Migrar a toda costa de El Salvador
La falta de empleo y la violencia ejercida por las pandillas mantienen
latente la migración pese al caso de Óscar y Valeria Martínez
Como casi todo su
entorno, Alex Rodás también pensó en migrar. Cuando unos conocidos le propusieron
a principio de año irse a Estados Unidos en busca de una vida mejor, se lo
planteó. Trabajaba repartiendo garrafas de gas en Altavista, la peligrosa
colonia donde vivían los migrantes salvadoreños que se ahogaron en el río
Bravo. Acababa de tener una hija a sus 20 años y su salario le rendía cada vez
menos. Finalmente decidió no hacerlo, “por la niña”. Con la fotografía de Óscar
Martínez y su hija Valeria grabada en la mente, hoy asegura que no se iría de
El Salvador. “Y menos ahora, después de esta noticia”.
En el barrio donde
vivían los Martínez abundan las historias de jóvenes que han migrado, han
querido migrar pero no han podido o piensan migrar algún día. Casi todos
conocen a alguien que se ha marchado a Estados Unidos, o al menos lo ha
intentado. “No consigo trabajo”, “no alcanza el dinero”, “quisiera una vida
mejor”, repiten los jóvenes del lugar. La falta de oportunidades laborales en
esa zona, en un país donde la pobreza alcanza casi al 30% de la población, ha
hecho que un empleo decente se vuelva el sueño más deseado. “Yo prefiero
quedarme aquí, pero se me hace difícil, a veces no se consigue nada”, asegura
Rodás.
Él comenzó a
trabajar a los 13 años y ha pasado desde entonces por un lavadero de autos, un
taller, una distribuidora de gas y una panadería. Desde hace unas semanas vende
pan de puerta en puerta. Para poder ganar unos 120 dólares al mes, sale todos
los días de su casa a las seis de la mañana en bicicleta y se pasa diez horas
en la calle. “Estamos un poquito mal. Solo gano unos tres o cuatro dólares al
día y son para que ella coma”, dice con Griselda, su hija de ocho meses, en
brazos. Pese a no querer marcharse, las dificultades económicas han hecho que la
idea de migrar persista en su familia. “Una de mis metas a futuro es irme de
este país”, apunta la novia, Cecilia Alemán, de 17 años. “Si pudiera hacerlo
legalmente, me iría”, asegura, “porque siento que aquí no voy a prosperar”.
La falta de
oportunidades no es el único problema de la juventud en Altavista, una colonia
dormitorio de 300.000 habitantes a las afueras de San Salvador. En esta zona
residencial, la gente vive en unos barrios que llama polígonos, unos conjuntos
de pequeñas casas apiñadas y rodeadas de alambrada, originalmente diseñados
para protegerse del crimen. De los 48 polígonos que hay en total, la mayoría
cuenta con gran presencia de las pandillas y algunos están completamente
dominados por estas bandas. Allí, no entran ni las fuerzas de seguridad ni
nadie que las maras no quieran, y la ley que rige cambia según el grupo
criminal que domine.
Las amenazas y la
presión de los pandilleros son otro factor de gran peso que expulsa a la gente
de El Salvador. “Nadie se va solo por pobreza, se van huyendo de las
pandillas”, comenta Alemán. El poder de estas bandas criminales ha marcado la
forma en que los jóvenes viven, la música que escuchan o la ropa que usan.
“Aquí no se puede ir con cualquier color de ropa o cualquier marca porque ya te
identifican con un grupo específico”, explica Daniel, de 19 años, residente de
la colonia. “En mi familia desde hace años no podemos invitar a nadie a casa,
porque ellos decimos quien entra [al barrio] y quien no”, relata María, una
adolescente de 14 años que vive en uno de los polígonos más peligrosos.
“En este lugar es
una maldición ser joven”, comenta un portavoz del Gobierno de San Martín, uno
de los tres municipios que comprende a Altavista, junto con Ilopango y
Tonacatepeque. Los hombres, explica, viven acorralados entre las pandillas, que
buscan reclutar, y la policía, que asocia fácilmente juventud con criminalidad.
La situación para ellas resulta aún peor porque, a medida que crecen, se
convierten en material de cambio para las bandas criminales. Unas 4.800 menores
de 17 años denuncian agresiones sexuales cada año en el país, según datos del
Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer. “Yo no he tenido ningún
problema grave, lo único ha sido acoso sexual, pero nada grave”, dice con
inocencia Alemán.
La organización
internacional Save the Children califica la situación de los jóvenes
salvadoreños como de “fuego cruzado” entre bandas criminales. Algo “equiparable
a una guerra”. El último informe de la ONG, presentado el pasado martes, alerta
sobre los niveles extremos que alcanza la violencia. En 2018, el país
centroamericano se convirtió en el cuarto del mundo con más homicidios de
menores de 19 años, solo por detrás de Venezuela, Colombia y Honduras, al
alcanzar casi los 21 asesinatos por cada 100.000 habitantes.
Las caravanas de
migrantes centroamericanos que comenzaron a verse a finales del año pasado
reflejaron la gravedad de un fenómeno gestado durante años. Solo entre 2015 y
2017, más de 50.000 personas emigraron desde El Salvador, según datos de
Naciones Unidas, principalmente hacia Estados Unidos. “Si la gente se va es
porque allí hay más oportunidades que aquí”, dice Juan Carrasco, de 17 años.
Este joven, residente de Altavista, asegura que cuando cumpla la mayoría de
edad partirá rumbo al norte con su hermano mayor. “Me gustaría poder ayudar a
mi familia a salir de la pobreza”.
Tras la repercusión
que generó la brutal fotografía de Óscar y Valeria, el presidente salvadoreño,
Nayib Bukele, admitió la responsabilidad del Gobierno en la emigración masiva.
"Es nuestra culpa", sentenció. El mandatario, que tomó el poder el
pasado 1 de junio, prometió además trabajar para que “nadie tenga que huir” de
El Salvador. Pese a que aún no ha presentado una propuesta a la falta de
empleo, sí lo ha hecho en el plano de la inseguridad. La nueva Administración
ha puesto en marcha el Plan de Control Territorial que, hasta el momento, ha
significado más presencia de las fuerzas de seguridad y medidas para evitar que
los pandilleros presos sigan liderando actividades criminales desde las
cárceles.
Mientras el impacto
provocado por la muerte de los Martínez se disipa, los jóvenes en Altavista
continúan en la disyuntiva entre resistir a la violencia y al desempleo o
emprender la ruta migratoria. Los riesgos de vivir entre el fuego cruzado de
las pandillas o los riesgos de atravesar Centroamérica y México sin tener un proyecto
asegurado. “No quiero tener que pensar en en tomar esa decisión”, dice Rodas.
La Representante Especial Najat Maalla M'jidid visitó los espacios creados en colaboración con el ACNUDH, la FAO y ONU Mujeres en el GDV y se detuvo en una tienda de campaña del ACNUR que reproduce la vida en un campamento de refugiados, antes de unirse a 50 scouts en una teleconferencia con cuatro jóvenes refugiados que llamaban con vídeo en directo desde un campamento en Kenya.
