CIDH: Informe sobre Desplazamiento Interno en países del Triángulo Norte de Centroamérica

Washington D.C.- La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) publicó su informe "Desplazamiento Interno en el Triángulo Norte de Centroamérica – Lineamientos para la formulación de Políticas Públicas". En este informe, la Comisión contextualiza y define los derechos de las personas desplazadas internas y una serie de estándares interamericanos en la materia. Como un aporte novedoso, el informe incluye lineamientos dirigidos a la formulación de políticas públicas con enfoque de derechos humanos para la atención del fenómeno del desplazamiento interno, elaborados a partir de los estándares interamericanos relacionados con las obligaciones estatales de prevenir, proteger, brindas asistencia humanitaria a las víctimas y garantizar el retorno a sus lugares de origen.

La CIDH reconoce que el desplazamiento interno es un fenómeno complejo y multicausal en dicha región. En su labor de monitoreo de derechos humanos ha identificado a lo largo de los últimos años, de conformidad con la información recibida a través de sus distintos mecanismos, un gran número de personas desplazadas internas en El Salvador, Guatemala y Honduras.

Este informe se acompaña de  una Guía Práctica que contiene lineamientos para la formulación de políticas públicas en materia de desplazamiento interno, dirigidos a orientar la actuación de los Estados, así como brindar herramientas a la sociedad civil y a las personas desplazadas para demandar, acompañar, incidir y controlar la actuación estatal.

CIDH DesplazamientoInterno 

CIDH Guia DesplazamientoInterno 

Fuente CIDH: http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2019/204.asp

El caso Sepur Zarco: las mujeres guatemaltecas que exigieron justicia en una nación destrozada por la guerra

Durante la guerra civil que azoló Guatemala durante 36 años, las mujeres indígenas sufrieron violaciones sistemáticas y esclavitud a manos del personal militar en una pequeña comunidad cercana al puesto avanzado de Sepur Zarco.  

Lo que les ocurrió no es un caso único, pero lo que sucedió a continuación cambió la historia. Desde 2011 hasta 2016, 15 mujeres sobrevivientes lucharon para obtener justicia en el tribunal supremo de Guatemala. Este caso sin precedentes concluyó con la condena de dos ex militares por delitos de lesa humanidad y la concesisón de 18 medidas de reparación para las sobrevivientes y su comunidad. Las Abuelas Zepur Zarco, como se las conoce respetuosamente, esperan hoy vivir la justicia. Para ellas, la justicia incluye educación para las niñas y niños de su comunidad, acceso a la tierra, una clínica sannitaria y un conjunto de medidas que pongan fin a la pobreza extrema que su comunidad ha sufrido durante generaciones. La justicia hay que vivirla.

El día en que los militares llegaron para llevarse a su esposo y su hijo quedó grabado en la memoria de María Ba Caal, aunque ya no recuerda bien algunos detalles. "Cuando se llevaron a mi esposo y a mi hijo de 15 años, ambos trabajaban. El Ejército llegó por la tarde y los sacó de casa. No recuerdo la fecha, pero fue la última vez que vi a mi marido y a mi hijo", señala.
De eso hace 36 años. María Ba Caal tiene ahora 77.

Como muchas otras mujeres otras mujeres maya q’eqchi’ de Sepur Zarco, una pequeña comunidad rural ubicada en el valle de Polochic, en el noreste de Guatemala, María continúa buscando los restos de su esposo y su hijo, que desaparecieron por la fuerza y lo más probable es que fueran asesinados por el ejército guatemalteco a principios de la década de 1980.

El conflicto de Guatemala
El conflicto armado interno de Guatemala se remonta a 1954, cuando un golpe militar derrocó al presidente electo democráticamente, Jacobo Arbenz. Seguidamente, el gobierno militar que se instauró eliminó las reformas agrarias que beneficiaban a las/os agricultoras/es pobres (en su mayor parte indígenas), lo que provocó un conflicto armado entre el ejército y diversos grupos de guerrilleros progresistas, que se prolongó 36 años y segó más de 200.000 vidas. La mayoría de las personas que fueron asesinadas en el marco del conflicto (un 83%) eran indígenas mayas.


Cronología del conflicto de Guatemala

¿Qué ocurrió en Zepur Sarco?
En 1982, el ejército estableció un puesto avanzado en Sepur Zarco para el descanso del personal militar. En aquel momento, los líderes q'eqchi' de la zona trataban de obtener derechos legales sobre sus tierras. El ejército respondía con desapariciones forzadas, torturas y asesinatos de hombres indígenas, así como con violaciones y esclavitud de mujeres.

"Quemaron nuestra casa. No fuimos a la base militar (el puesto avanzado) de Sepur porque quisiéramos... nos obligaron. Nos acusaban de alimentar a los guerrilleros. ¡Pero no los conocíamos! Tuve que dejar a mis hijas e hijos bajo un árbol para ir a cocinar para los militares... y...". María Ba Caal no puede terminar la frase. El final inconcluso resuena en el aire mientras permanecemos sentadas frente a su chabola de barro. Sus bisnietos juegan cerca de nosotras. Ella llora en silencio. 

"Violación” y “esclavitud sexual” son palabras que no tienen una traducción fácil a la lengua q’eqchi’. “Nos obligaban a turnarnos”, prosigue. “Decían que nos matarían si no hacíamos lo que nos ordenaban".

Posteriormente, María Ba Caal y otras mujeres que habían sido esclavizadas por los militares sufrieron durante años el rechazo de sus propias comunidades, que las llamaban “prostitutas”. La guerra civil de Guatemala no sólo fue la que más muertes causó en la región; también dejó un terrible legado de violencia contra las mujeres. 

Hoy en día la comunidad de Sepur Zarco se compone de unas 226 familias. La ciudad más próxima, Panzós, se encuentra a 42 km en coche por una carretera polvorienta y sólo parcialmente pavimentada.

A pocos kilómetros de Sepur Zarco se erigen las ruinas de la granja Tinajas, rodeada de campos de maíz. En mayo de 2012, la Fundación de Antropología Forense de Guatemala exhumó 51 cuerpos de indígenas en este lugar, que habían sido asesinados y enterrados en fosas comunes por el ejército guatemalteco. Las pruebas obtenidas en Tinajas supusieron uno de los puntos de inflexión en el caso Sepur Zarco.

Paula Barrios, directora de Mujeres Transformando el Mundo, explicó que las comunidades indígenas que viven en la zona creían que más de 200 hombres habían sido llevados allí y jamás se les había vuelto a ver.

"Esta era la verdad del pueblo q’eqchi’, pero tuvimos que demostrar que aquellas historias eran ciertas. La exhumación continuó durante 22 días y costó 100.000 quetzales (13.500 dólares estadounidenses). Algunas familias tuvieron noticia de ello y acudieron al lugar esperando encontrar a sus parientes desaparecidos. Las mujeres de la comunidad de Sepur Zarco también vinieron y cocinaron para el personal. Cavaron y cavaron durante cuatro días, pero no hallaron ningún cuerpo. Los antropólogos dijeron que el día siguiente sería el último".

"Encontraron el primer cuerpo al día siguiente".

En 2011, 15 mujeres sobrevivientes de Sepur Zarco - a las que hoy se conoce respetuosamente como “abuelas”— llevaron su caso ante el tribunal supremo de Guatemala, con el apoyo de las organizaciones locales defensoras de los derechos de las mujeres, de ONU Mujeres y de otros socios de las Naciones Unidas.

Después de 22 audiencias, el 2 de marzo de 2016, el tribunal condenó a dos ex militares por delitos de lesa humanidad (violación, asesinato y esclavitud) y concedió 18 medidas de reparación para las sobrevivientes y sus comunidades. Fue la primera vez en la historia que un tribunal nacional enjuiciaba un cargo de esclavitud sexual durante un conflicto utilizando la legislación nacional y el derecho penal internacional.



Las abuelas lucharon para obtener justicia y reparación, no sólo para ellas, sino también para lograr un cambio que beneficiara a toda la comunidad. En su sentencia, el tribunal prometió reabrir los expedientes de reclamación de tierras, crear un centro de salud, mejorar la infraestructura de la escuela de enseñanza primaria y abrir una nueva escuela de educación secundaria, además de ofrecer becas para mujeres y niñas/os; medidas que pueden sacar a esas personas de la pobreza extrema que todavía hoy continúan sufriendo.

"Cuando llevamos nuestro caso ante el tribunal, creíamos que ganaríamos, porque decíamos la verdad”, afirma María Ba Caal. “Para mí es muy importante que nuestro país escuche nuestra voz y conozca nuestra historia, para que lo que hemos vivido no le ocurra a nadie más".

Como parte de las medidas de reparación, las organizaciones de la sociedad civil trabajaron con el Ministerio de Educación guatemalteco en la elaboración de un cómic para niñas/os que narra la historia de Sepur Zarco. El cómic se distribuirá en las escuelas de enseñanza secundaria de la capital del país, la ciudad de Guatemala, así como en los municipios de la zona de Alta Verapaz.

Tan sólo una de las 11 abuelas sobrevivientes que lucharon para ganar este caso sin precedentes posee una casa en Sepur Zarco. La mayoría de las demás viven en las comunidades vecinas de San Marcos, la Esperanza y Pombaac, en viviendas provisionales. Detrás del centro para mujeres que se está construyendo hay una pequeña parcela de terreno; a las abuelas les han prometido que podrán construir sus casas en ella.

María Ba Caal y Felisa Cuc nos llevan a visitar la zona. Felisa Cuc tiene 81 años y está esperando su casa. Quiere que sea de ladrillo y estaño.

"Cuando escuché la sentencia, me puse muy contenta. Pensé que mi vida iba a mejorar. Pero en este momento no sé si viviré lo suficiente como para ver los resultados".

Doña Felisa ha tenido una vida difícil. Los soldados se llevaron a su esposo en 1982 y lo torturaron. Nunca más volvió a verle. “Nos violaron a mí y a mis dos hijas, que se habían casado hacía poco tiempo. Sus esposos habían huido... Tratamos de escapar, buscamos refugio en casas abandonadas, pero los soldados nos encontraron. Violaron a mis hijas delante de mí”.

El puesto avanzado de descanso de Sepur Zarco se clausuró en 1988, y el conflicto terminó formalmente en 1996 con la firma del acuerdo de paz. Sin embargo, las abuelas continuaron luchando por conseguir un mínimo de dignidad, un pedazo de tierra y comida.

Fuente ONU Mujer: http://www.unwomen.org/es/news/stories/2018/10/feature-sepur-zarco-case

Guatemala: Sentencia caso Molina Theissen

Aquí la histórica sentencia en el caso de la familia Molina Theissen, la desaparición de un niño hace 36 años, ocurrido en Guatemala.

Organismo Judicial de Guatemala.

SENTENCIA MolinaTheissen 

Fuente CALDH: http://paraqueseconozca.blogspot.com/

CorteIDH: Guatemala es responsable por la separación arbitraria de la familia Ramírez y las adopciones irregulares de sus dos hijos

San José de Costa Rica, 17 de mayo de 2018.- Guatemala es responsable por la separación arbitraria de la familia Ramírez, en virtud de las irregularidades cometidas en el proceso de declaración de abandono y en los posteriores procedimientos de adopción internacional de los hermanos Ramírez, según concluyó la Corte Interamericana de Derechos Humanos en su sentencia emitida el 09 de marzo de 2018 y notificada al país de Guatemala.

"La Corte nota que el presente caso se enmarcó en un contexto de serias irregularidades en los procesos de adopción de niñas y niños guatemaltecas, favorecido por la debilidad institucional de los órganos de control y una normativa flexible e inadecuada que facilitó la formación de redes y estructuras de delincuencia organizada  dedicadas al "lucrativo" negocio de las adopciones internacionales", dijo la Corte.

CorteIDH Guatemala Cp 17 18 

Sentencia CorteIDH Guatemala Seriec_351_esp 

Fuente Corte IDH: http://www.corteidh.or.cr/index.php/es

Erradicando la Impunidad de las atrocidades cometidas en dictaduras en América Latina

Nueva publicación "Erradicando la impunidad de las atrocidades cometidas en dictadura, régimenes autoritarios y conflictos armados en América Latina".

Retos y buenas prácticas en Argentina, Chile, Colombia, Guatemala y Perú.

Autores: Ronald Gamarra Herrera, Nelson Camilo Sánchez, Magdalena Garcés Fuentes, Gastón Chillier, Verónica Torras, Herminia Saquimux Canastuj.

Erradicating Impunity 12 XPV

Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos.

The Fund Global for Human Rights.

Informe CIDH sobre Derechos Humanos en Guatemala

Washington, D.C. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) publicó el informe “Situación de los Derechos Humanos en Guatemala”, basado en la observación realizada durante la visita in loco que tuvo lugar del 31 de julio al 4 de agosto de 2017, así como otras visitas de la CIDH y de sus Relatorías Temáticas, en el monitoreo que la Comisión realiza en cumplimiento de su mandato.

Este informe analiza la situación de derechos humanos en Guatemala. La CIDH aborda el sistema de administración de justicia, la situación de personas defensoras de derechos humanos y operadores de justicia, mujeres, niños, niñas y adolescentes, pueblos indígenas y personas afrodescendientes, migrantes y personas desplazadas, la situación de la libertad de expresión, temas relacionados a la seguridad ciudadana, y la situación de personas bajo custodia del Estado. A su vez, el informe ofrece recomendaciones con el objetivo de asistir al Estado guatemalteco en el fortalecimiento de sus esfuerzos por proteger y garantizar los derechos humanos en el país.

La Comisión valora en su informe avances en materia de derechos humanos. La Comisión destaca avances en el combate a la impunidad, gracias al trabajo coordinado de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y el Ministerio Público y reitera el reconocimiento a la labor realizada por ambas instituciones. En materia de seguridad, la Comisión saluda el plan del Estado para el retiro gradual del Ejército en tareas de seguridad ciudadana.  Asimismo, la CIDH observa avances en la especialización del sistema de justicia;  y la entrada en vigor del nuevo Código de Migración.

No obstante, persisten importantes desafíos en materia de derechos humanos. Subsisten varios de los motivos que generaron el conflicto armado interno: se mantiene una economía basada en la concentración del poder económico en pocas manos y una estructura estatal débil, con pocos recursos por la escasa recaudación fiscal y altos niveles de corrupción y violencia. Asimismo, la Comisión recibió información de manera reiterada sobre la persistencia de estructuras de poder paralelas que impiden la lucha contra la impunidad y la corrupción, y el fortalecimiento del Estado de Derecho. También persisten problemas estructurales como la discriminación racial, la desigualdad social, una profunda situación de pobreza y exclusión, y falta de acceso a la justicia, los cuales constituyen un obstáculo para el pleno respeto a los derechos humanos. Guatemala se ha convertido en el país más afectado por la desnutrición crónica en América Latina, y es uno de los países con las mayores tasas de desnutrición crónica a nivel mundial. En relación con la violencia e inseguridad, a pesar de haber tenido una ligera disminución en los últimos años, la tasa general de homicidios en el país sigue siendo una de las más altas de América Latina y el Caribe.

Guatemala enfrenta un alto nivel de impunidad por la falta de un sistema de administración de justicia fortalecido y eficiente. Los sectores de la población históricamente marginados, como las mujeres, las personas LGBTI, las niñas, niños  y adolescentes,  los pueblos y comunidades indígenas, y las personas afrodescendientes, personas migrantes, entre otros, enfrentan obstáculos particulares que limitan su acceso efectivo a la justicia. La CIDH analiza en su informe la importancia de garantizar la independencia e imparcialidad a través de procesos de selección y nombramiento de operadores de justicia y de altas autoridades que cumplan con los estándares internacionales sobre la materia. Asimismo, la CIDH insta al Estado a impulsar la importante reforma constitucional en materia de justicia.

Por otra parte, la CIDH resalta en su informe la grave situación que enfrentan las defensoras y los defensores de derechos humanos en el país y la importancia de prevenir y sancionar los ataques e intimidaciones contra personas defensoras, por la valiosa labor que desempeñan y dado el impacto multiplicador que dichos ataques tienen en la vigencia de los derechos humanos en el país. Del mismo modo, el informe constata la preocupante situación de operadores de justicia en el país, quienes enfrentan señalamientos, actos de hostigamiento, campañas de difamación, ataques y amenazas contra su vida e integridad, especialmente quienes participan en casos de alto impacto de corrupción, graves violaciones a derechos humanos o aquellos en donde se encuentran en juego importantes intereses económicos. Esta situación ha conllevado a que la CIDH solicite al Estado de Guatemala la adopción de medidas cautelares a favor de personas defensoras de derechos humanos y operadoras de justicia, incluyendo al Procurador de Derechos Humanos. La Comisión advierte la importancia de la elaboración de un programa o política pública para la protección integral de las y los defensores de derechos humanos, en cumplimiento a lo señalado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Defensor de Derechos Humanos y otros Vs. Guatemala.

En matria de memoria, verdad y justicia, el informe revela que los avances relacionados a casos  que tuvieron lugar durante el conflicto interno son limitados comparados con el número de violaciones a los derechos humanos perpetradas y las obligaciones que tiene el Estado de Guatemala al respecto.

La CIDH observa también con preocupación la falta de avances en el caso por genocidio. Respecto al derecho a la consulta previa, la CIDH resalta que su implementación debe ante todo, respetar el derecho a la libre determinación y asegurar que no se convierta en un mero proceso formalista que no responda a las particularidades del pueblo o comunidad indígena consultada. Por otra parte, la CIDH recibió abundante información sobre acciones de desalojos forzosos que han afectado a cientos de personas que habitan en zonas rurales, y el riesgo que enfrentan un número significativo de comunidades campesinas e indígenas de ser desalojadas por el Estado como resultado de la ejecución de órdenes judiciales.

El informe analiza la tragedia ocurrida en el Hogar Virgen de la Asunción, en el que murieron 41 niñas y adolescentes bajo custodia del Estado. Dicha tragedia evidenció las condiciones inseguras de los hogares, la situación deplorable de los centros de detención, la debilidad y desarticulación institucional en materia de derechos de la niñez, y la falta de una Política Pública Nacional de garantíade derechos que no sea reduccionista ni proteccionista.

Respecto de la situación de periodistas, el informe constata que Guatemala vive un contexto de violencia, caracterizado por asesinatos, amenazas y un discurso que busca estigmatizar a los medios y comunicadores comprometidos con el combate a la corrupción y el abuso de poder. Durante su visita in loco, la CIDH también constató que Guatemala no registra avances en relación con los excesivos niveles de concentración en la propiedad y control de medios audiovisuales, en especial de la televisión abierta.

En cuanto a las personas privadas de libertad en centros de detención, el informe registra que el sistema penitenciario guatemalteco se caracteriza principalmente por el hacinamiento, el uso excesivo de la prisión preventiva, y el retraso de la justicia. Además, lo caracterizan las deplorables condiciones de detención, los altos niveles de violencia, la falta de programas eficaces para la reinserción social, la corrupción, y la ausencia de control efectivo de las autoridades al interior de los centros de reclusión. Asimismo, la CIDH advierte el internamiento forzado al que se enfrentan las personas con discapacidad mental en el Hospital Nacional de Salud Mental “Federico Mora”, ante la falta de servicios de atención en la comunidad que permitan su integración a la misma.

El informe incluye recomendaciones al Estado de Guatemala para enfrentar los graves problemas de derechos humanos del país. En especial, la Comisión recomienda al Estado, como medidas inmediatas, redoblar su compromiso para continuar con la lucha contra la impunidad, la violencia, intolerancia y la corrupción, a través de políticas y programas de prevención y de respeto a los derechos humanos, así como de una justicia fortalecida, independiente e imparcial. El informe también incluye otras recomendaciones específicas en relación con  administración de justicia, justicia transicional y reparaciones a las víctimas del conflicto armado,  la desigualdad y exclusión persistente de ciertos grupos y comunidades, la violencia e inseguridad, y sobre sectores específicos de la población tales como mujeres, pueblos indígenas, comunidades afrodescendientes, personas defensoras de derechos humanos, la niñez, personas migrantes y personas bajo custodia del Estado.

La CIDH reitera su compromiso con el Estado guatemalteco en la búsqueda de soluciones a los problemas identificados, y en la implementación de las recomendaciones del presente informe, formuladas con un espíritu constructivo y de cooperación. La CIDH está a disposición del Estado para colaborar con Guatemala en dar seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones del informe con el fin de asegurar el goce efectivo de los derechos humanos de todas las personas bajo su jurisdicción.

La Comisión reitera su agradecimiento al Presidente Jimmy Morales y a su Gobierno la invitación a realizar la visita in loco. Asimismo agradece todas las facilidades logísticas y la asistencia brindadas para la realización satisfactoria de la misma. La Comisión valora la información suministrada por las autoridades estatales y la apertura para dialogar constructivamente con la CIDH. Asimismo, la Comisión agradece el esfuerzo de víctimas de violaciones a los derechos humanos y sus familiares, colectivos, organizaciones de la sociedad civil y autoridades indígenas y afrodescendientes para reunirse con la delegación y presentar testimonios, denuncias y comunicaciones.

Guatemala2017 Es

Fuente CIDH: http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2018/064.asp

Corte IDH: Guatemala no garantizó acceso a la justicia en caso de desaparición de una mujer en investigación sesgada por estereotipos de género

San José, Costa Rica. 25 de septiembre de 2017. Guatemala es responsable por la violación de los derechos a la igual protección de la ley y a la no discriminación en el acceso a la justicia durante las investigaciones seguidas por la desaparición de Mayra Angelina Gutiérrez Hernández, según concluyó la Corte Interamericana en su sentencia emitida el 24 de agosto de 2017 y notificada el día de hoy. 

El 7 de abril de 2000, Mayra Angelina Gutiérrez Hernández, docente universitaria, no realizó el viaje de trabajo que acostumbraba emprender los viernes a la ciudad de Huehuetenango para dictar clases. Dos días después, su hermano y una compañera de trabajo interpusieron denuncias ante la Policía Nacional Civil por su desaparición. Hasta la fecha permanece abierta la investigación por su desaparición en sede del Ministerio Público. Por otro lado, en el año 2000 la Cámara Penal de la Corte Suprema de Justicia ordenó al Procurador de los Derechos Humanos realizar un procedimiento especial de averiguación. Ambas investigaciones se centraron en establecer la posible responsabilidad de la ex pareja de la señora Gutierrez, dejando de lado otras hipótesis, particularmente aquellas que implicarían la participación o aquiescencia de agentes estatales. 

La Corte concluyó que desde las primeras etapas de la investigación de la desaparición de Mayra Gutiérrez existieron faltas de debida diligencia. Se realizó una valoración estereotipada de Mayra Gutiérrez y se prejuzgó sobre el móvil de la desaparición, centrando la investigación en sus relaciones personales y estilo de vida. Los prejuicios y estereotipos negativos de género afectaron la objetividad de los agentes encargados de las investigaciones, cerrando líneas posibles de investigación sobre las circunstancias del caso. La investigación se centró únicamente en la línea del ‘‘crimen pasional’’, por lo que Corte reiteró que este concepto es parte de un estereotipo que justifica la violencia contra la mujer. El calificativo ‘‘pasional’’ pone el acento en justificar la conducta del agresor. De esta manera, la Corte Interamericana rechazó toda práctica estatal mediante la cual se justifica la violencia contra la mujer y se le culpabiliza por ésta.

Para el Tribunal se trata de estereotipos de género, que son incompatibles con el derecho internacional de los derechos humanos y los Estados deben tomar medidas para erradicarlos. La Corte resaltó que los prejuicios personales y estereotipos de género afectan la objetividad de los funcionarios estatales encargados de la investigación, distorsionan sus percepciones y dan lugar a decisiones basadas en creencias preconcebidas, en lugar de hechos. Estas prácticas no son un hecho aislado en Guatemala, ya que en los casos Veliz Franco y otros y Velázquez Paiz la Corte constató la tendencia de los investigadores a desacreditar a las víctimas y culpabilizarlas por su estilo de vida, o ropa, así como a indagar sobre aspectos relativos a sus relaciones personales y sexualidad.

Todo ello derivó en que el caso no se investigara de manera seria, con rigor ni exhaustivamente, manteniéndose en la impunidad por más de 17 años. Esto constituyó una forma de discriminación en el acceso a la justicia por razones de género. A su vez, se vulneró el derecho al plazo razonable. Por tanto, el Estado fue encontrado responsable por violar tanto el derecho a la igual protección de la ley como el deber de respetar y garantizar sin discriminación los derechos contenidos en la Convención Americana, los derechos a las garantías judiciales y protección judicial, así como el deber estatal de actuar con la debida diligencia para investigar y en su caso sancionar la violencia contra la mujer de la Convención de Belém do Pará, en perjuicio de Mayra Angelina Gutiérrez Hernández y sus familiares.

Por otro lado, si bien actualmente se desconoce el paradero de Mayra Alejandra la Corte Interamericana no encontró elementos suficientes para determinar que lo ocurrido haya constituido una desaparición forzada con la intervención de agentes estatales o la aquiescencia de éstos. No obstante, debido a que en este caso las investigaciones realizadas por el Estado no han sido diligentes, el Tribunal señaló que tampoco es posible descartar esta hipótesis.

En virtud de estas violaciones, la Corte ordenó como medidas de reparación que, en un plazo razonable, se conduzca la investigación por la desaparición de la víctima eficazmente y libre de estereotipos negativos de género, se determine su paradero, así como se paguen indemnizaciones por concepto de daño inmaterial y por el reintegro de costas y gastos.

Corte IDH Guatemala Resumen_339_esp

Fuente Corte IDH: http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/resumen_339_esp.pdf

CIDH: Derechos humanos y lucha contra la impunidad y la corrupción en Guatemala

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) decidió emitir la resolución con base en la relevancia de la lucha contra la impunidad y la corrupción, que guarda una relación inequívoca con el ejercicio y disfrute de los derechos humanos, y en atención a la situación que se vive en Guatemala tras la decisión del Presidente de la República Jimmy Morales de declarar persona non grata a Iván Velásquez, Comisionado titular de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICG) y ordenar su expulsión del país.

CIDH Resolucion 1 17 Es  Fuente CIDH: http://www.oas.org/es/cidh

CIDH otorga medidas cautelares a Guatemala y lamenta muertes por incendio en el Hogar Seguro Virgen de la Asunción

Washington D.C., La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) lamenta la muerte de al menos 38 niñas y adolescentes internadas en la macro-institución de acogimiento para niñas y adolescentes Hogar Seguro Virgen de la Asunción, en la ciudad de San José Pinula, Guatemala, y otorga medidas cautelares. La CIDH hace un llamado al Estado a efectos de investigar estos hechos y las causas que los originaron con debida diligencia y sin dilaciones; a adoptar medidas urgentes para evitar la repetición de hechos similares; a proveer atención a las personas que han resultado con graves quemaduras u otras afectaciones físicas o psicológicas como resultado del incendio; y a implementar de modo inmediato todas las acciones necesarias para garantizar los derechos de todos los niños, niñas y adolescentes que se encuentran en esta macro-institución mientras el Estado emprende medidas efectivas para promover la reintegración a sus familias, cuando sea posible y con los apoyos necesarios, o identifique alternativas de cuidado que sean más protectoras.

Según información de público conocimiento, el 8 de marzo de 2017 se ocasionó un incendio en el Hogar Seguro Virgen de la Asunción supuestamente iniciado por un grupo de niñas y adolescentes internas que se encontrarían encerradas en uno de los salones de la institución en represalia por el intento de fuga que protagonizaron el día anterior. En el intento de fuga del 7 de marzo habrían participado decenas de niñas y adolescentes, al parecer en protesta por los horarios de visitas de familiares, la alimentación que reciben y por situaciones de abuso, malos tratos y violencia sexual contra ellas que se estarían dando en el Hogar; algunas de ellas todavía no habrían sido localizadas.

A consecuencia del incendio, al menos 38 niñas y adolescentes perdieron la vida y varias decenas más de personas estarían siendo tratadas por sus lesiones y quemaduras a consecuencia del incendio, algunas de las cuales se encontrarían en situacion de gravedad lo cual podría elevar el número total de fatalidades.

De acuerdo a la información publicada por algunos medios, al momento de los hechos en el Hogar Seguro Virgen de la Asunción se encontrarían internadas entre 700 y 800 niñas y adolescentes, cuando la institución tendría capacidad para albergar alrededor de 400 personas, aunque las cifras que se manejan son poco claras y confiables. La institución acoge a niñas y a adolescentes que han sido víctimas de violencia, que no cuentan con cuidados parentales adecuados, que tienen alguna discapacidad, embarazadas, con adicciones o que se encuentran en otras circunstancias que motivaron su ingreso a la institución como una medida de protección tomada por el Estado para garantizar su bienestar. A pesar de que el Hogar Seguro Virgen de la Asunción estaría destinado a proteger a niñas y adolescentes en situacion de vulnerabilidad, según informaciones aparecidas en prensa en el interior de la institución se encontraría también operando una unidad para adolescentes varones en conflicto con la ley penal o que ya habrían cumplido sus penas pero no estarían en condiciones de regresar a sus familias.

La situación de los derechos de los niños, niñas y adolescentes que carecen de cuidados parentales adecuados, o que por otros motivos relacionados con su protección deben ser ubicados en una modalidad de cuidado alternativo que resguarde sus derechos e integridad, ha sido analizada en detalle por la CIDH en su informe temático El derecho del niño y la niña a la familia. Cuidado alternativo. Poniendo fin a la institucionalización en las Américas. En el referido informe la CIDH ha expresado su profunda preocupación por la situación en la que se encuentran los niños, niñas y adolescentes internados en macro-instituciones de acogimiento debido a las precarias condiciones en las que se encuentran la mayoría de sus instalaciones, en términos sanitarios, higiénicos, de seguridad y hacinamiento, que no son compatibles con el objetivo de protección y cuidado. En estas macro-instituciones el número de cuidadores y otro personal a menudo es evidentemente insuficiente para atender el elevado número de niños y niñas, o no hay el personal cualificado y preparado para prestarles el apoyo y la asistencia que requieren; en estos contextos también es habitual encontrar niños, niñas y adolescentes de muy diversos perfiles que no se encuentran agrupados en función de sus edades y necesidades de protección, lo cual puede propiciar situaciones de abuso y violencia.

La CIDH además ha señalado con alarma la existencia en este tipo de macro-instituciones de frecuentes alegaciones de violencia física, psíquica y sexual –por parte del personal del centro o de otros internos-, trato negligente, una alimentación deficiente, falta de acceso a servicios educativos y médicos adecuados a su edad así como restricciones injustificadas en el contacto con sus familiares, lo cual  constituyen graves violaciones a los derechos de la niñez.

En este sentido, la CIDH reitera que los Estados mantienen una posición reforzada de garante respecto de los niños, niñas y adolescentes que se encuentran bajo su custodia en centros o instituciones de acogimiento; esto implica el deber de garantizar la protección de sus derechos y un cuidado adecuado a sus circunstancias, y así mismo comporta la necesidad de adoptar las medidas necesarias para prevenir situaciones de riesgo que, como la presente, amenacen gravemente los derechos fundamentales de estos niños, niñas y adolescentes. La CIDH también ha recordado el deber de los Estados de separar a niños y niñas que estén bajo su custodia por motivos de protección, de los adolescentes en conflicto con la ley penal.

Así mismo, la CIDH enfatiza los principios de necesidad, excepcionalidad y temporalidad a la hora de separar a los niños de sus familias y de sus comunidades para ubicarlos en una modalidad de acogimiento, y que estas decisiones solo pueden adoptarse en el interés superior del niño. Adicionalmente, la CIDH recuerda que en cumplimiento del deber que tienen los Estados de proteger los derechos de los niños y su derecho a vivir con sus familias, los Estados deben adoptar medidas adecuadas para apoyar y asistir a las familias en la crianza y cuidado de los niños, niñas y adolescentes, especialmente destinadas a aquellas familias en situacion de vulnerabilidad.

La CIDH CIDH urge al Estado a garantizar que la investigación de estos hechos sea conducida con la debida diligencia para esclarecer las circunstancias y conocer las causas que llevaron a los mismos, tomando en consideración el testimonio de las niñas y las adolescentes y sus opiniones sobre los motivos que desencadenaron estos graves hechos. Los Estados tienen la obligación de conducir investigaciones serias, diligentes e imparciales de hechos que ocurran en centros donde haya personas que se encuentren bajo su custodia y que resulten en muertes, heridos o alegaciones de violaciones a derechos. Estas investigaciones deben dilucidar las responsabilidades de las personas que por acción u omisión tuvieron algún nivel de responsabilidad en la ocurrencia de los hechos, derivar las sanciones que sean procedentes, así como constituir una vía de reparación para las víctimas. La CIDH además exhorta al Estado a que realice los esfuerzos necesarios para ubicar con prontitud a las niñas y adolescentes que estarían desaparecidas a raíz de los hechos de los días 7 y 8 de marzo.

Considerando este tipo de contextos, la CIDH ha hecho un llamado a todos los Estados de la región a que pongan fin a la institucionalización de la niñez en macro-instituciones similares a la en que ocurrieron estos terribles y lamentables hechos; en ese sentido, la CIDH insta al Estado de Guatemala a que no permita el ingreso de más niñas y adolescentes en esta macro-institución y que proceda a apoyar decididamente los procesos de reintegración de las niñas y las adolescentes a sus familias, o cuando ello no sea posible las ubique en una modalidad de cuidado acorde con los estándares internacionales que realmente pueda ofrecerles seguridad, protección y cuidado.

Al momento de finalizar la edición de este comunicado, la CIDH ha tomado la decisión de otorgar la Medida Cautelar 958-16 solicitando al Estado de Guatemala que adopte las medidas necesarias para proteger la vida e integridad personal de las niñas, niños y adolescentes que se encuentren en el “Hogar Seguro Virgen de Asunción”, incluyendo aquellos que han resultado con graves quemaduras u otras afectaciones físicas o psicológicas como resultado del incendio; para que asegure que las condiciones en las que se encuentran las niñas, niños y adolescentes en el Hogar se adecúen a los estándares internacionales aplicables mientras que el Estado emprende medidas efectivas para promover la reintegración a sus familias, cuando sea posible y con los apoyos necesarios a éstas, o identifique alternativas de cuidado que sean más protectoras; prohíba el ingreso de más niñas, niños y adolescentes al “Hogar Seguro Virgen de la Asunción”; concierte las medidas a adoptarse con los beneficiarios y la solicitante; y que informe sobre las acciones adoptadas a fin de investigar los hechos alegados que dieron lugar a la adopción de la presente medida cautelar y así evitar su repetición.

La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan sus países de origen o residencia.

Fuente CIDH: http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2017/031.asp

HRW: El asilo, una protección difícil de obtener para los niños migrantes en México

Ciudad de México. Niños de América Central que huyen de graves amenazas afrontan enormes obstáculos a la hora de solicitar asilo en México, aseguró Human Rights Watch en un informe de 165 páginas “Puertas Cerrados: El fracaso de México en la protección de niños refugiados y migrantes de América Central” documenta grandes contradicciones entre la legislación mexicana y su puesta en práctica. Por ley, México ofrece protección a aquellos cuya vida o seguridad corren peligro si son devueltos a su país de origen. Sin embargo, menos del uno por ciento de los menores que son detenidos por las autoridades migratorias de México son reconocidos como refugiados, según datos oficiales del gobierno.

“Sobre el papel, la ley mexicana parece proporcionar todas las medidas de protección a los niños que han huido de sus países de origen porque temen por sus vidas”, dijo Michael Bochenek, asesor jurídico principal de la División de Derechos del Niño de Human Rights Watch. “Pero en realidad sólo unos cuantos reciben asilo, lo que refleja que, a pesar de que los niños y adultos de América Central afrontan serias amenazas, el gobierno no está tomando debidamente en consideración sus solicitudes”. 

Human Rights Watch entrevistó a 61 niños y más de 100 adultos que llegaron a México desde El Salvador, Guatemala y Honduras. Human Rights Watch también entrevistó a funcionarios del gobierno mexicano; representantes del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), la agencia de la ONU para los refugiados, y representantes de organizaciones no gubernamentales. Además, revisó archivos de casos y datos recopilados por las agencias de inmigración y protección de refugiados de México.

Estos hallazgos se producen en un momento en el que el número de niños indocumentados que han sido detenidos por las autoridades mexicanas registra un gran aumento. Las autoridades migratorias de México aprehendieron a más de 35.000 niños en 2015, casi un 55 por ciento más que en 2014, y un 270 por ciento más que en 2013.

Este incremento refleja en parte el creciente apoyo financiero que el gobierno de Estados Unidos ha concedido a México para que implemente un control migratorio más estricto desde mediados de 2014, cuando empezaron a llegar a EE.UU. cifras récord de centroamericanos, incluyendo niños no acompañados y familias con niños.

La violencia de las pandillas ha plagado los países del “Triángulo Norte” de América Central, formado por El Salvador, Guatemala y Honduras, desde hace más de diez años y con frecuencia, los niños se han convertido en las víctimas principales de las bandas en estos tres países.

Muchos de los niños que Human Rights Watch entrevistó dijeron que fueron presionados para sumarse a las pandillas, a menudo bajo la amenaza de daño físico o muerte, para ellos o para los miembros de sus familias. Las niñas afrontan además el riesgo particular de la violencia sexual y el acoso por parte de los miembros de las bandas. Otros niños relataron cómo fueron extorsionados o secuestrados a cambio de un rescate.

Gabriel R., un joven de 15 años del departamento hondureño de Cortés, dio el siguiente testimonio a Human Rights Watch: “Estaba en la escuela, en el noveno grado. Un día, la pandilla se acercó a mí cerca del colegio donde estudiaba. Me dijeron que tenía que unirme a ellos. Me dieron tres días. Si no me unía a ellos, me matarían”. Gabriel R. huyó de Honduras por su cuenta en mayo de 2015, antes de que vencieran los tres días de plazo.

Sin embargo, cuando los niños huyen a México, los agentes migratorios con frecuencia no les informan sobre su derecho a pedir asilo ni los evalúan adecuadamente para determinar si cumplen con los criterios válidos para ser reconocidos como refugiados, descubrió Human Rights Watch.

Los menores que solicitan asilo no reciben asesoría jurídica ni de ningún otro tipo a menos que tengan la suerte de ser representados por una de las pocas organizaciones no gubernamentales que proveen asistencia jurídica a los solicitantes de asilo. Los procesos de asilo no están diseñados teniendo en cuenta a los niños y con frecuencia sólo los confunden.

Los niños que quieren solicitar asilo también afrontan la amenaza de la detención prolongada. Varios niños contaron a Human Rights Watch que los agentes migratorios les advirtieron que la mera presentación de una solicitud de asilo resultaría en un período de detención más largo. Human Rights Watch también habló con varios niños y padres que decidieron no pedir asilo o retirar su solicitud, e incluso aceptar la devolución a sus países de origen a pesar de los riesgos, debido a que no querían permanecer encerrados.

La legislación mexicana establece que los niños no acompañados deberían ser transferidos al cuidado del sistema de protección de menores de México y que sólo deberían ser detenidos bajo circunstancias excepcionales. Sin embargo, la detención de niños migrantes parece ser la norma.

Incluso los niños con la suerte suficiente para acabar en refugios operados por la agencia de protección de los menores de México experimentan una variante de detención. No acuden a las escuelas locales y apenas tienen contacto con la comunidad. A menos que necesiten atención médica especializada, permanecen encerrados en el recinto del refugio durante la duración de su estancia.

Bajo las leyes internacionales, los niños no deben ser detenidos como medida de control migratorio; en su lugar, los Estados deben “poner fin rápida y completamente a la detención de los niños a causa de su estatus migratorio”, tal como establece el Comité de Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño. México tiene la obligación de proporcionarles a estos niños protección y cuidados adecuados en un entorno apropiado.

México tiene el derecho a controlar sus fronteras, pero los niños migrantes no deberían permanecer encerrados. México puede brindar atención y protección adecuadas a niños no acompañados o separados de múltiples maneras, ya sea alojándolos con familias o en centros estatales o privados. Mientras que algunos podrían necesitar un alojamiento en instalaciones cerradas, detener a los menores en condiciones prácticamente carcelarias viola las leyes internacionales, advirtió Human Rights Watch.

México debe asegurarse de que los niños tengan acceso efectivo a los procedimientos de reconocimiento de la condición de refugiado, incluyendo asesoría jurídica y otro tipo de asistencia. El gobierno también debería ampliar la capacidad de su agencia de refugiados, incluso mediante el establecimiento de su presencia a lo largo de la frontera sur de México.

El gobierno de EE.UU., que ha presionado a México para bloquear el cruce de centroamericanos, debería proporcionar más financiamiento y apoyo para que México mejore y amplíe su capacidad para procesar solicitudes de asilo y brindar asistencia social a los solicitantes de asilo y refugiados. El gobierno de EE.UU. debería vincular el financiamiento que otorga a las entidades mexicanas dedicadas al control de la inmigración y las fronteras a su cumplimiento demostrado de las normas nacionales e internacionales de derechos humanos.

El gobierno de EE.UU. también debería ampliar su Programa de Procesamiento de Refugiados/Permisos para Niños Menores en Centroamérica para permitir que los niños
presenten sus solicitudes desde México y otros países donde buscaron refugio, y ampliar los criterios de elegibilidad para que incluyan también a otros familiares, y no sólo a los padres, que estén legalmente en EE.UU.

“Poner a los niños en una posición en la que crean que tienen que elegir entre meses en detención o ser devueltos al peligro del cual han huido, viola tanto la decencia común como el derecho mexicano e internacional”, observó Bochenek. “Tanto México como EE.UU. deberían ofrecer una atención adecuada y una oportunidad razonable para que los niños que huyen del peligro en América Central puedan solicitar protección”.

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Fuente Human Rights Watch: https://www.hrw.org/es/news/2016/03/31/el-asilo-una-proteccion-dificil-de-obtener-para-los-ninos-migrantes-en-mexico

CIDH: publica informe sobre la situación de derechos humanos en Guatemala

Washington, D.C. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) publica hoy el informe “Situación de Derechos Humanos en Guatemala: Diversidad, Desigualdad y Exclusión”, el cual aborda desafíos estructurales en materia de seguridad ciudadana, acceso a la justicia e impunidad, marginación y discriminación que afectan gravemente los derechos humanos de sus habitantes. El informe analiza en particular el sistema de administración de justicia de Guatemala y la necesidad de que sea adecuado, eficiente, independiente e imparcial, a fin de dar respuesta a la impunidad estructural por las graves violaciones de derechos humanos del pasado y del presente. Asimismo, el informe aborda especialmente la situación de los pueblos indígenas de Guatemala, quienes han visto afectado su derecho a sus tierras y territorios ancestrales y sufren exclusión, desigualdad y desnutrición como consecuencia del racismo y la discriminación estructural. Se analiza la situación de derechos humanos de las y los defensores de derechos humanos, periodistas, mujeres, niñas, niños y adolescentes, personas con discapacidad, personas lesbianas, gay, trans, bisexuales e intersex y migrantes.

"Hemos notado cambios en Guatemala en pro de una sociedad más respetuosa de los derechos humanos", dijo el Relator de la CIDH para Guatemala, Comisionado Enrique Gil Botero. "Estos avances han sido promovidos y provocados por el trabajo de funcionarios públicos comprometidos con la justicia, así como por defensores y defensoras de derechos humanos y líderes sociales. El trabajo que realizan, que muchas veces pone en riesgo su vida y su integridad, ha sido y sigue siendo esencial".

Entre los avances registrados, destaca una reducción en la tasa de homicidios y la decisión de la Corte de Constitucionalidad en septiembre de 2015 que por primera vez ordena se implemente la consulta previa e informada con las comunidades indígenas afectadas por un proyecto de inversión. También en materia de administración de justicia se destaca la labor de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y el Ministerio Público en la desarticulación de redes criminales y en la lucha contra la corrupción. La CIDH valora, asimismo, los esfuerzos del Estado para crear un programa de protección a periodistas, las acciones tomadas para prevenir y combatir la trata de personas y, el registro de estadísticas diferenciadas en materia de violencia contra la mujer que alimentan el diseño de políticas públicas, entre otros. La CIDH saluda además la decisión adoptada por el gobierno en 2015 de prorrogar el mandato de la CICIG, cuyo trabajo ha sido crucial.

El año 2015 ha sido de especial impacto para la sociedad guatemalteca. Desde la revelación del llamado “Caso La Línea” y de otra serie de actos de corrupción, la sociedad guatemalteca se volcó a las calles a exigir justicia. El 3 de septiembre de 2015, Otto Pérez Molina renunció a la Presidencia de la República, encontrándose sometido a un proceso por su presunta participación en la red de defraudación aduanera. El 25 de octubre de 2015, James Ernesto Morales fue elegido en segunda vuelta como Presidente de la República.

"El nuevo gobierno tiene desafíos cruciales en materia de derechos humanos", dijo el Presidente de la CIDH, James Cavallaro. "Tomar medidas para asegurar que las y los guatemaltecos puedan vivir en un país libre de violencia, combatir la impunidad, la corrupción, la exclusión y la discriminación, son solo algunos de esos desafíos. Confiamos en que el nuevo gobierno retomará la agenda de los Acuerdos de Paz y garantizará el cumplimiento de las recomendaciones de la CIDH y de las sentencias de la Corte Interamericana", agregó.

El informe de la CIDH contiene recomendaciones para colaborar con el Estado en abordar algunos de los constantes problemas que Guatemala viene enfrentando desde hace décadas, entre ellos la pobreza, el racismo, la discriminación, la exclusión, la violencia y la impunidad. Estos problemas están enmarcados en una estructura estatal débil, con pocos recursos por la escasa recaudación fiscal y con un alto nivel de corrupción. El informe concluye que la impunidad, la corrupción, el crimen organizado, la intolerancia y la violencia política, así como la exclusión social de diversos sectores, representan un serio peligro de retroceso en la vigencia efectiva del Estado de Derecho y restringen el pleno goce de los derechos humanos en Guatemala. El informe centra su análisis en tres aspectos fundamentales de la situación de derechos humanos en el país: seguridad ciudadana, la administración de justicia y la situación de desigualdad y exclusión de los pueblos indígenas.

Los altos índices de violencia e inseguridad que padece Guatemala están relacionados con la exclusión social y la falta de aplicación de la ley. En este contexto, la situación se ve agravada con el resurgimiento de las desapariciones, asociadas principalmente al actuar del crimen organizado, la problemática de los linchamientos y el uso desmesurado y poco supervisado de la seguridad privada. La respuesta del Estado guatemalteco ha sido problemática, ya que el debilitamiento continuo de la Policía Nacional Civil, el uso desproporcionado de los estados de excepción, la militarización de la seguridad ciudadana y la creación de escuadrones especiales, han generado mayor tensión e incrementado el problema.

Es indispensable una administración de justicia eficiente, independiente y autónoma para el fortalecimiento de la democracia y la vigencia del Estado de Derecho. De especial preocupación para la CIDH han sido los procesos de selección y la permanencia en el cargo de los operadores de justicia, que afecta la independencia judicial, así como la falta de acceso a la justicia y las altas tasas de impunidad, en particular respecto de violaciones a los derechos humanos perpetradas durante el conflicto armado interno.

"La mayor parte de los hechos ocurridos durante el conflicto armado que tuvo lugar de 1960 a 1996 permanecen impunes", dijo el Comisionado Gil Botero. "Aunque ha habido avances en este aspecto, se requieren mayores esfuerzos ante la magnitud de los casos que aún se encuentran en la impunidad", agregó.

Por otro lado, el informe analiza la situación de desigualdad y exclusión que sufren los pueblos indígenas en Guatemala como consecuencia del racismo así como por la discriminación histórica y estructural.

“De acuerdo a cifras de UNICEF, ocho de cada diez niños y niñas indígenas padecen de desnutrición crónica. Este dato es sintomático de una situación de exclusión y desigualdad que viene afectando a los pueblos indígenas de Guatemala por generaciones”, dijo el Relator sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, Comisionado  Francisco Eguiguren Praeli. “Guatemala debe redoblar los esfuerzos para erradicar la pobreza extrema y el hambre, especialmente para eliminar la desnutrición infantil, tal como se recomienda en el informe”, agregó.

La falta de consulta previa, libre e informada con los pueblos indígenas en el marco de proyectos extractivos o de explotación de diverso tipo en sus tierras y territorios ancestrales es un problema que agrava la situación de desigualdad y exclusión de este grupo. A pesar que el Estado de Guatemala  ha señalado que el derecho de los pueblos indígenas a ser consultados es incuestionable, el informe apunta a que  los proyectos de explotación minera, monocultivos, plantas hidroeléctricas y otros que se han desarrollado en las últimas décadas, se han realizado sin la consulta previa, en contravención de los estándares interamericanos de derechos humanos.  Asimismo, el desarrollo de estos proyectos ha resultado en la contaminación de sus aguas y suelos y el desplazamiento forzado de sus tierras.

El informe también aborda la situación del derecho a la libertad de expresión. Tres periodistas fueron asesinados en Guatemala en 2015. Además, ha habido episodios de hostigamiento y agresiones contra periodistas y medios de comunicación, donde los responsables han sido tanto el crimen organizado como líderes políticos y autoridades estatales locales. Este contexto genera un ambiente de intimidación sobre la prensa con el consiguiente efecto inhibitorio y autocensura entre los comunicadores y la afectación del derecho a la información en distintas zonas del territorio. Además, la CIDH y su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión han notado que no se conocieron avances en la obligación asumida en múltiples oportunidades por el Estado para reconocer legalmente al sector de la radiodifusión comunitaria e implementar la asignación efectiva de autorizaciones para utilizar frecuencias por parte de este sector. Por el contrario, continuó la criminalización de estos medios de comunicación. Tampoco mejoró la situación de concentración de la propiedad de los medios de comunicación en ese país.

El informe incluye recomendaciones al Estado para enfrentar los graves problemas de derechos humanos del país. En especial, la CIDH recomienda retomar la agenda de los Acuerdos de Paz  como instrumentos para avanzar en la tarea de construcción de un país más democrático, justo, tolerante y respetuoso de los derechos humanos. El informe también incluye recomendaciones específicas en relación con la situación de violencia e inseguridad, la administración de justicia y la situación de los pueblos indígenas.

La Comisión Interamericana reitera su compromiso con el Estado guatemalteco en la búsqueda de soluciones a los problemas identificados, y en la implementación de las recomendaciones del presente informe, formuladas con un espíritu constructivo y de cooperación. La CIDH está a disposición del Estado para, dentro del marco de su mandato y funciones, colaborar con Guatemala en asegurar el goce efectivo de los derechos humanos de todas las personas.

La Comisión valora y agradece la información suministrada por el Gobierno y representantes y organizaciones de la sociedad civil para la elaboración del informe.

CIDH Situación DDHH Guatemala2016 by sofiabloem

Fuente CIDH: http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2016/033.asp