Mostrando entradas con la etiqueta Loreto. Mostrar todas las entradas
Mostrando entradas con la etiqueta Loreto. Mostrar todas las entradas

18 jul 2018

Ministerio Público: Madre de Dios, Tumbes, Tacna y Loreto regiones con más altos índices de trata de personas

Según un resultado de primer estudio de la Oficina de Análisis Estratégico contra la Criminalidad del Ministerio Público presentado. 


(AFN. Lima, 17 de julio de 2018).- El Fiscal de la Nación, Pablo Sánchez Velarde, presentó los resultados del primer informe de la Oficina de Análisis Estratégico contra la Criminalidad del Ministerio Público (OFAEC), que revela importantes cifras sobre la cituación actual del delito de trata de personas en nuestro país, según las cuales durante el 2017 se registró un incremento de 24% de casos de trata con respecto al año anterior.

El Informe de Análisis N°1 denominado “La Respuesta del Ministerio Público frente a la Trata de Personas. Evidencia de mercados, uso de tecnologías y delitos conexos”, ha sido elaborado sobre la evidencia diaria que recogen las fiscalías especializadas contra la criminalidad organizada y de trata de personas en todo el país. Como información relevante, se dio a conocer que, durante el 2017, la región con mayor incidencia de casos de trata de personas fue Madre de Dios, con una tasa de  101 denuncias por cada 100 mil habitantes, seguida de Tacna, Tumbes y Loreto. 

El titular del Ministerio Público informó que, frente a esa realidad, ha dispuesto el incremento de facultades a las fiscalías especializadas de trata de personas, mediante una resolución que será publicada en los próximos días en la que se les amplía la competencia sobre delitos conexos.

El doctor Sánchez Velarde dio ese anuncio tras pedir al Poder Judicial que se sume a la lucha contra la trata de personas, mediante la creación de juzgados especializados. De la misma forma se pronunció el fiscal superior coordinador de las fiscalías especializadas contra la criminalidad organizada y trata de personas, Jorge Chávez Cotrina, quien lamentó que no se cuente con juzgados ni unidad policial especializada en delitos de trata de personas, por lo que demandó la asignación urgente de recursos necesarios que permitan implementar una política integral de Estado, que comprenda también la creación de albergues para alojar a las víctimas de trata.

De acuerdo al informe, cerca del 80% de las víctimas de trata de personas durante el 2017 fueron mujeres y aproximadamente el 50% de las presuntas víctimas fueron menores de edad. Además, por primera vez se identifican las zonas del país con más altos índices de explotación sexual y laboral como son Madre de Dios, específicamente en la zona que va a lo largo de la Carretera Interoceánica; y Lima, en los distritos de San Juan de Lurigancho, San Juan de Miraflores, Ate, Miraflores y Barranco, entre otros.

La ceremonia de presentación del primer informe de la OFAEC contó también con las palabras del jefe del Departamento Académico de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú, Iván Meini Méndez, quien saludó la importancia de contar con información científica y no empírica, que permita la toma de decisiones acertadas en la lucha contra la trata de personas, a la que calificó como “esclavitud moderna”. En ese sentido, saludó la decisión del Ministerio Público de contar con un espacio como la OFAEC, dedicado a proveer de información válida para la lucha y prevención de la criminalidad.

Como se sabe, la OFAEC fue inaugurada el pasado 27 de noviembre como parte del compromiso del doctor Pablo Sánchez Velarde en la lucha frontal contra la criminalidad organizada sobre la base de evidencia científica. Está integrada por profesionales de diversas materias quienes trabajan bajo rigurosos procesos y metodologías de investigación y análisis criminológico, así como programas informáticos especializados en análisis forense y digital.

5 jun 2016

Perú es el tercer país de América con más víctimas de trata

Lima, Loreto y Madre de Dios son las regiones que reportan mayor cantidad de casos de explotación sexual y trabajo infantil.
Por Jorge Falen.

Un total de 200.500 hombres, mujeres y niños son víctimas de la esclavitud moderna en el Perú, según el Índice Global de Esclavitud (IGE), realizado por la ONG australiana Walk Free Foundation. La cantidad de víctimas en el país –que equivale al 0,6% de la población– es la tercera más alta en América, solo por debajo de México y Colombia. En el contexto mundial, Perú ocupa el puesto 34 de 167 países evaluados.

A diferencia de la esclavitud tradicional, donde los afectados eran considerados propiedad legal de otras personas y que ha sido suprimida en todos los países, la esclavitud moderna o trata de personas está relacionada a actividades al margen de la ley que reprimen la libertad de los individuos y fomentan su explotación con fines económicos. Si bien el estudio da cuenta del total de víctimas nacionales, también evalúa factores adicionales como las condiciones de vulnerabilidad de la población y las políticas implementadas por los gobiernos frente a este tema.

—Formas de trata—
La trata está presente en todas las regiones del Perú.  Según la Fiscalía de la Nación, en los últimos seis años se se presentaron más de 4.000 denuncias por trata en el país. Lima, Loreto y Madre de Dios son –en ese orden– las regiones con la mayor cantidad de denuncias por este delito, y representan el 60% del total. Las principales formas de captación de víctimas son la promesa de oportunidades educativas, ofertas de trabajo y el secuestro.

En la región Lima, los casos de trata se concentran en la explotación laboral de menores en actividades informales (como minería artesanal en Canta y Carabayllo) y la servidumbre doméstica.
En Loreto, los casos de trata se han registrado en zonas como Caballococha (en la frontera con Colombia y Brasil), un foco del narcotráfico en esa región. También se han reportado casos de menores de edad obligados a transportar droga.

En Madre de Dios este delito está directamente relacionado a la minería ilegal. La explotación sexual y el trabajo infantil son comunes en zonas de extracción ilícita de oro.
En lo que va del año, la Dirección de Investigación de Trata de Personas ha rescatado en todo el país a 100 víctimas, 11 de ellas menores de edad.

Pese a que el estudio considera al trabajo forzado como la principal forma de esclavitud a nivel regional, en el país el 80% de los casos denunciados corresponde a explotación sexual y el 20% a trabajo forzado. Esta modalidad prevalece en poblaciones rurales dedicadas a actividades intensivas como la agricultura, la construcción y la minería ilegal.

—(In)acción estatal—
Según el estudio,  el Gobierno Peruano se ubica en la mitad inferior del ámbito regional respecto de la adopción de políticas efectivas para enfrentar la trata de personas.

Existe un escenario de impunidad, alimentado en parte por el desconocimiento de la policía y el Poder Judicial de los procedimientos jurídicos para aplicar las normas en estos casos, según explica Ricardo Vásquez, director de la ONG CHS Alternativo. “Actualmente están procesando decenas de casos con normas anteriores a las que se aplican en la actualidad”, comenta.

Por otro lado, el presupuesto destinado a la lucha contra la trata de personas es insuficiente. Si bien la inversión estatal en este rubro aumentó de US$4 millones en el 2014 a US$9 millones en el 2015, se invierte solamente US$0,1 en este rubro.

Dicho monto se utiliza para financiar la actividad conjunta del Ministerio de la Mujer, Poder Judicial, gobiernos regionales y locales; sin embargo, no alcanza a cubrir las necesidades. Solo el Ministerio Público pidió US$18 millones este año enfrentar este delito. En tanto, de acuerdo al Ministerio de la Mujer, el principal obstáculo es la falta de albergues para las personas rescatadas. Solo tres de los 291 centros que acogen a menores en abandono están especializados para atender a las víctimas.

A todo esto se suma el alto índice de informalidad en el país –que representa el 73% de la economía nacional–, especialmente dentro del sistema de transporte interprovincial como en los locales donde se ejerce la explotación sexual.  

La combinación de los factores mencionados hace que la práctica de este delito sea próspera y sostenible en el tiempo. La tolerancia social y la corrupción en los órganos encargados de combatirla, así como la impunidad, hacen que el riesgo para los tratantes sea reducido.