El Fiscal de la Nación, Pedro Gonzalo Chávarry Vallejos, aprobó el pasado 3 de agosto el Protocolo de Investigación de los delitos de Feminicidio desde la perspectiva de Género, que permitirá a los fiscales de todo el país contar, por primera vez, con una herramienta de intervención eficaz frente a los casos de muertes violentas de mujeres, acorde a los estándares internacionales.
De acuerdo al dispositivo, a partir de ahora los fiscales deberán incorporar los enfoques de género y de integralidad; así como de interculturalidad, de derechos humanos, de interseccionalidad y generacional en discriminación, de debida diligencia, de intervención inmediata y oportuna y de interés superior del niño, entre otros, a lo largo de todo el proceso de investigación.
El Protocolo establece también pautas ágiles y sencillas para los casos de feminicidio, que deberán tener en cuenta todos los fiscales desde el inicio de las investigaciones hasta la culminación del proceso penal, a fin de evitar la impunidad. Una de ellas se refiere a la identificación plena de las motivaciones de odio o discriminación que antecedieron al crimen, como objetivo estratégico de la investigación.
De otro lado, precisa que el Protocolo deberá aplicarse en todos los casos de muertes violentas de mujeres que se produzcan en contextos no naturales como homocidios, suicidios, accidentes o decesos en los que se sospeche de un acto criminal.
La medida se dicta en un contexto de notable incremento de los casos de feminicidio en nuestro país, que llevan al Ministerio Público a tomar acciones inmediatas. Entre 2009 y abril de este año, el Observatorio de la Criminalidad del Ministerio Público reportó un total de 1,053 muertes de mujeres efectuadas a manos de sus parejas o exparejas. Las regiones que registran los mayores casos de feminicidio son Arequipa, Ayacucho, Cusco, Junín, Lambayeque, Lima y Puno, con más del 50% de los casos.
Cabe indicar también que, en su discurso tras adumir el cargo de Fiscal de la Nación, el titular del Ministerio Público anunció la designación de fiscalías provinciales penales dedicadas exclusivamente a casos de violencia familiar y sexual. Ello se suma a otras medidas adopatdas recientemente para hacer frente a los casos de feminicidio, de una manera más eficaz.
