Mostrando entradas con la etiqueta Human Rights Watch. Mostrar todas las entradas
Mostrando entradas con la etiqueta Human Rights Watch. Mostrar todas las entradas

27 abr 2023

HRW: Perú, Abusos brutales cometidos por las fuerzas de seguridad

Deterioro letal. Abusos por las fuerzas de seguridad y crisis democrática en el Perú, informe de Human Rights Watch.

El ejército y la policía del Perú llevaron a cabo lo que podrían constituir ejecuciones extrajudiciales o arbitrarias, así como otros abusos brutales contra manifestantes y transeúntes durante las protestas de los últimos meses.

- Aparentes intentos del gobierno para minimizar los abusos, junto con la aparente pasividad ante pruebas sólidas de abusos, generan interrogantes sobre una posible negligencia o incluso complicidad.


El gobierno debería invitar a una comisión de expertos internacionales independientes para que respalden las investigaciones penales. La comunidad internacional debe apoyar un diálogo nacional amplio sobre las preocupaciones legítimas de los peruanos.

El ejército y la policía del Perú son responsables de muertes que podrían constituir ejecuciones extrajudiciales o arbitrarias, así como de otros abusos brutales contra manifestantes y transeúntes durante protestas entre diciembre de 2022 y febrero de 2023, señaló Human Rights Watch en un informe publicado hoy. Los abusos se produjeron en un contexto de deterioro de las instituciones democráticas, corrupción, impunidad por abusos cometidos en el pasado y desigualdad persistente.

El informe de 117 páginas, “Deterioro letal. Abusos por las fuerzas de seguridad y crisis democrática en el Perú”, documenta el uso excesivo de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad, violaciones del debido proceso, abusos contra detenidos y deficiencias en las investigaciones penales, así como una arraigada crisis política y social que erosiona el Estado de derecho y los derechos humanos en el Perú. Aunque algunos manifestantes fueron responsables de actos de violencia, las fuerzas de seguridad respondieron con una fuerza desproporcionada, incluyendo con fusiles de asalto y armas cortas. Cuarenta y nueve manifestantes y transeúntes, entre ellos ocho niños menores de 18 años, murieron durante las protestas.

26 jul 2020

HRW: Creciente riesgo de violencia para las mujeres durante la Covid-19

Ninguna mujer debe quedar relegada en la respuesta de los gobiernos.

(Nueva York) – Los gobiernos deben intensificar sus esfuerzos para detectar la violencia contra las mujeres e intervenir a fin de evitar estos hechos durante el confinamiento relacionado con la Covid-19, expresó hoy Human Rights Watch en un informe ante la Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre la violencia contra la mujer. El problema podría ser particularmente grave para las mujeres que son objeto de discriminación y marginación. 

Human Rights Watch planteo su consternación con respecto a las trabajadoras del hogar, las mujeres de edad, las mujeres con discapacidad —incluidas las que viven en espacios institucionales— y las mujeres sin acceso a la tecnología, que trabajan de manera remota desde el hogar o que están en una situación habitacional precaria, ya que a esas mujeres puede resultarles más difícil acceder a servicios que necesitan con urgencia durante la pandemia. El informe de 17 páginas describe los pasos que deberían dar los países para cerciorarse de que ninguna mujer quede excluida de las respuestas gubernamentales a la agudización de la violencia.

“Las autoridades de todo el mundo deberían preocuparse por los informes sobre el aumento de la violencia de género en el contexto de la pandemia de la Covid-19 y las medidas de confinamiento impuestas”, apuntó Amanda Klasing, codirectora interina de Derechos de la Mujer de Human Rights Watch. “Los señalamientos de que ha aumentado la violencia de género dan cuenta de que, para las mujeres que están al margen de la sociedad o no tienen visibilidad, existe un mayor riesgo de convertirse en blanco de violencia irreparable, si los gobiernos no actúan con rapidez”.

Dubravka Šimonović, Relatora Especial de la ONU, destacó en una declaración, efectuada el 27 de marzo de 2020, que las acciones orientadas a enfrentar la actual crisis de salud podrían provocar una agudización de la violencia doméstica contra las mujeres. Human Rights Watch también ha planteado que las crisis, y los confinamientos asociados con estas, pueden desencadenar una mayor incidencia de la violencia doméstica por motivos como el aumento de estrés, el deterioro en las condiciones de vida, el hacinamiento y el quiebre de los sistemas de apoyo comunitarios. las condiciones de vida estrechas y difíciles, y las averías en los sistemas de apoyo de la comunidad. Asimismo, las crisis a menudo pueden limitar la posibilidad de las mujeres de escapar de contextos de abuso y conseguir que sus agresores respondan por sus actos, además de situar a las víctimas en un entorno donde no cuentan con acceso adecuado a servicios, como albergues seguros.

Las estadísticas preliminares sobre denuncias policiales y datos de líneas de asistencia telefónica procedentes de países de todo el mundo sugieren que los temores expresados por la Relatora Especial y Human Rights Watch están justificados. Por consiguiente, es fundamental que las autoridades reconozcan carácter esencial a los servicios sobre violencia doméstica durante los confinamientos, y se aseguren de que no se impongan nuevos obstáculos al acceso a los servicios, apuntó Human Rights Watch.

Human Rights Watch brinda pautas sobre cómo los gobiernos pueden mejorar sus acciones orientadas a ponerse en contacto con las mujeres marginadas por su situación de empleo, edad, discapacidad, acceso limitado a Internet, trabajo desde el hogar o situación habitacional precaria. No todas las mujeres se han visto afectadas igualmente por la pandemia de Covid-19 y la consiguiente crisis económica. En muchos países, las mujeres de comunidades que ya se encuentran marginadas son trabajadoras esenciales que están en la primera línea de servicio, y su situación económica es más precaria debido a que son trabajadoras informales o se enfrentan al racismo institucional y a disparidades de salud que no han sido abordadas. Todo esto obstaculiza todavía más el acceso a los servicios sobre violencia de género.

Las políticas públicas relacionadas con la violencia contra las mujeres y la violencia familiar deben incluir a las mujeres con discapacidad y las mujeres de edad, y resultarles accesibles a esas mujeres, apuntó Human Rights Watch. Las mujeres de edad tienen también un mayor riesgo de sufrir complicaciones asociadas con el contagio de Covid-19. Por tal motivo, están en una situación de particular precariedad, y dependen de la ayuda de otros para realizar actividades como comprar alimentos o ir al banco.

Muchas mujeres que viven en instituciones residenciales están en situación de abandono, abuso o atención médica inadecuada, y a esto se suman restricciones a su capacidad legal que las despojan de sus derechos a tomar decisiones por sí mismas Una investigación realizada recientemente por Human Rights Watch en México demuestra que las mujeres con discapacidad también pueden sufrir abusos cuando viven con familiares; sobre todo, las mujeres que necesitan modalidades de apoyo intensivas para tareas diarias y necesidades básicas, como vivienda, alimentos e higiene. Los gobiernos deben recabar datos exhaustivos sobre la violencia contra las mujeres de edad y las mujeres con discapacidad, especialmente ante la continuidad de la pandemia.

Internet puede facilitar el acceso a grupos que ayudan a sobrevivientes, asesoramiento, información de salud —incluso sobre salud sexual y reproductiva— y otros recursos en línea que pueden ser salvoconductos vitales para las mujeres que sufren violencia de género. No obstante, la brecha digital que existe a nivel mundial también puede suponer un obstáculo al acceso a servicios en el contexto de la pandemia y el confinamiento, destacó Human Rights Watch.

En países con ingresos bajos y medios, el número de mujeres que usan internet móvil es muy inferior al de hombres, con una diferencia de más de 300 millones. Y en todos los países, las mujeres de comunidades marginadas, incluidas las mujeres de edad y las mujeres con discapacidad, pueden experimentar una exclusión desproporcionada del acceso a Internet. 

Puede citarse el ejemplo de proveedores de servicios que responden a la violencia de género en el Reino Unido y señalaron a Human Rights Watch que, con la migración de los recursos al espacio digital, la crisis de la Covid-19 ha agudizado la falta de acceso a los servicios para migrantes y mujeres negras, asiáticas y de minorías étnicas. Los gobiernos deben asegurarse de que, a medida que más servicios para las mujeres pasan a estar disponibles únicamente en línea debido al contexto de los confinamientos por la Covid-19, las mujeres sin acceso a internet seguro y privado o recursos móviles puedan seguir obteniendo servicios.

Las mujeres que trabajan en hogares, incluidas las trabajadoras del hogar que viven con sus dadores de empleo o las mujeres que ahora trabajan en forma remota desde su casa, pueden ser blanco de riesgos específicos de abuso que no son inmediatamente visibles para los responsables de políticas o los proveedores de servicios. Los empleadores deben tener presente la función que pueden desempeñar facilitando el acceso a servicios de apoyo y adoptando medidas para prevenir abusos que den lugar a la pérdida del empleo, señaló Human Rights Watch. El Convenio sobre la Violencia y el Acoso de 2019 de la Organización Internacional del Trabajo obliga en forma expresa a los gobiernos a reconocer y mitigar los efectos de la violencia doméstica en el trabajo. Los gobiernos deben avanzar en la ratificación e implementación del convenio.

"Aunque todavía continúa el impacto económico y para la salud pública de la pandemia, los gobiernos tienen un panorama más claro de los otros riesgos y daños que causa el confinamiento”, explicó Klasing. “Deben intervenir con rapidez para abordar el riesgo cada vez mayor de violencia. Cualquier repuesta que se adopte será incompleta, a menos que los gobiernos se cercioren de que sus esfuerzos se orienten en forma específica a mujeres que, en general, ya estaban relegadas por las autoridades, incluso antes de la crisis".


Fuente

17 nov 2019

HRW: El tráfico de novias hacia China se propaga en Asia


El desequilibrio de géneros en China tiene consecuencias regionales devastadoras.

¿Qué tienen en común Camboya, Indonesia, Laos, Myanmar, Nepal, Corea del Norte, Pakistán y Vietnam?

La respuesta es trágica.

Hay pruebas contundentes de que todos se han convertido en países desde los que se nutre un aberrante negocio: la trata de mujeres y niñas para su venta en China como novias.

En China, el porcentaje de mujeres ha mermado en forma constante desde 1987. Los investigadores estiman que en China hay ahora entre 30 y 40 millones de “mujeres que faltan”, un desequilibrio provocado por la predilección por los varones y exacerbado por la política de “un único hijo” que estuvo vigente entre 1979 y 2015, así como la persistencia de restricciones a los derechos reproductivos de las mujeres. La brecha de géneros hizo más difícil que muchos hombres chinos pudieran encontrar esposas y esto ha incrementado fuertemente la demanda de mujeres ingresadas de contrabando desde el extranjero.

Human Rights Watch documentó el tráfico de novias en Myanmar, donde cada año cientos de mujeres y niñas son engañadas con falsas promesas de empleo para que viajen a China, y una vez allí son vendidas como esposas a familias chinas y mantenidas en condiciones de esclavitud sexual, a menudo durante años. La mayoría son presionadas para quedar embarazadas lo antes posibles, y algunas incluso obligadas a someterse a tratamientos de fertilidad forzados. Aquellas que, tras tener hijos, tuvieron la suerte de poder escapar, en general tuvieron que abandonar a sus hijos. Varias de las mujeres entrevistadas habían sido víctimas de trata en más de una oportunidad.

Desde que Human Rights Watch empezó a investigar la trata hacia China hace más de tres años, ha habido señalamientos de que también estaría ocurriendo en otros países y que el número sigue aumentando. Estos países deben actuar con urgencia para prevenir la trata, trabajar con las autoridades chinas para recuperar a mujeres y niñas que son víctimas de esta práctica y asistir a las sobrevivientes, que muchas veces lidian con secuelas psicológicas devastadoras y tienen dificultades para cubrir necesidades básicas. Los gobiernos a los que les preocupa esta situación deberían denunciar este problema en forma enérgica y sistemática, incluso ante sus homólogos chinos, y exigir medidas inmediatas por parte del Gobierno de China para que se ponga fin a este comercio.

Asimismo, otros países asiáticos deberían realizar un atento seguimiento de este fenómeno para asegurarse de no ser los próximos en sumarse a la lista.


9 nov 2019

HRW: Panameños y panameñas protestan contra proyecto que prohibiría el matrimonio igualitario

La reforma definiría al matrimonio como la unión entre un hombre y una mujer


“Ellos son gais y ellos no pueden entrar”, dijo el legislador Jairo “Bolota” Salazar el 29 de octubre acerca de un grupo de manifestantes frente a la Asamblea Nacional de Panamá, mientras impedía que ingresaran al edificio.

Esta afrenta encapsula lo padecido por las y los manifestantes que han salido a las calles de la Ciudad de Panamá en repudio a las reformas constitucionales que el poder legislativo aprobó en forma preliminar la semana pasada. Una de estas reformas modificaría la constitución para definir al matrimonio como la unión entre un hombre y una mujer. Panamá ya excluye a las parejas del mismo sexo de la posibilidad de matrimonio conforme al artículo 26 de su Código de la Familia. Al plasmar la discriminación en el texto de la constitución se impediría que personas lesbianas, gais, bisexuales y transgénero (LGBT) sean miembros igualitarios de la sociedad panameña.

Las protestas de la última semana, a las cuales la policía habría respondido con detenciones arbitrarias y fuerza excesiva, se relacionan con cuestiones que van más allá del matrimonio igualitario. A las y los manifestantes les indignan los proyectos de algunos legisladores de modificar el presupuesto nacional e incluso designar a un fiscal especial que podría presentar cargos contra los procuradores que los investiguen. Pero los comentarios homofóbicos del diputado Bolota Salazar han hecho que la cuestión del matrimonio cobrara máximo protagonismo. El presidente Laurentino Cortizo condenó lo dicho por Bolota Salazar y afirmó: “Estamos para servir al país y eso es no darle la espalda a los ciudadanos”.

La reforma constitucional propuesta es posterior a que en la región se diera una ola de avances en materia de matrimonio igualitario. En 2018, la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió una opinión consultiva instando a los Estados a adoptar medidas para asegurar el matrimonio igualitario. En Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador, Uruguay y muchos estados mexicanos ya se celebran matrimonios entre personas del mismo sexo, y está previsto que Costa Rica empiece a hacerlo en 2020. Incorporar la discriminación contra las personas LGBT en su constitución apartaría a Panamá de sus vecinos.

Si bien Bolota Salazar intentó distanciarse de sus comentarios homofóbicos, él y otros miembros del Partido Revolucionario Democrático (PRD) señalan que no tienen intención de desistir de este proyecto discriminatorio. Las personas que se manifiestan por la igualdad y quienes las apoyan se proponen mantener la presión sobre el Presidente en vísperas de su declaración sobre las reformas el 7 de noviembre. El debate legislativo seguirá en 2020, seguido de un referéndum sobre las reformas.

Aunque Bolota Salazar impidió que manifestantes LGBT ingresaran en la Asamblea Nacional la semana pasada, los legisladores tendrán una oportunidad de reconsiderar sus reclamos en el próximo período de sesiones legislativas y darles un espacio en la sociedad panameña.

8 nov 2019

HRW: México: Riesgos en la frontera para personas con discapacidad


Se debe identificar a solicitantes de asilo que enfrentan obstáculos y asegurar servicios necesarios

(Ciudad Juárez) – Los solicitantesde asilo con discapacidad que esperan en Ciudad Juárez, México, a que se tramiten sus solicitudes de asilo en Estados Unidos enfrentan obstáculos para acceder a servicios básicos, señaló hoy Human Rights Watch. El Gobierno de México debería identificar y garantizar servicios a las personas con discapacidad y con problemas de salud crónicos.

Las investigaciones realizadas por Human Rights Watch en Ciudad Juárez –una ciudad al otro lado de la frontera desde El Paso, Texas– concluyeron que el Gobierno mexicano no cuenta con un sistema adecuado para evaluar e identificar a solicitantes de asilo con discapacidad y problemas de salud crónicos. Las autoridades no han garantizado la accesibilidad física en los albergues, incluso en los más nuevos. Tampoco proporcionan en forma sistemática información ni acceso a la atención de la salud para solicitantes de asilo con discapacidad o problemas de salud crónicos. 

“Las personas con discapacidad enfrentan obstáculos significativos cuando se ven obligadas a permanecer durante meses en México a la espera de que se tramiten sus solicitudes de asilo en EE. UU.”, expresó Carlos Ríos Espinosa, investigador sénior sobre derechos de las personas con discapacidad de Human Rights Watch. “Si el Gobierno no identifica a las personas con discapacidad, no podrá asegurar adecuadamente que accedan a servicios básicos como atención de la salud, alimentos y albergue”.

Un número creciente de solicitantes de asilo, en su mayoría procedentes de América Central, han estado varados en México desde enero de 2019, cuando el gobierno de Trump adoptó una política que denomina Protocolos de Protección de Migrantes, también conocida como política de “Permanencia en México (Remain in Mexico)”. Esta política obliga a los solicitantes de asilo a esperar en México mientras se encuentran pendientes sus trámites ante las autoridades inmigratorias estadounidenses. Aunque la política estadounidense establece que “sobre la base de un análisis de cada caso específico, se podrá excluir a personas de poblaciones vulnerables” de ser enviadas de regreso a México, Human Rights Watch ha comprobado que la identificación de las personas con discapacidad que realizan los agentes fronterizos estadounidenses y las decisiones que toman de excluirlas de la devolución no han sido consistentes.

Al 4 de octubre, casi 50 000 personas se encontraban en México a la espera de audiencias de asilo en el marco del programa. La práctica del Gobierno de EE. UU. por la que se limita la cantidad de nuevas solicitudes de asilo a entre 15 y 30 por día implica además que los solicitantes de asilo suelen esperar entre tres y cuatro meses en ciudades de la frontera mexicana para recién entonces empezar el procedimiento de solicitud de asilo en Estados Unidos.

En agosto y septiembre, Human Rights Watch entrevistó en Ciudad Juárez a 10 solicitantes de asilo con discapacidad o problemas de salud crónicos, sus familiares y funcionarios del Instituto Nacional de Migración y del Consejo Estatal de Población Chihuahua, dos organismos que se ocupan de los migrantes. Human Rights Watch también visitó el albergue para migrantes y solicitantes de asilo que gestiona el Gobierno Federal en Ciudad Juárez y tres albergues privados.

En ninguno de los cuatro albergues había instalaciones completamente accesibles para las personas con discapacidad. El Centro Integrador del Migrante Leona Vicario, que abrió en agosto y tiene capacidad para 3000 personas, no cuenta con baños accesibles para personas con discapacidad física. Cuando empezó a funcionar, no había camas y las personas dormían en colchones en el piso, incluso personas con discapacidad. No hay medios de transporte accesibles que conecten el albergue con otros sitios.

La evaluación que realizan las autoridades de los problemas de salud y la discapacidad de los solicitantes de asilo que ingresan en los albergues no es consistente. Un funcionario público y algunos solicitantes de asilo manifestaron que un médico realiza un examen médico básico de todas las personas que ingresan en un albergue público. En el albergue Leona Vicario, un funcionario señaló que el 86 % de los solicitantes de asilo que ingresan se registran como personas con problemas de salud.

No obstante, la evaluación que realiza el albergue no identificó a algunas personas con discapacidad.

Una residente indicó que a su hijo de un año se le había diagnosticado microcefalia y asma mientras estuvieron en Honduras. Al llegar al albergue en mayo, las autoridades no le hicieron preguntas sobre la salud de su hijo ni lo registraron como una persona con discapacidad.

Cuatro adultos con discapacidad o problemas de salud crónicos en un albergue privado gestionado por una organización religiosa también dijeron que nadie había identificado su discapacidad ni sus problemas de salud cuando llegaron allí.

Investigaciones llevadas a cabo por Human Rights Watch en diciembre de 2018 en Tijuana detectaron muchos de los mismos obstáculos para los solicitantes de asilo con discapacidad.
Algunos solicitantes de asilo terminan en albergues privados porque no hay espacios de alojamiento suficientes en centros estatales para todos los solicitantes que son enviados de regreso a México. Con independencia de dónde encuentren albergue, el derecho internacional impone al Gobierno mexicano la obligación de proteger los derechos de los solicitantes de asilo con discapacidad. Esto incluye evaluar su estado de salud y discapacidad y tomar medidas para impedir que desarrollen nuevas discapacidades, observó Human Rights Watch.

Funcionarios federales y estatales reconocieron que la evaluación era insuficiente. El titular del Instituto Nacional de Migración en Chihuahua indicó que su organismo únicamente detectaba “discapacidades visibles” y no hacía controles adicionales. “Todavía no hemos consensuado un concepto con respecto a qué deberíamos entender por discapacidad”, explicó.

Cuatro solicitantes de asilo con discapacidad entrevistados también dijeron que las autoridades no les dieron información suficiente ni facilitaron su acceso a la atención de la salud. Los solicitantes de asilo en México reúnen las condiciones para acceder al seguro popular destinado a personas de bajos ingresos; sin embargo, Human Rights Watch entrevistó a solicitantes de asilo que no contaban con información sobre el plan.

Un hombre de 55 años procedente de Cuba, que tiene problemas de audición, adquirió un audífono con sus propios fondos. Gastó 200 pesos (USD 10), el importe total que su familia le envía cada mes para mantenerse. Human Rights Watch supo después que podría haber recibido un audífono gratuitamente a través del seguro popular. Ningún funcionario le había informado sobre el beneficio.

Otro caso es el de una mujer hondureña que indicó ser hipertensa y que afirmó que ningún funcionario le había dado información sobre el seguro de salud estatal. No ha recibido ningún tratamiento ni medicación por su condición de hipertensa desde que llegó a México en mayo.

Un hombre de Guatemala indicó que su hijo tiene una prótesis ocular que debe limpiarse a diario pero que, aun así, los funcionarios no le dieron información sobre el seguro popular que le permitiría consultar a un médico. “Estábamos a ciegas, no sabíamos nada sobre los servicios de salud”, explicó. Este hombre pudo conseguir un turno con un médico para su hijo nueve meses después de llegar a México, luego de que una organización no gubernamental le informara sobre el seguro.

Pese a que la legislación mexicana establece el derecho de los solicitantes de asilo que no hablan español de contar con el acompañamiento de un intérprete sin costo alguno,  el servicio no siempre está disponible. Las personas con discapacidad pueden ver su salud afectada de manera desproporcionada si no tienen acceso oportuno a un intérprete.

Un hombre de 39 años con parálisis parcial en la pierna y el brazo derechos a causa de un derrame cerebral sufrido antes de que huyera del contexto de violencia en Camerún, indicó que en los tres meses que pasó en un albergue privado en Ciudad Juárez había visto a un médico pero no había podido comunicarse eficazmente. “No he podido tener una consulta médica adecuada porque casi nadie habla inglés, y no puedo explicar lo que me ocurrió”, aseveró. “No entendí lo que me decía el médico”. Dos días después de la entrevista, fue internado por una intensa jaqueca y alta presión arterial.

Para algunos solicitantes de asilo, las opciones limitadas de alimentos en los albergues agravan su discapacidad y problemas de salud. Los alimentos proporcionados en tres de los albergues que visitó Human Rights Watch consisten principalmente en carnes grasas y frijoles, y suelen estar muy condimentados. Un funcionario responsable de las comidas en el refugio Leona Vicario indicó que este no realiza adecuaciones según necesidades médicas o alimentarias específicas.

Un hombre de 29 años de Uganda que había estado en un albergue privado por cuatro meses indicó sufrir de úlcera y dolor de espalda debido a torturas infligidas por militares ugandeses. “Mi condición aquí es muy precaria”, comentó. “Estoy sumamente agradecido con el albergue, pero no me encuentro bien aquí. Todos los días nos dan la misma comida, y necesito una dieta sin grasas debido a la úlcera”.

La Secretaría de Trabajo de México cuenta con un programa para facilitar que los solicitantes de asilo encuentren trabajo mientras tramitan sus pedidos. Sin embargo, el administrador del albergue Leona Vicario señaló que el programa todavía no brinda igualdad de oportunidades de empleo a las personas con discapacidad.

La Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, ratificada por México en 2007, obliga al Gobierno, incluidos el Instituto Nacional de Migración y la Secretaría de Trabajo, a identificar y registrar a los solicitantes de asilo con discapacidad, y a cerciorarse de que tengan un acceso igualitario a albergue, empleo y servicios de salud mediante la información y la comunicación accesibles.

“México está obligado a proteger a todas las personas con discapacidad y problemas de salud crónicos, incluidas aquellas que piden asilo”, destacó Ríos Espinosa. “El Gobierno debería mejorar la eficacia de los procedimientos para identificar y registrar sus condiciones y para asegurar la accesibilidad de la información y otros servicios”.


16 oct 2019

Human Rights Watch: Las escuelas en Ir[an discriminan a los niños con discapacidad

Debe terminar la segregación y garantizarse una educación inclusiva con apoyo razonable

(Nueva York) - Los niños y las niñas con discapacidad son blanco de discriminación y enfrentan importantes obstáculos para poder educarse en Irán, manifestaron Human Rights Watch y el Centro de Derechos Humanos de Irán en un informe conjunto que emitieron en el día de la fecha, cuando se inicia el año escolar.

El informe de 52 páginas “‘Just Like Other Kids’: Lack of Access to Inclusive Quality Education for Children with Disabilities in Iran” (Como los demás niños: Falta de acceso a educación inclusiva de calidad para niños y niñas con discapacidad en Irán) documenta la discriminación y los obstáculos que la mayoría de los niños y las niñas con discapacidad enfrentan al intentar acceder al sistema de educación pública de ese país. Según las organizaciones, un obstáculo importante es que el Gobierno exige la realización de un examen médico obligatorio que directamente puede impedir que los niños y las niñas reciban educación. Otras barreras son, por ejemplo, edificios escolares no accesibles, actitudes discriminatorias del personal que trabaja en las escuelas y la falta de capacitación adecuada para docentes y administradores escolares con respecto a métodos de educación inclusivos.

 “Si a los niños y las niñas con discapacidad se les impide educarse en entornos inclusivos, se contribuye a la estigmatización social que sufren millones de personas con discapacidad en Irán todos los días”, dice Hadi Ghaemi, director ejecutivo del Centro de Derechos Humanos de Irán (Center for Human Rights in Iran, CHRI). “Cuando se les educa en un mismo entorno que a sus compañeros, el nivel de aprendizaje de todos los niños mejora y se beneficia toda la sociedad”.

Human Rights Watch y el Centro de Derechos Humanos de Irán entrevistaron a 37 personas en Irán, entre ellas, a niños con discapacidad, padres de niños con discapacidad, activistas y funcionarios gubernamentales. Esta investigación es posterior a un informe conjunto de 2018 elaborado por las mencionadas organizaciones, en el que se documentó que las personas con discapacidad en Irán sufren discriminación y falta de accesibilidad, así como la estigmatización asociada con estas personas, el comportamiento abusivo de algunos funcionarios y empleados estatales, y los obstáculos que existen para poder acceder al transporte y a la atención de la salud.

Los niños con discapacidad tienen derecho a recibir una educación inclusiva de calidad en la que tanto ellos como los niños que no tienen una discapacidad estudien juntos en escuelas regulares, con la ayuda que sea necesaria. De acuerdo con las organizaciones que elaboraron el informe, la educación inclusiva es fundamental para reducir la estigmatización y promover los derechos de las personas con discapacidad durante toda su vida.

En el sistema de educación pública iraní, todos los niños deben realizarse un examen médico discriminatorio que se basa en una prueba de coeficiente intelectual, a fin de determinar si son “educables”. Los niños con puntajes bajos deben asistir a escuelas “especiales” apartadas. A los que reciben los puntajes más bajos directamente se les niega la posibilidad de recibir educación.

Un padre señaló que a su hija de 7 años, que es ciega y tiene dificultades para comunicarse, se la consideró “ineducable” después de su examen médico: “El día que me dijeron que no podían inscribir a mi hija… fue uno de los peores días de mi vida.… Deseo que vaya a la escuela como todos los demás niños. Yo le había comprado todos sus útiles escolares, pero durante la sesión de evaluación no respondió ninguna pregunta y el hombre que estaba allí afirmó que no aprendería. La traje de vuelta a casa, llorando todo el camino”.

Los niños con discapacidad que logran inscribirse en escuelas enfrentan diversos obstáculos, entre ellos, edificios, aulas y baños no accesibles, o falta de asistencia o de otra ayuda. El gobierno debería garantizar que se hagan los ajustes razonables para que los niños con discapacidad cuenten con la ayuda que necesitan en el aula y en el edificio. Esto puede incluir dispositivos de asistencia, como audífonos o materiales educativos en formatos como braille o en audio.

La ausencia de esa ayuda puede representar una gran carga para las familias. Algunos padres dijeron que tenían que acompañar a sus hijos hasta la escuela para subirlos y bajarlos por la escalera o para dales la ayuda que necesitaban con la lectura o escritura.

La falta de accesibilidad y de adecuaciones razonables en las escuelas también pueden obligar a los niños con discapacidad a abandonar la escuela o a inscribirse en escuelas que estén alejadas de su hogar o incluso en escuelas residenciales “especiales”, en las que se los separa de su familia y de su comunidad.

Según cifras oficiales, durante el año escolar 2018-2019 apenas 150 000 niños con discapacidad en edad escolar se inscribieron en la escuela, y más de la mitad de ellos en escuelas “especiales” que los separan de otros estudiantes. Se calcula que en Irán la cantidad total de niños y niñas con discapacidad en edad escolar es de 1,5 millón.

En los últimos años, el gobierno iraní ha tomado algunas medidas para mejorar el acceso a la educación de los niños con discapacidad; por ejemplo, ha aumentado significativamente el presupuesto destinado a su educación y ha establecido requisitos de accesibilidad física para escuelas recién construidas o renovadas. También ha ampliado un poco la ayuda que se brinda a niños con discapacidad que asisten a escuelas regulares al ofrecer materiales educativos accesibles, como material en braille o en audio.

Sin embargo, como no existe un enfoque integral que garantice la educación inclusiva durante todo el sistema escolar, estas medidas son insuficientes para garantizar que los niños con discapacidad puedan acceder a educación al igual que los demás niños. Irán ha ratificado la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD) y la Convención sobre los Derechos del Niño, que garantizan el derecho de todos los niños a recibir una educación de calidad sin discriminación. La CRPD también exige que los gobiernos dispongan las adecuaciones y las medidas de accesibilidad razonables para favorecer una educación de calidad.

“El riesgo del enfoque que el gobierno iraní aplica con respecto a la educación de los niños con discapacidad es que en Irán muchos de ellos queden marginados de la sociedad”, dijo Jane Buchanan, subdirectora de derechos de las personas con discapacidad de Human Rights Watch. “Irán debe poner fin de inmediato a los exámenes médicos que impiden el acceso de niños a la educación y debe actuar para incluir a todos los niños con discapacidad en las escuelas regulares junto con sus compañeros”.


Fuente HUMAN RIGHTS WATCH: https://www.hrw.org/es/news/2019/10/02/iran-las-escuelas-discriminan-ninos-con-discapacidad

5 sept 2019

Human Rights Watch: Francia está denegando protección a niños migrantes


Procedimientos defectuosos en la región de los Alpes reproducen los de París y otros lugares

(París) – Los niños no acompañados que llegan a la región alpina de Francia se ven sometidos a procedimientos defectuosos de verificación de la edad que les deniegan el acceso a cuidados y medidas de protección que necesitan, dijo Human Rights Watch en un informe publicado hoy.

El informe de 80 páginas, “Subject to Whim: The Treatment of Unaccompanied Migrant Children in the French Hautes-Alpes” (“Sujetos al capricho: el trato que reciben los niños migrantes no acompañados en los Altos Alpes franceses”), reveló que los examinadores encargados de certificar la condición de un niño como menor de edad, es decir, menor de 18 años, no cumplen con los estándares internacionales. Human Rights Watch descubrió que los examinadores recurren a varias justificaciones para denegar la protección a los niños. Entre ellas se destacan: pequeños errores que comenten los menores con las fechas, su desconfianza para  abordar en detalle las experiencias traumáticas que vivieron o el trabajo que llevaban a cabo en sus países de origen o durante el tránsito, y lo que los examinadores consideran como objetivos de vida poco realistas.

“La protección de los niños no debería ser una cuestión de capricho”, dijo Bénédicte Jeannerod, directora de Francia para Human Rights Watch. “Las certificaciones de edad deberían darles a los niños la oportunidad de recibir un proceso justo, en lugar de ser una excusa para denegarles protección”.

Human Rights Watch ha encontrado deficiencias similares en los procedimientos de evaluación de la edad en París y ha escuchado testimonios sobre la toma de decisiones arbitrarias por parte de las autoridades en otros lugares de Francia. Esto sugiere que los procedimientos defectuosos son un problema generalizado en toda Francia.

Human Rights Watch entrevistó a 59 niños, una niña y un joven de 18 años en el departamento francés de Altos Alpes y revisó 36 archivos de casos adicionales para el informe. Human Rights Watch también habló con abogados, proveedores de atención médica, personal y voluntarios de agencias humanitarias y asociaciones informales, así como con funcionarios.

Según la legislación francesa, los niños no acompañados deben ser atendidos por el sistema de protección infantil, el Service de l’aide sociale à l’enfance (ASE). Como primer paso, las autoridades de bienestar infantil requieren que los niños no acompañados se sometan a evaluaciones de edad antes de ser reconocidos formalmente como menores.

Las normas internacionales exigen que la evaluación de la edad se use como último recurso y solo cuando haya serias dudas sobre la edad declarada de una persona y falten pruebas documentales. Las regulaciones francesas estipulan que las evaluaciones de edad deben realizarse de una manera “caracterizada por la neutralidad y la compasión”. Siguiendo los estándares internacionales, las evaluaciones de edad deben otorgar el beneficio de la duda cuando existe una posibilidad razonable de que la edad declarada sea correcta.

Muchos niños que llegan solos a Francia, ya sea a la región de los Altos Alpes u otros lugares, han sufrido graves abusos en sus países de origen; han sido torturados, realizado trabajos forzados o han recibido otros malos tratos en Libia; por no mencionar los aterradores cruces marítimos en barcos hacinados que han tenido que soportar en su travesía a Europa. Muchos muestran síntomas de trastorno de estrés postraumático, señalaron los médicos a Human Rights Watch. Pero el proceso de examen de la edad no parece tener en cuenta estas circunstancias ni los efectos bien documentados del TEPT sobre la memoria, la concentración y la expresión emocional, descubrió Human Rights Watch.

Una consecuencia inmediata de una evaluación negativa de la edad es el desalojo del refugio de emergencia para niños no acompañados, incluso para aquellos que solicitan una revisión ante un juez. Algunos niños encontraron refugio con familias o en “ocupaciones” dirigidas por redes de voluntarios. Otros se quedan en refugios para adultos o viven en las calles. El proceso de revisión puede tardar meses, lo que puede socavar su elegibilidad para la situación migratoria regular cuando cumplan 18 años.

La mayoría de los niños entrevistados dijeron que pasaron entre seis meses y un año o más en Italia antes de decidirse ir a Francia. Muchos mencionaron la falta de acceso a la educación y la atención médica como las principales razones para abandonar Italia. Algunos citaron actitudes discriminatorias por parte de los funcionarios del gobierno y la población en general.

Las evaluaciones de edad defectuosas no son el único obstáculo que enfrentan los niños no acompañados.

La policía fronteriza en el departamento francés de Altos Alpes ha devuelto sumariamente a numerosos niños migrantes no acompañados que intentan cruzar la frontera entre Italia y Francia, en lugar de remitirlos a los servicios de protección, descubrió Human Rights Watch. Estos testimonios son consistentes con los informes del Defensor de los Derechos de Francia, organizaciones no gubernamentales, abogados y grupos de voluntarios.

Amadin N., de Benín, de 17 años, dijo: “Mostré mis papeles que decían que era menor de edad, pero la policía no me quiso escuchar”.

La ley francesa ha habilitado un proceso acelerado de “denegación de entrada” para niños y adultos detenidos a menos de 10 kilómetros de la frontera. En estos casos, la policía notifica por escrito los motivos por los que se le deniegan la entrada y los derechos de solicitar asilo y apelación. En su lugar, deberían asignarse tutores a estos niños. Parece que la policía no respetó estas protecciones procesales limitadas en los nueve casos descritos a Human Rights Watch.

Para evitar la detención y la devolución sumaria, los niños no acompañados dijeron haber caminado hacia los alto de las montañas, fuera de los senderos establecidos, por lo que experimentaron riesgos significativos. Muchos menores llegan a Briançon, una de las principales ciudades de la región, con síntomas de congelación y agotamiento, además de otras lesiones.

La policía francesa acosa y a veces busca el enjuiciamiento de personas que ayudan a los inmigrantes en apuros en las montañas. Las autoridades han seguido interponiendo cargos penales a pesar de un fallo judicial de julio de 2018 que establece que ayudar a otras personas necesitadas, entre ellas inmigrantes indocumentados, está protegido constitucionalmente.

Los trabajadores humanitarios, voluntarios y activistas que participan en operaciones de búsqueda y rescate en las montañas aseguran que las autoridades recurrentemente verifican sus papeles, inspeccionan sus vehículos y les citan por infracciones menores en las carreteras en circunstancias que sugieren que la policía no las está empleando con miras a la seguridad pública u otros fines policiales, sino como herramienta para crear un ambiente hostil hacia los trabajadores humanitarios.

Estas formas de acoso no son exclusivas de los Altos Alpes: los trabajadores humanitarios, voluntarios y activistas que operan en Calais y sus alrededores han descrito prácticas similares a Amnistía Internacional, el Defensor de los Derechos de Francia, Human Rights Watch y relatores especiales de la ONU.

Francia comparte las mismas obligaciones que todos los demás países de la Unión Europea de conceder a los niños no acompañados que llegan a sus fronteras salvaguardas especiales que protegen sus derechos humanos, tal como se establece en el derecho internacional y de la UE. Como ponen en evidencia otras investigaciones de Human Rights Watch, Francia no es el único país de la UE que no cumple con estas obligaciones de derechos humanos de manera consistente. El hecho de que otros países hayan violado los derechos de los niños no acompañados no mitiga el deber de Francia de cumplir con las normas internacionales y regionales así como el derecho de la UE, señaló Human Rights Watch.

Las autoridades francesas deberían reformar los procedimientos y las prácticas de evaluación de la edad para cumplir con los estándares internacionales y garantizar que no se deniegue arbitrariamente el reconocimiento formal a los menores. Entre otros pasos, la detección del trastorno de estrés postraumático por parte de psiquiatras calificados, con asesoramiento previo a la evaluación de aquellos que muestran síntomas, resultaría en un proceso más justo. Los protocolos deberían desarrollarse con el asesoramiento de expertos para determinar cuándo, cómo y quién debe evaluar a estos menores.

Las autoridades deberían poner fin a las expulsiones sumarias de niños migrantes no acompañados a Italia y, en su lugar, transferirlos inmediatamente al sistema de bienestar infantil para una protección y atención adecuadas.

Las autoridades francesas también deberían prevenir y garantizar la rendición de cuentas por el acoso policial de los trabajadores humanitarios.

“Ayudar a niños y adultos necesitados, cualquiera que sea su situación migratoria, nunca debería ser tratado como un delito”, dijo Jeannerod. “Los niños migrantes deben ser justamente evaluados para recibir la protección a la que tienen derecho”.


20 ago 2019

HRW: Estados Unidos: La separación familiar causa daños a niños y sus familias


Niños y niñas de apenas cinco años permanecen sin cuidadores adultos
(Washington, DC) – Funcionarios de Estados Unidos están separando a niños y niñas migrantes de sus familias en las zonas fronterizas, y ocasionan así un daño profundo que se prolonga en el tiempo, señaló hoy Human Rights Watch. Está previsto que el 12 de julio de 2019 la Comisión de Supervisión y Reforma de la Cámara de Representantes de Estados Unidos celebre audiencias para abordar la política de separación familiar del gobierno.
A través de entrevistas y análisis de presentaciones judiciales, Human Rights Watch concluyó que es frecuente que se separe a niños y niñas de familiares adultos que no son sus padres. Esto significa que, a menudo, los niños y las niñas son separados del cuidado de abuelos y abuelas, tíos y tías, y hermanos y hermanas mayores aun cuando exhiben documentos que acreditan la tutela o autorizaciones escritas emitidas por sus padres y madres. En algunos casos también se ha separado a padres y madres de sus hijos de manera forzosa; por ejemplo, cuando el padre o la madre tiene antecedentes penales, incluso si se trata de una infracción menor que no incide en su capacidad para cuidar de sus hijos. Como consecuencia, en los casos analizados por Human Rights Watch, niños y niñas de tan solo cinco años han sido mantenidos en centros de la Patrulla Fronteriza sin sus cuidadores adultos.
“Las audiencias en el Congreso son el primer paso para dar cuenta de los enormes daños ocasionados a niñas y niños y a sus familias en las celdas de detención en la frontera, y de abordar esos perjuicios”, manifestó Michael Garcia Bochenek, asesor legal sénior sobre los Derechos del Niño de Human Rights Watch. “Las autoridades del área de inmigración deberían aprovechar esta oportunidad para reconocer estas graves situaciones y anunciar que se pondrá fin, de manera inmediata, a la separación de las familias”.
Un niño hondureño de cinco años detenido en el puesto de la Patrulla Fronteriza de Clint en Texas dijo a los abogados que cuando él y su padre fueron aprehendidos en la frontera, “los agentes de inmigración me separaron inmediatamente de mi padre. Estaba muy asustado y con miedo. Lloraba. Y ya no volví a ver a mi padre”. No sabía cuánto tiempo hacía que estaba separado de su padre: “Estoy asustado, tengo miedo y estoy triste”. En otro caso, un niño hondureño de ocho años detenido en Clint con su hermana de seis años manifestó: “Nos separaron de nuestra abuela y ahora estamos completamente solos”. Al igual que otros menores, no sabía durante cuánto tiempo habían estado separados de su abuela: “Llevamos mucho tiempo aquí”.
Human Rights Watch entrevistó a 28 niños y adultos y revisó otras 55 declaraciones juradas presentadas ante tribunales de niños y adultos que habían permanecido en celdas de detención en la frontera de Texas entre el 10 y el 20 de junio de 2019. Human Rights Watch identificó 22 casos en los cuales uno o más niños o niñas manifestaron haber sido separados por la fuerza de un familiar, habitualmente en las primeras horas después de haber sido aprehendidos. Tres abogados de Human Rights Watch participaron en los equipos que recopilaron estas declaraciones, a fin de asegurarse de que las condiciones cumplieran con un acuerdo de conciliación. El acuerdo establece los estándares para las condiciones en que se mantiene a los niños y las niñas migrantes.
Ninguna ley ni reglamentación federal exige que los niños y las niñas sean separados, en forma sistemática, de los miembros de su familia extendida al ser aprehendidos en la frontera, y tampoco existe obligación de separar a los menores de sus padres, salvo que el padre o la madre represente una amenaza para el niño o la niña.
Se exige que los funcionarios fronterizos de Estados Unidos identifiquen a los niños y las niñas que son víctimas de trata de personas —por ejemplo, a los niños y las niñas que son transportados para ser explotados— y que tomen medidas para protegerlos. No obstante, todos los casos de separación familiar que analizó Human Rights Watch implicaban a niños que viajaban con familiares para solicitar asilo, o para reunirse con otros familiares, o para ambos fines, sin indicación de que fueran víctimas de trata.
En junio de 2018, el gobierno de Trump anunció el fin de la política de separación familiar forzada del gobierno, ante el fuerte repudio público después de que trascendieran imágenes de niños y niñas en jaulas, se filtraran grabaciones de agentes fronterizos que se burlaban de niños y niñas que lloraban, y se difundieran otras noticias sobre el alcance y el impacto de la política del gobierno.
Los casos que analizó Human Rights Watch demuestran que continúa la separación familiar forzada. En el caso de otros familiares que no son los padres, la separación forzada parece ser una práctica de rutina. Para muchos niños y niñas, la separación de familiares que se han desempeñado como cuidadores primarios puede resultar tan traumática como la separación del padre o de la madre.
Entre julio de 2018 y febrero de 2019, funcionarios fronterizos estadounidenses separaron al menos a 200 niños y niñas de sus padres y madres. A menudo no podían señalar un motivo claro para justificar la separación, tal como se determinó a través de un estudio del New York Times; en algunos casos, los agentes separaron a las familias a causa de condenas leves o muy antiguas.
Las autoridades de inmigración nunca revelaron el número de familiares —que no fueran el padre o la madre— que habían sido separados forzosamente de sus hijos e hijas en la frontera.
La separación forzosa resulta tan traumática para niños como para los adultos. Los niños y las niñas entrevistados por Human Rights Watch dijeron que habían pasado noches sin dormir, y que habían tenido dificultades para concentrarse, cambios repentinos del estado de ánimo y ansiedad constante. Estas condiciones, según lo refieren, comenzaron después de que agentes de inmigración los separaron forzosamente de sus familiares.
La mayoría de los niños y las niñas a quienes entrevistamos señalaron que tienen a sus padres o madres, u otros familiares, en Estados Unidos. Sin embargo, los familiares con quienes habló Human Rights Watch indicaron que los agentes fronterizos nunca intentaron comunicarse con ellos.
Para prevenir los daños a niños y niñas y para defender el principio de unidad familiar, Human Rights Watch insta a que se adopten las siguientes medidas:
  • El comisionado interino de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos debería ordenar a los agentes de inmigración que mantengan juntas a las familias salvo que un adulto represente una amenaza clara para un niño o una niña, o salvo que la separación sea, de otro modo, favorable para el/la menor. Esa determinación debería estar a cargo de un profesional de bienestar infantil debidamente habilitado, como un trabajador social, psicólogo o psiquiatra con capacitación y competencia para trabajar con niños y niñas.
  • La oficina del inspector general del Departamento de Seguridad Nacional debería revisar, de manera sistemática, todas las instancias de separación familiar —incluidas las separaciones de familiares que no son los padres—, a fin de determinar si la separación fue favorable para el niño o la niña.
  • El Congreso debería prohibir la separación de familias, lo cual incluye prohibir que los niños y las niñas sean separados de sus hermanos y hermanas, abuelos y abuelas, tíos y tías, o primas y primos, salvo cuando una separación sea favorable para un niño o niña.

“La agencia fronteriza necesita instrucciones claras, por parte de la administración, para poner fin a la separación forzada de familias y otras prácticas abusivas”, señaló Bochenek. “Y el Congreso debe llevar a cabo la supervisión necesaria para asegurarse de que la agencia fronteriza cumpla con lo requerido”.
“Tolerancia cero” y separación familiar sistemática
En mayo de 2018, el entonces Fiscal General Jeff Sessions anunció una política de “tolerancia cero” conforme a la cual los padres y las madres —incluidos los que solicitaran asilo— serían procesados penalmente por ingresar de manera ilegal al país, y sus hijos e hijas separados por la fuerza de la custodia de sus padres o madres y reclasificados como “no acompañados”. En ese mes, el Jefe de Gabinete de la Casa Blanca, John Kelly, manifestó en la radio pública nacional: “A los niños y niñas se los cuidará, se los dará en guarda o lo que sea”.
La Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (American Civil Liberties Union, ACLU) inició una acción judicial para exigir que el gobierno estadounidense revele cuántos niños y niñas fueron separados de sus padres y madres por aplicación de esta política. Las autoridades tardaron en brindar esta información, y finalmente informaron al tribunal que más de 2.700 niños habían sido separados forzosamente de sus padres en mayo y junio de 2018. El 20 de junio de 2018, el presidente Donald Trump dictó un decreto ejecutivo que, según afirmó, ponía fin a la política sobre separaciones familiares forzosas de este gobierno.
En un informe gubernamental publicado en enero de 2019, se señaló que “miles” de niños más habían sido separados forzosamente de sus padres, y desde mucho antes de lo que el gobierno había reconocido antes. Un borrador de un documento de política que se filtró confirmó que funcionarios del gobierno estaban discutiendo una política de separación familiar desde fines de 2017.
El gobierno ha reconocido que las separaciones familiares forzosas continuaron después del decreto ejecutivo. En una presentación judicial de febrero de este año, se informaron al menos 245 separaciones ocurridas entre el 26 de junio de 2018 y el 5 de febrero de 2019. Para fines de mayo, el número había crecido a 700, según el informe de ACLU. En algunos casos, estas separaciones habían sido ocasionadas por faltas menores y no violentas: una condena por robo sin violencia 20 años antes en un caso, y posesión de una pequeña cantidad de marihuana en otro, según casos analizados por el New York Times. En la mayoría de estos casos, no se indicaron de manera específica los motivos de la separación.
Estas cifras no incluyen la cantidad de niños y niñas que fueron separados forzosamente de familiares que no son sus padres o madres.
Niños y niñas desconsolados sin sus padres o madres
Numerosos niños y niñas manifestaron que habían pasado días sin saber adónde habían sido llevados sus padres ni cuándo volverían a verlos, en caso de que esto efectivamente sucediera. Por ejemplo, un niño de 17 años de El Salvador, entrevistado en Clint, manifestó que él y su madre habían cruzado un puente internacional 16 días antes. Expresó al respecto:
Nos presentamos a los agentes de la patrulla fronteriza, que luego nos separaron. Se negaron a explicarnos por qué lo hacían. Desde ese momento, no he sabido dónde está mi madre. No supe si mi madre estaba en Estados Unidos o en otro lugar, ni siquiera si estaba viva. He estado extremadamente preocupado por ella.
Niños y niñas separados de abuelas, tías y tíos
Una niña de 12 años que viajó a Estados Unidos con su abuela y sus hermanas de 8 y 4 años señaló que los agentes fronterizos las habían levantado a las 3 de la madrugada dos días antes de que ella hablara con los abogados:
[L]os funcionarios nos dijeron que se llevarían a nuestra abuela. Mi abuela intentó mostrar a los funcionarios un papel firmado por mis padres, en el cual decía que había sido designada para cuidarnos. Los funcionarios rechazaron ese documento aduciendo que debía estar firmado por un juez. Luego, los funcionarios se llevaron a mi querida abuela. Desde aquel momento, no volvimos a verla… Pensar en esto, a veces me hace llorar… Mis hermanas aún están afectadas porque la quieren mucho y desean estar con ella.
En otro caso, una mujer que había criado a su sobrina dijo que los agentes fronterizos le habían señalado que los papeles sobre la tutela certificados por notario público que ella exhibía “no servían en Estados Unidos”. Los agentes le dijeron que debía esperar que la separaran de su sobrina una vez que fueran transferidas del Centro de Procesamiento Ursula en McAllen, Texas. Este centro es conocido como la perrera, por su valla de alambrado.
Un niño de 11 años que había viajado a Estados Unidos con su hermano de 3 años y su tío de 18 para escapar de la violencia de las pandillas en Honduras dijo que los agentes fronterizos los habían separado, a él y a su hermano, de su tío al ser aprehendidos, aproximadamente tres semanas antes de que Human Rights Watch hablara con él en Clint:
Los agentes fronterizos nos hicieron sentar en círculo, y luego nos subieron a camiones y nos transportaron. No sé a qué lugar. Mi tío se identificó como tío nuestro. Los agentes nos dijeron que nos iban a separar. Eso fue terriblemente triste para mí. No sé adónde enviaron a mi tío. No pudimos despedirnos.
Human Rights Watch identificó muchos otros casos como estos en nuestras propias entrevistas y las declaraciones que leímos. Por ejemplo:
  • Una niña de 12 años de Guatemala manifestó que agentes fronterizos la habían separado de su tía y su prima cuando las tres entraron en Estados Unidos a principios de junio, 15 días antes de que hablara con los abogados mientras estaba en el puesto de la Patrulla Fronteriza de Clint.
  • Un niño de 8 años les dijo a sus abogados que había venido a Estados Unidos con su tía, quien se había ocupado de cuidarlo en Guatemala. Dijo que, al ser separado de su tía por agentes fronterizos tres días antes, “Lloraba y ellos no me decían adónde me llevaban”.
  • Una niña de 12 años de El Salvador dijo que ella y su hermana de 7 años habían sido separadas de su abuela el día anterior, después de haber cruzado a los Estados Unidos y de haberse presentado ante funcionarios de la patrulla fronteriza.

Hermanas separadas
Una niña de 17 años procedente de El Salvador dijo a los abogados que llegó a Estados Unidos con su hijo de 8 meses y su hermana mayor. Los agentes fronterizos “nos separaron [a mi hermana y a mí] poco después de llegar a EE. UU, hace aproximadamente tres semanas, y no se me ha permitido hablar con ella desde entonces”.
Una niña de 16 años de El Salvador, entrevistada en Clint, dijo que ella y su hija de cinco meses fueron separadas de su hermana de 20 años y del hijo de 3 años de esta última al ser aprehendidos, tres días antes de hablar con los abogados en Clint. Los agentes fronterizos le dijeron más tarde que su hermana y su sobrino habían sido liberados y enviados a vivir con familiares.
Una niña guatemalteca de 14 años contó que inmediatamente después de que ella y su hermana de 18 años cruzaron el río para entrar en Estados Unidos –no estaba segura de cuánto hacía de esto– agentes fronterizos “nos hicieron formar fila y nos revisaron la piel y el cabello. Fue entonces que se llevaron a mi hermana y ahora estoy muy preocupada por ella. No sé dónde está ni si se encuentra bien”.
Cuidadores adultos enviados de regreso a México sin los niños y niñas a su cargo
Human Rights Watch ha identificado anteriormente casos de separaciones familiares ocurridas en el contexto de los Protocolos de Protección de Migrantes (PPM) o de la política de “Permanencia en México (Remain in Mexico)”, conforme a los cuales decenas de miles de solicitantes de asilo mayormente latinoamericanos han sido enviados de regreso a México para que esperaran allí mientras sus solicitudes tramitan en Estados Unidos. En el contexto de los PPM, en la frontera los agentes separan a familias que habían estado viajando juntas. Niños y niñas, algunos incluso con problemas de salud mental, fueron separados de cuidadores que no eran sus padres por agentes de la Patrulla Fronteriza, clasificados como “menores extranjeros no acompañados” y detenidos solos. Mientras tanto, sus familiares adultos fueron enviados de regreso a México para permanecer allí mientras tramitara su caso de asilo, algo que puede demorar meses o años. Mantenerse en contacto es algo particularmente difícil para las familias separadas en el marco de los PPM, dado que quienes se ven obligados a esperar en México a veces no tienen acceso a teléfonos celulares o fijos.
Familias divididas durante el tiempo transcurrido en celdas de detención en la frontera
Si ambos padres viajan juntos, es común que se separe a los padres del resto de la familia. Por ejemplo, un hombre hondureño de 23 años contó que él, su esposa y sus dos hijos estaban todos en la misma estación fronteriza: “Me separaron de mi familia casi de inmediato. Solo he visto a mi esposa e hijos una vez en los tres días que llevo aquí”. Una niña de 5 años dijo a los abogados que su padre fue separado de ella y de su madre cuando estaban detenidos en McAllen.
Varios adolescentes retenidos en el mismo centro fronterizo que sus padres señalaron frecuentemente que eran separados si ellos y sus padres eran de distinto género. En esos casos, incluso si ellos y sus padres estaban en el mismo establecimiento, afirmaron tener un contacto mínimo o nulo con sus padres. Por ejemplo:
  • Una niña de 15 años de Honduras dijo que fue separada de su padre en las dos celdas donde estaban detenidos. “Esto en una unidad mixta en la que hay padres y sus hijos; no entiendo por qué no puedo estar con mi padre”, dijo a los abogados.
  • “Me separaron de mi madre durante cinco días y estuve muy atemorizada, porque no sabía que me ocurriría a mí o que le pasaría a mi madre”, manifestó un niño guatemalteco de 16 años.
  • Una niña hondureña de 16 años dijo que ella y su padre estuvieron en celdas separadas sin ningún contacto durante dos días. “No volví a ver a mi padre hasta… que nos llamaron para tomarnos fotos y las huellas dactilares. No se nos permitió vernos antes, a pesar de que mi padre pidió verme reiteradamente”, manifestó la niña.

Los agentes fronterizos a veces dividen a los niños entre los padres, asignando uno o varios a cada uno de sus padres, durante el tiempo que pasan en una celda. “Nuestra familia permanece en celdas separadas, un hijo está conmigo y otro con mi esposa”, contó un hombre guatemalteco de 29 años. Una mujer hondureña, también de 29 años, dijo que cuando ella, su esposo y sus dos hijos fueron aprehendidos “a mi hija y a mí nos separaron de mi esposo y mi hijo casi inmediatamente. Solamente he visto a mi esposo e hijo una vez desde que llegamos hace tres días”.
Algunos de los niños y las niñas en los puestos fronterizos también tienen hijos y algunos han viajado a Estados Unidos con cónyuges o parejas estables.
En un caso, una niña de 16 años dijo que luego de que ella y su pareja, junto a su hija de un año, huyeron de la violencia de las pandillas en El Salvador, agentes fronterizos la separaron a ella y a su hija de su pareja. Contó a los abogados:
Todos estábamos muy disgustados. Nuestra bebé lloraba. Yo lloraba. Y también lo hacía mi pareja. Les preguntamos a los guardias por qué separaban a nuestra familia, y nos respondieron gritándonos. Fueron muy desagradables y mezquinos con nosotros. Le gritaron a mi pareja frente a todos que se sentara y dejara de hacer preguntas. No lo hemos visto dese ese momento.
En otro caso, una niña de 15 años que huyó de Guatemala con su esposo y su hijo de 8 meses señaló que pidieron asilo en el cruce fronterizo: “Les dijimos que viajábamos como grupo familiar y queríamos [seguir estando] juntos. Sin embargo, lo separaron [a mi esposo] de nosotros y no sé dónde se encuentra ahora. No he tenido noticias suyas y estoy preocupada por él”.
Trauma provocado por la separación forzada
Un niño guatemalteco de 15 años dijo a Human Rights Watch que se sentía “verdaderamente desesperado, desolado y preocupado” tras haber sido separado forzosamente de su padre, luego de que agentes fronterizos lo detuvieran. Habló sobre los dos meses que había estado separado de su padre:
Es realmente difícil estar separado de mi padre. No sé cuándo podré verlo, y eso me entristece mucho. Por pensar en mi padre y en que estoy separado de él, me cuesta mucho concentrarme en clase. Me es difícil prestar atención a lo que debería estar haciendo. Siento mucha ansiedad y preocupación. Hay días que no tengo apetito. Antes nunca tuve problemas para comer, y creo que si no estuviera tan triste por estar alejado de mi padre ahora no tendría un problema con la comida… Cuando empiezo a pensar sobre lo que ocurrió, me entristezco y empiezo a llorar. Esto antes nunca me pasaba… Es algo nuevo. Lo causa el estrés que tengo ahora.
La separación familiar causa perjuicios graves y duraderos. Como lo ha señalado la Academia de Pediatría: “las experiencias sumamente estresantes, como la separación familiar, pueden causar daños irreparables, alterar la estructura mental de un niño y afectar su salud en el corto y el largo plazo. Este tipo de exposición prolongada a estrés profundo, conocido como estrés tóxico, en el caso de los niños puede tener consecuencias para toda la vida”.
“Este tipo de estrés hace que los niños sean susceptibles a condiciones agudas y crónicas, como ansiedad extrema, depresión, trastorno por estrés postraumático, hipertensión y enfermedades cardíacas”, escribieron dos pediatras el año pasado en la publicación Houston Chronicle.