La disolución constitucional del Congreso
dispuesta por el presidente Vizcarra es materia de comentarios desinformados,
desatinados, interesados y deliberadamente mentirosos. Aunque ya escribí antes
de esto, veo la necesidad de volver a hacerlo ahora dado que los medios nos
tienen saturados con versiones confusas que equiparan sin más, como si fueran
la misma cosa, la disolución constitucional dispuesta el 30 de septiembre con
el golpe de estado de Alberto Fujimori perpetrado el 5 de abril de 1992. Y lo
haré paso a paso, con paciencia, como para que lo entienda hasta el que insiste
en hacerse el tonto.
1. La disolución del Congreso es un
mecanismo de solución de grave conflicto entre el Poder Ejecutivo y el Poder
Legislativo, con la finalidad de que sea el pueblo el que defina la
controversia en nuevas elecciones para la representación nacional. Es muy
frecuente en las democracias parlamentarias y ha sido incorporado a las
democracias presidencialistas. Tanto la Constitución de 1979 como la de 1993
contienen el mecanismo de la disolución parlamentaria, sujeto a determinadas
reglas.
2. La Constitución de 1979 permitía al
Presidente de la República disolver la Cámara de Diputados si ésta censuraba o
negaba la confianza a tres gabinetes. En ningún caso se podía disolver el
Senado. Recordemos que entonces el Poder Legislativo era bicameral. La cámara
política era la de Diputados, cuyas decisiones se imponían con solo su
insistencia si el Senado las observaba. El Presidente debía convocar a
elecciones para la Cámara de Diputados que debían celebrarse en el plazo de 30
días.
3. La Constitución de 1993 permite al
Presidente de la República disolver el Congreso cuando éste censura o niega la
confianza a dos gabinetes. Se mantiene en funciones la comisión permanente del
Congreso hasta la elección de los nuevos representantes. El Presidente de la
República debe convocar a elecciones parlamentarias a celebrarse en el plazo de
cuatro meses.
4. Cuando el 5 de abril de 1992 Fujimori
dispuso cerrar el Congreso, violó flagrantemente la Constitución. El Congreso
de entonces no había censurado ni negado la confianza a ningún gabinete, ni
siquiera a un solo ministro. Su decisión, claramente, carecía de todo
fundamento legal. Pero no solo eso. Fujimori también ordenó el cierre del
Senado, lo cual estaba expresamente prohibido por la Constitución. Y también
ordenó la intervención y toma del Poder Judicial, el Ministerio Público, el
Consejo Nacional de la Magistratura, el Tribunal de Garantías Constitucionales
(actualmente Tribunal Constitucional) y la Contraloría General.
5. Además, Fujimori decretó la suspensión
de la propia Constitución en todo aquello que se oponga a los objetivos de su
gobierno. Y de acuerdo con ello, proclamó la constitución de un “Gobierno de
Emergencia y Reconstrucción Nacional”, liderado por él, sin límite
constitucional alguno. Fujimori impuso sus medidas con el respaldo armado de
los militares que conspiraban con él, coordinados por Vladimiro Montesinos, el
artífice de la asonada. Y se ocupó violentamente con tropas y tanques las sedes
de los poderes y órganos del Estado intervenidos, se tomó numerosos
prisioneros, incluidos los presidentes y vicepresidentes de ambas cámaras, unos
bajo arresto domiciliario; otros secuestrados, como el vicepresidente de la
Cámara de Diputados, a quien se mantuvo incomunicado en un buque de la Marina.
6. Fujimori y Montesinos ordenaron la
detención ilegal de numerosos civiles, como el periodista Gustavo Gorriti,
secuestrado en los sótanos del Pentagonito, cuya detención solo se reconoció
ante la decidida presión de la prensa internacional.
7. Por si todo lo anterior no fuese
suficiente, Fujimori ordenó la intervención con tropas de los medios de
comunicación: diarios, revistas y radios. Los dueños de las estaciones de
televisión fueron los primeros en someterse, por lo que no necesitó enviarles
tropas.
8. Está claro, por los puntos anteriores, que
el 5 de abril de 1992 Fujimori delinquió deliberadamente y en forma múltiple
contra la Constitución y las leyes. No cabe la menor duda de que fue un artero
golpe de estado. Golpe por el que ciertamente, salvo el general Juan Briones
(que incluso no cumplió totalmente su pena), nadie fue condenado.
9. Vayamos ahora al 30 de septiembre de
este año 2019. El Congreso, tomado por una mayoría lumpen, heredera del viejo
Fujimori, tiene bloqueado al Poder Ejecutivo desde que empezó el periodo
gubernativo en el año 2016. Esa mayoría fujiaprista ya tiene en su haber un
gabinete al cual le negó la confianza y lo derribó. El vicepresidente Martín
Vizcarra se ha hecho cargo de la Presidencia de la República ante la renuncia
del titular, presionado por dos procesos sucesivos de vacancia, y trata de
llevar adelante la gestión presidencial, con decencia, cierta intuición
patriótica y marcada debilidad, pero encuentra el desafío renovado de una
mayoría parlamentaria que quiere someterlo, convertirlo en el pelele que no fue,
en el hombre de paja que se resistió a ser. El Presidente recurre a sucesivas
cuestiones de confianza que son formalmente concedidas y luego escamoteadas con
descaro. Pendejos los representantes del poder corrupto.
10. El Gobierno anuncia el viernes 27 de
septiembre una nueva cuestión de confianza en relación con el proceso de
elección de los miembros del Tribunal Constitucional, llevado a cabo a la mala,
de manera expeditiva y escandalosa para coparlo, monopolizarlo, con perjuicio
de toda garantía de transparencia y del derecho a la información de la
ciudadanía, con el ánimo evidente de proteger a sus miembros y cómplices
involucrados en delitos de corrupción.
11. El lunes 30 de septiembre, el
Presidente del Consejo de Ministros se presenta en el Congreso para plantear la
cuestión de confianza. Insólitamente los fujiapristas le cierran las puertas
del pleno, en violación de la Constitución, que establece el derecho de los
ministros a participar y plantear cuestiones en cualquier momento en los
debates del pleno. El premier del Solar no se amilana y fuerza su ingreso al
pleno aprovechando un descuido de los custodios de seguridad que hacen frente a
la protesta de otros congresistas. En el pleno, no se le da la palabra al
premier y éste debe usar el tiempo de un congresista para plantear la cuestión
de confianza. Y a pesar de que es obligación constitucional del Congreso
debatir y votar de inmediato la cuestión de confianza, el pleno decide esa
misma mañana, por 80 votos, no debatir y postergar la cuestión planteada para
después de la elección express de los nuevos miembros del Tribunal
Constitucional. Es decir, para después del hecho mismo cuya realización vacía
de todo contenido la cuestión de confianza. Y comenzó esa elección designando
como nuevo miembro del TC al primazo del presidente del Congreso (a quien ahora
se pretende imponer en reemplazo del buen magistrado Eloy Espinoza Saldaña).
12. Con lo decidido y hecho esa mañana, el
Congreso lumpen demostró con los actos más contundentes y groseros que no
otorgaba la cuestión de confianza solicitada, con lo cual quedaba derribado el
segundo gabinete, y el Presidente de la República se encontraba habilitado
plenamente para disolver el Congreso en aplicación de la Constitución. Cuando
los congresistas se dieron cuenta de que Vizcarra no bromeaba, corrieron
apresurados a votar la confianza, pero ya era muy tarde, sus hechos no podían
ser borrados por una votación tardía y convenida, y el Presidente ya
pronunciaba la disolución. Luego hicieron payasadas, como la de “suspender” a
Vizcarra y “jurar” a una nueva “presidente”, que constituyen graves delitos.
13. A diferencia del 5 de abril de 1992,
esta vez se mantiene la comisión permanente del Congreso. No hay organismos
autónomos ocupados, ni medios de comunicación intervenidos, ni detenidos, ni
perseguidos, ni tanques, ni tropas en las calles. Y se ha convocado de
inmediato a elecciones congresales para el 26 de enero. Allí todos los
ciudadanos tenemos la decisión en nuestras manos.
En conclusión: hay que ser un tonto rematado para comparar el 30 de septiembre con el 5 de abril; y hay que reconocerle a Vizcarra el crédito histórico de –dejando de lado una posible salida conciliadora con el poder corrupto- desbaratar los planes lumpenescos del fuajiaprismo y, tal vez, el de haberlos liquidado. Como dice un amigo, sin él, nadie estaba en posición de detener o resistir el poder de la costra fujiaprista porque el centro se había evaporado, la izquierda no había hecho más que dividirse y la calle no calentaba.
Artículo de opinión de Ronald Gamarra Herrera publicado en Hildebrandt en sus trece el viernes 04 de octubre de 2019.
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