Una de las imágenes más emotivas la tuvimos esta semana durante la audiencia de prisión preventiva contra la bande de jueces, funcionarios judiciales y empresarios, conocida como "Los cuellos blancos del puerto", que tiene como uno de sus cabecillas al expresidente de la Corte Superior del callao, Walter Ríos, y sin duda, como padrino mayor, a César Hinostroza Pariachi, todavía juez de la Corte Suprema, aunque parezca una burla sangrienta, gracias a las maniobras y las demoras nada casuales del fujimorismo mayoritario en el Congreso.
Esa estampa emotiva la protagonizó la fiscal del Callao, Rocío Sánchez Saavedra, quien lleva adelante la investigación de importantes casos contra la criminalidad organizada en el primer puerto del país, entre los cuales está el de esta despreciable pero pero muy peligrosa red judicial-empresarial, de la cuál no hubiéramos sabido y hubiera podido seguir haciendo de las suyas, si esta valerosa fiscal, junto con la Policía Nacional, no se hubiese atrevido a llevar adelante, con el debido sigilo profesional, y contra viento y marea, la indagación que ahora rinde frutos.
La imagen, en resumen, es esta: una noven fiscal, armada únicamente con sus documentos y argumentos, completamente sola frente a un pelotón de abogados valentones y pugnaces que defienden, por honorarios que solo cabe imaginar, a los funcionarios y empresarios corruptos actualmente detenidos. A pesar de este cuadro de absoluta soledad física, la fiscal Sánchez se mantuvo íntegra y serena. Imperturbable. Sin altanería ni temor. Preocupada en la fundamentación de su pedido de detención preventiva para estos delincuentes de cuello blanco. Profesional, sobre todo cuando el juez Chuyo le impuso un orden de presentación oral distinto al que llevó a la audiencia, circunstancia en la que mostró competencia y rapidez para rehacer su exposición.
La soledad de la fiscal Rocío Sánchez es la mismo tiempo real, dolorosamente real, y escandalosamente simbólica. Porque de veras está sola física e institucionalmente. Espero que, a estas alturas, cuente ya, al menos, con la protección policial que su seguridad e integridad física exigieron desde el primer momento y de la cual ha carecido durante las varias semanas transcurridas desde la revelación pública de los audios. Me refiero por cierto, a una seguridad en serio, las 24 horas del día, los siete días de la semana, con personal preparado y entrenado en protección de funcionarios. Y de la familia, claro.
Esta es una gravísima responsabilidad del gobierno. El presidente Martín Vizcarra y el consejo de ministros, muyu paerticularmente el ministro del interior, deben ser prevenidos sobre la gravedad que entraña esto. A la fiscal Sánchez no se puede permitir que los mafiosos le toque ni un rizo. La responsabilidad política, si algo le ocurre, recaerá en primer lugar sobre quiénes tienen en sus manos el personal y la capacidad de dar las órdenes necesarias para garantizar la custodia de esta funcionario ejemplar del Ministerio Público.
Pero la fiscal Sánchez debería tener no sólo la protección física, sino, sobretodo, el respaldo más decidido de su institución. Los hechos demuestran, sin embargo, que no puede congtar con el Ministerio Público para ello (muchos de sus pares y algunos de sus superiores del Callao, la critican, y fueron renuentes a suscribir siquiera un tibio comunicado que incluía un reconocimiento de su labor), y menos aún con su más alta instancia. El discutible y controvertido Fiscal de la Nación no ha tenido ni un solo gesto de respaldo hacia ella. Muz al contrario, acaba de ordenar a su fiscal supremo de control interno que investigue la responsabilidad por la filtración de los audios; en buena cuenta; una orden para acosar funcional y penalmente a la fiscal Sánchez.
Cómo podría Chávarry actuar de otro modo, si él mismo tiene sus audios con Hinostroza Pariachi y participó de un evento secreto con periodistas en la casa de Camayo. Cómo podría ser de otro modo, si el fiscal supremo de control interno, Rodríguey Montesa, fue el que intento en un primer momento allanar las oficinas de Gorritiz su equipo de IDL-Reporteros e incautar su material. Si otro fiscal supremo, Tómas Gálvey, está involucrado en la investigación como testigo protegido, tiene sus propios audios con Hinostroza Pariachi y solicitó la intervención del magistrado en un caso pendiente de resolución en la Corte Suprema, además de haber participado de una reunión en la oficina de José Luna Gálvez (con quién se había reunido en otras ocasiones) con los consejeros Iván Noguera y Gutiérrez Pebe y José Luis Cavassa (quien incluso lo ha visitado en su casa y en su oficina).
La investigación dispuesta sobre la filtración de los audios no es un mero gesto disciplinario como sostiene algún cacaseno. Lo que se busca, evidentemente, es en última instancia cuestionar y lograr la invalidación de los audios como prueba procesal para garantizar la impunidad de los involucrados, entre los cuales podrían estar, cómo no, fiscales supremos, jueces supremos, congresistas, empresarios. Pretenden demostrar que se violó la cadena de custodia de las grabaciones resultantes de la intervención telefónica y que, por tanto, estas carecen de validez
Artículo de Ronald Gamarra Herrera publicado en Hildebrandt en sus trece el día viernes 17 de agosto de 2018.
