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9 jul 2020

Defensoría del Pueblo: cada dos horas, una mujer adulta o menor de edad fue reportada como desaparecida

En un semtestre Hun semestre marcado por la emergencia sanitaria por COVID-19, la Defensoría del Pueblo advirtió que la problemática de las mujeres reportadas como desaparecidas, tanto adultas como menores de edad, ha ido en aumento, en especial en los meses en que las medidas se han flexibilizado. Ante ello y en el marco de la reanudación de diversas actividades, urge que los operadores de justicia asuman medidas para una búsqueda efectiva que garantice la integridad de las víctimas.

De acuerdo al reporte realizado por esta institución, de enero a junio, se registraron 2457 mujeres como desaparecidas (737 adultas y 1720 menores de edad). Es decir, cada día, fueron reportados un promedio de 14 casos (aproximadamente 1 cada dos horas). Esta situación resulta preocupante puesto que, a excepción de los primeros días de la cuarentena, las cifras han ido en aumento mes a mes, siendo febrero el periodo en que más denuncias se presentaron (663).

Asimismo, durante la cuarentena, 1100 mujeres fueron reportadas como desaparecidas: 309 adultas, y 791 niñas y adolescentes. Cabe advertir que, tanto en cuarentena como en los días anteriores al 16 de marzo, los factores etarios y de género originan una prevalencia de la problemática que afecta principalmente a la población femenina y menor de 18 años. Además, Lima (408), Arequipa (55) y el Callao (47) son las regiones en donde se presentaron más reportes.

Por otro lado, durante el primer semestre, se perpetraron 65 feminicidios, 124 tentativas y 31 muertes violentas de mujeres. Si bien mes a mes no se registró un aumento de casos, salvo en abril, cabe indicar que un factor clave para entender las cifras fue el inicio de la cuarentena, ya que la capacidad de denuncia y el acceso a la justicia se vieron mermados por la situación de emergencia. Esto evidencia una reducción en el registro de casos, mas no una disminución de la problemática.

Específicamente, durante la emergencia, ocurrieron 28 feminicidios, 32 tentativas y 15 muertes violentas. En este periodo, Lima fue la región que registró más casos: 5 feminicidios, 11 tentativas y 6 muertes violentas. En relación a estos delitos, reiteramos que es necesario que se agilicen las investigaciones para que las víctimas, tanto directas como indirectas, puedan obtener justicia y reparación; en el caso de las muertes violentas, urge también que se tipifiquen adecuadamente.

Ante este escenario de violencia, la Defensoría del Pueblo reitera la necesidad de garantizar una búsqueda exhaustiva, inmediata y célere de las mujeres reportadas como desaparecidas, activando todos los protocolos necesarios y asegurando una absoluta diligencia.

Asimismo, la institución insiste en solicitar un adecuado registro y portal de personas desaparecidas que coadyuven a un tratamiento apropiado de la problemática, además de incluir esta forma de violencia ejercida por particulares en nuestra legislación actual, ya que permitirá que sea abordada de manera integral. También, es necesario fortalecer la atención a través de la línea 114, además de ampliar el servicio para que no solo se brinde orientación, sino que se reciban denuncias mediante este canal.

De la misma forma, ante la flexibilización de las medidas restrictivas y la reanudación de las actividades económicas, la capacidad de denuncia de las personas irá en aumento, por lo que la Defensoría del Pueblo demanda una priorización de la atención de los casos de violencia contra las mujeres. En ese sentido, los operadores de justicia deben estar preparados y deben asegurar, además, una atención virtual efectiva en el marco del D.L.1470, ya que esto permitirá prevenir cualquier contagio de COVID-19.


29 oct 2019

MESECVI: Mujeres y niñas desaparecidas en el hemisferio


En conformidad con las obligaciones derivadas de los artículos 7 y 8 de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer “Convención de Belém do Pará”, el Comité de Expertas del MESECVI, cuya Secretaría Técnica forma parte de la Comisión Interamericana de Mujeres (CIM) de la OEA, presenta la Recomendación General sobre Mujeres y Niñas Desaparecidas en el Hemisferio, documento aprobado en diciembre de 2018 en Washington DC.

1. ¿Qué es una Recomendación General?
Es la interpretación y el análisis que hace el Comité de Expertas sobre un tema en específico, basándose en los lineamientos establecidos en la Convención de Belém do Pará. Finalmente, se desprende una serie de recomendaciones para que los Estados Partes implementen a nivel nacional.

2. ¿Por qué una Recomendación sobre Mujeres y Niñas Desaparecidas?
Porque aunque la data es poco confiable y parece haber un sub registro de casos, se conoce la existencia de altos números de mujeres y niñas desaparecidas en la región. Además, por su conexión con otras formas de violencia como el femicidio/feminicidio, la trata y la violencia sexual.

3. ¿Qué se busca?
Enmarcar la desaparición de mujeres y niñas dentro de la Convención de Belém do Pará, y por lo tanto, delinear las obligaciones de los Estados Parte para prevenir, investigar, castigar y erradicar esta forma de violencia contra las mujeres y las niñas.

28 feb 2019

MININTER: Reglamento que desarrolla medidas para la atención de casos de desaparición de personas en situación de vulnerabilidad

Mediante el Decreto Supremo N° 003-2019  se aprobó el Reglamento del Decreto Legislativo N° 1428 que desarrolla medidas para la atención de casos de desaparición de personas en situación de vulnerabilidad.

El Decreto Legislatiovo N° 1428, desarrolla medidas para la atención de casos de desaparición de personas en situación de vulnerabilidad, contempla la atención de denuncias, difusión, investigación, búsqueda, ubicación y empleo de mecanismos tecnológicos para la organización y difusión de información sobre casos de desaparición de personas.

29 may 2018

I(DH)EAS: Informe sombra sobre la situación de la desaparición de personas en México


I(dh)eas, Litigio Estratégico en Derechos Humanos A.C. y los colectivos de familiares de personas desaparecidas presentaron su informe alternativo al Comité contra las Desapariciones Forzadas (CED) sobre la situación de la desaparición de personas en México. 

El informe señala que existe en México un total de 35,410 personas víctimas de desaparición, de acuerdo al Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas.

Un total de 21,602 desapariciones ocurrieron durante el sexenio del presidente Enrique Peña Nieto (adjuntamos el informe). 


19 feb 2017

Asamblea General de la ONU conmemora diez años de la Convención contra las desapariciones forzadas

La Asamblea General de la ONU conmemoró el Décimo Aniversario de la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas.

"Este aniversario marca un hito en la lucha de la comunidad internacional para eliminar del mundo uno de los peores crímenes en contra de la humanidad: las desapariciones forzadas", declaró Perter Thomson, presidente de la Asamblea General.  

La reunión de alto nivel busca estimular la reflexión y crear conciencia sobre la Convención entre los Estados Miembros de las Naciones Unidas, así como hacer un balance de sus logros en los últimos diez años y debatir formas para asegurar su efectiva aplicación.

"Hoy es el día para que la comunidad internacional reconozca no sólo a las víctimas, sino también el dolor indescriptible que sufrieron y sufren sus familias, y para rendir tributo a su lucha y compromiso en la búsqueda de justicia para sus seres queridos", agregó Thomson.

El evento contó con la participación de la jefa de Gabinete de la ONU Maria Luiza Ribeiro, quién leyó un discurso en nombre del Secretario General, António Guterres.

"Para celebrar el aniversario de la Convención, pido a todos los gobiernos que reafirmen su compromiso con la dignidad humana. Nadie debe ser sometido a desapariciones forzadas o encarcelado secretamente. Trabajemos para prevenir que esto vuelva a suceder en el mundo", dijo.

La Convención es un tratado histórico, integrado por 56 países, dirigido a impedir las desapariciones forzadas, después de décadas de sufrimiento de los familiares de las víctimas, y busca establecer la verdad sobre los casos, que se castigue a los responsables y que se proporcione reparación a las víctimas y a sus familias.

La dictadura uruguaya dejó miles de personas torturadas o desparecidas. Cuarenta años después, el Estado trata de cerrar las heridas de las víctimas.


30 ago 2016

"Cada minuto cuenta", expertos de la ONU plantean alarma sobre las desapariciones forzadas

Cada 30 de agosto se celebra el Dia Internacional de las Víctimas de las Desapariciones Forzadas en el mundo. 
Dos grupos de especialistas de las Naciones Unidas (ONU) sobre las desapariciones forzadas llaman a los Estados a prevenir y erradicar las desapariciones forzadas en el mundo, y asegurar que los familiares de las personas desaparecidas privadas de libertad sean informadas con presición y sin demora sobre su detención.
 
Hablando en el Día internacional de las víctimas de las desapariciones forzadas, el Comité contra la Desaparición Forzada y el Grupo de Trabajo sobre desapariciones forzadas o involuntarias expresaron también su preocupación por las denuncias de intimidación y represalias contra las víctimas de desapariciones forzadas y los que informan sobre sus casos.
 

"No hay límite de tiempo, no importa cuán corto, para que se produzca una desaparición forzada. Cada minuto cuenta cuando una persona es puesta fuera de la protección de la ley. Y cuando una persona es desaparecida, cada minuto perdido de angustia por sus familiares al no tener noticias de la persona es un minuto demasiado largo.

Hemos recibido informes y quejas de personas que están siendo detenidos brevemente por las autoridades estatales, que luego se niegan a reconocer su detención, ni les permiten tomar contacto con sus familiares o con sus abogados, privándoles temporalmente de cualquier tipo de protección legal. En estas circunstancias, y cualquiera que sea su duración, estas detenciones equivalen a desapariciones forzadas, para lo cual los Estados parte son​​responsables internacionalmente.

Los Estados tienen la obligación de revelar el paradero de las personas que se encuentran privadas de su libertad; para mantenerlos en lugares de detención oficialmente reconocidos; y para proporcionar rápidamente información exacta sobre su detención a su familia, sus abogados, u otras personas que tengan un interés legítimo.

Los familiares de los desaparecidos tienen derecho a conocer la verdad sobre la suerte y el paradero de sus seres queridos. Por desgracia, su reclamo por la verdad y la justicia a menudo da lugar a la intimidación y las represalias. Hemos recibido informes preocupantes de actos de represalia contra los familiares, testigos y defensores de los derechos humanos que denuncian casos de desapariciones forzadas a las autoridades, o que los traen al Grupo de Trabajo o el Comité.

Al conmemorar el Día Internacional de las Víctimas de la Desaparición Forzada, animamos a todas las víctimas y sus familiares a que sigan participando con los mecanismos de derechos humanos de la ONU y hacer uso de las vías disponibles en contra de cualquier forma de intimidación y represalias. Estos incluyen las Directrices de San José contra la intimidación y las represalias adoptadas por los órganos de tratados, y el marco de actuación en supuestos actos de intimidación y represalia, adoptadas por los titulares de mandatos de procedimientos especiales para fortalecer su capacidad de proporcionar una respuesta sistemática y coordinada a este fenómeno.

También reiteramos nuestro llamado a todos los Estados a ratificar o adherirse a la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas (entró en vigor en 2010 y ha sido firmada por 93 Estados y ratificada por 50), como un primer paso fundamental para la prevención, y la terminación definitiva, de la práctica inadmisible de las desapariciones forzadas.


Entrevista a Rosa Roisinblit, vicepresidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, cuenta cómo recuperó a su nieto:


Notas relacionadas:

18 ago 2016

CorteIDH: Sentencia sobre Desaparición Forzada del señor Rigoberto Tenorio Roca en Perú

           Comunicado de Prensa
Corte Interamericana de Derechos Humanos
Sentencia sobre Desaparición Forzada del señor Rigoberto Tenorio Roca en el Perú.


Aquí la Sentencia que condenó al Estado peruano por la desaparición forzada del señor Tenorio Roca.
Fuente Corte Interamericana de Derechos Humanos: http://www.corteidh.or.cr/

22 jun 2016

Presidente Ollanta Humala promulgó Ley de Búsqueda de Personas Desaparecidas

"El gobierno promulga la Ley de Búsqueda de Personas Desaparecidas, en el afán de dar justicia a las familias afectadas por la violencia", dijo hoy el Presidente Ollanta Humala. 

Ley Nº 30470, Ley de búsqueda de personas desaparecidas durante el período de violencia 1980 - 2000; tiene como finalidad priorizar el enfoque humanitario durante la búsqueda de las personas desaparecidas en el período de violencia de 1980-2000, articulando y disponiendo las medidas relativas a la búsqueda, recuperación, análisis, identificación y restitución de los estos humanos. La entidad competente es el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.


Fuente El Peruano: http://www.elperuano.com.pe/
Foto El Peruano.

26 may 2016

Hoy: Pleno del Congreso aprobó proyecto de ley de búsqueda de personas desaparecidas de 1980 al 2000

Hoy el pleno del Congreso de la República aprobó el Proyecto de Ley de búsqueda de personas desaparecidas durante el período de violencia 1980 al 2000. Estará a cargo del Ministerio de Justicia.

Defensoría del Pueblo: Proyecto de Ley de Búsqueda de Personas Desaparecidas 1980-2000

Mediante el oficio 0168-2016/DP, la Defensoría del Pueblo, en uso de su facultad de inciativas legislativas envió al Presidente del Congreso de la República, Luis Ibérico, el Proyecto de Ley de búsqueda de personas desaparecidas durante el período de violencia de 1980 al 2000.

Cabe recordar que el Estado peruano se comprometió a "Implementar una política pública  para la búsqueda, identificación y de ser el caso, la restitución de los restos óseos de las personas desaparecidas", así como "Diseñar un Plan Nacional de Intervenciones Antropológico Forenses destinado a recuperar los cuerpos de las personas desaparecidas y enterradas clandestinamente", establecido en el objetivo 24 del Plan Nacional de Derechos Humanos.

21 feb 2016

BBC: El misterio de las miles de mujeres aborígenes muertas o desaparecidas en Canadá

Se cuentan por miles. Son mujeres y niñas aborígenes qu hn desaparecido o han sido asesinadas en Canadá desde 1980 y cuyo destino quiere ahora esclarecer el gobierno del nuevo primer ministerio Justin Trudeau.

Un informe de la Real Policía Montada de Canadá divulgado en 2014 estimaba en 1.200 el número de víctimas, pero - según afirmó la ministra de Asuntos Indígenas, Carolyn Bennett - "La tragedia es mucho más grande".

La cifra de víctimas podría superar las 4,000, según indicó la ministra de la Mujer, Patty Hadju, sobre la base de un informe de la Asociación Canadiense de Mujeres Aborígenes. 

Bennett acusó a la policía de no haber investigado suficientemente miles de casos que de acuerdo con los familiares de las víctimas fueron clasificados erróneamente como suicidios, muertes accidentales o muertes por causas naturales.

La mayor parte de las víctimas son residentes de Winnipeg, la ciudad con la población indígena más grande en Canadá, según reveló la BBC en una investigación que publicó sobre este tema en abril de 2015.

Según ese trabajo, decenas de mujeres aborígenes desaparecen cada año y muchas de ellas aparecen luego muertas en un río de la localidad.

La promesa de investigar

Durante la campaña electoral del año pasado, el actual primer ministro Justin Trudeau se comprometió a investigar esta situación.

Justin TrudeauTrudeau prometió a los jefes de las tribus aborígenes de Canadá que esta situación sería tratada con la máxima prioridad por parte de su gobierno.

Como un primer paso, se estableció una comisión en la que participan las ministras Hajdu y Bennet, quienes han estado conversando con sobrevivientes y con familiares de las víctimas en todo el país.

Víctimas fatales
Según la investigación publicada por la BBC, en Canadá existe la creencia generalizada de que las indígenas son víctimas principalmente de miembros de su comunidad.

Según datos de la Real Policía Montada, más del 60% de las aborígenes asesinadas murieron a manos de maridos, familiares o amigos cercanos.

Sin embargo, hay aún un 40% de casos de muerte causada por extraños o conocidos casuales, un término que a menudo se usa para describir la relación entre trabajadoras sexuales y clientes.

En esos casos, puede resultar fundamental la vulnerabilidad de las víctimas.

De acuerdo con la investigación de la BBC, las aborígenes tienen una posibilidad cuatro veces mayor a ser asesinadas o desaparecer que otras mujeres canadienses.

El asesino en serie Shawn Lamb, condenado en Winnipeg en 2013 por asesinar a dos mujeres aborígenes, dijo que estas eran "las víctimas perfectas", pues a nadie parecía importarle si desaparecían.

18 ene 2016

Amnistía Internacional denuncia "indolencia" frente a las desapariciones de personas en México

Por Braulio Moro
Radio Francia Internacional - RFI
Da vértigo. Desde 2006 más de 27 mil personas han desaparecido en México, 40% bajo el gobierno actual de Enrique Peña Nieto. En el informe "Un trato de indolencia, la respuesta del Estado frente a la desaparición de personas en México", Amnistía Internacional pide que el gobierno "asuma su deber de realizar búsquedas exhaustivas de los desaparecidos".

Las crisis desaparición de personas en México es una herida que crece cada día. Con base en las informaciones y testimonios directos recogidos recientemente, la organización defensora de los derechos humanos llegó a la conclusión que "a la fecha no se han logrado cambios estructurales significativos que permitan asegurar el acceso a la verdad, justicia y reparación".

AI documenta en detalle la situación en Ciudad Cuauthémoc, en el estado de Chihuahua, localizado en el norte del país, donde el gobierno reporta 351 personas desaparecidas, y vuelve sobre el caso de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural " Raúl Isidro Burgos", de Ayotzinapa, desaparecidos entre el 26 y 27 de septiembre de 2014.

Una de las principales preocupaciones es que "no hay realmente investigaciones y de hecho existe una impunidad que, se puede decir, influye el problema de las desapariciones", dijo a RFI  Genèvieve Garrigos, Presidenta de Amnistía Internacional en Francia. Durante su viaje reciente a ese país, Garrigos constató que los familiares han comenzado a organizarse en colectivos (hay 24 en el país) para buscar a más de 4 000 personas. "Frente a la indolencia del gobierno, ya sea a nivel federal o estatal son las familias mismas que se tienen que organizar para llevar la búsqueda de sus familiares, e incluso en algunos casos están trabajando con empresas privadas, y eso tiene un gran impacto sobre la sociedad", añadió.

Hay muchos casos donde no se lleva ninguna investigación, apuntan las personas entrevistadas por AI, por lo que las familias resienten un "profundo desinterés hacia sus casos". Una madre dijo: "En la carpeta de mi niña hay lo que yo les he dado (a las autoridades), nada más". Otra madre acusa que las autoridades le dieron "un trato de indolencia, de un papel más, porque para ellos eso son las personas que desaparecen, un papel más que archivan".

AI hace 21 recomendaciones divididas en tres niveles: respecto a la ley General sobre Desapariciones (presentada en 2015) y la legislación penal; respecto a la búsqueda de personas desaparecidas y la investigación de los hechos, y respecto a la afectación a las familias, la asistencia y la reparación integral. "Primero que nada México tiene que incluir en su código penal la definición exacta, tal como está en la Convención contra las desapariciones del derecho internacional, porque ésta no sólo comprende las desapariciones realizadas por gentes del estado o porque trabajan con ellos, pero también en otros casos el hecho que se busquen a las personas y se indemnice, se tome en cuenta a las víctimas que son los familiares", dice Geneviève Garrigos.


9 dic 2015

Saludo del Doctor Eduardo Vega, Defensor del Pueblo, a los Familiares de la masacre de Santa Bárbara

El Defensor del Pueblo, Eduardo Vega Luna, saludo a los pobladores y familiares de la masacre del Caso Santa Bárbara, hace 24 años, dónde miembros del Ejército peruano desaparecieron a 15 personas, entre ellas, 7 niños y niñas. Aqui su discurso.
 


Fuente Defensoría del Pueblo: http://www.defensoria.gob.pe/
Fotos: Iprodes.

8 dic 2015

Hoy: Realizan Homenaje a niños y niñas Desaparecidos de Huancavelica

Familiares de las víctimas del caso de la Comunidad campesina de Santa Bárbara, en Huancavelica, llegarán a Lima para participar en el homenaje que representantes de diversas instituciones realizarán, a pocas semanas de publicarse la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) que declara al Estado peruano internacionalmente responsable por la violación de los derechos a la libertad personal, integridad personal, vida, reconocimiento de la  personalidad jurídica, garantías judiciales y protección judicial, en perjuicio de 15 pobladores de la referida comunidad huancavelicana.

La sentencia de la CIDH se refiere a los hechos ocurridos el 4 de julio de 1991, cuando una patrulla militar detuvo en la comunidad campesina de Santa Bárbara a 15 personas, entre ellas 7 niños y niñas de muy corta edad: Yesenia (6 años), Miriam (3 años), Edith (8 meses), Wilmer (3 años), Alex (6 años), Raúl (1 año), y Héctor (6 años) de edad respectivamente, y 5 mujeres adultas, una de ellas con seis meses de embarazo.

Roger Mendoza, director ejecutivo de Paz y Esperanza, una de las instituciones que representó a las víctimas tanto en el fuero nacional como en el sistema interamericano, señaló que es importante que como sociedad reconozcamos aquellas familias y a toda una comunidad que experimentó uno de los episodios más trágicos y dolorosos ocurridos durante el conflicto armado interno en el Perú, al tiempo de instar a las autoridades del Estado para que hagan lo propio cumpliendo la sentencia de la justicia interamericana.

En el mismo sentido se pronunció Yvon Arroyo, abogada y directora de la Asociación ÁGAPE, institución que trabaja por los derechos de la niñez, quien resaltó que la Corte haya subrayado la violación del derecho a la especial protección de niñas y niños en el caso Santa Bárbara. Arroyo consideró paradójico que el crimen se perpetrara cuando el Perú ya había ratificado la Convención sobre los Derechos del Niño, habiendo asumido el compromiso de hacer todo lo que precisamente no hizo en Santa Bárbara. “Esperemos que el Estado peruano se reivindique y actúe dignamente, atendiendo con prontitud lo dispuesto en la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos”, indicó.

De igual modo, el Defensor del Pueblo, Eduardo Vega, saludó este acto de reconocimiento porque “se trata de un caso terrible que compromete la responsabilidad del Estado, no solo por la comisión de un crimen tan execrable como lo es la desaparición forzada, sino por la ausencia de una debida diligencia para garantizar el acceso a la verdad y justicia de los familiares durante todos estos años”.

El homenaje a las niñas, los niños, y todas las víctimas de Santa Bárbara se realizará en el memorial El Ojo que Llora, el miércoles 9 de diciembre, a las 10.30 horas.

Nota de Prensa
Fuente Paz y Esperanza: http://www.pazyesperanza.org/

13 nov 2015

Corte IDH: Sentencia sobre desaparición forzada de campesinos en el Perú (7 niñas y niños)

San José, Costa Rica, 13 de noviembre de 2015.- La Corte Interamericana de Derechos Humanos notificó el día de hoy la Sentencia sobre Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas en el Caso Comunidad Campesina de Santa Bárbara Vs. Perú, sometido a la Corte por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el 8 de julio de 2013. 

El caso se relaciona con la desaparición forzada de 15 personas pertenecientes, en su mayoría, a dos familias y entre las que se encontraban siete niñas y niños de entre ocho meses y seis años de edad y una mujer embarazada. Los hechos fueron cometidos el 4 de julio de 1991 por miembros del Ejército peruano, en la ejecución de un operativo militar que tenía como fin incursionar en la localidad de Rodeopampa, comunidad de Santa Bárbara, y “capturar y/o destruir” elementos terroristas, todo ello en el contexto del conflicto armado peruano y una práctica sistemática de violaciones de los derechos humanos, entre ellas, ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas de personas sospechosas de pertenecer a grupos armados al margen de la ley. 

La Corte determinó que las 15 víctimas del caso fueron privadas de libertad por agentes estatales y permanecieron bajo custodia estatal mientras fueron trasladadas a la mina abandonada llamada “Misteriosa” o “Vallarón”. En dicho lugar, fueron introducidas al interior del socavón y acribilladas con fusiles por los efectivos militares y casi de inmediato fueron inmolados sus cuerpos mediante la detonación de cargas de dinamita, provocando su fraccionamiento. Las actuaciones posteriores de las autoridades y agentes estatales permitieron al Tribunal determinar que dichos actos tuvieron el propósito de eliminar las evidencias de lo sucedido y ocultar lo que realmente había ocurrido o borrar todo rastro de los cuerpos para evitar su identificación o que su destino y paradero fuera establecido. La Corte determinó que existió una negativa del Estado de reconocer la detención, así como de proporcionar información sobre su destino y a revelar su suerte, con el propósito de generar incertidumbre acerca de su paradero, vida o muerte, y provocar intimidación y supresión de derechos. En consecuencia, la Corte consideró que el Estado violó los derechos a la libertad personal, integridad personal, vida y personalidad jurídica reconocidos en los artículos 7, 5.1, 5.2, 4.1, y 3 de la Convención Americana, en relación con el artículo 1.1 de dicho instrumento, en perjuicio de las 15 personas desaparecidas forzosamente, y en relación con el artículo 19 relativo a los derechos del niño, en perjuicio de las siete niñas y niños. 

Asimismo, la Corte concluyó que dichas violaciones ocurrieron también en relación con el artículo I.a y II de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, a partir del 15 de marzo de 2002, fecha de su entrada en vigor para el Perú.

25 sept 2015

México: A un año de Ayotzinapa

FAMILIAS DE AYOTZINPAPA EXIGEN UNA NUEVA INVESTIGACIÓN INTERNACIONAL SOBRE LOS 43 DESAPARECIDOS.

Tras el informe elaborado hace dos semanas por expertos de varios países, que contradice la versión oficial sobre la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa, los padres de las jóvenes víctimas solicitan otra averiguación para esclarecer los hechos.

El presidente Peña Nieto se reunió con las familias y les propuso crear una nueva unidad judicial, especializada en investigar sobre la desaparición de personas. No obstante, no autorizó la realización de un nuevo estudio por expertos internacionales ni prometió verificar los resultados de las indagaciones adelantadas por las autoridades mexicanas.

El informe fue realizado bajo los auspicios de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y ejecutada por investigadores de Chile, Colombia, Guatemala y España. Estos niegan las afirmaciones de la policía mexicana, relativas a la incineración de los estudiantes asesinados en un basurero. «Eso no sucedió así … Habría que reorientar las investigaciones», afirmó el periodista Carlos Beristain, uno de los investigadores, refiriéndose a pruebas recabadas en la localidad de Cocula.

Los estudiantes desaparecieron el 26 de septiembre de 2014 en Iguala, estado de Guerrero, luego de una manifestación que culminó con un enfrentamiento con la policía. 


Peña Nieto no cierra el expediente 

Así lo prometió el presidente mexicano a los padres de los 43 de Ayotzinapa, tras haberlos recibido durante aproximadamente tres horas ; el mandatario aseguró que su objetivo es determinar con claridad lo que sucedió.

Los padres de las víctimas se declararon en huelga de hambre durante 43 horas, una cifra simbólica, y formularon ocho exigencias al jefe de estado mexicano. El portavoz de la presidencia, Eduardo Sánchez, informó que Peña Nieto firmó el documento y pidió a las autoridades judiciales y a los ministros del Interior y de Asuntos Extranjeros que estudiaran cada una de las solicitudes de las familias.

El portavoz declaró que el presidente Peña Nieto había asegurado que el gobierno y las familias tenían el mismo objetivo : saber lo que en realidad sucedió a los jóvenes y luchar juntos para conocer la verdad. El presidente señaló que la investigación permanecería abierta y no sería suspendida.

El portavoz Sánchez añadió que la presidencia había ordenado la creación de un despacho especial, encargado de la búsqueda de los desaparecidos ; sin embargo, ya en 2013 se creó una entidad similar. Los padres de los jóvenes exigieron que dicha unidad fuera sometida a supervisión internacional.

Vidulfo Rosales, abogado de las familias, indicó que el presidente no se había «comprometido a responder» a las exigencias de los familiares.

Luego de la reunión con el presidente Peña Nieto, los padres fueron al Zócalo, donde instalaron un campamento : « No descansaremos, seremos una piedra en su zapato. No vamos a regresar a nuestras casas », afirmó María de Jesús Tlatempa, madre de uno de los desaparecidos.

Por otro lado, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) realizará una visita in loco a México, del 28 de setiembre al 2 de octubre. La CIDH realizará una observación en terreno sobre la situación de los derechos humanos en el país, con particular énfasis en ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas y tortura. 

Y la ONU se solidarizó con las víctimas en el aniversario de la desaparición de estudiantes en Iguala.
En Iguala, Guerrero, desaparecieron 43 estudiantes, la ONU en México expresó este viernes su profunda solidaridad con las más de 180 víctimas directas de diferentes violaciones a los derechos humanos y sus familias.

La desaparición forzada de los estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, la ejecución extrajudicial de seis personas y las lesiones ocasionadas a más de 40 los días 26 y 27 de setiembre de 2014, constituyen uno de los casos más graves de violaciones de las garantías fundamentales en la historia reciente de México, señaló la ONU.