Ninguna
mujer debe quedar relegada en la respuesta de los gobiernos.(Nueva
York) – Los gobiernos deben intensificar sus esfuerzos para detectar la
violencia contra las mujeres e intervenir a fin de evitar estos hechos durante
el confinamiento relacionado con la Covid-19, expresó hoy Human Rights Watch en
un informe ante la Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre la violencia
contra la mujer. El problema podría ser particularmente grave para las mujeres
que son objeto de discriminación y marginación.
Human
Rights Watch planteo su consternación con respecto a las trabajadoras del
hogar, las mujeres de edad, las mujeres con discapacidad —incluidas las que
viven en espacios institucionales— y las mujeres sin acceso a la tecnología,
que trabajan de manera remota desde el hogar o que están en una situación
habitacional precaria, ya que a esas mujeres puede resultarles más difícil
acceder a servicios que necesitan con urgencia durante la pandemia. El informe
de 17 páginas describe los pasos que deberían dar los países para cerciorarse
de que ninguna mujer quede excluida de las respuestas gubernamentales a la
agudización de la violencia.
“Las
autoridades de todo el mundo deberían preocuparse por los informes sobre el
aumento de la violencia de género en el contexto de la pandemia de la Covid-19
y las medidas de confinamiento impuestas”, apuntó Amanda Klasing, codirectora
interina de Derechos de la Mujer de Human Rights Watch. “Los señalamientos de
que ha aumentado la violencia de género dan cuenta de que, para las mujeres que
están al margen de la sociedad o no tienen visibilidad, existe un mayor riesgo
de convertirse en blanco de violencia irreparable, si los gobiernos no actúan
con rapidez”.
Dubravka
Šimonović, Relatora Especial de la ONU, destacó en una declaración, efectuada
el 27 de marzo de 2020, que las acciones orientadas a enfrentar la actual
crisis de salud podrían provocar una agudización de la violencia doméstica
contra las mujeres. Human Rights Watch también ha planteado que las crisis, y
los confinamientos asociados con estas, pueden desencadenar una mayor
incidencia de la violencia doméstica por motivos como el aumento de estrés, el
deterioro en las condiciones de vida, el hacinamiento y el quiebre de los
sistemas de apoyo comunitarios. las condiciones de vida estrechas y difíciles,
y las averías en los sistemas de apoyo de la comunidad. Asimismo, las crisis a
menudo pueden limitar la posibilidad de las mujeres de escapar de contextos de abuso
y conseguir que sus agresores respondan por sus actos, además de situar a las
víctimas en un entorno donde no cuentan con acceso adecuado a servicios, como
albergues seguros.
Las
estadísticas preliminares sobre denuncias policiales y datos de líneas de
asistencia telefónica procedentes de países de todo el mundo sugieren que los
temores expresados por la Relatora Especial y Human Rights Watch están
justificados. Por consiguiente, es fundamental que las autoridades reconozcan
carácter esencial a los servicios sobre violencia doméstica durante los
confinamientos, y se aseguren de que no se impongan nuevos obstáculos al acceso
a los servicios, apuntó Human Rights Watch.
Human
Rights Watch brinda pautas sobre cómo los gobiernos pueden mejorar sus acciones
orientadas a ponerse en contacto con las mujeres marginadas por su situación de
empleo, edad, discapacidad, acceso limitado a Internet, trabajo desde el hogar
o situación habitacional precaria. No todas las mujeres se han visto afectadas
igualmente por la pandemia de Covid-19 y la consiguiente crisis económica. En
muchos países, las mujeres de comunidades que ya se encuentran marginadas son
trabajadoras esenciales que están en la primera línea de servicio, y su
situación económica es más precaria debido a que son trabajadoras informales o
se enfrentan al racismo institucional y a disparidades de salud que no han sido
abordadas. Todo esto obstaculiza todavía más el acceso a los servicios sobre
violencia de género.
Las
políticas públicas relacionadas con la violencia contra las mujeres y la
violencia familiar deben incluir a las mujeres con discapacidad y las mujeres
de edad, y resultarles accesibles a esas mujeres, apuntó Human Rights Watch.
Las mujeres de edad tienen también un mayor riesgo de sufrir complicaciones
asociadas con el contagio de Covid-19. Por tal motivo, están en una situación
de particular precariedad, y dependen de la ayuda de otros para realizar
actividades como comprar alimentos o ir al banco.
Muchas
mujeres que viven en instituciones residenciales están en situación de
abandono, abuso o atención médica inadecuada, y a esto se suman restricciones a
su capacidad legal que las despojan de sus derechos a tomar decisiones por sí
mismas Una investigación realizada recientemente por Human Rights Watch en
México demuestra que las mujeres con discapacidad también pueden sufrir abusos
cuando viven con familiares; sobre todo, las mujeres que necesitan modalidades
de apoyo intensivas para tareas diarias y necesidades básicas, como vivienda,
alimentos e higiene. Los gobiernos deben recabar datos exhaustivos sobre la
violencia contra las mujeres de edad y las mujeres con discapacidad,
especialmente ante la continuidad de la pandemia.
Internet
puede facilitar el acceso a grupos que ayudan a sobrevivientes, asesoramiento,
información de salud —incluso sobre salud sexual y reproductiva— y otros
recursos en línea que pueden ser salvoconductos vitales para las mujeres que
sufren violencia de género. No obstante, la brecha digital que existe a nivel
mundial también puede suponer un obstáculo al acceso a servicios en el contexto
de la pandemia y el confinamiento, destacó Human Rights Watch.
En
países con ingresos bajos y medios, el número de mujeres que usan internet
móvil es muy inferior al de hombres, con una diferencia de más de 300 millones.
Y en todos los países, las mujeres de comunidades marginadas, incluidas las
mujeres de edad y las mujeres con discapacidad, pueden experimentar una exclusión
desproporcionada del acceso a Internet.
Puede
citarse el ejemplo de proveedores de servicios que responden a la violencia de
género en el Reino Unido y señalaron a Human Rights Watch que, con la migración
de los recursos al espacio digital, la crisis de la Covid-19 ha agudizado la
falta de acceso a los servicios para migrantes y mujeres negras, asiáticas y de
minorías étnicas. Los gobiernos deben asegurarse de que, a medida que más
servicios para las mujeres pasan a estar disponibles únicamente en línea debido
al contexto de los confinamientos por la Covid-19, las mujeres sin acceso a
internet seguro y privado o recursos móviles puedan seguir obteniendo
servicios.
Las
mujeres que trabajan en hogares, incluidas las trabajadoras del hogar que viven
con sus dadores de empleo o las mujeres que ahora trabajan en forma remota
desde su casa, pueden ser blanco de riesgos específicos de abuso que no son
inmediatamente visibles para los responsables de políticas o los proveedores de
servicios. Los empleadores deben tener presente la función que pueden
desempeñar facilitando el acceso a servicios de apoyo y adoptando medidas para
prevenir abusos que den lugar a la pérdida del empleo, señaló Human Rights
Watch. El Convenio sobre la Violencia y el Acoso de 2019 de la Organización
Internacional del Trabajo obliga en forma expresa a los gobiernos a reconocer y
mitigar los efectos de la violencia doméstica en el trabajo. Los gobiernos
deben avanzar en la ratificación e implementación del convenio.
"Aunque todavía continúa el impacto económico y para la salud pública de la pandemia, los gobiernos tienen un panorama más claro de los otros riesgos y daños que causa el confinamiento”, explicó Klasing. “Deben intervenir con rapidez para abordar el riesgo cada vez mayor de violencia. Cualquier repuesta que se adopte será incompleta, a menos que los gobiernos se cercioren de que sus esfuerzos se orienten en forma específica a mujeres que, en general, ya estaban relegadas por las autoridades, incluso antes de la crisis".
