4/03/2016

HRW: El asilo, una protección difícil de obtener para los niños migrantes en México

Ciudad de México. Niños de América Central que huyen de graves amenazas afrontan enormes obstáculos a la hora de solicitar asilo en México, aseguró Human Rights Watch en un informe de 165 páginas “Puertas Cerrados: El fracaso de México en la protección de niños refugiados y migrantes de América Central” documenta grandes contradicciones entre la legislación mexicana y su puesta en práctica. Por ley, México ofrece protección a aquellos cuya vida o seguridad corren peligro si son devueltos a su país de origen. Sin embargo, menos del uno por ciento de los menores que son detenidos por las autoridades migratorias de México son reconocidos como refugiados, según datos oficiales del gobierno.

“Sobre el papel, la ley mexicana parece proporcionar todas las medidas de protección a los niños que han huido de sus países de origen porque temen por sus vidas”, dijo Michael Bochenek, asesor jurídico principal de la División de Derechos del Niño de Human Rights Watch. “Pero en realidad sólo unos cuantos reciben asilo, lo que refleja que, a pesar de que los niños y adultos de América Central afrontan serias amenazas, el gobierno no está tomando debidamente en consideración sus solicitudes”. 

Human Rights Watch entrevistó a 61 niños y más de 100 adultos que llegaron a México desde El Salvador, Guatemala y Honduras. Human Rights Watch también entrevistó a funcionarios del gobierno mexicano; representantes del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), la agencia de la ONU para los refugiados, y representantes de organizaciones no gubernamentales. Además, revisó archivos de casos y datos recopilados por las agencias de inmigración y protección de refugiados de México.

Estos hallazgos se producen en un momento en el que el número de niños indocumentados que han sido detenidos por las autoridades mexicanas registra un gran aumento. Las autoridades migratorias de México aprehendieron a más de 35.000 niños en 2015, casi un 55 por ciento más que en 2014, y un 270 por ciento más que en 2013.

Este incremento refleja en parte el creciente apoyo financiero que el gobierno de Estados Unidos ha concedido a México para que implemente un control migratorio más estricto desde mediados de 2014, cuando empezaron a llegar a EE.UU. cifras récord de centroamericanos, incluyendo niños no acompañados y familias con niños.

La violencia de las pandillas ha plagado los países del “Triángulo Norte” de América Central, formado por El Salvador, Guatemala y Honduras, desde hace más de diez años y con frecuencia, los niños se han convertido en las víctimas principales de las bandas en estos tres países.

Muchos de los niños que Human Rights Watch entrevistó dijeron que fueron presionados para sumarse a las pandillas, a menudo bajo la amenaza de daño físico o muerte, para ellos o para los miembros de sus familias. Las niñas afrontan además el riesgo particular de la violencia sexual y el acoso por parte de los miembros de las bandas. Otros niños relataron cómo fueron extorsionados o secuestrados a cambio de un rescate.

Gabriel R., un joven de 15 años del departamento hondureño de Cortés, dio el siguiente testimonio a Human Rights Watch: “Estaba en la escuela, en el noveno grado. Un día, la pandilla se acercó a mí cerca del colegio donde estudiaba. Me dijeron que tenía que unirme a ellos. Me dieron tres días. Si no me unía a ellos, me matarían”. Gabriel R. huyó de Honduras por su cuenta en mayo de 2015, antes de que vencieran los tres días de plazo.

Sin embargo, cuando los niños huyen a México, los agentes migratorios con frecuencia no les informan sobre su derecho a pedir asilo ni los evalúan adecuadamente para determinar si cumplen con los criterios válidos para ser reconocidos como refugiados, descubrió Human Rights Watch.

Los menores que solicitan asilo
no reciben asesoría jurídica ni de ningún otro tipo a menos que tengan la suerte de ser representados por una de las pocas organizaciones no gubernamentales que proveen asistencia jurídica a los solicitantes de asilo. Los procesos de asilo no están diseñados teniendo en cuenta a los niños y con frecuencia sólo los confunden.

Los niños que quieren solicitar asilo también afrontan la amenaza de la detención prolongada. Varios niños contaron a Human Rights Watch que los agentes migratorios les advirtieron que la mera presentación de una solicitud de asilo resultaría en un período de detención más largo. Human Rights Watch también habló con varios niños y padres que decidieron no pedir asilo o retirar su solicitud, e incluso aceptar la devolución a sus países de origen a pesar de los riesgos, debido a que no querían permanecer encerrados.

La legislación mexicana establece que los niños no acompañados deberían ser transferidos al cuidado del sistema de protección de menores de México y que sólo deberían ser detenidos bajo circunstancias excepcionales. Sin embargo, la detención de niños migrantes parece ser la norma.

Incluso los niños con la suerte suficiente para acabar en refugios operados por la agencia de protección de los menores de México experimentan una variante de detención. No acuden a las escuelas locales y apenas tienen contacto con la comunidad. A menos que necesiten atención médica especializada, permanecen encerrados en el recinto del refugio durante la duración de su estancia.

Bajo las leyes internacionales, los niños no deben ser detenidos como medida de control migratorio; en su lugar, los Estados deben “poner fin rápida y completamente a la detención de los niños a causa de su estatus migratorio”, tal como establece el Comité de Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño. México tiene la obligación de proporcionarles a estos niños protección y cuidados adecuados en un entorno apropiado.

México tiene el derecho a controlar sus fronteras, pero los niños migrantes no deberían permanecer encerrados. México puede brindar atención y protección adecuadas a niños no acompañados o separados de múltiples maneras, ya sea alojándolos con familias o en centros estatales o privados. Mientras que algunos podrían necesitar un alojamiento en instalaciones cerradas, detener a los menores en condiciones prácticamente carcelarias viola las leyes internacionales, advirtió Human Rights Watch.

México debe asegurarse de que los niños tengan acceso efectivo a los procedimientos de reconocimiento de la condición de refugiado, incluyendo asesoría jurídica y otro tipo de asistencia. El gobierno también debería ampliar la capacidad de su agencia de refugiados, incluso mediante el establecimiento de su presencia a lo largo de la frontera sur de México.

El gobierno de EE.UU., que ha presionado a México para bloquear el cruce de centroamericanos, debería proporcionar más financiamiento y apoyo para que México mejore y amplíe su capacidad para procesar solicitudes de asilo y brindar asistencia social a los solicitantes de asilo y refugiados. El gobierno de EE.UU. debería vincular el financiamiento que otorga a las entidades mexicanas dedicadas al control de la inmigración y las fronteras a su cumplimiento demostrado de las normas nacionales e internacionales de derechos humanos.

El gobierno de EE.UU. también debería ampliar su Programa de Procesamiento de Refugiados/Permisos para Niños Menores en Centroamérica para permitir que los niños
presenten sus solicitudes desde México y otros países donde buscaron refugio, y ampliar los criterios de elegibilidad para que incluyan también a otros familiares, y no sólo a los padres, que estén legalmente en EE.UU.

“Poner a los niños en una posición en la que crean que tienen que elegir entre meses en detención o ser devueltos al peligro del cual han huido, viola tanto la decencia común como el derecho mexicano e internacional”, observó Bochenek. “Tanto México como EE.UU. deberían ofrecer una atención adecuada y una oportunidad razonable para que los niños que huyen del peligro en América Central puedan solicitar protección”.

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