ONU: Más de 10.000 niños fueron asesinados o mutilados en los escenarios de conflicto en 2019

"La infancia de estos niños y niñas ha sido reemplazada con dolor, brutalidad y miedo".

En 2019, millones de niños continuaron viviendo situaciones de sufrimiento inimaginables en los escenarios de conflicto, reportó este lunes la representante especial de las Naciones Unidas para Niños y Conflictos Armados, quien agregó que durante ese año la Organización pudo documentar más de 10.000 casos de niños muertos o mutilados.

Virginia Gamba subrayó que si bien esa cifra es menor que la de 2018, cuando se registraron 12.014 víctimas menores de edad, sigue siendo un número demasiado alto.

Detalló que Afganistán es el país con más muertes de niños, seguido por Siria y Yemen.

El 25% de las muertes de menores se debieron a explosivos remanentes de guerra, explosivos improvisados y minas, lo que destaca la responsabilidad de todas las partes enfrentadas, incluyendo a los gobiernos, de limpiar el terreno de esas armas.

El informe anual sobre niños en conflictos armados también reveló que se verificaron 25.000 violaciones graves contra niños, es decir, unas 70 diarias, un número similar al de 2018.

“La infancia de estos niños y niñas ha sido reemplazada con dolor, brutalidad y miedo mientras el mundo lo atestigua. Las partes en conflicto no cumplen su obligación de proteger a los menores durante las hostilidades y les niegan la ayuda vital que necesitan desesperadamente”, afirmó Gamba.

La representante especial del Secretario General recordó que con la transgresión de las reglas de guerra, las partes ponen en riesgo a sus propios hijos.

Sin acceso a ayuda humanitaria, educación y salud

Uno de los datos más alarmantes del documento es el aumento de 400% en la obstaculización a la entrega de ayuda humanitaria. En el año estudiado se confirmaron 4400 incidente de negación de la entrada de ayuda a las zonas de conflicto.

Además, hubo un alto nivel de impedimentos y violencia contra los trabajadores humanitarios, se saquearon sus provisiones, se les restringió el movimiento y se les impuso todo tipo de dificultades en su tarea de brindar asistencia básica a los niños.

Los escenarios más preocupantes son Yemen, Mali, la República Centroafricana, Israel y el Estado de Palestina, así como Siria, asevera el informe.

El documento da cuenta también de la falta de respeto al carácter civil de las escuelas y hospitales, que en 2019 sufrieron 927 agresiones confirmadas principalmente en Afganistán, Israel y el Estado de Palestina y Siria. A esto se sumó el cierre y el uso con fines militares de esas infraestructuras, dando como resultado que millones de niños fueron privados de la educación y los servicios de salud.

Violencia sexual

La ONU verificó 735 denuncias de violencia sexual, pero resaltó que ese dato seguramente no refleja la realidad ya que muchísimas violaciones no se reportan sobre todo por la impunidad de la que gozan los agresores, la falta de acceso a la justicia y a servicios para las víctimas, y el temor al estigma.

Los países con más casos documentados fueron la República Democrática del Congo, Somalia y la República Centroafricana.

“Llamo a todas las partes en conflicto a dar prioridad inmediatamente al acceso de la ayuda humanitaria para los niños y las poblaciones vulnerables en los sitios de conflicto, así como a permitir el trabajo de los expertos en protección de menores y asistencia vital”, apuntó Virginia Gamba.

El informe da cuenta también de 2500 niños detenidos por acusaciones de asociación con las partes en conflicto, incluidas agrupaciones terroristas. En este sentido, la representante especial enfatizó que los menores de edad deben ser tratados como víctimas y la detención es un último recurso que debe ejercerse por periodos breves.

Gamba pidió a los Estados miembros que faciliten la repatriación voluntaria a sus países de los niños varados en campamentos en Iraq y Siria.

Reclutamiento

Más de 7000 niños fueron reclutados o utilizados para el combate en 2019. En la mayor parte de los casos, los reclutadores fueron actores no estatales en la República Democrática del Congo, Somalia y Siria.

Según el estudio 1683 niños fueron secuestrados recientemente, sobre todo para servir como soldados o esclavos sexuales. Somalia, la República Democrática del Congo y Nigeria registraron el mayor número de casos verificados.

El compromiso de la ONU y su trabajo con las partes en conflicto logró avanzar algunos planes de acción que abarcan medidas como leyes de protección a los niños, justicia para las víctimas y mayor acceso a los expertos en protección infantil para buscar la liberación de los menores reclutados.

“Para poner fin al ciclo de violencia contra los niños en los conflictos armados hacen falta programas amplios de reintegración que contemplen educación, apoyo psicosocial, servicios de salud y empleos”, dijo Gamba e instó a la comunidad internacional a mantener el respaldo a estos esfuerzos mediante la Coalición Global para la Reintegración de Niños Soldados.

“La paz sigue siendo el medio más poderoso para reducir las violaciones contra los niños. Hago eco una vez más a la exhortación del Secretario General a un alto el fuego mundial no sólo mientras combatimos la pandemia de COVID-19 sino más allá de ello ya que los niños y las familias que viven en escenarios de conflicto necesitan urgentemente la paz y la protección que la acompaña”, concluyó la representante especial.

15-June-2020 Secretary-General Report on CAAC Eng on Scribd

Fuente : https://news.un.org/es/story/2020/06/1476002

Contrarrestar la violencia sexual y de género relacionada con los conflictos mediante la reparación

La Escuela de Economía y Ciencias Políticas de Londres ha publicado el documento "Contrarrestar la violencia sexual y de género relacionada con los conflictos mediante la reparación". 

En todo el mundo, las mujeres y las niñas experimentan una variedad de daños de género arraigados en la discriminación por sexo y género. Las prácticas discriminatorias son típicamente alimentadas y exacerbadas por conflicto armado que lleva a la amplificación de las daños, entre los que destacan los sexuales y los basados en el género violencia o violencia sexual relacionada con el conflicto (CRSV).

La CRSV incluye actos como la violación, el tráfico, la violencia sexual esclavitud, embarazo forzado, aborto forzado, aborto forzado matrimonio, prostitución forzada, esterilización forzada y desnudez forzada. Este tema es importante para todos los sobrevivientes de CRSV, que son el objetivo de su sexualidad o género, pero este informe de política está dirigido a las mujeres supervivientes.

Reparations on Sexual Gender Violence 

Fuente UN Sexual Violence in Conflict: https://www.un.org/sexualviolenceinconflict/digital-library/other-resources/

ONU: Las reparaciones, lo que más quieren y menos reciben las sobrevivientes de la violencia sexual en los conflictos

Hace diez años, el Consejo de Seguridad  estableció un mandato para prevenir y abordar el flagelo de la violencia sexual relacionada con el conflicto. En un evento conmemorativo el miércoles, la vicesecretaria de la ONU describió ese compromiso como esencial para "resaltar, prevenir y buscar justicia por este crimen".

El mandato de 2009 había "enviado un mensaje claro de que la violencia sexual en tiempos de conflicto no es el daño colateral inevitable de la guerra, sino una horrible violación de los derechos humanos y el derecho internacional", explicó Amina Mohammed.

Mohammed dijo que la comunidad internacional se había visto galvanizada por la decisión de intensificar la promoción y la acción para terminar con la violación en tiempos de guerra y la estigmatización social de los sobrevivientes, como amenazas a la seguridad y la paz.

"En la última década, las Naciones Unidas han respondido a las demandas de las víctimas y los sobrevivientes creando un marco normativo global y un conjunto de arreglos institucionales", dijo Mohammed, explicando las resoluciones del Consejo, los mecanismos de investigación y el establecimiento de una Oficina dedicada a este asunto.

Sobrevivientes primero

La responsables de esa Oficina es actualmente Pramila Patten, representante especial del Secretario General de la ONU sobre Violencia Sexual en Conflictos, quien lanzó oficialmente un nuevo Fondo Mundial para Sobrevivientes este miércoles.

Después de visitas a diversos países devastados por la guerra, Patten relató que los sobrevivientes habían exigido constantemente "por encima de todo" que los perpetradores fueran llevados ante la justicia; y que se les brinde asistencia material para reconstruir sus vidas y sus medios de subsistencia.

"Las reparaciones son lo que más quieren los sobrevivientes, pero lo que menos reciben. El comienzo de una nueva década para este mandato es el momento de cumplir con estas demandas y poner a los sobrevivientes primero", dijo explicando que el fondo proporcionará reparaciones a los sobrevivientes de conflictos en todo el mundo.

Agregó que una respuesta centrada en las víctimas y basada en los derechos "significa dar voz y elección a los sobrevivientes, restaurar su agencia, desarrollar su resiliencia y consagrar su experiencia en el registro histórico", en resumen, reanudar "el milagro silencioso de una vida normal, que muchos de nosotros damos por sentado”.

Patten alentó a los presentes a "aprovechar el momento para preparar el escenario para una nueva década de acción decisiva para eliminar la violencia sexual de los titulares diarios y relegarla, de una vez por todas, a los anales de la historia".

El personal de mantenimiento de la paz necesita capacitación

Mientras tanto, en representación del coanfitrión del evento, Sudáfrica, la doctora  Naledi Pandor, ministra de Relaciones Internacionales y Cooperación, habló elocuentemente sobre la necesidad de un enfoque multidisciplinario y multisectorial para proteger a los más vulnerables, tanto en tiempos de conflicto como de paz.

Citando a su propio país, señaló que "el conflicto y la violencia del apartheid aumentaron la violencia de una masculinidad tóxica", por lo que se necesita fortalecer los mecanismos de aplicación de la ley; promover la cohesión social; proteger y reafirmar los derechos de las víctimas y sobrevivientes; y brindar apoyo a los afectados por la violencia.

También abogó por más investigación para "tener una comprensión más profunda" de los factores que conducen a la violencia y  poner fin al flagelo de la violencia contra las mujeres, y añadió: "No creo que todavía estemos haciendo lo suficiente".

Al señalar la importante participación de Sudáfrica en las operaciones de mantenimiento de la paz, Pandor dijo que "ha sido muy preocupante que (...) algunas de nuestras fuerzas armadas hayan estado involucradas en violencia sexual y de género".

 Tras calificarlo como "una vergüenza para su país", enfatizó que si se despliegan uniformados en cualquier parte del mundo  “estos deben ser entrenados para comprender que están allí para proteger".

Al contar el testimonio de una mujer uniformada que "había sido secuestrada por hombres en Darfur y enfrentaba la amenaza de violación", la ministra sudafricana llamó la atención sobre la violencia de género que también enfrentan las fuerzas de paz, los soldados y la policía en situaciones de conflicto.

Los premios Nobel pesan

Los galardonados con el Premio Nobel de la Paz, Nadia Murad y el doctor Denis Mukwege también hablaron en apoyo del Fondo Mundial.

"Nuestras ideas significativas deberían estar recogidas", dijo la embajadora de buena voluntad de la ONU Murad, una mujer yazidi que fue violada por extremistas del ISIS en Iraq, grupo que esclavizó a miles en ese país. "Los sobrevivientes deben ser parte de la solución".

Al señalar que el fondo no es un sustituto de la justicia, y que "los delincuentes tienen que pagar por su acto", el ginecólogo congolés Mukwege, un defensor vocal contra la violencia de género dijo que "el Fondo Mundial de Sobrevivientes establece una forma directa para que estos tengan acceso a reparaciones "y" cambiará a individuos, familias y comunidades en todo el mundo ".

Fuente ONU Noticias: https://news.un.org/es/story/2019/10/1464671

Informe: La vida de un niño -usado como- soldado después de ser liberado

Los menores reclutados a la fuerza en un conflicto sufren el rechazo de la sociedad, y en muchas ocasiones el de su familia, además de traumas físicos y psicológicos. En lo que va de año, 44 han sido rescatados en Nigeria

François —nombre ficticio— tenía 15 años cuando fue liberado, después de dos años como niño soldado en la República Centroafricana. A dos días de reencontrarse con su madre biológica, después de haber pasado por una familia de acogida y haber hecho un curso de FP de carpintería, le preguntaron qué quería hacer en el futuro. No lo dudó: "Quiero volver a la escuela". François es uno de los 300.000 menores víctimas de reclutamiento forzoso en todo el mundo, según datos de Unicef, que cambió su infancia y su educación por un fusil y que, años después, volvía a su vida después de escapar.

Desde 2015 se han liberado 10.000 niños y niñas de grupos armados en todo el mundo, según el informe El fin del uso de niños reclutados en conflictos armados, de Unicef. La última operación de rescate ha sido la de 23 niños y dos niñas en Nigeria que permanecían bajo custodia administrativa por su supuesta vinculación con grupos armados y la organización terrorista Boko Haram. Con estos últimos 25 casos, ya son 44 los menores liberados en el país africano en lo que va de 2019.

"Necesitan pasar de la vida militar a la vida civil de nuevo. Muchas veces al ser liberados llegan a los centros de tránsito sin saber quiénes son”, explica Lorena Cobas, responsable de emergencias de Unicef España. “Si ni siquiera los adultos están preparados para una guerra, las consecuencias psicológicas para un niño son terribles”, asegura María José Pinzón, experta y defensora de los derechos humanos y de la infancia. “Cuando su propia casa o su escuela pueden ser atacadas sin reparos; cuando los refugios tradicionales se convierten en objetivos, ¿cómo pueden los menores de edad escapar de la brutalidad de la guerra?”, explica Virginia Gamba, representante Especial del Secretario General para la Cuestión de los Niños y los Conflictos Armados de la ONU. “Este panorama demuestra el flagrante desprecio de las partes en conflicto por el derecho internacional, lo que hace que los civiles, especialmente los más pequeños, sean cada vez más vulnerables a la violencia y el abuso y a ser utilizados”.

Las niñas, doble víctimas de la guerra

Al igual que los niños, las niñas soldado tienen oficios y tareas que no necesariamente son la de empuñar un fusil: son porteadoras, cocineras y en la mayoría de los casos, se las aísla del resto y se las convierten en esclavas sexuales, o incluso se las casa forzosamente con los miembros del grupo armado o la milicia en la que han sido reclutadas. En Sierra Leona un 60% de las niñas soldado se convirtieron en bush wives —esposas de la selva—, fenómeno que también se ha documentado en Liberia o Angola, según explica la organización Save The Children. Las niñas que han sido esclavizadas sexualmente y han sido madres, también viven la estigmatización social de que sus hijos cuenten con un progenitor del ejército o del grupo armado enemigo, lo que las convierte en “las dobles víctimas del conflicto”, según la experta Cobas, al ser antiguas niñas soldados y madres de un hijo ya marcado desde su nacimiento.

Vuelta a la vida civil y el rechazo de la comunidad

El primer paso, una vez liberados del grupo armado o militar, es pasar por un centro de tránsito, donde se les suministra los elementos básicos de higiene y medicamentos, y se les somete a un estudio físico y psicológico. En el caso de las niñas, este suele ser más pormenorizado por haber estado en un mayor riesgo de sufrir violencia sexual durante su cautiverio. "El periodo que permanezcan aquí, cuanto más corto sea, mejor. Lo siguiente será volver con su familia", explica Cobas. El gran problema de los programas de reinserción de los reclutados es que no está claro el papel que debe adoptar la sociedad en su conjunto, poco preparada para acoger adecuadamente a estos niños en su comunidad, asegura Pinzón. “Los niños soldado son considerados asesinos, y socialmente van estar estigmatizados siempre. Nadie quiere que sus hijos vayan al colegio con un exguerrillero”, explica Pinzón. 

“Los niños soldado son considerados asesinos, y socialmente van estar estigmatizados siempre. Nadie quiere que sus hijos vayan al colegio con un exguerrillero”

María José Pinzón. Defensora de los derechos humanos y la infancia

Importante después para que el menor recupere su infancia es buscar y encontrar a su familia biológica. Pero la tarea resulta muchas veces difícil. A veces están lejos o han muerto a causa del mismo conflicto que llevó al menor a la guerrilla o el Ejercito. En casos muy extremos, el primer acto en un escenario de guerra es el de matar a los padres, lo que ayuda a manipular al hijo o hija y conseguir, así, que el repudio de su familia y su comunidad perdure. “El odio forma parte del conflicto”, dice Cobas.

En el caso de que la familia no desee su regreso, el plan B son las familias de acogida, dispuestas a dar cobijo a estos niños en el periodo de transición, que suele durar entre 2 y 3 años. "Luego toca volver a la escuela lo antes posible o a una formación profesional", explica Cobas. Los programas de reinserción de los niños y niñas reclutados forzosamente ofertan distintas opciones, desde carpintería, fontanería, electricidad  en función de la demanda de cada región. Una de las formaciones profesionales preferidas de muchos de estos niños y niñas en República Centroafricana es el curso de Mecánica. "Se les enseñan a conducir, y para muchos niños y niñas conducir es símbolo de poder y quieren sentir ese poder. Es importante verles cómo eligen su propio camino”. Su propio camino, como el que llevó a François a la escuela, de nuevo.

LAS FASES DE REINSERCIÓN

Desmovilización

Se trabaja con las fuerzas y grupos armados que liberan niños en sus filas. Una vez conseguida su liberación, se lleva a un centro de tránsito donde reciben asistencia médica, psicosocial y jurídica.

Desarme

Se recoge, controla y elimina las armas que están en posesión de los distintos grupos que combaten en el conflicto y de la población civil.

Reintegración

Apoyo integral al niño, que incluye atención médica por posibles lesiones, asesoría legal, atención psicológica y educación. Si son adolescentes, reciben formación profesional y ayuda para iniciar pequeños negocios.

Reunificación familiar

Se busca a las familias de los niños. Si no se encuentra o no aceptan hacerse cargo de ellos, se busca una familia de acogida para que puedan tratarles con cariño y el apoyo que necesitan.

Movilización social con las comunidades

Trabajo con las comunidades a las que van a volver los niños y niñas para que los acepten como miembros y les den una nueva oportunidad.

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Fuente Belén Hernández en El País: https://elpais.com/elpais/2019/10/07/planeta_futuro/1570463862_316980.html

Perú: Fiscalía entregó 39 restos humanos a deudos del conflicto, 19 eran menores de edad

El Ministerio Público entregó 39 restos humanos a deudos del conflicto armado interno. Luego de 35 años, el Fiscal Rigoberto Basilio Parra Rodríguez, presidente de la Junta de Fiscales Superiores del distrito fiscal de Ayacucho y otros representantes del Ministerio Público, la Dirección General de Búsqueda de Personas Desaparecidas y el alcalde de la Municipalidad Provincial de Huanta entregaron 39 restos humanos a familiares de las víctimas de la masacre de Putccas: 19 de los restos eran bebés y menores de edad.

El 25 de diciembre de 1984, los Comités de Autodefensa (CADS), apoyados por las Fuerzas Armadas ejecutaron extrajudicialmente en Putccas (Huanta, Ayacucho) a 38 personas, entre adultos, niñas, niños, ancianos y una mujer embarazada. Solo hubieron dos sobrevivientes que dieron su testimonio posteriormente.

La historia de Feliciana parece el guión de una película de terror, escribe Marcelo Puelles en el 2010. Feliciana, no es su verdadera identidad, tiene 49 años de edad y es una de las sobrevivientes de la masacre de 39 personas en la localidad de Putcca-pampa, en las alturas de Huanta, ocurrida la mañana de Navidad del 25 de diciembre de 1984 y perpetrada por marinos con la complicidad de los ronderos de las comunidades de Ccanis y Pampacancha.

Cuando la masacre sucedió, Putcca-pampa ya era un pueblo fantasma, oculto entre las montañas de la neblina del nevado Razuwillca. A fines de julio de 2009, más de 24 años después, un equipo de investigadores del Equipo Peruano de Antropología Forense (EPAF) llegó hasta la montaña de cerro Putcca, sobre los 4,500 m.s.n.m. Putcca-pampa sigue siendo un lugar de memoria ausente y de olvido, solamente visitado por pastores que, ante el frío gélido y la lluvia, se cobijaban en viviendas derruidas y abandonadas.

Aquella mañana de navidad los ronderos de los Comités de Defensa Civil de las comunidades de Ccanis, Pampacancha, Ccaccas, entre otras del distrito de Huanta, junto a miembros de las Fuerzas Armadas realizaron robos de ganados y aprisionaron 40 personas del caserío de Ñuñuncca y Choccepunko, que pertenece al anexo de Pallcca. Las personas detenidas, entre ellas 20 niños, fueron trasladadas a una cueva del cerro Putca y asesinadas allí a cuchillazos. Dos días después de esos hechos, los familiares de las víctimas, autoridades y militares de la base de San José de Secce recogieron, trasladaron y enterraron a sus muertos en las faldas de Putcca-pampa.

Según el hitoriador Renzo Aroni, investigador del Epaf, esta matanza de campesinos está inmersa dentro de una estrategia contrasubversiva militar, que contó con la complicidad de los ronderos que robaron ganado. En ese tránsito de la guerra y las dinámicas locales, afloraron intereses individuales y colectivos de los miembros de las rondas campesinas con la participación de las Fuerzas Armadas, quienes arrasaron a comunidades que, supuestamente, apoyaban a los senderistas, a través de las llamadas "campañas de rastrillaje" o búsqueda de senderistas en las alturas de Huanta.

Feliciana es una de las sobrevivientes de la masacre. Su familia no logró salvarse. Ella recuerda cómo los ronderos ingresaron a sus viviendas. Los ronderos los amarraron de las manos con soga para que no se escapen. A todos, “hasta a los niños descalzos los llevaron con dirección a Quiñacc Qasa y luego a Putcca-pampa”. En el trayecto le cortaron la lengua a su sobrino. Feliciana recuerda que eran muchas personas, entre ronderos y militares, quienes trasladaban a los detenidos. “Habían muchas mujeres. No se podía contar. Demasiado han venido. Por eso será que habrán traído animales también. De todos sitios vinieron”, dice Feliciana.
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Cuando llegaron a Putcca-pampa, Feliciana vio que un helicóptero dejó caer en una loma a un grupo de marinos. Vio tres infantes de Marina, quienes se integraron y se comunicaron con los ronderos. Luego, a todos los detenidos los metieron en un corral de ganado y los vendaron con trapos. Escuchó, entonces, que se llevaban a los niños. Les dijeron: “van a ir con caballo, no pueden ir a pie”.

"A nosotros, los adultos, nos dejaron atrás. En la entrada de la cueva ya habrán hecho eso (la matanza). Dijeron que se llevaban a los niños a Huanta. Será cierto, pensé, nos llevarán pues a Huanta. Sin embargo, a los niños ya los estaban matando, como los llevaron primero. A todos los niños, bebés también, los habían matado. A mujeres embarazadas también. Cuando han matado a todos los niños ya se lanzaron encima de nosotros. Entonces, como a las cuatro de la tarde habrán comenzado a matarnos, hasta el anochecer. A mí me dejaron al último”, relata Feliciana.

En efecto, los niños fueron conducidos a la parte alta del cerro Putcca, donde hay una enorme cueva, conocida como “Uchku mina”, sobre los 4 mil metros sobre el nivel del mar. Allí fueron asesinados los niños. Feliciana dice: “no hemos sentido los lloriqueos de los niños. Ni gritaron. Apenas logré escuchar a mi mamá Aurora protestando”. “Entonces comenzaron conmigo. Primero me han dado una patada en la nuca. Luego con un cuchillo me punzaron. Sentí un sacudón en mi cuerpo. Entonces pedí a Dios que me ayude, que me libre de esa tortura. De tanto dolor me habré desmayado, pero sentí que me tumbaron en el fondo de la cueva. Después de buen rato reaccioné. Mis manos estaban amarradas y mis ojos vendados, me desaté. Estaba lloviendo demasiado, con truenos y rayos”, cuenta la sobreviviente de la masacre de Putcca. Feliciana supone que por la lluvia y el relámpago los han matado rápidamente para luego marcharse. Ella dice que, como fue la última en ser asesinada, sólo la hirieron gravemente.

Ya en la noche vuelve en sí. “Cuando recupero mi conciencia veo que caen gotas de lluvia. Arrastrándome avancé hacia la entrada de la cueva. Todo estaba oscuro. Con mis manos palpé varios cuerpos. Encima de los muertos estuve. No sabía qué hacer. ¡Qué cosa voy hacer ahora, si salgo de la cueva también pueden matarme. Seguí clamando a Dios: ¡Ay, Dios mío! ¡Qué culpa han tenido estos niños!”, cuenta Feliciana. Sentada dentro de la cueva la mujer no se atrevía a salir, pues escuchaba voces afuera.

En la madrugada del día siguiente, 26 de diciembre, Feliciana se acercó a la entrada de la cueva y vio que estaba tapada con piedras. Empujó las rocas y logró salir. Lo primero que vio fue pisadas en el barro que estaban mezcladas con la sangre de los campesinos y los niños. Tenía mucha sed. Succionó los pedazos de hielo formados por las granizadas. Entonces recuperó un poco de energía y caminó para encontrar un escondite.

En la madruga del 27 de diciembre, Feliciana comenzó a bajar apoyándose con un bastón, con el poco valor que le quedaba. Llegó al pueblo de Parccora, donde informó a los familiares sobre la masacre de sus seres queridos en la cueva de la mina del cerro Putcca.

De inmediato los familiares de las víctimas fueron a avisar a la Base Militar de San José de Secce del distrito de Santillana. Los militares, autoridades y comuneros de las comunidades vecinas llegaron a la cueva del cerro Putcca. La tarde del 27 de diciembre de 1984, los restos de los 40 asesinados fueron extraídos de la caverna y luego enterrados en un lugar próximo, conocido como Intihuatana, donde los restos quedaron sepultados en cinco fosas

Fuente Fiscalía de la Nación y Marcelo Puelles.

Colombia: “El Ejército mató a nuestros hijos y nosotras cargamos con deudas millonarias”

Las madres de jóvenes víctimas de ejecuciones extrajudiciales de Soacha acumulan gastos en los cementerios. Piden que el Estado se encargue de los pagos.

El primero de octubre de 2008, Rubiela Giraldo, una humilde trabajadora de confección, recibió una llamada que le detuvo la vida. Desde el otro lado de la línea le informaban que su hijo, Diego Armando Marín, había sido asesinado por tropas del Ejército de Colombia y estaba sepultado muy lejos de Soacha, el lugar donde había desaparecido nueve meses atrás. Otras diez mujeres de esa misma localidad, cercana a Bogotá, recibieron llamadas similares. Ninguna se conocía, pero todas buscaban a sus hijos —muchachos de bajos recursos económicos— que habían recibido ofertas de trabajo por los mismos días.

Todas escucharon las mismas palabras que resultaban inverosímiles a sus oídos: que sus hijos habían muerto en combates con las fuerzas militares porque eran guerrilleros o miembros de bandas delincuenciales, una mentira que pronto se disipó y se convirtió en una de las mayores vergüenzas del Estado colombiano. Los muchachos habían sido reclutados con engaños y promesas falsas de trabajo, desaparecidos y posteriormente ejecutados por miembros del Ejército que, a cambio, recibían vacaciones y felicitaciones. El caso de estos jóvenes se llamó falsos positivos y fue solo el más conocido de los 2.248 casos que ocurrieron en todo el país durante los mandatos del expresidente Álvaro Uribe.

Once años después, Rubiela y varias de estas mujeres están preocupadas por otra llamada: las de los cementerios donde están los restos de sus hijos. “Ay mamita, ya me llamaron del cementerio y me dicen que debo 2,4 millones de pesos (cerca de 700 dólares). Eso me tiene pensativa, ¡cómo vamos a hacer para pagar toda esa plata!”, le dice Rubiela a Jaqueline Castillo, que también perdió a su hermano en las mismas circunstancias. Están en una encrucijada: mientras los casos se encuentren en investigación judicial los cuerpos de sus hijos son material de prueba y no pueden moverse ni incinerarse; pero el arrendamiento de ese espacio sigue generando cobros y ellas continúan sin saber qué institución del Estado debe pagar.

“El Ejército nos coge a nuestros hijos, nos destruye la vida y de sobremesa nos toca pagar deudas de millones”, explica Rubiela Giraldo a EL PAÍS. La norma en Colombia indica que un cadáver puede estar sepultado o en una bóveda durante cuatro años. Después de ese tiempo, si los familiares del muerto no son propietarios del lote deben decidir si los incineran o si los huesos se trasladan a un osario. Pero cuando se trata de muerte violenta, como el caso de los jóvenes de Soacha, la Fiscalía no permite que se haga la exhumación. Y ante ese entuerto, los cementerios les siguen cobrando alquiler a los deudos. “Como el lote no es mío y ya pasaron más de cuatro años he tenido que seguir pagando. Y como en algunos casos no se han hecho audiencias judiciales, entonces no podemos disponer de los resticos de nuestros hijos”, dice la señora.

Aunque los llamados falsos positivos son conocidos en todo el país, y hay soldados y oficiales que han confesado su participación en estos crímenes, la justicia avanza lenta y la muerte sigue facturando. Jaqueline Castillo cumple once años esperando justicia por el caso de su hermano, Jaime Castillo Peña, que desapareció el 11 de agosto de 2008 y apareció muerto dos días después en Ocaña, a 600 kilómetros de Bogotá. La fotografía de esta mujer desgarrada junto al cadáver de su hermano se convirtió en una de las imágenes más fuertes de las ejecuciones extrajudiciales. Hoy es una de las líderes de la Fundación Madres de Falsos Positivos de Soacha y Bogotá (MAFAPO), que se organizaron para exigir justicia.

“En el caso de mi hermano todavía no hay ni un acusado, por eso quién sabe cuánto más tiempo tendrá que estar en esa bóveda”, dice Jaqueline, cuya cuenta hace tres años ya rondaba los 3 millones de pesos. Junto a otras madres han expuesto la situación ante distintas entidades, incluso se reunieron con el vicepresidente del gobierno de Juan Manuel Santos, pero no obtuvieron ninguna solución. “No entiendo cómo el gobierno actual ofrece dinero de recompensa para capturar a un personaje como Jesús Santrich (excomandante de las Farc prófugo) y no tiene para ayudarnos a nosotras que hemos sido víctimas del Estado”, se queja.

Una herida abierta 

Mientras van dando puntadas a un tejido colectivo que hacen en la oficina de la fundación, las madres cuentan sus historias como si los asesinatos ocurrieran en el instante en que hablan. Beatriz Méndez tiene claro el momento en que supo de la muerte de Weimar Armando Castro Méndez y aunque no olvida detalle se acaba de tatuar el rostro de su hijo en un brazo. Ella también perdió a su sobrino, Edward Rincón Méndez y hoy tiene el mismo drama con las deudas que, en su caso llegan a los 12 millones de pesos, unos 4 mil dólares. “Ha pasado mucho tiempo y seguimos esperando para saber quién nos va a ayudar con esto”, dice Méndez que espera su turno para escuchar a los militares que darán su versión voluntaria ante la Jurisdicción Especial para la Paz, tribunal creado tras los acuerdos de paz con las Farc.

Varios expertos consultados por EL PAÍS sostienen que esta situación revictimiza a estas mujeres, que los cementerios actúan bajo la Ley y que de fondo el problema es cómo el Estado acompaña a las víctimas en el proceso posterior al homicidio de estos jóvenes. “No es culpa de la familia que la Fiscalía, por la naturaleza de la investigación, impida tocar el cuerpo. Recomiendo que hagan una solicitud formal a la Unidad de Víctimas y una adicional a la JEP, si es que sus casos se van a investigar ahí. No puede ser que, además de que son que son víctimas del Estado ahora les toque pagar, además, para preservar los cuerpos de sus hijos”, dijo Ginna Camacho, de Equitas, una organización forense que trabaja sobre desaparición forzada y protocolos de cementerios.

La Unidad para las Víctimas admitió que este gobierno no conocía el caso de forma oficial y que la Ley de Víctimas solo contempla ayuda para los servicios funerarios una vez ocurren los hechos. La subdirectora, Lorena Mesa, le dijo a EL PAÍS, que hay un principio de corresponsabilidad que obliga a la alcaldía de Bogotá y a la gobernación de Cundinamarca donde están sepultados, a ayudar a las víctimas. Pero las Madres de Soacha ya exploraron esa opción hace años y tampoco ocurrió nada. ¿Qué les queda entonces? “Nosotros podríamos intentar una articulación reuniendo a las entidades que podrían ser responsables con el tema, a ver si podemos buscar una solución. Podemos liderar una reunión con alcaldía”, dijo la funcionaria.

A la espera de esa reunión, las madres no solo confían en que una década después haya avances en la justicia, sino que dejen de recibir llamadas que las devuelvan a aquel momento en que perdieron a sus hijos.

Fuente EL PAIS - Catalina Oquendo: https://elpais.com/internacional/2019/09/09/colombia/1568046072_636782.html

ONU: Más de 3000 mochilas escolares de UNICEF denuncian la gravedad de las muertes infantiles en conflictos

Una instalación de UNICEF inaugurada este domingo en la sede de la ONU en Nueva York simboliza la devastadora cantidad de muertes infantiles en zonas de conflicto durante 2018.

La inquietante exposición muestra 3.758 mochilas dispuestas en fila como si estuvieran colocadas a modo de lápidas en un cementerio. Cada mochila representa la pérdida sin sentido de la vida de una persona joven a causa de un conflicto.

La instalación, que se prolongará hasta el 10 de septiembre, encarna un doble mensaje para los dirigentes mundiales: la vuelta a la escuela de muchos niños en esta época del año y, además, sirve a modo de advertencia para los líderes mundiales que se reunirán a finales de septiembre en Nueva York con motivo del nuevo periodo de sesiones de la Asamblea General.

La directora ejecutiva de UNICEF, Henrietta Fore, señaló que "las mochilas de UNICEF siempre han representado un símbolo de esperanza y de posibilidades para la infancia" y añadió que "en dos semanas, los dirigentes mundiales reunidos en la Asamblea General de las Naciones Unidas celebrarán el 30º aniversario de la Convención sobre los Derechos del Niño. Esta instalación debería recordarles lo que está en juego".

Según el informe anual del Secretario General sobre los niños y los conflictos armados de 2019, más de 12.000 niños fueron asesinados o lesionados en esas zonas, el número más alto desde que las Naciones Unidas comenzó a vigilar y denunciar esta grave violación humanitaria. El estudio cuantifica únicamente incidentes verificados, ya que es probable que las cifras reales sean mucho más elevadas.

En los actuales conflictos en Afganistán, la República Centroafricana, Somalia, Sudán del Sur, Siria, el Yemen y muchos más, son los niños quienes pagan el precio más alto de la guerra. El uso continuado y generalizado de armas explosivas, como los ataques aéreos, las minas terrestres, los morteros, los artefactos explosivos improvisados, los ataques con cohetes, las municiones en racimo y los bombardeos de artillería, causan la gran mayoría de las víctimas infantiles en conflictos armados.

"Mientras muchos niños y niñas regresan a la escuela esta semana, llamamos la atención sobre los otros miles que mueren zonas de conflicto y cuya trágica pérdida se dejará sentir para siempre en sus hogares, aulas y comunidades de todo el mundo", dijo Fore. "Los extraordinarios avances logrados en favor de la infancia durante los últimos 30 años muestran claramente lo que podemos hacer si aprovechamos la voluntad política de poner a los niños en primer plano".

Fuente ONU: https://news.un.org/es/story/2019/09/1461752

ONU: 2018 se convierte en el año con más niños muertos y heridos en guerras

El año pasado, 12,000 menores murieron o sufrieron graves heridas en una veintena de conflictos. Además, otros 7000 niños fueron reclutados a la fuerza. Los funcionarios de la ONU aseguran que es descorazonador conocer estas noticias. No obstante, las cifras son conservadoras, ya que los recortes presupuestarios en las misiones de paz de la ONU ordenadas por los Estados han mermado la capacidad para supervisar la situación.

Más de 24,000 niños fueron asesinados, heridos, mutilados, reclutados a la fuerza y secuestrados, o sufrieron abusos sexuales y otras violaciones de sus derechos humanos durante el año 2018, según el último informe Anual del  Secretario General sobre Niños y Conflictos Armados.

De esa cifra, más de la mitad corresponde a quienes perdieron la vida o quienes resultaron con graves heridas, como la pérdida de algún miembro de su cuerpo, principalmente por incidentes de fuego cruzado, restos de explosivos de guerra, minas terrestres y otras acciones de combate perpetradas tanto por grupos no estatales, como actores estatales y fuerzas multinacionales.

De esta forma, el año 2018 bate un triste récord al estar marcado por los más altos niveles de niños asesinados o heridos en un conflicto armado desde que las Naciones Unidas comenzaron a monitorear y reportar esta grave violación.

Además, el reclutamiento y el uso de niños como soldados continuó en 2018 con más de 7000 niños involucrados en combates de primera línea o desempeñando otros papeles de apoyo en los conflictos a nivel mundial.

Los recortes no muestran las cifras verdaderas

Tras dar a conocer el informe, la representante especial para la Cuestión de los Niños y los Conflictos Armados explicó que esas cifras "son conservadoras".

"Tengo que decir que estoy totalmente devastada porque durante los últimos tres años, cada año, los actores dedicados a la protección de los niños en los conflictos han sido reducidos y, francamente, si esto continúa, no habrá posibilidad de supervisar o informar acerca de nada. Es ridículo recortar el coste de las misiones de paz en su tejido más blando", argumentó Virginia Gamba.

Después agregó que "es inmensamente triste que los niños continúen siendo desproporcionadamente afectados por el conflicto armado, y es horrible verlos asesinados y mutilados como resultado de hostilidades".
"Es imperativo que todas las partes den prioridad a la protección de los niños", exigió.

Para Gamba, ese imperativo es además urgente: "Esto no puede esperar: las partes en conflicto deben proteger a los niños y poner en práctica medidas tangibles para terminar y prevenir estas violaciones".

Por su parte, el Secretario General calificó las cifras como "descorazonadoras" y coincidió con su representante en la necesidad de que las partes en conflicto "garanticen el cumplimiento de sus obligaciones en virtud del derecho internacional, incluido el respeto y la protección especiales que el derecho internacional humanitario otorga a los niños afectados por conflictos armados".

En la conducción de las hostilidades, las partes en conflicto deben abstenerse de dirigir ataques contra civiles, incluidos los niños, e instalaciones civiles, de acuerdo con las Convenciones de Ginebra.

Guterres reiteró que la mejor forma de proteger a los niños es la paz y pidió a todas las partes y a los mediadores que trabajen "en favor de acuerdos políticos que resuelvan los conflictos existentes".

UN Children and Armed Conflict Report 1918621 

Fuente Noticias ONU: https://news.un.org/es/story/2019/07/1459941

ONU: El reclutamiento de niños atravesó fronteras en 2018

La creciente dimensión transfronteriza de los conflictos se ha convertido en una amenaza adicional para la protección de niñas y niños y requiere de esfuerzos concertados, asegura un nuevo informe de la representante especial del Secretario General sobre estas cuestiones.

Virginia Gamba afirma que el reclutamiento y el uso de los pequeños por parte de grupos armados no estatales que utilizan tácticas extremistas violentas plantea nuevos desafíos desde una perspectiva de protección infantil.

"La situación se ve agravada por la naturaleza global del extremismo violento que ha favorecido el surgimiento del reclutamiento transnacional y la participación de los niños en el fenómeno de convertirse en "combatientes extranjeros", dice Gamba.

Se estima qie desde 2011, entre 30.000 y 42.000 combatientes extranjeros de unos 120 países han viajado al Iraq y a la República Árabe Siria para unirse a grupos afiliados al ISIS o a Al-Qaeda. "Se cree que, para noviembre de 2017, casi 7000 combatientes extranjeros habían muerto en el campo de batalla y al menos 14,910 habían abandonado las zonas de conflicto, mientras que unos 6800 habían regresado a sus países de origen.

Esas cifras incluyen una proporción significativa de niños. Dados el alcance y la propaganda cada vez mayores de esos grupos, el reclutamiento y la utilización de niños no se han limitado a las regiones asoladas por los conflictos. Un número cada vez mayor de niños cruzan las fronteras, ya sea solos o con sus familias, hacia zonas controladas por grupos que utilizan la violencia extrema. Esos grupos también secuestraron a niños y los obligaron a cruzar las fronteras mientras estuvieron vinculados a ellos.

Estos niños son considerados a menudo como amenazas de seguridad, arrestados y detenidos, lo que los expone a nuevas violaciones, como su reclutamiento o uso como informantes, la tortura, la violencia sexual y el tráfico o la ejecución bajo sospecha de asociación.

"Los hijos de combatientes extranjeros o los niños reclutados como combatientes extranjeros no solo son víctimas de utilización, asesinato, mutilación, esclavitud, explotación sexual, miedo constante, adoctrinamiento y presión psicológica, sino que también son testigos o presuntos autores de vulneraciones", asegura Gamba, quien resalta que la violencia tiene graves repercusiones para el bienestar físico y mental de esos niños y no se limita a los que se encuentran en las zonas de conflicto, sino que también se aplica a los que regresan de esas zonas, tanto si viajaron solos como si los llevaron allí los adultos, ya fuera voluntariamente o no.

El informe hace un llamado a los Estados para que recuerden que todos los niños asociados con partes del conflicto deben considerarse principalmente como víctimas y su rehabilitación y reintegración deben ser la respuesta primeria", asegura Gamba.

Además, si son acusados de un delito durante su asociación con grupos armados, los niños deben ser procesados por el sistema de justicia juvenil. La detención siempre debe ser un último recurso, durante el menor tiempo posible y guiada por los mejores intereses del niños.

Ataques a escuelas y secuestros en aumentos

El informe, que abarca el periodo entre diciembre de 2017 y diciembre de 2019, también alerta sobre un aumento significativo de ataques contra escuelas y su uso militar.

Cada vez más niños son privados de la educación porque las escuelas son atacadas, destruidas, dañadas u ocupadas o porque los niños y sus familias tienen miedo de asistir a clases por los riesgos a los que pueden estar expuestos en la carretera o en la propia escuela, como el secuestro, el reclutamiento o la violencia sexual por las partes en conflicto.

En 2018 también se observó un aumento de los secuestros de niños afectados por conflictos armados, incluso a través de las fronteras. El secuestro es una de las seis violaciones graves contra los niños y con frecuencia está vinculado a una o más de las otras violaciones graves, como el reclutamiento.

La representante especial expresa en su informe su voluntad de proporcionar claridad conceptual sobre el secuestro a los profesionales de la protección infantil en el campo y de proporcionar a las autoridades, los actores humanitarios y las comunidades, medidas que puedan ayudar a mitigar o reducir la vulnerabilidad de los niños ante esta grave medidas que puedan ayudar a mitigar o reducir la vulnerabilidad de los niños ante esta grave violación.

ONU Informe Los Niños y Los... by on Scribd

Fuente Noticias ONU: https://news.un.org/es/story/2019/01/1450342