Argentina: Ocho de cada diez niños argentinos víctimas de abuso sexual lo cuentan en la escuela

Las charlas de educación sexual integral permiten que identifiquen situaciones de abuso y las denuncien.

Escribe Mar Centenera.

"En un momento, esos abrazos y besos me empezaron a poner incómodo". "Me decía que era un juego, un juego entre nosotros dos del que nadie se tenía que enterar". Estos testimonios, usados en un anuncio gubernamental argentino contra el abuso sexual infantil, subrayan la manipulación ejercida sobre los menores, a quienes se les presenta el abuso como un juego o un acto de amor. Casi siempre el perpetrador es alguien del entorno familiar del niño o adolescente, lo que complica aún más que entiendan lo que ocurre. El 80% de los menores que denuncian se dieron cuenta por primera vez de que eran víctimas de este delito en la escuela, cuando en las clases de educación sexual integral (ESI) escucharon qué no podían hacerles en relación a su propio cuerpo, según el Ministerio Público Tutelar de Buenos Aires, que toma declaración a menores en procesos judiciales contra la integridad sexual.

"En el transcurso de la entrevista ocho de cada diez niños dicen que pudieron comprender que fueron víctimas cuando la ESI les dio información. Al mismo tiempo, se dieron cuenta de que en la escuela se abría un espacio de confianza para contar lo sucedido", dice Yael Bendel, asesora del Ministerio Público Tutelar.

Florencia Pieruzzini, profesora de Letras, explica que en primaria aborda el abuso sexual a partir de la lectura de la novela Otroso, de Graciela Montes, donde un grupo de chicos corta el pelo y manosea a una chica. "Permitió trabajar la diferencia entre lo que era acoso, abuso sexual y violación y eso les permitió dimensionar si alguna vez les había pasado porque relacionaban el abuso con violación y pensaban 'bueno, nunca me pasó algo tan severo", recuerda Pieruzzini.

"El trabajo con la ESI y el reconocimiento de sus corporalidades y propios límites lleva a que los chicos y las chicas sean más conscientes de aquellas situaciones en donde esos mismos límites fueron violentados ya sea por insistencia del entorno, o por una acción directa de un par o algún familiar mayor", señala esta docente. En su experiencia con alumnas de secundaria, por ejemplo, estas charlas "les hicieron replantearse situaciones sufridas, que no siempre tienen que ver con un abuso pero sí con situaciones en las que no se sentían cómodas a las que accedieron por pertenecer", detalla.

Enseñanza desigual

Bendel destaca que son más numerosas las denuncias procedentes de escuelas públicas que en las privadas. A su juicio, no significa que haya más abusos entre los alumnos de las primeras, sino que reciben más educación sexual integral y mayor acompañamiento para denunciar: "En algunas escuelas de gestión privada, sobre todo las religiosas, la ESI no se da como corresponde. A veces esconden los abusos o dan aviso a los padres en vez de a un organismo de prevención. Y en estos casos, donde la mayoría de abusos son intrafamiliares, contárselo a los padres no va detener el abuso o incluso lo va a hacer peor".

La educación sexual integral es obligatoria por ley en Argentina desde 2006, pero hay escuelas y padres que se resisten a su enseñanza. Según la última prueba Aprender, se impartió de forma desigual en las aulas: más del 90% de los alumnos de primaria asistieron en 2018 a alguna clase sobre cuidado del cuerpo, pero menos de la mitad recibió información sobre cómo evitar abusos sexuales y prevención de embarazos y de enfermedades. Ese mismo año, más de una decena de escuelas de Buenos Aires fueron ocupadas por alumnos para exigir una mejor educación sexual y respaldar la iniciativa parlamentaria de interrupción voluntaria del embarazo, que fue rechazada por el Senado.

En 2019 se impulsó una reforma de la ley actual que refuerza su obligatoriedad y elimina la posibilidad de que las escuelas adapten estos contenidos al "respeto a su ideario institucional y a las convicciones de sus miembros". La iniciativa chocó con la oposición de la Iglesia católica, de las evangélicas y de padres enarbolados bajo la consigna "Con mis hijos no te metas" y no ha sido tratada en la Cámara Alta.

Los datos difundidos por el Ministerio Público Tutelar y adelantados por el diario Página 12, engloban los últimos cinco meses de trabajo, desde que el pasado agosto firmaron un convenio de cooperación con la Procuración General de la Nación para recibir causas de delitos contra la integridad sexual. Hasta entonces, en la sala de entrevistas especializada tomaban declaración a menores en causas por lesiones. "Antes teníamos uno o dos testimonios por día y desde que tomamos los abusos hay al menos entre tres o cuatro", señala Bendel.

Hasta los seis años, no hay diferencias por género en los abusos denunciados, pero después se vuelven más frecuentes sobre niñas y adolescentes. En total, ellas responden al 65% de las causas abiertas, frente al 35% de víctimas varones. Como ocurre también en los casos de violencia machista, el agresor suele estar en casa: ocho de cada diez abusadores son familiares o conocidos de la víctima. "Ningún adulto puede obstaculizar que reciban ESI. La única manera de que los niños sepan que sus derechos son vulnerados es que los conozcan", concluye Bendel.

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Fuente El País y el Ministerio Público Tutelar del PJ de Buenos Aires: https://elpais.com/sociedad/2020/01/09/actualidad/1578608245_487201.html y https://mptutelar.gob.ar/

El País: Guía para superar el impacto emocional del coronavirus

Debemos afrontar la situación con una mentalidad positiva. Para eso necesitamos conocer las etapas a las que nos vamos a enfrentar.

Pilar Jérico.

El coronavirus nos ha superado a todos. Nos enfrentamos a emociones incómodas, nos agobia el miedo, nos estremece escuchar a los sanitarios informando de las situaciones que viven, y no parece que las cosas vayan a mejorar en el corto plazo. Sin embargo, existe una verdad incuestionable: todo pasa. El coronavirus también. Como ha sucedido con otras pandemias o en otras situaciones difíciles que hemos vivido. Debemos afrontar el problema con una mentalidad positiva. Para eso necesitamos conocer las etapas y las emociones a las que nos vamos a enfrentar. Reconocerlas nos ayudará a afrontarlas de un modo más amable. A desarrollar una mentalidad positiva a pesar de las circunstancias. Esta posición nos permitirá entender que, en todo cambio, por difícil que sea, siempre existen oportunidades para seguir aprendiendo y avanzar como personas y como sociedad.

Las investigaciones en las que basé mi libro Héroes cotidianos sirven para entender de manera sencilla qué emociones vamos a vivir estos días. Las detallo en esta página en voz y con ejercicios prácticos.

1. Llamada: “Hay un virus en China”. Ese fue el comienzo. Toda llamada a la aventura puede ser de dos tipos, como dice paradójicamente la medicina tradicional china: llamada del cielo, cuando es algo deseado, o llamada del trueno, cuando no lo buscamos y rompe nuestros esquemas. El coronavirus pertenece a las llamadas del trueno para la mayor parte de los mortales. Pocos esperaban que sucediera.

2. Negación: “Esto no va a ocurrir aquí”. La negación es una fase habitual en casi todos los cambios no deseados. Se trata de la más difícil de asimilar. Nunca creemos que nos vaya a afectar a nosotros. Nos llenamos de excusas, como que China está muy lejos o que solo es una gripe más, y nos olvidamos de las evidencias: de que el mundo está globalizado, incluso hasta para las enfermedades, o que estas pueden resultar tan contagiosas que pueden colapsar el propio sistema. Durante el periodo de negación, cuando nos damos cuenta de que sí nos puede afectar, podemos desarrollar una variante: la ira o la rabia. Nos enfadamos con el sistema, con la falta de medidas que toman las autoridades, con los eventos deportivos, manifestaciones o reuniones que nos han expuesto al contagio. El enfado hay que pasarlo, tengamos razón o no. Si nos quedamos en esta fase, estamos perdidos, porque desaprovecharemos la oportunidad de aprendizaje que existe ante cualquier crisis.

H3. Miedo: “¿Qué nos va a pasar?” Esta es la emoción más profunda y paralizante que existe. Hay un miedo sano, que es la prudencia, que nos obliga a protegernos y a quedarnos en casa. Y existe otro, el miedo tóxico, que nos lleva a la histeria colectiva, a las compras compulsivas o a no dormir por las noches. El miedo es otra fase que tenemos que transitar rápidamente. Es inútil dejarse vencer por la emoción, que en muchas ocasiones llega a ser más contagiosa que la propia enfermedad. Posiblemente, porque nos daña profundamente y nos vacía de la posibilidad de afrontar la crisis desde la mentalidad positiva del cambio, el sentido común y la fuerza.

4. Travesía por el desierto: “Estoy triste y soy vulnerable”. Ya no hay miedo ni rabia, solo desazón y tristeza en estado puro. Estamos abatidos por las cifras de enfermos y fallecidos, conocemos personas afectadas o lo estamos nosotros mismos. Es un momento de aceptación pura de la realidad. En la crisis del coronavirus, la travesía por el desierto hay que afrontarla. La mentalidad positiva sin tocar el desierto es falsa y temporal (excepto para quien vive en el positivismo artificial constante o tiene problemas con la empatía, que no deja de ser negación). La buena noticia es que los desiertos también se abandonan. Nos podemos quedar atascados en la rabia o en la negación, pero la mayoría de las personas, tarde o temprano, conseguimos remontar la tristeza.

5. Nuevos hábitos y confianza. Una vez aceptada la realidad comienzan los nuevos hábitos y la confianza en nosotros mismos. Normalizamos la realidad. Si estamos recluidos, encontramos los aspectos positivos. Nos ofrecemos a ayudar a otros desde la serenidad y no desde el miedo; nos reímos de la situación y, lo más importante, nos abrimos al aprendizaje. Cuanto más nos esforcemos en ver qué aspectos quiere enseñarnos esta nueva crisis, más rápido podremos atravesar la curva del cambio.

6. Fin de la aventura. El coronavirus ha pasado y soy más fuerte. Esta crisis será historia, como todas. Vendrán otras, nuevos problemas, y eso significa que estamos vivos. Si hemos sido conscientes del proceso y hemos aprendido como personas y como sociedad, habrá valido la pena, a pesar de las numerosas pérdidas que hayamos tenido en el camino.

Las fases descritas no son lineales, pero sí progresivas. Es decir, podemos estar en el desierto y regresar por momentos a sentir rabia o miedo. Casi siempre sucede, pero no hay que sentirse culpable por ello. Cuanta más conciencia pongamos, más sinceros seamos con nosotros mismos, más rápido podremos atravesarlas y más capacidad tendremos para despertar el valor que cada uno de nosotros llevamos dentro. En la épica personal también hay espacio para el optimismo.

Fuente El País: https://elpais.com/elpais/2020/03/16/laboratorio_de_felicidad/1584365848_234280.html

El País: Los Boy Scouts de EE UU se declaran en quiebra tras enfrentarse a cientos de acusaciones de abusos sexuales

La organización de Boy Scouts de Estados Unidos, una de las mayores agrupaciones juveniles del país, se ha declarado este martes en quiebra, en un momento en el que se enfrenta a cientos de acusaciones de abusos sexuales en las últimas décadas y a una reducción drástica en el número de socios. La asociación espera así crear un fondo para compensar a las víctimas.

Con esta solicitud, presentada este martes en la corte de bancarrotas del distrito del Estado de Delaware, los Scouts paralizan momentáneamente esas demandas, aunque, en último término, podrían verse obligados a vender parte de sus propiedades, incluidos campamentos y zonas de senderismo, para reunir el dinero necesario para las compensaciones. Este fondo podría superar los mil millones de dólares (unos 920 millones de euros).

Se estima que desde los años cuarenta del siglo pasado, más de 7.800 personas relacionadas con la organización supuestamente abusaron de menores, según el testimonio ofrecido por Janet Warren, una colaboradora de los Scouts, durante un juicio el año pasado. Warren recibió el encargo de revisar un registro privado de personas acusadas de abusos o mala conducta, empleado por la organización para prevenir el reingreso de dichos individuos. En los documentos, pudo identificar a 12.254 víctimas.

La organización ha recibido cientos de reclamaciones después de que varios Estados, incluyendo Nueva York, eliminaran el año pasado las barreras legales de prescripción que impedían presentar demandas por casos antiguos de pederastia. Estos cambios legislativos coincidieron con el movimiento MeToo y una mayor concienciación social para apoyar a las víctimas, que resultaron en una ola de demandas contra líderes religiosos y escuelas por abusos a menores.

Los Boy Scouts han asegurado en un comunicado: "Podemos estar a la altura de nuestra responsabilidad social y moral para compensar justamente a las víctimas", a la vez que aseguran que llevarán a cabo su "misión de servir a los jóvenes, las familias y comunidades locales" a través de sus programas.

Paul Mones, que representa a cientos de hombres que alegan haber sufrido abusos de niños en la organización, critica que la quiebra se ha solicitado "como resultado de décadas de ocultación de los abusos por los Boy Scouts y sus líderes adultos".

La medida permitirá que la asociación acumule todas las demandas en un solo tribunal y puedan intentar negociar un acuerdo, en lugar de usar los fondos de la organización para enfrentar cada caso individualmente, lo que podría dejar a algunas víctimas sin nada. Una estrategia similar se ha utilizado para resolver demandas de abuso sexual por más de 20 diócesis católicas y la federación de gimnasia de Estados Unidos por los abusos de Larry Nassar, el exmédico del equipo olímpico.

Al celebrar el 110º aniversario de su constitución el pasado día 8, los Boy Scouts aseguraron que contaban con un pasivo de entre 100 millones y 500 millones de dólares y sus activos no llegaban a los 50.000.

La asociación juvenil, con sede en Irving (Texas) cuenta con cerca de 2,2 millones de miembros de entre 5 y 21 años. Aunque la organización central se declare en quiebra, los consejos locales seguirán con sus actividades. En los últimos años, la organización ya ha afrontado también diversas polémicas por la inclusión de gais y niñas.

Fuente El País: https://elpais.com/sociedad/2020/02/18/actualidad/1582008575_223435.html

EL PAÍS: 24 horas en la vida de la infancia – Rehacer la vida lejos de casa

Alix nació en Venezuela hace 11 años, pero lleva uno y medio viviendo en Perú. Su familia emigró para subsistir. Ya no tienen problemas para comer, pero su casa a las afueras de Lima no tiene agua corriente.

EL PAISAJE parece pintado en blanco y negro. Solo que el blanco es el perla de la panza de burra que cubre todo el cielo de Lima. El negro, el barro sobre el que se levantan sus casas desnudas, de ladrillo visto. El resto de colores que visten sus calles recorren de un extremo a otro bien la escala de grises, bien la de marrones. De pronto, algunas pinceladas verdes. Otras azules. Y en una de sus cuadras destaca un trazo rosa al que el polvo no deja lucir como se merece: la casa en la que viven Alix, de 11 años, y su familia en un distrito al norte de Lima. Llevan allí desde hace año y medio.

Este hogar tiene en su interior paredes color pistacho con un pedazo en blanco por aquí y una grieta por allá. En el dormitorio, un corazón grande a rotulador con el nombre de Juliana escrito dentro y, cerca de la puerta, el móvil a bolígrafo del técnico de telefonía. Su decoración es un calcetín navideño de tela, un globo deshinchado del día de la madre, una bandera de Perú pintada con lápices de colores y un espejo que muestra más rayones que reflejos. Bien cubierto todo de polvo. Un único espacio en el que la mitad más cercana a la puerta hace de recibidor, comedor y cocina. La otra mitad, salón y dormitorio. El resto se encuentra a la intemperie. Incluido el baño, un agujero en el suelo del patio cerca del cartel roto de una antigua cevichería.

En esta casa, el despertador suena antes de las seis de la mañana. Suena para el padrastro de Alix, que trabaja de albañil, y para su madre, enfermera en una residencia de ancianos a dos horas en transporte público de su casa. Hace un turno de 24 horas, así que una de cada dos noches duerme en el centro. Antes de marcharse, despierta a la mayor de sus dos hijas y, poco después, la alarma vuelve a sonar a las seis en punto, esta vez para Alix, que ya está espabilada. Se viste rápido, despierta a su hermana Juliana, de siete años, y le prepara pan con mermelada y un café. Ella apenas desayuna. Si le da tiempo, bebe un vaso de leche. Si no, sale de casa con el estómago vacío. Ya lo llenará cuando llegue al colegio con un pan de yuca y queso y un bote de leche que reparten allí cada mañana.

Alix destaca en su aula. Es la segunda más alta. Su piel es la más blanca. Su pelo castaño, el más claro. Como todos, viste un uniforme que se diría diseñado para mimetizar a los alumnos con el paisaje del barrio. Como si para la chaqueta hubieran elegido el color del rastro que deja el polvo sobre las lonas de los comercios. Para la falda de cuadros, el tono de tierra que cubre calles y aceras. Y con las zonas húmedas y más oscuras de ese limo parecen rematados los detalles. Marrón lleva el uniforme, pero para todo lo que no es uniforme, de mochila a pendientes, ha escogido el rosa. “Pero mi color favorito es el rojo porque está en la bandera de Venezuela”.

Perú se ha convertido en el segundo país, después de Colombia, que más refugiados venezolanos acoge. El 62% de ellos afirma sentirse discriminado

Alix nació y vivió hasta 2018 en el país sumido bajo el régimen de Nicolás Maduro. Su familia tuvo que emigrar para subsistir. Apenas les llegaba para comer, así que la madre de Alix emprendió sola camino a Perú. Tanteó el terreno, buscó casa, encontró trabajo. Seis meses después, viajó su marido con las niñas. “Nos empujó a irnos la situación económica. Entre lo que ganábamos mi esposo y yo no nos alcanzaba para comprar lo básico. El sueldo mínimo allá son 80.000 soberanos y un kilo de arroz cuesta 50.000. Las niñas veían lo que estaba pasando. Sabían que si almorzaban no tendrían para cenar. Y si cenábamos hoy, no sabíamos qué íbamos a desayunar mañana. Había carencia, pero ellas siempre comían, aunque fuera un plato de pasta. A lo mejor de cena hacíamos panquecas (tortitas), pero como teníamos poca harina salían solo dos. Una era para Alix y otra para Juliana”. Las dos hermanas siempre llenaban el estómago, aunque no se quedaran satisfechas. En su nueva vida en Perú han renunciado a muchas comodidades, pero al menos no pasan hambre.

Alix y Juliana son las dos únicas venezolanas en un colegio de 1.300 niños, un dato que no refleja la realidad. En Perú residen 728.000 ciudadanos de esta nacionalidad, según cifras de 2019 de la Superintendencia Nacional de Migraciones. Se ha convertido en el segundo país, después de Colombia, que más venezolanos acoge. El 62% de ellos afirma sentirse discriminado, según el último informe de la Agencia de la ONU para los Refugiados (Acnur). Alix no convive con ese rechazo, pero su madre sí lo ha sufrido. “La gente te ataca. Acá no, pero cuando sales hacia Lima te ofenden, te insultan. El otro día una señora me lanzó un botellón de agua y me gritó que me fuera a mi país”.

Para muchos niños el viaje supone sacrificar su educación, ya que más de la mitad no pueden inscribirse o concluir el año escolar. Y los que se escolarizan, sienten la presión de un sistema educativo más exigente. “En Venezuela el colegio era fácil. Acá me chocó porque ya están enseñando matemáticas”. Lo cuenta Alix sentada en una de las dos camas que tienen en casa. Las juntan y ahí duermen los cuatro. Como apenas tienen sillas, el colchón hace las veces de asiento. A su lado, su madre escucha y apunta que en su país no imparten esta asignatura hasta secundaria. Recuerdan que, al matricularse, Alix realizó una prueba de nivel. Por su edad, le correspondía entrar en 5º de primaria, pero sus conocimientos se quedaban en 4º. “De todas formas me dejaron entrar en 5º. El primer día fue el más nervioso de mi vida. Como mis compañeros son más morenos, me miraban la piel y a cada rato decían: ‘¡Ah! ¡Si está cruda!’. Me llamaban blancona, gringa. Todos venían a preguntarme, era fastidioso”. Con el tiempo, a sus compañeros les quedó la curiosidad satisfecha. Alix logró hacer amigos y equiparar sus conocimientos a los del resto de la clase.

De la escuela sale a las 12.45. Los días que su madre trabaja, se encarga de recogerlas la vecina de enfrente. A veces ella las invita a comer, si no, le toca a Alix cocinar. Su especialidad son los espaguetis con salsa de tomate, mayonesa y queso. Siempre que haya en la despensa tomate, mayonesa y queso. Y las niñas se sientan a la mesa, una superficie de madera estrecha colocada frente a la ventana. Encajonada entre la encimera, la mesa y el horno, come Alix. De rodillas sobre una silla de plástico blanco, Juliana le cuenta a su hermana que un compañero de clase le hace de rabiar. Las niñas pasan solas la mayoría de las tardes. Juegan. Duermen. Hacen los deberes. Ven la tele. A Alix le gusta pasar tiempo en su rincón favorito de la casa: una rampa de madera podrida a la que se sube para mirar por encima del muro del patio y contemplar desde ahí la vida del barrio. Los días que está su madre, aprovecha para conectarse a Facebook desde su teléfono. “Hablo con mis amigos de allá. No son muchos porque aún no los he encontrado. Les hablo de mí, de Perú. Ellos me explican cómo van allá, la situación… Lo que pasa en mi país es que el presidente no gobierna bien y no sabe manejar. Eso afecta al país y al pueblo”.

Cuando llega su padrastro, los cuatro cenan y ven la tele tumbados en la cama. A ella le gustan las películas de miedo y a veces se queda hasta tarde viendo alguna. Cuando se le caen los párpados, sueña. Imagina que regresa a Venezuela. Y allí se reencuentra con su familia y sus amigos. Suele ser un sueño feliz, dice. Pero, a veces, se convierte de pronto en una pesadilla.

Fuente EL PAÍS: https://elpais.com/elpais/2019/11/11/eps/1573484565_482522.amp.html?__twitter_impression=true 

Colombia: “El Ejército mató a nuestros hijos y nosotras cargamos con deudas millonarias”

Las madres de jóvenes víctimas de ejecuciones extrajudiciales de Soacha acumulan gastos en los cementerios. Piden que el Estado se encargue de los pagos.

El primero de octubre de 2008, Rubiela Giraldo, una humilde trabajadora de confección, recibió una llamada que le detuvo la vida. Desde el otro lado de la línea le informaban que su hijo, Diego Armando Marín, había sido asesinado por tropas del Ejército de Colombia y estaba sepultado muy lejos de Soacha, el lugar donde había desaparecido nueve meses atrás. Otras diez mujeres de esa misma localidad, cercana a Bogotá, recibieron llamadas similares. Ninguna se conocía, pero todas buscaban a sus hijos —muchachos de bajos recursos económicos— que habían recibido ofertas de trabajo por los mismos días.

Todas escucharon las mismas palabras que resultaban inverosímiles a sus oídos: que sus hijos habían muerto en combates con las fuerzas militares porque eran guerrilleros o miembros de bandas delincuenciales, una mentira que pronto se disipó y se convirtió en una de las mayores vergüenzas del Estado colombiano. Los muchachos habían sido reclutados con engaños y promesas falsas de trabajo, desaparecidos y posteriormente ejecutados por miembros del Ejército que, a cambio, recibían vacaciones y felicitaciones. El caso de estos jóvenes se llamó falsos positivos y fue solo el más conocido de los 2.248 casos que ocurrieron en todo el país durante los mandatos del expresidente Álvaro Uribe.

Once años después, Rubiela y varias de estas mujeres están preocupadas por otra llamada: las de los cementerios donde están los restos de sus hijos. “Ay mamita, ya me llamaron del cementerio y me dicen que debo 2,4 millones de pesos (cerca de 700 dólares). Eso me tiene pensativa, ¡cómo vamos a hacer para pagar toda esa plata!”, le dice Rubiela a Jaqueline Castillo, que también perdió a su hermano en las mismas circunstancias. Están en una encrucijada: mientras los casos se encuentren en investigación judicial los cuerpos de sus hijos son material de prueba y no pueden moverse ni incinerarse; pero el arrendamiento de ese espacio sigue generando cobros y ellas continúan sin saber qué institución del Estado debe pagar.

“El Ejército nos coge a nuestros hijos, nos destruye la vida y de sobremesa nos toca pagar deudas de millones”, explica Rubiela Giraldo a EL PAÍS. La norma en Colombia indica que un cadáver puede estar sepultado o en una bóveda durante cuatro años. Después de ese tiempo, si los familiares del muerto no son propietarios del lote deben decidir si los incineran o si los huesos se trasladan a un osario. Pero cuando se trata de muerte violenta, como el caso de los jóvenes de Soacha, la Fiscalía no permite que se haga la exhumación. Y ante ese entuerto, los cementerios les siguen cobrando alquiler a los deudos. “Como el lote no es mío y ya pasaron más de cuatro años he tenido que seguir pagando. Y como en algunos casos no se han hecho audiencias judiciales, entonces no podemos disponer de los resticos de nuestros hijos”, dice la señora.

Aunque los llamados falsos positivos son conocidos en todo el país, y hay soldados y oficiales que han confesado su participación en estos crímenes, la justicia avanza lenta y la muerte sigue facturando. Jaqueline Castillo cumple once años esperando justicia por el caso de su hermano, Jaime Castillo Peña, que desapareció el 11 de agosto de 2008 y apareció muerto dos días después en Ocaña, a 600 kilómetros de Bogotá. La fotografía de esta mujer desgarrada junto al cadáver de su hermano se convirtió en una de las imágenes más fuertes de las ejecuciones extrajudiciales. Hoy es una de las líderes de la Fundación Madres de Falsos Positivos de Soacha y Bogotá (MAFAPO), que se organizaron para exigir justicia.

“En el caso de mi hermano todavía no hay ni un acusado, por eso quién sabe cuánto más tiempo tendrá que estar en esa bóveda”, dice Jaqueline, cuya cuenta hace tres años ya rondaba los 3 millones de pesos. Junto a otras madres han expuesto la situación ante distintas entidades, incluso se reunieron con el vicepresidente del gobierno de Juan Manuel Santos, pero no obtuvieron ninguna solución. “No entiendo cómo el gobierno actual ofrece dinero de recompensa para capturar a un personaje como Jesús Santrich (excomandante de las Farc prófugo) y no tiene para ayudarnos a nosotras que hemos sido víctimas del Estado”, se queja.

Una herida abierta 

Mientras van dando puntadas a un tejido colectivo que hacen en la oficina de la fundación, las madres cuentan sus historias como si los asesinatos ocurrieran en el instante en que hablan. Beatriz Méndez tiene claro el momento en que supo de la muerte de Weimar Armando Castro Méndez y aunque no olvida detalle se acaba de tatuar el rostro de su hijo en un brazo. Ella también perdió a su sobrino, Edward Rincón Méndez y hoy tiene el mismo drama con las deudas que, en su caso llegan a los 12 millones de pesos, unos 4 mil dólares. “Ha pasado mucho tiempo y seguimos esperando para saber quién nos va a ayudar con esto”, dice Méndez que espera su turno para escuchar a los militares que darán su versión voluntaria ante la Jurisdicción Especial para la Paz, tribunal creado tras los acuerdos de paz con las Farc.

Varios expertos consultados por EL PAÍS sostienen que esta situación revictimiza a estas mujeres, que los cementerios actúan bajo la Ley y que de fondo el problema es cómo el Estado acompaña a las víctimas en el proceso posterior al homicidio de estos jóvenes. “No es culpa de la familia que la Fiscalía, por la naturaleza de la investigación, impida tocar el cuerpo. Recomiendo que hagan una solicitud formal a la Unidad de Víctimas y una adicional a la JEP, si es que sus casos se van a investigar ahí. No puede ser que, además de que son que son víctimas del Estado ahora les toque pagar, además, para preservar los cuerpos de sus hijos”, dijo Ginna Camacho, de Equitas, una organización forense que trabaja sobre desaparición forzada y protocolos de cementerios.

La Unidad para las Víctimas admitió que este gobierno no conocía el caso de forma oficial y que la Ley de Víctimas solo contempla ayuda para los servicios funerarios una vez ocurren los hechos. La subdirectora, Lorena Mesa, le dijo a EL PAÍS, que hay un principio de corresponsabilidad que obliga a la alcaldía de Bogotá y a la gobernación de Cundinamarca donde están sepultados, a ayudar a las víctimas. Pero las Madres de Soacha ya exploraron esa opción hace años y tampoco ocurrió nada. ¿Qué les queda entonces? “Nosotros podríamos intentar una articulación reuniendo a las entidades que podrían ser responsables con el tema, a ver si podemos buscar una solución. Podemos liderar una reunión con alcaldía”, dijo la funcionaria.

A la espera de esa reunión, las madres no solo confían en que una década después haya avances en la justicia, sino que dejen de recibir llamadas que las devuelvan a aquel momento en que perdieron a sus hijos.

Fuente EL PAIS - Catalina Oquendo: https://elpais.com/internacional/2019/09/09/colombia/1568046072_636782.html

La frustración y el enojo: la ruta para denunciar el abuso sexual en México

Cuatro mujeres relatan las dificultades para llevar ante la justicia sus casos de abuso sexual.  

Vía El País.

Amyra, Eloísa, Itxaro y Priscila no se conocen. Algunas se han visto una vez en la vida. Pueden haber coincidido en alguna manifestación. Sin embargo, están unidas por el hilo invisible de la violencia de género en México, un país donde el 66% de las mayores de 15 años ha sido víctima de violencia, según una encuesta de 2016 sobre relaciones en el hogar. La mayoría nunca denunció lo que le sucedió, algo similar a lo que sucede con el resto de delitos en un sistema de justicia que permite una alta impunidad. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el Inegi, afirma que el 64% de la población no confía en la policía y considera que el proceso de denuncia es una pérdida de tiempo.

Ellas cuatro forman parte del 10% que decide llevar la violencia de género ante la justicia. Denunciar en el país de América Latina con la mayor tasa de feminicidios, según Amnistía Internacional, puede ser largo, costoso, desgastante y decepcionante. El 93% de todos los delitos quedan sin resolverse. Incluidos los sexuales, cuya denuncia ha aumentado un 20% en lo que va de 2019, según el Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP).

Mientras la frustración y el agotamiento se acumulan por un sistema de justicia colapsado, la rabia y el enojo se condensan en las calles y dan paso a los gritos desgarrados, los cristales rotos y las paredes pintadas. El 3 de agosto una adolescente de 17 años aseguró haber sido violada por policías de la Ciudad de México cuando volvía a su casa de una fiesta. La fiscalía local afirmó que el ministerio público examinó a la joven cuatro días después de los hechos por lo que se perdieron las pruebas de la violación. La forma errática en que las autoridades han manejado el caso pone en duda la eficacia de la investigación.

Hace dos años, Amyra Lira tuvo una sensación similar cuando le dijeron que la carpeta de investigación donde estaba su caso de violación se había perdido por obras en el edificio. Ella había denunciado al que era su jefe, un importante director teatral, de haberla violado reiteradamente. Cuenta a EL PAÍS que pese a tener todas las pruebas a su favor, incluido el peritaje psicológico que certificaba que era víctima de violación, la justicia desestimó el caso. “No me imaginé que iba a ser tan duro contar tu testimonio a cinco personas distintas. Primero te recibe un funcionario del Ministerio Público, después pasas al peritaje psicológico, luego con la policía de investigación, después tienes que contarlo en la parte médica y luego otra vez con el Ministerio Público. Recuerdo que estuve más de seis horas denunciando”, dice Lira.

La directora de la organización Equis Justicia, Ana Pecova, considera que incluso con una denuncia las posibilidades que el caso llegue a un tribunal son muy bajas. “En violaciones, solo en el 11% de los casos se abre una carpeta de investigación y de esto, solo el 2.4% resulta en alguna sentencia”, explica. La abogada experta en género, Estefanía Vela, considera que el problema de fiscalías y autoridades de justicia es multifactorial. “No solo tenemos fiscalías machistas que revictimizan. Tenemos instituciones que se están cayendo a pedazos. Falta capacidad técnica y presupuestaria”, dice Vela, quien insiste en que, además de la vía penal, hay que buscar justicia en el derecho laboral, civil y administrativo para prevenir la discriminación. “La impunidad no solo tiene que ver con la incapacidad de las instituciones para responder, sino con la incapacidad de la ciudadanía para acercarse a las instituciones”, agrega Pecova.

Eloísa Farrera acudió con el departamento de recursos humanos del periódico en el que trabajaba para denunciar el acoso y hostigamiento que había sufrido por parte de su jefe durante tres años. “Cuando hice la primera queja avisaron a mi acosador y me regresaron a mi puesto sin protección”, explica la periodista. “Quise agotar la vía institucional para llegar a una solución, pero su investigación interna determinó que no había acoso”, agrega. Meses después y sin trabajar junto al hombre que la agredió, la empresa despidió a Eloísa, quien lleva dos años peleando su caso en la vía administrativa. “En un país en el que asesinan a nueve mujeres cada día, es clave que haya medios donde se haga periodismo incluyente, humano, sin sexismo, sin machismo y sin violencias”, dice Farrera.

Su señalamiento fue uno de tantos que se hicieron públicos mediante el movimiento #MeToo en marzo de 2019. Miles de acusaciones por abuso y acoso sexual explotaron en redes sociales y agitaron el mundo de la música, el cine, el periodismo, el arte y la literatura, exponiendo los diferentes tipos de violencia que viven las mujeres en el ámbito laboral y personal en México.

Itxaro Arteta también expuso a su acosador a través de las redes. Su intento de denuncia por la vía penal se frustró cuando en el ministerio público le explicaron que pese a que su acosador enviaba fotos íntimas suyas a su trabajo con insultos y calumnias, no era constituyente de delito porque no era una amenaza. “Cuando te dicen: ‘¿por qué no denuncias?’, pues porque no es cosa fácil denunciar. No tenía duda de que era él, pero no podía acusarle. Fue muy desgastante, mina tu estabilidad emocional y tu confianza”, responde Arteta.

Priscila Alvarado también recurrió a las redes sociales para señalar que el director académico de su universidad la había besado sin su consentimiento y la acosaba a través de redes sociales. Dos años antes había acudido a las autoridades de la institución, sin éxito. “No creí que dar la cara doliera tanto”, responde Alvarado a este periódico. “Cuando un hombre te toca, te besa y abusa de ti, hay muchas cosas que cambian en tu interior. Han intentado descalificarme con que tengo un problema mental o que yo lo provoqué y sí tengo miedo, pero estoy decidida a que las cosas tienen que ser diferentes por todas las chicas que vienen detrás”, responde Priscila. La joven denunció su caso a través de la vía de los derechos humanos y por la justicia civil.

Después de que archivaran el caso de Amyra el único recurso que le quedó fue “hacer denuncia social” como ella lo llama junto con otras 22 mujeres abusadas por el director teatral. “Me di cuenta de que todo el proceso por el que pasé para pedir justicia no fue suficiente y tuve una crisis muy fuerte de desconfianza en las autoridades”, explica. “Merecemos sanar y que la gente se entere de lo que me pasó me ha hecho sentir más fuerte. No creo que sea una víctima, soy una sobreviviente.

Fuente El País por Almudena Barragan: https://elpais.com/sociedad/2019/08/18/actualidad/1566161127_450051.html

El País: La justicia obliga a una madre a vacunar a sus hijos tras la demanda del padre

La Audiencia de Pontevedra prioriza el "Superior interés de los menores" ante la falta de aval científico de quienes se oponen a la inmunización.

Las posiciones de los detractores de las vacunas han recibido en Galicia un nuevo varapalo judicial. La Audiencia de Pontevedra ha obligado a una madre de Vigo a vacunar a sus hijos de 11 y 7 años tras la demanda presentada por el padre, partidario de que los niños reciban esta protección. El tribunal esgrime que, aunque la inmunización no es obligatoria en España, sus beneficios "son innegables" y en caso de conflicto prima el "Superior interés de los menores".

La falta de acuerdo de los progenitores de estos dos menores se produjo durante su proceso de divorcio. El padre, defendido por el letrado Guillermo Presa, solicitó ante los tribunales vacunar a los pequeños en junio de 2018 y el juzgado de primera instancia ya le dio la razón el pasado 20 de noviembre con el apoyo de la Fiscalía. Los magistrados confirman ahora aquella resolución tras el recurso que presentó la madre. En su auto, dictado el 22 de julio y adelantado este martes por el periódico Faro de Vigo, esgrimen que "no se discute el derecho de los progenitores a defender las creencias que estimen oportunas o el sistema de educación y vida de sus hijos que consideren más adecuado, pero siempre que no resulte perjudicial para los mismos".

Para fundamentar su decisión,  el tribunal cita diferentes documentos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), que considera que las vacunas son "seguras" y "una de las intervenciones sanitarias más exitosas y rentables conocidas". "No solo se ha acreditado desde el punto de vista médico que las vacunas causen perjuicio para la salud, sino que, por el contrario, la mayoría de los estudios científicos sobre la materia llevan a concluir que los beneficios de las vacunas son innegables tanto a nivel individual como poblacional", argumentan los magistrados.

En el fallo de primera instancia se afirmaba que las "reticencias" de la madre -que no se declaró antivacunas durante el proceso porque está a favor de algunas-, en cambio, "no están avaladas por datos científicos ni objetivos". "No puede quedar al arbitrio de uno de los progenitores decidir si desea vacunar a los hijos y en qué momento", añade la Audiencia de Pontevedra, quien también esgrime que la no vacunación de los menores puede dejarlos fuera de centros de enseñanza e instalaciones deportivas.

La vacunación será por primera vez obligatoria en Galicia este curso de las escuelas infantiles dependientes de la Xunta. El Gobierno gallego tomó esta decisión el pasado marzo después de que sus letrados concluyeran que, aunque la inmunización es voluntaria en España, "en este asunto es prioritaria la protección de la salud de los menores, tal y como reconoce el artículo 43 de la Constitución española". Según aquel informe jurídico, establecer el cumplimiento del calendario de vacunación como requisito para matricular a un pequeño en una escuela infantil "“no conculca de ninguna forma la libertad ideológica, religiosa o de culto de las familias” .

Con esta medida, Galicia se ha unido a Extremadura y Castilla y León, que exigen también que los alumnos de sus guarderías públicas estén vacunados. A principios de la década de 2000, sendas sentencias de los tribunales superiores de Cataluña y La Rioja ya avalaron la negativa de dos centros a aceptar el ingreso de unas niñas que no contaban con esta protección. Estos dos fallos fueron de hecho citados en la sentencia de primera instancia que obligó a la madre de Vigo a inmunizar a sus hijos (subrayado nuestro).

Fuente El País: https://elpais.com/sociedad/2019/08/27/actualidad/1566918743_373335.html

El País: Los niños huérfanos por feminicidios: las víctimas invisibles de la violencia en México

Más de 23.000 menores han perdido a su madre en la última década en el país latinoamericano

En la madrugada del 4 de junio de 2018, Karen Yunuen Ruíz Meza se calzó su ropa cómoda de oficina y salió a trabajar, como hacía cada lunes, dejando a su hija Keyla Aneliesse de dos años al cuidado de sus abuelos. “Nunca volvió”, cuenta su mamá, Flor Ángel Meza. La joven de 22 años fue encontrada tres días después, muerta por asfixia, en el patio de Edson R.E., su expareja y padre de la niña. Los abuelos tomaron enseguida a Aneliesse y dejaron la comunidad de Tizayuca, del Estado central de Hidalgo. A un año de la tragedia, con el padre de la pequeña prófuga, la familia aún vive escondida sin apoyo por parte del Gobierno.

Aneliesse es una de los miles de menores que han quedado huérfanos por la ola de feminicidios en México, un país donde 10 mujeres son asesinadas por día. Aunque la ley lo ordena, hasta la fecha no existe un registro público, ni una política federal de atención sistemática para garantizar su bienestar. Especialistas estiman que al menos 3.600 niños habrían quedado huérfanos en 2018 y más de 23.000 en la última década. Muchos de ellos no solo perdieron a sus madres a manos de sus padres o padrastros, sino que también fueron testigos del crimen. "Son las víctimas olvidadas de los feminicidios. Están en el desamparo", resume María de la Luz Estrada, coordinadora del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF).

“¿Todavía mamá no regresa de trabajar?”, preguntaba Aneliesse en las primeras semanas. “No sabíamos qué decir”, recuerda con pesar su abuela, quien ha pedido hacer la entrevista en un centro comercial ubicado a más de tres horas de donde ocurrió la tragedia. Allí la pequeña corre, sonrisa radiante, a zambullirse en la plaza de juegos entre toboganes, casitas de colores y tazas que danzan. Los abuelos dirán que ella siempre es así, “alegre”, pero saben que carga con un duelo no resuelto. “No tengo mamá, no tengo papá. Estoy sola. Ustedes son mis abuelos, no son mis papás”, les ha dicho la niña de tres años.

La familia recibió solo tres sesiones de terapia, asegura Meza, y luego la carpeta del caso se habría traspapelado por un cambio de personal. Aunque ellos no solo necesitan orientación psicológica, sino también asistencia alimentaria, médica y ayuda para tramitar la tutela de la niña. “Son muchas cosas, no sé por dónde empezar. Todos nos hacen caso omiso”, dice la abuela. Principalmente, a los abuelos les preocupa no poder cuidarla en el futuro. “Ya no somos jóvenes y no somos eternos”.

Nadine Gasman, titular del Instituto Nacional de Mujeres (Inmujeres), reconoce que la situación de los niños huérfanos es “un problema de emergencia nacional y urgente” en México e indica que el Gobierno federal hará un censo y diseñará una política nacional de atención integral —económica, psicosocial y educativa— desde una perspectiva de género. Para ello, una serie de mesas técnicas revisa en los 32 Estados desde junio quiénes son las víctimas colaterales de los feminicidios perpetrados en 2019.

Una estimación inicial indica que más de 3.300 niños quedaron en orfandad hasta mayo. El número surge de multiplicar los feminicidios y homicidios dolosos contra mujeres, 1.500 según el registro del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), por la tasa de natalidad, de 2.21 hijos por mujer según la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica (ENADID). Siguiendo esta lógica, el año pasado hubo más de 8.100 huérfanos. Algunas mujeres asesinadas no tenían hijos, pero otras tenían hasta cinco, por lo cual incluso estimaciones a la baja, de quienes cuentan un niño por mujer, dan más de 3.600 huérfanos en 2018.

“Lo más preocupante es que no sabemos con quién están, si reciben atención, si van a la escuela”, alerta la investigadora María Salguero, quien desde 2018 registra a los huérfanos en su Mapa de Feminicidios. La Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia ordena garantizarles servicios jurídicos, médicos y psicológicos como víctimas indirectas. Pero en la práctica la respuesta es desigual y deficiente en los distintos estados, coinciden los especialistas. Los menores quedan usualmente al cuidado de los abuelos, que deben conllevar solos el duelo y la crianza en una edad avanzada. Y muchas veces, en un contexto de extrema pobreza.

Hay contadas excepciones. La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) del Estado de México, la entidad vecina a la capital mexicana, ha dado programas integrales de asistencia a 270 niños huérfanos. La CEAV a nivel federal, a más de 180. Aunque esto es apenas una mínima fracción de las víctimas ya que las comisiones actúan en su jurisdicción y a petición de una instancia oficial o de la familia. Lo mismo ocurre con las procuradurías de Protección a los Niños.

Niños en el desamparo legal

“Nos quedamos solos con nuestra muerta, nuestro huérfano, nuestro dolor, y no pasa nada”, dice Sandra Soto, abogada que ha representado 100 quejas ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) por inacción gubernamental en casos de menores en orfandad por feminicidios. Soto se convirtió en activista luego de que su hermana fuera asesinada en enero de 2017, dejando un niño huérfano de tres años. Ella comenzó entonces el grupo en Facebook “Los machos nos matan en México”, que tiene 200.000 seguidores.

Soto advierte que usualmente la custodia no se tramita y los niños quedan en un “desamparo legal”, por lo que es necesario modificar la ley para facilitar el proceso a la familia materna. “¿Cómo creen que una abuela, una mujer mayor a quien le acaban de asesinar a su hija, puede tener la fuerza para andar caminando por las audiencias civiles?”.

La vulnerabilidad de los hijos huérfanos por feminicidios se acentúa en un contexto de impunidad y la violencia constante, en un país con 40.000 desaparecidos y 250.000 asesinatos en la última década, señala Juan Martín Pérez García, director de la Red por los Derechos de la Infancia (Redim). Hay una “incapacidad” del Estado para protegerlos, pese a las buenas intenciones de algunos funcionarios y trabajadores. El recorte del presupuesto en niñez del 16%, desde que comenzó el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador acentúa la crisis, indica.

La protección de los huérfanos de la violencia es así materia pendiente en México, como en gran parte de América Latina, la región más letal para las mujeres fuera de una zona de guerra. Si bien en hubo avances con la tipificación del delito de feminicidio, en la región queda pendiente combatir la impunidad y dar una protección integral a las víctimas indirectas, indica Gasman, quien dirigió la campaña ÚNETE contra la violencia de las Naciones Unidas en América Latina y el Caribe. Los países donde las ONGs llevan una estadística, como Argentina, Paraguay y Honduras, cuentan decenas de miles de niños huérfanos en la última década.

En México, más de 23.000 mujeres han sido asesinadas en los últimos diez años. Y la violencia va en aumento. El país alcanzó en mayo un preocupante récord de 10 mujeres víctimas de homicidios al día, de acuerdo con los registros de SESNSP. “Son miles y miles de niños a los que les han robado el futuro. De un momento a otro, les destruyeron su vida", dice Soto. Y luego, el Estado los ha dejado solos. “Siguen matándonos y siguen creciendo generaciones desamparadas”.

EL PESO DE LA IMPUNIDAD

Los niños huérfanos cargan con la pérdida violenta de su madre y también, en la mayoría de los casos, con el pesar de un crimen no resuelto. Ese es el temor de la familia de Nazaria Iraís Simón Aguilar, una maestra de bachilleres y taxista de 34 años que fue asesinada en septiembre de 2017, dejando un niño de 10 años, Jonathan.

Según la investigación, Iraís fue violada y asesinada por tres adolescentes cuando los llevaba en su taxi en las cercanías de San Jerónimo Tecuanipan, en el Estado de Puebla. Las pruebas de la escena del crimen se habrían perdido por errores de los peritos, dice la familia, ante lo cual los investigadores liberarían a uno de los detenidos para lograr una confesión. La Fiscalía de Puebla no respondió reiteradas consultas sobre este arreglo judicial.

“Ella siempre se desmoronó para sacar adelante a su pequeño, que está enfermito del corazón, tiene un soplo. Ahora nosotros hacemos lo mismo”, cuenta Marlen Simón, hermana de la víctima. Son una familia de maestros y granjeros de tradición, con escasos recursos. Siguen la causa sin descanso mientras cuidan a Jonathan, sin ningún apoyo gubernamental. Marlen siente que el desamparo del Estado se repite en forma indefinida. “Si no les importa nada, ni mi hermana, ni las otras muchas asesinadas, mucho menos les importa mi sobrino”.

Fuente El País: https://elpais.com/internacional/2019/08/08/mexico/1565299789_217540.html

EL PAÍS: Educar a los indígenas en su propia lengua

En América Latina, uno de cada 5 pueblos indígenas ha perdido su idioma nativo. La educación formal no está haciendo lo suficiente para detener esta pérdida.

Naciste en un país en el que se habla español. Casi todo lo que sabes lo aprendiste en este idioma. En tus recuerdos de niño, todas las voces se escuchan en tu lengua materna; con ella te contaron la historia de tus antepasados, que hoy le cuentas a tus hijos. ¿Imaginas que todas tus palabras desaparezcan, que cada día haya menos posibilidades de rescatarlas, que tu idioma y todos los saberes que con él se han transmitido queden en el olvido?

Es lo que le ha estado pasando a las lenguas de las comunidades indígenas.

La mitad de los idiomas que existen en todo el mundo se extinguirá durante este siglo, según diversos estudios. En América Latina, donde viven 42 millones de indígenas, uno de cada 5 pueblos indígenas ha perdido su lengua nativa en las últimas décadas. Diez factores contribuyen a la desaparición de las de sus lenguas maternas. Solo tres de ellos tienen que ver con procesos lingüísticos. El resto se asocia con condiciones socioeconómicas, como la pobreza y la exclusión:

Este es el Año Internacional de las Lenguas Indígenas. Y hoy, cuando se celebra el Día Internacional de los Pueblos indígenas, que se enfoca justamente en la necesidad de crear conciencia sobre la importancia de preservar sus lenguas, revisamos el papel que juega la educación formal en esta tarea.

Acceso a la educación

En Ecuador, México y Perú, la brecha de escolaridad entre niñas y niños indígenas y los no-indígenas prácticamente se ha cerrado. Y si bien en países como Brasil, Colombia o Costa Rica aún persisten diferencias importantes, la tendencia de las últimas décadas ha sido positiva. La escuela llega hoy a prácticamente toda la geografía indígena de la región, según el informe Latinoamérica indígena del siglo XXI, elaborado por el Banco Mundial.

Sin embargo, persisten disparidades importantes entre los entornos rurales y urbanos. En la mayoría de los países analizados, los niños indígenas que viven en las ciudades tienen más posibilidades de tener educación primaria. De hecho, esta es una de las razones por las que muchos miembros de estas comunidades migran a las urbes. Las brechas son mayores en la educación secundaria y terciaria en todos los países. En las zonas rurales es menos probable que un indígena se convierta en bachiller.

Una relación inversa

En el bullicio de las instituciones educativas de América Latina se escucha poco el sonido de los vocablos indígenas. Aunque no son sus lenguas maternas, tienen que hablar (y aprender) en español o en portugués, en el caso de Brasil. ¿Qué sucede con su lengua nativa una vez que los niños indígenas van a la escuela primaria, secundaria y luego a la universidad?

El nivel educativo guarda una relación en contravía con respecto a la retención de las lenguas indígenas, revela el informe: mientras más educación formal reciben las comunidades indígenas, menos posibilidades tienen de seguir hablando en su propia lengua:

• Menos del 32% de los indígenas que viven en los países analizados en el reporte sale de la escuela hablando en su lengua materna.
• Solo el 5% de los indígenas que completan el bachillerato habla su lengua nativa.
• Y apenas el 2% de los indígenas que culminan educación terciaria mantienen sus idiomas maternos.

“La calidad de la educación en la región en general es un reto, pero en el caso de los niños indígenas es una carrera contra el tiempo”, afirma German Freire, especialista en Desarrollo Social.

“Muchos estudios han mostrado que la relación inversa entre educación formal y retención de la lengua materna se extiende a otras áreas del conocimiento, como la agricultura, la etnobotánica o la medicina tradicional, por ejemplo. Por esto, la mala educación que reciben hoy los niños y niñas indígenas pone en riesgo su cultura, sin mejorar demasiado sus oportunidades laborales futuras”, agrega el experto, uno de los autores del informe Latinoamérica indígena del siglo XXI.

Es parte del legado de una negación al reconocimiento de los pueblos indígenas en la región hasta no hace mucho y de haber diseñado políticas educativas que promovieron solo conocimientos no indígenas en su enseñanza, según la CEPAL.

“En general, los sistemas educativos nacionales del siglo XX, hasta iniciados los años 90, negaron la existencia de otras culturas y lenguas en sus aulas, lo cual coadyuvó a tornar persistentes las diferencias con base en la etnia, el nivel socioeconómico y la condición de subalternización de los miembros de pueblos indígenas y poblaciones afrodescendientes”, señala el informe Educación Intercultural y Bilingüe y enfoque de interculturalidad en los sistemas educativos latinoamericanos, elaborado por la CEPAL. Ahora, apunta el informe, el desafío es justamente deshacer esa homogeneización.

Impulsar la educación bilingüe

Según Freire “hay abundante evidencia de que una educación intercultural y bilingüe, si se implementa correctamente, puede ofrecer herramientas a los niños indígenas para beneficiarse del Estado sin tener que renunciar a sus culturas e idiomas en el proceso”.

Aunque desde los años 60, la Educación Intercultural y Bilingüe (EIB) se ha propuesto como alternativa a la educación monolingüe, y desde entonces se considera como una política positiva, su implementación no ha sido sistemática.

Si bien es un derecho consagrado en algunas constituciones o leyes de educación de la mayor parte de la región y en acuerdos internacionales, el número de escuelas bilingües es aún limitado. También hay déficit de maestros bilingües con formación profesional. Por ejemplo:

• En Argentina, la Ley de educación incluye, desde 2006, la EIB, pero más del 90% de los niños indígenas que van a la escuela no reciben educación en su idioma materno.
• En Perú, donde la EIB está protegida por la Constitución desde hace 26 años, apenas el 38% de los niños indígenas ven clases en su idioma y menos de la mitad de los maestros que enseñan en esas aulas hablan el idioma en el que deben enseñar.
• En Brasil, más del 90% de los docentes de escuelas que contemplan la enseñanza bilingüe son indígenas, pero solo 13% de ellos tienen un título universitario.

En la década pasada, otros países como Ecuador y Bolivia avanzaron un poco más para garantizar una educación de calidad que pone las necesidades de las comunidades indígenas en el centro del debate educativo. En 2013, Bolivia adoptó un plan de estudio que contempla una relación más equitativa entre los conocimientos indígenas y no indígenas.

Hay que evaluar si estos esfuerzos contribuyen a la retención de las lenguas nativas y a la creación de sistemas educativos verdaderamente multiculturales y bilingües.

FUENTE Marjorie Delgado en EL PAIS: https://elpais.com/internacional/2019/08/09/america/1565365489_176050.html