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10 nov 2017

Colombia: Estas son las once personas que conformarán la Comisión de la Verdad

El Comité de Escogencia dio a conocer la lista de las personas seleccionadas del grupo de los 193 aspirantes que se presentaron.

Hoy se hicieron públicos los nombres de las once personas que conformarán la Comisión de la Verdad, en el marco del fin del conflicto con las Farc, ese que duró más de medio siglo. Entre los seleccionados por el Comité de Escogencia hay un sacerdote, periodistas, académicos y víctimas. Son cinco mujeres y seis hombres.

¿Para qué servirá la Comisión de la Verdad?

La Comisión de la Verdad constituye uno de los ejes más importantes y de mayor trascendencia de cara a las víctimas del conflicto. La verdad no es un tema menor en el camino de superar un capítulo tan aciago como la guerra. De hecho, el esclarecimiento de lo que sucedió es una de las vías que tendrán las víctimas para cerrar el circulo trágico que las marcó. Además porque la comisión hará parte de un sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición.

Pero, ¿qué hara la Comisión? Se trata de un órgano temporal, de carácter extra judicial que históricamente ha servido en procesos de transición (en este caso de un conflicto armado a un escenario de paz) para esclarecer patrones de violencia.    

No se trata de un mecanismo para administrar justicia sino para contribuir a la verdad y reconocer los derechos de las víctimas. La comisón también tendrá como objetivo promover la convivencia en los territorios.

Estas once personas fueron seleccionadas de un grupo de 193 aspirantes que se presentaron: 
1. Francisco de Roux, presidirá la Comisión (Consulte la hoja de vida completa)
2. Saúl Alonso Franco Agudelo (Consulte la hoja de vida completa)
3. Lucía Victoria Gonzáles Duque (Consulte la hoja de vida completa).
4. Carlos Martín Beristain  (Consulte la hoja de vida completa).
5. Alejandra Miller Restrepo  (Consulte la hoja de vida completa).
6. Alfredo de la Cruz Molano Bravo (Consulte la hoja de vida completa).
7. Carlos Guillermo Ospina (Consulte la hoja de vida completa).
8. Marta Ruiz (Consulte la hoja de vida completa).
9. María Ángela Salazar (Consulte la hoja de vida completa).
10. María Patricia Yagarí (Consulte la hoja de vida completa).
11. Alejandro Valencia Villa (Consulte la hoja de vida completa).


27 sept 2016

Baltasar Garzón: Una paz justa para Colombia (Y todos los discursos)

Este acuerdo debe serviri para lograr conquistas sociales: tanta desigualdad en esta sociedad no puede soportarse más tiempo

Hoy día 26 de septiembre en Cartagena (Colombia) es uno de esos días en los que uno se encuentra con sensaciones contradictorias. La paz se firma en unas horas y sin embargo la alegría no es plena entre la ciudadanía colombiana. No hay unidad política ni unidad frente a un evento que debería unos a todos en el esfuerzo común de construir un país que es de todos y a cuyo fin todos deberían contribuir.

Cincuenta y dos años de violencia sostenida en el conflicto armado interno más antiguo de Latinoamérica deberían ser suficiente argumento para que nadie apostara por su mantenimiento ni un segundo más. Sin embargo las discrepancias existen y quien defiende la negación de la evidencia del nuevo futuro que se abre agarrándose a postulados neoconservadores, se equivoca

Los acuerdos firmados en el día de hoy entre el Gobierno colombiano, con el presidente Juan Manuel Santos a su cabeza, y las FARC distan mucho de ser lo que las víctimas, la ciudadanía y los juristas, hubiéramos querido. La verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición no se conseguirán en su plenitud, ni siquiera en una parte suficientemente satisfactoria, pero se ha logrado un acuerdo que parecía imposible y que muchos oscuros augúres pronosticaban imposible de alcanzar. Es decir, se ha llegado precisamente hasta donde ha sido posible, y, este mínimo es inclaudicable; se ha obtenido ese punto de equilibrio necesario, presente en todo proceso de justicia transicional.

Los retos que esta decisión compartida supone han de conseguirse a partir del día 2 de octubre con el apoyo afirmativo al proceso abierto. Es seguro que no es el mejor acuerdo, pero ha sido el único real hasta la fecha. Después de décadas de intentos frustrados, de dolor y sufrimiento de las víctimas, quienes han firmado con seguridad han tenido en cuenta esa renuncia de aquellas y por ello no pueden permitirse el incumplimiento de una sola línea de ese acuerdo que ayuda a avizorar un final de paz sostenible y justa.

No estoy de acuerdo con quienes afirman que este acuerdo sacrifica la justicia en favor de la paz, como tampoco con los que sostienen que la justicia tradicional retributiva (una determinada cantidad de años de cárcel) sea la única alternativa posible. Si fuera así, jamás acabaría el conflicto y eso se debe decir alto y claro por quienes defienden el no.

Por el contrario, la justicia restaurativa, en la que tampoco está ausente la retribución a las víctimas a través de la verdad y las garantías de no repetición, garantizará la responsabilidad de los perpetradores y su sanción. Por ello la verdad es imprescindible y, la condena a quienes no contribuyan a la misma, cierta y definitiva.

La justicia, desde la perspectiva de las víctimas no solo se define por el número de años a imponer a los perpetradores, sino por la certeza de que estos reconozcan sus crímenes, sufran una sanción que, al ser proactiva, será más gravosa para quien la sufra que mantenerse simplemente en una celda a la espera de que se cumplan los años de reclusión. Tendrán que reconocer sus acciones delictivas, mirar a las víctimas y aceptar el reproche de los inocentes, deberán contribuir a construir la paz, trabajarán en favor de la comunidad... y si no lo hacen, que cumplan pena en una cárcel ordinaria.

Pero además, este acuerdo debe servir para lograr conquistas sociales en Colombia. Tanta desigualdad en esta sociedad no puede soportarse por más tiempo. Las élites no deben decidir por la ciudadanía. Es decir, la paz no puede ser para el pueblo, pero sin el pueblo, a modo de paz ilustrada. A la gente se nos llena la boca de buenas palabras, pero quienes han sufrido tanto y que tienen la generosidad del perdón deberían ver el resultado de la paz en la igualdad, en un sistema de impuestos redistribuido, en las mismas oportunidades para los sectores del campo que para los industriales, para los ricos de la city y los pobres y abandonados campesinos e indígenas, con un sistema de salud universal, una educación asegurada, una renta mejorada, con inversiones que repercutan en el bienestar general... y que ese hermoso anfiteatro de paz que hoy se ha visto en Cartagena se funda con las miles de velas prendidas anoche en esta ciudad caribeña por las victimas caídas, y que no quede reducida a un reparto de posiciones políticas y económicas que traicionarían la fe de un pueblo que lucha por esa felicidad que nace de las entrañas de cada uno de nosotros. Por todo ello, es posible una paz justa para Colombia, y como presidente de FIGBAR, seguiremos trabajando para que la paz no sea la historia de una ilusión desvanecida.
Baltasar Garzón.

- Discurso completo del Presidente de Colombia, Juan Manuel Santos.

4 oct 2015

Colombia. Los arquitectos del acuerdo

Después de 16 meses de haberse concretado el acuerdo sobre cultivos ilícitos y narcotráfico en la mesa de negociaciones entre el Gobierno y las Farc en La Habana (Cuba), y tras un duro forcejeo con negativas y muchas resistencias, el viernes 18 de septiembre, hacia las 4:00 de la madrugada, se vio la primera luz de las bases del acuerdo sobre el sistema de justicia a implementar en la construcción de la paz de Colombia. Desde el día anterior, los asesores de las partes habían sacado su artillería jurídica. Todo quedó en suspenso, a la espera de la respuesta de las Farc, que se dio el sábado a través del exministro Álvaro Leyva. Sólo entonces, en Colombia y en Cuba, se tuvo la certeza de un libreto compartido. A partir de ahí la tarea apuntó a propiciar el encuentro entre el presidente Juan Manuel Santos y el jefe de las Farc, Rodrigo Londoño, Timochenko.

Por Hugo García Segura y Juan David Laverde Palma.

El encuentro y el anuncio del acuerdo de creación de una jurisdicción especial para la paz se dieron el miércoles pasado. Pero para llegar a él -con el más bajo perfil y con absoluta confidencialidad- hubo un trabajo arduo y dedicado de muchos protagonistas, algunos hasta ahora desconocidos. Entre ellos un grupo de expertos nacionales e internacionales dedicados a alimentar con ideas y propuestas la mesa de diálogos, específicamente en esos temas de justicia. Se les conoce como el Grupo de Nueva York, una especie de comisión de sabios conformada en enero de 2014 a instancias del gobierno de Noruega y liderados por Morten Bergsmo, asesor de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI), profesor de la Universidad de Pekín y especialista en derecho internacional.

Lo acompañaron Carlos Martín Beristain, médico español y doctor en psicología, quien desde hace 25 años trabaja con víctimas de la violencia y organizaciones de los derechos humanos en América Latina y África; Priscilla Hayner, consultora independiente y cofundadora del Centro Internacional de Justicia Transicional (ICTJ); Luis Guillermo Pérez Casas, abogado de la Universidad Nacional, secretario general de la Federación Internacional de Derechos Humanos y miembro del colectivo de abogados José Alvear Restrepo; Carlos Alberto Ruiz, abogado colombiano, autor del libro La rebelión de los límites; Enrique Santiago, abogado español y exsecretario de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, y Rodrigo Uprimny, jurista colombiano, director del Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad (Dejusticia).

El Espectador conoció todos los detalles sobre cómo se gestó este grupo y por qué fue tan definitivo para lograr destrabar el que era quizás el punto más crítico de la negociación en Cuba: la justicia. Desde el principio, el Gobierno y las Farc validaron la iniciativa noruega. El objetivo del Grupo de Nueva York se concentró en revisar los alcances jurídicos de otros procesos de paz en el mundo y, sobre todo, advertir los límites que tendría un acuerdo frente a las obligaciones del Estado de cara al Derecho Internacional Humanitario (DIH), el Sistema Interamericano de Derechos Humanos de la OEA, la posible intervención de Naciones Unidas y la misma Corte Penal Internacional (CPI).

Las reuniones del grupo se realizaron cada mes. Bergsmo viajaba desde Pekín. Hubo encuentros en Nueva York, Panamá, Madrid y, por supuesto, en La Habana. La mayoría de estos ocurrieron en Estados Unidos, por eso se denominó Grupo de Nueva York. La financiación de los viajes corrió por cuenta del gobierno de Noruega, así como los hoteles y la alimentación. Nadie recibió dinero por su trabajo y durante los 20 meses de labores alcanzaron a encontrarse 12 veces. Tanto el Gobierno como las Farc estuvieron enterados de esos encuentros y todos los documentos que se produjeron llegaron finalmente a la mesa de negociaciones en Cuba. De hecho, el grupo se reunió con los negociadores de las partes y con ellos tuvo encuentros tan tensos como provechosos. 

Su aporte fue un insumo fundamental para la mesa. De hecho, el punto de partida del Grupo de Nueva York fueron las posturas radicales puestas asumidas desde un principio por las partes. Una tarea nada fácil. Al fin y al cabo, las Farc siempre habían rechazado cualquier intervención del Derecho Internacional, el Sistema Interamericano, las Naciones Unidas y la CPI. En abril de este año, por ejemplo, Iván Márquez, jefe de la delegación de paz de la guerrilla, invitó al Gobierno “a retirar toda la maleza jurídica que han atravesado como una mula muerta en el camino de la paz”.
Por eso, teniendo como premisa facilitar la negociación y con el mandato del gobierno de Noruega de ayudar a resolver el nudo gordiano en que se había convertido la discusión sobre ese punto de la agenda, la labor se enfocó en hacerles entender a las Farc que existen unos límites en el derecho internacional, que los derechos a la justicia son derechos humanos esenciales y que no se trataba de simple “maleza jurídica”, como dijo Márquez.
Sin unos mínimos de penas restaurativas cualquier acuerdo con las Farc no sería más que una utopía pasajera. En la otra orilla, el objetivo apuntó a que el Estado reconociera que los crímenes de lesa humanidad perpetrados por sus agentes no podían quedar al margen de la negociación ni tampoco los llamados crímenes de Estado.
Según conoció El Espectador, los debates entre las delegaciones de Gobierno y guerrilla en La Habana y los miembros del Grupo de Nueva York fueron muy fuertes. En primer lugar, el Gobierno no estaba pensando en una amnistía o indulto, y lo que quería era que se aplicara la renuncia a la persecución penal que contempla el Marco Jurídico para la Paz. Asimismo, tampoco se contemplaba la idea de crear un tribunal mixto, pues no se quería mezclar en una misma mesa una fórmula de justicia transicional para guerrilleros y militares. Sin embargo, los expertos siempre insistieron en que debía haber una fórmula única, ya que de lo contrario un mecanismo diferenciado sería muy problemático y no tendría sentido.

Sin duda, el gran aporte que se le puede atribuir hoy al Grupo de Nueva York es la idea de la creación del tribunal para la paz, anunciado el miércoles pasado y cuya función esencial -según se explicó- es “acabar con la impunidad, obtener verdad, contribuir a la reparación de las víctimas y juzgar e imponer sanciones a los responsables de los graves delitos cometidos durante el conflicto armado, particularmente los más graves y representativos, garantizando la no repetición”. La decisión de tener en dicho tribunal a magistrados extranjeros obedece a que se considera que ello da más garantías de independencia, de objetividad, de seguridad y de blindaje ante posibles amenazas y presiones políticas. Gobierno y asesores creen que con ellos se minimizan dichos riesgos.

La idea es que además de la guerrilla, los agentes del Estado, paramilitares, parapolíticos, empresarios y todos los que quieran saldar sus cuentas con la justicia y contribuir con la paz, tengan la posibilidad de resolver sus cuentas pendientes con ese tribunal para la paz y quedar a salvo de la Corte Penal Internacional. El tribunal deberá decidir también si los llamados falsos positivos tienen cabida en este modelo de justicia, aunque nadie duda que fueron sistemáticas violaciones contra la población civil.
Sobre la imposición de penas, la pepa de la controversia giró en torno a lo que traduce “restricciones a la libertad” de los condenados. El Grupo de Nueva York entendió esas restricciones a que no salgan del país, de una determinada región, de una ciudad o de un sitio definido. En cuanto a reparación, se proponen trabajos comunitarios, por ejemplo en sustitución de cultivos, guardias rurales, colaboración en obras de infraestructura, desminado, recuperación de fuentes hídricas, protección de la naturaleza e incluso programas de educación para la paz.

Para el grupo todas las formas ilegales de financiación de la guerra -incluido el narcotráfico- las subsume el delito político. A su vez, no hay ninguna norma internacional que diga que alguien que haya sido condenado por crímenes de lesa humanidad no pueda hacer política. Sin embargo, en Colombia la Carta Política prohíbe que quienes hayan sido condenados puedan ser elegidos por votación popular. En este sentido, una de las recomendaciones claves es que se implemente una reforma constitucional que abra esa puerta cuanto antes.

Al final, después de 20 meses de trabajo, se cedió de parte y parte. Las Farc pasaron del “quizás, quizás, quizás” -la respuesta que diera Jesús Santrich a un periodista hace tres años, cuando le preguntó si las Farc estaban dispuestas a pedirles perdón a las víctimas-, a aceptar el derecho internacional. “La tarea del Grupo de Nueva York se concentró en remover los inamovibles de justicia de las Farc. Hace dos años parecía impensable que entendieran las obligaciones de Colombia en el contexto internacional. Hoy tienen claro que sin el blindaje jurídico necesario, es decir, si el acuerdo final no cumple unos mínimos de justicia y reparación, por mucha verdad cantada, esa orilla cercana del posconflicto terminaría frustrándose más pronto que tarde”, le dijo a este diario una persona cercana al proceso de negociación.
Lo claro es que el miércoles pasado se despejó el camino y entre los múltiples mensajes hay dos que tienen un gran significado en aras de la paz: el que la guerrilla haya aceptado acogerse a un modelo de justicia estatal y la dejación de armas. Además, por primera vez está definido un cronograma con fecha precisa de lo que debe pasar después de la firma del acuerdo definitivo -fijada el 23 de marzo de 2016-. En concreto, que esa dejación de armas deberá comenzar, a más tardar, a los 60 días luego de la firma.

Del sábado al miércoles pasado todo fueron nervios en las altas esferas del Gobierno. El martes, un día antes del anuncio, cuando a través de su cuenta en Twitter el presidente Juan Manuel Santos anunció que el equipo negociador del gobierno regresaba a La Habana con instrucciones precisas de continuar avanzando en el tema de justicia, se supo que algo grande estaba por suceder en torno al proceso de paz. Pero el encuentro en Cuba no fue nada fácil. Si bien había consenso sobre los 10 puntos en torno a la creación de una jurisdicción especial para la paz, las tensiones corrían por cuenta del plazo para la concreción del acuerdo final. 

Las Farc tenían en la cabeza la fecha de mayo, para ellas mes de su fundación. Después de un tire y afloje se acordó que fuera en marzo, es decir, seis meses. Pero esa decisión adoptada en la mesa de diálogos todavía tenía que ser ratificada por el presidente Santos y Timochenko. En Colombia, si bien desde hace rato se tenía la idea de que en algún momento el jefe de Estado debería ir a La Habana, existía la premisa de ello sólo sería viable cuando se tratara de marcar un punto irreversible en los diálogos. Y a estas alturas, en el equipo negociador del Gobierno se mantenía la percepción de que las Farc aún tenían miedo a comprometerse con plazos fatales.

Fueron horas tensas. Desde la tarde de ese martes, el Gobierno había contactado a un grupo de congresistas para que acompañaran al presidente a La Habana. Hacia las 10:00 de la noche se les anunció, vía mensajes de texto en sus teléfonos celulares, que el viaje se cancelaba. Pero 15 minutos después se volvió a confirmar. Por otra parte, al grupo de periodistas invitados a acompañar la comitiva presidencial en su viaje a Estados Unidos, se les pidió acelerar los trámites pertinentes. Sólo hasta la mañana del miércoles se les dijo que habría un desvío hacia Cuba.

A su llegada a La Habana, todo el grupo se dirigió hacia la casa del embajador Gustavo Bell. Luego vino el acto público, la lectura del comunicado conjunto, las palabras del primer mandatario, las del presidente cubano, Raúl Castro, y las del comandante de las Farc, Timochenko. Se ha dicho que el estrechón de manos no estaba planificado, lo cual es cierto, y también que a Santos le disgustó, lo cual es falso. “Todos sabemos que es algo previsible en este tipo de sucesos tan históricos”, le manifestó a El Espectador uno de los miembros del equipo gubernamental. Cuentan que tras el anuncio, el jefe de Estado estaba eufórico y que siempre estuvo a su lado su hijo Martín.
Para el Gobierno y para el proceso de paz se dio un gran y definitivo paso.

Sin embargo, hay conciencia de que falta aún un camino culebrero por recorrer, y aunque se cree que el acuerdo sobre justicia hará cambiar en parte la percepción ciudadana de escepticismo sobre el proceso de paz, se sigue pensando que las Farc deben mostrar todavía hechos que alimenten el optimismo de la gente. Sobre el trabajo del Grupo de Nueva York se conoce que su asesoría fue fundamental y va a seguir de cara a la implementación de los acuerdos. Gobierno, Farc y comunidad internacional saben que ahora se viene el debate político, donde el Congreso de Colombia, con todas sus vertientes, será el gran protagonista. la premisa en la Casa de Nariño es insistir en que “la paz está cerca”

Fuente El Espectador:  http://www.elespectador.com/noticias/politica/los-arquitectos-del-acuerdo-articulo-588936

29 sept 2015

SEMANA. Un acuerdo que hará historia en Colombia

Qué significa para Colombia el auerdo firmado entre el presidente y el jefe de las FARC.

La foto es bastante impresionante. El presidente Santos de camisa blanca y Timochenko de guayabera, estrechándose la mano, abrazados los dos por el presidente de Cuba, Raúl Castro. El momento sin duda era histórico. Se anunciaba un acuerdo crucial para el fin del conflicto más largo del continente en un país donde más de dos generaciones no han sabido lo que es vivir en paz. El proceso tomó mucho más de lo esperado. Se pensaba que fuera un año y ya van cuatro. El camino ha estado lleno de obstáculos, pero el resultado ha sido satisfactorio.

No todo el país lo ve así. La polarización es tan intensa que un sector de la Nación mantiene las reservas que ha tenido desde el inicio de los diálogos. Básicamente, los cuestionamientos son dos: el de la supuesta entrega al Castro-chavismo y el de ni un día de cárcel para los guerrilleros. De Castro-chavismo, no hay una sola coma. De impunidad hay algo, pero menos de lo previsible dadas las circunstancias.

Ningún proceso de paz en la historia ha terminado con cárcel para una de las partes. Los más recientes, los de Sudáfrica e Irlanda, concluyeron con indulto y amnistía, y los del M-19, el EPL y el Quintín Lame en Colombia, también. En esta ocasión no habrá eso. Si bien tendrá un perdón para los delitos políticos, como rebelión y sedición, todo el que haya cometido un crimen de lesa humanidad tendrá un castigo. Este no será en cárcel con barrotes, como han pedido el expresidente Álvaro Uribe y el procurador Alejandro Ordóñez. Pero sí habrá restricción de la libertad en colonias penales con duración de cinco a ocho años para quienes digan la verdad, y de 20 con cárcel normal para quienes no lo hagan.

El balance entre impunidad y paz nunca es fácil de lograr en un proceso de esta naturaleza. Pero en Colombia se llegó hasta donde era posible. A diferencia de la época del proceso de paz con el M-19, la Corte Penal Internacional (CPI) impone criterios obligatorios en materia de sanciones sin los cuales se consideraría que la justicia nacional no operó y entraría a regir la justicia internacional. La fórmula a la que se llegó en La Habana logró el difícil equilibrio de satisfacer los requisitos de la Corte Penal Internacional y quedar cobijados bajo los postulados de la Corte Constitucional de Colombia. Incluso los de Estados Unidos, que están dispuestos a ser flexibles en materia de extradición para que el proceso llegue a buen término.

Esto fue posible gracias a una combinación de justicia restaurativa con sanciones alternativas. A los elementos tradicionales de la justicia restaurativa que son la verdad, la reparación, la restitución y la no repetición, se le agregó la privación de la libertad en colonias penales agrícolas designadas por el gobierno con obligaciones de trabajo restaurativo para la comunidad. Eso definitivamente no es una celda en  Alcatraz pero tampoco es una curul el Congreso.

El único umbral al que no se pudo llegar era el que exigían el expresidente Uribe y el procurador Ordóñez. La credibilidad de estos dos personajes tiene como consecuencia que una noticia que normalmente sería acogida con beneplácito general, como fue en el caso del M-19, ha sido recibida en algunos sectores con escepticismo en un país dividido. Paradójicamente, fue el mismo Álvaro Uribe quien, siendo senador en 1990, lideró la petición de amnistía total para todos los miembros del M-19.

Las reservas que él y el procurador expresan son populares, algunas legítimas y otras inviables. Por ejemplo, sería iluso pensar que los jefes de las Farc, que para financiar a su ejército rebelde acudían al tráfico de drogas, iban a aceptar ser encarcelados como narcos. Ante esta alternativa, no estarían negociando en La Habana sino combatiendo en el monte. Por eso, el concepto de que en un conflicto armado las fuentes de financiación constituyen un delito conexo no es absurdo.

Otro punto sensible es el del dinero de las Farc. Exigir la entrega de algo que no es cuantificable ni verificable es muy difícil en la práctica. Si no se sabe cuánto es, ¿cómo se sabe cuánto hay que entregar? Más realista es la fórmula que se está discutiendo en La Habana, que ha sido aceptada por las Farc. Esta consiste en que en el concepto de reparación de las victimas está incluido un elemento económico que tendrá peso en el momento de la reducción de la pena.

Y en cuanto a la dejación de armas, que para muchos significa solamente guardarlas, en realidad no va a ser así. Los guerrilleros no están dispuestos a entregárselas al gobierno pero eso no significa que tendrán acceso a ellas. Se buscará alguna fórmula de acuerdo con la experiencia internacional, que podría ir desde su destrucción hasta la entrega a un organismo internacional.

Pero sin duda alguna, el mayor sapo para la opinión pública es el hecho de que tanto los guerrilleros como los militares serán juzgados con el mismo rasero. El anunciado Tribunal Especial de Justicia que será creado, juzgará en forma igual a todos los que hayan cometido delitos de lesa humanidad, sean estos miembros de la guerrilla, de las Fuerzas Armadas o de cualquier otro actor del conflicto. La presentación de simetría entre las dos partes es polémica pero un crimen atroz debe ser sancionado independientemente de quién lo haya cometido. Un falso positivo no es menos grave que un secuestro.

Obviamente, todo lo anterior va a ser objeto de una gran controversia pues, como se ha dicho siempre, para llegar a la paz hay que tragar sapos. Pero como dice el adagio popular, es mejor un mal arreglo que un buen pleito. Al fin y al cabo, se trató de una negociación entre dos partes y no de una victoria militar o de un sometimiento a la justicia. Era necesario debilitarlas para poder negociar y eso fue precisamente lo que pasó. Lo que es un hecho es que sin la mano dura de Álvaro Uribe, nunca se hubiera podido llegar al punto de inflexión que dio pie al proceso de paz. Es una lástima que los autores del capítulo de la seguridad democrática, el binomio Uribe-Santos, se hubieran convertido en enemigos a muerte en el capítulo final, el de la paz.

El fin de la guerra con las Farc no será una panacea ni representará el fin de los problemas que tiene el país. No acaba con el narcotráfico ni con la delincuencia común ni necesariamente cobijará a todos los integrantes de la Farc. Pero sí acaba con el concepto de conflicto interno que existía entre esa organización y el Estado colombiano desde hace 51 años. Las bacrim que puedan derivarse de esa desmovilización serán combatidas por la Policía como criminales comunes y corrientes y no por el Ejército como insurgentes contra las instituciones.

Aun así, al acuerdo de la semana pasada no significa la paz total. Queda pendiente el ELN. Pero esta organización es consciente que iría en contravía de la historia mantenerse en las armas cuando ya no existe ninguna justificación para hacerlo. El espinoso camino que tuvieron que recorrer los negociadores de las Farc y del gobierno representa para ellos una oportunidad que no pueden dejar pasar. Se han creado mecanismos para desmovilización, desarme y justicia, que deberían ser aplicables a cualquier grupo. Se sabe que las negociaciones con las cabezas de esa organización van avanzando. Sus aspiraciones no son idénticas a las de las Farc y ellos seguramente querrán imprimir su sello. Pero el grueso de la solución es lo acordado con esta guerrilla.

El presidente Santos anticipó que el arreglo con las Farc iba a dejar a muchos insatisfechos. Pero el transcurso del tiempo seguramente le dará la razón. Haber tenido el valor de iniciar este proceso cuando el país no creía sino en la guerra, haberlo conducido con equilibrio y firmeza en medio de todas las tormentas y haber podido llegar a un anuncio como el de la semana pasada representan un gran logro. El hecho de que la paz con las Farc sea objeto de una legítima controversia, no debería subestimar su dimensión histórica.

Fuente Semana: http://www.semana.com/nacion/articulo/farc-gobierno-un-historico-acuerdo/443869-3#