Mecanismo Especial de Seguimiento al Asunto Ayotzinapa presenta su Informe Final

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentó el Informe Final  del Plan de Trabajo de su Mecanismo Especial de Seguimiento al Asunto Ayotzinapa (MESA o Mecanismo Especial), en el marco de su séptima visita oficial a México, realizada el 26 de noviembre de 2018.

El Mecanismo Especial ha dado seguimiento a la medida cautelar otorgada a favor de los 43 estudiantes desaparecidos de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa y a las recomendaciones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI). La delegación de la visita estuvo encabezada por la Primera Vicepresidenta, Esmeralda Arosemena de Troitiño, el Segundo Vicepresidente Luis Ernesto Vargas Silva, titulares del Mecanismo Especial, el Secretario Ejecutivo de la CIDH, Paulo Abrão, y especialistas de la Secretaría Ejecutiva.

La CIDH realizó esta visita con el objetivo de presentar a las partes de la Medida Cautelar MC 409/14 – Estado mexicano y peticionarios– los principales hallazgos, retos y desafíos que la CIDH ha observado en estos dos años sobre el Asunto Ayotzinapa. Este informe da cuenta de las acciones realizadas por el Estado mexicano para esclarecer el paradero de los estudiantes desaparecidos a través de la búsqueda; la investigación para esclarecer hechos; la atención de las víctimas y familiares y las medidas de no repetición, por los atroces eventos ocurridos la noche del 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero. En estos dos años de funcionamiento, la CIDH realizó 6 visitas oficiales lideradas por las y los Comisionados y el Secretario Ejecutivo, 5 visitas técnicas del personal de la Secretaría Ejecutiva de la CIDH, 5 reuniones de trabajo y 4 audiencias públicas realizadas en los periodos de sesiones de la Comisión. Asimismo, el MESA elaboró 5 cuestionarios dirigidos al Estado mexicano y respondidos oportunamente, en los que indagó sobre el avance de la investigación respecto de los temas priorizados por las partes que integran la medida cautelar y que fueron contenidos en un cronograma de trabajo. Para la realización de este informe, la CIDH revisó 618 tomos remitidos por la Procuraduría General de la República, que contienen actuaciones hasta el mes de julio de 2018. 

A dos años del funcionamiento del MESA se facilitaron espacios de interlocución entre las partes. Asimismo, la CIDH a través de su mandato, impulsó la realización de una serie de diligencias para la búsqueda, la investigación y la atención a las víctimas, las cuales fueron consideradas por el Estado.

En materia de búsqueda y a más de cuatro años de haber ocurrido la desaparición, la CIDH observa que el Estado mexicano contrató el sistema LIDAR, que sirve para verificar perturbaciones en el terreno, dicho sistema se utilizó en una zona de 60 km2 alrededor de Iguala, sin obtenerse resultados positivos. El análisis de estas acciones se realizó de manera conjunta entre las autoridades y los familiares. El MESA llama a las autoridades mexicanas a obtener la cooperación de personas detenidas a través del ofrecimiento de paquetes de incentivos contenidos en leyes nacionales y en tratados internacionales de derechos humanos. Además, para la CIDH es fundamental que se cuente con una base de datos de personas desaparecidas y de fosas clandestinas en el estado de Guerrero para facilitar las búsquedas y para contar con un análisis comprehensivo del contexto de la desaparición en Guerrero. Si bien se han realizado esfuerzos en aspecto, estos son aún iniciales. 

Respecto a la investigación,  la CIDH toma nota que se haya recopilado una amplia cantidad de información en la investigación que conduce la PGR. La Comisión observa la inclusión de averiguaciones previas en el expediente principal provenientes desde la Fiscalía de Guerrero y de otras subprocuradurías de la PGR; así como la información recibida por medio de las asistencias jurídicas internacionales entre México y Estados Unidos que podrían aportar datos relevantes en la investigación que deben ser profundizados.

El Mecanismo Especial observa que persisten una serie de desafíos como: una investigación fragmentada, incompleta y sin una directriz clara investigativa; falta de detenciones y consignaciones por desaparición forzada; falta de detenciones de actores estatales por acción u omisión. Preocupa a la Comisión que aún no haya un cambio en la narrativa oficial en relación con la línea de investigación del Basurero de Cocula, a pesar de lo señalado por esta Comisión, el GIEI, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) y el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF).

La CIDH observa que tres mecanismos de coordinación – Centro de Operaciones Estratégicas (COE); el Centro de Control, Comando y Cómputo (C-4) y las Bases de Operaciones Mixtas Urbanas (BOMUS) – que por sus características concentran acciones coordinadas de autoridades municipales, estatales y federales, podrían haber sido activados, o tener conocimiento de los hechos ocurridos, días antes a la noche del 26 de septiembre, lo que requiere ser profundizado.

Sobre la investigación de miembros del 27 Batallón, el Informe da cuenta del seguimiento que se habría realizado por parte de funcionarios militares sobre las actividades de los estudiantes desde el día 25 de septiembre de 2014, lo que amerita una indagación exhaustiva. En relación con las personas señaladas por su vínculo con organizaciones criminales, se recomienda hacer una contrastación de la información que obra en diversas constancias en el expediente.

En relación con la investigación sobre las policías municipales, la CIDH considera necesario determinar la posible participación de las policías de Tepecoacuilco, Pilcaya, Eduardo Neri, Buenavista de Cuéllar y Apaxtla; y lugares cercanos a Iguala. La CIDH observa que existen importantes elementos probatorios, como la telefonía y la balística, que permiten establecer la presencia de policías de Huitzuco en escenas de los hechos, por tal razón es importante que se presenten nuevamente los pliegos de consignación por el delito de desaparición forzada en contra de estos policías.

La Comisión recomienda que, en relación a la Policía Federal, se contraste la información de las declaraciones con la obtenida en los análisis telefónicos de la PGR. Asimismo, se debe clarificar la cadena de mando, el traslado de personal de este cuerpo policial hacia Iguala, la remoción de la plantilla de la estación de Iguala el 13 de octubre de 2014, la información que obra en el expediente sobre el seguimiento a las actividades de los estudiantes desde el día 25 de septiembre de 2014, y la posible relación de uno de los mandos de la PF en el estado con integrantes de Guerreros Unidos. Además, el Estado debe continuar con las acciones de investigación que permitan presentar consignaciones más sólidas, en relación a la actuación de tres elementos de la Policía Federal y otros de la Policía Ministerial de la Procuraduría Local.

De igual manera, en relación con la Policía Estatal, se deben esclarecer las acciones emprendidas por este cuerpo de seguridad, a partir del presunto resguardo en el Centro Regional de Adiestramiento Policial (CRAPOL). Ello en contraste con las declaraciones que mencionan la presencia de esta policía en varios escenarios donde ocurrieron los hechos de violencia, situación que presenta serias dudas sobre las razones del resguardo de dichas instalaciones en la noche de los hechos y la instrucción dada por las autoridades superiores estatales.

Sobre telkefonía, la PGR ha identificado nueve celulares de los estudiantes desaparecidos, que habrían tenido actividad posterior a los hechos del caso. Dos de ellos habrían estado en manos de autoridades municipales y estatales. Por ello, se recomienda seguir con el análisis de esta información, por la obtención de dato para determinar de manera objetiva el paradero de los estudiantes en las horas posteriores a los hechos. En cuanto a la balística es necesario que se determine la responsabilidad respecto a la destrucción de dieciséis fusiles de la policía municipal de Iguala y se profundice la investigación de 9 fusiles adicionales relacionados con los hechos del caso, que se encontrarían resguardados por la PGR.

En relación con presuntas irregularidades cometidas por las autoridades en el caso, la CIDH observa la falta de avances. Por ejemplo, sigue pendiente de resolverse un recurso de Amparo interpuesto por los familiares ante la conclusión emitida por la nueva titular de la Visitaduría respecto de las irregularidades en las diligencias realizadas en el Río San Juan. Además, está pendiente el avance en las investigaciones sobre el supuesto ocultamiento de la libreta de Sidronio Casarrubias al GIEI, así como sobre la actuación de un funcionario de la PGR que conforme a lo expresado por uno de los supuestos líderes de Guerreros Unidos, estaría vinculado con grupos criminales. Otros temas pendientes son la investigación por el espionaje al GIEI y a los abogados de las familias, y lo relacionado a las denuncias de tortura a personas detenidas.

Por otra parte, el Informe del Mecanismo Especial da cuenta de las medidas para la Atención a Víctimas sobre las cuáles la CIDH toma nota de la atención brindada a Edgar Vargas y a Aldo Gutierrez Solano, y exhorta al Estado mexicano para implementar las recomendaciones del Informe Yo sólo quería que amaneciera, así como seguir dando atención médica permanente y a las medidas de asistencia requeridas.

Finalmente, sobre las medidas de no repetición, el MESA observa que en el marco de la implementación de la Ley en materia de Desaparición Forzada, el Sistema Nacional de Búsqueda de Personas sigue presentando varios retos en relación con su funcionamiento; sobre la Ley General de Tortura, la CIDH recomienda la aplicación del Protocolo de Estambul como herramienta objetiva.

La Comisión espera que su Informe Final del Mecanismo de Seguimiento del Asunto Ayotzinapa contribuya a orientar la implementación de las recomendaciones de la CIDH y del Grupo de Expertos para determinar el paradero de los estudiantes y avanzar hacia una investigación que determine los hechos, así como la responsabilidad de quienes participaron en los ataques contra los estudiantes normalistas. Para ello, presenta conclusiones y recomendaciones al Estado para orientar el cumplimiento de la medida cautelar.

La Comisión Interamericana continuará dando seguimiento a la medida cautelar MC 409/14 hasta que persistan los elementos que dieron origen a dicha medida, se encuentre a los estudiantes y se conozca la verdad de los hechos ocurridos en Iguala. La CIDH reafirma su compromiso y disposición con el Asunto Ayotzinapa, tal como lo ha manifestado en reiteradas oportunidades a los familiares y a sus representantes. La Comisión llama al Estado mexicano a redoblar los esfuerzos para determinar el paradero de los estudiantes normalistas, conocer la verdad de lo ocurrido la noche del 26 y 27 de septiembre de 2014, brindar una atención integral a las familias y asegurar que estos hechos atroces no vuelvan a ocurrir.

Mesa Ayotzinapa Es 

Fuente CIDH: http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados.asp

México promulgó la Ley contra desapariciones forzadas

El Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Enrique Peña Nieto promulgó el jueves la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas en México.

"La ley reconoce uno de los principales desafíos del Estado, aspira a romper los patrones existentes de impunidad y revictimización", declaró Jan Jarab, el Representante en México del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, en un discurso en la residencia presidencial de Los Pinos.

Jarab hizo mención especial a las familias de desaparecidos y resaltó que "Son las autoridades, tanto las federales como las de las entidades federativas, las responsables de convertir la ley en un punto de inflexión en la lucha contra la impunidad.".

La Ley prevé hasta 90 años de prisión para quen prive de la libertad a otra persona con el apoyo de un servidor público.

Las penas serán especialmente fuertes cuando la persona desaparecida muera debido a cualquier alteración de su salud que sea consecuencia del delito, así como cuando la víctima sea menor de edad, mujer, mujer embarazada, persona con discapacidad o persona mayor.

El castigo legal también será más grave cuando la persona haya sido desaparecida por su labor como periodista o por la defensa de derechos humanos.

La Oficina del Alto Comisionado resaltó la importancia de contar con los recursos necesarios para la garantizar la aplicación efectiva de la ley.

MEXICO Desaparecidos - Diario Oficial de La Federación

Fuente Radio ONU: http://www.unmultimedia.org/radio/spanish/2017/11/se-promulga-la-ley-contra-desapariciones-forzadas-en-mexico/#.WhNwKUribIV

RFI: México crea una ley especial para las desapariciones forzadas

México avanza en su lucha contra un viejo flagelo social: las desapariciones forzadas. Por unanimidad, 397 votos a favor, la Cámara de Diputado aprobó la creación de un marco legal especial para investigar y castigar este delito.

En un país donde desaparecen diez personas cada ocho horas y la lista de víctimas se contabiliza en 100.000, las autoridades decidieron cambiar el marco legal. Anteriormente, las desapariciones forzadas en México eran juzgadas bajo leyes para delitos comunes con penas máximas de treinta años de prisión.

Ahora, con la nueva norma, no habrá imprescriptibilidad y los culpables serán condenados entre cuarenta y sesenta años de cárcel.

 

La nueva ley también diseñara una estructura institucional que permita una coordinación uniforme para el hallazgo de las víctimas. México contará con un Sistema Nacional de Búsquedas, un Consejo Ciudadano y un Registro oficial de desapariciones. 

 

Era una exigencia de la sociedad mexicana, el problema no es la existencia de una ley sino la observancia y su cumplimiento, dijo Laredo. La intención engranará la acción estatal para reducir la impunidad. Según el Presidente del Comité de Derechos Humanos en Nuevo Laredo, Raymundo Ramos, el 99% de los familiares de las víctimas no logran justicia, ni consiguen condenas para sus verdugos. 

"Hace 10 años su hijo desapareció y aún no sabe qué sucedió", dice Ocegueda. Ahorita estoy buscando sus restos, espero que en unos meses más podremos tener el ADN.

La medida pasará al Ejecutivo para su implementación.

Entrevistados:

Raymundo Ramos, presidente del Comité de Derechos Humanos en Nuevo Laredo.

Fernando Ocegueda, presidente de la Asociación por los desaparecidos de Baja California.

Fuente Radio Francia Internacional: http://es.rfi.fr/americas/20171016-mexico-crea-una-ley-especial-para-las-desapariciones-forzadas

Vacío, ausencia y pérdida: una experiencia subjetiva sobre desapariciones forzadas

El impacto de la desaparición no es igual para cada persona y cada familia. Ese impacto se juega en el vínculo que se tenía con el ausente, pero también depende de la edad en que ocurre la pérdida. Muchos niños eran pequeños y no tienen un recuerdo propio, sino que lo han construido o reconstruido desde el recuerdo de los adultos. Desde las imágenes y fotografías disponibles, desde los relatos de otros. Hay una orfandad no reconocida porque la familia no asume al padre como muerto. Hay una viudez no nombrada porque la ausencia es vivida como si fuera transitoria. Hay padres que perdieron a su hijo, pero toda la familia intenta protegerlos con la esperanza de que, en cualquier momento, volverá a la casa y estarán todos nuevamente reunidos.

La ejecución política con resultado de muerte, informada a la familia, es vivida como una ausencia y una pérdida irreversible, se experimenta lo inesperado como arbitrariedad, como injusticia ante el carácter definitivo de los hechos. En muchos casos, fue precedida por la desaparición que conmina moralmente a la búsqueda, pero las actuaciones y respuestas del Estado devuelven el problema al familiar.

Las respuestas de las autoridades, negando toda responsabilidad y conocimiento sobre la suerte de los desaparecidos, genera mucha angustia en los familiares. Las respuestas de los tribunales, las intervenciones del Gobierno y las búsquedas infructuosas forzaban a las personas a vivir en un estado de alerta y ansiedad permanente. De esta manera, el carácter moral y afectivo del vínculo con la desaparecida o el desaparecido, así como su rol dentro de la familia (padre, madre, pareja, hija o hijo, hermano o hermana), son elementos constitutivos de la experiencia traumática secuencial.

Los familiares experimentan, durante un período que se ha hecho interminable, la impotencia de enfrentarse a una situación muy penosa.

Si esperaban o creían que su familiar estaba vivo, debían asumir que los había abandonado sin mediar palabra, lo cual afectaba la certeza de los vínculos, generaba dudas acerca del afecto de esa persona –padre, madre, esposo, esposa o hijo– y rabia, tristeza y desencanto, así como una gran ambivalencia respecto de la búsqueda misma.

Si, por el contrario, se pensaba que la persona desapareció contra su voluntad, que estaba secuestrada y no había indicio alguno de dónde podría encontrarse, la angustia crecía con el paso de los días, temiendo su muerte. Es, precisamente, la existencia de vínculos afectivos muy próximos –ser pareja, hijo, hija, madre o padre– lo que genera un efecto desquiciante en cada uno de los miembros de la familia.

Se produce un daño psicológico específico, que se origina y se mantiene precisamente por el vínculo que se tiene con la persona y la imposibilidad de conocer su paradero y destino final, por la imposibilidad de cerrar la historia.

El impacto de la desaparición no es igual para cada persona y cada familia. Ese impacto se juega en el vínculo que se tenía con el ausente, pero también depende de la edad en que ocurre la pérdida. Muchos niños eran pequeños y no tienen un recuerdo propio, sino que lo han construido o reconstruido desde el recuerdo de los adultos. Desde las imágenes y fotografías disponibles, desde los relatos de otros. Hay una orfandad no reconocida porque la familia no asume al padre como muerto. Hay una viudez no nombrada porque la ausencia es vivida como si fuera transitoria. Hay padres que perdieron a su hijo, pero toda la familia intenta protegerlos con la esperanza de que, en cualquier momento, volverá a la casa y estarán todos nuevamente reunido

Ha sido frecuente que el hallazgo de cuerpos y el inicio de su identificación y reconocimiento sean un desencadenante muy potente de sufrimientos, angustias y tristezas en las familias: podría tratarse de su familiar.

 

Esta  constatación permite verificar que lo que ocurre en la realidad social y política tiene la capacidad de movilizar y alterar el mundo interno y relacional de los familiares y sobrevivientes, subrayando el doble carácter político y subjetivo de esta situación. El impacto, en las familias, de la desaparición forzada de uno de sus miembros constituye, en casi todos los casos, un trauma psicológico específico que afecta a las vidas de las personas y las familias de manera diferenciada. Un aspecto esencial es el sentimiento de vacío, ausencia y pérdida sostenido en el tiempo y que no puede cerrar porque depende, inevitablemente, del pronunciamiento de las autoridades sobre el destino final de los desaparecidos. 

Es decir, los procesos de duelo por la desaparición de un ser querido están psicológica y moralmente interferidos e impedidos por muchos factores. Entre ellos, se encuentran la falta de desenlace público; la falta de reconocimiento de la existencia y de la desaparición de la persona por motivos políticos; la prolongación por décadas de los procesos judiciales que podrían establecer su muerte, su destino final y su paradero; los obstáculos para que los familiares puedan enterrar sus restos. La desaparición de los cuerpos en los ríos, en el mar o los volcanes, o su destrucción por el fuego o la dinamita, con el propósito de borrar las huellas del crimen, han agregado dificultades adicionales a la constatación de la muerte. Otro elemento casi insuperable ha sido la imposibilidad de identificar todos los restos encontrados en fosas comunes o entierros clandestinos, a lo que hay que añadir la complejidad de las identificaciones erróneas.

Es precisamente a partir de estas observaciones que se hace indispensable volver a pensar sobre las condiciones de reparación (y sus posibilidades efectivas) para los familiares de las víctimas, quienes han vivido por décadas bajo la tensión de ese pasado de muerte con su fuerte potencial destructivo sobre todos sus afectos y esperanzas. El riesgo permanente ha sido destruirse bajo el dolor o resistir para vivir y amar, trabajar y disfrutar en el presente y el futuro.

Es preciso diferenciar lo que ha muerto en cada persona en este largo proceso, lo que se ha perdido y destruido, y rescatar lo que sostiene y permite vivir. Ello implica poder mirar y mirarse desde otro lugar, mirar la propia vida y el pasado político, social y personal, y entender y asumir los dilemas y pérdidas de este largo proceso. La posibilidad de "rehacer la vida" implica asumir la dimensión irreparable de la pérdida de ese ser amado. No obstante, es indispensable ir más allá de la dimensión privada, porque es una pérdida que se produce en un contexto político que afecta a los familiares y a la sociedad.

 

Reconocer ambas dimensiones posibilita "volver a vivir" y contribuir a la construcción de una convivencia democrática sobre la base del reconocimiento de lo ocurrido y de la justa reparación de las víctimas, pero también requiere la condena del crimen y de los responsables, así como el rechazo moral y político de la violación de los derechos humanos como recurso del poder, para asegurar que estos hechos no se repitan

Por Elizabeth Lira.
Fuente El Mostrador: http://www.elmostrador.cl/noticias/opinion/2017/08/30/vacio-ausencia-y-perdida-una-experiencia-subjetiva-sobre-desapariciones-forzadas/

Asamblea General de la ONU conmemora diez años de la Convención contra las desapariciones forzadas

La Asamblea General de la ONU conmemoró el Décimo Aniversario de la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas.

"Este aniversario marca un hito en la lucha de la comunidad internacional para eliminar del mundo uno de los peores crímenes en contra de la humanidad: las desapariciones forzadas", declaró Perter Thomson, presidente de la Asamblea General.  

La reunión de alto nivel busca estimular la reflexión y crear conciencia sobre la Convención entre los Estados Miembros de las Naciones Unidas, así como hacer un balance de sus logros en los últimos diez años y debatir formas para asegurar su efectiva aplicación.

"Hoy es el día para que la comunidad internacional reconozca no sólo a las víctimas, sino también el dolor indescriptible que sufrieron y sufren sus familias, y para rendir tributo a su lucha y compromiso en la búsqueda de justicia para sus seres queridos", agregó Thomson.

El evento contó con la participación de la jefa de Gabinete de la ONU Maria Luiza Ribeiro, quién leyó un discurso en nombre del Secretario General, António Guterres.

"Para celebrar el aniversario de la Convención, pido a todos los gobiernos que reafirmen su compromiso con la dignidad humana. Nadie debe ser sometido a desapariciones forzadas o encarcelado secretamente. Trabajemos para prevenir que esto vuelva a suceder en el mundo", dijo.

La Convención es un tratado histórico, integrado por 56 países, dirigido a impedir las desapariciones forzadas, después de décadas de sufrimiento de los familiares de las víctimas, y busca establecer la verdad sobre los casos, que se castigue a los responsables y que se proporcione reparación a las víctimas y a sus familias.

La dictadura uruguaya dejó miles de personas torturadas o desparecidas. Cuarenta años después, el Estado trata de cerrar las heridas de las víctimas.

Lea también:
- "Perú aprueba Plan Nacional para la Búsqueda de Personas Desaparecidas".
- "Corte IDH emite sentencia sobre desaparición forzada de Tenorio Roca en el Perú".
- "Una herida abierta, desaparecidos por Ronald Gamarra".
Foto de la ONU: Mark Garten.
Fuente Radio ONU: http://www.unmultimedia.org/radio/spanish/2017/02/asamblea-general-conmemora-diez-anos-de-la-convencion-contra-las-desapariciones-forzadas/#.WKrCA_nhDIU

Informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes: "Ayotzinapa, investigación y primeras conclusiones"

Texto completo del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) sobre los desaparecidos de Ayotzinapa.

Investigación y primeras conclusiones de las desapariciones y homicidios de los normalistas de Ayotzinapa.

Informe ayotzinapa

Fuente:  https://drive.google.com/file/d/0B1ChdondilaHd29zWTMzeVMzNzA/view?pli=1

CIDH: Desapariciones forzadas: grandes avances e importantes desafíos en la región

En el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias de la ONU reconocen los avances realizados en muchos países de la región en la materia. Sin embargo, llaman la atención sobre la deuda pendiente con las víctimas de desapariciones forzadas del pasado en cuanto a hacer realidad los derechos a la verdad, la justicia, y la reparación. Asimismo, la CIDH y el Grupo de Trabajo expresan su profunda preocupación por la continuidad del fenómeno de las desapariciones forzadas en la región y la falta de debida diligencia de los Estados para prevenir, investigar y sancionar estos actos.

Al revisar las desapariciones forzadas ocurridas décadas atrás,  la Presidenta de la CIDH, Comisionada Rose-Marie Antoine, señaló: “Las desapariciones forzadas han estado siempre asociadas al continente americano. Muchos gobiernos autoritarios de América han utilizado esta técnica del terror, y la enorme deuda que tenemos con las víctimas y sus familiares sigue pendiente. Aunque se han hecho grandes avances en la investigación, los juicios y el castigo a los responsables de estas graves violaciones a los derechos humanos en las épocas de dictaduras militares y de gobiernos autoritarios, son todavía demasiados los casos que continúan en la impunidad. Los años y las décadas pasan, y madres, padres, hijos e hijas, esposas y esposos siguen buscando los restos de sus seres queridos y siguen clamando por justicia”.

Por su parte, el presidente del Grupo de Trabajo de la ONU, Ariel Dulitzky, indicó: “Desde 1980, un número importante de países de la región han impulsado el desarrollo progresivo del derecho internacional en la lucha contra las desapariciones forzadas. La región estuvo a la vanguardia de los debates que llevaron a la adopción en 1992 por parte de las Naciones Unidas de la Declaración sobre la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas de 1994 y la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas aprobada por las Naciones Unidas en 2006”, dijo por su parte “Instamos a todos los países de la región que todavía no lo hayan hecho a ratificar las dos convenciones”.

La CIDH y el Grupo de Trabajo urgen a los Estados a adoptar de forma oportuna legislaciones, políticas públicas y otras medidas que permitan avanzar en el combate a la impunidad de estos graves crímenes. Entre las medidas para mejorar la búsqueda de la verdad, se necesita expandir el uso de los avances y experiencias forenses y las pruebas de ADN, utilizar apropiadamente los avances tecnológicos y científicos disponibles, abrir inmediatamente todos los archivos, incluidos los archivos militares, y facilitar a los familiares total e inmediato acceso a los mecanismos nacionales, regionales e internacionales encaminados a establecer la verdad sobre las desapariciones. 

Asimismo, la CIDH y el Grupo de Trabajo de la ONU expresan su profunda preocupación ante la continuidad del grave crimen de las desapariciones forzadas en la era de gobiernos democráticos en la región, así como por la metamorfosis del fenómeno. Mientras que las desapariciones forzadas fueron anteriormente parte de las estrategias de “seguridad nacional” en contra de los llamados grupos subversivos o terroristas y en el contexto de violaciones graves y masivas a los derechos humanos, actualmente estos graves crímenes están ocurriendo en otros contextos. Grupos del crimen organizado tales como cárteles de la droga y organizaciones de tráfico de personas están utilizando la desaparición, en algunos casos con la colaboración de agentes del Estado, lo que constituye una desaparición forzada.  

“Los Estados han hecho avances legislativos importantes en incluir el delito de la desaparición forzada de forma autónoma en los códigos penales, y hay esfuerzos importantes para llevar a los responsables ante la justicia. Sin embargo, a nivel de la prevención de la ocurrencia de la desaparición forzada en estos nuevos contextos, los avances son limitados”, expresó Bernard Duhaime, miembro del Grupo de Trabajo de la ONU.

La desaparición forzada es una forma compleja de violación de los derechos humanos y su conceptualización y las obligaciones que surgen de ella han sido ampliamente definidas en las últimas tres décadas, gracias a las contribuciones, entre otros, del Grupo de Trabajo de la ONU y de la Comisión Interamericana. La naturaleza continua del delito de desaparición, el derecho a saber, el derecho a la reparación, el derecho a la justicia, así como la inaplicabilidad de las leyes de amnistía y de la prescripción en los casos de desapariciones forzadas, son todos temas ampliamente desarrollados en la jurisprudencia internacional e interamericana. 

El Grupo de Trabajo de la ONU y la CIDH destacan hoy día la necesidad de que los Estados organicen su estructura estatal y empleen todos los medios a su disposición para prevenir, investigar, sancionar y reparar toda desaparición forzada con debida diligencia y sin dilación. Es a su vez importante que los Estados adopten medidas para proteger de forma efectiva a personas, grupos y colectividades en particular riesgo a desapariciones, tales como los niños y las niñas, las mujeres, los migrantes, las y los defensores de derechos humanos, y los periodistas, entre otros. Por último, la CIDH y el Grupo de Trabajo destacan el carácter apremiante de la implementación de medidas encaminadas a respetar y garantizar el acceso a la información de los familiares, como un derecho facilitador de la verdad, justicia, y reparación en el ámbito de las desapariciones forzadas.

La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan sus países de origen o residencia.

Fuente Comisión Interamericana de Derechos Humanos: http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2015/098.asp

Secretario General de la ONU llama a poner fin a las desapariciones forzadas

Lejos de ser una práctica empleada en el pasado por dictadores militares, las desapariciones forzadas continúan siendo utilizadas en algunos Estados, lamentó este domingo el Secretario General de la ONU en un mensaje por el Día Internacional de las Víctimas de ese flagelo.

Ban Ki-moon destacó que solamente el año pasado el Comité de la ONU y el Grupo de Trabajo que se ocupan del tema recibieron 246 pedidos de familiares de afectados para tomar acciones urgentes.

El Secretario General señaló que esa cifra es apenas una pequeña parte de los miles de casos que nunca son reportados debido a la situación de inseguridad en los países o bien porque no se conoce que existen instancias internacionales que se ocupan de estas denuncias.

También existe una alarmante escalada de hechos similares cometidos por actores no estatales, incluidos grupos extremistas, que equivalen a desapariciones forzadas y constituyen graves violaciones de los derechos humanos.

Por esa razón, Ban recordó la absoluta prohibición de esa práctica que es considerada ilegal en todas las circunstancias según la Convención de la ONU que se ocupa del tema, la cual entró en vigor en 2010.

En ocasión del Día Internacional de las Víctimas de las Desapariciones Forzadas el Secretario General urgió a todos los Estados miembros de Naciones Unidas a ratificar ese instrumento y a los Estados partes a cumplirlo.  "Es tiempo de acabar con ese flagelo", puntualizó Ban Ki-moon.

 

ONU insta a plena participación de todos los sectores en ley sobre desapariciones en México

La Oficina en México del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos llamó este domingo al Estado mexicano a que la futura ley general sobre personas desaparecidas refleje las legítimas demandas de verdad, justicia y reparación.

En un comunicado, en ocasión del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, la Oficina alentó a la participación inclusiva en el diseño de esa normativa en el que se consulte con víctimas, familiares y organizaciones civiles.

La dependencia de la ONU subrayó que las vivencias de esas personas, cargadas de sufrimiento pero también de sabiduría, han generado importantes lecciones y aprendizajes que deben ser tomados en cuenta en la futura legislación.

También indicó que esa participación es indispensable para dotar a la ley de legitimidad favorable para su implementación.

La Oficina de la ONU en México encomió los esfuerzos de las autoridades y organizaciones civiles que impulsan la legislación y reiteró su disposición para brindar asistencia técnica al Estado en esta materia.

Fuente Radio ONU:  http://www.unmultimedia.org/radio/spanish/2015/08/secretario-general-llama-a-poner-fin-a-las-desapariciones-forzadas/#.VeZ_e_l_Oko

http://www.unmultimedia.org/radio/spanish/2015/08/onu-insta-a-plena-participacion-de-todos-los-sectores-en-ley-sobre-desaparecidos-en-mexico/#.VeaAD_l_Oko

La eurocaravana de Ayotzinapa en París

La "Eurocaravana 43", integrada por familiares y amigos de los cuarenta y tres estudiantes desaparecidos en Ayotzinapa, México, el 26 de septiembre de 2014, visitó nuestros estudios en París. La escala francesa forma parte de la gira de este colectivo en Europa, con el objetivo de denunciar las desapariciones, los asesinatos y la violencia en general en México a nivel internacional. El viaje del grupo se inició el 17 de abril en Noruega (Oslo) y concluirá el 19 de mayo en Inglaterra (Londres). De la capital francesa, se trasladará a España (Madrid) y el 11 de mayo regresará a FRancia, a Marsella, en el sur del país.

Los miembros de la Eurocaravana43 conversaron en los estudios de RFI con Baulio Moro.

Omar García, estudiante de la Normal Rural Isidro Burgos, Ayotzinapa: "El asunto de las desapariciones forzadas en México no es un asunto de unas cuantas familias, no es un accidente que le pasó a 43 familias o a un grupo de estudiantes. El problema es social, político también. Es un contexto de represión y violencia generalizada que no ha cesado desde hace mucho tiempo, y que incluso se ha incrementado, y en el que el Estado mexicano tiene responsabilidad directa porque han sido policías municipales, ejército, y en todos sus niveles autoridades coludidas con el narcotráfico, quienes han participado en la desaparición de muchas personas.

Van más de 23. 000 en 10 años y 150. 000 asesinados de manera extrajudicial. Las cifras son enormes. Entonces, México como Estado tiene relaciones a nivel internacional, convenios a nivel internacional en materia de derechos humanos. Por lo tanto, en vista de que no es un problema local sino un problema general y de relaciones internacionales, nosotros creemos que en el marco del derecho internacional debe obligarse al Estado mexicano a acatar los acuerdos que tiene y a respetar los derechos humanos".

Román Hernández, integrante de la organización de derechos humanos Tlalchinollan, Estado de Guerrero: "Nosotros venimos a alertar de la situación, la grave crisis en materia de derechos humanos que se vive actualmente en México. Después del 26 de septiembre, ha salido a la luz, a nivel internacional, algo que ya sabíamos en México, que es que el Estado mexicano no tiene la capacidad para garantizar el acceso a los derechos humanos para las personas que allá habitamos. Y esto es una situación muy grave. También ha salido a la luz algo que también ya veníamos padeciendo los ciudadanos, quiene, habitamos el territorio mexicano, y es que el gobierno mexicano no tiene la capacidad para realizar investigaciones profesionales, científicas, que puedan garantizar el derecho a la verdad y el acceso a la justicia para quienes son víctimas de violaciones graves de derechos humanos". 

Eleucadio Ortega, padre del estudiante Mauricio Ortega Valerio (desaparecido): "Siempre el Estado mexicano ha estado engañando a los padres de familia, porque siempre nos ha estado engañando (diciendo) que los ejércitos, que los policías federales siempre están en apoyo a los padres de familia en la búsqueda a nuestros hijos. Pero ellos, los éjercitos van no’más en la calle tomando fotos y los policías federales también. No se trataba de solo andar tomando fotos, sino que en la búsqueda, andar en los cerros, ahí donde hay piedras. Nosotros, como campesinos, como gente pobre, no nos preocupa el gobierno por nosotros, ni por los hijos. Los empresarios, los ricos, a esos sí les hace caso el gobierno federal, porque ellos tienen dinero. Como nosotros somos pobres, como pasó en Aguas Blancas (en Guerrero, en 1995), ahí mataron a 17 campesinos , y en Charco también (1998, en Guerrero también), 11 campesinos mató el gobierno y eso nadie hace justicia. En México no hay justicia para los pobres. No hay justicia. No aceptamos dinero, queremos nuestros hijos, que regresen con vida. Exigimos al gobierno mexicano que nos entregue con vida a nuestros hijos". 

Entrevistados: Eleucadio Ortega, padre de Mauricio Ortega Valerio, estudiante secuestrado y desaparecido; Omar García, estudiante de la normal rural Isidro Burgos, Ayotzinapa; Román Hernández, integrante de la organización de derechos humanos Tlalchinollán, Guerrero.

Fuente Radio Francia Internacional: http://www.espanol.rfi.fr/americas/20150504-la-eurocaravana-de-ayotzinapa-en-paris

#Ayotzinapa

México. Sólo 6 de 291 averiguaciones por desaparición forzada llega a sentencia

Entre 2006 y 2013 la Procuraduría General de la República y las procuradurías de los estados iniciaron 291 averiguaciones previas por el delito de desaparición forzada; de ellas, sólo seis concluyeron en sentencia condenatoria (2%), de las que cuatro fueron responsables elementos de la desaparecida Agencia Federal  de Investigación (AFI), dirigida por Genaro García Luna. Así lo reporta el Estado Mexicano en su informe como parte de la revisión que hará el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU este 2 y 3 de febrero.

Uno de los casos corresponde a la investigación realizada por la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (Femospp), única sentencia que consiguió durante los cinco años de operación (2002 a 2007), según responde la PGR a una solicitud de información a través del IFA .

Informe México Desapariciones by http://www.animalpolitico.com

En México, la desaparición forzada está tipificada en el Código Penal Federal como el delito cometido por “un servidor público que, independientemente de que haya participado en la detención legal o ilegal de una o varias personas, propicie o mantenga dolosamente su ocultamiento bajo cualquier forma de detención” y cuyas penas van de los 5 a 40 años de prisión.

De acuerdo con la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas Contra las Desapariciones Forzadas, el estado parte debe procurar legislaciones con estándares internacionales capaces de combatir el delito, pero en México no ha avanzado en ese rubro.

En 2012, la entonces senadora Rosario Ibarra de Piedra presentó una iniciativa para elevar las penas de 40 a 60 años y que el delito no fuese susceptible de perdón, indulto, amnistía o figuras análogas, pero los senadores la congelaron. En octubre de 2012, el presidente Enrique Peña Nieto envió un paquete de cinco iniciativas en materia de derechos humanos, una de ellas propone una Reforma al Código Penal Federal para endurecer las penas de 20 hasta 50 años de prisión, pero no se ha discutido.

Además, con los instrumentos legales disponibles la justicia tampoco es pronta ni expedita. Del periodo conocido como guerra sucia, en el que entre la década de 1970 y 1980 hubo unapersecución contra activistas y opositores al régimen, solo un caso consiguió sancionar al responsable, aunque después de 32 años de perpetrado el delito. Esta es la historia.

La historia de un desaparecido

Miguel Ángel Hernández Valerio tenía 19 años cuando estudiaba en la Universidad Autónoma de Sinaloa. Era el más pequeño de entre los cuatro hermanos de una familia originaria de Veracruz. Para pagar sus estudios vendía figuras de barro y porcelana, pero a los 18 años migró a Mazatlán para continuar su educación.

Vivía en una casa para estudiantes con otros tres jóvenes y trabajaba en una librería, propiedad de un profesor que se dedicaba a “hacer círculos de estudios para dar clases de Marxismo Leninismo”, según consta en el expediente de la investigación iniciada en 2005.

Entre las declaraciones se encuentra la de un joven que fue apresando junto a Miguel Ángel y tres más, la noche del 12 de septiembre de 1977. Relata que a punto de llegar a su casa, él y otro amigo fueron detenidos por policías municipales para hacerles “una revisión de rutina, porque parecían sospechosos”; los subieron a una patrulla para que indicaran la casa donde vivían y al llegar, entraron con ellos a sus cuartos. Encontraron varios ejemplares de la revista “Madera”, considerada subversiva. “No sé cómo llegaron aquí, no son nuestras”, decía uno, pero los policías, incrédulos, solicitaron refuerzos.

Llegaron varias patrullas, pero también un vehículo sin rótulos, que “al parecer”, era de los elementos de la Federal de Seguridad. En ese momento llegó “Miguel Ángel”. Enseguida los esposaron e iniciaron un interrogatorio sobre la  “propaganda subversiva”.

Los policías los amenazaba de muerte y los acusaban de pertenecer a la Liga Comunista 23 de septiembre. “Decían que nos iban a dar en la madre por rojillos y comunistas”, relata el sobreviviente.

Nadie pudo impedir que se los llevaran, ni la hija de la dueña de la casa de estudiantes quien le preguntó a un agente el motivo de la detención. “Yo soy quien hace las preguntas. No te metas, se trataba de gente muy peligrosa”, le respondió. En la declaración de esta mujer, hecha en 2005, advierte: “eso era una absoluta mentira ya que siempre fueron muchachos muy tranquilos”.

Minutos después, los cuatro fueron trasladados a unas oficinas ubicadas en la Avenida Zavala cerca del Seguro Social viejo, en Mazatlán, Sinaloa, que, por los logotipos en su interior, parecían de una corporación policíaca. En ese lugar, los policías municipales los entregaron a Esteban Guzmán Salgado, entonces jefe de Servicios Federales de la extinta Dirección Federal de Seguridad (DFS).

Se trataba de un joven policía que había ingresado al Batallón motorizado (patrullas) en 1957 y cuya carrera avanzó hasta el Servicio Secreto y Servicios Especiales de la Presidencia y al iniciar el periodo de gobierno de Gustavo Díaz Ordaz, ingresó a la (DFS), donde siempre rindió cuentas a Fernando Gutiérrez Barrios.

–       ¿Son los rojillos? Preguntó Guzmán Salgado.

–       Sí, respondieron los policías.

Enseguida dio la orden para que los subieran al auto sin rótulos, esposados y con los ojos vendados. Avanzaron rumbo al faro por el puerto. Llegaron a un lugar que tenía un calabozo. Ahí, uno de los jóvenes le preguntó a Miguel Ángel sobre la propaganda. “Me la dio alguien, pero ya la iba a regresar”, respondió.

 Permanecieron ahí durante cuatro días en medio de interrogados y torturas. “Nos golpeaban en todo el cuerpo, también nos acostaban boca arriba y se dejaban caer sobre nosotros, nos pateaban y con pinzas nos presionaban los dedos. Nos decían que matar”. En los días de mayor presión psicológica, les colocaban una pistola en la boca y los obligaban a jalar el gatillo. Descubrían que no tenía balas segundos después, dice en la declaración el sobreviviente.

Quien daba las órdenes era el Guzmán, quien en algunas ocasiones también se encargaba de la tortura y los interrogatorios. Luego los sacaron del calabozo y los subieron a una camioneta. En el camino, uno de ellos le reclamaba a Miguel Ángel, “¿por qué nos metiste en este problema?”. Esa fue la última vez que lo vieron.

Solo tres de los cuatro llegaron a lo que al parecer era la novena zona militar de Culiacán, Sinaloa. “No lo recuerdo bien porque tenía los ojos vendados, pero cuando se me caía la venda me daba cuenta de la presencia de elementos militares y personas vestidas de civil”, se lee en la declaración.

Ahí estuvieron aproximadamente un mes o mes y medio hasta que, ocurrió otro traslado, esta vez en un vehículo militar tipo Pick-up. Después de unos minutos de recorrido, Los bajaron en la carretera de Culiacán a Mazatlán, en el crucero de Cruz de Elota, Sinaloa, desnudos y llenos de moretones por los golpes. Solo uno tenía las manos desatadas y pudo quitar los amarres de sus dos compañeros.

La búsqueda
En la sentencia de 218 páginas, se explica que entre las evidencias de que el ex jefe de la policía retuvo al joven, están los reportes que envió a Rodríguez Barrios y que fueron consultados en el Archivo General de la Nación para integrar la investigación.

En el reporte, el entonces el ejecutor de la detención, escribió que “a estos individuos se les recogió propaganda subversiva, folletos de la Revista Madera y pegas con el siguiente texto: “ANTE LAS MASACRES DE LA BURGUESÍA, NI UN PASO ATRÁS, GLORIA ETERNA A LOS CAÍDOS EL 10 DE JUNIO, POR LA REOLUVION (sic) PROLETARIA, VENCEREMOS”.

Guzmán ejecutó la detención con base a un archivo que le entregó Fernando Gutiérrez Barrios. Se trataba de un álbum de fotografías de miembros de grupos subversivos de miembros de la Liga comunista 23 de septiembre, y de otros grupos armados como las Fuerzas Armadas Revolucionaria del Pueblo y el Frente Unido Zapatista, entre otros.

Los familiares de Miguel Ángel se enteraron de la detención a través de una nota periodística. Fueron a Culiacán a buscarlo en las oficinas de los Servicios Especiales. “Me dijeron que mi hermano llegaría a la casa y si no llegaba mejor ni lo buscara, si no quería ser el próximo detenido ya que tenían toda la información relacionada con su familia”, relata el hermano, quien al regresar a Veracruz, les pidió a sus padres y a sus hermanos que “olvidaran el asunto”, ante el temor de que algo les pudiera pasa.

Así ocurrió hasta que 10 años después la Comisión de Derechos Humanos inició una investigación y visitaron a la familia en la comunidad de Ixhuatlán, Veracruz,aunque fue hasta 2005  cuando le volvieron a dar noticia de Miguel Ángel.

La Comisión había encontrado un reporte de la DFS, firmado Esteban Guzmán Salgado el 23 de agosto de 1984, en el explicaba la información obtenida en el interrogatorio de Miguel Ángel Hernández Valerio: “Manifestó que nunca perteneció a la Lig. C. 23 de Sept. pero que sin embargo a efectuado en distintos lugares y ocasiones repartízas y pegas de panfletos de las citada organización. Así mismo dijo que esta propaganda se le había dado con el fin de que fuera repartida en un mitin del cual ignora la fecha en que se efectuó y que además como era bastante la cantidad de folletos los anduvo repartiendo en distintas colonias” (sic).

Con toda la evidencia, la familia decidió interponer una denuncia el 1 de abril de 2005 por desaparición forzada en agravio del joven que entonces tenía 19 años. Así inició el proceso que duró cuatro años y que llevó a cabo la Femospp.

Para demostrar la ausencia u ocultamiento  del (desaparecido), se agotó la búsqueda en los expedientes de la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa, en la Procuraduría General de Justicia del Estado de Sinaloa, en la Dirección General de Prevención y Readaptación Social en Sinaloa. En ninguna había registro de antecedentes penales de Miguel Ángel.

Tampoco se encontró algún acta de defunción en el Registro Civil en Sinaloa, ni registro como derechohabiente del IMSS ni en ninguna otra institución. Miguel Ángel estaba desaparecido desde hacía 23 años.

Esteban Guzmán Salgado fue aprehendido en marzo de 2007 e inició el juicio. En una audiencia pública realizada el 19 de noviembre de 2008, pidió que se “compadecieran” de él porque estaba solo y el resto de su familia (tres o cuatro personas) estaban en México. Frente al juez trató de convencerlo de su inocencia y de enfrentar un proceso injusto al no localizar a los supuestos testigos que lo acusaban, por lo que pidió una revisión de las pruebas de descargo.

El juicio siguió y en 30 de septiembre, el juez dictó sentencia contra Guzmán Salgado por su culpabilidad en la desaparición forzada de Miguel Ángel, condenándolo a cinco años de prisión, pero acreditar un “estado avanzado senil” por sus 74 años, le fue permitido purgar la pena en su casa de Naucalpan, Estado de México, descontándole  los 923 días que había estado detenido.

El resto de las sentencias condenatorias: 

El 30 de junio de 2010, el Juzgado Primero de Distrito de Procesos Penales Federales en el Distrito Federal dictó sentencia definitiva en el proceso penal 20/2005-I, que se instruyó contra Roberto Galarza Hernández, entonces elemento de la Agencia Federal de Investigación por el delito de desaparición forzada de personas en agravio de Jesús Ángel Gutiérrez Olvera en marzo de 2002.

- El 10 de mayo de 2006, el Juzgado Sexto de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de Jalisco dictó sentencia condenatoria en la causa penal 27/2005 instruida contra Gustavo Montiel Rizo, elemento de la Agencia Federal de Investigación por la comisión del delito de desaparición de personas, contra José Luis Ruiz Castellanos y Manuel Gómez Mendoza, en enero de 2005.

- El 11 de mayo de 2005, el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato dictó sentencia condenatoria en la causa penal 142/2003, que se instruyó contra José Antonio Guerrero Domínguez, elemento de la Procuraduría General de la República, por la comisión de desaparición forzada en agravio de José Rocha Guzmán, en hechos ocurridos en julio de 2003.

- El 14 de diciembre de 2005, el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán dictó sentencia condenatoria en la causa penal 72/2005 contra un ex integrante de la Agencia Federal de Investigación, por la comisión del delito referido en hechos ocurridos en julio de 2005. (La sentencia fue enviada en versión pública, por lo que los datos al ser confidenciales y reservados, no se encuentran visibles).

Fuente Animal Político: http://www.animalpolitico.com/2015/02/solo-2-de-las-investigaciones-por-desaparicion-forzada-en-mexico-llega-sentencia/