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11 abr 2020

PERU21: Ni una niña debe ser víctima de violencia durante la emergencia

"Las estadísticas y los estudios revelan que el agresor está en casa, convive con ellas".
Opinión de Matilde Cobeña, Adjunta para la niñez y adolescencia de la Defensoría del Pueblo.
Perú21.

Los niños, niñas y adolescentes pocas veces están en la agenda pública. Si salen en los medios, es como víctimas de hechos dolorosos. Nos indignamos, pero luego les olvidamos. Es algo cíclico que duele y nos cuestiona sobre lo que estamos haciendo, pero también nos revela que aún no hemos consolidado una verdadera cultura de respeto a sus derechos fundamentales.

Esta indiferencia los violenta también. Los hacemos esperar hasta que aparezca otro caso que nos estremezca, cuando nuestra preocupación debería ser diaria.

A pesar de los esfuerzos del Estado, la violencia sigue afectándolos. Y lo hace de manera diferenciada. Es un problema con rostro de niña y adolescente mujer. Las cifras del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) antes de la cuarentena ya nos decían que ellas son las principales víctimas. Entre enero y febrero de 2020, los Centros de Emergencia Mujer atendieron 10,289 casos de violencia hacia la niñez y adolescencia, de los cuales 6,599 fueron contra niñas y adolescentes mujeres y, de estos, 2,023 fueron de violencia sexual.

Las estadísticas y los estudios evidencian que el agresor está en casa, convive con ellas y, en la mayoría de casos, es un familiar o alguien cercano. Por esto, la Defensoría del Pueblo exigió a las autoridades reforzar las medidas de atención y servicios ante un posible aumento de casos durante el periodo de aislamiento social obligatorio. Aunque es necesaria para contener la propagación del coronavirus, la cuarentena pone en riesgo a las víctimas de violencia.

Si bien el MIMP y el sistema de justicia dispusieron medidas para atender los casos de violencia, estos siguen dándose. La ministra de la Mujer declaró que durante la cuarentena hubo 43 violaciones sexuales, 27 de estas contra niñas. Las cifras parecen menores que las de los dos primeros meses del año, pero es posible que muchas no hayan podido denunciar o que los testigos no se hayan atrevido a hacerlo. Lo cierto es que ni una niña debió ser víctima de violencia.

Esta situación nos exige enfocarnos en atención, pero también en la prevención. Necesitamos concientizar, tener más spots informativos sobre sus derechos, los canales de denuncias, más difusión de la necesidad de la ternura en la crianza y formación de los niños, etc.

La violencia hacia ellos y ellas también es una pandemia. Por eso, es necesario reforzar continuamente las políticas de prevención. Solo así, no seguirán siendo invisibilizados, como señala León Trahtemberg. Hoy más que nunca, como propone el maestro Alejandro Cussiánovich, hay que darle importancia a la ternura como un factor de protección y resiliencia.

26 dic 2017

Ronald Gamarra: "La Corte IDH le puede decir al Estado peruano que declare la invalidez del indulto"

El exprocurador anticorrupción señaló que si los familiares de las víctimas de La Cantuta y Barrios Altos alegan que el indulto ha sido mal concebido, el propio poder Ejecutivo podría revisar su resolución.

Por Airon Nelson.
El ex procurador anticorrupción Ronald Gamarra opina que si la defensa de los familiares de las víctimas de La Cantuta y Barrios Altos logran convencer, la Corte IDH sí puede lograr que el Estado peruano cambie su resolución acerca del indulto a Alberto Fujimori.

El indulto a Alberto Fujimori, ¿también le perdona la reparación civil?
-La reparación civil es independiente del perdón de la pena. La reparación civil se mantiene, él (Fujimori) conserva la obligación de pagarla. Lo que se le ha perdonado es la pena.
 
¿Podría explicarnos esto al detalle?
-Lo que pasa que son cosas distintas. Una cosa es el tema penal y el tema civil. Pese a que en la sentencia, siempre que haya una condena, también hay en paralelo la determinación de un pago de una reparación de carácter civil. Entonces, cuando hay un indulto se perdona la sentencia en el extremo de la pena, no respecto del pago de la reparación civil. Se mantiene la obligación de pagarla.

Los familiares de las víctimas de La Cantuta y Barrios Altos han anunciado que apelarán esta decisión, ¿se podrá cambiar la decisión del presidente Kuczynski?.-Está el precedente de Crousillat. Si ellos alegan que el indulto ha sido mal concebido, el propio poder Ejecutivo podría revisar su resolución o en todo caso podrían intentar una demanda que llegue al Tribunal Constitucional (TC) para que se pronuncie. O en la ley internacional pueden acudir a la Corte IDH porque finalmente ellos hacen una supervisión de la sentencia, y esta sentencia de Barrios Altos y La Cantuta señala que se debe administrar justicia.

¿Cuál podría ser el argumento?-Ellos podrían alegar que el indulto humanitario a Alberto Fujimori sería un obstáculo a la realización de la justicia, y le pedirían a la Corte que revise la decisión del Estado peruano, para que se llame a una audiencia y llame al Estado, los representantes de las víctimas; y si convencen a la Corte, se le puede decir al Estado peruano que declare la invalidez del indulto.

21 oct 2017

Sofía Carrillo: “¿Es mejor ser invisibles? Yo me autoidentifico afroperuana”

Esta periodista y activista hace una reflexión sobre la importancia del Censo, el cual “debe convertirse en un punto de partida para promover cambios reales y estructurales, vencer el racismo y la discriminación”.
Vía Perú21.

Muchos anos de lucha y muchos años de espera hasta que llegaron los Censos Nacionales 2017, oportunidad en la cual los pueblos históricamente discriminados y excluidos podremos decir ¿quiénes somos?, ¿dónde vivimos?, ¿cómo estamos?... Y ¿por qué no?, compartir lo orgullosos y orgullosas que nos sentimos de nuestra identidad étnica.
Sabíamos que no iba a ser fácil y que iban a llegar los cuestionamientos y las dudas. El 22 de octubre tendremos la posibilidad histórica de compartir nuestra autoidentificación étnica; no obstante, es necesario reconocer que pocas son las veces en las cuales las y los peruanos hemos reflexionado sobre la importancia de reconocernos étnicamente. La identidad nacional ha sido – generalmente- homogeneizada en el imaginario y por tanto, la diversidad no ha tenido cabida.

El Pueblo Afroperuano y los Pueblos Indígenas hemos recorrido la historia marcada por las brechas sociales, económicas y culturales; persistentes en nuestro país. Esto no ha sido gratuito, pues es finalmente causa y consecuencia del racismo y la discriminación racial de la cual somos testigos y, hasta partícipes, en muchos casos.

¿Sería mucho más “cómodo” para afroperuanos e indígenas seguir siendo invisibles? Pues considero que no. Pese a que, reconocernos como parte de un pueblo excluido y relegado en distintos aspectos de nuestra vida política y social también puede tornarse duro, es por demás necesario y urgente para que el Estado implemente políticas afirmativas y diferenciadas que mejoren las condiciones de vida de todas y de todos.

Los temores a reconocernos diferentes, diversos, visibles, cambiantes son evidentes. Sin embargo, estamos en un momento clave para vencer todos estos miedos; mirarnos, reconocernos, valorarnos y respetarnos en nuestra diversidad étnica, que no debe ser entendida como una barrera para la integración y la propuesta de un proyecto común como país.

Los Censos 2017 deben convertirse en un punto de partida para promover cambios reales y estructurales, vencer el racismo y la discriminación. No podemos dejar de decir que aún hay muchas y muchos que siguen siendo invisibles en las diversidades; pero este primer paso debe servir al Estado para reafirmar su compromiso con la eliminación de todo tipo de discriminación y lograr la igualdad de oportunidades para todas y todos. “En el Censo 2017 por mis costumbres y por mis antepasados yo me siento afroperuana, ¿y tú?".

13 abr 2017

Ronald Gamarra: ¿Sentencia es atentado a la libertad de expresión?


El ex procurador fue querellado por escribir una columna de opinión publicada en el seminario "Hildebrandt en sus Trece".

El pasado 31 de marzo, el ex procurador Ronald Gamarra fue condenado por el delito de difamación agravada a un año de prisión suspendida y al pago de S/. 10 mil soles de reparación civil.

Gamarra fue querellado por escribir una columna de opinión publicada en el semanario "Hildebrandt en sus Trece". En ella, el ex abogado del Estado cuestiona el archivo de una investigación penal seguida contra Luz Marina Guzmán Díaz, ex miembro del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), a quien se le acusó de haber falsificado firmas para postular a su cargo.

Según Gamarra, la fiscal Mirtha Chenguayen habría archivado la denuncia a cambio de que la ex magistrada del CNM la ratifique en el cargo. Es decir, se habría dado un intercambio de favores entre ambas funcionarias. Para Guzmán Días, Gamarra a través de su artículo "desprestigia" su honra y "falta a la verdad de los hechos". Sin embargo, la sentencia no desarrolla de qué manera se da esa afectación.

De acuerdo con la penalista Romy Chang, la sentencia confunde los criterios para determinar cuándo se afecta o no el honor de una persona y cuándo se está ante el legítimo ejercicio de la libertad de expresión e información. Por su parte, el abogado Roberto Pereira considera que la jueza ha limitado el concepto de "interés público" al de "actividad noticiosa", siendo ambos distintos.

¿Libertad u honor?  
En los delitos de difamación suele presentarse un conflicto entre derechos. Por un lado, está el honor de la persona afectada y por el otro, la libertad de expresión de quien difunde esta información. En este caso, la jueza optó por proteger el honor de Guzmán Díaz en desmedro de la libertad de expresión de Gamarra. A su criterio, este último no habría cumplido los requisitos para ejercer este derecho válidamente.

La sentencia, que ha sido cuestionada por la opinión pública, sostiene que Gamarra no ejerció legítimamente su derecho a la libertad de expresión e información por dos motivos: 
1) El hecho que denunció en su artículo había perdido interés o relevancia pública por el paso del tiempo (5 años); 2) La opinión expresa por Gamarra no buscaba informar, sino estigmatizar a Guzmán Díaz.

Críticas
Según el Acuerdo Plenario N °3-2006, el derecho al honor y a la libertad de expresión no son derechos absolutos. Esto quiere decir que el honor puede ser limitado frente a casos que lo justifiquen. ¿Cuáles son estos? Cuando la libertad de expresión, en virtud de la cual se habría vulnerado el honor, cumple con dos criterios: a) que la expresión emitida incida en la esfera pública de personajes públicos, lo que hace alusión al criterio de “interés público”; b) Y que los hechos y la información difundida sean veraces, lo que exige diligencia a la hora de corroborarlos.

Según este acuerdo plenario, en relación al ejercicio de la libertad de información y de expresión, está permitido “que se realice una evaluación personal, por desfavorable que sea, de una conducta, pero no lo está emplear calificativos que […] evidencien menosprecio o animosidad”. Pereira explica que Gamarra hace uso de la ironía, más no de insultos, para difundir hechos que ya eran de conocimiento público. Según el especialista, en un régimen democrático como el nuestro, la tolerancia es una obligación. En su opinión, la sentencia carece de una motivación adecuada.


Pereira explica que la libertad de expresión adquiere una dimensión real con el uso de discursos críticos, cuestionadores y disidentes. “Los sistemas democráticos se nutren de este tipo de debates; pretender que la libertad de expresión protege discursos neutrales no es propio de una democracia”, agrega el especialista.


En relación al segundo criterio veracidad de los hechos, el acuerdo plenario señala que "la información veraz [...] no se refiere explícitamente a una verdad inobjetable e inconstrastable, sino más bien a una actitud adecuada de quien informa en la búsqueda de la verdad, respetando lo que se conoce como el deber de diligencia".

Reparación Civil
Por último, Pereira señala que la sentencia no establece las razones para imponer el monto de 10 mil soles de reparación civil. "Es una sentencia que, desde mi punto de vista, afecta la libertad de expresión, sin duda". Por el momento, Gamarra ha apelado la decisión y está a la espera de una segundo pronunciamiento.


Escribe Brunella Rodríguez Giorgio.

13 nov 2016

Peru21: Casas de acogida solo atienden al 20% de víctimas de violencia

Por Mariela Sausa.

Alejandrina y Betsabé se parecen mucho. Las dos son delgadas, de mediana estatura, tienen treinta y tantos años, dos hijos a los que adoran y ambas huyeron de sus hogares asustadas y cansadas de las parejas violentas que las celaban y las golpeaban constantemente.

Alejandrina y Betsabé estuvieron a punto de ser una estadística más en la larga lista de feminicidios que cada día crece en el Perú. Felizmente reaccionaron a tiempo, decidieron dejar atrás la violencia, buscaron ayuda y obtuvieron refugio en las casas de acogida para mujeres víctimas de violencia que existen en el país.

En todo el Perú solo hay 39 de estos hogares, de los cuales 11 son administrados por los gobiernos locales, 8 por la Beneficencia Pública, 10 por diversas organizaciones de la sociedad civil y 10 por la Iglesia. Sin embargo, la cifra resulta insuficiente para atender a la gran cantidad de peruanas que cada día denuncia la violencia familiar y sexual.

Solo entre enero y setiembre de este año se presentaron en el país 100 feminicidios, 204 tentativas de feminicidio, 44,739 casos de violencia familiar y 5,267 casos de violencia sexual. Sin contar los casos que no se denuncian (subrayado nuestro).


Alta demanda
Betty Olano directora ejecutiva del Programa Nacional Contra la Violencia Familiar y Sexual del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, señaló que con las casas de acogida existentes. Hoy día solo se atiende al 20% de las mujeres en situación de alto riesgo porque son violentadas por sus parejas y necesitan protección, ya que su vida corre peligro y no cuentan con soportes familiares ni sociales.

"Al menos deberíamos tener una casa de acogida en cada departamento, aunque sería más de una, porque es diferente atender a víctimas de la violencia en la capital o ayudar a las mujeres que viven en provincias", dijo.

Hasta julio de este año, la responsabilidad de la creación, implementación y administración de las casas de acogida temporal recaía en los gobiernos locales, los cuales contaban con la asesoría técnica del Ministerio de la Mujer, que capacitaba a los operadores de estos hogares, brindaba atención psicoterapéutica a las personas albergadas y ocasionalmente asignaba personal especializado.

Con la nueva Ley 30364, para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar, se amplió la competencia del Ministerio de la Mujer, que ahora, en coordinación con los gobiernos locales, también puede implementar hogares de refugio temporal y encargarse de su amoblado y contratación de personal.

"Con esa potestad, el ministerio aprobó una ampliación del presupuesto 2016 por 900,000 soles para implementar dos nuevos hogares de refugio que serán abiertos este año en Lima y en Huancavelica”, señaló Olano, quien refirió que además se está coordinando con el Gobierno Regional de Ayacucho para implementar otra casa de acogida en esa jurisdicción.

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Nueva Casa Refugio
Precisamente esta semana el presidente del Consejo de Ministros, Fernando Zavala, y la ministra de la Mujer, Ana María Romero-Lozada, inauguraron en el distrito de Carabayllo, en Lima, la primera casa de acogida implementada en el marco de la nueva ley, la cual tiene capacidad para albergar gratuitamente a 25 mujeres víctimas de violencia solas o con sus hijos.

“Este servicio es para las madres que no tienen donde ir, puesto que muchas veces en la casa donde habitan también vive el agresor. Los profesionales de los Centros de Emergencia Mujer son los encargados de derivar a las mujeres que lo necesitan y aquí recibirán no solo protección, sino también asesoría legal y psicológica”, aseguró la ministra.


Romero-Lozada sostuvo que en estos hogares –que tienen las mismas comodidades de una casa y cuya dirección no se divulga para que los agresores no sepan dónde están las víctimas– también se ofrecerá a las mujeres la oportunidad de capacitarse en talleres productivos. “Esta es una forma de preparar a las mujeres para que se enganchen a la bolsa de trabajo y se aparten del ambiente hostil y de agresión en que viven, pues si la víctima logra independizarse económicamente, generar sus propios ingresos y sacar adelante a sus niños, su recuperación psicológica será más fácil y tendrá una alternativa de vida”, manifestó la ministra.

En la implementación de cada casa el Ministerio de la Mujer ha invertido un promedio de 400,000 soles, pero a eso se debe agregar el servicio del personal, lo cual hace que el presupuesto anual por cada uno de estos hogares bordee el millón de soles. Por su parte, el gobierno local se encarga de las instalaciones, el pago del personal que administra la casa, la vigilancia y la alimentación de los albergados.

El premier Fernando Zavala refirió que, como parte del compromiso del gobierno para luchar contra la violencia hacia la mujer, se espera implementar, el próximo año, al menos cinco nuevas casas de acogida para recibir a más víctimas, pero además se trabaja en la instalación de más talleres productivos para la recuperación de las mujeres maltratadas, así como en la ampliación del servicio de la Línea 100, a fin de recibir más denuncias de mujeres que son víctimas de violencia.

Según las estadísticas del Ministerio de la Mujer, los departamentos con mayor incidencia de violencia contra la mujer son Lima (11,853 denuncias), Cusco (5,022), Junín (3,346), Áncash (2,832) y Arequipa (2,517), y es allí precisamente donde se harán los esfuerzos de implementar más casas de acogida. 

Mientras tanto, para atender la demanda, el Ministerio de la Mujer ha ampliado el horario de servicio de los Centros de Emergencia Mujer y ya hay cinco de estas oficinas que reciben las denuncias las 24 horas del día. Asimismo, el próximo año se colocarán 50 módulos de atención integral en las comisarías que registran más casos de violencia.

Betsabé (26 años)

Betsabé cierra los ojos y agacha la cabeza. Ella prefiere no recordar los días de violencia que vivió al lado de sy ex preja. "Esta sola en Arequipa con mis dos niños. Él siempre  me golpeaba, me insultaba y yo simplemente aguantaba; nunca respondía. Pensaba que los hombres eran así y que ese infierno era mi destino, que no podría cambiarlo. Un día él quiso golpear a mi hijo y me di cuenta de que eso no era normal. Sin pensarlo mucho agarré mis cosas y tomé un bus a Lima", recuerda.

Betsabé no es su nombre, es el nombre que ha elegido para no ser reconocida, pues la joven madre, junto a sus dos niños, vive hace tres años en una casa de acogida de Lima. “Llegué sin nada y había días que comía y días que no. Alguien me sugirió llamar a la Línea 100 y así lo hice. Fue la mejor decisión. Por primera vez me sentí libre y ahora que trabajo y estudio estoy segura de que el pasado ya no me puede dañar”, asegura.

Alejandrina (30 años)
"Mi hitoria es la de muchas. Quería salir de mi casa y rápidamente me enamoré y conviví con mi pareja. Al principio todo estaba bien. Tuvimos dos hijas y, aunque él tomaba y me insultaba, ya me había acostumbrado. El problema empezó cuando comenzó a drogarse. Después de 10 años de convivencia, las agrsiones eran todos los dias y en cada discusión explotaba, botaba las cosas, me amenzaba con alicates y desarmadores, y me ahorcaba delante de mis hijas. Le comencé a tener mucho miedo, pensaba que me iba a matar", cuenta Alejandrina.

La joven trató de huir en cinco oportunidades, pero él siempre la buscaba y la hacía volver. Fue una noche en que Alejandrina se armó de valor y dejó a su agresor. Acudió al Centro de Emergencia Mujer y allí, al conocer su caso, la trasladaron a una casa de acogida. “Al principio tenía pesadillas, pensaba que él iba a llegar en cualquier momento a llevarme. Pero me di cuenta de que la casa era segura y el miedo desapareció. Hoy estoy más tranquila. Mi destino cambió”, sostiene.

TENGA EN CUENTA

- Aunque no existe un tiempo máximo de permanencia en las casas de acogida, la idea es que las mujeres no permanezcan allí por más de tres meses. Sin embargo, en algunos casos, ya están más de dos años.
- En las casas de acogida implementadas por el Ministerio de la Mujer hay talleres productivos que tienen la finalidad de preparar a las víctimas para la vida laboral. Se coordina con el Ministerio de Trabajo para posteriormente incorporar a las mujeres a la bolsa de empleabilidad.
- Entre los meses de julio y setiembre, después de la marcha Ni Una Menos, las denuncias por violencia contra la mujer aumentaron en 40% y sigue la tendencia de incremento.