Este informe analiza la situación de derechos humanos en
Guatemala. La CIDH aborda el sistema de administración de justicia, la
situación de personas defensoras de derechos humanos y operadores de
justicia, mujeres, niños, niñas y adolescentes, pueblos indígenas y
personas afrodescendientes, migrantes y personas desplazadas, la
situación de la libertad de expresión, temas relacionados a la
seguridad ciudadana, y la situación de personas bajo custodia del
Estado. A su vez, el informe ofrece recomendaciones con el objetivo de
asistir al Estado guatemalteco en el fortalecimiento de sus esfuerzos
por proteger y garantizar los derechos humanos en el país.
La Comisión valora en su informe avances en materia de derechos
humanos. La Comisión destaca avances en el combate a la impunidad,
gracias al trabajo coordinado de la Comisión Internacional Contra la
Impunidad en Guatemala (CICIG) y el Ministerio Público y reitera el
reconocimiento a la labor realizada por ambas instituciones. En materia
de seguridad, la Comisión saluda el plan del Estado para el retiro
gradual del Ejército en tareas de seguridad ciudadana. Asimismo, la
CIDH observa avances en la especialización del sistema de justicia; y
la entrada en vigor del nuevo Código de Migración.
No obstante, persisten importantes desafíos en materia de
derechos humanos. Subsisten varios de los motivos que generaron el
conflicto armado interno: se mantiene una economía basada en la
concentración del poder económico en pocas manos y una estructura
estatal débil, con pocos recursos por la escasa recaudación fiscal y
altos niveles de corrupción y violencia. Asimismo, la Comisión recibió
información de manera reiterada sobre la persistencia de estructuras de
poder paralelas que impiden la lucha contra la impunidad y la
corrupción, y el fortalecimiento del Estado de Derecho. También
persisten problemas estructurales como la discriminación racial, la
desigualdad social, una profunda situación de pobreza y exclusión, y
falta de acceso a la justicia, los cuales constituyen un obstáculo para
el pleno respeto a los derechos humanos. Guatemala se ha convertido en
el país más afectado por la desnutrición crónica en América Latina, y
es uno de los países con las mayores tasas de desnutrición crónica a
nivel mundial. En relación con la violencia e inseguridad, a pesar de
haber tenido una ligera disminución en los últimos años, la tasa
general de homicidios en el país sigue siendo una de las más altas de
América Latina y el Caribe.
Guatemala enfrenta un alto nivel de impunidad por la falta de un
sistema de administración de justicia fortalecido y eficiente. Los
sectores de la población históricamente marginados, como las mujeres,
las personas LGBTI, las niñas, niños y adolescentes, los pueblos y
comunidades indígenas, y las personas afrodescendientes, personas
migrantes, entre otros, enfrentan obstáculos particulares que limitan
su acceso efectivo a la justicia. La CIDH analiza en su informe la
importancia de garantizar la independencia e imparcialidad a través de
procesos de selección y nombramiento de operadores de justicia y de
altas autoridades que cumplan con los estándares internacionales sobre
la materia. Asimismo, la CIDH insta al Estado a impulsar la importante
reforma constitucional en materia de justicia.
Por otra parte, la CIDH resalta en su informe la grave situación
que enfrentan las defensoras y los defensores de derechos humanos en
el país y la importancia de prevenir y sancionar los ataques e
intimidaciones contra personas defensoras, por la valiosa labor que
desempeñan y dado el impacto multiplicador que dichos ataques tienen en
la vigencia de los derechos humanos en el país. Del mismo modo, el
informe constata la preocupante situación de operadores de justicia en
el país, quienes enfrentan señalamientos, actos de hostigamiento,
campañas de difamación, ataques y amenazas contra su vida e integridad,
especialmente quienes participan en casos de alto impacto de
corrupción, graves violaciones a derechos humanos o aquellos en donde
se encuentran en juego importantes intereses económicos. Esta situación
ha conllevado a que la CIDH solicite al Estado de Guatemala la
adopción de medidas cautelares a favor de personas defensoras de
derechos humanos y operadoras de justicia, incluyendo al Procurador de
Derechos Humanos. La Comisión advierte la importancia de la elaboración
de un programa o política pública para la protección integral de las y
los defensores de derechos humanos, en cumplimiento a lo señalado por
la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Defensor de
Derechos Humanos y otros Vs. Guatemala.
En matria de memoria, verdad y justicia, el informe revela que
los avances relacionados a casos que tuvieron lugar durante el
conflicto interno son limitados comparados con el número de violaciones
a los derechos humanos perpetradas y las obligaciones que tiene el
Estado de Guatemala al respecto.
El informe analiza la tragedia ocurrida en el Hogar Virgen de la
Asunción, en el que murieron 41 niñas y adolescentes bajo custodia del
Estado. Dicha tragedia evidenció las condiciones inseguras de los
hogares, la situación deplorable de los centros de detención, la
debilidad y desarticulación institucional en materia de derechos de la
niñez, y la falta de una Política Pública Nacional de garantíade
derechos que no sea reduccionista ni proteccionista.
Respecto de la situación de periodistas, el informe constata que
Guatemala vive un contexto de violencia, caracterizado por asesinatos,
amenazas y un discurso que busca estigmatizar a los medios y
comunicadores comprometidos con el combate a la corrupción y el abuso de
poder. Durante su visita in loco, la CIDH también constató
que Guatemala no registra avances en relación con los excesivos niveles
de concentración en la propiedad y control de medios audiovisuales, en
especial de la televisión abierta.
En cuanto a las personas privadas de libertad en centros de detención, el informe registra que el sistema penitenciario guatemalteco se caracteriza principalmente por el hacinamiento, el uso excesivo de la prisión preventiva, y el retraso de la justicia. Además, lo caracterizan las deplorables condiciones de detención, los altos niveles de violencia, la falta de programas eficaces para la reinserción social, la corrupción, y la ausencia de control efectivo de las autoridades al interior de los centros de reclusión. Asimismo, la CIDH advierte el internamiento forzado al que se enfrentan las personas con discapacidad mental en el Hospital Nacional de Salud Mental “Federico Mora”, ante la falta de servicios de atención en la comunidad que permitan su integración a la misma.
El informe incluye recomendaciones al Estado de Guatemala para
enfrentar los graves problemas de derechos humanos del país. En
especial, la Comisión recomienda al Estado, como medidas inmediatas,
redoblar su compromiso para continuar con la lucha contra la impunidad,
la violencia, intolerancia y la corrupción, a través de políticas y
programas de prevención y de respeto a los derechos humanos, así como
de una justicia fortalecida, independiente e imparcial. El informe
también incluye otras recomendaciones específicas en relación con
administración de justicia, justicia transicional y reparaciones a las
víctimas del conflicto armado, la desigualdad y exclusión persistente
de ciertos grupos y comunidades, la violencia e inseguridad, y sobre
sectores específicos de la población tales como mujeres, pueblos
indígenas, comunidades afrodescendientes, personas defensoras de
derechos humanos, la niñez, personas migrantes y personas bajo custodia
del Estado.
La CIDH reitera su compromiso con el Estado guatemalteco en la
búsqueda de soluciones a los problemas identificados, y en la
implementación de las recomendaciones del presente informe, formuladas
con un espíritu constructivo y de cooperación. La CIDH está a
disposición del Estado para colaborar con Guatemala en dar seguimiento
al cumplimiento de las recomendaciones del informe con el fin de
asegurar el goce efectivo de los derechos humanos de todas las personas
bajo su jurisdicción.
La Comisión reitera su agradecimiento al Presidente Jimmy Morales y a su Gobierno la invitación a realizar la visita in loco. Asimismo agradece todas las facilidades logísticas y la asistencia brindadas para la realización satisfactoria de la misma. La Comisión valora la información suministrada por las autoridades estatales y la apertura para dialogar constructivamente con la CIDH. Asimismo, la Comisión agradece el esfuerzo de víctimas de violaciones a los derechos humanos y sus familiares, colectivos, organizaciones de la sociedad civil y autoridades indígenas y afrodescendientes para reunirse con la delegación y presentar testimonios, denuncias y comunicaciones.
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