La República: Sentencia que aprueba el acuerdo de colaboración eficaz con la empresa brasileña

La República publica en exclusiva el fallo del acuerdo de colaboración eficaz y beneficio otorgado a la constructira brasileña Odebtrecht.

Por ser de interés público, La República pone en conocimiento de sus lectores el texto íntegro de la sentencia, resolución N° 20, que el 17 de junio último emitió la jueza María de los Angeles Álvarez Camacho al aprobar el Acuerdo de Colaboración Eficaz y Beneficios que suscribieron el fiscal José Domingo Pérez y los representantes legales de Odebrecht y los cuatro colaboradores: Jorge Simoes Barata, Ricardo Boleira Sieiro Guimaraes, Renato Ribeiro Bortoletti, Antonio Carlos Nostre Junior.

En la sentencia se precisa la información aportada por los colaboradores en cada uno de los cuatro proyectos dónde Odebrecht reconoció haber pagado sobornos: Vía evitamiento Cusco, vía Costa Verde Callao, los tramos 1 y 2 de la línea 1 del Metro de Lima y los tramos 2 y 3 de la Carretera Interoceánica Sur. Además, se deja constancia de la información y colaboración que están aportando para el esclarecimiento de otros hechos no incluidos en el acuerdo, tales cómo Gaseoducto del Sur y los aportes de campaña a partidos políticos.

Acuerdo de Colaboracion Eficaz de Odebrecht 

Fuente La República (Escribe César Romero):  https://larepublica.pe/politica/2019/07/16/odebrecht-este-es-el-acuerdo-completo-de-colaboracion-eficaz-con-la-empresa-brasilena-jorge-barata-lava-jato-jose-domingo-perez-rafael-vela-poder-judicial/

Opinión: El objetivo, Abortar la lucha anticorrupción

Por Ronald Gamarra.
La prisión preventiva no le importó a la clase política en el Perú, ni a los medios que hoy la cuestionan, ni a cierto cardenal que se resiste a jubilarse, mientras ella no se aplicaba a los poderosos que delinquen, es decir, a los altos funcionarios venales, a los grandes empresarios coimeros, a los jefes políticos mafiosos, a la gente bien relacionada con esas esferas, a los que fueron gobernantes y ejercieron el poder involucrándose o promoviendo la corrupción. Esta es una verdad tan grande como el imponente nevado Huascarán.

Apenas unos fiscales y jueces íntegros, contados con los dedos de la mano, que han logrado sobrevivir casi de milagro, hasta ahora, a la corrupción en sus propias instituciones, empezaron a tocarlos, citarlos, interrogarlos y a aplicarles en algunos casos esta medida de detención preventiva, se desató el escándalo y la grita histérica, con toda clase de mentiras, falsedades y exageraciones, por la supuesta aplicación abusiva que dichos magistrados harían de esta medida procesal que limita radicalmente la libertad de la persona que está bajo investigación.

Antes de esto, la detención preventiva les interesaba un rábano. No recuerdo ningún sermón de Cipriani, ninguna declaración suya sobre las injusticias del sistema procesal. Es más, me parece que jamás ha visitado un centro penitenciario ni mostrado ninguna preocupación especial por los presos, a pesar de que el trabajo en los centros penitenciarios era una de las prioridades de la Iglesia. Lo mismo vale para todo el resto de los que protestan y cuestionan ahora radicalmente, pero sobre todo interesadamente, la “abusiva” detención preventiva.

Antes de esta coyuntura que solo recientemente afecta a los poderosos que delinquen, lo que esa misma gente reclamaba era más y más cárcel. Deploraban públicamente, con los peores adjetivos, la “debilidad” de los magistrados y policías ante la delincuencia. Exigían medidas cada vez más drásticas. Reclamaban procedimientos sumarios. Reivindicaban incluso la justicia por propia mano. Condenaban los derechos humanos como una especie de complicidad con los delincuentes y demandaban repudiar los tratados y las cortes internacionales. Postulaban a gritos la pena de muerte para cada vez más delitos.

Claro pues, se trataba de delincuentes comunes, hampones del montón, que no importaban a nadie. Allí no les preocupaba el debido proceso, las garantías que deben respetarse, la investigación acuciosa, la verificación de elementos de convicción contundentes, la constatación del peligro procesal. Tampoco les importaba, por cierto, la condición de las personas procesadas, su avanzada edad, su estado de salud, la existencia de conductas procesales de colaboración con las averiguaciones fiscales. Menos aún la dignidad de las personas, los derechos humanos y otras “pavadas” que ahora reclaman con inconsecuencia.

Esa misma gente celebró con gran alegría la prisión preventiva incluso cuando ella se aplicó a una pareja de políticos. Fue hace dos años, cuando les arrimaron dicha medida durante varios meses al expresidente Ollanta Humala y a su esposa Nadine Heredia. Todos los que ahora cuestionan la “arbitrariedad” de la detención preventiva, aplaudieron a rabiar, brindaron con champán y pusieron por las nubes a los mismos fiscales y jueces que ahora condenan. Claro pues, se trataba de enemigos políticos a los que odiaban.

Esos poderosos creían tener la sartén por el mango gracias a sus relaciones con autoridades judiciales corruptas. Eso se les hundió el año pasado con el descubrimiento de los audios que revelaban la corrupción al más alto nivel del Consejo Nacional de la Magistratura, el Poder Judicial y el Ministerio Público, una red cuyo representante más conspicuo es el tristemente célebre juez supremo César Hinostroza. Allí, la coraza que los blindaba y protegía tan eficazmente de toda investigación quedó rajada y se vieron en peligro por primera vez. Recién entonces les empezó a preocupar cosas como la detención preventiva y la detención preliminar judicial.

Y ahora están en plena campaña para desacreditar a los fiscales y jueces que deciden aplicarla y ya han presentado un proyecto de ley para limitarla. El objetivo verdadero, sin embargo, va mucho más allá. De lo que se trata todo esto, en realidad, es de traerse abajo, de una vez por todas, aquí y ahora, el proceso de lucha anticorrupción en su conjunto. Esta es su oportunidad de oro. Y no dudan ni vacilan en aprovechar para ello, para favorecer sus propios intereses judiciales, incluso los hechos más lamentables y trágicos de estos días, que manipulan abierta y groseramente.

Aún con todo lo que legítimamente se le pueda criticar –para empezar, los excesivos plazos de duración (que llegan a los 36 meses tratándose de procesos de criminalidad organizada)-, la detención preventiva no es una medida que se dicta a la ligera, y no sin especial motivación. En todos los casos, existe una previa y generalmente muy larga investigación fiscal, que acopia pruebas e indicios. El fiscal, miembro del Ministerio Público, requiere la medida, pero no la decide. Quien resuelve es un juez especializado, perteneciente a otra institución, el Poder Judicial. El fiscal tiene la obligación de sustentar su pedido, en audiencia oral y pública, y con participación del imputado y su defensa. Si no acredita la concurrencia de los presupuestos materiales establecidos en la norma procesal (fundados y graves elementos de convicción que vinculen al imputado con la perpetración de un delito, pena probable superior a los 4 años de cárcel y peligro procesal), si no justifica la proporcionalidad de la medida solicitada, y si no atestigua la necesidad del plazo de duración de la misma, es decir si no lo hace a satisfacción, el juez puede rechazar su pedido. Esto es frecuente en los casos anticorrupción.

Según los últimos datos oficiales, recogidos por la Contraloría General de la República, por cada cien casos en trámite por delito de corrupción únicamente dos personas son privadas de libertad.

Recuérdese además que el investigado a quien se impone la prisión preventiva puede apelar. Alegar en nueva audiencia oral ante un nuevo tribunal de justicia. Y, eventualmente, lograr la revocatoria o la nulidad de la medida inicialmente impuesta.  Asimismo, que existe la figura de la cesación de la prisión preventiva y su sustitución por una medida de comparecencia.

Se puede discrepar, incluso mucho, en casos concretos: ya sea por lo que el Ministerio Público o el Poder Judicial entienden específicamente por “elementos de convicción” y por los criterios que enarbolan o con los que justifican el peligro de fuga o el peligro de obstaculización de la averiguación de la verdad. Yo mismo lo he hecho, públicamente, en la prisión preventiva dictada contra el expresidente Humala, porque no estuve de acuerdo con las razones y la lógica desarrolladas e invocadas en esa resolución. En ese específico caso, y en algún otro, he creído que procesalmente había alternativas más acordes con la recta aplicación del Derecho. Pero eso es muy distinto a la campaña interesada que están llevando adelante los políticos, opinantes y medios que defienden a sus jefes políticos ahora en desgracia por los delitos que cometieron.

Artículo de opinión de Ronald Gamarra Herrera publicado en Hildebrandt en sus trece el día viernes 25 de abril de 2019.
Fuente: http://www.hildebrandtensustrece.com/

Opinión: "La justicia debe proseguir"

"Su deber, en este caso, era enfrentar los cargos formulados por el Ministerio Público y refutarlos. Pero decidió eludir esta obligación moral. Ante la nación y antes sus propios partidarios. En su caso y circunstancia, el suicidio es un acto de confesión".

El Expresidente Alan García, cercado por las investigaciones y a punto de ser descubierto, eludió mediante el suicidio que se le aplicara una orden judicial de detención preliminar  dictada contra él y otros involucrados de su entorno cercano en las pesquisas que se siguen por el más escandaloso caso de corrupción de los últimos tiempos en nuestro país, el asunto Odebrecht. Una acción tremenda y extrema, sin duda, la de atentar contra la propia vida, que no debe, sin embargo, desorientarnos ni hacernos perder la perspectiva objetiva de los hechos y el contexto en el cual sucedió.

Alan García ha sido objeto de una investigación larga y paciente en la cual ha contado con todas las garantías y privilegios que normalmente se niegan a los mortales comunes y corrientes en nuestro país. En tal sentido, el respeto a sus derechos como investigado, pues ni siquiera tenía la condición de procesado, fue impecable. La justicia no le tocó en absoluto a pesar de las reiteradas denuncias  presentadas contra él por años, desde la época de su primer gobierno; mucho menos aún en la actualidad. Si algo caracterizó la acción de la justicia, en su caso, fue el actuar con guantes de seda. Con complicidad.

Solo la acumulación de indicios y pruebas en los últimos meses llevó al Ministerio Público, a través del fiscal encargado de la investigación, a plantear esta semana la medida de detención preliminar contra él y otros involucrados. Y fue un juez quien, luego de examinar la solicitud y las pruebas presentadas por el fiscal, aprobó y dictó la medida. No se trata, pues, del exabrupto de un individuo, de una vendetta o de una persecución política, sino de una medida tomada como resultado de una indagación debidamente llevada y controlada  y aprobada por un juez especializado.

Alan García tenía la posibilidad plena de ejercer su derecho a la defensa y cuestionar la medida ante un tribunal, pero prefirió pegarse un tiro. Matarse. Escapar. Se puede opinar de muy distintas maneras sobre está reacción, pero nadie puede afirmar que fuera una acción racional y válida ante un procedimiento judicial regular y plenamente legal; mucho menos aún cuando sostenía que no le alcanzaba responsabilidad penal alguna. Su deber, en este caso, era enfrentar los cargos formulados por el Ministerio Público y refutarlos. Pero decidió eludir esta obligación moral ante la nación y ante sus propios partidarios. En su caso y circunstancia, el suicidio es un acto de confesión.

Por cierto, las redes de investigados y cómplices tejidas en torno a los numerosos casos de corrupción que se investigan actualmente no esperaron ni un minuto para aprovechar el suicidio de García y llevar agua a su propio molino. Pues de inmediato se pusieron a despotricar a diestra y siniestra contra los magistrados que investigan  estos casos, a quienes se pusieron a responsabilizar arbitrariamente como si fueran los autores de la muerte del expresidente, quien habría sido la víctima, como ellos mismos, de una "campaña de odio".

Estos investigados por corrupción aprovechan para tratar de pasar a convertirse en víctimas de una supuesta conspiración de "magistrados odiadores". Los que por años han aprovechado de sus altos cargos y conexiones para lucrar y enriquecerse ilícitamente con los escasos recursos del erario y del país, ahora caen como sanguijuelas para obtener fruto y beneficio del suicidio de García. Y su interés no puede ser más explícito: se trata de paralizar, detener, neutralizar y desprestigiar la acción de la justicia anticorrupción en nuestro país.

Sólo así podrían salir limpios de polvo y paja, impunes por los latrocinios que cometieron. Quieren aprovechar ahora mismo el impacto emocional que puede tener en los sectrores más incautos el suicidio del expresidente para salirse ellos con la suya. Por eso le pusieron el acelerador a fondo a esta campaña, que ya viene desde antes, desde el mismo momento en que se conoció la decisión trágica de García. Y precisamente uno de sus primeros esfuerzos fue el intentar detener y abortar la diligencia de allanamiento que se desarrollaba en la vivienda del investigado con el argumento de su fallecimiento. 

Sin duda, la acción penal contra Alan García se declarará extinguida en su momento debido a su deceso. Pero cosa muy distinta es tratar por todos los medios y de manera express de abortar una diligencia investigativa sobre un caso complejo que involucra a muchos otros investigados. La justicia tiene la obligación de identificar e incautar toda documentación relacionada con los casos graves que tiene bajo investigación en una diligencia en marcha. La extinción de la acción penal se declarará de acuerdo al procedimiento y en el momento oportuno.

Lo peor que podría ocurrir para nuestro país es que estos sectores coaligados de la corrupción pudiesen tener éxito en aprovechar un golpe emotivo como el suicidio del expresidente para imponer su agenda de impunidad. Por eso debemos defender, hoy más que nunca y con mayor decisión, la actuación de los magistrados, sean jueces o fiscales,  que en los últimos años han logrado, por primera vez en mucho tiempo, poner a la defensiva y en el desconcierto a esos sectores, obligándolos a responder por sus delitos de corrupción. 

El cáncer que devora al país se llama corrupción. No lo olvidemos nunca. No perdamos jamás de vista esta realidad. No permitamos que el luto interesado que ahora visten esas lloronas de viernes santo, que son los cómplices y los defensores a sueldo de los involucrados, nos desoriente y confunda a la opinión pública. La justicia anticorrupción debe proseguir y profundizar sus investigaciones sin interrupción ni vacilación, y sin dejarse impresionar por la campaña de desprestigio que han desatado histéricamente contra ella.

Artículo de opinión de Ronald Gamarra Herrera publicado en Hildebrandt en sus trece el viernes 19 de abril de 2019.

Fuente: http://www.hildebrandtensustrece.com/

Pronunciamiento: Pablo Sánchez Velarde y Zoraida Avalos Rivera

Pronunciamiento

Doctor Pablo Sánchez Velarde, ex fiscal de la Nación

Doctora Zoraida Avalos Rivera, fiscal suprema titular

Como Fiscales Supremos y miembros del Ministerio Público no podemos mantenernos en silencio ante un acto como el acontecido hoy.

Sentimientos de vergüenza e indignación es lo que nos embarga porque estamos convencidos que nuestra institución no merece esto.

Consideramos que los fiscales al frente del Equipo Especial están haciendo un buen trabajo. Cambiarlos solo perjudica las investigaciones y los procesos de colaboración eficaz. Ante ello cabe preguntarse ¿cuál es la consecuencia?

La respuesta es una sola: se beneficia la impunidad. Pero, además, estos hechos nos dejan ante la sociedad internacional como una institución debilitada y sin compromiso en la lucha contra la corrupción.

No sólo es una decisión poco acertada e inoportuna, sino que además genera un impacto negativo en las investigaciones. Pero, como magistrados debemos resaltar que esto daña lo mas sagrado de la función fiscal que es su autonomía en la persecución del delito y la independencia que se requiere.

Asimismo, se debilita sustancialmente los níveles de cooperación internacional, especialmente con Brasil.

No podemos mas que manifestar nuestro pesar por estas decisiones que hoy dan un golpe mortal a la lucha contra la corrupción y la institucionalidad.

Por ello, exhortamos al fiscal de la Nación que se desista de los cambios anunciados esta noche por el bien de la institución y de la lucha contra la corrupción. Asimismo, hacemos un llamado a todos los fiscales del país, comprometidos con la institucionalidad y el compromiso de lucha contra la impunidad, para que se sumen a este pedido y apoyen esta posición.

Lima, 31 de diciembre de 2018.

El Comercio: "(Sin) vergüenza"

La remoción de los fiscales José Domingo Pérez y Rafael Vela, en el ocaso del año, es un acto oprobioso del fiscal de la Nación, Pedro Chávarry.

Editorial El Comercio.

Finalmente, después de varias semana aprovechando las celebraciones que le pusieron fin al 2018, el fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, anunció la remoción de los fiscales Rafael Vela y José Domingo Pérez del equipo especial encargado del Caso Lava Jato. Una acción que, al darse cuando la ciudadanía se preparaba para recibir un año nuevo, deja clarísisma la intención de la cabeza del Ministerio Público de camuflar la decisión.

Si bien resulta sumamente preocupante que la cabeza de una institución como la fiscalía se interese en dar a conocer sus decisiones agazapado en la coyuntura festiva, es aun más indignante al tomar en cuenta cómo justificó las mismas. Según el señor Chávarry, la medida llega motivada por el hecho de que el fiscal Pérez "procedió a cuestionar mi elección que se produjo por unanimidad de los fiscales supremos" y que esta actitud fue "avalada por el coordinador Vela Barba". Una circunstancia que, como es evidente, nada tiene que ver con la forma en la que han hecho su trabajo ambos fiscales, sino con una ojeriza sostenida por el fiscal de la Nación al sentir que se ponía en tela de juicio su autoridad.

Es inquietante, ciertamente, la forma en la que Chávarry ha dado a conocer su disposición, pero no resulta sorpresiva. A lo largo del año pasado, con la investigación del Caso Lava Jato empezando a mostrar sus primeros frutos, el titular del Ministerio Público no escatimó en amenazas al equipo liderado por el fiscal Rafael Vela. Apenas el 19 de diciembre, desde esta página, alértabamos sobre las hostilizaciones que había denunciado Vela de parte del fiscal de la Nación y cómo este último había buscado restarle valor al saludo que la Fuerza de Tarea a cargo del Caso Lava Jato en Brasil le había hecho a su homólogo peruano. A esto se suma el hecho de que Chávarry, en una entrevista, remarcó que tenía la potestad de remover al fiscal José Domingo Pérez "en cualquier momento", pero que evitaba hacerlo solo para que no se leyera como una "represalia". Ayer, sin embargo, dejó en claro que esto último era en efecto su objetivo. Sin duda un gesto vergonzoso que, de por sí, deja en evidencia la debilidad de su liderazgo y lo nocivo de la permanencia en el puesto.

La alarma suena aún más respecto al futuro del Caso Lava Jato. En primer lugar, una coyuntura como esta le podría permitir a los involucrados en las pesquisas de los fiscales removidos cuestionar la legitimidad de las medidas que se han tomado en su contra. Una realidad especialmente grave si se considera que entre las carteras que tenían encargadas estaban algunas tan sensibles como las de Alan García y Keiko Fujimori.

También preocupa que esta decisión se haya tomado en vísperas de la ejecución del acuerdo de colaboración suscrito por el referido equipo especial con la empresa Odebrecht y cómo esto afectará la calidad de los resultados que se puedan obtener a partir del mismo. Incluso, como se recuerda, el fiscal Vela había anunciado una ampliación del interrogatorio a Jorge Barata programada para este mismo mes.

Así las cosas, será cuestión de tiempo ver cómo la decisión de Pedro Chávarry repercute en el resultado de la investigación más importante de los últimos años de la historia política peruana. Por el momento los pronósticos no son positivos. Empero, si algo ha dejado meridianamente claro el fiscal de la Nación es que él no le teme a operar privilegiando sus intereses y, sobre todo, a hacerlo subrepticiamente, al viejo estilo que predecesores suyos como Blanca Nélida Colán exhibían sin empacho de los años 90.
Fuente El Comercio: https://elcomercio.pe/opinion/editorial/editorial-vergueenza-noticia-593061

Auto de detención Preliminar Judicial de Keiko Fujimori

Aquí el Auto de detención Preliminar Judicial del 1er Juzgado de investigación preparatoria nacional que declara fundado el requerimiento presentado por el representante del Ministerio Público sobre la detención preliminar judicial hasta el plazo máximo de diez días naturales  de veinte investigados, entre ellos, Keiko Sofía Fujimori Higuchi.

Aquí la lista de los imputados:

1. Keiko Sofía Fujimori Higuchi
2. Clemente Jaime Yoshiyama Tanaka
3. Augusto Mario Bedoya Camere
4. Adriana Tarazona Martinez de Cortes
5. Ytalo Ulises Pachas Quiñones
6. Angela Bautista Zeremelco
7. Daniel Mellado Correa
8. Luis Alberto Mejía Lecca
9. Jorge Javier Yoshiyama Sasaki
10. Mayra Alexandra Castañon Dávila
11. Liz Documet Manrique
12. Marizol Valles Chong
13. Pedro Abel Velayarce Llanos
14. Rafael Alejandro del Castillo Reategui
15. Liulith Sánchez Bardalez
16. Giancarlo Bertini Vivanco
17. Patrizia Coppero del Valle
18. Erick Giovanni Matto Monje
19. Aurora de Jesús Torrejon Riva
20. Walter Rengifo Saavedra

Auto DP - KFH 

Fuente Poder Judicial.

El País: La guerra de los Fujimori por Gorriti

"El hijo menor del autócrata se ha ofrecido como testigo en las investigaciones  por corrupción que salpican a su hermana.

Por Gustavo Gorriti.

No es que el Perú no sea un país serio y profundo, porque en verdad lo es, pero se esfuerza por disimularlo. Como si, a falta de mejores anacronismos, padeciéramos un ennui perpetuo ante los denodados trabajos que nos demanda una geografía desafiante y una historia que trata de escapar de la historieta, producimos desde paradojas hasta farsas sin parar mientes en su precio.

Hasta el viernes pasado tuvimos un presidente, Pedro Pablo Kuczynski que, a poco de su elección en 2016, fue ensalzado así por un antiguo periodista británico en Reuters: "Es imposible pensar en jefe de Estado latinoamericano en los últimos cien años que tenga (su) distinción intelectual, independencia de mente y amplitud de cultura". Este supuesto parangón de la inteligencia sufrió el descabello funcional por manos de un congresista millonario, con tres años de escuela primaria y sobrada astucia. Aunque hasta ese momento la presunta "distinción intelectual" de Kuczynski los había llevado a acumular torpeza tras error y mentira que lo pusieron en pose para su defenestración.

La caída de Kuczynski, pese a su importancia, fue el transfonfo y acompañamiento a los dos dramas principales cuyo contrapunto subordina lo demás: el desvelamiento del caso Lava Jato y la pugna feroz en la familia Fujimori.

El paso de los Fujimori Fujimori por la historia peruana ha estado marcado por la eclosión de discordias. A poco de subir Alberto Fujimori al poder, su esposa Susana Higuchi denunció públicamente a sus parientes políticos de lucrarse vendiendo la ropa usada donada por Japón para ayudar a vestir al herido país de entonces. Fue en 1992 y poco después vino el golpe de Estado del 5 de abril e Higuchi fue expulsada de mala manera del matrimonio, del Gobierno y hasta, por un rato, de la libertad. 

Fugado Fujimori al Japón después de su derrocamiento el año 2000, su hija Keiko se hizo cargo del liderazgo de un movimiento político que buscaba reivindicar y defender a aquel. Cuando Fujimori intentó la descabellada aventura del retorno a través de Chile, donde fue arrestado y luego extraditado al Perú, Keiko lideró la defensa de su padre y usó el nada desdeñable capital político de este para llegar al Congreso en 2006 y candidatearse por primera vez a la presidencia de la República en 2011.

Con su padre ya sentenciado a prisión, Keiko buscó  forjar paulatinamente un perfil propio. Perdió la elección de 2011, que creyó ganada; volvió a perder la de 2016, que supuso segura; y, cada vez más separada de su padre (cuya vigencia entre los fieles vio como un obstáculo a su ya independiente ambición), se empeñó en utilizar su mayoría parlamentaria para derrocar a un apaciguador e ineficaz Kuczynski.

Estuvo a punto de lograrlo en diciembre pasado. Uno de los factores centrales en impedirlo fue su hermano Kenji, que había entrado a la política como el hijo preferido del viejo Fujimori, a quien, a diferencia de Keiko, no solo no olvidó sino que cuidó y por cuyo indulto bregó hasta el punto de arrebatar el voto de 10 congresistas a su hermana.  Con esa sorpresiva acción le quitó la mayoría en el Congreso, "salvó" a Kuczynski y logró el indulto de su padre.

En los dos meses y pico siguientes, con su padre en libertad, Kenji y los excongresistas keikistas que lo siguieron actuaron como aliados de Kuczynski. No eran precisamente un grupo jeffersoniano. Entre ellos estaba, por ejemplo, el médico Bienvenido Ramírez, quien revolucionó la neurología al afirmar en el Congreso que el Alzheimer era ocasionado por "leer mucho".

Y fueron precisamente las grabaciones con una cámara espía de Moisés Mamani cuando Bienvenido Ramírez buscaba inducirlo a cambiar de voto las que, junto con las que hizo al ex ministro Bruno Giuffra, sellaron la suerte de Kuczynski cuando los keikistas las propalaron con la reforzada escenografía del escándalo.

Lo principal de esa desvastadora emboscada fue que el partido de Keiko descalabró a Kenji y sus rebeldes, a la vez que amenazaba la libertad de su hoy implícito enemigo, Alberto Fujimori, cuyo indulto fue realmente la mayor amenaza al poder de Keiko. Conmocionado por la debacle, Kenji no se ha rendido y ha levantado la apuesta. En un corto video de baja resolución cuyos numerosas fades de edición indican la tensión bajo la que se hizo, Kenji acusó este domingo a su hermana y operadores de ser culpables de todo lo que ellos acusan. No solo eso: el más joven de los Fujimori se ofreció como testigo en todas las investigaciones pendientes sobre corrupción en el entorno dirigido por su hermana.

No es la vía de Sansón sino la del kamikaze donde revientan todos con él. Y ahí, en la amenaza de arrebatarle la burka al fujimorismo realmente existente y presentar al desnudo sus corrupciones, entre ellas las vinculadas con el caso Lava Jato , ha sido perceptible el escalofrío entre los keikistas y aquellos de sus aliados que han hecho del encubrimiento activo de sus fechorías un sistema de vida y de acción política.

En ese contexto juró el nuevo presidente, Martín Vizcarra, quién pidió que "todos los partidos y líderes políticos" trabajen unidos, en su primera (probablemente no la última) involuntaria comicidad.

Fuente El País: https://elpais.com/internacional/2018/03/28/america/1522188406_880426.html
Carlincatura vía La República: http://larepublica.pe/carlincatura/1215279-carlincatura-del-jueves-22-de-marzo-de-2018

"Sólo queda fumigar", por Ronald Gamarra

"¡Qué tales excusas las de estas lacras, unas más mjaderas y otras más ridículas! Pero no surgen de la nada, tienen escuela. Responden al ADN fujimorista".

Ante el escándalo terminal que reventó el martes, más allá de la suerte que corran los políticos deleznables que tenemos , empezando por el presidente PPK, que terminó por renunciar hundido en la soledad y el desprecio general, hay que preguntarse cómo quedamos los peruanos. Burlados una vez más, sin duda. Apabullados por nuestra escasa capacidad para organizarnos democráticamente y elegir bien a nuestras autoridades sin dejarnos seducir por la demagogia de los candidatos. Pero, sobre todo, invadidos por una invencible sensación de asco. 

Asco, en prmer lugar, de asistir a otro momento estelar de la historia de la corrupción en nusestro país, con protagonistas miserables y guión para la náusea. Asco de escuchar los cuentazos idiotas de Bienvenido Ramírez y las salidas cretinas de Kenji Fujimori y otras lacras sorprendidas in fraganti. Asco de ver a los corrupctos de ayer  y de hoy, como es el caso del keikofujimorismo, tratando de limpiarse con los corruptos que se fueron de sus propias filas para medrar en el kenjifujimorismo. Asco de los políticos que guardan silencio canalla en las peores circunstancias y de aquellos  que carecen de dignidad para rneunciar porque quieren vivir como sanguijuelas succionando hasta el fin la teta presupuestal.

¡Qué tales excusas las de estas lacras, unas mas majaderas y otras más ridículas! Pero no surgen de la nada, tienen escuela. Responden al ADN fujimorista. ¿O no recordamos las sinrazones alucinantes de Martha Chávez cuando se dió a conocer el vladivideo de Alberto Kouri, asegurno que tenía efectos especiales tipo Forrest Gump, o su fría afirmación sobre el autosecuestro de los estudiantes de La Cantuta? Y ya es el colmo ver a Luz Salgado redicar sobre moral, después de su vladivideo medular en el cual conspira con el propio y mismísimo Montesinos, como caserita que era de la guarida del SIN.

Se fue PPK, pero también debe largarse de una vez por todas y sin miramiento alguno este Congreso -salvo contadosrepresentantes- plagado de gentuza ignorante, incapaz, inepta, pero sobre todo corrupta y mentirosa. Canalla. Capaces de venderse al mejo postor. Un parlamento de mayoría absoluta fujimorista que ha hecho grandes méritos como para ser considerado el peor de nuestra historia en muchas décadas. No podemos seguir con un congeso tan pestilente y abundante de truhanes. Este estercolero se tiene que ir sí o sí, y cuanto antes, mejor.

Por cierto, la gente tiene que exigirlo. Porque estos otorongos no partirán por las buenas. Ninguno de ellos, salvo una o os excepciones. Todos quieren durar y gozar de los privilegios y de prebendas correspondientes hasta el 2021, y en esto no hay diferencia entre derechas e izquierdas. Qué tale frescos. Un congreso lleno de gente que debe rendir explicacones profundas por dineos sucios, tráfico de influencias, negociacions nompatibles y eniras a grael. Es necesario sacarlos y solo pede hacerlo la gente en la calle.

Entre tanto, hay tanta basura acumulada en nuestra política que lo que corresponde, cn carácter de urgencia sanitaria, es barrerla cuanto antes. Pero con método y clariad, para saber de dónde procede ytanta mirda y quiénes son los culpables de haber inundado el país con ella. Porque no podemos pasar este capítulo, como ha ocurrido antes, sin investigaciones completas y a fondo, responsabilidades esclarecidas a todo nivel y sanciones impuestas con severa justii para todo delincuente sin distinción alguna.

Precisamente po so debe irse de todos mods este congreso, tan intrso y ducho en obstaculizar las investigaciones que se  están iniciando contra los jefes de las facciones políticas dominantes en él,  como ocurre con la retorcida Comisión Lava Jato, que más bien debería llamarse Lava Keiko o Lava Alan. Ese parlamento, cuya mayoría política solo quiere bajarse al correcto FIscal de la Nación par ontrolar el Ministerio Público, direccionar las investigaciones y ahora maniatar al activo Fiscal José DomingoPérez, o meter las zarpas sobre el Tribunal Constitucional para que refrende sus maniobras.

Atención Ministerio Público, Procuraduría Anticorrupción y Poder Judicial, atención, también, periodistas y medios de comunicación que se respetan: tienen chamba, harta camba, ardua chamba para varios años. ¡Denuncia e investigación, ya! Será una labor llena de dificultades, pero también puede ser la llave que nos dé la oportunidad de limpiar toda esta mierda que nos ahoga y nos impide ser una nación con alguna posibilidad de progreso y convivencia civilizada. Hay tanto miasma estancado. ¡Sólo queda fumigar!

 

Artículo de opinión de Ronald Gamarra Herrera publicado en Hildebrandt en sus Trece el viernes 24 de marzo de 2018.
Fuente Hildebrandt: http://hildebrandtensustrece.com/

PPK ante la Comisión LAVA JATO

Transcripción de la Comisión Intvestigadora Multipartidaria encargada de investigar los presuntos sobrnos, coimas y dádivas que hubieran recibido funcionarios y servidores públicos de los diferentes niveles de Gobierno en relación a las concesiones, obras y proyectos que hayan sido adjudicadas a las Empresas Brasileñas Odebrecht, Camargo Correa, OAS, Andrade Gutierrez y otras; realizada en Palacio de Gobierno.

Comision Lava Jato Transcripcion 

Fuente Congreso.

"Chaveta contra el Ministerio Público", por Ronald Gamarra

"El partido de la Korrupción, que saqueó y corrompió al Perú y todas sus instituciones durante su dictadura de una década, y cuya jefa actual está investigada por lavado de activos, denuncia al Fiscal de la Nación y pretende destituirlo por "negligencia ante la corrupción"", dice Ronald Gamarra.

Estalló con todo la bravuconada fujimorista contra el correcto Fiscal de la Nación,  Pablo Sánchez Velarde. Ayer nomás, el impresentable Becerril, la autoritaria Letona y la ilustrada Beteta, secuaces todos de Keiko, le tendieron una celada en la Comisión de Presupuesto (Hildebrandt en sus Trece Nº 368), en represalia por la investigación fiscal a la hija de don Alberto y la designación de José Domingo Pérez Gómez en la dirección de la pesquisa. Hoy, la bankada fujimorista lo denuncia constitucionalmente y exige su destitución, apelando a una trama endeleble, falsa y rídicula: no impulsar adecuadamente las investigaciones del caso Lava Jato. Así de grosera y majadera es la torva imputación. Pero qué les importa eso. A ellos lesbasta con su engreída y patanesca mayoría parlamentaria y punto.

Artículo de opinión de Ronald Gamarra Herrera publicado en Hildebrandt en sus trece.
Fuente: http://www.hildebrandtensustrece.com

OGlobo: Odebrecht detalla los sobornos para el alto mando de poder en el Perú

Ex Presidente Toledo negoció el pago en una reunión en Río de Janeiro, dijeron los delatores.

Si la política peruana fuese un juego de boliche, la declaración de los ejecutivos de Odebrecht podría, sin exagerar, ser comparada a un strike. Una imagen resume bien el hecho de lo que ocurrió en el país vecino desde diciembre de 2016, cuando la gigantesca colaboración fué firmada. Fueron, en mayor o menor grado, envueltos en Lava Jato al actual presidente, Pedro Pablo Kuczynski, o PPK, su viceministra Mercedes Araoz, los ex-presidentes Ollanta Humala y Alejandro Toledo, y la candidata a presidente derrotada Keiko Fujimori.

Humala, actualmente preso en la cárcel de Barbadillo, en Lima, puede no ser el único que vaya preso. Los delatores entregan detalles de un enredo de pagos de la caja dos hechos por el Sector de Operaciones Estructurales semejante al de sus adversarios políticos, hoy también en investigación. El caso con mas detalles, entre tanto, envuelve más que de la Caja dos.

El Ex-presidente Alejandro Toledo, hoy fugado en los Estados Unidos, ya tiene una orden de prisión expedida como consecuencia de Lava-Jato, sobre la acusación de haber negociado un soborno en una reunión en Río de Janeiro. Los delatores afirman que, en contrapartida para crear condiciones que permitieran a la empresa ganar la licitación de la carretera Interoceánica, que ligaría a Brasil con el Oceano Pacífico, Toledo recibió soborno de US$ 20 millones entre 2006 y 2008.

El soborno habría sido depositado en cuentas de la empresa del grupo empresarial de Josef Maiman, uno de los principales financistas de la campaña de Toledo.

En la declaración, aún hay relatos de pagos de soborno para que Odebrecht conquistase, además de dos trechos de la Interoceánica, la Línea del Metro de Lima, el trecho en el estado del Callao, la carretera de la Vía Costa Verde, una carretera en Cuso, en la región de los Andes y otra en la carretera de Carhuaz.

TESTIMONIO DE MARCELO ODEBRECHT

Contra Keiko Fujimori, La primogenita del ex-presidente y dictador Alberto Fujimori, el más robusto de los documentos a los que OGLOBO tuvo acceso, es la declaración de Marcelo Odebrecht de mayo pasado. Él habla explícitamente que dono de la Caja dos a Keiko, quién encarna el discurso de defensa de la ética en la política. Por el Twitter, ella negó la acusación: "Yo no conozco al señor Marcelo Odebrecht".

En la declaración, Odebrecht aún reveló que el ex ministro de hacienda Antonio Palocci, preso por Lava Jato y negociando un acuerdo de delación, habría tenido un rol decisivo en los pagos ilícitos al ex-presidente Ollanta Humala.

“Todos los grandes candidatos esperaban de cierta manera que nosotros lo donaramos. Una actuación de Antonio Palocci fué decisiva para que nosotros donáramos a Ollanta Humala, mas todos esperabam”, afirmó Marcelo Odebrecht en su declaración de mayo.

Se la versión de Lava Jato avanza, el actual presidente PPK y su vice ministra, Mercedez Araoz, también pueden llegar a tener problemas. Contra ella, se tiene la acusación de haber recibido de la Caja dos en la Campaña presidencial del 2011. A lo que ella niega.

Ya PPK vive en medio del fantasma de la Interoceánica, la misma que puede llevar a Toledo a la cárcel. El actual presidente, PPK, era ministro de Economía en el gobierno de Toledo, y que tenían como una de sus mayores piezas de propaganda.  que tinha na rodovia uma de suas maiores peças de propaganda. Aunque la quiebra del secreto bancario de PPK no ha señalado ningún recurso proveniente de las constructoras brasileñas, una investigación de la Justicia peruana aún apura si PPK se ha beneficiado de Odebrecht.
El presidente niega las acusaciones.

Fuente OGlobo: https://glo.bo/2tYDXxr

El abogado de Odebrecht: “La constructora sobornó a más de 1.000 personas en el mundo”

El gran escándalo de América, al descubierto.

José María Irujo

El País

El exletrado de la mayor contratista de Latinoamérica, investigada por pagar comisiones millonarias a Gobiernos de 12 países, desvela las claves de la trama.

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Rodrigo Tacla se ha convertido en una bomba de relojería. En uno de los hombres más temidos por los presidentes y altos funcionarios de Latinoamérica. A sus 44 años, este abogado conoce bien los secretos de Odebrecht, el gigante brasileño de la construcción que ha tambaleado los cimientos políticos del continente tras confirmar el pago de sobornos millonarios a Gobiernos de 12 países. Hasta 2016, Tacla trabajó como letrado del Departamento de Operaciones Estructuradas de la compañía, la hermética unidad de negocios especializada en comprar voluntades. Campañas electorales, regalos, fiestas, prostitutas… Todo valía para agasajar al político. Como contrapartida, presidentes y jefes de Estado correspondían a la firma con contratos de obra pública, principal fuente ingresos de la mayor constructora de Latinoamérica. Una mole con 168.000 empleados y tentáculos en 28 países.

EL PAÍs ha localizado en Madrid a este abogado con nacionalidad hispano-brasileña que fue arrestado el pasado noviembre por orden de un juzgado de Curitiba (Brasil). Tras pasar 72 días en la prisión de Soto del Real —acusado de soborno, blanqueo y pertenencia a organización criminal—, se encuentra en libertad provisional. Tacla será juzgado en España después de que la Audiencia Nacional rechazara su extradición a su país natal, Brasil.

La justicia brasileña le reclama por lavar presuntamente más de 12 millones de euros al dictado de la empresa. Y Odebrecht sostiene que le contrató para blanquear las comisiones ilegales.

Tacla lo niega. Argumenta que solo prestó sus servicios durante cinco años. Y que conoció las alcantarillas de la compañía porque "evaluó riesgos" como letrado en aquellos países donde la constructora compró a decenas de políticos.

El abogado, que está colaborando con el Departamento de Justicia de EE. UU. y la Fiscalía Anticorrupción española, desvela en su primera entrevista las claves del mayor escándalo de América. Una bomba política cargada de metralla que salpica ya a los presidentes Michel Temer (Brasil), Juan Manuel Santos (Colombia), o Danilo Medina (República Dominicana), y a los exmandatarios Ollanta Humala (Perú) o Luiz Inácio Lula da Silva (Brasil).

Pregunta. ¿Cómo actuaba Odebrecht?

Respuesta. La constructora lo arreglaba todo pagando. Repartía comisiones al funcionario más bajo de la Administración y al jefe de Estado.

P. ¿Y cómo se aproximaba al poder?

R. El primer contacto se establecía en la campaña electoral. Odebrecht corría con los gastos del marketing político de los candidatos. Tenía un acuerdo con el publicitario João Santana [responsable de las exitosas campañas de los expresidentes brasileños Luiz Inácio Lula da Silva y Dilma Rousseff]. La constructora sugería después las obras que se incluían en los planes de gobierno.

P. El político devolvía el favor cuando alcanzaba el poder…

R. Sí. El dirigente incluía en su plan de Gobierno las obras que le interesaban a Odebrecht. La constructora, en algunos casos, asesoraba a los países sobre cómo conseguir financiación a través de organismos como el Banco Mundial o el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

P. ¿A cuántos funcionarios, candidatos y presidentes sobornó Odebrecht?

R. A más de 1.000. A través de la firma, cobraron desde gerentes de empresas públicas a jefes de Estado. Solo en Brasil hay 500 personas afectadas. Y existen políticos y altos funcionarios brasileños cuyos nombres todavía no han trascendido.

P. Odebrecht abonó en 2016 la mayor multa de la historia -2.231 millones de euros- a los Gobiernos de Brasil, Suiza y EE. UU. para poder volver a presentarse a concursos públicos. La constructora reconoció con este acuerdo que desde 2001 repartió sobornos en 12 países. ¿Le consta la existencia de más Estados implicados?

R. Sí. Por ejemplo, la empresa desembolsó tres millones de euros en enero de 2016 al primer ministro de Antigua y Barbuda, Gaston Browne. El pago se hizo a través del diplomático de este país Casroy James. El dinero buscaba que Antigua y Barbuda no comunicara a las autoridades judiciales de Brasil los movimientos en el Meinl Bank, una entidad local adquirida por Odebrecht y que se utilizó para blanquear los fondos de los sobornos.

Aunque Browne recibió tres millones, la operación le costó a Odebrecht 10,5. La mayor parte de ese dinero acabó en el bolsillo de varios directivos de la constructora y del Meinl Bank. La decisión [del presunto soborno de Browne] se adoptó en septiembre de 2015 durante una reunión en el hotel Intercontinental de Madrid a la que yo mismo asistí.

Browne ha negado a este periódico que recibiera un soborno de Odebrecht. Asegura que nunca ofreció un trato de favor a la constructora e insiste en que colaboró con las autoridades brasileñas en la investigación].

P. ¿Puede explicar cuál era la misión de ese pequeño banco de Antigua y Barbuda comprado por la constructora?

R. El Meinl Bank era una tapadera en ese paraíso fiscal del Caribe. Tenía solo tres empleados en una pequeña oficina. Su sede en São Paulo estaba en el consulado. Era el centro neurálgico desde el que se hacían los pagos irregulares. De ahí se transfería dinero a otros bancos como la Banca Privada de Andorra (BPA), una entidad clausurada en 2015 por corrupción. Mediante pagos internos se evitaba dejar rastro y eludir las huellas de los fondos cuando se incluye el Swift (código de transferencia internacional).

P. ¿Qué papel jugaron en la estructura de blanqueo la Banca Privada de Andorra (BPA) y su filial en España, Banco Madrid?

R. La BPA era el banco encargado de los pagos finales. Odebrecht abría cuentas en esta entidad a nombre de Personas Políticamente Expuestas (PEPs), cargos públicos susceptibles de lavar dinero. La constructora ordenaba transferencias al BPA desde su banco en Antigua y Barbuda. Después, el dinero en el BPA se traspasaba a través de movimientos internos –ajenos a los registros– hasta las cuentas de los beneficiarios.

P. ¿Cuánto gastaba la empresa al año en comisiones ilegales?

R. Cerca de 260 millones de euros. El dinero se movía en efectivo, a través de cuentas en paraísos fiscales y transferencias internacionales. La constructora, por seguridad, nunca pagaba en los países de origen del beneficiario. Y usaba el Meinl Bank para enviar fondos a Personas Políticamente Expuestas (PEP), que es como se denominan los cargos públicos susceptibles de cometer blanqueo. Así se hizo llegar dinero a Michelle Lasso, una persona próxima al presidente de Panamá, Juan Carlos Varela.

[Una portavoz oficial del presidente Varela manifestó a este periódico que su Gobierno ha expresado su apoyo a las investigaciones de la Fiscalía de ese país y ha hecho pública, por primera vez, las donaciones que recibió para su campaña].

P. ¿Quién ideó el esquema de lavado de fondos?, ¿quién era el cerebro?

R. No hay un cerebro. Hay un banco como cerebro: el Meinl Bank de Antigua y Barbuda. El empleado del Departamento de Operaciones Estructuradas (la oficina que repartía los sobornos), Luiz Eduardo da Rocha Soares, ideó el sistema. Él fue también el responsable de la compra del Meinl Bank. Había dos directivos de la constructora que eran accionistas de esta entidad en Antigua y Barbuda sin que la empresa lo supiera.

P. ¿Cuántas empresas manejaba Odebrecht en paraísos fiscales?

R. Más de un centenar. Yo llegué a la constructora en 2011. Pero la estructura ya existía desde 2006.

P. El presidente de la firma, Marcelo Odebrecht, fue condenado a 19 años de prisión. Junto a él, otros 77 cargos de la empresa colaboraron con la Fiscalía brasileña a cambio de reducir sus penas. Odebrecht ha reconocido el pago de 677 millones de euros en sobornos. ¿Es correcta la cifra?

R. No. Un exdirectivo del Meinl Bank declaró que esta entidad movió 2.200 millones de euros. Y este banco trabajaba en exclusiva para Odebrecht. No tenía clientes normales.

P. ¿Por qué Odebrecht aceptó un acuerdo que suponía un reconocimiento de culpabilidad?

R. Porque existía mucha presión de los empleados. Si los directivos no hubieran accedido al acuerdo, los trabajadores lo habrían hecho individualmente. Y la empresa no habría controlado el proceso.

P. ¿Se pagaron sobornos en especie?

R. Sí. Odebrecht intentó en 2014 regalarle un avión al expresidente de Panamá Ricardo Martinelli. El político lo rechazó. La constructora quería quedar bien con Martinelli y con el candidato de su partido (el oficialista Cambio Democrático) que concurría a las elecciones generales de 2014, José Domingo Arias, Mimito

Odebrecht también organizaba fiestas. Y enviaba mujeres desde Brasil a celebraciones con políticos en Panamá y República Dominicana. Era la forma de la constructora de expresar su agradecimiento. Aunque luego eso también se convertía en un chantaje

P. ¿Se hacían fotos en esas fiestas?

R. Sí. Y se guardaban. El responsable de Odebrecht en Panamá, André Rabello,sabía cómo utilizar esas fotos. Rabello también manejaba información sobre las esposas y las relaciones extraconyugales de los políticos panameños. La constructora hacía regalos a sus mujeres.

Asistí a una reunión donde Rabello dijo que tenía la confirmación del presidente de Panamá, Juan Carlos Varela, de que el país no iba a contestar a los requerimientos judiciales de Brasil [sobre el caso Odebrecht].

P. ¿Odebrecht sabía que las esposas y amantes de los dirigentes recibían sobornos?

R. Sí. La constructora arreglaba la vida financiera de las esposas de los políticos. Sobre todo de las exesposas.

P. En Brasil, Odebrecht ha reconocido el pago de 303 millones de euros en sobornos para recibir contratos de obras por valor de 1.600 millones durante las presidencias de Luiz Inácio Lula da Silva y Dilma Rousseff…

R. La cantidad fue mucho mayor. Se desembolsaban 130 millones de euros al año en comisiones. El dinero se entregaba en efectivo y por transferencias. Cobraba hasta el conserje. Los sobornos salpicaron a todos los partidos. De derecha, izquierda… De Gobierno, oposición,… Y no hay solo políticos entre los beneficiados… La empresa apostaba. Por ejemplo, en la pugna entre Lula y Dilma, Odebrecht preferió a Lula.

P. La firma ha confirmado que en Colombia abonó 10 millones de euros en sobornos para recibir contratos por valor de 43 millones entre 2009 y 2014, ¿es correcta esa cantidad?

R. No conozco a fondo el caso de Colombia, como tampoco tengo detalles de la situación en Argentina, Perú, Venezuela o Guatemala. Pero las cifras de Colombia reconocidas por la empresa son muy bajas. No creo que Odebrecht tuviera una estructura en el país por solo 43 millones de euros.

P. Y en Ecuador, la constructora ha admitido que destinó 29 millones de euros a comisiones ilegales para obtener contratos por valor de 100 millones durante el mandato del presidente Rafael Correa (2007-2017). ¿Qué dirigentes ecuatorianos están implicados?

R. Acabo de responder en España a una comisión rogatoria -solicitud de auxilio judicial entre Estados- de Ecuador. He informado de que el exministro de Electricidad del Gobierno de Rafael Correa Alecksey Mosquera cobró una comisión de 870.000 euros a través de la Banca Privada de Andorra (BPA), donde tuvo una cuenta. Desconozco porqué Mosquera cobró esa comisión.

[La Fiscalía General de Ecuador ordenó la detención de Mosquera en abril de 2017 por recibir presuntamente sobornos de Odebrecht].

P. ¿Qué nos puede decir de México?

R. Pues que Odebrecht creía que el presidente de México iba a ser el exdirector general de la petrolera estatal Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya Austin. Y le gustaba esa idea. La constructora tenía mucho interés en Lozoya.

P. Odebrecht ha reconocido que pagó 51 millones de euros en sobornos a oficiales del Gobierno de Panamá entre 2010 y 2014, ¿es correcta la cifra?

R. La cantidad es mayor. La firma corrió con los gastos de los principales candidatos de las elecciones generales panameñas de 2014: el oficialista José Domingo Arias y su adversario, el actual presidente, Juan Carlos Varela. Apostó por los dos.

La constructora también abonó un millón de euros a dos proveedores de una empresa de ron propiedad de Varela. El pago se hizo a través de una cuenta del HSBC en Hong Kong.

Cuando Varela era vicepresidente (2009-2014), se enviaron fondos a Michelle Lasso, una persona vinculada al político que tenía una cuenta en el banco de Odebrecht en Antigua y Barbuda. La constructora se asustó porque Lasso tuvo un problema empresarial en EE. UU. y temió que se le investigara.

P. La constructora ha reconocido el pago de 80 millones de euros en comisiones ilegales en República Dominicana, donde captó contratos por valor de 142 millones, ¿quiénes se beneficiaron de estos sobornos?

R. Odebrecht tenía una relación muy cercana con el presidente de República Dominicana, Danilo Medina. Y recomendó a Medina al publicitario João Santana. Además, Marcelo Odebrecht, presidente de la constructora, decidió en 2015 trasladar el departamento de Operaciones Estructuradas (la oficina que pagaba los sobornos) desde São Paulo a Santo Domingo. La finalidad era tener mayor control ante posibles operaciones policiales e investigaciones.

P. ¿Ha recibido amenazas en EE. UU. o España?

R. Sí, a través del teléfono y las redes sociales. Me exigían que me callara. Mi madre también ha sido amenazada. He denunciado esta situación ante las autoridades de España y de EE. UU.

[Tacla muestra un mensaje de WhatsApp de su madre con el siguiente texto: “Hijo, que me están amenazando por teléfono. Que dicen que te tienen atado. Que es un atraco. Que quieren joyas, dinero, para que te liberen…Son las tres de la mañana…].

P. ¿Cree que altos funcionarios y gobernantes de Latinoamérica temen su confesión?

R. Sin duda. Mi testimonio puede afectar a muchas personas poderosas en el mundo.

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Fuente El País: https://elpais.com/internacional/2017/07/25/actualidad/1500995904_099704.html