Ronald Gamarra: Sin Tribunal Constitucional

El Perú se ha quedado sin Tribunal Constitucional. Lo que resta de esta entidad de primera importancia para la correcta aplicación e interpretación de la Constitución y, por ende, para el adecuado funcionamiento del estado democrático, no merece ya ese nombre, que le resulta tan grande, inadecuado y ajeno. Lo que ahora existe bajo la denominación meramente formal de Tribunal Constitucional, es una triste mesa de partes, una aliquebrada junta de botones, un club de chicos de los recados, un mal hato de dominguillos, una especie de juzgado coactivo, donde se tramitan y aprueban los caprichos y apetencias de la mayoría congresal que los designó, una mayoría accidental, temporal e ilegítima, repudiada por más del 90% de la población nacional.

Los propios tribunos han elegido el camino de la irrelevancia, del cero para el TC, al convertirlo con sus sentencias en un evidente rabo de la mayoría congresal. Un accesorio de los tunantes de la Plaza Bolívar. Era algo previsible, una deriva que muchos previeron desde el mismo momento de sus nombramientos, teniendo presente sobre todo la forma en que fueron elegidos, con demasiadas manchas y procedimientos cuestionables por parte de la mayoría fenicia del Congreso, la misma que ahora pretende perpetrar la designación del Defensor del Pueblo con un similar procedimiento opaco, sospechoso y antidemocrático.

Con su reciente fallo en la demanda de conflicto competencial entablada por el Congreso contra el Poder Judicial, la actual conformación del TC ha terminado por echar a perder la legitimidad de este alto organismo. Una sentencia que es una falla monumental de principio a fin, un acto de entrega entera y universal, en la cual le dan la razón en todo, absolutamente todo, a la mayoría congresal, sin importarle en absoluto romper el equilibrio de poderes establecido por la Constitución y exonerar al Congreso del control constitucional que el Poder Judicial está llamado a ejercer.

En el colmo de una actitud servil, el actual TC le da a la mayoría congresal mucho más de lo que demanda, de un modo que quedará indeleble en los anales de la vergüenza de la vida jurídica e institucional del país, al promover la persecución de los magistrados que dieron trámite a acciones que promueven el ejercicio del control constitucional en sede judicial sobre los actos arbitrarios del Congreso. A esos jueces este TC, hacha y machete en mano, los denuncia de hecho ante la Junta Nacional de Justicia, a la cual le hace un llamado directo a investigarlos y sancionarlos.

Pero eso no es todo. Siempre enfilando más allá de lo demandado, solícito y ganapán como nadie, el actual TC motu proprio “exhorta” al Congreso a modificar la Constitución para incluir a los titulares del Jurado Nacional de Elecciones, la ONPE y el RENIEC en los alcances del artículo 99, de modo que el Congreso pueda insultarlos, flagelarlos, sancionarlos y destituirlos, posibilidad que hasta hoy no existe, pero que tanto ansía la vengativa mayoría congresal fraudista. Así, el TC le sirve a la truhanada parlamentaria, en bandeja de plata, la cabeza del presidente del JNE, pero sobre todo le abre la puerta para controlar a su gusto el sistema electoral.

Este TC complace de manera consistente, con varios fallos ya, a la mayoría congresal en uno de los asuntos que a ésta más le interesa: la destrucción de la Sunedu y la toma del sistema universitario por las millonarias redes de negocios de las universidades basura. Precisamente en estos días hemos presenciado la toma efectiva de la Sunedu y su desnaturalización con la incorporación de directivos nombrados oscuramente y un nuevo titular que es una joya, que estuvo investigado por manejos turbios de las designaciones docentes que hacía “políticamente”, según sus propias palabras, para favorecer arbitrariamente a unos en desmedro de otros. La destrucción de la educación universitaria tiene un actor central en el actual TC.

Así pues, tenemos ahora instituido un desequilibrio de poderes que da al traste con el sistema democrático de gobierno. Gracias al TC, el Congreso queda libre para hacer de manera grosera lo que le da la gana, con dolo e impunidad, pues ha cortado brutalmente la posibilidad del control constitucional en sede judicial. Vamos, en realidad, el Congreso es ahora la única entidad del Estado que no tiene ni siquiera supervisión de la ejecución de su propio presupuesto por parte de la Contraloría General de la República, y por eso vemos el despilfarro descarado y “legal” en almuerzos y cenas buffet de lujo, teléfonos celulares de alta gama, cuatro pasajes mensuales para viajar donde quieran y los seguros de salud privados más caros del Perú para los congresistas y sus familias; todo pagado por el Estado. Por usted, respetado lector.

Que este TC era capaz de cualquier cosa para servir a la despreciable mayoría congresal que lo designó, lo vimos descaradamente ya en enero, cuando se prestó a la maniobra burda del grupo de parlamentarios que aprobó la ley anti-Sunedu, los cuales insólitamente demandaron ante el TC la inconstitucionalidad de la ley que ellos mismos habían promovido y aprobado. La intención, como estaba clarísimo, era que el TC declare infundada la demanda y por tanto la constitucionalidad de la ley, con lo cual se cerraban automáticamente los procedimientos abiertos en sede judicial que impedían la aplicación inmediata de la ley anti-Sunedu.

El TC, en aquella oportunidad, en vez de rechazar la ordinaria maniobra, propia de tinterillos de medio pelo, y llamar la atención a los congresistas manipuladores, actuó tal como estos querían e impuso la aplicación inmediata de la ley anti-Sunedu. Aquella connivencia del TC con la maniobra de los parlamentarios un día tendrá que ser investigada, pues el país no puede convivir con tanto descaro protegido bajo la investidura de congresista o tribuno, como tendrá que ser sometida a revisión toda la ejecutoria de este TC.

No olvidemos que este TC no habría podido ser designado sin los votos cómplices de esa pandilla ultraizquierdista jefaturada por Vladimir Cerrón, que tantas veces se ha puesto de acuerdo con la ultraderecha para repartijas como ésta.

Tal vez sea el momento de replantearse la forma de designar a los miembros del TC. El Congreso ha quedado descalificado para hacer éste y otros nombramientos clave. En la Constitución de 1979, el entonces Tribunal de Garantías Constitucionales, compuesto por nueve jueces, era designado a partes iguales por el Gobierno, el Poder Legislativo y la Corte Suprema. La Constitución de 1993 cambió el sistema. ¿Sería aconsejable retornar a él? ¿Hay que probar con otro método? Preguntas inevitables que surgen en este momento crítico de deslegitimación de nuestras principales instituciones democráticas. La mayoría congresal ya pervirtió al TC, ahora se dispone a hacer lo mismo con la Defensoría del Pueblo, y mañana someterá al sistema electoral, si no se lo impedimos los ciudadanos de este nuestro sufrido Perú.

Artículo de opinión de Ronald Gamarra Herrera publicado en el Semanario Hildebrandt en sus trece, el viernes 03 de marzo de 2023.

Fuente Hildebrand en sus trece: https://www.hildebrandtensustrece.com/

"No Matar", por Ronald Gamarra Herrera

¿Qué pasa por la cabeza –o las entrañas– de un policía para lanzar, prácticamente a quemarropa, una bomba lacrimógena contra el cuerpo de un manifestante que está quieto, en la vereda, de espaldas a él, y le impacta en la cabeza y lo mata, destrozándole el cráneo y volándole parte de la masa cerebral? Todos lo hemos visto muy claramente en diversas imágenes registradas en videos de seguridad de la avenida Abancay, cuadra 9. Los ciudadanos próximos a los agentes en ese lugar específico estaban tranquilos, desarmados, no representaban una amenaza, y no había allí ningún enfrentamiento. Inmediatamente después de disparar, los dos efectivos de la fuerza de seguridad (el matador y su colega), como si nada hubiera ocurrido, sin correr y sin sobresalto, se retiran tranquila e impunemente hacia su pelotón en medio del desconcierto y la consternación de los compañeros del malherido que se apresuran a prestarle auxilio.

Esas fueron las circunstancias de la muerte del ciudadano Víctor Santisteban Yacsavilca, hombre mayor, padre y abuelo, trabajador migrante en la Argentina desde hace muchos años, de regreso temporal a su patria, que en ejercicio de sus derechos salió a manifestar por sus opiniones y convicción. El policía que le dispara sin motivo, al margen de toda norma de humanidad, y de forma ilegal, ilegitima, arbitraria y no profesional, violó los principios, reglas, niveles y condiciones mínimas indispensables en el uso de armas contra personas que ganan la calle para protestar, empezando por el empleo diferenciado y progresivo de la fuerza, y por la distancia: la legislación vigente establece que no se puede lanzar cartuchos lacrimógenos a menos de 35 metros de distancia y nunca contra el cuerpo de los ciudadanos, menos contra gente que no actúa violentamente en la circunstancia concreta, ni representa un riesgo hacia la integridad o la vida de los funcionarios públicos encargados de hacer cumplir la ley y de terceros.

El gobierno y el alto mando de la policía observan ante el hecho escandaloso un oprobioso silencio. Peor todavía, con el apoyo de una importante parte de la prensa y la televisión, echan a correr la rueda de molino de que la víctima falleció de una pedrada lanzada por sus propios compañeros. Parece ya un estilo de relacionarse con la verdad de los hechos lo que el gobierno hace ante cada caso de muerte abusiva, por exceso doloso en el uso de la fuerza, por inhumanidad. Recordemos a la presidenta Dina Boluarte proclamar “de fuente extraoficial”, ante la prensa extranjera, que los 17 fallecidos de Puno fueron agredidos con “armas dumdum” contrabandeadas desde Bolivia y usadas por los propios manifestantes para producir muertos. Y lo dice a pesar de que las pericias forenses confirman que los ciudadanos que perdieron la vida presentan heridas de munición usada por la policía y las fuerzas armadas peruanas, y que varios recibieron disparos por la espalda, es decir cuando huían de la represión, no atacaban. Quien es capaz de lanzar una mentira tan grande sin que le tiemble la ceja, no puede gobernar un país democrático. Ni un minuto más.

Se están perdiendo aceleradamente los mínimos sentimientos y actitudes humanitarias que no deberíamos abandonar jamás, nunca, ni en las circunstancias más difíciles o ásperas. El estímulo al gatillo fácil, el bono al tiroteador, con todo el absoluto desprecio por la vida del otro que eso implica, se extiende en nuestra sociedad bajo la infame consigna de que “hay que meter bala”. Por supuesto, se trata de meter bala a los demás, a los que molestan, a los que se desprecia, terruquea y deshumaniza a propósito para facilitar la tarea de mandarlos a la tumba. Alternativa torpe, además, que solo puede traer más sangre y sufrimiento sin solucionar absolutamente ningún problema.

En esa actitud de indiferencia y desprecio por la vida de los demás está la inmensa mayoría del actual Congreso. A estas mierdas, qué les importan las muertes en las calles de nuestras ciudades y pueblos y carreteras y campos. Los muertos, hasta el 31 de enero, ya se acercan a 60 en poco más de un mes de protestas. Y ellos tan orondos, empeñados eso sí en hacer lo posible y lo imposible, torciendo la constitución y la ley si es necesario, e invisibilizando torpemente la explosiva realidad política del país, para quedarse aferrados y entornillados en sus curules hasta el año 2026. No les preocupa si es al costo de la vida de decenas y decenas de peruanos. Una curul manchada de sangre también es curul y buen negocio.

¿Y en el lado de las protestas?

No podemos olvidar el brutal asesinato del policía José Luis Soncco, perpetrado el 10 de enero, quemado por una turba que lo sorprendió aislado, patrullando una zona de Juliaca. Nuevamente: ¿qué tienen en la cabeza –y en el corazón– los que promovieron y azuzaron este acto criminal, repugnante y absolutamente inhumano? ¿Qué se necesita tener, o de qué hay que carecer, para linchar y matar hasta quemar y carbonizar a un ser humano? ¿Es que, a todo nivel social, estamos perdiendo los sentimientos más elementales de humanidad y queremos dirigirnos todos hacia un despeñadero de odio y violencia?

¿Qué sucede en los bloqueos de carreteras, muchos de ellos tan brutales e inflexibles que no temen causar muertes de otros ciudadanos? Diversas personas, incluidos varios niños, han perdido la vida porque no pudieron ser auxiliadas médicamente, porque no se permitió el acceso del personal de salud o porque, directa y perversamente, se impidió el paso de las ambulancias que las transportaban, y repito niños, que requerían atención médica de urgencia para sobrevivir. Uno de esos niños falleció en plena carretera por una infección intestinal que fácilmente pudo ser atendida y curada, si su ambulancia no hubiera sido obstaculizada por la fuerza en su intento de llegar a un hospital del Cusco.

¿Qué pasa con los ataques a los miembros de la policía, con palos, hondas y piedras? Una y otra vez, todos los días. La protesta es pacífica, debe y tiene que serlo, quien recurre a la violencia comete un delito y debe responder ante la justicia.

Tenemos todos que hacer un enorme esfuerzo porque estos actos y desbordes cada vez mayores de inhumanidad, que surgen en casi todos lados del espectro político, no pueden ni deben escalar, de lo contrario nos llevarán al precipicio de la violencia o a la paz de los cementerios. Es ahora cuando no debemos aceptar más que un peruano mate a otro peruano y menos por “razones políticas”. Y eso empieza por asumir la responsabilidad que a cada uno le toca: al gobierno, al congreso, a la policía, a los manifestantes, a los dirigentes sociales, a los intelectuales, a cada persona en su comunidad y barrio: no matar, no agredir, debe ser la consigna inflexible que todos debemos cumplir.

Por eso quiero subrayar el notable pronunciamiento de la Defensoría del Pueblo, que viene cumpliendo una función ejemplar en esta crisis: “En este escenario de notorias urgencias, la forma moralmente más repulsiva de actuar es dejar morir a la gente cuando se tiene en las manos la facultad política de pacificar y cambiar el rumbo trágico de estos días. El Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo pueden hacerlo. Cada día que pasa, la vida de alguien está en peligro, y la democracia –ese gran anhelo republicano– se va deshaciendo ante nuestros ojos”. Amén.

Artículo de opinión de Ronald Gamarra Herrera publicado en Hildebrandt en sus trece, el día viernes 03 de febrero de 2023.

Fuente: Hildebrandt en sus trece.

Ronald Gamarra: "Cuba, matrimonio igualitario"

Rtimo, tambó y flores. Este domingo 25 de septiembre, el pueblo cubano aprobó por mayoría abrumadora de dos tercios del electorado una serie de reformas trascedentales a la legislación de familia, incluyendo el derecho al matrimonio de las personas del mismo sexo (definido como la "unión voluntaria concertada de dos personas con aptitud legal para ello con el fin de hacer vida en común sobre la base del afecto, el amor y el respetuo mutuo"), el derecho a la adopción sin exclusión alguna por razones de orientación sexual de los adoptantes, la gestación solidaria (es decir la gestación en vientre de una mujer ajena a la pareja con la condición de que no sea por dinero), la prohibición del matrimonio infantil, entre otras enmiendas sustanciales del Código de las Familias, denominado así en plural, como reconocimiento a su variedad. El referéndum tiene un carácter vinculante.

Palo mayimbe, adívinalo. La aprobación  de estas reformas obtuvo un rotundo sí del 66.9% de los votantes. Un 32% se pronunció en contra. La participación fue significativamente alta: un 75% de la nómina de votantes acudió a las urnas. El desarrollo de este referéndum contrasta llamativamente con las elecciones políticas que cada cierto tiempo tienen lugar en Cuba para elegir a los "representantes del poder popular", en los cuales los resultados suelen ser de 99% a favor del candidato del partido único y no hay ausentismo porque el voto es obligatorio.

Oye mima, el edén de los roncos. Quizá esta vez el Partido Comunista  asumió que la votación no ponía en juego su poder ni su lugar en el gobierno, pues la propuesta no se presentaba como propia del PCC sino como resultado de un debate abierto que tiene ya muchos años en la isla, y en el cual se han vertido diversas posiciones a favor y en contra dentro de la propia élite gubernamental. Por tanto, se podían dar el lujo de tener un proceso de votación mas abierto. Ojalá se progresara así también en las elecciones políticas. Sin embargo, la experiencia de un referéndum abierto no dejará de tener repercusiones sobre futuras elecciones políticas, que hasta el momento solo son rituales.

Al vaivén de mi carreta y aunque me cueste la vida. La victoria del sí en el referéndum sobre el matrimonio igualitario, la adopción y la concepción subrograda solidaria es una corrección histórica a los abusos enormes que sufrió la población LGTBIQ en Cuba en los primeros tiempos  de la revolución (y después, también). Ella quería a la revolución, pero la revolución no los quiso. Dolor, esquina, miseria. Miles de personas homosexuales fueron hostilizadas, víctimas de redadas policiales, purgadas de las instituciones y hasta encarceladas en campos de trabajo forzado por su orientación sexual (las infames Unidades Militares de Ayuda  a la Producción-UMAP). La revoluciónera abiertamente homofóbica. Un peruano, Mario Vargas Llosa, fue el primero en oponerse solitariamente a la homofobia del régimen ya en los años 60. Solo hacia el año 2010, el propio Fidel Castro reconoció públicamente que tal persecución fue uno de los peores errores del régimen revolucionario; aunque el perdón histórico y las consecuentes medidas de reparación por parte del Estado todavía no se han dado.

La esquina del movimiento, Macussa. En realidad, en aquella época el grueso de comunistas en el mundo compartía la homofobia propia del conservadurismo. En la Unión Soviética, al igual que en la mayor parte de Occidente , se consideraba la homosexualidad como una alteración psiquiátrica, como una forma de degeneración moral o como una corrupción heredada de la sociedad  burguesa. Los comunistas  peruanos no fueron la excepción, escupieron a los homosexuales por no responder a su ideal de "hombre nuevo". Aún hoy vemos entre ellos demasiados fósiles que se conservan con buena salud: los Cerrones, Perú Libre, Bermejo, el presidente Castillo, el expremier Bellido, que ahora deben estar botando espuma  por la boca con los resultados del referendo cubano y echando la culpa de los sucedido a los caviares isleños (y a Yemayá y Ochún). Ellos, en verdad, son más hijos de Putín, el oligarca homofóbico, antes que hijos del socialismo.

Opinión de Ronald Gamarra Herrera publicado en el Semanario Hildebtrandt en sus trece el día viernes 30 de septiembre de 2022.

Fuente Semanario de Hildebrandt en sus trece.

Ronald Gamarra: La salud a la deriva

Nuestro país figura, una vez más, entre los primeros puestos del mundo afectados por una enfermedad contagiosa. Esta vez es la denominada viruela del mono, mal vírico que empezó una ola de contagios en Europa, en marzo, y llegó al Perú a fines de junio, cuando el Ministerio de Salud verificó el caso uno. Pues bien,en apenas un mes y medio, nosotros ya figuramos en el tercer lugar mundial por el número total de contagiados, detrás de Estados Unidos y Brasil, y en el primer lugar mundial según el índice de casos por millón de habitantes. 

Este hecho confirma la extrema vulnerabilidad de nuestro país para hacer frente a las nuevas infecciones y plagas, a lo cual se suma la incapacidad ya conocida del sistema de salud nacional para erradicar los padecimientos “comunes”, ya casi “tradicionales”, como la tuberculosis, la malaria o la neumonía y muchos otros, que en esta villa de condenados siguen siendo endémicos, cuando ya no se ven en otros países de desarrollo similar al nuestro. Por cierto, se trata de enfermedades que afectan sobre todo a los sectores pobres, marginados y a los pueblos indígenas, postergados desde siempre.

 

Esta realidad es alarmante o debería serlo… si estuviésemos en un país normal. Pero los políticos a cargo del Gobierno y el Congreso están concentrados en cualquier mezquindad, pugnando sobre todo por aferrarse a sus puestos, recibir su mesada, organizar negociados y obtener ventajas, antes que, en asuntos como la salud o la educación públicas, en los cuales se juega la vida misma y el futuro de las personas. Y entonces vemos que el nivel de incompetencia, de negligencia, de indiferencia, que estas “autoridades” demuestran en estos ámbitos cruciales, raya verdaderamente en lo criminal.

 

Por fortuna, la ola de viruela del mono que ahora recorre el mundo paralelamente al covid-19 es mucho menos agresiva que esta enfermedad tanto en velocidad de contagio como en resultados letales; de lo contrario, estaríamos en este momento padeciendo una nueva tragedia de muertes innumerables. Esto no quiere decir, sin embargo, que la nueva enfermedad sea un juego y que sea admisible menospreciar su impacto y peligrosidad. Si bien las muertes son mínimas, muchos contagiados padecen graves síntomas, que incluyen dolor intenso, durante varias semanas.

 

Claro que el hecho primordial es que el sistema de salud, empezando por el Ministerio respectivo, no ha hecho absolutamente nada efectivo para controlar el brote y ha permitido así que, en tiempo récord, figuremos en el top del indeseable ranking mundial, y eso que se trata de una enfermedad relativamente fácil de controlar. Pero la burocracia de salud, manejada hoy por la gente de Castillo y Cerrón, que tanto se llenan la boca invocando al pueblo y reclamándose como sus únicos representantes, solo se ocupan de copar los puestos con gente incompetente y deshonesta, sin hacer nada efectivo.

 

La misma negligencia se observa con respecto a la pandemia de covid-19. Por un lado, la campaña de vacunación prácticamente ha perdido el gran impulso que adquirió bajo el gobierno de Francisco Sagasti y el ministro Oscar Ugarte, y que prudentemente supo continuar el ministro Hernando Cevallos hasta su destitución. Actualmente, un tercio de la población no tiene la tercera dosis y los que completan la cuarta dosis apenas llegan al 10%. La mayoría de los fallecidos diarios en la cuarta ola de covid son precisamente personas mayores con su esquema de vacunación inconcluso.

 

Peor aún, esta semana se supo que hay 11 millones de dosis de vacunas Pfizer y Moderna que vencerán sin uso en las próximas semanas. Un millón y medio son dosis pediátricas. Si esto sucede, sería imperdonable. La vacunación infantil, que debía llegar al 70% en marzo, antes del reinicio de clases, dicen que llegará a ese nivel solo a fines de este año. Lo avanzado en la inmunización permite que esta ola de covid no sea tan catastrófica como las dos primeras, pero de todos modos resulta lamentable que en estos días fallezcan diariamente casi 50 personas, pudiendo ser muchas menos.

 

En resumen, apenas pasó lo peor de la pandemia, volvimos a las andadas y todas las promesas de reestructurar y potenciar el sistema de salud nacional se echaron al mar del olvido. En vez de transitar hacia la recuperación de una cobertura de las enfermedades corrientes que dejaron de atenderse durante la pandemia y hacer más eficiente el sistema, resulta que ni siquiera podemos atender bien la ola declinante del covid ni la nueva infección, menos agresiva, de la viruela del mono. Y el sistema de salud, en vez de afiatarse y crecer, está en manos de incapaces, colocados allí por favor político o venal.

 

Es un escándalo que los pacientes de enfermedades raras, huérfanas, crónicas, autoinmunes y cáncer, agrupados en el colectivo Los Pacientes Importan, se hayan visto obligados a hacer el 10 de agosto un plantón en las puertas de Essalud, a la intemperie en lo más frío del invierno, ante la terca negativa del presidente de la seguridad social -Gino Dávila es su nombre-, a recibirlos para que expongan sus problemas en esa institución: citas médicas, diagnósticos, evaluación de casos, referencias, tratamientos, entrega de medicamentos, falta de Factor VIII y Factor IX para los pacientes con hemofilia y otros coagulopatías, carencia de especialistas para atender a pacientes con síndrome de Williams, acceso a triple terapia  para los pacientes con hipertensión arterial pulmonar, actualización de recetas para los pacientes con miastenia gravis, sistematización de guías clínicas, y un largo etcétera. Hasta ahora no los recibe, punto. La misma caradura que ponen tanto él como el ministro de Salud ante el desesperante desabastecimiento de medicamentos indispensables para un sinfín de pacientes, que no tiene cuándo solucionarse.

 

¿Y el Congreso? ¿Qué hace ante todo esto? Pues, nada en absoluto. Es decir, nada bueno. Porque de lo malo, sí hace y mucho. Como, por ejemplo, designar como presidente de la comisión de salud del parlamento a la señora Elva Julón, miembro del partido de César Acuña, quien desde hace varios meses está bajo investigación del Ministerio Público por negocios turbios de su empresa SJ Biomedic SAC precisamente en el sector salud.

Artículo de Opinión de Ronald Gamarra Herrera publicado en el Semanario Hildebrandt en sus trece el día viernes 19 de agosto de 2022.

Fuente: Hildebrandt.

  

Ronald Gamarra: Impunidad

Semanas después de haber sido denunciado como autor flagrante del delito de violación sexual en agravio de una trabajadora del Congreso de la República, crimen perpetrado en su propia oficina de este poder el Estado, el parlamentario Freddy Díaz Monago sigue tan campante como si nada hubiese pasado, asistiendo sin vergüenza y con impunidad a las sesiones de comisiones y del pleno, despachando con total descaro y procacidad en el propop lugar del crimen y votando groseramente en todo tipo de decisiones cruciales.

Recién el 8 de agosto, dos semanas después de la brutal agresión, la comisión de ética tomó el acuerdo de abrir un procedimiento de investigación contra el parlamentario de Alianza Para el Progreso, que tomará quién sabe cuánto tiempo antes de llegar a conclusiones. La cosa está y estuvo muy clara desde el principio: las facciones parlamentarias más poderosas han decidido proteger al congresista denunciado como violador y lo que necesitan es ganar tiempo. La impunidad en el horizonte.

La víctima, por lo pronto, ha sido despedida de su trabajo por decisión libre y autónoma del propio agresor, sin que la mesa directiva del Congreso y algún vocero parlamentario se opongan. Nada. Nadie. El Congreso de hoy es el mundo ideal del machismo más insolente, donde se trata con agunates de seda al violador, con la finalidad de ayudarle a "salir del problema", y se maltrata y revictimiza una y otra vez a la mujer que sufrió el ultraje. 

Días Monago debería haber sido detenido apenas fue denunciado en flagrancia la misma noche en que cometió el delito, debería haber sido desaforado de inmediato por el Congreso y debería estar ya en la cárcel esperando el juicio y la sentencia que le correspondería dictar a un juez común. Pero todo el sistema institucional del Estado falló en este caso y exhibió la tolerancia real que existe y se impone en la vida real frente a los abusos de ese machismo tan arraigado en nuestra sociedad a todo nivel.

La reacción del sistema institucional ha sido penosamente en pro del violador. El Congreso no solo no ha tomado contra él ninguna medida disciplinaria o sancionadora, sino que algunos parlamentarios expresaron "comprensión" por el victimario, como lo hicieron, por ejemplo, el congresista Héctor Acuña o el tercer vicepresidente del Congreso, Wilmer Elera, quien días después  fue sentenciado por un delito de corrupción cuando era autoridad regional. 

El Ministerio Público falló cuando no reacciónó como debía ante la denuncia realizada por la víctima del delito flagrante. La inmunidad parlamentaria es un tema del pasado, se acabó, y cuando existía estaba limitada a los delitos de función, no protegía frente a delitos comunes. El requerimiento de la detención preventiva inmediata del autor de un delito común tan grave no solo era procedente sino mandatoria para asegurar las pruebas del delito en flagrancia. Esta falla del Ministerio Público, cometida por un fiscal, ha sido crucial para abrir la puerta a la situación actual de impunidad. 

El Poder Judicial tampoco ha reaccionado como deberíamos esperar. Como el Ministerio Público no actuó cuando debía, el caso pasó a la jurisdicción  de la Corte Suprema. Pero el juez supremo que ha visto la denuncia formalizada por la fiscalía ya fuera de flagrancia, se ha limitado a dictar los solicitados nueves meses de impedimento de salida del país, descartando un pedido de detención preliminar. 

Este es el tablero que les gusta a los ultraconservadores de derecha e izquierda que descalifican como "ideología de género", repitiendo hasta el hartazgo el mismo sonsonete contra lo que es únicamente la defensa de un enfoque de igualdad de derechos que remedie y revierta los abusos del machismo. Abusos en los que hoy se unen ideológicamente los extremos ultracon servadores del Congreso y del Gobierno para facilitar la impunidad de los violadores.

Artículo de opinión de Ronald Gamarra Herrera publicado en Hildebrandt en sus trece el día viernes 12 de agosto de 2022.

Fuente Hildebrant.

Ronald Gamarra: Todos los años, neumonía

Hace poco más de dos años, la atención de la salud colapsó en nuestro país y los esfuerzos se concentraron penosamente y con serios reveses en la contención de la pandemia de Covid-19. Una consecuencia inmediata fue el abandono de la atención de otras enfermedades tanto en lo preventivo como en lo terapéutico. Su efecto es el incremento exponencial de casos de todo tipo de padecimientos. Actualmente, en medio de la temporada de friaje y helada en la mayor parte de del país, debemos volver a enfrentar la emergencia de la neumonía, un mal que ha acrecentado exponencialmente su impacto en las poblaciones de riesgo.

En el 2019, último año inmediatamente anterior a la pandemia de Covid y el colapso del sistema de salud, el Ministerio de Salud registró 58 mil personas afectadas por la neumonía, de las cuales fallecieron 1,493. El año anterior 2018 se había registrado 65 mil personas afectadas por la neumonía, de las cuales fallecieron 1,757. En el año 2020, con el inicio de la pandemia, el Ministerio de Salud dejó de cumplir con la campaña regular de inmunización, situación que se ha arrastrado todo el 2021 y que, poco a poco, trata de retomarse en este 2022. Conspira contra ello la inestabilidad y la incapacidad de los actuales mandos al ministerio, amiguis de Cerrón. 

Contrariamente a lo que muchos creen, la neumonía no es una enfermedad que afecta unicamente a los ancianos. Lo infantes menores de 5 años representaban en el año 2019 el 42% del total de diagnosticados. A conitnuación, venían los adultos mayores de 60 años, con el 33% de los casos. Luego está el grupo de niños y adolescentes de 5 a 19 años, con el 11% de casos, y finalmente los adultos de 20 a 59 años, con el 14% de casos. Las poblaciones de riesgo están claramente definidas: los niños y las niñas menores de 5 años y los adultos mayores de 60. La letalidad sí es mayor en el caso de estos últimos, que representan el 70% del total.

Otra idea errónea consiste en creer que el frío es, por sí solo, el causante de la enfermedad. No es así. El frío, en todo caso es el factro desencadenante, el marco que propicia la enfermedad, pero la verdadera causa está en la desnutrición y la anemia infantil, la mala alimentación de los ancianos, la contaminación del aire, la falta de ventilación en las viviendas. Y por cierto, contribuye a resultados fatales o los determina la no atención oportuna, la poquedad de medios terapeuticos, la escazes de poxígeno, la fata de vacunas y campañas de inmuniczación, la carencia de antibióticos y la insuficiencia de atención primaria de salud al alcance de las poblaciones. 

Prevenible y curable en niños 

Los infantes menores de 5 años representan anualmente algo más del 40% del total de casos. En el año 2018, esa proporción equivalía a 25,539 casos. El riesgo de contraer neumonía es de 1 por cada 100 niños menores de 5 años. Los infantes menores de un año tienen un riesgo especial más elevado. En zonas de la selva de nuetsro país, el riesgo de que un infante menor de 5 años contraiga neumonía alcanza los índices más altos: en el departamento de Loreto es de 1,9 por cada cien; en el departamento de Madre de Dios llega a 2,1 por cada cien; en el departamento de Ucayalí es de 2,7 por cada cien. 

La inmunización por medio de vacunas contra la neumonía se inició en nuestro país en el año 2008. Según el programa oficial de vacunación infantil, corresponde inmunizar a los infantes contra la neumonía a los tres meses con la primera dosis y a los cinco meses con la segunda dosis. Además, corresponde aplicarles la vacuna contra la influenza entre los siete y los diez meses de nacidos. Lamentablemente, el calendario de vacunación no se ha cumplido desde el año 2020 por causa de la pandemia de Covid-19. Urge retomarlo y regularizarlo cuanto antes contra todas las enfermedades previstas, llegando a las poblaciones más lejanas.

La neumonía en los niños es una enfermedad prevenible y tratable, no tiene por qué ser fatal. Lo que sucede es que no la atendemos bien. Henrietta Fore, directora ejecutiva de UNICEF, dijo: "Si somos serios a la hora de salvar vidas de niños, también debemos serlo cuando se trata de combatir la neumonía. Como muestra el actual brote del coronavirus, esto se traduce en mejorar la detección y la prevención (...) Y también implica abordar las principales causas de la mortalidad por neumonía, como la desnutrición, la falta de acceso a vacunas y antibióticos, y abordar el complicado reto de la polución del aire".

Kevin Watkins, director ejecutivo de Save the Children, subraya las responsabilidades política y la importancia de las decisiones de las autoridades para evitar muertes por neumonía infantil: "Sería moralmente indefendible quedarnos parados y permitir que millones de niños sigan muriendo por falta de vacunas, de antibióticos asequibles y de tratamiento con oxígeno".

Así mismo es. Nadie, nunca más, debería pasar por el trance de perder a un ser querido a causa de la neumonía. ¿Pero hace cuántos años que convivimos con la  misma historia? ¿Con el mismo cuento de nunca acabar? ¿No nos casamos de repetir cada año la historia de decenas y decenas de niñas y niños que mueren por neumonía debido a las bajas temperaturas y la desnutrición?.

A ver si esta vez hacemos las cosas de manera que la neumonía sea erradicada. ¿Y si nos apoyamos en esta coyuntura que nos exige una acción sanitaria de gran envergadura para imponer un nuevo y mejor nivel de salud en el país? ¿Un nivel, al fin y al cabo, simplemente acorde con la dignidad humana? No podemos convivir con un nivel de salud pública tan  precario e improvisado. Tan lleno de agujeros por donde se filtran o se eternizan infecciones y enfermedades.

Artículo de opinión de Ronald Gamarra Herrera publicado en Hildebrandt en sus trece el día viernes 8 de julio del 2022.

Fuente Hildebrandt.

Ronald Gamarra: Cómplices de los violadores

Nuestro país es uno de los más agresivos y brutales del mundo hacia las mujeres, las niñas y los niños. Particularmente bajo la forma de violencia sexual, en la cual los índices de victimización son abrumadores y no cesan de incrementarse de forma exponencial año tras año. Se trata de miles de víctimas nuevas cada calendario, una realidad indignante e inaceptable que debería movilizar a fondo a la nación para cambiar radicalmente este desastre.

La agresión hacia las mujeres llega al feminicidio, convertido en una realidad tan cotidiana que ya casi no es noticia periodística, a menos que incluya algún detalle especialmente morboso o los reporteros amarillos le inventen uno. Decenas y decenas de mujeres -luego de una vida de golpes y maltratos- son asesinadas cada año en nuestro país, y lo son principalmente por sus propias parejas: esposos, enamorados, convivientes. Y los casos no hacen sino crecer en número y brutalidad.

Los violadores forman la segunda población penitenciaria más grande del país, con más de 10 mil internos. Esto no es normal, pocos países en el mundo tienen una proporción de violadores tan grande como la que tenemos aquí. No es una exageración, pues, decir como se ha dicho varias veces con indignación, que estamos en un país de violadores. Esta afirmación, que en algunos solo causa una “indignación patriótica”, en realidad es un llamado desesperado a hacerse cargo del problema y resolverlo en serio.

Contrariamente a lo que se imagina comúnmente, gran número de los violadores proceden del propio entorno familiar de la víctima. Por eso es necesario concluir que la cifra de los casos no denunciados es mucho mayor al registro estadístico. Los abusos en el seno familiar suelen durar muchos años y quedar impunes cuanto más cercano es el parentesco del violador con la víctima y mayor la dependencia emocional y económica de ésta. Esa es nuestra realidad y hay que afrontarla.

Se trata de un problema arraigado y estructural que exige soluciones acordes. Y es evidente que la cárcel, que en nuestro país puede llegar a la cadena perpetua, aunque los procedimientos legales dificulten mucho llegar a imponer sanciones, no es disuasión suficiente para los violadores. “Alternativas” como la castración química, propuesta recientemente por el inepto presidente de la república, son solamente un saludo a la bandera, una muestra de demagogia que, está demostrado, no conlleva solución real.

La clave del problema es la educación. El machismo tiene raíces hondas y extirparlo solo es posible a mediano y largo plazo mediante una estrategia educativa que forme desde la niñez mujeres debidamente informadas y formadas en el conocimiento de sus derechos, su cuerpo y su sexualidad, y hombres conscientes y respetuosos de las mujeres.

No hay otra vía. Es ineludible aplicar en nuestro país en la educación pública y en todos los ámbitos de la sociedad, empezando por la familia, el enfoque de género, que produzca la conciencia de derechos de las mujeres y el respeto hacia ellas, y la educación sexual integral, que gradualmente introduzca a mujeres y varones en el conocimiento de su propio cuerpo y su sexualidad, lejos de la información deformada y retorcida que suelen recibir, sobre todo los varones, a través de amigos mal informados, adultos nada santos o las redes sociales e internet.

Esto es lo que ha funcionado y se aplica en los países más avanzados, donde las mujeres gozan de un estatus de respeto que está a años luz de nuestra triste realidad, y es recomendado en consecuencia por las Naciones Unidas y sus agencias especializadas, y forma parte de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en cuanto a las metas que los Estados deben alcanzar para garantizar los derechos y la seguridad de las mujeres y la niñez.

En un país, como el Perú actual, con una realidad tan violenta con respecto a las mujeres, las niñas y los niños, es un crimen arremeter como se está haciendo en el antro ese llamado Congreso contra el enfoque de género y la educación sexual integral. Peor aún, es un acto de abierta complicidad con los violadores porque a ellos favorece que las mujeres, las niñas y los niños ignoren sus derechos y las cuestiones básicas sobre el propio cuerpo y la sexualidad. Porque mantener a las mujeres y la niñez desinformados es ofrecer más víctimas a los violadores.

No puede ser que una caterva de fanáticos fundamentalistas que inventan sus propias leyendas paranoides impongan sus creencias majaderas y retrógradas sobre el derecho a la educación y la información. No, señores y señoras congresistas, imponer por la fuerza, como pretenden hacer, el cuento de que a los bebes los trae la cigüeña, no va a preservar la inocencia de ninguna niña. niño o adolescente; al contrario, va a entregarlos, atados de pies y manos, a la información deformada que circula por doquier y, probablemente, a las zarpas de un violador. Con la ayuda de ustedes, su fobia y sus creencias medievales. Y ahora, parece que también con las del nuevo Tribunal Constitucional, elegido por el Congreso a la medida de su desvarío y oscurantismo.

Artículo de opinión de Ronald Gamarra Herrera, publicado en Hildebrandt en sus trece el día viernes 13 de mayo de 2022.

Fuente Hildebrandt.

Ronald Gamarra: Paniagua y Sagasti

Practicamente desde que tengo recuerdo, nuestro país ha tenido presidentes cuestionables o condenables. Para el olvido, la repulsa o el escupitajo. En ciertos casos, los pocos méritos  que podían tener por específicos actos  se desmerecen por los grandes errores, fallas garrafales, desvergüenzas, traiciones e incluso delitos o crímenes imperdonables  que cometieron en el ejercicio  arbitrario e irresponsable de su alto cargo, con las consecuencias nefastas tanto inmediatas como de largo plazo para el Perú.

El Gobierno de Sagasti supo trabajar para conseguir vacunas suficientes para inmunizar este mismo año a toda la población peruana y echó a andar el proceso de vacunación con una dinámica cada vez mayor. Conseguir la inmunidad colectiva gracias a la vacunación será esencial para poder recuperar la normalidad de la vida ciudadana y la esperanza en el futuro del país.

Paniagua y Sagasti, dos gobernantes discretos ajenos a la grandilocuencia y las poses mesiánicas. Sensatos en sus objetivos y serios en su cumplimiento. Sabedores de lo importante e indispensable que es formar equipos de trabajo  y, sobre todo, alejarse de los sobones, los aduladores, los charlatanes. Sin duda también cometieron errorres, pero eso es lo menor en su ejecutoria; sobre todo se esforzaron por cumplir bien al servicio del país. Lástima que, entre ambos, solo ocupen 18 meses del último medio siglo.

Artículo de opinión de Ronald Gamarra Herrera punlicado en Hildebrandt en sus trece el día viernes 30 de julio de 2021.

Fuente Hildebrandt en sus trece.

Ronald Gamarra: Educación, dos años perdidos

Probablemente, el sector más golpeado por la crisis sanitaria que vivimos sea el de la niñez y adolescentes. Por cierto, no porque entre ellos se produzca un alto número de víctimas directas como enfermos del covid 19, sino porque socialmente, en bloque, han sufrido consecuencias directas en el plano psicológico por la ansiedad de la enfermedad y la muerte de sus abuelos y las medidas de confinamiento prolongadas que han debido sobrellevar a una edad en que el cuerpo y la mente están en acelerado desarrollo y exigen sobre todo actividad y experiencia de iniciación en el conocimiento del mundo.

Parte esencial de ese desarrollo es la educación. Ese derecho humano fundamental, básico e inalienable, que contribuye al despliegue de la dignidad de las personas. Ese medio indispensable de realizar otros derechos humanos. Pues bien, las niñas, los niños y adolescentes de nuestro país perdieron por completo el año educativo 2020 y a estas alturas es indudable que perderán también el correspondiente al 2021. Dos años completos de formación y aprendizaje, perdidos para esta generación, que ya no se recuperarán jamás. Una catástrofe, pues. Los niños y adolescentes de esta época que ha enfrentado una situación tan difícil, con consecuencias parecidas a las de una guerra, tendrán enormes desventajas que superar para poder aspirar a un futuro digno.

El desastre abarca por completo a la educación pública, pero gran parte de la educación privada, la de pensiones más bajas, tampoco ha podido escapar a él. En realidad, ni siquiera los grandes colegios privados salen indemnes, pues la instrucción por internet no sustituye ni de lejos la enseñanza en el aula y el contacto directo con los profesores. Los padres de familia, especialmente las madres, han tenido que tratar de hacerse cargo de la mitigación de la catástrofe, sumando esta preocupación a las de la sobrevivencia, pero es evidente que sus esfuerzos solo pueden ser parciales y dispersos.

Esta gran calamidad educativa se suma al monumental desastre que ya era, en realidad, la educación nacional. Pero ahora se trata de que, lo que estaba en muy mala situación, termina por irse al fondo del barranco. Las niñas, los niños y adolescentes de nuestro país, que teóricamente cuentan con una protección constitucional preferente, de pronto se quedaron sin ese soporte precario, endeble, de muy baja calidad, pero soporte, al fin y al cabo, que les daba la escuela. La escuela que, finalmente, es la vía de inserción de la niña, niño y el adolescente a una sociedad extremadamente cerrada y para nada abundante en oportunidades.

La educación pública y la salud pública han sido las dos mayores víctimas de la política de privatización predominante en nuestro país en los últimos treinta años. Política que fue inaugurada por el fujimorismo, con el abandono total de mínimas cotas de calidad educativa. Así fue como vimos descender, año tras año, el nivel educativo más allá de lo que podía imaginarse, siempre descubriendo nuevo espacio para empeorar. El ingreso a saco de los mercaderes en el sector educativo tuvo su correlato en el nivel más bajo de la educación nacional en muchas décadas.

Precisamente, ante esa decadencia, cobró alguna fuerza el reclamo por reforzar y desarrollar la calidad educativa. Una calidad educativa que, en mínima medida, con suma timidez y afrontando grandes dificultades, se trató de impulsar en esta década y que el fujimorismo petardeó arteramente con las sucesivas censuras de ministros de educación como Jaime Saavedra, hoy director mundial de educación del Banco Mundial, y el ataque sistemático al enfoque de igualdad de género desde la perspectiva del oscurantismo y el machismo.

Recuperar la educación peruana para nuestras niñas, niños y adolescentes y darle la calidad necesaria es una tarea que, después del desastre de esta pandemia, deberíamos finalmente afrontar. Sin embargo, nada indica que transitaremos esa vía. La recuperación de la educación peruana es un objetivo de realización incierta. Las señales que dan ambos candidatos de la segunda vuelta son muy desalentadoras. No tienen un plan, ni siquiera una reflexión, una visión, de las necesidades y el futuro de la educación peruana.

Hace unos días, por ejemplo, Pedro Castillo anunció la reorganización de la SUNEDU, uno de los raros esfuerzos del Estado por promover la calidad a nivel universitario. En ese propósito demagógico coincide, sin duda, con Keiko Fujimori, cuya tendencia política está precisamente en el origen y la existencia de las universidades basura, que la financiaron en sus campañas e intrigas. Todos recordamos lo que hicieron con la universidad Alas Peruanas, caja del fujimorismo. Como nos acordamos del permanente ataque al que Keiko y sus secuaces, desde el Congreso y también fuera de él, sometieron a esa Superintendencia. Con candidaturas así, es muy posible que las niñas, niños y adolescentes peruanos también pierdan el año escolar 2022.

Artículo de opinión de Ronald Gamarra Herrera publicado en Hildebrandt en sus trece el viernes 30 de abril del 2021.

Fuente Hildebrandt. 

Ronald Gamarra: Enfermedades huérfanas, pacientes olvidados

¿Han escuchado hablar de las enfermedades raras? Pues se denomina así a aquellas enfermedades que tienen una incidencia inferior a 5 casos por cada 10 mil personas  que componen una población. Son, por tanto, enfermedades de "baja prevalencia", según el argot médico. Visto de este modo, se podría pensar que se trata de enfermedades que afectan a muy pocas personas, pero tal como hace notar la Organización Mundial de la Salu, el total de personas afectadas por las enfermedades raras, el 80% de las cuales son genéticas. Estas afecciones suelen tener un mal pronóstico si no son detectadas a tiempo o no reciben un tratamiento oportuno, pudiendo ocasionar discapacidad física, discapacidad mental o muerte prematura, no obstante que hoy en día se cuenta con medicación y procedimientos disponibles.

Según la mesa de la sociedad civil: Los pacientes importan, integrada por organizaciones que velan por los derechos de los pacientes con enfermedades raras, huérfanas y crónicas, cuyas posiciones y declaraciones alimentan el contenido de este atículo, en nuestro país habría más de dos millones de personas que padecen de enfermedades raras, que acertadamente la Mesa prefiere denominar con más propiedad, enfermedades poco frecuentes. Los pacientes de estas enfermedades son los más desamparados de todos, los que menos atención reciben, los que más frustraciones deben afrontar cada día en los sitemas de salud pública y privada denuestro país y los que, con gran frecuencia, no reciben ningún tratamiento efectivo.

La Mesa hace notar que el "primer paso para un paciente, luego qde que  se presente algún síntoma o dolencia, es ponerle nombre a su enferemedad, lo que no es nada sencillo. Un diagnóstico para estas enfermedades puede tardar entre dos a cinco años. Ello porque tenemos muy pocos especialistas, existe gran desconocimiento sobre las patologías y es patente la carencia de infraestructura y teconología. Lo cual es más grave en provincias. Es toda una odisea para le paciente ser referido a un hospital de primer nivel (...).. El tiempo de diagnóstico afecta las posibilidades de vivir y la calidad de vida de un paciente de manera exponencial".

La siguiente barrera es el acceso a un tratamiento efectivo. Según la Mesa, "las enfermedades raras se caraterizan por tener un curso crónico, frecuentamente degenerativo, y ponen en peligro la vida del paciente. Muchas de ellas se inician en la infancia: dos de cada tres aparecen antes de los dos años de vida. La mayoría de tratamientos son para paliar los síntomas y retrasar el progreso de una enfermedad, no para curarla, y suelen ser costosos". En un sistema de salud pública precario, desorganizado, con una carencia crónica de recursos y predominio de los intereses comerciales, sufrir una enfermedad rara exige luchar contra la corriente por la vida.

El sistema de salud debería implementar un programa de prevención desde el nacimiento que abarque  a toda la población, dado que la mayoría de las enfermedades raras son genéticas. Así se lograría el tamizaje temprano y la actuación rápida ante las patologías. Por lo demás, urge extender la capacidad de atención a las regiones, pues ella se limita en estos casos a Lima y algunas grandes ciudades. Los pacientes señalan que para la mayoría de enfermedades raras no se cuenta con guía clínica o esta se encuentra desfasada, anticuada, ajena a la implementación de la evaluación de las tecnologías sanitarias del propio sistema.

Particularmente, la Mesa que subraya que "existe una gran dificultad en la obtención de tratamientos por no estar incluidos en el Petitotorio Nacional Único de Medicamentos Esneciales (PNUME), y tampoco se tiene una lista complementaria de tratamientos para enfermedades raras". Los pacientes con frecuencia reciben medicamentos y terapias ya descartados en otros países por la ciencia médica. Por ello, resulta urgente que se escuche con la mayor atención la voz de los pacientes de estas enfermedades en la elaboración del petitotio nacional, el cual debe incluir la participación ciudadana para ser válido.

La Mesa subtraya que el nuestro "es uno de los países con menor disponibilidad de tratamientos en comparación a nuestros países vecinos", lo cual es inadmisible. Señala a DIGEMID como responsable  burocrático de esta situación, dada su condición de ente rector csobre medicamentos: "sus trámites complejos y burocráticos no permiten el ingreso rápido a tratamientos innovadores, no tiene verdaderos controles de bioequivalencia y no tiene implementado un buen sistema de farmacovigilancia (...) Se necesita urgentemente el ingreso de más tratamientos y mayor investigación frente a estas enfermedades".

Otra barrera que deben superar los pacientes.de enfermedades raras es el costo del diagnóstico y tratamiento, que pueden sumir en la miseria a la familia entera. El FISSAl (fondo para enfermedades de alto costo), en la práctica, termina disponiendo la atención solo a los pacientes  de cáncer, transplantes, enfermedad renal y poco más, sin llegar a cubrir realmente las enfermedades raras. Se requiere, por tanto, un fondo especial destinado de manera intangible a atender estas enfermedades poco frecuentes: "no todos los tratamientos son farmacológicos, muchos pacientes, sobre todo pediátricos, necesitan formulas nutricionales, equipos biomédicos" y otros auxilios sencillos. 

La pandemia de Covid-19 ha golpeado duramente a los pacientes de enfermedades raras, propiciando la interrupción de su atención y el retraso en la entrega de sus tratamientos, con graves consecuencias de discapacidad o muerte prematura. Las dificultades obligan a los pacientes a juntar esfuerzos para que su derecho a la salud sea respetado. La Ley 29698 declaró preferente y de interés nacional  el tratamiento de las personas que padecen enfermedades raras o huérfanas, pero tuvieron que pasar nueve años antes de que se aprobara su regkamento hace apenas dos años, un reglamento restrictivo que considera enfermedad rara aquella que afecta a uno de cada 100 mil personas, criterio 50 veces más restrictivo que el sostenido por la OMS.

Recién en dicimebre se aprobó el plan nacional de las enfermedades raras o huérfanas 2021-2024. El plan prevé la participación ciudadana, pero la Mesa advierte: "necesitamos que se defina y reglamente esta participación para que no siga siendo algo decorativo (...). Requerimos una recopilación sistemática de datos sobre enfermedades raras, hasta la fecha no se implementa el registro nacional de pacientes con enfermedades raras y huérfanas, no sabemos cuántos, dónde y cómo estamos, seguimos siendo invisibilizados y por lo tanto no tenemos una atención preferente como lo estipula la ley".

Este 28 de febrero, día de las Enfermedades Raras, recuerde usted, lector, que las enfermedades son raras, los pacientes no. Que las personas que conviven con estas patologías tienen derecho a un diagnóstico, a un tratamiento integral, a la rehabilitación, y a la no discriminación. Tienen derecho a una oportunidad de vida. Y usted, señor ministro de Salud, tenga el gesto de recibir a las y los integrantes de la Mesa de la Sociedad Civil: Los pacientes importan, tal y como se los han solicitado. Escuche, conoczca sus demandas, e informe de las acciones tomadas o por tomar por su despacho.

Artículo de opinión de Ronald Gamarra Herrera, publicado en Hildebrandt en sus trece, el día viernes 26 de febrero de 2021.

Fuente Hildebrandt.

Ronald Gamarra: "Los pacientes importan, señora ministra"

"Mientras escribo estas líneas, el Tribunal de transparencia conmina al MINSA a la entrega de la información tal como lo ha ordenado".

El Ministerio de Salud (MINSA) parece estar decidido a poner todos los obstáculos posibles para frustrar, al menos por este año, el acceso de los ciudadanos, especialmente de los pacientes, al proceso de elaboración del Petitorio Nacional Único de Medicamentos Esenciales (PNUME), que es el documento legal que aprueba la relación de medicamentos que el sector público adquiere para la atención de la salud pública en todo el país. Este proceso hasta ahora se ha llevado siempre entre cuatro paredes, sin transparencia, a espaldas de la opinión de los pacientes.

Qué otra cosa se puede entender si ya van 80 días sin que el MINSA haya cumplido con la obligación de elaborar y aprobar el manual de participación ciudadana en la preparación del PNUME. La Ley que así lo ordena se promulgó el 27 de marzo de este año. Los 120 días de plazo se cumplieron a fines de julio. A la fecha, ya debía haber un manual de participación ciudadana.

Pero tampoco se trata de que se apruebe cualquier compendio, vademécum o novelón a espaldas de los interesados. La elaboración del propio manual de participación también debe ser transparente, abierta, democrática, y eso exige establecer mesas de trabajo conjunto, eventos de participación pública, una discusión abierta y directa con los pacientes y sus organizaciones. Todo ello debería resultar en la prepublicación del proyecto de manual de participación ciudadana, que sea objeto de un último debate y recojo de sugerencias. Pero nada de eso ha habido. Ninguna apertura. Silencio total durante seis meses.

Ante esta situación, presentamos en julio de este año una solicitud formal al MINSA pidiendo el acceso a la información generada por este organismo en relación con la preparación del manual de participación. Porque es de suponer que la burocracia algo habrá avanzado en tanto tiempo. Y claro que lo hizo. Pero nada, ninguna respuesta. Silencio, silencio y más silencio. Que los pacientes se vayan a fastidiar a otro lado con su impertinente voluntad de participar. ¿La ley y sus plazos establecidos? Pues, sencillamente, se desobedecen, se desacatan. ¿Y qué va a pasar, pues? No hay sanción prevista para este incumplimiento.

Tanto desacato no podía dejarse pasar sin reaccionar. Así, pues, el ominoso e indiferente silencio del MINSA hizo ineludible presentar un recurso de apelación ante el Tribunal de Transparencia y Acceso a la Información Pública (TTAIP) en el mes de septiembre. Este importante tribunal es el organismo que está encargado de resolver como última instancia administrativa las controversias relacionadas con la transparencia y el derecho al acceso a la información pública a nivel nacional. Sus resoluciones tienen carácter vinculante; no son simples recomendaciones.

En los últimos días de ese mes, el MINSA informó que la propuesta de manual se encontraba en el despacho ministerial “para su revisión y aprobación”. Sí, se había proyectado un manual de participación ciudadana… sin la participación ciudadana. No se mencionó intención alguna de prepublicación. Y claro, tampoco se nos proporcionó copia de la propuesta. En octubre, siguiendo el trámite establecido, el TTAIP acordó por unanimidad declarar fundado el recurso de apelación contra la denegatoria de la solicitud de acceso a la información pública presentada; y, en consecuencia, ordenar al MINSA la entrega de la información solicitada.

Pues bien, estimados lectores, sucede que pasó de largo el plazo concedido para la entrega de la información y el MINSA sigue encerrado en su absoluto mutismo, haciendo caso omiso ante las urgentes y justas demandas de transparencia y participación que les hacen los pacientes y sus organizaciones, que aguardan tratamientos y medicinas que deben ser aprobados en el PNUME. Los pacientes deben opinar sobre los medicamentos que el estado compra para atender la salud pública. Este proceso no puede ni debe ser una suerte de coto cerrado de la burocracia.

En Brasil, Chile y Colombia los y las pacientes participan de las políticas de salud. ¿Cuánto tiempo seguiremos esperando para permitirlo en Perú? Junto a los y las pacientes exigimos al MINSA la entrega de la información solicitada y la prepublicación del proyecto de manual de participación ciudadana en la elaboración del PNUME. Una y otra no son gracias y tampoco concesiones facultativas, sino obligaciones del MINSA y un derecho ganado por los pacientes y, en general, por los ciudadanos, en aras de una necesaria transparencia que parece tan difícil de alcanzar, vistas las dificultades que opone la burocracia.

El acceso a la información que el MINSA maneja sobre la elaboración del manual permitirá que los pacientes de los servicios de salud puedan evaluar y supervisar el proceso de su elaboración y aprobación, así como plantear sus opiniones y necesidades, para que el nivel de participación ciudadana en la elaboración del PNUME sea amplio, permanente, efectivo y pleno en todas sus etapas. Un buen manual de participación ciudadana en la elaboración del PNUME contribuye a garantizar el derecho a la salud y a que no se compren medicinas que responden únicamente a intereses comerciales.

Mientras escribo estas líneas, el Tribunal de Transparencia conmina al MINSA a la entrega de la información tal como lo ha ordenado, bajo apercibimiento de remitir copias al Ministerio Público por la actitud renuente de las autoridades y funcionarios responsables de dicha entidad.

La historia podría tener un final parcialmente positivo. Después de 80 días de retraso, el MINSA deberá cumplir con la entrega de la información de la que dispone sobre el proceso de elaboración del manual de participación ciudadana. Es cierto que lo harán con gran retraso y prescindiendo de un necesario proceso de participación que hubiera podido aportar mucho. Esperamos que esa oportunidad se pueda dar ahora y que sirva efectivamente para la elaboración del PNUME. Aunque todavía es posible que la ministra de Salud, en un acto de transparencia y ejercicio democrático, decida someter el proyecto de manual -sí, doctora Mazzetti, ese que tiene encima de su escritorio- a una prepublicación para recibir los aportes de las y los pacientes y sus organizaciones. Eso esperamos. ¿Lo hará?.

Artículo de opinión de Ronald Gamarra Herrera publicado en Hildebrandt en sus trece el viernes 16 de octubre de 2020.

Fuente: https://www.hildebrandtensustrece.com/.

Ronald Gamarra: Normalización de la muerte

Cincuenta mil muertos en nuestro país como resultado de la pandemia de covid, con la perspectiva de crecer mucho más, no se sabe hasta qué cifra, es algo que se dice muy fácil y rápido, pero resulta imposible de aceptar. Son tantos muertos, tantos, como los que podría haber en una guerra, tal vez más que todas las que hemos sufrido en dos siglos de república. Y, sin embargo, como sociedad y Estado, este trago infinitamente amargo nos lo estamos bebiendo con una pasividad, con una negligencia, con una falta de alternativas que ya da vértigo.

Los 50 mil muertos actuales y los que vendrán, solo son ya un número, una estadística que se observa con cínica indiferencia. Empapados ya, desde lo más alto del poder hasta el ciudadano más común, con la idea disociadora y egoísta de que “cada uno baila con su propio pañuelo”, todos tienden a pensar, sin mayor reflexión, que a ellos no les tocará la mala suerte, que la muerte es para otros, los condenados a ser el costo social de una “normalización” que no es ni puede ser tal en tanto la pandemia no sea contenida mediante una acción efectiva.

Allí tenemos al gobierno, cada vez más hundido en la confusión y el caos político, marchando a tientas, sin rumbo reconocible, ahogado además por la ineficacia y la negligencia de su propia burocracia, que no cesa de poner trabas al cumplimiento de las disposiciones más elementales que son dictadas, o a las iniciativas que surgen desde la sociedad civil para afrontar problemas concretos como el abastecimiento de oxígeno. El fracaso del gobierno en proveer esta necesidad elemental de los pacientes más graves, a pesar del largo tiempo transcurrido, es sumamente elocuente de su naufragio.

Allí tenemos también a este Congreso de pacotilla, integrado por sinvergüenzas y analfabetos funcionales, que no cesa de esforzarse por igualar al que lo precedió. Hemos cambiado mocos por babas, hay que decirlo con tristeza. Un Congreso repleto de demagogos y tunantes que hacen y deshacen en función de intereses oscuros o puramente electoreros, que hasta ahora no mueven un dedo en la lucha contra la corrupción blindada por el parlamento anterior, y que frente a la pandemia solo pone obstáculos al gobierno y promueve el dióxido de cloro.

Como si esto fuera poco, tenemos a montones, a todo nivel social y por todas partes del país, ciudadanos inconscientes de su ciudadanía, que se niegan a colaborar en el gran esfuerzo colectivo que esta pandemia nos exige para hacerle frente y vencerla. No pues, para qué tomarse molestias, si a uno no le va a rozar lo que sí les tocó a esos pobres 50 mil que ya no están. Si soy joven y, si me pega, hay pocas probabilidades de ser tan piña como para coger un caso fatal; allá los viejos, ellos sí están jodidos, pero ya han vivido su vida, pues. Los viejos a la tumba del covid, los jóvenes a la pachanga clandestina.

Y así, con una inconsciencia colectiva realmente suicida, añadimos a la tragedia del covid, más desgracias de nuestra propia cosecha, como la que ocurrió en la discoteca de Los Olivos donde 13 personas murieron pisoteadas y asfixiadas cuando trataban de huir de una intervención policial sobre una fiesta prohibida por el estado de emergencia en que vivimos. Un caso que nos pinta de cuerpo entero a todo nivel, donde confluyen responsabilidades, o tal vez irresponsabilidades, tanto de autoridades, empresarios inescrupulosos y juergueros con la cabeza evidentemente vacía.

Lo ocurrido en la discoteca de Los Olivos es, en pequeño, lo que ocurrió en el Estadio Nacional de Lima en 1964. La Policía Nacional ya debería haber aprendido de aquella tremenda tragedia. ¿No era más efectivo, en vez de capturar a los 120 irresponsables que chupaban y bailaban, hacer un seguimiento de los dueños y promotores del local y capturarlos exclusivamente a ellos, en sus casas, con los cargos bien fundamentados para que no paren hasta la cárcel? La Policía seguramente actuó legalmente, pero probablemente le faltó criterio.

Trece muertos que parecieron no impresionar demasiado a la gente, si se tiene en cuenta los comentarios atroces que poblaron las redes sociales celebrando la muerte de aquellas personas. Que se lo merecían por infringir las normas, decían, como si fueran jueces inapelables, y pasemos a otra cosa más importante. Ni asomo de consternación o empatía por lo ocurrido. Mucho menos aún, alguna reflexión objetiva sobre lo ocurrido en concreto y lo que esto refleja o evidencia como un mal moral generalizado. Trece muertos que no nos importan, que solo sirven para abultar las estadísticas del Sinadef.

Artículo de opinión de Ronald Gamarra Herrera publicado en Hildebrandt en sus trece el día viernes 28 de agosto de 2020.

Fuente Hildebrandt en sus trece.