dando la pelea que ejemplarmente ha estado librando en estos años, a pesar de las condiciones extremadamente precarias de su salud y su capacidad física. Porque, aún en su condición crítica de salud, ella demuestra integridad y fortaleza ética y moral, deslumbrante lucidez intelectual y ejemplar generosidad como para entender que su lucha por un derecho humano esencial, como el derecho a morir con dignidad, es crucial para la dignidad de todos, inclusive los que se oponen con pretextos majaderos.

Qué diferencia entre la actitud y la acción de la señora Estrada y la de otros que muestran un cristianismo de pacotilla, propio de Torquemada, cuando le responden brutalmente “que se suicide”, en vez de accionar ante la justicia por el respeto a un derecho humano. No cabe comparación entre estas dos actitudes diametralmente opuestas ya desde el punto de vista ético. En el caso de la señora Estrada observamos la defensa del derecho en su expresión más limpia y pura, mientras en el otro caso solo vemos la actitud propia de un déspota y fanático sin capacidad de empatía.

La batalla de Ana Estrada quedará para siempre entre los mayores hitos de la lucha por el derecho y la justicia en nuestro país, sin importar los avatares que el caso pueda enfrentar en adelante. Jamás tantos debimos tanto a alguien tan frágil en tan diversos planos: el de la justicia, el de la ética, el de la conducta personal. En medio de una situación caótica, en la cual cada quien trata de sacar todo el partido posible en beneficio propio y egoísta, sobre todo en el triste plano de la política, la señora Estrada nos ha dado la más sencilla pero inolvidable lección de desprendimiento, luchando en el nombre de todos.

¿Esto significa que, después de la sentencia conseguida por la señora Estrada y la por ganar en la Corte suprema, ella ya tiene asegurado el derecho a la muerte digna? Así debería ser en un estado plenamente constitucional, pero en nuestro país, lamentablemente, no se puede dar por descontado. Al contrario, tengamos la seguridad de que los retrógradas harán de todo para impedir que la Corte Suprema se pronuncie favorablemente en la consulta y para evitar la ejecución del pronunciamiento judicial que ordena se inaplique un artículo del código penal para permitir su muerte digna y no se sancione a los profesionales que la practiquen, considerando que ella no puede hacerlo por sí misma, de un lado, y ordena al Ministerio de Salud y a EsSalud respetar su decisión de poner fin a su vida a través del procedimiento técnico de la eutanasia, de otro. Y claro, para limitar al máximo el mal ejemplo de la sentencia y evitar su expansión en sede parlamentaria. No importa; seguiremos consolidando y ampliando la trocha abierta hasta que quede firme. Porque tenemos un ejemplo extraordinario que nos alienta y anima: el ejemplo de esa mujer extraordinaria que es Ana Estrada.

Gracias Ana por recordarnos que el derecho a la dignidad debe entenderse como válido para toda la vida del individuo, incluida la terminación de ésta. Gracias totales por enseñarnos que el derecho a vivir en forma digna importa también el derecho a morir con dignidad.

Artículo de Opinión de Ronald Gamarra Herrera publicado en Hildebrandt en sus trece el día viernes 05 de marzo de 2021.

Fuente Hildebrandt.