El Comercio: Esa distancia que las separa

La brecha de género en altos cargos del Estado es una realidad estadísticamente inocultable.

Editorial El Comercio.

El primero de febrero el Congreso aprobó la ley orgánica de la Junta Nacional de Justicia (JNJ). El debate del proyecto, no obstante, generó una áspera discusión entre los legisladores por la inclusión en la propuesta original que el Ejecutivo envió al Congreso de una paridad de género en la elección de los miembros de la JNJ que, finalmente, fue rechazada por la mayoría de parlamentarios. Más allá del caso en concreto, la polémica sirve para poner el ojo en un tema mayúsculo: la presencia de mujeres en altos cargos del aparato estatal.

Según un informe "Presencia de mujeres en altos cargos públicos no supera el 35%" publicado por este Diario el sábado, dentro de las dependencias del Estado existe una brecha de género en desmedro de las mujeres que, desde la estadística, es imposible de esconder. Comenzando por el gobierno de Martín Vizcarra, el mismo que defendió hasta el final la inserción de la paridad en la JNJ.

De los 19 ministerios que componen el Gabinete, incluyendo a la PCM, apenas cinco están encabezados por una mujer -Salud, Trabajo, Mujer, Ambiente y Desarrollo e Inclusión Social-. Un escalón más abajo, en los viceministerios, la situación no mejora: 13 mujeres ocupan un universo de 37 viceministerios; esto es, el 35% del total. El mismo porcentaje que se repite en las direcciones generales (55 mujeres de un total de 156).

El desbalance también se produce en las jefaturas de organismos públicos especializados - como el INEI o Migraciones- donde el porcentaje de mujeres en puestos directivos alcanza el 24%. Vale recalcar que en todos estos puestos - ministerios, viceministerios, direcciones generales y organismos públicos especializados- la designación es una facultad del Ejecutivo, por lo que el argumento de la meritocracia o de los concursos públicos no parece aquí tan sustancioso.

En el Congreso el desequilibrio también es notorio. De las once bancadas que conforman el hemiciclo - contando la aún no oficializada Acción Republicana- solo una tiene una vocera titular: Patricia Donayre (Unidos por la República). Y de las 24 comisiones ordinarias solo cuatro son presididas por legisladoras. En el Poder Judicial (4 juezas titulares de 18 asientos en la Corte Suprema) y en el Ministerio Público (una fiscal es una junta de cinco supremos) las cifras tampoco son auspiciosas. A nivel nacional, asimismo, las últimas elecciones hicieron poco por corregir este desbalance: se eligió a solo 7 alcaldesas (en 195 municipios provinciales) y a ninguna gobernadora (en 25 regiones).

Los números son contundentes: la participación de las mujeres en el Estado es claramente inferior a la de los hombres. Y resulta necesario reflexionar acerca de las causas de esta distorsión: desde el rol tradicional que la sociedad le ha atribuido a las mujeres en el hogar hasta la dificultad de estas para acceder a los circuitos de poder, históricamente ocupados por hombres, como ocurre en las cúpulas partidarias. 

Corregir esta asimetría podría ayudar, primero, a visibilizar a las mujeres en posiciones de liderazgo, lo cual permitiría derribar estereotipos, y segundo, a poner en agenda temas como la violencia contra la mujer y la participación de mujeres en la economía nacional, que si bien hoy ocupan un espacio mayor en el debate público, aún tienen un largo camino por recorrer, y cuya solución no solo favorece a la mitad femenina del país, sino a todos.

Nada de esto, claro está, quiere decir que la paridad sea el único camino posible. Algunas recomendaciones de la ONU, por ejemplo, apuntan a que las instituciones revisen sus criterios de contratación para incentivar la postulación de mujeres o que fomenten la presencia de estas en capacitaciones. Y en el campo electoral, vale la pena revisar opciones como la de Estados Unidos, donde ciertas organizaciones privadas se encargan de contactar a las candidatas con redes de donantes para que puedan financiar sus campañas.

De lo que se trata, en fin, es de reflexionar sobre los mecanismos que, sin medrar la meritocracia, permitan acortar esa enorme distancia que, como exhiben las cifras, mantiene hoy separadas a las mujeres de los pisos más altos del Estado.

Fuente El Comercio: https://elcomercio.pe/

El Comercio: "(Sin) vergüenza"

La remoción de los fiscales José Domingo Pérez y Rafael Vela, en el ocaso del año, es un acto oprobioso del fiscal de la Nación, Pedro Chávarry.

Editorial El Comercio.

Finalmente, después de varias semana aprovechando las celebraciones que le pusieron fin al 2018, el fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, anunció la remoción de los fiscales Rafael Vela y José Domingo Pérez del equipo especial encargado del Caso Lava Jato. Una acción que, al darse cuando la ciudadanía se preparaba para recibir un año nuevo, deja clarísisma la intención de la cabeza del Ministerio Público de camuflar la decisión.

Si bien resulta sumamente preocupante que la cabeza de una institución como la fiscalía se interese en dar a conocer sus decisiones agazapado en la coyuntura festiva, es aun más indignante al tomar en cuenta cómo justificó las mismas. Según el señor Chávarry, la medida llega motivada por el hecho de que el fiscal Pérez "procedió a cuestionar mi elección que se produjo por unanimidad de los fiscales supremos" y que esta actitud fue "avalada por el coordinador Vela Barba". Una circunstancia que, como es evidente, nada tiene que ver con la forma en la que han hecho su trabajo ambos fiscales, sino con una ojeriza sostenida por el fiscal de la Nación al sentir que se ponía en tela de juicio su autoridad.

Es inquietante, ciertamente, la forma en la que Chávarry ha dado a conocer su disposición, pero no resulta sorpresiva. A lo largo del año pasado, con la investigación del Caso Lava Jato empezando a mostrar sus primeros frutos, el titular del Ministerio Público no escatimó en amenazas al equipo liderado por el fiscal Rafael Vela. Apenas el 19 de diciembre, desde esta página, alértabamos sobre las hostilizaciones que había denunciado Vela de parte del fiscal de la Nación y cómo este último había buscado restarle valor al saludo que la Fuerza de Tarea a cargo del Caso Lava Jato en Brasil le había hecho a su homólogo peruano. A esto se suma el hecho de que Chávarry, en una entrevista, remarcó que tenía la potestad de remover al fiscal José Domingo Pérez "en cualquier momento", pero que evitaba hacerlo solo para que no se leyera como una "represalia". Ayer, sin embargo, dejó en claro que esto último era en efecto su objetivo. Sin duda un gesto vergonzoso que, de por sí, deja en evidencia la debilidad de su liderazgo y lo nocivo de la permanencia en el puesto.

La alarma suena aún más respecto al futuro del Caso Lava Jato. En primer lugar, una coyuntura como esta le podría permitir a los involucrados en las pesquisas de los fiscales removidos cuestionar la legitimidad de las medidas que se han tomado en su contra. Una realidad especialmente grave si se considera que entre las carteras que tenían encargadas estaban algunas tan sensibles como las de Alan García y Keiko Fujimori.

También preocupa que esta decisión se haya tomado en vísperas de la ejecución del acuerdo de colaboración suscrito por el referido equipo especial con la empresa Odebrecht y cómo esto afectará la calidad de los resultados que se puedan obtener a partir del mismo. Incluso, como se recuerda, el fiscal Vela había anunciado una ampliación del interrogatorio a Jorge Barata programada para este mismo mes.

Así las cosas, será cuestión de tiempo ver cómo la decisión de Pedro Chávarry repercute en el resultado de la investigación más importante de los últimos años de la historia política peruana. Por el momento los pronósticos no son positivos. Empero, si algo ha dejado meridianamente claro el fiscal de la Nación es que él no le teme a operar privilegiando sus intereses y, sobre todo, a hacerlo subrepticiamente, al viejo estilo que predecesores suyos como Blanca Nélida Colán exhibían sin empacho de los años 90.
Fuente El Comercio: https://elcomercio.pe/opinion/editorial/editorial-vergueenza-noticia-593061

La sentencia de la Corte Suprema que exculpa a una mujer del delito de trata de menores muestra desconexión con la realidad

Editorial de El Comercio.

Este viernes, el Perú conmemora el Día Internacional contra la Trata de Personas. Este delito, conocido también como la “esclavitud del siglo XXI”, consiste en la explotación de una persona con fines económicos sin su consentimiento informadode la trata de personas.

Normalmente, y según lo define nuestro Código Penal, la víctima es captada mediante violencia, engaños, abuso de poder o abuso de una situación de vulnerabilidad. Pero cuando la víctima es un menor de edad, no es necesario siquiera que concurra alguno de estos medios para que la conducta sea sancionada penalmente. De hecho, el 56.5% de las víctimas de este delito en el Perú son menores de edad, y el 80% son mujeres, según cifras del Ministerio Público. El Perú es, además, el tercer país de toda América con más víctimas de trata (200.500) según el Índice Global de Esclavitud, y las regiones que reportan más casos son Lima, Loreto y Madre de Dios.

Fue precisamente en Madre de Dios donde la señora Elsa Cjuno Huillca captó a una menor de edad y la llevó a un sector minero en la localidad de Manuani-Mazuko para que trabajara como “dama de compañía”. La menor –que en aquella época tenía apenas 14 años– trabajaba más de 12 horas diarias en las que debía interactuar con los sujetos que acudían al bar y consumía bebidas alcohólicas con ellos. En ese bar, también se realizaban ‘pases’, jerga utilizada para referirse a mantener relaciones sexuales con clientes a cambio de una ventaja económica, es decir, prostitución infantil, una actividad que había sido “sugerida” por Cjuno Huillca a la menor de edad.

A pesar de estos hechos, la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema, en una sentencia firmada unánimemente por los magistrados Javier Villa Stein, Duberlí Rodríguez Tineo, Josué Pariona Patriana, César Hinostroza Pariachi y José Antonio Neyra Flores, decidió resolver que no se había producido el delito de trata de menores y exculpar a Cjuno Huillca

Para la Corte Suprema, no hubo delito pues no existió algún tipo de explotación. No hubo explotación laboral pues para ello se requería que la tarea realizada “agot[e] la fuerza del trabajador”, y si bien hacer laborar a una menor por más de 12 horas diarias le parecía excesivo a la sala, trabajar como dama de compañía no agotaba su fuerza, pues como tal “simplemente bebe con los clientes sin tener que realizar ninguna otra actividad”. Y tampoco hubo explotación sexual, pues si bien la imputada había sugerido a la menor que haga ‘pases’, esta “no fue la intención primigenia por la cual fue a trabajar al bar”.

Las citas extraídas del fallo de la corte sirven para contemplar, en toda su dimensión, la grave y vergonzosa desconexión entre lo más alto de nuestra judicatura y la realidad que enfrentan miles de mujeres, hombres y niños víctimas de trata en el país. No se puede explicar de otra forma que los jueces no tomaran conciencia de que la resistencia física y psicológica de una niña de 14 años a la que se le obliga a trabajar durante 12 horas, consumiendo alcohol e interactuando con extraños diariamente, no es la misma que la de una persona mayor que, voluntariamente y por la razón que fuere, decide trabajar durante la misma cantidad de tiempo.

Asimismo, se requiere una mayúscula indiferencia para suponer que, cuando la empleadora de una niña que trabaja como dama de compañía en un bar “sugiere” que se dedique también a la prostitución, aquella es una mera recomendación sin ningún tipo de coacción de por medio. Finalmente, es necesario sentirse ajeno a las denuncias y noticias para pasar por alto que todo ello sucedía en un bar ubicado en una localidad donde los campos mineros ilegales y la prostitución infantil se han convertido en un espantoso binomio.

En un país que parece recién haber empezado a tomar conciencia sobre la tara social que significa convivir con casos diarios de violencia contra la mujer, es lamentable seguir leyendo sentencias que maltratan a las víctimas y, de paso, nuestras esperanzas de cambio.

Fuente El Comercio: http://elcomercio.pe/opinion/editorial/editorial-maltrato-noticia-1933185?flsm=1

Lea también:

- "Sentencia infame de Villa Stein", por Ronald Gamarra.

- "Inaudita confirmación de absolución en caso de trata de personas en agravio de menor de edad", por Ronald Gamarra.

Víctimas Olvidadas. El Estado tiene mucho por hacer respecto a la trata de personas

Este lunes se conmemoró el Día Internacional contra la Trata de Personas, crimen que consiste en el secuestro de individuos para explotarlos sexual o laboralmente, o para comerciar con sus órganos.

La trata de personas no es un problema menor en el mundo y ocupa nada menos que el tercer puesto de los delitos más lucrativos para las mafias de crimen organizado; solo le ganan el tráfico de drogas y el tráfico de armas. 

El Perú no se ha salvado de este mal y entre las regiones más afectadas se encuentran Cusco, Loreto, Lima y Huánuco. Para tener una idea de la magnitud del problema, basta tener en cuenta que, según el Ministerio del Interior, entre junio del 2011 y setiembre del presente año la policía rescató dos mil víctimas de trata. 

No obstante, si tenemos en cuenta que la mayoría de los casos no son denunciados, es esperable que la realidad sea aun más dramática. De acuerdo con Ricardo Valdés, presidente de la ONG CHS-Alternativo, solo teniendo en cuenta a los explotados por la minería informal, podríamos estar hablando de entre 25 mil y 30 mil víctimas. 

Si bien el gobierno viene implementando el Plan Nacional de Acción contra la Trata de Personas 2011-2016, siguen habiendo deficiencias en la lucha contra este crimen. Un informe de la mencionada ONG presentado en el Congreso ha evidenciado algunos de estos problemas.

Así, por ejemplo, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables aún no aprueba un protocolo que sirva para que las múltiples instituciones gubernamentales que están en contacto con las víctimas de trata sepan cómo identificarlas y atenderlas. Es por ello que muchas veces estas personas son confundidas con prostitutas o con víctimas solo de violencia sexual. Y cuando sí son identificadas no hay un procedimiento unificado de cuál debe ser el tratamiento que reciba la víctima, ni de cuáles son las acciones que hay que seguir para perseguir el crimen (por ejemplo, qué preguntas se debe hacer para poder identificar y procesar al captor). 

Algo similar sucede en las postas y en los establecimientos de salud, pues no existe ninguna guía que sirva a su personal para detectar casos de trata. No se cuenta con un protocolo que indique qué hacer, por ejemplo, si una mujer acude en la sospechosa compañía de algún hombre que no parece ser de su familia y que la observa, o si esta se muestra muy nerviosa y no sabe contestar dónde vive o dónde cree haber contraído la enfermedad. Por ello, es fácil que pasen desapercibidas las víctimas que acuden para tratarse alguna enfermedad de transmisión sexual. 

Por otro lado, también ocurre que a menudo no se fiscaliza que las compañías de transporte interregional hagan cumplir la norma que obliga a los menores a viajar acompañados de sus padres o con un permiso notarial. Así, las víctimas pueden ser trasladadas de una región a otra sin mayores problemas. Y lo mismo sucede con el transporte fluvial.

Por su parte, también hay serios problemas en lo que respecta a la capacitación y actuación del personal policial. Por ejemplo, a pesar de existir un sistema inteligente que permite recoger todas las denuncias de trata en el ámbito nacional, trazar rutas comúnmente usadas, y en base a ello establecer perfiles de criminales (el denominado sistema Reta) este ha dejado de funcionar desde abril del 2012. Lo que es peor: cuando estaba activo no era aprovechado por la policía. 

De esta forma, el personal policial no se concentra en desarticular organizaciones criminales, sino en casos pequeños, muchas veces de delitos flagrantes. Además, dado que los policías son rotados de sus puestos con mucha frecuencia, las capacitaciones que reciben sobre el tema de la trata no rinden muchos frutos.

Incluso los casos en los que las víctimas sí son rescatadas presentan problemas. No hay suficientes centros de alojamiento transitorio para ellas y en algunas regiones no hay ninguno. Y para los hombres adultos víctimas de este delito no existe ningún alojamiento en el ámbito nacional.

El Estado, claramente, no le está prestando la atención que debiera a este problema. Y , sin duda, se trata de uno al que es un escándalo voltearle la cara.

 

Editorial de El Comercio, publicado el viernes 27 de septiembre del 2013, A22.

Fuente: http://elcomercio.pe/actualidad/1636641/noticia-editorial-victimas-olvidadas

Aprovechando heroísmos (Editorial de El Comercio)

Es difícil tratar el tema de la operación Chavín de Huántar y lo que el Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH) ha denunciado por medio de su Comisión…

Domingo 11 de marzo de 2012 - 08:00 am

Es difícil tratar el tema de la operación Chavín de Huántar y lo que el Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH) ha denunciado por medio de su Comisión y tiene aún que terminar de decidir en su Corte, sin dejar que un aluvión emocional acabe ahogando a la razón. Y, de hecho, resulta muy comprensible que ello sea así. Después de todo, nadie que tenga sangre en las venas y conozca la historia de la toma de la residencia del embajador de Japón debería poder permanecer personalmente distante frente a ello. Ahí se jugaron la vida 142 comandos (2 de ellos murieron) para liberar a 72 rehenes luego de 126 días de cautiverio y para acabar con una banda asesina que contribuyó a aterrorizar el país durante larguísimos años y que, con este secuestro de alto vuelo, había puesto en jaque al Perú.

Es importante, sin embargo, hacer un esfuerzo por separar el trigo y la paja que los apasionamientos revuelven en un todo indiferenciado. Solo así la justicia – reconocerle a cada cual lo que le corresponde– puede tener una oportunidad. Además, únicamente deteniendo nuestros ríos revueltos se puede impedir que haya, a nuestra costa, ganancia de pescadores. Y de pescadores avezados, como todos los que están intentando nutrir su carrera política formulando indignadas inexactitudes para demostrar un compromiso con los comandos, en la esperanza de contagiarse ante la mirada del público de su heroísmo.

Existe una buena prueba para saber si uno está siendo manipulado: preguntarse si la respuesta que está escuchando tiene que ver con la interrogante que se ha planteado. Pues bien, en el caso en cuestión, la pregunta relevante es: ¿Tiene razón la Comisión al decir que el Estado Peruano no ha cumplido con sus obligaciones internacionales para procesar las denuncias (muy sólidamente respaldadas en al menos un caso) de que hubo asesinatos de terroristas rendidos en la residencia del embajador de Japón? Las respuestas más oídas son: “los comandos son unos héroes” y “la Corte está ideologizada y es enemiga del Perú”.

La verdad es que la Comisión existe para hacer valer el régimen de los derechos humanos al que se han sometido los países bajo su jurisdicción y eso es precisamente lo que ha hecho cuando ha denunciado al Estado Peruano por haber juzgado un caso de violación de derechos humanos en un proceso en el fuero militar (lo que por razones evidentes compromete la neutralidad del juez). Y lo mismo cuando ha dicho que un juicio que viene durando 10 años sin sentencia equivale a una negación de justicia (en referencia al proceso que existe contra los llamados ‘gallinazos’ que entraron junto con los comandos a la residencia del embajador).

La defensa del nuestro Estado respecto de estas dos acusaciones, por su parte, parece bastante débil. Decir que nuestra jurisdicción interna permitía el juzgamiento en el fuero militar para este caso no cambia nada: toda la garantía que ofrece la ley internacional sobre los eventuales abusos de los estados reside precisamente en que ella prima sobre lo que estos dispongan. Por otro lado, afirmar que la Corte no puede juzgar el tema porque todavía está abierto un proceso en el Perú suena hasta cínico: la acusación es precisamente que ese proceso ya duró más de lo permisible para que no suponga una denegación de justicia.

Considerando que de los nueve cadáveres que aparecieron con tiros en la nuca al final de la operación solamente tiene posibilidades de probarse con certitud que uno fue muerto cuando estaba rendido, y que ese uno murió por la bala de un tipo de arma que tenían únicamente los infiltrados ‘gallinazos’, los comandos podrían hace ya bastante tiempo estar libres de toda contingencia judicial. Si no lo están, no es por culpa del SIDH, sino porque el Estado Peruano violó la ley internacional al juzgarlos en un proceso que, conforme a la misma, es inválido, y al no haber acabado de juzgar en 10 años a los aparentes verdaderos autores del único asesinato sobre el que no cabría dudas razonables.

Muchos sostienen que todo este tipo de disquisiciones son necias porque los muertos eran terroristas y que, por lo tanto, bien matados están, aunque se hubiesen rendido. Pensamos que confunden la venganza con la justicia. La segunda solo existe cuando hay límites y procesos.

Por otra parte, es miope desde cualquier punto de vista ir contra la aplicación universal (a todos igual, culpables o inocentes) de los derechos humanos. En este caso es claro que los asesinados eran delincuentes (y de los despiadados), pero son muchas las veces en que lo que pasa es que quien tiene el poder llama delincuentes a quienes se le enfrentan para quitarles sus derechos humanos. Oponerse a la universalidad de los derechos humanos es, pues, activar una ruleta rusa de la que todos participamos. En el Perú el SIDH tiene fama de izquierdista porque nuestro último autoritarismo fue de derecha. Pero no es así como se lo percibe por estos días en Ecuador, donde los periodistas criminalizados por Correa y unos jueces serviles han tenido que recurrir a la Comisión; o en Venezuela, donde Chávez controla todos los poderes y la Corte es una de las pocas trincheras que tiene la oposición.

Las voces, en fin, que piden el retiro del Perú de la jurisdicción del SIDH en base a este caso están haciendo demagogia. Y a las demagogias se les aplica lo que decía Octavio Paz de las dictaduras: “Rojas o blancas, son todas negras”.