Opinión: "La justicia debe proseguir"

"Su deber, en este caso, era enfrentar los cargos formulados por el Ministerio Público y refutarlos. Pero decidió eludir esta obligación moral. Ante la nación y antes sus propios partidarios. En su caso y circunstancia, el suicidio es un acto de confesión".

El Expresidente Alan García, cercado por las investigaciones y a punto de ser descubierto, eludió mediante el suicidio que se le aplicara una orden judicial de detención preliminar  dictada contra él y otros involucrados de su entorno cercano en las pesquisas que se siguen por el más escandaloso caso de corrupción de los últimos tiempos en nuestro país, el asunto Odebrecht. Una acción tremenda y extrema, sin duda, la de atentar contra la propia vida, que no debe, sin embargo, desorientarnos ni hacernos perder la perspectiva objetiva de los hechos y el contexto en el cual sucedió.

Alan García ha sido objeto de una investigación larga y paciente en la cual ha contado con todas las garantías y privilegios que normalmente se niegan a los mortales comunes y corrientes en nuestro país. En tal sentido, el respeto a sus derechos como investigado, pues ni siquiera tenía la condición de procesado, fue impecable. La justicia no le tocó en absoluto a pesar de las reiteradas denuncias  presentadas contra él por años, desde la época de su primer gobierno; mucho menos aún en la actualidad. Si algo caracterizó la acción de la justicia, en su caso, fue el actuar con guantes de seda. Con complicidad.

Solo la acumulación de indicios y pruebas en los últimos meses llevó al Ministerio Público, a través del fiscal encargado de la investigación, a plantear esta semana la medida de detención preliminar contra él y otros involucrados. Y fue un juez quien, luego de examinar la solicitud y las pruebas presentadas por el fiscal, aprobó y dictó la medida. No se trata, pues, del exabrupto de un individuo, de una vendetta o de una persecución política, sino de una medida tomada como resultado de una indagación debidamente llevada y controlada  y aprobada por un juez especializado.

Alan García tenía la posibilidad plena de ejercer su derecho a la defensa y cuestionar la medida ante un tribunal, pero prefirió pegarse un tiro. Matarse. Escapar. Se puede opinar de muy distintas maneras sobre está reacción, pero nadie puede afirmar que fuera una acción racional y válida ante un procedimiento judicial regular y plenamente legal; mucho menos aún cuando sostenía que no le alcanzaba responsabilidad penal alguna. Su deber, en este caso, era enfrentar los cargos formulados por el Ministerio Público y refutarlos. Pero decidió eludir esta obligación moral ante la nación y ante sus propios partidarios. En su caso y circunstancia, el suicidio es un acto de confesión.

Por cierto, las redes de investigados y cómplices tejidas en torno a los numerosos casos de corrupción que se investigan actualmente no esperaron ni un minuto para aprovechar el suicidio de García y llevar agua a su propio molino. Pues de inmediato se pusieron a despotricar a diestra y siniestra contra los magistrados que investigan  estos casos, a quienes se pusieron a responsabilizar arbitrariamente como si fueran los autores de la muerte del expresidente, quien habría sido la víctima, como ellos mismos, de una "campaña de odio".

Estos investigados por corrupción aprovechan para tratar de pasar a convertirse en víctimas de una supuesta conspiración de "magistrados odiadores". Los que por años han aprovechado de sus altos cargos y conexiones para lucrar y enriquecerse ilícitamente con los escasos recursos del erario y del país, ahora caen como sanguijuelas para obtener fruto y beneficio del suicidio de García. Y su interés no puede ser más explícito: se trata de paralizar, detener, neutralizar y desprestigiar la acción de la justicia anticorrupción en nuestro país.

Sólo así podrían salir limpios de polvo y paja, impunes por los latrocinios que cometieron. Quieren aprovechar ahora mismo el impacto emocional que puede tener en los sectrores más incautos el suicidio del expresidente para salirse ellos con la suya. Por eso le pusieron el acelerador a fondo a esta campaña, que ya viene desde antes, desde el mismo momento en que se conoció la decisión trágica de García. Y precisamente uno de sus primeros esfuerzos fue el intentar detener y abortar la diligencia de allanamiento que se desarrollaba en la vivienda del investigado con el argumento de su fallecimiento. 

Sin duda, la acción penal contra Alan García se declarará extinguida en su momento debido a su deceso. Pero cosa muy distinta es tratar por todos los medios y de manera express de abortar una diligencia investigativa sobre un caso complejo que involucra a muchos otros investigados. La justicia tiene la obligación de identificar e incautar toda documentación relacionada con los casos graves que tiene bajo investigación en una diligencia en marcha. La extinción de la acción penal se declarará de acuerdo al procedimiento y en el momento oportuno.

Lo peor que podría ocurrir para nuestro país es que estos sectores coaligados de la corrupción pudiesen tener éxito en aprovechar un golpe emotivo como el suicidio del expresidente para imponer su agenda de impunidad. Por eso debemos defender, hoy más que nunca y con mayor decisión, la actuación de los magistrados, sean jueces o fiscales,  que en los últimos años han logrado, por primera vez en mucho tiempo, poner a la defensiva y en el desconcierto a esos sectores, obligándolos a responder por sus delitos de corrupción. 

El cáncer que devora al país se llama corrupción. No lo olvidemos nunca. No perdamos jamás de vista esta realidad. No permitamos que el luto interesado que ahora visten esas lloronas de viernes santo, que son los cómplices y los defensores a sueldo de los involucrados, nos desoriente y confunda a la opinión pública. La justicia anticorrupción debe proseguir y profundizar sus investigaciones sin interrupción ni vacilación, y sin dejarse impresionar por la campaña de desprestigio que han desatado histéricamente contra ella.

Artículo de opinión de Ronald Gamarra Herrera publicado en Hildebrandt en sus trece el viernes 19 de abril de 2019.

Fuente: http://www.hildebrandtensustrece.com/

La República: Humo Fiscal por Rosa María Palacios

No es la primera vez que Alan García o Keiko Fujimori son investigados por una fiscalía. Tampoco es la primera vez que salen enfurecidos a gritar su inocencia y a usar sus poderes en el Congreso. Hemos visto ya tantas veces el mismo número de circo que ya sabemos como acaba. En nada. Leguleyadas, recursos de todo calibre y, al final, todo se archivaba para que por una casi santa “cosa decidida” no se les toque más.

Tener una investigación en fiscalía no es, en la práctica, nada. Primero el fiscal debe acusar ante el juez y este abrir proceso. Ese segundo paso, el de acusar, es el que nuestros fiscales no dan en los casos emblemáticos de estos días. Es decir, con un pueblo ignorante, que no sabe nada del proceso penal, puedes llenar centenares de portadas, horas de televisión y radio haciendo creer que sí existe delito y que los responsables serán juzgados. Nada de esto es cierto. A lo más, estamos viendo un esfuerzo de relaciones públicas para tapar el caso Ramírez.

El fiscal que investiga a Alan García ha escrito la fundamentación de la ampliación de su investigación. Es decir, sólo pide un plazo mayor. Nada más. Lo que dice, con Camorra Italiana y pactos de silencio incluidos, tiene que probarlo. Y no tiene ningún testimonio. Si no lo hace y es probable que no lo haga, favorece a García. ¿Ya no se acuerdan cuando su amigo el fiscal Peláez lo investigó por enriquecimiento ilícito? Por supuesto, montaron un buen espectáculo. Cuentas bancarias en París que no tenían casi dinero, un perito con carné aprista y las cuentas del gran capitán con ventas de libros, charlas millonarias y mecenas universitario que hicieron que el papel aguante todo. ¿Y qué pasó? Le archivaron todo; y al desempleado profesor universitario le alcanzó el vuelto para irse a vivir a Madrid. Es decir, no pasó nada porque con García nunca pasa ni pasará nada. Como si su repetida frase “a otros habrán comprado, a mí no” no fuese su resumen personal del plan de testaferros que a todas luces montó.

Keiko Fujimori tiene un caso diferente porque no ha sido funcionaria pública y a ella se le investiga por aportes de campaña. Mientras la legislación no cambie en el Perú –y su bancada no tiene ningún interés en cambiarla– el aporte de campaña, aun si se entrega fuera de las condiciones establecidas en la ley, no constituye por sí mismo, delito de lavados de activos. Sin embargo, la fiscalía sostiene que sí hay delito. Para el caso de Ollanta Humala y su esposa, sí son prueba suficiente de lavado las declaraciones de Jorge Barata y Marcelo Odebrecht. Tan así que están presos preventivamente. Si es así –ya lo he escrito antes– Keiko Fujimori tendría que estar en la misma celda que Nadine Heredia y Mark Vito ir a Piedras Gordas. Ambos tienen más peligro de fuga –comenzando por otras nacionalidades– que los Humala y han salido y entrado del país con sus hijas varias veces sin problema. ¿Por qué no están presos? Porque no les va a pasar nada.

El próximo 13 de octubre se cumplen 3 meses de prisión preventiva para Ollanta Humala y su esposa. Todavía la fiscalía no los acusa de nada. Mientras tanto, los niños menores de 11 años y mayores de 5 años sólo pueden ver a sus padres cada 15 días. Conforme pasan las semanas y meses, el Ministerio Público tiene que tapar lo que es una evidente falta de equidad mostrando que algo “en serio” está haciendo, mientras que a nadie se le detiene por aportes de campaña –pese a las agendas de Marcelo Odebrecht –y los empleados del gobierno de García se desgranan como un choclo sobre Andorra, pequeñísimo país tan cerca de Madrid.

¿Que Alan García se enriqueció indebidamente? El nunca impugnado libro de Pedro Cateriano El caso García lo prueba con detalle; prescrito todo, pero a detalle. ¿Que Keiko Fujimori recibió fondos de Odebrecht, como los Humala –con su aumento–, “como recibieron todos” según el mismo Marcelo Odebrecht testificó? Pero, ¿cabe duda?.

Lo que estamos viendo no es un repentino celo anticorrupción, lo que vemos es la desesperación de una fiscalía por vender un poco de humo para hacer creer que le interesa tocar a García o Fujimori. Tal vez exista algún interés en asustarlos, sólo Dios sabe con qué propósito, pero ¿procesarlos? De ninguna manera.

Humala y su esposa son sólo un recordatorio de lo que les podría pasar, pero no de lo que les pasará. Personas sin poder que pueden ser usadas para hacer notar, a las que sí lo tienen, quién manda aquí. Hasta que no vea una condena a García, me disculparán fiscales, pero no les creo nada de su lucha anticorrupción.

Por Rosa María Palacios.

República: http://larepublica.pe/amp/politica/1107787-humo-fiscal

Odebrecht pagó en Andorra a un exdirectivo de Petróleos del Perú

Atala Herrera, nombrado durante el Gobierno de Alán García, ocultó 900.000 dólares en el Principado.

Odebrecht el gigante brasileño de la construcción que ha protagonizado la mayor trama de sobornos de América, pagó a través de la Banca Privada d’Andorra (BPA) al exvicepresidente de la firma estatal Petróleos del Perú Miguel Atala Herrera, según documentos internos de esta entidad a los que ha tenido acceso EL PAÍS. El exdirectivo acumuló 900.000 dólares (757.512 euros) en una cuenta de este pequeño país pirenaico regido hasta el pasado enero por el secreto bancario.

Atala Herrera fue número dos de esta compañía entre 2008 y 2011. El presidente de Perú era entonces Alan García. La petrolera pública firmó en 2011, cinco meses después de la salida de la empresa del directivo, un acuerdo con la filial de Odebrecht Braskem para estudiar la ejecución de una planta petroquímica de 3.000 millones de dólares (2.510 millones de euros). Este periódico ha intentado sin éxito contactar con Atala Herrera.

La BPA, junto con el Meinl Bank de Antigua y Barbuda, fueron las entidades usadas por Odebrecht para pagar comisiones ilegales a altos funcionarios, presidentes y primeros ministros de una docena de países de Latinoamérica a cambio de adjudicaciones de obra. Las autoridades financieras de EE. UU. precipitaron en marzo de 2015 la intervención de la entidad andorrana. Denunciaron que bandas criminales recurrieron a sus depósitos para blanquear capitales aprovechando la opacidad del Principado.

Petróleos del Perú –la compañía más importante del país- firmó en 2011 un acuerdo con Braskem, filial de Odebrecht, para analizar la construcción de una planta de producción de polietileno (plástico) valorada en 3.000 millones de dólares. La instalación se concibió para abastecer a Perú, Chile, Ecuador y Colombia.

Las actas  internas y secretas del departamento de cumplimiento (compliance) de la BPA revelan que Atala Herrera utilizó la sociedad Ammarin Investment para ocultar sus fondos. Los citados documentos incluyen un estadillo contable. Y precisan que la cuenta se abrió en octubre de 2007, diez meses antes del desembarco de Atala Herrera en la petrolera. “Sociedad presentada por Klienfeld (Odebrecht) como socio estratégico en Perú. La cuenta se abrió el 16/10/2007, recibió un traspaso de Klienfeld y su actividad ha sido escasa. En su día se miraron todas las listas y la información de Internet sin que apareciera ningún dato negativo”.

Los empleados de la BPA prosiguen: “Actualmente, se han vuelto a realizar las búsquedas y encontramos que el primer representante de la cuenta, Faresh Miguel Atala Herrera, aparece procesado por fraude en 2007; el cliente ha presentado varios recursos ante la justicia que han sido denegados.

Los gestores de la institución financiera, andorrana se percatan además de que Atala Herrera es directivo de la petrolera. Y dejan constancia escrita: “Además, actualmente es PEP [Persona Políticamente Expuesta, que es el término que utilizan los bancos para referirse a cargos públicos] (vicepresidente de Petróleos del Perú SA)”, recoge el acta. La BPA exigió a su cliente documentación para acreditar que sus ingresos no procedían de la petrolera pública. “Todavía no hemos recibido [los documentos]”, añade.

 

Cuenta para el árbitro
Odebrecht pagó también 435.000 dólares (363.282 euros) a través de la BPA al abogado peruano Jorge Horacio Cánepa Torre mediante la sociedad Maxcrane Finance Sa Perú.

Cánepa Torre, exárbitro de la Cámara de Comercio de Lima (CCL), emitió 17 laudos favorables a Odebrecht en procesos contra el Estado peruano por varias carreteras. Las decisiones generaron a la constructora beneficios de “millones de dólares”, según el diario Perú 21. EL PAÍS ha intentado sin éxito contactar con este letrado que fue asesor de Presidencia del Gobierno regional de Lima en 2002. Las actas internas de la BPA recogen también un pago de 500.000 dólares (418.235 euros) a Edwin Martin Luyo Barrientos, expresidente del Comité de Licitaciones del Metro de Lima, que fue detenido el pasado enero por recibir supuestamente sobornos de Odebrecht. Los informes incluyen transferencias de 250.000 dólares (209.170 euros) a Jorge Peñaranda Castañeda, de la empresa Alpha Consult; y a Víctor Enrique Muñoz Cuba, que acumuló 4,5 millones de dólares (3,7 millones de euros), a través de la sociedad Hispamar Investments Perú.

El banco andorrano refleja en sus actas el temor de que los ingresos de Odebrecht a estos directivos y abogados respondan a comisiones. “Acordamos informar al gestor de que para poder aceptar a los clientes, tendríamos que verificar que no se trata de comisiones ilícitas (corrupción) y es necesario tener algún documento justificativo de la actividad realizada y el origen de los fondos”, precisa el informe.

Odebrecht admitió ante la justicia de Estados Unidos que abonó 29 millones de dólares (24,2 millones de euros) en sobornos a altos funcionarios y cargos públicos de Perú para adjudicarse obras. Sus prácticas corruptas se extendieron a los Gobiernos de Alejandro Toledo (2001-2006), Alan García (2006-2011) y Ollanta Humala (2011- 2016).

Humala, precisamente, se convirtió el pasado julio en el primer político en ingresar en prisión por su supuesta implicación en el escándalo. Junto a su esposa, Nadine Heredia, el expresidente peruano se enfrenta a la acusación de blanqueo por recibir supuestamente fondos del Gobierno de Venezuela y de Odebrecht para las campañas electorales de 2006 y 2011.

Escribe José María Irujo.

Fuente El País: https://elpais.com/internacional/2017/09/18/actualidad/1505758242_788549.html

NYT: ¿Perú necesita una prisión especial sólo para ex-presidentes?

Does Peru Need  a Special Prison Just for former presidents?

Por Sonia Goldenberg

As Peru prepares for the Bicentennial of its independence from Spain in 1821, instead of looking forward with optimism, it is contemplating a dismal political landscape: Four of its presidents are in jail or fugitive from justice for human rights crimes or corruption. A world record? Probably, but hardly one to celebrate.

In response, in his annual address to the nation late last month, the current president PPK, promised a crusade to rebuild the country after devasting floods and a huge scandal, which together have shattered prospects of economic growth and further undermined the trust of Peruvians in the Presidency it self.

All four presidents have left their imprint on the country's history and justice.


Firts Alberto Fujimori, Peru's autocratic ruler from 1990 to 2000, was sentenced in 2009 to 25 years in jail for human rights violations  in the fight against Shining Path guerrilas and later convicted of embezzlement and corruption. He was recently joined in the Barbadillo Lima prison by Ollanta Humala, Mr. Kuczynnski?s predecessor, after judge ordered that he and his wife, Nadine Heredia, serve 18 months of pretrial detention while being investigated on money-laundering and conspiracy charges. Mr. Humala is also accused of extrajudicial killings during his time as an army captain at remote jungle base in 1990s.

El artículo continúa: https://www.nytimes.com/2017/08/07/opinion/does-peru-need-a-special-prison-just-for-ex-presidents.html?mwrsm=WhatsApp


Peruvians are dismayed at having given their votes to so many presidents who have ended up being prosecuted as criminals. The only living former head of stated not incriminated so far is Alan Garcia, who served two terms from 1985 to 1990 and from to 2006 to 2011, and ironically has a legendary reputation for corruption that has haunted him for decades. But he is also under investigation for financial irregularities in the construction of the Lima metro by, once again, Brazil's Odebrecht conglomerate.


Fuente The New York Times: https://www.nytimes.com/2017/08/07/opinion/does-peru-need-a-special-prison-just-for-ex-presidents.html?mwrsm=WhatsApp

Alan, Ollanta y el secretario de Montesinos

Estando a su confesión, su admisión de responsabilidad en los delitos de peculado, encubrimiento y asociación ilícita para delinquir, así como a la utilidad y oportunidad de la información proporcionada. Mario Ruiz Aguero suscribió un acuerdo con la Procuraduría y la Fiscalía Anticorrupción por el cual recibió el beneficio de la suspensión de la ejecución de la pena, la misma que se le fijo en tres años de privación de la libertad, seis meses de inhabilitación y el pago de 15 mil soles por el pago de reparación civil.

"Ahora Ollanta Humala y el Ejército superan el estropicio y la verguenza. Elevan a Mario Ruiz Aguero al grado de coronel. Lo equiparan a los inmortales. Lo nivelan con Bolognesi".

Opinión RGH

Artículo de Ronald Gamarra Herrera publicado en Hildebrandt en sus trece el viernes 27 de noviembre de 2015.

Fuente: http://hildebrandtensustrece.com/

Álex Kouri y el Apra se necesitan

"García y Kouri, el de CONVIAL, el hermano de Beto (el que dijo que los 15,000 dólares que le dio Montesinos los iba a usar en un camión repartidor de pescado)".

"Por estos hechos la Fiscalía lo acusó por negociación incompatible y colusión desleal, solicitando cinco años de cárcel. Kouri, que todas se las sabe, ha intentado el papel de víctima en el teatro de la justicia".

"Álex Kouri persigue la sombra de sus ocho - sí, ocho- reunniones con Vladimiro Montesinos en la salita del Servicio de Inteligencia Nacional, en los momentos más torcidamente miserables del fujimontesinismo. Complotando contra Alberto Andrade e ideando normas para impedir una eventual postulación del entonces alcalde de Lima a la presidencia; pidiendo que se apruebe una ley contra el Callao, que luego Fujimori observaría, lo que le permitiría, como alcalde, organizar una masiva demostración de apoyo al sátrapa; proponiendo una aparatosa acción de limpieza de los humedales de Ventanilla, con visita de Fujimori más, como parte de su apoyo a la recontrareelección del padre de Keiko; parloteando sobre lo que debería ser la Vía Expresa Faucett, pues el negocio estaba en el peaje (¡Ya vaya que lo estaba!); chapurreando de los problemas judiciales de un familiar que era huésped en los calabozos de la Dirección Antidrogas, a quien incluso trasladan al SIN para que conversen ("El muchacho está acá"..."¡Primo!"), etc. En todas esas ocasiones, Álex estuvo ganoso con el malandro, supercómodo con el tío Vladi, holgado como nunca. A gusto como nadie, pues.  

RGH Kouri y Apra

Artículo de opinión de Ronald Gamarra Herrera publicado en Hildebrandt en sus trece el viernes 06 de noviembre de 2015.

Fuente: http://hildebrandtensustrece.com/

"¿Qué queda del APRA?", por Ronald Gamarra

Fue un partido fundado por gente joven que aspiraba a un cambio profundo y radical para el Perú.

Por eso se jugó por décadas en la lucha contra la democracia limitada y a favor de la justicia social. Aspiraba a arrebatar el país del dominio de una casta tradicional y del abuso crónico de las dictaduras militares. Asumieron la actividad política como una necesidad, como un imperativo ético y como una mística.

Por ello, por la defensa de esa causa democrática y popular, no temieron enfrentar sacrificios extraordinarios. Las catacumbas. El martirologio. Miles de sus militantes perdieron la vida en el duro camino, con la esperanza de contribuir a un Perú mejor. Otros miles pagaron con la pérdida de la libertad durante largos años en las prisiones infames de nuestro país, su lealtad a una causa por la cual valía la pena ponerlo todo. El partido en su conjunto vivió perseguido y excluido durante décadas, sistemáticamente reprimido, golpeado y marginalizado, sin por ello carecer de voluntarios para el sacrificio.

Cometieron también errores graves. Fueron sectarios. Obcecados. Excluyentes con quienes no pertenecieran a su partido, que ellos concebían casi como una iglesia. Confundieron la disciplina con la obediencia ciega. Conocieron del abuso contra el disidente. Crearon un liderazgo de poder absoluto e irreplicable. Cayeron en el culto a la personalidad de Víctor Raúl, el líder indiscutible e indiscutido, el ideólogo, fundador y jefe. Condensaron su mesianismo excluyente en la consigna SEASAP: “sólo el aprismo salvará al Perú”. Llevaron a la muerte a innumerables seguidores. Asesinaron a sus adversarios.

Con sus aciertos y errores, eran un partido que nadie podía dejar de tener en cuenta, considerar y respetar. Y eran, para empezar, un partido de veras, con organización minuciosa y compacta. Hubo un tiempo en que se decía que en toda localidad del Perú, lo que nunca faltaba era un puesto policial, una parroquia y… la casa del pueblo aprista. Pocas instituciones han concitado tal adhesión y entrega de un enorme sector del pueblo, por generaciones, de padres a hijos, como el partido aprista.

Por eso sorprende la decadencia sistémica del partido más antiguo del país. Un ocaso organizativo, ideológico, cuantitativo, pero sobre todo y muy rotundamente, un declive moral. En las últimas décadas, el Apra ha ido corroyéndose tan aceleradamente que da vértigo. En Alfonso Ugarte, la descomposición es colosal. El hedor asfixia. La peste, envuelve. Escándalo tras escándalo, desde su más alta y ancha dirigencia, hasta la militancia más menuda, el aprismo se ha transformado en sinónimo de negociado, cutra, coima, malversación, enriquecimiento ilícito.

Los militantes apristas de hoy, definitivamente, no son los mismos, ni tienen ya mayor cosa que ver con los de antes. En sus filas abundan los truhanes. Los bandidos. Los salteadores. Los experimentados en robarle al Estado sin dejar huellas. Los que imaginan y tratan los caudales públicos como un botín. Y se hacen ya obvios los vínculos de muchos de sus militantes con mafias como el narcotráfico. El caso de Gerald Oropeza es todo un emblema y símbolo de cómo están las cosas de podridas en el partido de la estrella.

Digo todo esto con pesar. Pesar por un partido que fue respetable. Pesar por el sacrificio en vano de tantas generaciones que lo dieron todo con fe ciega en su partido. Pesar por los militantes apristas honestos, modestos, cultos, incapaces de tomar un centavo que no les pertenezca, que los hay y no pocos, como Carlos Roca.

Con enorme pesar porque cada paso que progresa la corrupción extendiendo sus ramificaciones y pudriéndolo todo, es un paso más hacia el precipicio que damos todos.

Artículo de Ronald Gamarra publicado en Diario16 el domingo 19 de abril de 2015.

Fuente Diario16: http://diario16.pe/noticia/59440-que-queda-apra-ronald-gamarra

Ronald Gamarra: “Alan García es el político con más suerte en el Perú”

Entrevista a Ronald Gamarra Herrera por Patricia Quispe, publicada en el Diario Perú21, el domingo 22 de marzo de 2015.

Investigó la corrupción y las violaciones de derechos humanos durante el fujimorato. Casi 15 años después, el ex procurador anticorrupción Ronald Gamarra advierte que este flagelo ha vuelto a ganar terreno y dice que espera que, a partir de julio de 2016, se inicie una investigación seria de la gestión de Ollanta Humala.

El expediente del caso Martín Belaunde Lossio ya está en manos de Bolivia. ¿Era el mejor camino para lograr su retorno al país?
Creo que hubiera tenido más fuerza, más punche, el tema de la expulsión. La extradición es un complemento, una ayuda que permite tener bajo arresto domiciliario a quien, en otras circunstancias, podría haber fugado. En mi concepto se ha cometido el error de poner el acento en la extradición, no en la expulsión.

¿Esto retrasará su regreso?
Sí. Yo haría una distinción entre la labor del procurador y lo que debe estar pensando el Estado. El procurador está poniendo los candados y dando los pasos seguros para que, efectivamente, nada salga mal, pero creo que desde el Ejecutivo se alienta una postura que refuerza el tema de la extradición porque estoy convencido de que a la pareja presidencial y a varios congresistas oficialistas no les conviene tener a Belaunde en el Perú.

¿Todo esto es adrede?
Belaunde ha sido favorecido por el Ejecutivo en el Perú, tuvo una clandestinidad bastante cómoda, Urresti no lo persiguió, le permitieron salir del país, etc. Ya en Bolivia, las posibilidades de actuación del Ejecutivo se redujeron significativamente gracias a la acción del gobierno boliviano, y creo que, si Martín Belaunde regresa, será por decisión de las autoridades bolivianas y no por acción del gobierno peruano.

¿No hubiera sido mejor llegar a un acuerdo diplomático?
En este momento es posible llegar a un acuerdo. Basta que Ollanta Humala levante el teléfono, se comunique con Evo Morales y en 48 horas tenemos aquí a Martín Belaunde. Basta que el canciller coja el teléfono, hable con Choquehuanca y en 48 horas está aquí Belaunde. Yo no entiendo.

¿Y el discurso de que se está haciendo todo lo posible es solo para la tribuna?ta
Bueno, yo a este gobierno no le creo. Creo que Bolivia lo va a expulsar de todas maneras y que el Perú se va a sentir obligado a coordinar más estrechamente con las autoridades bolivianas. Una vez obtenida la promesa formal de expulsarlo, el Estado Peruano va a tener que retirar la solicitud de extradición.

PUNTO DE VISTA. “Para la Corte Interamericana de Derechos Humanos, quien violó y torturó a Gladys Espinoza es un funcionario público. Hay una responsabilidad del Estado Peruano. La Corte ha hecho bien en condenar, nos guste o no, nos parezca justo o injusto”.

¿Ambos gobiernos podrían estar jugando en pared, dada la afinidad entre Humala y Evo Morales?
Cada vez hay menos afinidades y desde el principio Bolivia afirmó con claridad que no era un lugar de refugio para corruptos y está cumpliendo con su palabra. Lo que hemos discutido con Bolivia ha sido el refugio y la expulsión, y esas son tareas administrativas, ejecutivas, no judiciales. Fácilmente una autoridad ejecutiva peruana pudo ponerse de acuerdo con una autoridad ejecutiva boliviana. Punto. Eso se pudo haber hecho ayer, hoy día y se puede hacer mañana. ¿Por qué el Perú no lo hace? Pareciera que es en esta política de ganar tiempo.

¿Cree que la pareja presidencial está al margen de todo lo que le atribuyen a Belaunde?
No lo sé, pero parece evidente que ni a Ollanta Humala ni a Nadine Heredia les gusta la idea de que Martín Belaunde regrese al Perú expulsado o extraditado. Hay personas en el Ejecutivo que, a diferencia de años atrás, ya no quieren aparecer en la foto con él y le temen a lo que pueda decir.

De ser extraditado, la pena sería mucho menor, pues sería procesado por el caso ‘La Centralita’ y los delitos de peculado y asociación ilícita, pero no por lavado de activos…
Si viene extraditado, solo lo va a hacer por los delitos que aparecen en la solicitud de extradición. El tema es ‘La Centralita’ y los delitos son peculado y asociación ilícita. Si regresa expulsado, la autoridad fiscal y judicial pueden investigarlo, procesarlo y eventualmente condenarlo por cualquier delito que a la fecha haya sido investigado.

Eso no le convendría a la pareja presidencial…
Aquellos que ponen el acento en la extradición son los que están maniobrando de tal manera que Martín Belaunde, si finalmente regresa al Perú, solo sea procesado por un tema menor.

¿Le da confianza la presencia de Fredy Otárola al frente del Ministerio de Justicia? Ya antes, con Figallo, se habló de presiones a la Procuraduría.
Presiones siempre hay. Aquel que diga que no existen o no las ha sufrido o no está diciendo una verdad. Que ese ministro esté presionando a la Procuraduría es posible también, pero creo ver en el procurador Joel Segura, por lo menos en los últimos tiempos, una mayor independencia.

Se le ha cuestionado su falta de experiencia. ¿Qué tanto juega eso en contra de este proceso?
Julio Arbizu puso la valla muy alta, recuperó el espíritu que tuvo la Procuraduría en los primeros años tras la fuga de Alberto Fujimori. Luego del paso de Christian Salas por la Procuraduría y la forma en que salió, esta se debilitó, y en esa coyuntura ingresó Joel Segura con mal pie, apoyando al ministro Figallo en su disputa con Yeni Vilcatoma. Me parece que le faltó carácter ahí, pero creo que en el último mes está tratando de hacer las cosas bien.

Pero es evidente que la Procuraduría no tiene ese empoderamiento de la época de Luis Vargas Valdivia y José Ugaz.
Eso se perdió cuando Vargas Valdivia salió de la Procuraduría y se recuperó con la presencia, años después, de Julio Arbizu, pero se perdió cuando él salió. No es un tema solo de Joel Segura.

¿Qué se puede hacer para revertir ese debilitamiento?
Es un tema institucional y de personas, porque la Procuraduría debería ser un órgano autónomo, no depender de ninguno de los ministerios, y el procurador debería ser una persona con determinadas características, elegida por el Tribunal Constitucional o el Consejo Nacional de la Magistratura, y permanecer en el cargo 5 o 7 años sin posibilidad de ser removido sin causal que lo justifique. Hay que darle independencia, autonomía; hay que institucionalizar la Procuraduría Anticorrupción. Haciendo más estrictos los requisitos tendremos al procurador que el Perú se merece.

¿Por qué falló la designación de un zar anticorrupción? 
Ah, no… los políticos no tienen ningún interés en luchar contra la corrupción. Eso es mentira, puro juego, y cuando crean nuevas instituciones o las inventan, salvo excepciones, ponen a cualquier monigote de zar.

Tampoco la Comisión Nacional Anticorrupción parece haber funcionado…
Es un cascarón. ¿Qué ha hecho realmente en la lucha contra la corrupción? Que yo sepa, nada.

En ese escenario, ¿qué podría hacerse para reforzarla?
Creo que la Procuraduría debe salvar el año que le resta de gobierno, tratar de mantener su independencia y esperar que un nuevo gobierno traiga aires, haga las modificaciones necesarias para institucionalizar la Procuraduría y designar un procurador con determinados requisitos que son los que se requiere para una efectiva lucha contra la corrupción.

La Comisión de Fiscalización no investigará el patrimonio de Keiko Fujimori. Algunos afirman que hubo blindaje, otros que la denuncia carece de sustento jurídico. ¿Cuál es su apreciación?
Que los políticos usualmente persiguen a los adversarios o se alían entre ellos para evitar investigaciones que luego pueden revertir contra ellos mismos.

¿Acá hubo ambas cosas?
Por supuesto. El Apra haciéndole juego al fujimorismo para que ellos luego lo protejan, y el nacionalismo persiguiendo al fujimorismo. Todo lo contrario vamos a tener en el próximo gobierno. No veo en los partidos representados en el Congreso una real acción contra la corrupción, sea quien sea el presunto autor de este delito. Solo se persigue al adversario y se niegan actos de corrupción propios. El problema con la Procuraduría siempre fue que los gobiernos apoyan cuando, con justa razón, persigue actos de corrupción del pasado, pero presionan a la Procuraduría y se vuelan al procurador cuando se investiga a funcionarios del gobierno de turno.

¿En el caso de Keiko Fujimori hay sustento? Se dice que el caso ya fue investigado y archivado.
Yo soy claro ahí. Todo hecho de apariencia de corrupción debe ser investigado, pero una sola vez y no debe haber persecución política. No conozco en detalle el caso de Keiko Fujimori, pero esto vale para ella porque el principio es general.

¿Ese mismo principio se aplica para Nadine Heredia y la denuncia en su contra por lavado de activos?
Lo que he sostenido respecto de Nadine Heredia es que esta denuncia última no tiene ni pies ni cabeza. Está muy mal iniciada por el fiscal. Sin embargo, también he dicho que será por estos hechos que en algún momento, no ahora, sino después, tendrá que ser investigada. El caso merece una seria investigación y no hay condiciones, hoy en día, por el escenario político.

Y en el caso del ex presidente Alan García hay…
Huy, Alan García es el político con más suerte en el Perú. Él no necesita de abogados si cuenta con fiscales y jueces. Ya quisiera yo tener la suerte de él si alguna vez soy investigado por algo en el Poder Judicial o en el Ministerio Público; no le pasa absolutamente nada.

¿Y eso obedece a su cercanía con magistrados y fiscales?
Por supuesto. Es una cercanía cultivada por décadas en el Ministerio Público y el Poder Judicial. Yo llegué a decirle a José Peláez (ex fiscal de la Nación) que era ‘el enterrador’, porque allí morían todas las investigaciones contra Alan García y se molestó; me mandó una carta notarial. En verdad, Alan García no necesita abogado, tiene fiscales y cuenta con jueces. Alguna vez en el Perú se hará un ejercicio decente y se tendrá que investigar a Alan García.

Según informes de la megacomisión, García no tiene desbalance patrimonial y él usa esa conclusión para decir que no hay nada irregular.
Eso confirma que dinero a su nombre no hay, punto, nada más.

La imputación de enriquecimiento ilícito a García era el caso más fuerte de la megacomisión. ¿Estuvo bien llevada la investigación?
No la conozco a detalle, pero sé que el congresista Sergio Tejada hizo su mayor esfuerzo, aunque evidentemente cometió los errores propios de un congresista bisoño.

¿El próximo Congreso podría abocarse nuevamente a este tema?
No creo que el Congreso sea el espacio para hacer este tipo de investigaciones. Debería privilegiarse el escenario de la Fiscalía y eso nos lleva a repensar al Ministerio Público, que ahora tiene gran posibilidad con la presencia de Pablo Sánchez, que puede hacer de esta institución una entidad mucho más seria en la que podamos confiar. Ojala allí se hagan las investigaciones que se requieren para limpiar honras o formular imputaciones contra unos o contra otros.

¿Cómo ve el manejo de las comisiones investigadoras en el Congreso que se abocan a casos ya judicializados?
Es muy importante, es su función constitucional, no pueden dejarlo de hacer, pero evidentemente debe haber coordinación con el Ministerio Público porque de nada sirve, y enturbia la posibilidad de encontrar la verdad, el hecho de que paralelamente haya dos investigaciones. Cuando el Ministerio Público inicia una investigación, el Congreso debería esperar el avance de la misma antes de iniciar la suya.

BRAZOS CRUZADOS. “Acostumbramos a llenarnos la boca con cifras como si la corrupción se combatiera con discursos. Mientras la corrupción campea, los funcionarios públicos están pensando en su fin de semana o el aumento de sueldo”.

El problema es que el Congreso es mucho más mediático y se filtra la información. ¿Qué tanto enturbia eso el proceso?
No tanto, porque la información también fluye en el Ministerio Público, pero le resta seriedad. Es utilizada con intereses políticos o para favorecer al investigado. Por eso prefiero las investigaciones del Ministerio Público con todos sus errores y limitaciones a las que he visto que realiza el Congreso, salvo la comisión Áncash. No podemos llenarnos de comisiones que no avanzan, no llegan a ningún resultado y son contaminadas por intereses políticos, cálculos y alianzas. Creo, además, que no todos los congresistas deberían ser investigadores. Marisol Pérez Tello es muy buena investigadora, Mesías Guevara también, pero –no quiero dar nombres– no veo a varios de ellos con las pesquisas, ni siquiera como presidentes de la Comisión de Fiscalización.

De los tres presidentes anteriores a Humala, uno está en la cárcel y otros dos enfrentan serias denuncias. Entre ellos Alejandro Toledo por el caso Ecoteva. ¿Cuál es su percepción jurídica?
No conozco en detalle el tema. Creo que hay necesidad de una investigación, porque Alejandro Toledo no nos ha dicho la verdad.

Ha cambiado de versión en forma reiterada…
Exactamente, y eso abona en la creencia de que algo raro hay detrás de todo esto. La investigación tiene que seguir. Creo que es un error haber planteado hábeas corpus o recursos de amparo. Lo que un político debería hacer es someterse a las investigaciones del Ministerio Público y del Poder Judicial.

Toledo alega que hay una persecución política en su contra.
No, aquí no hay persecución política ni para Belaunde Lossio, ni para Alan García, ni para Keiko Fujimori. Aquí lo que hay son investigaciones. Uno puede criticarlas, puede considerar que no están bien encaminadas, puede calificarlas como innecesarias si quiere, pero persecución política no. Ninguna de las investigaciones responde a una persecución contra el líder o dirigente de un partido político. En vez de alegar persecución política, deben someterse a las investigaciones.

ERRORES. “El error del Estado, en el caso de Espinoza, fue no tratar de llegar a una solución amistosa. Uno podrá decir: ¿cómo se llega a soluciones amistorsas con terroristas? Ante la Corte-IDH, no se trataba de una terrorista, sino de una persona violada y torturada”.

Pero ese es también el argumento de Humala para rechazar la investigación a su esposa. 
Sí, claro. En eso todos los políticos se parecen, responden de la misma manera. Pareciera que tienen el mismo abogado.

Ha dicho que esas denuncias afectan el Estado de derecho y que quieren investigarla porque la ven como una eventual rival electoral…
Al contrario, un funcionario público está sometido a la ley y, por supuesto, a cualquier investigación que se le abra en el Ministerio Público y cualquier proceso que siga el Poder Judicial. En el caso de Nadine Heredia, es una ciudadana que, como cualquiera de nosotros, puede ser sometida a una investigación del Ministerio Público y no tienen por qué erizarse ni arañarse.

¿Recurrir a quejas contra los fiscales o a recursos de amparo qué evidencia?
Cuando las investigaciones son evidentemente arbitrarias, hay que usar el hábeas corpus, las acciones de amparo. Estos son recursos que la propia ley le da al investigado. Sin embargo, el uso inmediato, casi compulsivo de ellos, solo habla de la molestia del político para la investigación y del nerviosismo frente a las indagaciones que se llevan a cabo.

DISTORSIONES. “La labor de una dirección de inteligencia es respecto de aquellos que están contra la ley y representan un peligro para la seguridad del Estado, no contra los políticos, empresarios o periodistas. Han desvirtuado completamente sus funciones”.

¿En qué fallamos para 15 años después de combatir tenazmente a la corrupción volvamos a lo mismo?
Fallamos en que no institucionalizamos los esfuerzos contra la corrupción o no fortalecimos las instituciones. Fallamos en que no promovimos la fiscalización ciudadana respecto de actos de funcionarios públicos, en no crear una procuraduría fuerte y autónoma; fallamos en no haber realizado durante los primeros años, 2001 y 2002, grandes juicios contra grandes responsables. En el Perú no hay política pública que dure más de dos años. Aquí lo que necesitamos es cortar cabezas y ya. A mí no me interesa ir solo contra los peces pequeños, hay que ir contra los tiburones. Tenemos 100 detenidos por corrupción y 30 procesos, yo priorizaría a la cúpula de la organización, a los que tienen mayor responsabilidad, los que tienen delitos con mayor tiempo de cárcel.

Para eso se necesita voluntad política. ¿Cree que este gobierno la tenga?
Lo fundamental en el Perú para combatir la corrupción es que haya voluntad política y en este gobierno no hay voluntad, como tampoco la he visto en la mayoría de los gobiernos anteriores.

¿Qué hacemos entonces? ¿Esperar el próximo gobierno?
En la lucha anticorrupción, como en otras materias, lo único que tenemos que hacer es sobrevivir al gobierno de Ollanta Humala y esperar que el próximo gobierno abra la posibilidad de un gobierno honesto, una administración pulcra y que nos vuelva a contar la historia de la lucha anticorrupción para empezar de nuevo.

INACCIÓN. “En el caso del rastreo realizado por la Dirección Nacional de Inteligencia, va a pasar lo que siempre pasa: nada. Cambiarán directores y funcionarios de rango medio y se acabo el asunto, pasemos a otro tema…”.

En este gobierno se han denunciado muchos casos, pero ninguno se ha aclarado y no hay resultados concretos. 
Creo que este gobierno es mediocre. Ha hecho muy poco por la lucha anticorrupción. Lo mejor que hizo fue nombrar a Julio Arbizu como procurador. Fue el mejor momento de este gobierno en la lucha contra la corrupción. Creo que Valentín Paniagua y los dos primeros años de Toledo fueron mejores que los cinco años de Humala en la lucha contra la corrupción, y los cinco años de García fueron un quinquenio perdido.

En el 2016 es obvio que se iniciará una investigación a la gestión Ollanta Humala.
Bueno, yo espero que se inicie una investigación seria contra la administración del presidente Humala, que no sea una investigación condenada al fracaso o a tratar de buscar responsabilidades donde no las hay. 

Hay denuncias de contratos irregulares, compras anómalas de material bélico…
Todo tiene y todo debe de ser investigado. 

Y en ese caso no tendrían que sentir que hay una persecución en su contra…
No. Deberían estar pensando simplemente en los abogados que van a contratar.HHH

Por Patricia Quispe V.  (pquispe@peru21.com)

Fuente Peru21: http://peru21.pe/politica/ronald-gamarra-este-gobierno-mediocre-lucha-anticorrupcion-2214846?href=hmain1

"Alias Impunidad" (sobre Alan García y el fallo contra la Megacomisión)

"El 18 de enero de 2001, en los albores de la transición, en plena espantada fujimorista y primeros pasos de Paniagua, la Sala Penal de la Corte Suprema apañó al compañero expresidente y le prescribió los delitos de corrupción que lo perseguían desde su primer gobierno. Alan García mató allí sus demonios. Alan García acalló allí a la justicia. Nunca más, en materia de acusaciones penales propias, necesitó al Poder Judicial para librarse del Poder Judicial. No lo requirió. Contó con una fiscalía que manejó a su antojo y no hubo denuncia que prosperara ni fiscal que lo investigara. En verdad, el Ministerio Público recibió las denuncias y solicitudes de investigación en Abancay pero los archivos se decidieron en Alfonso Ugarte. La oficina de los sucesivos jefes de los fiscales se convirtió en el cementerio de los anticucho y preocupaciones penales del eterno candidato, y aquellos en meros facilitadores de una trucha credencial de santo y santón. ¡San Alan, señor y príncipe de la fiscalía, nunca suficientemente venerado, siempre convenientemente exonerado!

"En los últimos años, Alan García sólo visitó una vez los recintos judiciales. Fue de testigo en el caso BTR. Vamos, un paseo, un premio".

Alan impunidad García.doc by sofiabloem

Artículo de Ronald Gamarra publicado en Hildebrandt en sus trece, Año 4, Nº 196, el viernes 4 de abril de 2014.

Fuente: hildebrandtensustrece.com

Gamarra: "el Poder Judicial ha entregado a Alan García a la Megacomisión"

De como un fallo desfavorable contra Alan García se convirtió una victoria suya en los medios

En un evento que debería ser considerado para futuras evaluaciones de la prueba PISA, ayer varios medios celebraban la victoria final de Alan García contra la Megacomisión. Pero, no, no lo es. De hecho, incluso podríamos decir que Alan –insólitamente– perdió en el Poder Judicial

Aquí está la sentencia, para que la lean completita. Yo sé que quieren tuitear al toque algo, pero no, no vayan a cometer el mismo error que todos ayer. Primero léanla.

Kausa Justa, Caso Alan García y la sentencia de Amparo: http://kausajusta.blogspot.com/2014/01/peru-caso-alan-garcia-perez-y-la.html

¿Listo? ¿Ya leyeron?

 Muy bien, ahora explain this shit

 

Parece que todos nos hemos dejado atarantar por Wilber Medina, abogado de Alan y miembro del cada vez más atiborrado club de Defensores Impresentables de Ex Presidentes en Problemas © & ™. Por suerte, no todos los periodistas cayeron en su juego (vía el ídolo @gerardolipe) 

Toma mientras.

Le consultamos al ex procurador Ronald Gamarra y nos explicó clarito lo que ha pasado:

La decisión del Poder Judicial solo anula la declaración prestada por Alan el 8 de marzo de 2013 y los actos posteriores y sucesivos hasta antes que la Megacomisión citara nuevamente a García, respetando las garantías del debido proceso. Lo que ya se hizo. O sea,sigue vigente todo lo actuado antes del 8 de marzo de 2013, se anula las actuaciones llevadas adelante entre el 8 de marzo y el 26 de junio de 2013, y se valida todo lo realizado con posterioridad. En términos prácticos, pues, el Poder Judicial ha entregado a Alan García a la Megacomisión.

Es decir, lo que se ha anulado sólo es la declaración que Alan brindó en esa fecha. De importancia, nada más.

César Romero, periodista judicial de La República, también la tiene muy clara

La investigación no vuelve a fojas cero, pues solo ratifica, en parte, lo resuelto por el juez  en setiembre del 2013 y que la Megacomisión ya tuvo en cuenta al volver a citar a García, en noviembre último.

(...) Donde queda en claro que no hay vuelta a fojas cero, es que los jueces validan el levantamiento del secreto bancario del ex mandatario, que él pedía anular, porque la comisión ya tenía esa información. (...)

Sobre los casos de los petroaudios y BTR, los jueces indicaron que estos no tienen la calidad de cosa juzgada respecto de García Pérez, pues él nunca fue investigado, procesado o juzgado por esos hechos.

Así que la victoria no es tal. Se ha corregido un error de la Mega: no informar a García de los delitos por los que se le investiga. Nada más. Ronald Gamarra, para terminar, destacó el silencio de García sobre este tema:

"¿Por qué? Si ha ganado ¿por qué no lo anuncia y celebra?"

Oe, sí. ¿Por qué, ah?

Fuente Útero, Marco Sifuentes: http://utero.pe/2014/01/09/de-como-un-fallo-desfavorable-contra-alan-garcia-se-convirtio-una-victoria-suya-en-los-medios/