"Dicen que la justicia es política para neutralizarla".
Ánglea María Buitrago, la exfiscal del caso Plazas Vega por los desaparecidos del Palacio de Justicia, contesta las sorpresivas acusaciones que la representante María Fernanda Cabral lanzó esta semana en su contra, cuando en plenaria de Cámara aseguró que ella era la responsable de la "persecución judicial a un periodista".
Esta semana, la representante Cabal afrimó, en plenaria de Cámara, que un periodista estaba sufriendo “persecución judicial por el delito de defender la
democracia”. Y la mencionó a usted como responsable de esa supuesta
persecución. La persona a la que se refirió la congresista es Ricardo
Puentes, un hombre al que, según recuerdo, usted denunció penalmente,
¿por qué?
Esta semana, la representante Cabal afirmó, en plenaria de Cámara, que “un periodista”
Primero, debo decirle que la representante María Fernanda Cabal hizo
parte de la Fiscalía como directora de la Oficina de Asuntos
Internacionales, al mismo tiempo en que yo era fiscal delegada ante la
Corte Suprema (años 2006-2007). Me acuerdo que ella me solicitó, en
varias ocasiones, el expediente sobre los hechos de la retoma del
Palacio de Justicia y sobre la actuación de coronel Plazas Vega, que yo
investigaba. Como funcionaria que era de la Fiscalía, ella tenía que
atender algunas reuniones con la Cancillería sobre el caso del Palacio,
por el tema de derechos humanos que interesa a la comunidad
internacional. Pero nada tenía que ver con la totalidad del expediente.
Cuando ella quiso obtener copia de la investigación, le manifesté que
era imposible acceder a la misma porque se trataba de información con
reserva legal. Desde aquella época, y por este proceso, he sido objeto
de acusaciones irresponsables de un grupo de defensores del coronel,
entre otros, de ella y del señor Ricardo Puentes.
Continúo
sin entender qué tiene que ver Puentes, quien habría sido “forzado a
buscar el exilio”, según se afirma en un artículo, con la congresista
que leyó una constancia en la Cámara a favor de él y en contra suya.
La representante Cabal utiliza, hoy, el escenario del Congreso para
repetir, de manera temeraria, afirmaciones que hizo Puentes en mi contra
por el proceso Plazas Vega. Las falsedades que Puentes publicó sin
ningún sustento legal me llevaron a denunciarlo penalmente en 2010.
Durante estos cinco años, tiempo en el cual él ha continuado
difamándome, incluso poniendo en riesgo mi vida como se desprende de las
amenazas que recibí, la fiscalía del caso y el juez han adelantado las
diligencias correspondientes. Hace unos días se le imputaron al
denunciado los delitos de injuria agravada y calumnia agravada. Debe ser
por eso que ahora la congresista asegura que lo persiguen.
¿Sugiere que ella tiene interés personal en el caso Puentes y también en el de Plazas Vega?
A ver: la funcionaria de la Fiscalía María Fernanda Cabal se preocupaba,
ayer, por el tema Plazas y el Palacio de Justicia. La congresista María
Fernanda Cabal utiliza, ahora, el recinto de la plenaria de la Cámara
para dejar una constancia sobre el mismo caso, que estaba por fuera del
orden del día y que no tenía ninguna relación con lo que allí se iba a
discutir ¿Qué debe entenderse, entonces: que actuaba como legisladora o
que tenía un interés particular? Hay otros antecedentes. Por ejemplo,
recuerdo que ella firmó, en 2011, una solicitud de libertad de uno de
los procesados por la retoma del Palacio de Justicia, en un comunicado
de prensa que se publicó en varios periódicos de amplia circulación,
junto con José Obdulio Gaviria y José Félix Lafourie, entre otros.
No
sólo esta congresista sino otros defensores de Plazas Vega y hasta su
apoderado dentro del proceso, que justamente está siendo revisado en la
Corte Suprema, afirman que usted se “inventó” la declaración del testigo
principal contra el coronel, un cabo que se llama Édgar Villamizar,
quien aparece en el proceso atestiguando, frente a usted, contra Plazas,
y años después dijo que nunca la había visto.
De él también se dijo que su firma había sido falsificada y que el
apellido estaba mal escrito. Pues bien, existe plena prueba sobre la
autenticidad de la firma que el señor Villamizar escribió durante la
diligencia en que estuvo presente y que rindió ante mí, como fiscal del
caso que era, el 1° de agosto de 2007. Es cierto que él se retractó
cinco años después, o sea en 2012. ¿Adivine quién gestionó la diligencia
de retractación que no quiso hacer sino ante el procurador Ordóñez? El
señor Ricardo Puentes que hoy huye, según el artículo que usted
menciona, justo cuando le imputan los delitos de injuria y calumnia por
los que lo denuncié. Pero, sorpréndase: Puentes también fue quien llevó,
personalmente, al testigo del proceso Plazas Vega al Juzgado 55 Penal
del Circuito en donde estuvo sentado, durante toda la audiencia y a la
vista de los presentes, hasta cuando el testigo negó lo que había
afirmado años atrás.
Pues la veracidad de ese testimonio ha sido puesta en duda incluso por un magistrado del Tribunal Superior de Bogotá.
Múltiples pruebas periciales corroboran que el cabo Villamizar sí
estampó su firma en la declaración de 2007. La contradicción entre su
testimonio de entonces y su retractación, cinco años después, no
demuestra una falsedad mía sino, más bien, una presión externa para
desconocer hechos confrontados con otras pruebas. Alguien podría
preguntarse cómo es posible que varios años después de que se conoce el
nombre del cabo a través de la prensa, se dice que él declaró, se
exponen fotos de su hoja de vida militar, jamás él hubiera aparecido a
desmentir lo que se decía. Y cómo es posible que, repentinamente,
aparezca de la mano del señor Ricardo Puentes, el mismo defensor de
Plazas Vega y quien venía intentando desprestigiarme, en la Procuraduría
y el Juzgado 55 Penal, a negar lo que había dicho y firmado. ¿No le
parece más contradictoria la segunda versión que la primera?
No
sólo hay dudas. Usted ha sido investigada por este testimonio y por
otras pruebas que recaudó en el caso Plazas. ¿Concluyeron las causas en
su contra y cómo?
He padecido multiplicidad de investigaciones disciplinarias y penales
que se formularon contra mí por haber cumplido con la labor de examinar,
seriamente, los hechos del Palacio de Justicia. Para mi satisfacción,
las instancias competentes concluyeron que no existieron hechos
irregulares o indebidos de mi parte. Valga decir que, por segunda vez, y
en esta ocasión ante la Corte Suprema de Justicia, la Fiscalía General
radicó solicitud de preclusión a mi favor, en la indagación que ya había
sido archivada por inexistencia de delitos.
¿Quiénes la denunciaron a usted por su investigación a Plazas Vega?
Además de la señora Cabal, siempre me han atacado, desde cuando fui la
fiscal del caso Plazas, varias personas que todavía denigran de mi
nombre, de mi ejercicio profesional de abogada y de mi condición de
fiscal, y que tienen vínculos ideológicos con ella: Plinio Apuleyo
Mendoza, Eduardo Mackenzie, Fernando Londoño y otros. Este es un tema
que ha repercutido no sólo sobre mí, que finalmente opté por retirarme
de la carrera judicial, sino sobre todos los funcionarios que, de una u
otra forma, cumplieron con su deber de investigación y juzgamiento de
los responsables del Palacio de Justicia.
Pero
nos apartamos del tema: el supuesto “periodista” Puentes, o sus amigos,
afirman que él nunca fue notificado de la denuncia en su contra sino
ahora, cuando le imputaron los dos delitos de difamación…
No es cierto que no hubiera sido informado de la investigación en su
contra. Se cursaron comunicaciones a las direcciones registradas a su
nombre y nunca apareció hasta la última diligencia que se celebró hace
unos días.
¿En qué fecha puso la denuncia contra Puentes y por qué ahora argumenta que lo persiguen y sale del país?
Lo denuncié por una columna que rebasó mi paciencia y que él tituló la
“Caída del muro de Berlín en la Fiscalía” y que publicó en la página web
de su autoría, en septiembre de 2010. Lo hice ante el fiscal general
(e) de la época (Guillermo Mendoza Diago). Éste decidió enviar mi
denuncia a la Unidad de Terrorismo. Posteriormente, se trató de ubicar a
Puentes para formularle la imputación, pero como le dije antes, nunca
compareció. Sólo decidió asistir a la diligencia del 5 de junio pasado,
en donde, de manera extraña, manifestó que no tenía conocimiento de la
investigación a pesar de que yo misma la comenté en público y de que sus
propios amigos escribieron sobre el tema hace por lo menos cuatro años.
Con
independencia de la responsabilidad que pudiera caberle a su denunciado
y de su supuesta renuencia a atender la investigación, parece excesiva
la medida de embargo que el juez habría decretado contra la vivienda del
imputado
Mal habrían podido decretar un embargo cuando no se ha solicitado. No es
cierto que se hubiera tomado esa medida. No obstante, creo que acabar
con la honra, reputación y nombre de una persona, como él lo hizo contra
los míos, bien amerita medidas de esta naturaleza para restablecer los
derechos que me violó y siguen violando otras personas, como las
afirmaciones irrespetuosas de esta semana en la plenaria de la Cámara.
Para usted, entonces, ¿el señor Puentes no está exilado sino fugado?
Yo no puedo decir si salió del país o no. Sí puedo afirmar que ha
faltado a la verdad, que ha escrito inventos y mentiras sin ningún rigor
ético, y que a él solo lo asiste la intención de defender políticamente
y con cualquier arma a su alcance a sus aliados y amigos de causa.
Esta
polémica tiene interés, más allá de su caso, porque el proceso del
coronel Plazas está por terminar definitivamente: la Corte Suprema
ratificará, en breve, la condena en su contra o la tumbará. Si el fallo
condenatorio se cae, como parece, ¿usted aceptaría que se equivocó junto
con la jueza y el tribunal que le impusieron el castigo penal?
Creo y sigo creyendo en la justicia y en el derecho. Es claro que, en el
sistema jurídico, hay diversas instancias y por eso se justifican los
recursos extraordinarios: para que haya diferentes miradas del mismo
problema jurídico. Por ahora, lo importante es la coincidencia entre
varios funcionarios sobre la evaluación de lo sucedido en el Palacio de
Justicia, durante la retoma. Además, no olvide que la Corte
Interamericana de Derechos Humanos dio por probado un modus operandi de
desaparición. En mi opinión, no se trata de equivocaciones sino de que
los hechos son tozudos.
Usted
es ahora profesora universitaria y le pido que conteste como académica:
nadie duda de que el caso Plazas es mucho más que un proceso de orden
personal porque ha llegado a ser emblemático entre los militares. Si se
cae esa condena, ¿las repercusiones serían generales o netamente
individuales?
Pienso que el caso del Palacio de Justicia no sólo es emblemático, sino
que se ha utilizado como fortín político, como un elemento de puja de
poderes, como una forma de polarizar concepciones radicales contra
otras, primordialmente humanistas. El Estado debe asumir el dolor de las
víctimas que en nuestra historia son millares. Por eso, es claro que
este caso no debe analizarse de manera aislada, sino en el contexto de
los genocidios, de las masacres, de los homicidios agravados, de otras
dinámicas perversas que se enquistan en la sociedad. Si la justicia no
asume el rol que le corresponde con autonomía e independencia, no habrá
esperanza posible para Colombia.
Los
defensores de Plazas argumentan lo mismo que usted: que la justicia se
ha “politizado”, pero aseguran que fue infiltrada por agentes de
izquierda y de la guerrilla…
Es
una forma de neutralizar la justicia. E, incluso, de intimidar,
deslegitimar y poner en riesgo a los investigadores que cumplen con su
deber. Lanzan ese discurso para convencer a quienes están fuera, que hay
una guerra desde la Fiscalía o los juzgados y tribunales contra
sectores del Estado como los militares, para enardecer los ánimos. Si
hay funcionarios que han llegado a la rama con finalidades
antijurídicas, quienes así lo afirman deberían entregar las pruebas para
depurar la justicia, pero, además, para demostrar que lo que dicen es
cierto. Lo que no se puede permitir es que se siga poniendo en la picota
pública a todos los que pertenecen a la rama, entre quienes hay muchas
personas que han dado la vida por el país, han sacrificado a sus
familias y han contribuido al restablecimiento del tejido social.
Visión Cabal del periodismo
El pasado martes, cuando la Cámara estaba reunida para votar la reforma
al equilibrio de poderes, la representante María Fernanda Cabal leyó una
constancia que no tenía nada que ver con el objeto de la citación. Dijo
que quería referirse a “un caso de persecución judicial que se sale de
todas las proporciones imaginables” y cuya víctima sería “un periodista
cuyo único delito es defender la democracia y el Estado de derecho”. (Lea las declaraciones de la representante)
A continuación mencionó a un individuo llamado Ricardo Puentes, que no
es periodista profesional y quien solo publica en una página web que él
mismo creó, sus opiniones de proselitismo político bastante agresivo, a
favor de los uribistas y militares procesados por la justicia y en
contra de quien no comparta sus tendencias. Puentes fue denunciado
penalmente por la exfiscal “de hierro” Ángela María Buitrago,
investigadora del coronel Plazas Vega en la retoma del Palacio de
Justicia por las afirmaciones que hizo contra ella. Hace poco él fue
acusado por injuria y calumnia. Según sus amigos, hoy está en el
“exilio”. Cabal, en su constancia, también se quejó de Noticias Uno por
haber revelado que ella aconsejaba contratar a “un periodista” para
neutralizar las denuncias contra el magistrado Jorge Pretelt.
“Me pidieron la renuncia por investigar”
¿Por qué terminó fuera de la carrera muy exitosa que tenía en la Fiscalía?
Por
investigar, por trabajar y decidir en derecho lo que políticamente no
era conveniente. O lo que, para alguien en particular, no era su
prioridad. Los compromisos personales, sociales o políticos del momento
(en que investigué el caso Palacio de Justicia) no afectaban mi criterio
jurídico, y no entiendo ni entenderé las actuaciones políticas en la
justicia que, irónicamente, mis contradictores me endilgan cuando son
ellos y sus aliados quienes usan la justicia según sus propósitos
partidistas y de ideología.
Se refiere a los grupos militaristas, pero, ¿también al fiscal general de su época, Guillermo Mendoza Diago?
Sí. Él fue quien me pidió la renuncia cuando dicté la apertura de
instrucción y ordené la vinculación, mediante indagatoria, de tres
generales en retiro por el caso de la desaparición y muerte del
magistrado Carlos Horacio Urán, ocurridos en la retoma del Palacio de
Justicia.
¿Volvería a la carrera judicial?
Mi vocación siempre ha sido servir. Volvería si considero que puedo
aportar algo con sacrificio, pasión y pulcritud, y no para alcanzar
intereses personales. Pero también soy feliz en la academia, a la que
siempre he pertenecido.
Por Cecilia Orozco.
