Corte Constitucional ampara derecho a la información en caso de investigación periodística sobre presuntos abusos sexuales de menores

Bogotá, 03 de marzo de 2020

La Sala Primera de Revisión de la Corte Constitucional ordenó a la Arquidiócesis de Medellín que garantice el acceso a la información solicitada por el periodista Juan Pablo Barrientos, en relación al derecho de petición del periodista solicitando datos de 43 sacerdotes.

La Corte encontró que la información solicitada era de naturaleza semiprivada, que el acceso a esta implicaba una afectación leve al derecho a la intimidad de los sacerdotes y que negar el acceso a dichos datos implicaba una afectación grave al derecho a la información del periodista, en un asunto de relevancia social, relacionada a corroborar indicios acerca de la posible existencia de una red de pederastia y abuso sexual de menores en la ciudad de Medellín. Negar el acceso a la información solicitada podría impedir que el producto periodístico que se llegare a publicar fuese objetiva y transparente.

En el caso resuelto por la Sentencia T-091 de 2020, la Sala analizó dos casos acumulados. En ellos valoró si era procedente el acceso a la información que el periodista Juan Pablo Barrientos Hoyos había solicitado de las organizaciones religiosas Pía Sociedad Salesiana Inspectoría San Luis Beltrán de Medellín y la Arquidiócesis de Medellín en relación con datos de 43 sacerdotes de estas congregaciones, relativos a su trayectoria y relación con la organización religiosa; denuncias formuladas en su contra y medidas adoptadas e información de las organizaciones religiosas o de sus representantes. El periodista formuló esta solicitud en el marco de una investigación sobre presuntos abusos sexuales de menores en la ciudad Medellín.

Para la Sala Primera de Revisión de la Corte Constitucional, en principio, el acceso a la información personal reservada, privada o semiprivada está restringida a su titular. Sin embargo, por lo menos en lo que concierne a la información semiprivada esta regla no es absoluta. Si la protección de otros derechos fundamentales que se obtiene mediante el acceso a la información semiprivada justifica las limitaciones relativas al derecho a la intimidad, tal acceso estaría constitucionalmente ordenado.

Corte Constitucional ordena a la iglesia entregar archivos sobre pederastia a periodista.
El Espectador

La Arquidiócesis de Medellín tendrá que entregar información sobre los antecedentes de 43 sacerdotes pedida por el periodista Juan Pablo Barrientos. El alto tribunal señaló que esta información era de carácter semiprivada y que primaba el derecho a la información frente a la privacidad de los miembros del clero.

Una nueva victoria judicial tuvo el periodista Juan Pablo Barrientos, reconocido por sus investigaciones sobre actos de pederastia cometidos por miembros de la iglesia católica colombiana y por su libro "Dejad que los niños vengan a mi". En esta ocasión, la Corte Constitucional le dio la razón frente a la solicitud de los antecedentes de 43 sacerdotes que hacían parte de la Arquidiócesis de Medellín. Por eso, el alto tribunal le ordenó a esta comunidad que entregue estos datos solicitados por el comunicador.

El proceso en cuestión comenzó en mayo pasado, cuando Barrientos le solicitó a la Arquidiócesis de Medellín y a la organización Pía Sociedad Salesiana Inspectoría San Luis Beltrán de Medellín los datos de 43 sacerdotes de ambas congregaciones. Entre la información pedida estaba su trayectoria y relación con la organización religiosa, denuncias formuladas en su contra y relación con la organización religiosa, e información de las organizaciones religiosas y de sus representantes. Esta información fue negada por ambas comunidades bajo el argumento de que era de carácter privado y que solo podía accederse a ella con el permiso de los involucrados.

Ante la negativa, el periodista presentó dos tutelas en contra de las congregaciones para que entregaran la información solicitada. En primera instancia la justicia le dio la razón al periodista, que aseguraba que dicha información, a pesar de su carácter privado, era de interés público. Sin embargo, la Arquidiócesis de Medellín no aceptó el fallo y lo impugnó. Por esta razón, el caso llegó a revisión de la Corte Constitucional.

La Sala Primera de Revisión del alto tribunal le dio la razón a Barrientos. "En principio el acceso a la información personal reservada, privada o semiprivada está restringida a su titular. Sin embargo, por lo menos en lo que concierne a la información semiprivada, esta regla no es absoluta. Si la protección de otros derechos fundamentales que se obtiene mediante el acceso a la información semiprivada justifica las limitaciones correlativas al derecho a la intimidad, tal acceso estaría constitucionalmente ordenado", señaló la Corte Constitucional en su decisión.

Además, la organización dedicada al estudio del comportamiento de la justicia señaló que, al ser una información de interés público, periodistas y ciudadanía común tenían derecho a acceder a este tipo de datos. “nuestra intervención busca que la Corte Constitucional proteja la doble dimensión -individual y colectiva- de la libertad de información y garantice el acceso a esta”, señaló en su concepto Dejusticia.

Fuente Corte Constitucional de Colombia y El Espectador.

Opinión: "El primer condenado en el Caso Sodalicio"

El primer condenado en el Caso Sodalicio

El Poder Judicial acaba de emitir la primera sentencia del caso Sodalicio. Y no es una decisión de condena para alguno de los denunciados por violencia sexual de menores, adolescentes y jóvenes; no es una sanción para alguno de los muchos querellados por abuso físico, moral y psicológico; mucho menos aún es una condena contra alguno de los numerosos fundadores y líderes de esta entidad que cobijaba a abusadores sistemáticos con le pretexto de la "formación religiosa". No, el primer escarmentado por la justicia es el periodista Pedro Salinas, el mismo que denunció a esta organización de la manera más documentada y contundente.

A Salinas lo condenan a un año de prisión suspendida y a pagarle 80 mil soles de indemnización a su ilustrísima, el señor arzobispo de Piura, don José Antonio Eguren, uno de los conspicuos fundadores del Sodalicio, quién se sintió difamado y agraviado en su honor por las referencias que el periodista necesariamente tuvo que hacer en su investigación de los hechos hacia el rol que él cumplió como miembro de la generación fundadora de esa organización, tan cercano a Figari, Doig y otros innombrables a quienes esa misma justicia encuentra tan difícil investigar y procesar.

Sanción penal para el periodista por hacer su trabajo. Un trabajo de calidad, arriesgado, enfrentando a una organización que ha demostrado enorme capacidad de hacer daño, una corporación que dispone dr grandes relaciones y tentáculos al más alto nivel, lo cual explica que hasta ahora no haya castigos contra sus dirigentes ni disposiciones efectivas de intervención contra ella y sus millonarios intereses. Vamos, si no fuera por la investigación objetiva y detallada de Salinas, unida ciertamente a otros esfuerzos que no debemos olvidar, el Sodalicio seguiría gozando y ejerciendo el poder que llegó a acumular en la Iglesia Católica, del cual era parte el aezobispo Eguren.

Y, además el periodista le tiene que pagar harta a su eminencia el arzobispo Eguren. Nada menos que 80 mil soles, unos 25 mil dólares que a cualquiera le caen bien. ¿Cuánto gana un periodista? Salinas, en buena cuenta, es condenado a trabajar para pagar el por el supuesto "honor mancillado" de un fundador del Sodalicio. Y esto se dispone en un Poder Judicial que ordena sin ruborizarse, un día sí y el otro también, el pago de sumas irrisorias a otras verdaderas víctimas que si merecen reparación como es debido. Yo he visto sentencias que establecen reparaciones civiles de 300 soles para niñas víctimas de violación. ¿Para el arzobispo?, ¡Ochenta mil soles!

Es el mundo al revés en el cual vive la administración de justicia en nuestro país. Después de tantos años de denuncia de los abusos cometidos por esta organización fundada por gente de ideas e intenciones tan perversas como Figari y Doig , como lo demuestran decenas y decenas de testimonios ya recogidos, inclusive por una comisión investigadora nombrada en su momento por el propio Sodalicio, el Poder Judicial nos sale con este parto de los montes, esta aberración lógica y jurídica. ¿Y la justicia para las víctimas? ¿Dónde está la justicia que las víctimas vienen reclamando sin resultado? No se oye, padre.

La sentencia contra el periodista Pedro Salinas la emite una jueza de Piura, feligresa de la Diócesis del arzobispo demandante y, según lo demuestran algunas fotos., religiosa tan devota y fiel de su particular credo al extremo de exhibir imágenes religiosas en su propio despacho de jueza. Otra vez, el mundo al revés: la justicia con declarado signo religioso. La jueza no tiene ni la menor idea de que el Perú es un Estado laico, donde la justicia también tiene que serlo necesariamente, tan to en su esencia como en sus apariencias y ornamentos. La jueza no parece actuar como magistrada sino como devota. Y eso no es admisible.

Pero lo más llamativo es el despliegue de poder que el arzobispo José Antonio Eguren ha hecho en este caso contra Pedro Salinas y también contra la periodista Paola Ugaz, cuyo caso también está bajo la misma jurisdicción y pendiente de trámite y sentencia. Eguren logró imponer que el caso se viera en su propio territorio, en su cancha, y que la causa sea dirigida y decidida por la gente que él conoce e indudablemente influye como líder religioso, a pesar de que los demandados residen en Lima. Esto no es regular. Pero sí es efectivo, como se puede ver, para ganar un juicio. Y para devolverle el golpe con el auxilio de la ley al periodista que lo puso en evidencia.

En vez de dar explicaciones sobre su relación con el Sodalicio y sus fundadores, en vez de responder sobre ciertas acusaciones puntuales que pesan sobre él, en vez de declarar sobre su indudable conocimiento de las interioridades de esa organización religiosa, a cuya influencia  en la Iglesia Católica bajo la época nefasta del cardenal Juan Luis Cipriani le debe su báculo, el arzobispo José Antonio Eguren se da el lujo de lograr hacer que condenen a prisión y al pago de una cuantiosa indemnización a su favor precisamente al periodista que destapó sin miramientos la excrecencia que era y es el Sodalicio.

Esperamos que el propio Poder Judicial, a través de la Corte Superior de Piura, corrija esta sentencia absurda perpetrada por uno de sus magistrados. De lo contrario, quedará muy claro que la libertad de prensa en el Perú está en situación  crítica por culpa de las decisiones judiciales, como esta, en casos de opinión periodística. Hace mucho tiempo que los corruptos y los sinvergüenzas de todo tipo se valen de los juzgados para intimidar y poner cortapisas a la labor de quienes los denuncian. Sin embargo, lo que no tiene arreglo para la imagen del Poder Judicial es que la primera sentencia que emitió en el caso Sodalicio fue precisamente para matar al mensajero y no condenar a los culpables.

Artículo de opinión de Ronald Gamarra Herrera publicado en Hildebrandt en sus trece el día viernes 12 de abril de 2019.

Fuente: http://www.hildebrandtensustrece.com/

RFI: El Vaticano frente a los escándalos de pederastia

La iglesia española y francesa han anunciado que crearán comisiones reservadas para esclarecer los casos de pederastia. En Estados Unidos hay abierta una investigación federal a partir de un informe publicado este verano que implicaba a 300 sacerdotes. En Australia, el primer ministro Scott Morrison ha pedido perdón a las víctimas de abusos y en Chile ha sido el propio Vaticano quien ha destituído a sacerdotes. Parece que la igledia tiene una lacra con los casos de pederastia y lo analizamos en Primera Plana en Radio Francia Internacional (RFI), con las siguientes invitadas:

- Marie Malzac, periodista del Católico La Croix.
- Laurie Fachaux, periodista de TV5 Monde y excorresponsal en Santiago de Chile de France 24.
- Francis Salas, Doctorante Escuela Altos Estudios CC. Sociales de París y Especialista Iglesia Católica en Chile. 

La sucesión de revelaciones sobre casos de abusos sexuales en el interior de la Iglesia Católica ha colocado a la institución ante su crisis más grave en las últimas décadas. ¿Es el mayor quebradero de cabeza para el Papa Francisco?.

El papa Francisco,  empeñado en limpiar la imagen de la Iglesia con una política de mano dura contra la pederastia, ha convocado para febrero una cumbre con los presidentes de las conferencias episcopales de todo el mundo donde abordará el problema. ¿Hasta ahora la transparencia en su Pontificado ha sido limitada? ¿Qué podría salir de esa cumbre?.

 

 Fuente Radio Francia Internacional - RFI Español: http://es.rfi.fr/general/20181109-el-vaticano-frente-los-escandalos-de-pederastia

De Belaunde: "El Estado es cómplice de los abusos sexuales"

"La Iglesia se ha comprometido a entregar toda la información a la Comisión Investigadora".

El Congresista independiente, Alberto De Belaunde, planteará que se conforme una Comisión de la Verdad de los abusos sexuales sucedidos en el país.

¿Cuánto han avanzado en la Comisión de abusos sexuales a menores que usted preside?

ADB: Es difícil medirlo porque es como una caverna oscura en la que uno va entrando y son tantos años de silencio e impunidad, que cada vez encontramos nuevos descubrimientos. Nuestro rol central es transmitirle a la sociedad cual es el estado  actual de la problemática en relación al rol del Estado en cuatro puntos: prevención, mecanismos de denuncia, el castigo y el de la reparación de las víctimas; no solo en el aspecto económico, sino también de acompañamiento en temas de salud mental y psicológica. Lo que hemos encontrado es que el Estado, ahora mismo, no está en capacidad para atender ninguno de estos cuatro puntos. Y lo peor, es que ni siquiera somos capaces de utilizar la información con la cuenta el propio Estado; por ejemplo, solicitamos información a distintas dependencias y nos la dan, pero previamente procesada y eso no refleja necesariamente la realidad. Hemos trabajado tres casos emblemáticos, el caso del colegio De Cárdenas, el caso Sodalicio y el caso y el caso Condorcanqui en Amazonas.

¿Han encontrado apoyo por parte de las instituciones involucradas?

ADB: Hay colaboración, pero no hay una conciencia de cómo enfrentar este problema. Creo que en general en el país es tan doloroso, que lo que hemos hechos es ignorarlo y es lo peor que podemos hacer. Los políticos nos centramos en el castigo y no en la prevención, pero para la gente común, no quieren que sus hijos pasen por una situación tan terrible como esa.

Uno de los momentos más duros en la Comisión, es no solo ser consciente y testigo del abuso que sufrieron estos chicos y chicas cuando eran menores de edad, sino el daño que los ha acompañado durante toda su vida; y además, el nuevo daño que les causa el Estado cuando ellos deciden denunciar lo que sufrieron y no son escuchados. El Estado peruano revictimiza a las personas que buscan justicia. Mire lo que pasa, el otro día un muchacho víctima de abuso del colegio Héctor de Cárdenas, lo citan en Medicina Legal y a la misma hora citan al que fue su abusador y se encuentran  cara a cara en una sala de espera. ¡Qué nivel de insensibilidad e indolencia podemos tener!.

Entiendo que hay dos vertientes en la investigación de la Comisión; uno el que aborda los casos de abusos sexuales en la Iglesia y el otro en el caso de las niñas Awajún en Amazonas, que fueron abusadas por sus propios profesores.

ADB: Lo que voy a decir es duro. En el caso de las niñas Awajún fueron abusadas por sus profesores y por la ausencia del Estado. El Estado es un victimario y cómplice de esto y tiene que responder, desde el momento en que se envía a estas personas, que no deberían estar en el magisterio, cuando no se les puede reemplazar porque la UGEL de la zona no tiene partida presupuestal para eso, con lo cual afecta a toda la comunidad educativa. Es espantoso.

Y eso no es todo, si alguna de estas personas abusadas deciden denunciar, tienen que ir hasta Santa María de Nieva que está a un día de viaje en vehículos que ellos tienen que financiar. En toda la provincia de Condorcanqui hay solo 12 policías, es decir 7 por turno; y no tienen ni un solo vehículo asignado. Encima hay la barrera idiomática, porque los operadores de justicia no hablan awajún. Sin contar que un juicio de estas características puede tomar cinco años.

¿Cuántos casos han encontrado? 

ADB: El número es alto, pero preferiría no adelantar cifras porque nos falta aún visitar algunas otras provincias de Amazonas. 
Pero otra cosa que es importante, es que cuando salen estos casos, las instituciones se preocupan más por la imagen institucional antes que preocuparse por las víctimas y esto tiene que cambiar.

¿El informe final identificará culpables?

ADB: Nuestro informe será sui generis, porque a diferencia de los informes de las diferentes comisiones que acusan gente, y que también estableceremos responsabilidades puntuales, lo que queremos es hacer una radiografía, un espejo, donde lo que vamos a ver nos va a doler, pero es absolutamente necesario, y esto va marcar un antes y un después, no sólo de cómo el Estado va a tratar  estos temas, sino cómo la sociedad debe tratarlos.

La otra vertiente es la que trata los abusos al interior de la Iglesia Católica; y aqui en Arequipa, que es un bastión del Sodalicio, ¿Se ha presentado nuevos casos?

ADB: Estamos investigando, no quiero adelantar, pero creo que hay una imagen clara de lo que ha sucedido en la Iglesia Católica a nivel mundial, y que no han sabido diferenciar a estos malos elementos, de los miles de respetables sacerdotes y creyentes en la fe religiosa. El denunciar y buscar justicia respecto de elementos que abusan en cualquier religión, no pone en riesgo ni amenaza a la religión en sí misma; por el contrario, creo que toda persona  comprometida en un credo, debe ser la primera en exigir que aquellos que han abusado paguen sus culpas. Yo veo con mucha esperanza el proceso de cambio que ha iniciado el papa Francisco, que no es fácil.

¿Hay colaboración de la Iglesia para identificar los casos de abusos sexuales?

ADB: Están colaborando y hemos pedido información a todos los obispos del Perú; el lunes  me voy a reunir con el presidente de la Conferencia Episcopal y allí estableceremos cómo nos entregaran la información y confío que lo hagan. No es nuestra intención iniciar una "cacería de brujas", sino comprender qué ha pasado para que no siga pasando en el futuro.

Y me adelanto para plantear una recomendación al Ejecutivo, y será que conformen una Comisión nacional de Investigación sobre estos casos de abusos sexuales a niños, como la Comisión de la Verdad, para que se haga justicia y no volvamos a repetir estas terribles experiencias y que las víctimas sean escuchadas.

Fuente Diario Correo de Arequipa: https://diariocorreo.pe/edicion/arequipa/?ref=menu_edi

Primer Ministro de Australia: "A los niños a los que fallamos, lo sentimos"

"Yo les creo, nosotros les creemos, su país les cree", así concluye Scott Morrison, Primer Ministro de Australia, la disculpa nacional a las víctimas de los abusos sexuales.
Vía El País.

Es infrecuente que un primer ministro pida disculpas en nombre de todo un país. En la historia de Australia solo ha ocurrido dos veces, y la segunda la ha pronunciado este lunes Scott Morrinson, el actual mandatario del país oceánico. Morrinson ha dirigido un mensaje a la nación para pedir perdón a las víctimas del abuso sexual y a sus familias. La disculpa institucional llega después de una investigación de cinco años que sacó a la luz más de 8.000 casos ocurridos, en su mayoría, en centros infantiles regidos por religiosos o por el Estado.

"Hoy, como nación, hacemos frente a nuestro fracaso por no haber escuchado, creído ni ofrecido justicia, lamentó Morrinson en la capital del país, Canberra, ante 800 víctimas y familiares, algunos de los cuales rompieron a llorar durante su discurso. "Pedimos perdón. A los niños a los que fallamos: perdón. A los padres cuya confianza quedó traicionada y que han luchado para reparar el daño: perdón", enfatizó el dirigente.

En 2008 el primer ministro de entonces, Kevin Rudd, pronunció otro discurso de perdón nacional. Entonces fue a los indígenas australianos, por las políticas de asimilación que arrancaron de sus familias a bebés aborígenes para entregarlos a padres blancos.

El primer ministro Morrinson se ha comprometido a mejorar la vigilancia para evitar futuros casos, pero eso no ha acallado las críticas de algunas víctimas. Es el caso de Tony Wardley, que sufrió abusos en los años 80: "Si piensan que pidiendo perdón el problema va a acabarse, no es así. Queda mucho por hacer", ha declarado a una cadena de televisión.

"Ha sido algo muy intenso, mucho, estar presente en la sala", confiesa Graeme, otra de las víctimas. "Miré a mi alrededor y pensé para mi: no hay otro lugar con más gente fuerte en todo el país". "Me siento orgulloso de ser una víctima y de todas las víctimas", ha añadido.

El Estado australiano ha indemnizado a algunas víctimas con hasta 92.000 euros. El Gobierno, en manos de conservadores, no ha decidido aún si adoptará algunas medidas que emanan de la investigación, como la de exigir a los curas católicos que informen de los casos de abusos que escuchen en confesión. La conferencia episcopal australiana  declaró el pasado junio que no cumplirá esa legislación estatal en caso de aprobarse.

Notas relacionadas:
- Australia: 4,400 menores sufrieron abusos sexuales por parte de curas católicos.
- Australia ¿Se debe obligar a los curas a denunciar los abusos revelados en confesión? 
Fuente El País: https://elpais.com/sociedad/2018/10/22/actualidad/1540195869_271905.html

El País: Más de 300 sacerdotes acusados de abuso sexual en Pensilvania

Un exhaustivo informe del gran jurado estatal identifica a más de 1,000 víctimas infantiles

Un terremoto eclesiástico sacude Pensilvania. Un brital informe del gran jurado ha revelado este martes que más de 300 sacerdotes abusaron de niñas y niños durante las últimas siete décadas. Esta investigación, que logró identificar a más de 1.000 víctimas infantiles, es la má exhaustiva que se ha llevado a cabo sobre el abuso sexual de la Iglesia Católica en Estados Unidos. El fiscal general del Estado, Josh Shapiro, entregó los escabrosos detalles del documento, donde se concluye un "encubrimiento sistemático por parte de altos funcionarios de la iglesia en Pensilvania y en el Vaticano".

Los sacerdotes que estaban al tanto de la situación decidieron proteger a la iglesia y a los abusadores, antes que a las víctimas: "Lo principal no era ayudar a los niños, sino evitar el escándalo", dijo Shapiro en una rueda de prensa. Como consecuencia del encubrimiento, "casi todos los casos de abuso que encontramos son demasiado viejos para ser enjuiciados", aclaran los investigadores en el informe. Y aunque consiguieron identificar a más de mil víctimas infantiles, remarcan que el número real -entre los casos que se perdieron y los de los niños que no se atrevieron a acusar- es "miles".  

El documento de casi 1.400 páginas publicado por la Corte Suprema de Pensilvania describe el comportamiento de los sacerdotes pedrastras de seis de las ocho diócesis del Estado, entre las que se encuentran Harrisburg, Pittsburg, Allentown, Scranton, Erie y Greensburg. La mayoría de las víctimas eran adolescentes y preadolescentes: "Algunos fueron manipulados con alcohol o pornografía. A algunos les hicieron masturbar a sus agresores, o fueron manoseados por ellos. Algunos fueron violados oralmente, algunos vaginalmente, algunos analmente", denuncia el texto.

La investigación acusa a los líderes de la iglesia de desalentar a las víctimas de denunciar los crímenes. "Varios administradores diocesanos, incluidos los obispos, a menudo disuadieron a las víctimas de denunciar abusos a la policía, presionaron a las fuerzas del orden público para que cancelaran o evitaran una investigación o llevaron a cabo su propia investigación deficiente y sesgada sin informar los crímenes contra los niños a las autoridades correspondientes", reza el documento.

El fiscal Shapiro narró algunos detalles de los abusadores, como que le entregaban cruces de oro a los niños abusados para distinguirlos de los otros. También contó el caso de una niña que fue violada por un sacerdote y que quedó embarazada. Shapiro leyó una nota donde un religioso mostraba su empatía y compasión por la situación que estaba viviendo. La carta estaba dirigida al violador, no a la víctima. La red de protección entre los religiosos queda de manifiesto en una serie de historias que describe el documento. En la diócesis de Erie, por ejemplo, un sacerdote le confiesa al obispo que violó al menos 15 niños, uno de ellos de siete años. El líder reliogoso lo felicita por ser una persona "sincera" y por lograr "avanzar en su adicción".

La publicación sale a la luz semanas después de que Theodore McCarrick, un exarzobispo de Washington de 88 años, renunciara como cardenal. La destacada figura en la iglesia estadounidense presentó su dimisión al Papa Francisco después de que se le acusara de abusar sexualmente de niños y adultos desde el inicio de su vida religosa, hace medio siglo atrás.

Uno de los casos más sonados de abuso sexual dentro de la Iglesia Católica de Estados Unidos tuvo lugar en Boston. En el año 2002, el periódico The Boston Glove publicó una investigación donde aparecían 87 sacerdotes pedrastras en los últimos 30 años. El reportaje, que inspiró la película ganadora del Oscar Spotlight, también develaba cómo las altas esferas eclesiásticas permitieron que los abusadores volvieran al ministerio público, tras cortas estancias en centros de rehabilitación. Ese reportaje destapó una olla de casos silenciados e ignorados no solo en Boston, sino que en todo Estados Unidos.

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Fuente El País: https://elpais.com/internacional/2018/08/14/estados_unidos/1534272368_010615.html?id_externo_rsoc=TW_CM

RFI: Juzgarán al cardenal Barbarin por no denunciar agresiones sexuales de sacerdote

El cardenal francés Philippe Barbarin, arzobispo de Lyon, será juzgado en abril próximo por no denunciar las agresiones sexuales a menores cometidas por un sacerdote en su diócesis de Lyon, en el centro-este de Francia, hace más de 25 años.

El Cardenal Barbarin, arzobispo de Lyon, comparecerá del 4 al 6 de abril junto a otras seis personas en el marco de un proceso de citación directa presentado por las víctimas de un sacerdote, Bernard Preynat, inculpado en 2016 por abusos sexuales cometidos hasta 1991 a 'scouts' de la región.

En este caso, que sigue bajo instrucción, desató un escándalo sobre la posición de la Iglesia y obligó a la institución a adoptar nuevas medidas de lucha contra la pederastia.

La fiscalía abrió en paralelo una investigación por no denunciación de las agresiones y omisión del deber de socorro, dirigida contra Barbarin. La investigación fue archivada el 1 de agosto de 2016.

Los demandantes sin embargo no abandonaron y lanzaron un proceso de citación directa ante el tribunal, anunciado en mayo. 

Además del arzobispo de Lyon, el proceso concierne al arzobispo de Auch (suroeste), Maurice Gardès, y al obispo de Nevers (centro), Thierry Brac de la Perrière, exmiembros de la diócesis de Lyon, así como al español Luis Ladaria Ferrer, secretario de la Congregación para la Doctrina de la Fe en el Vaticano.

También son citados el exdirector del gabinete del cardenal, Pierre Durieux, Régine Maire, a cargo de la célula de ayuda a las víctimas de los sacerdotes en la diócesis de Lyon, y el vicario episcopal Xavier Grillon, quien fue el superior jerárquico directo del padre Preynat.

Fuente Radio Francia Internacional: http://m.es.rfi.fr/francia/20170920-juzgaran-cardenal-por-no-denunciar-agresiones-sexuales-de-sacerdote

Australia: ¿Se debe obligar a los curas a denunciar los abusos revelados en confesión?

¿Se debe obligar a los curas a denunciar los abusos revelados en confesión?
Por Lucile Gimberg

El jefe de Finanzas del Vaticano, el cardenal George Pell, imputado por abusos sexuales en Australia, compareció en julio de 2017 ante un tribunal de Melbourne. Se declaró inocente.

La Comisión que en Australia investiga cómo mejorar la respuesta institucional ante los casos de abusos sexuales contra niños, recomendó castigar penalmente a quienes no los denuncien, incluso si el caso fue revelado en el confesionario. La Iglesia local rechaza la propuesta.

Tras cuatro años de investigación, la Comisión Real sobre las respuestas institucionales a los abusos pederastas en Australia publicó este lunes 85 propuestas de reformas para mejorar el sistema penal. Entre ellas, una suscita particularmente el debate. Para la comisión, los curas deben ser obligados a señalar los abusos a menores revelados incluso en el momento de la confesión. Recomienda así imponer sanciones penales contra quienes no denuncien un caso de abuso, incluso si fue revelado dentro de la oscuridad del confesionario.

"No puede haber exención, excusa, protección o privilegio con respecto a los delitos atribuidos al clero", aconseja el órgano. "La Comisión ha oído casos en ambientes religiosos en los que los agresores que hicieron una confesión religiosa sobre el abuso sexual a niños reincidieron y buscaron perdón", reza su comunicado.

"En los casos de abusos sexuales se trata generalmente de una palabra contra otra, y se carece de testigos o evidencias científicas o médicas. Los demandantes a menudo tardan años o décadas en denunciar el abuso", explicó el director ejecutivo de la Comisión Real, Philip Reed.

Mejor que la cárcel que romper el secreto de la confesión

Pero varios líderes de la iglesia australiana ya se niegan a seguir lo recomendado. La confesión es una parte fundamental de la libertad religiosa, aseguró uno de los responsables de mayor rango del clero australiano, el arzobispo de Melbourne, Denis Hart, y, al ser preguntado sobre si los curas deberían ir a la cárcel antes de romper el secreto de confesión, dijo: "Yo lo haría".

"Se trata de una comunicación sacro-santa que emana de un orden superior y que los curas deben respetar por naturaleza. Ellos nunca harían algo que perjudique a los niños", consideró. "Si una ley dice que debo divulgar eso [...] voy a negarme a aplicar la ley", declaró por su parte el cura jesuita y abogado Frank Brennan al diario The Australian.

Presión ciudadana sobre los políticos

"Al escuchar horas y horas de testimonios de víctimas, la Comisión Real debe haber comprobado que en el seno de la Iglesia Católica responsables jerárquicos encubrieron una y otra vez crímenes que les fueron revelados", dijo a RFI Wayne Chamley, portavoz de Broken Rites, una organización que defiende a las víctimas de abusos sexuales contra menores y que dio pruebas a la Comisión Real.


"Le doy un ejemplo, prosiguió Chamley, hay un cura que ya no saldrá nunca más de la cárcel porque la policía estima que abusó sexualmente de más a menos 1.000 niños. Por eso, fue transferido a 27 parroquias diferentes. Cada vez que lo denunciaban a los obispos por su actitud, lo movían a otro lugar; y casos así han existido en todas partes en Australia", afirma Chamley.

En febrero de este año, la misma Comisión reveló que según sus investigaciones, un 7% ha presuntamente abusado de niños entre 1950 y 2010.

Para el activista Wayne Chamley, hoy la opinión pública australiana es tan consiente de esta realidad que "ningún político escuchará a las Iglesias". "Un diputado que se opondría a las recomendaciones de la Comisión, perdería su escaño en las próximas elecciones", aseguró a RFI.



Notas relacionadas: "4,400 menores sufrieron abusos sexuales de curas católicos en Australia".
Fuente Radio Francia Internacional: http://es.rfi.fr/asia-pacifico/20170815-australia-se-debe-obligar-los-sacerdotes-denunciar-los-abusos-sexuales-revela

Peru21: Fiscal que archivó el Caso Sodalicio fue suspendida por 30 días

Ministerio Público concluyó que María del Pilar Peralta Ramírez concurrió en infracciones disciplinarias durante la investigación

La fiscal que en enero pasado archivó el caso Sodalicio, María del Pilar Peralta Ramírez fue suspendida por 30 días por su desempeño durante esta investigación. Así lo confirmó el Órgano de Control Interno del Ministerio Público, quien dictó la resolución a la que Perú21 tuvo acceso.

► Sodalicio: Ministerio Público detectó “inactividad” de la fiscal María del Pilar Peralta en el caso

Como se conoce, el fundador del Sodalicio de Vida Cristiana, Luis Fernando Figari y otros ex líderes de esa organización fueron denunciados por presuntos delitos de violación sexual, secuestro, lesiones graves y asociación ilícita para delinquir. Sin embargo, este caso había sido archivado por la titular de la 26º Fiscalía Provincial Penal de Lima, María del Pilar Peralta.

Posteriormente en abril de 2017 el fiscal superior Frank Almanza reabrió el caso pues consideró que se produjo “inactividad” de la fiscal Peralta Ramírez en la investigación. Al mismo tiempo, el periodista Pedro Salinas, quien destapó el caso, presentó una queja contra ella.

Es así que en abril abrieron un procedimiento disciplinario contra la fiscal por infracciones en el ejercicio de sus funciones. Por dos motivos: no identificar bien los hechos en la investigación preliminar y no motivar su resolución.

► Las razones de la fiscal María del Pilar Peralta para archivar la denuncia contra Figari

Durante este proceso la fiscal nunca presentó sus descargos, según la resolución del Ministerio Público. Por ello, cuatro meses después, el Órgano de Control Interno del Ministerio Público declaró fundado la queja realizada por Salinas, al atribuir que la fiscal Peralta Ramírez concurrió en infracciones disciplinarias. Por lo tanto, se le suspendió por 30 días de todas sus funciones como fiscal.

Vale recalcar que la resolución también le recuerda a la fiscal Peralta Ramírez que tiene el derecho de impugnar.

Fuente Peru21: http://peru21.pe/actualidad/caso-sodalicio-fiscal-que-archivo-caso-fue-suspendida-30-dias-2292903

La República: Pavorosa realidad (la violencia sexual)

La violencia sexual, a propósito de un caso de violación pública, por La República.

Las cárceles peruanas tienen, según datos del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), 14,647 internos por algunas de las modalidades de violencia sexual, lo que constituye el 17,7% de la población penal del país que en enero de este año superaba los 82 mil internos.

Estos datos son pavorosos, y aún más sus desagregados. El mayor número de detenidos -más de 7,500- corresponden al delito de violación a menores de edad (9,2% del total) y otros 4,170 (5% del total) a violación a mayores de edad. Luego, 1,570 internos están recluidos por abusos contra el pudor de menores de 14 años y otros 1,344 por actos contra el pudor de personas mayores de 14 años.

La mayoría de estos internos han sido sentenciados. Sin embargo, que poco menos de 18 de cada 100 detenidos en el Perú lo sean por delitos de violencia sexual resume la gravedad de un problema cuya incidencia no ha podido ser revertida.

Estos datos cobran relevancia a raíz de la difusión de la violación de una mujer en una discoteca en el distrito de Santa Anita (Lima) por un trabajador de esta, un execrable acto de violación pública filmado y presenciado por varias personas que no atinaron a impedir la comisión del delito, probablemente imbuidas de graves prejuicios sociales respecto al ejercicio de la libertad sexual.

La reprobable difusión de las imágenes de esta violación en las redes sociales generó increíbles comentarios que, sin embargo, reflejan precisamente estos prejuicios, como el que la víctima “debió cuidarse” para no ser violada, que “ella se lo buscó” al acudir a una discoteca, o que al ingerir licor –lo que no está demostrado– abrió las puertas al delito. Como ya es conocido, es la clásica visión de la mujer culpable del abuso sexual, o la teoría de la mujer en el escaparate ensayada hace meses por el cardenal Juan Luis Cipriani.

Los detenidos y los casos en procesos indican una realidad más compleja, de grave subregistro. Al año se denuncian entre 3,700 y 4 mil casos de violencia sexual, un indicador que deja al aire los casos no denunciados por miedo, un false sentido del honor y el desistimiento de implicarse en largos trámites policiales.
 
En ese contexto crecen otros delitos asociados como la violencia familiar, el feminicidio y los crímenes de odio, modalidades extremas de violencia que casi siempre tienen como víctimas a los niños, mujeres y en general a la comunidad LGTB.

Las cifras brindadas en las últimas horas por el Ministerio del Interior confirman la peligrosidad de estos delitos. El programa de recompensas incluía 390 requisitoriados por delitos de violación, de los cuales han sido capturados 46. El saldo es aún alto.

Es obvio que este desafío no solo se resuelve con penas y detenciones sino con un profundo cambio social orientado al respeto a las personas y a su dignidad y libertad. La vigencia de este desafío reclama acciones decididas, las que, comparadas por ejemplo con la negativa de la mayoría parlamentaria a investigar los abusos sexuales en el Sodalicio de Vida Cristiana (SVC), nos siguen interpelando desde el dolor de las víctimas.

Notas relacionadas:

- "Crimen de Odio", por Ronald Gamarra.

- "Violación sexual a niñas y adolescentes en nuestra región están algunas de las cifras más elevadas a nivel mundial", vía CIDH.

-"Acceso a la justicia para niños, niñas y adolescentes víctimas de violencia sexual en el Perú".

- "Por nuestras niñas, Ni Una Menos".

- "En los últimos 7 años hay 145,203 denuncias por violencia sexual en el Perú".

 
Fuente La República: http://larepublica.pe/impresa/editorial/866852-pavorosa-realidad

"En ridículo", sobre la sentencia en el caso Sodalicio por Ronald Gamarra

Hace apenas unas semanas, la fiscal María del Pilar Peralta Ramírez dispuso el archivo de la investigación en curso contra Luis Figari y otros jerarcas de la organización religiosa Sodalitium Christianae Vitale por abusos sexuales, secuestro, lesiones y asociación ilícita. Cometidos durante varias décadas, en agravio de menores y jóvenes iniciados con engaños en dicho movimiento católico. Sí, la tapó, le echó tierra, dio por terminada la indagación sin hallar mérito alguno a formlizar denuncia ante el Poder Judicial contra Figari, quien así quedaba procesalmente librado de polvo y paja, con una impunidad de campeonato.

La Fiscal Peralta afirmó entonces, de manera concluyente: "La parte denunciada ha acreditado ciertas cosas; de la parte denunciante, sólo han sido palabras". Osea que Figari merecía crédito; los agraviados, ninguno: sus denuncias sólo eran palabras que se lleva el viento. Acto seguido, minimizó y ninguneó el perjuicio sufrido por las víctimas al afirmar que "son sujetos con discernimiento amplio y en plenas facultades volitivas" y que todos ellos llevaron vidas personales y profesionales exitosas. Y hasta los amenazó de victimarios y lavadores de cerebros: "Si aceptase la idea de la captación como acto de secuestro, significaría que todos ellos también habrían realizado la conducta denunciada".

Para redondear la faena, la fiscal Peralta enterró toda posibilidad de discusión bajo el milagroso manto de la prescripción, y así dijo: "debido al transcurso del tiempo partimos de la idea adicional a los fundamentos de inexistencia de los delitos denunciados que asimismo si estos fueran ciertos a la fecha los delitos de secuestro y lesiones graves han prescrito penalmente". Sí, la misma prescripción que protege y libera de sanción a los sinvergüenzas del negociado de los petroaudios. A los traficantes de Fondos de Comunicore. A algún expresidente. Ya lo saben, señores, señoras, aquí no hay nada más que debatir.

Esta resolución fue recibida con rechazo y profunda indignación por parte de los agraviados y la mayor parte de la opinión pública. Que no se pueda esperar justicia de nuestras instituciones encargadas de esa tarea es una triste realidad, pero que un abusador sexual tan público y descarado, desemascarado por innumerables pruebas, como Luis Figari, no pueda ser procesado en nuestro país - y nisiquiera traído al Perú de su refugio bajo las alas del Vaticano y del papa Pancho- es una verdadera vergüenza que ya sobrepasa todo límite. Pero esto es lo que hay, las víctimas lo saben, y no por ello se arredran ni menos aún retroceden.

La resolución de la fiscal Peralta es una pieza de antología para cuando se necesite ilustrar a los estudiantes sobre la distancia entre la verdad de los hechos y cierto "razonamiento jurídico". O cuando se quiera graficar cómo es absolutamente cierto aquello de que no hay peor ciego que aquel que no quiere ver. Pues muuy apesar de la resolución de la fiscal Peralta, el escándalos de los abusos cometidos por los líderes del Sodalicio es tan rotundo que no deja lugar a dudas. Y es tanto así, que hace buen tiempo que los actuales líderes del Sodalicio pugnan ya no por negar cinicamente los hechos, como lo hacían desde siempre,  sino por controlar los daños que la verdad de los abusos puede acarrear a la propia existencia de esa desacreditada institución.
 
Así pues, esta semana el Sodalicio presentó públicamente un informe sobre abusos cometidos en esa organización, donde reconoce expresamente que Luis Figari y otros dirigentes del Sodalicio cometieron abusos sexules contra no menos de 36 jóvenes, de los cuales 19 eran menores de edad cuando fueron atropellados. Uno de los abusadores, German Doig, fallecido hace varios años, era postulado por el Sodalicio en el Vaticano para ser consagrado santo, el primer santo sodálite, nada menos. La postulación quedó sin efecto, precisamente, al descubrirse fechacientemente su responsabilidad en abusos, aunque entonces se dijo que "no había alcanzado las virtudes heroicas" suficientes para la santidad.

Este informe interno del Sodalicio, elaborado por el irlandés Ian Elliot y las norteamericanas Kathleen McChesney y Mónica Applewhite, le da una lección a la fiscal Peralta y le enseña cómo se debe hacer una investigación, actuando con diamismo y buscando activamente a quienes participaron en los hechos o a quienes los conocieron de algún modo. No como la fiscal Peralta, que se queda muy oronda y cómoda en sus despacho y después de tantos meses de no hacer mayor cosa tiene el tupé de decir que "ninguna víctima se ha acercado a denunciar los hechos". 

A la doctora, por lo visto, hay que darle todo bien servidito y cocido. 

El informe sobre abusos del propio Sodalicio deja en ridículo a la fiscal Peralta. Lo que hizo, o mejor dicho, lo que omitió hacer, es tan grave por su escandalosa negligencia que no puede quedar así no más. Esa resolución que archiva definitivamente la investigación contra Figari y sus cómplices es una vergüenza para el Ministerio Público, que queda manchado una vez más como dispensador de impunidad. Eso no es justo con los fiscales que cumplen  correctamente con su trabajo. La fiscal Peralta debe ser investigada. Pero sobretodo, el Ministerio Público debe reabrir la investigación e ir a fondo y mucho más allá hasta esclarecer debidamente los abusos sexuales y de todo tipo cometidos en el Sodalicio por sus propios fundadores y líderes.

Lo mismo vale para el gobierno nacional. ¿Por qué hasta ahora no han tomado dentro de sus atribuciones administrativas, ninguna acción sancionadora contra el Sodalicio? Esta institución de fachada religiosa, que durante décadas ha sido el camuflaje de un poderoso grupo de pederastas, tiene licencia vigente para ejercer la educación de niños, niñas y adolescentes y maneja centros educativos. ¿Cómo es posible que no se les haya retirado esa licencia? Y el Cardenal Cipriani tiene cara de decir "con mis hijos no te metas", inventando leyendas sobre una supuesta "ideología de género" cuyo objetivo sería "homosexualizar" a los niños cuando al mismo tiempo protege y encubre a una organización profundamente podrida como es el Sodalicio. 

El gobierno debería seguir el buen ejemplo del gobierno de Australia, que estableció una comisión independiente para investigar los abusos sexuales cometidos en las últimas décadas contra niñas, niños, adolescentes y jóvenes en ése país. La semana pasada esa comisión dió a conocer sus resultados: más de 4,400 casos de niños abusados por curas católicos, una verdadera masacre física y moral de la infancia. Ahora el gobierno de Australia está tomando medidas para remediar el dolor de las víctimas y sancionar a los abusadores individuales y a las instituciones que los encubrieron durante tanto tiempo.

Artículo de opinión de Ronald Gamarra Herrera publicado en Hildebrandt en sus trece el viernes 17 de febrero de 2017.

Fuente Hildebrandt: http://hildebrandtensustrece.com/

Lea también: "En Australia, 4.400 menores sufrieron abusos sexuales por curas católicos".
- Informe sobre abusos y respuesta del Sodalicio de Vida Cristiana.  
- Lastre nacional por Ronald Gamarra. 
- Informe de la Comisión de Etica para la Justicia y la reconciliación convocada por el Sodalitium.  
- El Ministerio Público ha sido incapaz de avanzar en la investigación de los casos del Sodalicio. 
- "El caso del Sodalicio no puede quedar impune, ni penal, ni moralmente, por Gamarra.
- Spotlight: Develando los crímenes sexuales contra niños encubiertos por la Iglesia Católica, por Teresa Carpio.