En medio de la situación de enfrentamiento
que vive el país, con una costra aprofujimorista parapetada en el Congreso, que
se opone a piedra y lodo a toda propuesta del Gobierno para superar la crisis
mediante el adelanto de las elecciones generales para que el pueblo elija un
nuevo Presidente de la República y un nuevo Congreso en el 2020, hay todavía
muchos que se hacen los tontos y pretenden que se trata de una “crisis institucional”
caracterizada por un desafío clásico entre el Poder Ejecutivo y el Poder
Legislativo.
En consecuencia, recurren a los
constitucionalistas para que nos den la solución al desmadre, y estos hacen
malabares teóricos para acomodar sus respuestas a sus respectivas preferencias.
Porque, al igual que cualquier otra persona, no son personajes neutros que
habitan un limbo conceptual sino protagonistas de carne y hueso, con apetencias
y ambiciones, aspiraciones e ideales, con compromisos, pactos y muchas veces
servidumbres relacionados de muy diversas maneras con los poderes fácticos que
rigen en el país.
Esos mismos “ingenuos” que creen que
estamos en una crisis puramente institucional de enfrentamiento entre nuestras
más altas instancias políticas, también recurren a propuestas sacadas de la
manga para solucionar el impase en algún salón donde los grandes
plenipotenciarios de cada parte puedan acordar un “pacto de caballeros” que
permita alguna modalidad de convivencia que les permita vivir sin que hagan olas
en el escenario político hasta el 2021. Se trataría, pues, de hallar el modo de
activar la buena voluntad dormida de unos líderes ofuscados.
Lo que pasan por alto estos analistas
ingenuos es un hecho fundamental, y es la presencia de una trama mafiosa como
protagonista central de la crisis. La alianza fujiaprista representa ya sin
ningún sonrojo ni cobertura los intereses de esa hampa que pretendió
consolidarse a partir de la obtención de la mayoría parlamentaria absoluta en
las elecciones del 2016 y empezó entonces, sistemáticamente, a someter
organismos claves del Estado a sus designios de poder. El poder para
asegurárselo indefinidamente y para enriquecerse con millonarios negocios.
Para ello tejieron una red poderosa cuyos
alcances solo empezamos a vislumbrar con los innumerables audios puestos al
descubierto por una aislada pero valiosa y valerosa investigación fiscal que
pudo salir adelante en el 2018 y sobrevivir hasta hoy a los más diversos y
torcidos intentos de neutralizarla o ahogarla. Entre el juez Ríos, que hacía y
deshacía en el Callao, como muchos otros colegas suyos en el país, coordinados
por el juez supremo Hinostroza y sus cómplices al más alto nivel, y la alianza
fujiaprista, hay una ligazón umbilical demostrada por un blindaje jamás visto
como el desplegado por esta facción parlamentaria para defender a corruptos.
En el 2016, la mafia política tenía ya el
Legislativo y prontamente se lanzó a copar el Consejo Nacional de la
Magistratura y el Jurado Nacional de Elecciones. Luego le tocó el turno al
Ministerio Público, donde lograron la mayoría en la Junta de Fiscales Supremos
y que uno de los suyos llegara a ser Fiscal de la Nación. Tenían la ambición de
conquistar la Corte Suprema y se preparaban para ello. Preparaban sus fichas
para copar, llegado el momento, el Tribunal Constitucional. Por cierto, su
objetivo era el Gobierno y por ello apuntaron contra él desde el primer
momento.
Por eso es inaceptable y despierta
suspicacia que algunos analistas obvien este dato brutal de la realidad y
reduzcan la crisis a un impase común entre legislativo y ejecutivo. No señores,
no señoras, el dato crucial está detrás de esa falsa fachada y se llama mafia
política. Los intereses y tentáculos de esa mafia política quedaron al
descubierto totalmente en el curso del último año, así como su desesperada,
decidida e incondicional defensa de sus representantes más despreciables.
Negarse a verlo así en este momento decisivo representa una posición vergonzosa.
Indefendible. Y un caro servicio al hampa.
El conflicto presente es esencialmente una
crisis política de resistencia ante el asalto al Estado por una mafia política.
Este es el punto fundamental. Que no nos vengan entonces con diseños
constitucionales para solucionar esta delicadísima situación. Cualquier sistema
constitucional, sea presidencialista o parlamentario, se pervertirá y pudrirá
si la mafia política consigue sus objetivos de quedarse en el poder manteniendo
sus topos y contactos, y sobre todo si consigue su objetivo esencial que es la
impunidad de sus capitostes.
Muchos de esos capitostes mafiosos se
encuentran en el propio Congreso, protegidos por la inmunidad parlamentaria.
Algunos ya son ampliamente conocidos, otros son objeto de fundadas sospechas.
La revelación de los codinomes de Odebrecht, en octubre, podría aclarar mucho
más el panorama hasta para el más necio. Pero me temo que aún entonces, a pesar
de las evidencias y de que los mafiosos al descubierto sigan pululando en el
Congreso, habrá opinantes y políticos “ingenuos” que sigan viendo un conflicto
“institucional” típico de los manuales de derecho constitucional.
De lo que son capaces algunos de esos
teóricos del fuiaprismo dizque constitucional, dio prueba uno que es mejor ni
mencionar, cuando sostuvo que los congresistas no debían escuchar la opinión
del pueblo porque el pueblo ignora qué es el bien común y, en cambio, los
parlamentaros sí saben qué cosa es. Imaginen el tamaño de esta pachotada. El
hedor de esta evacuación. ¡Mulder, Becerril, Beteta, Arimborgo, Mamani, Edwin Donayre,
Miqui Torres y otras joyitas que plagan este Congreso lumpen son los únicos que
saben qué es el bien común y nos lo pueden imponer como les venga en gana!
Por supuesto, el pueblo es más razonable y
le dice NO a esta mafia empoderada.
Artículo de opinión de Ronald Gamarra Herrera publicado en Hildebrandt en sus trece el día viernes 20 de septiembre de 2019.
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