Ronald Gamarra: El Tribunal Constitucional hace historia

"Hay que decir que el TC aprobšo esta sentencia casi por unamimidad. Solo uno de sus integrantes se opuso. ¿Quién fue? Acertaron, ese mismo: el fujimorista José Luis Sardón. Era de esperar".

Ante la actitud inicialmente tibia del Gobierno, la zafada de cuerpo del Congreso y la reacción tardía de otros órganos del Estado, que culminó en la payasada protagonizada por la gran mayoría de tunantes del "nuevo" Parlamento, que decidió no decir nada y lavarse las manos con respecto a la situación de hacinamiento en los centros penitenciarios del país y el peligro que esto representa tanto para los internos como para los trabajadores penitenciarios del país y el peligro que esto representa tanto para los internos como para los trabajadores penitenciarios ante la epidemia de Covid-19, surgió de pronto, este martes, una reacción inesperada y singularmente positiva por parte del Tribunal Constitucional.

En efecto, el Tribunal Constitucional, en la sentencia que dictó en un expediente proveniente de Tacna, ante la demanda interpuesta por el interno identificado con las iniciales C.C.B., no solo declaró fundada la demanda en lo principal de ella, sino que fue mucho más allá de una manera sustantiva, a la altura de su alta función estatal, pues advirtiendo que la concreta situación era representativa de todas las personas privadas de libertad, declaró explícitamente la inconstitucionalidad del estado de hacinamiento en  los centros penitenciarios de todo el país, es decir, la inadmisibilidad de esta situación en el marco de nuestra ley fundamental. La sentencia pues, pretende remediar una generalizada y sistemática violación de derechos y dignidades.

La sentencia a la cual nos referimos dice literalmente que el Tribunal decide: “Declarar que existe un estado de cosas inconstitucional respecto del permanente y crítico hacinamiento de los establecimientos penitenciarios y las severas deficiencias en la capacidad de albergue, calidad de su infraestructura e instalaciones sanitarias, de salud, de seguridad, entre otros servicios básicos, a nivel nacional”. Echando mano de una técnica largamente empleada por la Corte Constitucional de Colombia – la del estado de cosas inconstitucional. el TC cantó esta vez tan claro como lo hace el gallo. Ninguna autoridad puede hacer oídos sordos ante esta decisión.

La sentencia del TC en realidad no hace otra cosa que reconocer la realidad, que simplemente consiste en la total ilegalidad de un estado de cosas con el cual hemos convivido por décadas sin que ningún régimen, gobierno, autoridad o parlamento, y menos ningún político, se haya querido dar por enterado. Nadie quiso nunca enfrentar de raíz el tema y afrontar su urgente reforma. Las pocas voces que desde la sociedad civil llamaban la atención sobre este problema nunca fueron escuchados.

La sentencia del TC, sin embargo, no se limita a declarar la inconstitucionalidad de la situación de hacinamiento en los centros penitenciarios. Fija el carácter progresivo de las medidas que dicta, establece parámetros –ya sabremos si son de estructura, proceso y de resultado- y acota niveles de cumplimiento. Entra en detalles que tienen que ver con la obligación que impone a las autoridades de tomar medidas concretas en plazos acotados para resolver este problema. Exige tomar medidas concretas desde ya, y para ello empieza por declarar que “las alternativas de solución a los problemas de hacinamiento carcelario en el Perú exigen el trabajo conjunto y coordinado del Poder Legislativo, Poder Judicial y Poder Ejecutivo, entre otros, así como la participación de la sociedad en general”.

De manera que aquí no vale lavarse las manos como Pilatos ni continuar haciéndose el loco, señores y señoras autoridades nacionales: presidente, ministros, congresistas, jueces supremos, fiscales supremos. Y la sociedad civil tiene carta blanca para participar activamente de este proceso, que por tanto debe ser abierto y transparente, y ofrecer resultados concretos en plazos que también tienen término concreto.

Así, el TC ha fijado en cinco años el plazo que vencerá en 2025 para que todos los centros penitenciarios del país adopten “las medidas suficientes para superar dicho estado de cosas inconstitucional”, pues de lo contrario “estos deberán ser cerrados por la respectiva autoridad administrativa, lo que podría implicar el cierre temporal del establecimiento penitenciario para el ingreso de nuevos internos, el cierre temporal del establecimiento penitenciario con traslado de los internos a otros establecimientos penitenciarios sin hacinamiento, entre otras medidas, según se trate del nivel de hacinamiento, y hasta que se garanticen las condiciones indispensables de reclusión”.

En el mismo parágrafo el TC señala responsabilidades concretas si la meta no es alcanzada para entonces: “asumiendo la responsabilidad de la omisión o deficiencia las respectivas instituciones públicas, empezando por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos”. Atención, señores, señoras, que las responsabilidades comienzan por el MINJUS, en tanto entidad rectora del Instituto Nacional Penitenciario, pero no terminan allí. Los legisladores que irracional o demagógicamente se opongan, por ejemplo, también podrán ser responsabilizados.

Al MINJUS también se le hace responsable de ejecutar medidas efectivas en el marco del estado de emergencia que actualmente rige por la epidemia de covid-19, así como de elaborar en los próximos tres meses un nuevo Plan Nacional de la Política Penitenciaria 2021-2025. El Ministerio de Economía y Finanzas es nombrado explícitamente para que “adopte las medidas necesarias para asegurar los recursos económicos que permitan dar cumplimiento a lo dispuesto en la presente sentencia”. El Poder Judicial también es objeto de exhortaciones específicas.

La cereza del pastel está en el último punto de la sentencia, que dispone el control del cumplimiento de la sentencia por parte del TC, a través de su comisión de seguimiento y cumplimiento de sentencias, y mediante la realización de audiencias públicas de supervisión cada seis meses. O sea, pues, que no estamos jugando. Por último, hay que decir que el TC aprobó esta sentencia casi por unanimidad. Solo uno de sus integrantes se opuso. ¿Quién fue? Acertaron, ese mismo, el fujimorista José Luis Sardón. Era de esperar.

Aún no se conoce la parte considerativa de la sentencia. Sin embargo, estando a lo ya adelantado, seguro que señalara el horror y el abandono: la ausencia de una real política criminal, distante del populismo punitivo; la construcción de más establecimientos penitenciarios como meta casi única de nuestras autoridades; el carácter estructural del problema; el no cumplimiento de las condiciones mínimas que demanda el respeto de la dignidad humana; la violación masiva y generalizada de derechos; la no adopción de medidas de corte legislativo, administrativo o presupuestal necesarias para evitar efectivamente la vulneración de los derechos. Y claro, que en ese espanto, ninguna sentencia ni mandato individual y aislado resultará eficaz.

Artículo de opinión de Ronald Gamarra Herrera publicado en Hildebrandt en sus trece el día viernes 29 de mayo de 2020.

Fuente: http://www.hildebrandtensustrece.com/

Ronald Gamarra: Análisis del deshacinamiento de establecimientos penitenciarios y centros juveniles por riesgo de contagio de COVID-19

El Estudio Arbizu & Gamarra ha presentado el análisis de tres proyectos de Ley que se han debatido en la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso de la República, en relación al deshacinamiento de los establecimientos penitenciarios y centros juveniles por riesgo de contagio de COVID-19 en el Perú.

Análisis Predictamen Deshac... on Scribd

Fuente Estudio Arbizu & Gamarra: https://www.arbizu-gamarra.pe/sin-categoria/2020/analisis-predictamen-proyectos-ley-deshacinamiento-carceles/

Perú: 39 niños viven con sus madres en penal de Chorrillos

A los tres años tienen que dejar el establecimiento penal. Reciben atención integral.

En el centro penitenciario de Mujeres de Chorrillos viven 11 embarazadas y 39 niños menores de 3 años. El INPE brinda atención integral a los menores, gracias a alianzas con el MINEDU, MIMP, MINSA y Cuna Más.

Aquí, como en cualquier guardería de la ciudad, las canciones melifluas, los cochecitos, las planchas de corrospún y paredes multicolores. Los niños dicen agú, berrean, manchan pañales, comen papillas. Ríen.

La ventaja aquí es que las madres de los lactantes, pueden venir cada dos horas a darles teta (aquí se promueve la lactancia materna). La desventaja es que, cuando sus hijos cumplan los tres años, tendrán que despedirse de sus madres. Ellas lo saben.

Ellas se quedarán cumpliendo sus condenas, porque transgredieron la ley. Es más duro para ellos: se irán con sus tíos, abuelas, padres. O, si no se dan las condiciones idóneas para su crianza, a algún orfelinato.

El pabellón 1A

Abrimos el macro: sobre los techos de la institución educación inicial María Parado de Bellido hay alambrados de seguridad. La i.e.i. queda en el interior del centro penitenciario (CP) de Mujeres de Chorrillos, el popular “Santa Mónica”. Aquí 811 mujeres purgan condena; 11 están embarazadas. Además, viven aquí 39 niños.

Empezó la primavera. Los niños han salido con disfraces hechos de material reciclado a recorrer con sus madres hasta donde les permitan las rejas, hasta los límites del CP.

Todas las internas con niños menores de 3 años viven en el pabellón 1-A. Las paredes de estas celdas están llenas de corazones, pósters de personajes de fantasía, Mickeys Mouses, Minnies, osos de peluche, pañales, tinas de baño de bebé. Cada una trata de darle algo de calidez a los duros barrotes.

Gabriel es un chanchito de mentira. Va de la mano con su mamá, Tania. Ella es colombiana y dio a luz en el hospital regional de Ica. Estaba embarazada cuando la internaron en el CP iqueño. Luego la trasladaron aquí, para continuar su condena.

A Gabriel no le funciona el riñón izquierdo y el derecho lo tiene obstruido. Ahora que el papá –también extranjero– cayó en la cárcel, un familiar lleva a Daniel al Hospital del Niño para sus chequeos. Le faltan dos años para que lo separen de su mamá y Tania quiere luchar el beneficio de la semilibertad, para así poder dedicarse a preparar a su niño para las operaciones que necesita.

Para atenderlos mejor

La mayoría de las internas en la dulce espera cuentan con el Seguro Integral de Salud (SIS) y solo dos con el seguro de Essalud. Por ello, el Instituto Nacional Penitenciario (Inpe) tiene convenio con el Ministerio de Salud (Minsa) para atender a las madres y sus hijos –vacunas, tamizajes y control en general– tanto en el hospital María Auxiliadora como en el centro médico Virgen del Carmen.

Gracias a otro convenio, la i.e.i. MPB cuenta con cuatro profesoras del Ministerio de Educación, además de una docente del Inpe. Y un acuerdo con el Programa Nacional Cuna Más les permite dar a los menores una alimentación fortalecida y balanceada. Además, siete internas han sido capacitadas, tras pasar diversas pruebas, y ahora son las “madres cuidadoras”, una suerte de auxiliares, que trabajan en cada una de las cuatro aulas bajo las órdenes de las docentes.

Los convenios interinstitucionales tienen menos de dos años. Como recuerda María Enciso Vicente, directora de la i.e.i. intracarcelaria, antes solo se contaba con una profesora del Inpe, Marlene Soto, y una interna-madre que les prestaba ayuda.

En el CP se busca dar una atención integral a los niños. Se busca que todos los niños que ingresen tengan partida de nacimiento y la tarjeta del control de vacunas. De lo contrario, gracias a convenios con el Reniec y el Minsa se busca completar la documentación faltante.

El CP cuenta con una obstetra, una psicóloga, una nutricionista y una asistenta social para trabajar con las internas y sus niños. No hay pediatras, pero una institución privada y la municipalidad de Chorrillos facilitan la llegada periódica de estos especialistas.

“Hemos mejorado bastante. Lo positivo es que ha volteado la mirada. Antes eran niños invisibles. Si bien el presupuesto está casi para todo, para alimentación y servicios básicos, nosotros asumimos a los niños porque están bajo nuestra responsabilidad”, resume la directora del penal, Jeny Ramos.

La espera del adiós

Rinalda Rojas (32) abraza a Daniel Valentino, su niño de nueve meses, lo ha vestido como una ovejita para el paseo primaveral. Hay varias fotos de su hermano, que viene siempre a visitarlos desde provincia. El papá del niño está en Cusco; ella es de Tingo María. Rinalda se hace cargo sola del bebé: lava ropa para costearse los pañales, la leche, la ropa de su hijo.

El 25% de las madres de estos 39 niños no reciben ayuda de los padres y familiares y crían solas a sus hijos. La directora de la i.e.i., María Enciso, dice que cuando esporádicamente llega alguna ayuda de una empresa u oenegé tratan de canalizarlas, primero, para esas madres.

Y cuando los niños llegan a los dos años y medio es cuando se empieza a prepararlo. Primero se ve a las familias maternas; después, el lado del padre. Si tiene familia, los fines de semana va saliendo para que se vaya acostumbrando.

Porque a los tres años, como dicta la ley, el niño se tendrá que ir. Todas las internas lo saben. Alrededor del 50% de los casos, los niños salen junto con sus madres. En el resto de los casos, el INPE informa al MIMP del “egreso definitivo” del menor para que haga el seguimiento. Si se ve que la familia no cuenta con las condiciones o vive en una zona demasiado violenta, poco favorable, entonces se hace la “ubicación”. Son los menos casos. Sin embargo, nunca dejará de ser duro ver a un niño crecer sin su madre.

Situación en penales del país

A escala nacional, el Inpe tiene a su cargo 14 CP de mujeres y 32 penales “mixtos”, con pabellones femeninos. En 19 CP hay presencia de niños. Los de mayor presencia de menores son los de Chorrillos, Trujillo y Huánuco.

“El niño no es un interno. La intención es que, por más que esté en un penal, tenga lo más cercano a un desarrollo normal integral. Aquí tienen profesores y una alimentación balanceada”, dice el vicepresidente del Inpe, Marlon Florentino. Solo 10 establecimientos penitenciarios cuentan con cunas e instituciones educativas.

 Tras la exitosa experiencia de Cuna Más en los penales Chorrillos y anexo Chorrillos, firmada en el 2018, el Inpe busca extender este año el convenio en beneficio de los menores en los CP de Trujillo y Huánuco. Y, luego cubrir los 19 CP con presencia de infantes en todo el país.

Fuente José Vadillo Vila en ANDINA: https://andina.pe/agencia/noticia-especial-los-39-ninos-viven-sus-madres-penal-chorrillos-768545.aspx