"Su deber, en este caso, era enfrentar los cargos formulados por el Ministerio Público y refutarlos. Pero decidió eludir esta obligación moral. Ante la nación y antes sus propios partidarios. En su caso y circunstancia, el suicidio es un acto de confesión".
El Expresidente Alan García, cercado por las investigaciones y a punto de ser descubierto, eludió mediante el suicidio que se le aplicara una orden judicial de detención preliminar dictada contra él y otros involucrados de su entorno cercano en las pesquisas que se siguen por el más escandaloso caso de corrupción de los últimos tiempos en nuestro país, el asunto Odebrecht. Una acción tremenda y extrema, sin duda, la de atentar contra la propia vida, que no debe, sin embargo, desorientarnos ni hacernos perder la perspectiva objetiva de los hechos y el contexto en el cual sucedió.
Alan García ha sido objeto de una investigación larga y paciente en la cual ha contado con todas las garantías y privilegios que normalmente se niegan a los mortales comunes y corrientes en nuestro país. En tal sentido, el respeto a sus derechos como investigado, pues ni siquiera tenía la condición de procesado, fue impecable. La justicia no le tocó en absoluto a pesar de las reiteradas denuncias presentadas contra él por años, desde la época de su primer gobierno; mucho menos aún en la actualidad. Si algo caracterizó la acción de la justicia, en su caso, fue el actuar con guantes de seda. Con complicidad.
Solo la acumulación de indicios y pruebas en los últimos meses llevó al Ministerio Público, a través del fiscal encargado de la investigación, a plantear esta semana la medida de detención preliminar contra él y otros involucrados. Y fue un juez quien, luego de examinar la solicitud y las pruebas presentadas por el fiscal, aprobó y dictó la medida. No se trata, pues, del exabrupto de un individuo, de una vendetta o de una persecución política, sino de una medida tomada como resultado de una indagación debidamente llevada y controlada y aprobada por un juez especializado.
Alan García tenía la posibilidad plena de ejercer su derecho a la defensa y cuestionar la medida ante un tribunal, pero prefirió pegarse un tiro. Matarse. Escapar. Se puede opinar de muy distintas maneras sobre está reacción, pero nadie puede afirmar que fuera una acción racional y válida ante un procedimiento judicial regular y plenamente legal; mucho menos aún cuando sostenía que no le alcanzaba responsabilidad penal alguna. Su deber, en este caso, era enfrentar los cargos formulados por el Ministerio Público y refutarlos. Pero decidió eludir esta obligación moral ante la nación y ante sus propios partidarios. En su caso y circunstancia, el suicidio es un acto de confesión.
Por cierto, las redes de investigados y cómplices tejidas en torno a los numerosos casos de corrupción que se investigan actualmente no esperaron ni un minuto para aprovechar el suicidio de García y llevar agua a su propio molino. Pues de inmediato se pusieron a despotricar a diestra y siniestra contra los magistrados que investigan estos casos, a quienes se pusieron a responsabilizar arbitrariamente como si fueran los autores de la muerte del expresidente, quien habría sido la víctima, como ellos mismos, de una "campaña de odio".
Estos investigados por corrupción aprovechan para tratar de pasar a convertirse en víctimas de una supuesta conspiración de "magistrados odiadores". Los que por años han aprovechado de sus altos cargos y conexiones para lucrar y enriquecerse ilícitamente con los escasos recursos del erario y del país, ahora caen como sanguijuelas para obtener fruto y beneficio del suicidio de García. Y su interés no puede ser más explícito: se trata de paralizar, detener, neutralizar y desprestigiar la acción de la justicia anticorrupción en nuestro país.
Sólo así podrían salir limpios de polvo y paja, impunes por los latrocinios que cometieron. Quieren aprovechar ahora mismo el impacto emocional que puede tener en los sectrores más incautos el suicidio del expresidente para salirse ellos con la suya. Por eso le pusieron el acelerador a fondo a esta campaña, que ya viene desde antes, desde el mismo momento en que se conoció la decisión trágica de García. Y precisamente uno de sus primeros esfuerzos fue el intentar detener y abortar la diligencia de allanamiento que se desarrollaba en la vivienda del investigado con el argumento de su fallecimiento.
Sin duda, la acción penal contra Alan García se declarará extinguida en su momento debido a su deceso. Pero cosa muy distinta es tratar por todos los medios y de manera express de abortar una diligencia investigativa sobre un caso complejo que involucra a muchos otros investigados. La justicia tiene la obligación de identificar e incautar toda documentación relacionada con los casos graves que tiene bajo investigación en una diligencia en marcha. La extinción de la acción penal se declarará de acuerdo al procedimiento y en el momento oportuno.
Lo peor que podría ocurrir para nuestro país es que estos sectores coaligados de la corrupción pudiesen tener éxito en aprovechar un golpe emotivo como el suicidio del expresidente para imponer su agenda de impunidad. Por eso debemos defender, hoy más que nunca y con mayor decisión, la actuación de los magistrados, sean jueces o fiscales, que en los últimos años han logrado, por primera vez en mucho tiempo, poner a la defensiva y en el desconcierto a esos sectores, obligándolos a responder por sus delitos de corrupción.
El cáncer que devora al país se llama corrupción. No lo olvidemos nunca. No perdamos jamás de vista esta realidad. No permitamos que el luto interesado que ahora visten esas lloronas de viernes santo, que son los cómplices y los defensores a sueldo de los involucrados, nos desoriente y confunda a la opinión pública. La justicia anticorrupción debe proseguir y profundizar sus investigaciones sin interrupción ni vacilación, y sin dejarse impresionar por la campaña de desprestigio que han desatado histéricamente contra ella.
Artículo de opinión de Ronald Gamarra Herrera publicado en Hildebrandt en sus trece el viernes 19 de abril de 2019.
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