OMS: Nuevo informe demuestra que el castigo corporal perjudica la salud de niñas y niños

La Organización Mundial de la Salud (OMS) acaba de lanzar un informe que demuestra que el castigo corporal sigue siendo usado y que perjudica la salud y el desarrollo físico y mental de las niñas, niños y adolescentes.

A nivel mundial, se estima que 1.200 millones de niños, niñas y adolescentes de 0 a 18 años sufren castigos corporales (físicos) en sus hogares cada año. Datos de 58 países muestran que el 17 % de los niños que sufrieron castigos corporales el mes pasado sufrieron sus formas más severas, como golpes en la cabeza, la cara o las orejas, o golpes fuertes y repetidos.

El uso del castigo corporal en los hogares varía considerablemente entre países. Entre los niños de 2 a 14 años, las tasas de castigo corporal declaradas por los padres y cuidadores en el último mes oscilaron entre el 30 % en Kazajistán y el 32 % en Ucrania, hasta el 63 % en Serbia, el 64 % en Sierra Leona y el 77 % en Togo.

En las escuelas, la práctica está igualmente extendida. En África y Centroamérica, alrededor del 70 % de los niños sufren castigos corporales durante sus años escolares, en comparación con aproximadamente el 25 % en la región del Pacífico Occidental.

“Existe evidencia científica abrumadora de que el castigo corporal conlleva múltiples riesgos para la salud infantil”, afirmó Etienne Krug, director del Departamento de Determinantes de la Salud, Promoción y Prevención de la OMS. “No ofrece ningún beneficio para el comportamiento, el desarrollo ni el bienestar de los niños, ni tampoco para los padres ni para la sociedad. Es hora de poner fin a esta práctica nociva para garantizar el desarrollo integral de los niños en el hogar y la escuela”.

WHO Corporal Punishment B09424-Eng 2025 by sofiabloem

Fuente OMS: https://www.who.int/news/item/20-08-2025-new-report-demonstrates-that-corporal-punishment-harms-children-s-health

Ronald Gamarra: La salud a la deriva

Nuestro país figura, una vez más, entre los primeros puestos del mundo afectados por una enfermedad contagiosa. Esta vez es la denominada viruela del mono, mal vírico que empezó una ola de contagios en Europa, en marzo, y llegó al Perú a fines de junio, cuando el Ministerio de Salud verificó el caso uno. Pues bien,en apenas un mes y medio, nosotros ya figuramos en el tercer lugar mundial por el número total de contagiados, detrás de Estados Unidos y Brasil, y en el primer lugar mundial según el índice de casos por millón de habitantes. 

Este hecho confirma la extrema vulnerabilidad de nuestro país para hacer frente a las nuevas infecciones y plagas, a lo cual se suma la incapacidad ya conocida del sistema de salud nacional para erradicar los padecimientos “comunes”, ya casi “tradicionales”, como la tuberculosis, la malaria o la neumonía y muchos otros, que en esta villa de condenados siguen siendo endémicos, cuando ya no se ven en otros países de desarrollo similar al nuestro. Por cierto, se trata de enfermedades que afectan sobre todo a los sectores pobres, marginados y a los pueblos indígenas, postergados desde siempre.

 

Esta realidad es alarmante o debería serlo… si estuviésemos en un país normal. Pero los políticos a cargo del Gobierno y el Congreso están concentrados en cualquier mezquindad, pugnando sobre todo por aferrarse a sus puestos, recibir su mesada, organizar negociados y obtener ventajas, antes que, en asuntos como la salud o la educación públicas, en los cuales se juega la vida misma y el futuro de las personas. Y entonces vemos que el nivel de incompetencia, de negligencia, de indiferencia, que estas “autoridades” demuestran en estos ámbitos cruciales, raya verdaderamente en lo criminal.

 

Por fortuna, la ola de viruela del mono que ahora recorre el mundo paralelamente al covid-19 es mucho menos agresiva que esta enfermedad tanto en velocidad de contagio como en resultados letales; de lo contrario, estaríamos en este momento padeciendo una nueva tragedia de muertes innumerables. Esto no quiere decir, sin embargo, que la nueva enfermedad sea un juego y que sea admisible menospreciar su impacto y peligrosidad. Si bien las muertes son mínimas, muchos contagiados padecen graves síntomas, que incluyen dolor intenso, durante varias semanas.

 

Claro que el hecho primordial es que el sistema de salud, empezando por el Ministerio respectivo, no ha hecho absolutamente nada efectivo para controlar el brote y ha permitido así que, en tiempo récord, figuremos en el top del indeseable ranking mundial, y eso que se trata de una enfermedad relativamente fácil de controlar. Pero la burocracia de salud, manejada hoy por la gente de Castillo y Cerrón, que tanto se llenan la boca invocando al pueblo y reclamándose como sus únicos representantes, solo se ocupan de copar los puestos con gente incompetente y deshonesta, sin hacer nada efectivo.

 

La misma negligencia se observa con respecto a la pandemia de covid-19. Por un lado, la campaña de vacunación prácticamente ha perdido el gran impulso que adquirió bajo el gobierno de Francisco Sagasti y el ministro Oscar Ugarte, y que prudentemente supo continuar el ministro Hernando Cevallos hasta su destitución. Actualmente, un tercio de la población no tiene la tercera dosis y los que completan la cuarta dosis apenas llegan al 10%. La mayoría de los fallecidos diarios en la cuarta ola de covid son precisamente personas mayores con su esquema de vacunación inconcluso.

 

Peor aún, esta semana se supo que hay 11 millones de dosis de vacunas Pfizer y Moderna que vencerán sin uso en las próximas semanas. Un millón y medio son dosis pediátricas. Si esto sucede, sería imperdonable. La vacunación infantil, que debía llegar al 70% en marzo, antes del reinicio de clases, dicen que llegará a ese nivel solo a fines de este año. Lo avanzado en la inmunización permite que esta ola de covid no sea tan catastrófica como las dos primeras, pero de todos modos resulta lamentable que en estos días fallezcan diariamente casi 50 personas, pudiendo ser muchas menos.

 

En resumen, apenas pasó lo peor de la pandemia, volvimos a las andadas y todas las promesas de reestructurar y potenciar el sistema de salud nacional se echaron al mar del olvido. En vez de transitar hacia la recuperación de una cobertura de las enfermedades corrientes que dejaron de atenderse durante la pandemia y hacer más eficiente el sistema, resulta que ni siquiera podemos atender bien la ola declinante del covid ni la nueva infección, menos agresiva, de la viruela del mono. Y el sistema de salud, en vez de afiatarse y crecer, está en manos de incapaces, colocados allí por favor político o venal.

 

Es un escándalo que los pacientes de enfermedades raras, huérfanas, crónicas, autoinmunes y cáncer, agrupados en el colectivo Los Pacientes Importan, se hayan visto obligados a hacer el 10 de agosto un plantón en las puertas de Essalud, a la intemperie en lo más frío del invierno, ante la terca negativa del presidente de la seguridad social -Gino Dávila es su nombre-, a recibirlos para que expongan sus problemas en esa institución: citas médicas, diagnósticos, evaluación de casos, referencias, tratamientos, entrega de medicamentos, falta de Factor VIII y Factor IX para los pacientes con hemofilia y otros coagulopatías, carencia de especialistas para atender a pacientes con síndrome de Williams, acceso a triple terapia  para los pacientes con hipertensión arterial pulmonar, actualización de recetas para los pacientes con miastenia gravis, sistematización de guías clínicas, y un largo etcétera. Hasta ahora no los recibe, punto. La misma caradura que ponen tanto él como el ministro de Salud ante el desesperante desabastecimiento de medicamentos indispensables para un sinfín de pacientes, que no tiene cuándo solucionarse.

 

¿Y el Congreso? ¿Qué hace ante todo esto? Pues, nada en absoluto. Es decir, nada bueno. Porque de lo malo, sí hace y mucho. Como, por ejemplo, designar como presidente de la comisión de salud del parlamento a la señora Elva Julón, miembro del partido de César Acuña, quien desde hace varios meses está bajo investigación del Ministerio Público por negocios turbios de su empresa SJ Biomedic SAC precisamente en el sector salud.

Artículo de Opinión de Ronald Gamarra Herrera publicado en el Semanario Hildebrandt en sus trece el día viernes 19 de agosto de 2022.

Fuente: Hildebrandt.

  

Ronald Gamarra: Todos los años, neumonía

Hace poco más de dos años, la atención de la salud colapsó en nuestro país y los esfuerzos se concentraron penosamente y con serios reveses en la contención de la pandemia de Covid-19. Una consecuencia inmediata fue el abandono de la atención de otras enfermedades tanto en lo preventivo como en lo terapéutico. Su efecto es el incremento exponencial de casos de todo tipo de padecimientos. Actualmente, en medio de la temporada de friaje y helada en la mayor parte de del país, debemos volver a enfrentar la emergencia de la neumonía, un mal que ha acrecentado exponencialmente su impacto en las poblaciones de riesgo.

En el 2019, último año inmediatamente anterior a la pandemia de Covid y el colapso del sistema de salud, el Ministerio de Salud registró 58 mil personas afectadas por la neumonía, de las cuales fallecieron 1,493. El año anterior 2018 se había registrado 65 mil personas afectadas por la neumonía, de las cuales fallecieron 1,757. En el año 2020, con el inicio de la pandemia, el Ministerio de Salud dejó de cumplir con la campaña regular de inmunización, situación que se ha arrastrado todo el 2021 y que, poco a poco, trata de retomarse en este 2022. Conspira contra ello la inestabilidad y la incapacidad de los actuales mandos al ministerio, amiguis de Cerrón. 

Contrariamente a lo que muchos creen, la neumonía no es una enfermedad que afecta unicamente a los ancianos. Lo infantes menores de 5 años representaban en el año 2019 el 42% del total de diagnosticados. A conitnuación, venían los adultos mayores de 60 años, con el 33% de los casos. Luego está el grupo de niños y adolescentes de 5 a 19 años, con el 11% de casos, y finalmente los adultos de 20 a 59 años, con el 14% de casos. Las poblaciones de riesgo están claramente definidas: los niños y las niñas menores de 5 años y los adultos mayores de 60. La letalidad sí es mayor en el caso de estos últimos, que representan el 70% del total.

Otra idea errónea consiste en creer que el frío es, por sí solo, el causante de la enfermedad. No es así. El frío, en todo caso es el factro desencadenante, el marco que propicia la enfermedad, pero la verdadera causa está en la desnutrición y la anemia infantil, la mala alimentación de los ancianos, la contaminación del aire, la falta de ventilación en las viviendas. Y por cierto, contribuye a resultados fatales o los determina la no atención oportuna, la poquedad de medios terapeuticos, la escazes de poxígeno, la fata de vacunas y campañas de inmuniczación, la carencia de antibióticos y la insuficiencia de atención primaria de salud al alcance de las poblaciones. 

Prevenible y curable en niños 

Los infantes menores de 5 años representan anualmente algo más del 40% del total de casos. En el año 2018, esa proporción equivalía a 25,539 casos. El riesgo de contraer neumonía es de 1 por cada 100 niños menores de 5 años. Los infantes menores de un año tienen un riesgo especial más elevado. En zonas de la selva de nuetsro país, el riesgo de que un infante menor de 5 años contraiga neumonía alcanza los índices más altos: en el departamento de Loreto es de 1,9 por cada cien; en el departamento de Madre de Dios llega a 2,1 por cada cien; en el departamento de Ucayalí es de 2,7 por cada cien. 

La inmunización por medio de vacunas contra la neumonía se inició en nuestro país en el año 2008. Según el programa oficial de vacunación infantil, corresponde inmunizar a los infantes contra la neumonía a los tres meses con la primera dosis y a los cinco meses con la segunda dosis. Además, corresponde aplicarles la vacuna contra la influenza entre los siete y los diez meses de nacidos. Lamentablemente, el calendario de vacunación no se ha cumplido desde el año 2020 por causa de la pandemia de Covid-19. Urge retomarlo y regularizarlo cuanto antes contra todas las enfermedades previstas, llegando a las poblaciones más lejanas.

La neumonía en los niños es una enfermedad prevenible y tratable, no tiene por qué ser fatal. Lo que sucede es que no la atendemos bien. Henrietta Fore, directora ejecutiva de UNICEF, dijo: "Si somos serios a la hora de salvar vidas de niños, también debemos serlo cuando se trata de combatir la neumonía. Como muestra el actual brote del coronavirus, esto se traduce en mejorar la detección y la prevención (...) Y también implica abordar las principales causas de la mortalidad por neumonía, como la desnutrición, la falta de acceso a vacunas y antibióticos, y abordar el complicado reto de la polución del aire".

Kevin Watkins, director ejecutivo de Save the Children, subraya las responsabilidades política y la importancia de las decisiones de las autoridades para evitar muertes por neumonía infantil: "Sería moralmente indefendible quedarnos parados y permitir que millones de niños sigan muriendo por falta de vacunas, de antibióticos asequibles y de tratamiento con oxígeno".

Así mismo es. Nadie, nunca más, debería pasar por el trance de perder a un ser querido a causa de la neumonía. ¿Pero hace cuántos años que convivimos con la  misma historia? ¿Con el mismo cuento de nunca acabar? ¿No nos casamos de repetir cada año la historia de decenas y decenas de niñas y niños que mueren por neumonía debido a las bajas temperaturas y la desnutrición?.

A ver si esta vez hacemos las cosas de manera que la neumonía sea erradicada. ¿Y si nos apoyamos en esta coyuntura que nos exige una acción sanitaria de gran envergadura para imponer un nuevo y mejor nivel de salud en el país? ¿Un nivel, al fin y al cabo, simplemente acorde con la dignidad humana? No podemos convivir con un nivel de salud pública tan  precario e improvisado. Tan lleno de agujeros por donde se filtran o se eternizan infecciones y enfermedades.

Artículo de opinión de Ronald Gamarra Herrera publicado en Hildebrandt en sus trece el día viernes 8 de julio del 2022.

Fuente Hildebrandt.

Ronald Gamarra: El cáncer no espera

El 10 de octubre venció el plazo de 60 días para la aprobación del reglamento de la Ley Nacional del Cáncer, norma que publicada en agosto pasado está orientada a garantizar la cobertura universal, gratuita y prioritaria de los servicios de salud para las personas con enfermedades oncológicas. El retraso en el cumplimiento de esta obligación ha causado profundo malestar en los pacientes de cáncer y en las organizaciones de pacientes en general, pues las autoridades de salud ni siquiera han ofrecido una explicación plausible de la demora. Solo a la última hora, el viceministro de Salud Pública anunció la instalación de un grupo de trabajo multisectorial encargado de la elaboración del reglamento. La Defensoría del Pueblo ha emitido una declaración al respecto, llamando al Gobierno y a las autoridades de salud a cumplir cuanto antes con la reglamentación.

Conste que el plazo para la aprobación del reglamento era de 60 días “como máximo”. Está clarísimo que se trataba de un tiempo que no cabía exceder en ningún caso y que el reglamento podía y debía estar listo antes de dicho término.

La reglamentación de la Ley Nacional del Cáncer es una condición fundamental para la aplicación concreta de la ley. Sin el reglamento, la ley no tendrá en la práctica aplicación efectiva en cuanto a la mayor parte de sus disposiciones. Por otro lado, el plazo de 60 días no era casual ni arbitrario, pues evidentemente tiene relación directa con los plazos que usualmente se manejan para la aprobación del presupuesto nacional. La intención era que, en lo posible, la ley pudiera contar con fondos presupuestales ya desde el proyecto que se aprobará en diciembre de este año. Tal como están las cosas, ojalá la ley no tenga que esperar al ejercicio presupuestal 2023 para contar con fondos iniciales.

Ahora bien, no solo se trata del incumplimiento en la reglamentación. La Ley Nacional del Cáncer establece una serie de obligaciones para el gobierno en el sector Salud que hasta el momento tampoco se están verificando. Es el caso de la Política Nacional de Lucha Contra el Cáncer, que el gobierno debe aprobar cuanto antes, la cual “establece los lineamientos, objetivos, indicadores y estándares mínimos de cumplimiento que garanticen una atención integral oncológica, considerándose como ejes vitales la promoción de la salud, la prevención, el diagnóstico oportuno, el tratamiento, la rehabilitación, los cuidados paliativos e investigación del cáncer”.

No tenemos hasta el momento ningún indicio que nos revele que esta política nacional se encuentra en elaboración. En todo caso, como toda política nacional, su elaboración y aprobación no puede prescindir de la participación activa de la ciudadanía y muy especialmente de los pacientes, particularmente los pacientes oncológicos. Otro aspecto de la ley, sobre el cual no se conoce qué avances hay, se refiere a la conformación de la Red Oncológica Nacional, que deberá articular en un sistema integrado a todos los organismos de salud del país que prestan servicios en relación con esta enfermedad, propiciando que los servicios en su conjunto mejoren y lleguen a todos los sectores.

 

El gobierno y el Ministerio de Salud tienen ante sí el reto de superar lo más pronto posible la situación de desconcierto y desorganización que trajo consigo el colapso de los servicios de salud del país a raíz de la pandemia, servicios que ya eran insuficientes y precarios desde mucho antes. Todos sabemos que la atención de otras enfermedades distintas al covid 19 se redujo radicalmente a raíz de la emergencia sanitaria. En el caso del cáncer, según el propio Ministerio de Salud, la reducción de la atención fue de un 50% en promedio, cifra abrumadora tras la cual hay miles de vidas afectadas irreversiblemente o perdidas, que hubieran podido curarse o mejorar su calidad de vida.

Ahora sabemos que los pacientes con cáncer han sido uno de los principales afectados por la pandemia, debido a que el colapso de los sistemas de salud puso en riesgo la continuación del tratamiento; que, a junio del 2020, según el HIS de MINSA, se han registrado 74 mil casos no atendidos en oncología; que en el conjunto de los pacientes que han podido recibir atención se han registrado 13 mil personas cuya enfermedad se ha agravado durante este periodo; que, debido a la crisis las instituciones han tenido que disminuir su capacidad de oferta: por ejemplo, el INEN pasó de realizar 180 quimioterapias por día a 80, de practicar 360 radioterapias a solo 160, y de 40 intervenciones quirúrgicas a sólo 10; y que, de atender usualmente entre 1300 a 1500 casos nuevos, el INEN pasó a cubrir solo 192 casos nuevos en abril de este año.

Precisamente ahora contamos con el importante informe “Estado de acceso a la salud en cáncer de mama en Perú”, elaborado por un colectivo de instituciones y personas que trabajan en el sector del cáncer, informe coordinado por el Grupo de Estudios Clínicos Oncológicos Peruano (GECOPERU). Si bien las conclusiones de este informe se refieren a un tipo específico de cáncer, gran parte de ellas resultan intuitivamente extrapolables a la situación general de la atención del cáncer en nuestro país. La lectura de este informe nos da a conocer el nivel de carencia a partir del cual debe construirse una política nacional contra el cáncer efectiva, digna e inclusiva.

El estudio deja en claro las graves deficiencias halladas en cuanto a la prevención y detección precoz del cáncer de mama, la disponibilidad de tratamientos especializados, la disponibilidad de medicamentos y la disponibilidad de financiamiento para cubrir los costos de la enfermedad. No olvidemos que el cáncer es una de las enfermedades clasificadas como desastrosas por sus consecuencias inmediatas para el paciente y la familia, ya no solo en cuanto a su salud física y psíquica sino en relación con sus propias posibilidades de mantener un nivel de vida digno. El cáncer destroza no solo al paciente sino a la familia entera, por eso requiere una atención especial.

El informe constata que “la enseñanza del autoexamen es precaria y el número de mujeres que lo hacen con regularidad es escaso”, que “el Plan Nacional es ineficaz tanto a nivel nacional como regional”, que hay “escasez de especialistas y equipos para detectar el cáncer de mama”, que en relación con la radioterapia hay “escasez de radioterapeutas y aceleradores lineales para el tratamiento del cáncer de mama”, que hay un “acceso limitado a medicamentos innovadores para el tratamiento del cáncer de mama”, que financiación de los costes del control del cáncer de mama es absolutamente insuficiente.

Partimos, pues, de una situación marcada por grandes deficiencias. Nuestro deber como sociedad y estado es cambiarla positivamente, poniendo todo de nuestra parte. En este esfuerzo colectivo y solidario, el cumplimiento de los plazos y compromisos es literalmente vital porque hay innumerables vidas y familias cuya sobrevivencia y recuperación están en juego. Sería una señal muy positiva y alentadora si el gobierno y el Ministerio de Salud se hacen cargo de esta impostergable urgencia. Por lo pronto, se anuncia que tendremos reglamento en 15 días. Eso esperamos. Y ojalá se escuche a las organizaciones de pacientes, porque ya estamos cansados de ver como se reitera el error consuetudinario de toda burocracia, consistente en hacer y disponer a espaldas de las personas directamente implicadas e interesadas en tener una buena norma que sirva de manera efectiva a sus urgentes necesidades.

Esperamos también, contar con una Política Nacional Contra el Cáncer en el plazo más breve.

Y aguardamos una mejora en el monto y ejecución del presupuesto para las enfermedades oncológicas. De acuerdo al Observatorio de Consulta amigable del MEF, desde el 2019 a la fecha, el presupuesto destinado para el control y prevención de cáncer ha ido reduciéndose, sí, disminuyendo. No obstante, la gran mayoría de instituciones prestadoras de servicios oncológicos no han ejecutado la totalidad de sus presupuestos. Y anualmente, en promedio, se ha dejado de ejecutar 25 millones de soles destinados a la compra de medicamentos para la prevención y control del cáncer.

Artículo de opinión de Ronald Gamarra Herrera pulicado en Hildebrandt en sus trece el viernes 22 de octubre de 2021.

Fuente:  hildebrandtensustrece.com

Ronald Gamarra: La salud más allá del Covid-19

Con la emergencia sanitaria determinada por el surgimiento repentino de la pandemia de Covid-19 a inicios del año pasado, el sistema de slaud peruano se volcó integramente a la atención de esta nueva y desconocida enfermedad, que comenzó a cosechar rápidamente miles y miles de víctimas en todo el país. Lo hizo, como sabemos, en condiciones de absoluta precariedad e impreparación, resultado de décadas de descuido de la salud por sucesivos gobiernos.

Los centros de salud colapsaron, saturados de pacientes de Covid-19 más allá de todas las posibilidades con que se contaba para atenderlos. Recordemos que la pandemia nos pilló con apenas un centera de camas UCI, una cifra que estaba entre las más bajas del mundo. Nos sorprendió también sin equipos de protección personal para los médicos, enfermeras y personal técnico, que sufrieron cientos de fallecidos por su contacto directo con los enfermos.

En consecuencia, el pánico desatado por la pandemia y la incapacidad de hacerle frente llevó al cierre de la mayor parte de los servicios de salud que no fueran la atención del covid. Y cuando el personal médico-sanitario empezó a retomar el trabajo después de meses de confiamiento, lo hizo preferencia, y de forma muy limitada, a través de la teleconferencia o por teléfono. En resumen, la atención de la slaud quedó en suspenso de forma indefinida y no se ha retomado hasta el momento debido a la segunda ola.

Así pues, el sistema de salud colapsó no solo por la pandemia del coronavirus, enfermedad que no pudo ser atendida al nivel de otros países de la región, pues nuestra tasa de letalidad ha sido mucho mayor, sino que fue incapaz de mantener la atención de otdas las demás enfermedades leves y graves, eventuales o cróicas. Esta situación ya lleva un año y medio y no puede seguir así. Es tiempo de avanzar a la normalización de la atención general de la salud cuanto antes.

La situación es muy grave. Los pacientes de enfermedades crónicas han perdido el seguimiento de sus enfermedades y es necesario que lo retomen. Muchos deben haber empeorado su situación o incluso pueden haber muerto por falta de seguimiento a la evolución de su enfermedad. Los pacientes que sufren enfermedades raras han perdido prácticamente toda esperanza de atención por parte del sistema. Por su menos número, no resultan de prioridad para la burocracia. Sus demandas y aportes -por ejemplo, los de la "Mesa de la sociedad civil: Los Pacientes Importan" - no merecen atención.

Los pacientes de enfermedades oncológicas, los que sufren cáncer de todo tipo, también perdieron la continuidad de la atención que se les daba. Según Apoyo Consultoría, durante la pandemia, mientras las defunciones subieron en un 31%, las atenciones disminuyeron en un 37%. Miles de enfermos de cáncer que periódicamente debían trasladarse a las ciudades principales, especialmente a Lima, para la continuidad de sus tratamientos o sus consultas, dejaron de ser convocados, aparte de que las normas de inmovilización social les impedían viajar. Al decir de Apoyo Consultoría, no se realizaron más de 81,000 atenciones en etapa avanzada y más de 21,000 atenciones por diagnóstico. Una dolorosa espera, añadiría Ojo Público. Caso especialmente lacerante es el de los niños y niñas afectados de cáncer.

La vacunación infantil se ha reducido a los niveles históricos más bajos. Con ello, la niñez queda expuesta a caer víctima de enfermedades prevenibles por simple inmunización. Corremos, el grave riesgo, en realidad inminente, de la reaparación de enfermedades inmunoprevenbles que ya no se registraban en nuestro país. Esto debe ser corregido con extrema urgencia antes de que se delcaren otras epidemias que creíamos superadas definitivamente.

No se trata solamente de retomar la atención previa. Recordemos que, antes de la pandemia, la atención de slaud tampoco se cumplía en buenas condiciones. Nadie ignora las estrecheces y carencias con que actuaba en nuestro país el sistema de cuidado de la salud, con servicios insuficientes, anticuados y desabastecidos, sin el número de profesionales necesario, sin el apoyo económico presupuestario suficiente para ofrecer un servicio de calidad mínima y sin la ejecución total de ese falto presupuesto público.

El desafío es complejo, pero ineludible. Se trata de vencer el Covid-19 mediante la vacunación masiva, lo más rápido posible, de toda la población. Pero al mismo tiempo se debe retomar la atención normal, cotidiana, de todas las demás enfermedades y condiciones de salud que dejaron de verse, apuntando a un servicio de mejor calidad para todos. Ambos retos son complicados y están llenos de grandes dificultades, pero no hay otra alternativa que afrontarlos.

El gobierno actual o cualquier otro que venga no será ya evaluado por una campaña de vacunación exitosa. Si no se retorna la atención de la slaud general de la población y si no se inicia el camino hacia su mejora en calidad, el gobierno, cualquier gobierno, será reprobado. Para ello, las autoridades de salud deben contar, en primer lugar, con la opinión de los pacientes. Se trata de una sensibilidad que la burocracia de salud aún debe desarrollar para poder mejorar. Debe entender que ¡los pacientes importan! Si ellos son los destinatarios y receptores de las políticas de salud, solo su participación organizada, y de la sociedad civil, permitirá garantizar que las decisiones que se adopten sean legítimas y transparentes.

Artículo de opinión de Ronald Gamarra Herrera publicado en Hildebrandt en sus trece el día viernes 20 de agosto de 2021.

Fuente Hildebrandt. 

Perú: Ley Nacional del Cáncer

Hoy se publicó la Ley N° 31336 Nacional del Cáncer.

La presente norma tiene por objeto garantizar la cobertura universal, gratuita y prioritaria de los servicios de salud para todos los pacientes oncológicos, indistintamente al tipo de cáncer que padezcan, con la finalidad de asegurar el acceso al derecho fundamental a la salud en igualdad de condiciones y sin discriminación.

Ley Nacional Del Cancer Ley n 31336 1980284 2  on Scribd

Fuente El Peruano.

Ronald Gamarra: Vida y Muerte

La vacunación contra el Covid-19 de las personas que sufren enfermedades raras y huérfanas a partir de esta semana es un triunfo de la vida sobre la indiferencia y la muerte. Los colectivos que agrupan a los pacientes de este tipo de enfermedades para las cuales la ciencia aún no ofrece terapias y alivio efectivo, tal vez porque el pequeño número de quienes sufren cada una de ellas no ofrece incentivo comercial, lograron que el Ministerio de Salud escuche sus insistentes llamados y gestiones y decida incluirlos en el grupo de los primeros en ser vacunados junto con los adultos mayores.

Por primera vez, las personas que sufren de enfermedades raras y huérfanas logran colectivamente la atención que merecen ante un peligro inminente, frente al cual no se les consideraba como particularmente vulnerables, no obstante presentar especiales y severos factores de riesgo ante el nuevo coronavirus. Que sea el primer paso de un camino en el cual avancen hacia la atención que sus enfermedades tan especiales necesitan y merecen. Esto es parte del creciente movimiento de los pacientes de toda enfermedad que se empoderan y exigen sus derechos frente a la administración por una atención de slaud con dignidad.

Señor Ministro de Salud, que nadie se quede atrás. Necesitamos que la inmunización a las personas que sufren enfermedades raras y huérfanas se concrete a lo largo y ancho de la patria, y que se proceda a la inclusión inmediata en el proceso de vacunación de otros pacientes que se encuentran en riesgo. Es el caso de aquellos que padecen de las enfermedades autoinmunes como la psoriasis, artritis psoriásica y artritis reumatoide, o de la diabetes tipo 1, o de enfermedades crónicas no transmisibles, También, por cierto, a los cuidadores de niños y niñas que sufren las enfermedades raras y huérfanas. Señor Oscar Ugarte, estas son condiciones médicas ya identificadas y establecidas como factores de riesgo en el documento Técnico: Prevención Diagnóstico y Tratamiento de personas afectadas por el covid 19 en el Perú; solo hace falta cumplir con la norma, siguiendo además la experiencia de países como Chile, Panamá y Bolivia que han priorizado la vacunación de los pacientes con las enfermedades señaladas por considerarlos pacientes crónicos.

Por otro lado, los avances en la inmunización de toda la población en general contra el covid 19 son otro punto a favor de la vida, después de un año errático frente a la pandemia. Reparando errores iniciales, el gobierno ha logrado pasar de una situación en que no teníamos vacunas en absoluto a otra en la cual se empieza a disponer de ellas en cantidades importantes y, sobre todo, se observa dinamismo en la inoculación con tasas diarias que cada vez suben más. La vacunación masiva será, a fin de cuentas, el arma fundamental para superar la pandemia.

También tenemos que subrayar que las víctimas de la segunda ola de la pandemia de covid en nuestro país vienen bajando en forma sostenida en las últimas dos semanas, después de cifras de terror que superaron los 400 fallecidos diarios. Parece que esta vez los números de contagio y fallecimientos se encaminan a niveles previos a esta ola. Sin embargo, aun cuando esos pisos están a la baja, todavía son signos temibles. Hay enormes sombras. En general, estamos acercándonos a la mitad de las víctimas registradas en la primera ola, con un promedio actual de más de 160 fallecidos por día, cifra que, en términos absolutos, todavía es abrumadora.

Sería, entonces, un grave error desatender ahora las medidas de prevención que sea necesario observar a nivel individual y colectivo. No sea que la caída de los contagios y fallecimientos se detenga y volvamos a escalar un nuevo pico, como ha ocurrido en el curso de esta misma segunda ola. Velar porque la curva letal de la enfermedad baje definitivamente y termine la segunda ola es la responsabilidad central de todos. O debería serlo. No debemos descuidarnos ante la nueva variante C-37, originaria de Chile y Perú, identificada como la responsable del 80% de los contagios de esta segunda ola, o cualquier otra que pudiera aparecer.

 

Lamentablemente, vemos todos los días comportamientos que van en contra de los cuidados necesarios ante la pandemia. Aglomeraciones por los más diversos motivos, particularmente ahora por causa de unas candidaturas que hablan de salud, pero propician las condiciones del contagio con mítines y caravanas; por lo demás, organizados sin el menor cuidado ni advertencia a los ciudadanos. Eso dice mucho de lo que en realidad les interesa a los políticos la salud de las personas concretas, de carne y hueso, en quienes solo parecen ver apoyos potenciales, masas a conquistar o comprar, votos que deben cosechar cueste lo que cueste.

Lo peor ha sido la masacre de 16 compatriotas, entre ellos cuatro niños, perpetrada en el Centro Poblado San Miguel del Ene, por una facción residual, crónica en el Vraem gracias a su alianza con el narcotráfico, que se hace llamar Militarizado Partido Comunista del Perú, una herencia del viejo Sendero Luminoso. Una matanza atroz que debe ser investigada y sus autores recibir la más dura sanción posible. Sanguinarios. La reacción de no pocos antes este horrendo asesinato colectivo dejó mucho que desear en cuanto a humanidad, pues no les importó utilizarlo para sus fines particulares de propaganda política en función de la segunda vuelta electoral. Miserables. Se trata de una reacción inescrupulosa, que merece condena y rechazo porque es un voto a favor de la muerte. Así nos debatimos a diario en elPerú de hoy, entre la afirmación esforzada de una vida precaria y la muerte que algunos celebran porque sirve a sus fines. 

Artículo de opinión de Ronald Gamarra Herrera publicado en Hildebrandt en sus trece el día viernes 28 de mayo de 2021.
Fuente: https://www.hildebrandtensustrece.com/

CIDH: Las vacunas contra el COVID-19 en el marco de las obligaciones interamericanas de derechos humanos

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió la Resolución N° 1-2021 sobre "Las vacunas contra la Covid-19 en el marco de las obligaciones interamericanas de derechos humanos".

La pandemia generada por el virus que causa el COVID-19 ha originado una crisis sanitaria, económica y social sin precedentes, a nivel mundial y regional. El desarrollo, junto con la aprobación, fabricación y distribución de vacunas seguras y efectivas son pasos determinantes para: i) enfrentar los riesgos a la vida y a la salud derivados de la pandemia; ii) disminuir la sobrecarga de los sistemas de salud, y iii) mitigar los efectos de las medidas de salud pública que han sido implementadas para contener el contagio. Tales medidas han afectado de manera especialmente adversa el disfrute de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales (DESCA), con un impacto diferenciado y desproporcional en los grupos en situación de vulnerabilidad de las Américas, así como de las personas con COVID-19 y sus familiares.

CIDH Resolucion Salud 1 21 on Scribd

Fuente CIDH

Ronald Gamarra: La lección de Ana Estrada

Las procuradurías del Ministerio de Justicia, del Ministerio de Salud y de EsSalud decidieron no interponer recursos de apelación contra la sentencia que ampara el derecho de la señora Ana Estrada a una muerte digna, y considera afectados sus derechos a la dignidad, autonomía, libre desarrollo de la personalidad y no sufrir tratos crueles e inhumanos, al impedírsele -vía una prohibición penal general- decidir sobre el fin de su vida como resultado del ejercicio de un derecho. Con tal decisión, la sentencia de 22 de febrero pasado, emitida por el décimo primer juzgado constitucional, queda consentida, es decir, que queda consolidada y sin cuestionamiento como una decisión judicial aceptada por las partes intervinientes en el proceso, que a la vez establece jurisprudencia sobre un caso tan delicado, proclamando la primacía de los derechos humanos sobre toda otra consideración. Ahora solo queda la remisión del expediente, vía consulta, a la Corte Suprema, donde sin duda alguna será acogida.

Hay que destacar como se merece las decisiones de estas procuradurías. En primer lugar, porque en un giro completo y en menos de dos meses abandonan las posiciones carcas y conservadoras que expresaron por escrito en la contestación a la demanda y en la audiencia oral, oportunidades en las que pidieron se declare la improcedencia de la solicitud de Ana Estrada, señalaron que ni la Constitución ni el código penal lo permiten, y alegaron cosas como que la enfermedad que padece no se encuentra en un estado terminal ni le produce intolerables dolores, que se requiere de una norma expresa que desarrolle el derecho a la muerte digna, y que Ana Estrada pretende que el juez se convierta en legislador. En suma, pusieron en duda su dolor, le dijeron no, trataron de obligarla a soportar padecimientos indignos en nombre de sus creencias -la de ellos, claro- y la enviaron a reclamar al Congreso.

En segundo lugar, porque fijan una radical diferencia con la actitud de otras procuradurías públicas que no han dudado en cuestionar y hacer todo lo posible, recurriendo incluso a leguleyadas, para bloquear decisiones progresivas de la justicia que amparaban derechos humanos. Uno de los casos más vergonzosos fue el de la procuraduría de la RENIEC, que movió cielo y tierra para impedir que surtiera efecto la decisión de un juez que amparó el derecho de una pareja del mismo sexo a que su matrimonio, celebrado en el extranjero, se inscribiera en el registro civil nacional.

De este modo, me parece que, por primera vez, una procuraduría pública actúa en función de la ley y los derechos humanos, que el Perú reconoce constitucionalmente y por tratados internacionales, en lugar de litigar por inercia y actuar como el perro del hortelano, que no come ni deja comer, defendiendo ciegamente una supuesta legalidad que no es tal sino la excrecencia ideológica de siglos de poder arbitrario, prejuicios y oscurantismo en contra de la persona humana. Las procuradurías no pueden ni deben ser miopes y menos ciegas en las causas en las cuales toman parte.

No obstante, si las procuradurías públicas, contra la razón, hubiesen apelado la sentencia, la señora Ana Estrada hubiera estado preparada para seguir dando la pelea que ejemplarmente ha estado librando en estos años, a pesar de las condiciones extremadamente precarias de su salud y su capacidad física. Porque, aún en su condición crítica de salud, ella demuestra integridad y fortaleza ética y moral, deslumbrante lucidez intelectual y ejemplar generosidad como para entender que su lucha por un derecho humano esencial, como el derecho a morir con dignidad, es crucial para la dignidad de todos, inclusive los que se oponen con pretextos majaderos.

Qué diferencia entre la actitud y la acción de la señora Estrada y la de otros que muestran un cristianismo de pacotilla, propio de Torquemada, cuando le responden brutalmente “que se suicide”, en vez de accionar ante la justicia por el respeto a un derecho humano. No cabe comparación entre estas dos actitudes diametralmente opuestas ya desde el punto de vista ético. En el caso de la señora Estrada observamos la defensa del derecho en su expresión más limpia y pura, mientras en el otro caso solo vemos la actitud propia de un déspota y fanático sin capacidad de empatía.

La batalla de Ana Estrada quedará para siempre entre los mayores hitos de la lucha por el derecho y la justicia en nuestro país, sin importar los avatares que el caso pueda enfrentar en adelante. Jamás tantos debimos tanto a alguien tan frágil en tan diversos planos: el de la justicia, el de la ética, el de la conducta personal. En medio de una situación caótica, en la cual cada quien trata de sacar todo el partido posible en beneficio propio y egoísta, sobre todo en el triste plano de la política, la señora Estrada nos ha dado la más sencilla pero inolvidable lección de desprendimiento, luchando en el nombre de todos.

¿Esto significa que, después de la sentencia conseguida por la señora Estrada y la por ganar en la Corte suprema, ella ya tiene asegurado el derecho a la muerte digna? Así debería ser en un estado plenamente constitucional, pero en nuestro país, lamentablemente, no se puede dar por descontado. Al contrario, tengamos la seguridad de que los retrógradas harán de todo para impedir que la Corte Suprema se pronuncie favorablemente en la consulta y para evitar la ejecución del pronunciamiento judicial que ordena se inaplique un artículo del código penal para permitir su muerte digna y no se sancione a los profesionales que la practiquen, considerando que ella no puede hacerlo por sí misma, de un lado, y ordena al Ministerio de Salud y a EsSalud respetar su decisión de poner fin a su vida a través del procedimiento técnico de la eutanasia, de otro. Y claro, para limitar al máximo el mal ejemplo de la sentencia y evitar su expansión en sede parlamentaria. No importa; seguiremos consolidando y ampliando la trocha abierta hasta que quede firme. Porque tenemos un ejemplo extraordinario que nos alienta y anima: el ejemplo de esa mujer extraordinaria que es Ana Estrada.

Gracias Ana por recordarnos que el derecho a la dignidad debe entenderse como válido para toda la vida del individuo, incluida la terminación de ésta. Gracias totales por enseñarnos que el derecho a vivir en forma digna importa también el derecho a morir con dignidad.

Artículo de Opinión de Ronald Gamarra Herrera publicado en Hildebrandt en sus trece el día viernes 05 de marzo de 2021.

Fuente Hildebrandt. 

Corte IDH: Cuadernillo de Jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos N° 28: Derecho a la salud

Cuadernillo de jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) sobre el derecho a la salud.

Cuadernillo28 Derecho a La Salud on Scribd

Fuente Corte IDH: 

Ronald Gamarra: "Los pacientes importan, señora ministra"

"Mientras escribo estas líneas, el Tribunal de transparencia conmina al MINSA a la entrega de la información tal como lo ha ordenado".

El Ministerio de Salud (MINSA) parece estar decidido a poner todos los obstáculos posibles para frustrar, al menos por este año, el acceso de los ciudadanos, especialmente de los pacientes, al proceso de elaboración del Petitorio Nacional Único de Medicamentos Esenciales (PNUME), que es el documento legal que aprueba la relación de medicamentos que el sector público adquiere para la atención de la salud pública en todo el país. Este proceso hasta ahora se ha llevado siempre entre cuatro paredes, sin transparencia, a espaldas de la opinión de los pacientes.

Qué otra cosa se puede entender si ya van 80 días sin que el MINSA haya cumplido con la obligación de elaborar y aprobar el manual de participación ciudadana en la preparación del PNUME. La Ley que así lo ordena se promulgó el 27 de marzo de este año. Los 120 días de plazo se cumplieron a fines de julio. A la fecha, ya debía haber un manual de participación ciudadana.

Pero tampoco se trata de que se apruebe cualquier compendio, vademécum o novelón a espaldas de los interesados. La elaboración del propio manual de participación también debe ser transparente, abierta, democrática, y eso exige establecer mesas de trabajo conjunto, eventos de participación pública, una discusión abierta y directa con los pacientes y sus organizaciones. Todo ello debería resultar en la prepublicación del proyecto de manual de participación ciudadana, que sea objeto de un último debate y recojo de sugerencias. Pero nada de eso ha habido. Ninguna apertura. Silencio total durante seis meses.

Ante esta situación, presentamos en julio de este año una solicitud formal al MINSA pidiendo el acceso a la información generada por este organismo en relación con la preparación del manual de participación. Porque es de suponer que la burocracia algo habrá avanzado en tanto tiempo. Y claro que lo hizo. Pero nada, ninguna respuesta. Silencio, silencio y más silencio. Que los pacientes se vayan a fastidiar a otro lado con su impertinente voluntad de participar. ¿La ley y sus plazos establecidos? Pues, sencillamente, se desobedecen, se desacatan. ¿Y qué va a pasar, pues? No hay sanción prevista para este incumplimiento.

Tanto desacato no podía dejarse pasar sin reaccionar. Así, pues, el ominoso e indiferente silencio del MINSA hizo ineludible presentar un recurso de apelación ante el Tribunal de Transparencia y Acceso a la Información Pública (TTAIP) en el mes de septiembre. Este importante tribunal es el organismo que está encargado de resolver como última instancia administrativa las controversias relacionadas con la transparencia y el derecho al acceso a la información pública a nivel nacional. Sus resoluciones tienen carácter vinculante; no son simples recomendaciones.

En los últimos días de ese mes, el MINSA informó que la propuesta de manual se encontraba en el despacho ministerial “para su revisión y aprobación”. Sí, se había proyectado un manual de participación ciudadana… sin la participación ciudadana. No se mencionó intención alguna de prepublicación. Y claro, tampoco se nos proporcionó copia de la propuesta. En octubre, siguiendo el trámite establecido, el TTAIP acordó por unanimidad declarar fundado el recurso de apelación contra la denegatoria de la solicitud de acceso a la información pública presentada; y, en consecuencia, ordenar al MINSA la entrega de la información solicitada.

Pues bien, estimados lectores, sucede que pasó de largo el plazo concedido para la entrega de la información y el MINSA sigue encerrado en su absoluto mutismo, haciendo caso omiso ante las urgentes y justas demandas de transparencia y participación que les hacen los pacientes y sus organizaciones, que aguardan tratamientos y medicinas que deben ser aprobados en el PNUME. Los pacientes deben opinar sobre los medicamentos que el estado compra para atender la salud pública. Este proceso no puede ni debe ser una suerte de coto cerrado de la burocracia.

En Brasil, Chile y Colombia los y las pacientes participan de las políticas de salud. ¿Cuánto tiempo seguiremos esperando para permitirlo en Perú? Junto a los y las pacientes exigimos al MINSA la entrega de la información solicitada y la prepublicación del proyecto de manual de participación ciudadana en la elaboración del PNUME. Una y otra no son gracias y tampoco concesiones facultativas, sino obligaciones del MINSA y un derecho ganado por los pacientes y, en general, por los ciudadanos, en aras de una necesaria transparencia que parece tan difícil de alcanzar, vistas las dificultades que opone la burocracia.

El acceso a la información que el MINSA maneja sobre la elaboración del manual permitirá que los pacientes de los servicios de salud puedan evaluar y supervisar el proceso de su elaboración y aprobación, así como plantear sus opiniones y necesidades, para que el nivel de participación ciudadana en la elaboración del PNUME sea amplio, permanente, efectivo y pleno en todas sus etapas. Un buen manual de participación ciudadana en la elaboración del PNUME contribuye a garantizar el derecho a la salud y a que no se compren medicinas que responden únicamente a intereses comerciales.

Mientras escribo estas líneas, el Tribunal de Transparencia conmina al MINSA a la entrega de la información tal como lo ha ordenado, bajo apercibimiento de remitir copias al Ministerio Público por la actitud renuente de las autoridades y funcionarios responsables de dicha entidad.

La historia podría tener un final parcialmente positivo. Después de 80 días de retraso, el MINSA deberá cumplir con la entrega de la información de la que dispone sobre el proceso de elaboración del manual de participación ciudadana. Es cierto que lo harán con gran retraso y prescindiendo de un necesario proceso de participación que hubiera podido aportar mucho. Esperamos que esa oportunidad se pueda dar ahora y que sirva efectivamente para la elaboración del PNUME. Aunque todavía es posible que la ministra de Salud, en un acto de transparencia y ejercicio democrático, decida someter el proyecto de manual -sí, doctora Mazzetti, ese que tiene encima de su escritorio- a una prepublicación para recibir los aportes de las y los pacientes y sus organizaciones. Eso esperamos. ¿Lo hará?.

Artículo de opinión de Ronald Gamarra Herrera publicado en Hildebrandt en sus trece el viernes 16 de octubre de 2020.

Fuente: https://www.hildebrandtensustrece.com/.

ONU: Derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental

Informe del Relator Especial de las Naciones Unidas sobre el derecho de toda personas al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental.

En este informe, presentado de conformidad con la resolución 42/16 del Consejo de Derechos Humanos, el Relator Especial explica en detalle los elementos necesarios para establecer un programa mundial basado en los derechos para promover el derecho a la salud mental.

Derecho Salud Mental a HRC 44 48 S  Scribd

Fuente ONU - OHCHR: https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=26039&LangID=E

OMS y UNICEF: Al menos 80 millones de niños menores de un año corren el riesgo de contraer enfermedades como consecuencia de la interrupción de la vacunación por COVID-19

Gavi, la OMS y UNICEF instan a unir esfuerzos para prestar los servicios sistemáticos de inmunización en condiciones de seguridad y continuar con las campañas de vacunación contra enfermedades mortales que se pueden evitar con vacunas.

GINEBRA/NUEVA YORK – La COVID-19 está interrumpiendo los servicios esenciales de inmunización en todo el mundo y, como consecuencia, millones de niños (tanto de países ricos como de países pobres) están en peligro de contraer enfermedades como la difteria, el sarampión y la poliomielitis. Se trata de la grave advertencia de la Organización Mundial de la Salud, UNICEF y Gavi, la Alianza para las Vacunas, con motivo de la Cumbre Mundial sobre las Vacunas que se celebrará el próximo 4 de junio y que reunirá a los dirigentes mundiales para tratar de mantener los programas de inmunización y mitigar el impacto de la pandemia sobre los países de bajos ingresos.

Según los datos recopilados por la Organización Mundial de la Salud, UNICEF, Gavi y el instituto para las vacunas Sabine Vaccine Institute, la prestación de servicios sistemáticos de inmunización se ha perturbado considerablemente en al menos 68 países, lo cual podría afectar a los aproximadamente 80 millones de niños menores de un año que viven en esos países.

La inmunización sistemática de los niños está interrumpida

Desde marzo de 2020, los servicios sistemáticos de inmunización infantil se encuentran interrumpidos a una escala mundial que probablemente no tiene precedentes desde que comenzaron los programas ampliados sobre inmunización (PAI) en la década de 1970. De los 129 países de los que había datos disponibles, en más de la mitad (un 53%) se registraron interrupciones entre moderadas y graves o la suspensión total de los servicios de vacunación durante los meses de marzo y abril de 2020.

“La inmunización es uno de los instrumentos de prevención de enfermedades más poderosos y fundamentales de la historia de la salud pública”, aseguró el Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, Director General de la Organización Mundial de la Salud. “La interrupción de los programas de inmunización por la pandemia de la COVID-19 podría paralizar décadas de avances contra enfermedades que pueden evitarse con vacunas, como el sarampión”.

“El próximo 4 de junio, en la Cumbre Mundial sobre las Vacunas de Londres, los donantes se comprometerán a dar apoyo a Gavi, la Alianza para las Vacunas, a fin de mantener y acelerar esta labor vital en algunos de los países más vulnerables. Desde lo más profundo de mi corazón, insto a los donantes a financiar plenamente la Alianza. Estos países y, en especial, estos niños, necesitan las vacunas y necesitan a Gavi”.

Las razones que explican la interrupción de los servicios varían. Algunos padres se muestran reacios a salir de sus casas por las restricciones a los desplazamientos, la falta de información o porque temen infectarse con el virus de la COVID-19. Además, no todos los trabajadores sanitarios están disponibles debido a las restricciones a los viajes o por haber sido reubicados para dedicarse a las labores de respuesta a la COVID-19. En otros casos, hay escasez de equipos de protección.

“Un número sin precedentes de niños en un número sin precedentes de países están ahora protegidos contra un número sin precedentes de enfermedades prevenibles por vacunación”, afirmó el Dr. Seth Berkley, Director Ejecutivo de Gavi. “Debido a la COVID-19, este gran avance está en peligro, ya que existe el riesgo de que reaparezcan enfermedades como el sarampión y la poliomielitis. Mantener los programas de inmunización no solo servirá para evitar más brotes, sino también para asegurarnos de que contamos con las infraestructuras necesarias para introducir una vacuna para la COVID-19 a escala mundial”.

Los retrasos en el transporte de las vacunas están agravando la situación. UNICEF ha denunciado el considerable retraso de los envíos de vacunas programados debido a las medidas de aislamiento y la consiguiente disminución de los vuelos comerciales y de la disponibilidad de vuelos fletados. Con el fin de mitigar este problema, UNICEF insta a los gobiernos, al sector privado y al sector aéreo, entre otros, a liberar espacio de carga a un coste asequible para poder distribuir estas vacunas salvavidas. Recientemente, Gavi ha firmado un acuerdo con UNICEF para proporcionar un anticipo de fondos destinado a sufragar los costes de carga para la distribución de vacunas, en vista de la reducción del número de vuelos comerciales disponibles para su transporte.

“No podemos permitir que nuestra lucha contra una enfermedad vaya en detrimento de los avances conseguidos a largo plazo en nuestra lucha contra otras enfermedades”, declaró Henrietta Fore, Directora Ejecutiva de UNICEF. “Disponemos de vacunas efectivas contra el sarampión, la poliomielitis y el cólera. Aunque es posible que las circunstancias nos obliguen a interrumpir temporalmente algunos esfuerzos de vacunación, las inmunizaciones deben reanudarse lo antes posible, o nos arriesgaremos a que a cambio de un brote mortal aparezca otro”.

La próxima semana, la OMS publicará una nueva guía para los países acerca del mantenimiento de los servicios esenciales durante la pandemia con recomendaciones sobre la prestación de servicios de inmunización en condiciones de seguridad.

Las campañas de inmunización a gran escala están temporalmente interrumpidas

Muchos países han suspendido de manera temporal y justificada las campañas de vacunación a gran escala para enfermedades como el cólera, el sarampión, la meningitis, la poliomielitis, el tétanos, la fiebre tifoidea y la fiebre amarilla, debido al riesgo de transmisión y a la necesidad de mantener el distanciamiento físico durante las fases tempranas de la pandemia de la COVID-19.

En particular, las campañas de vacunación contra el sarampión y la poliomielitis han sido las más perjudicadas: las campañas contra el sarampión se han suspendido en 27 países, mientras que las de la poliomielitis se han aplazado en 38. Al menos 24 millones de personas de 21 países de bajos ingresos que cuentan con el respaldo de Gavi están en peligro de dejar de recibir las vacunas contra la poliomielitis, el sarampión, la fiebre tifoidea, la fiebre amarilla, el cólera, el rotavirus, el papilomavirus humano, la meningitis A y la rubeola, debido al aplazamiento de las campañas y a la introducción de vacunas nuevas.

A finales de marzo, ante la preocupación de que las aglomeraciones de personas en las campañas de vacunación pudiesen favorecer la transmisión de la COVID-19, la OMS recomendó a los países suspender temporalmente las campañas de prevención mientras se realizaban evaluaciones de riesgo y se establecían medidas efectivas para reducir la propagación del virus de la COVID.

Desde entonces, la OMS ha estado supervisando la situación y ha publicado unas recomendaciones para ayudar a los países a determinar cómo y cuándo reanudar las campañas de vacunación en masa. La guía revela que los países tendrán que llevar a cabo evaluaciones de riesgos específicas basadas en las dinámicas locales de transmisión de la COVID-19, las capacidades del sistema de la salud y los beneficios que las campañas de vacunación tienen para la salud pública como forma de prevención y respuesta al brote.

Sobre la base de esas directrices y a raíz de la creciente preocupación por el aumento de la transmisión de la poliomielitis, desde la Iniciativa Mundial de Erradicación de la Poliomielitis se recomienda a los países que comiencen a planificar la reanudación de las campañas de vacunación contra la poliomielitis en condiciones de seguridad, especialmente allí donde existe un alto riesgo de que se registren brotes de esta enfermedad.                                      

A pesar de las dificultades, numerosos países están dedicando esfuerzos específicos para continuar con la inmunización. En Uganda se están tomando medidas para asegurar la continuación de los servicios de inmunización y otros servicios esenciales de la salud, e incluso se están financiando los transportes para garantizar otras actividades de divulgación. En la República Democrática Popular Lao, a pesar del aislamiento nacional impuesto en marzo, la inmunización rutinaria continuó en algunos lugares con medidas de distanciamiento físico.

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Fuente WHO: https://www.who.int/es/news-room/detail/22-05-2020-at-least-80-million-children-under-one-at-risk-of-diseases-such-as-diphtheria-measles-and-polio-as-covid-19-disrupts-routine-vaccination-efforts-warn-gavi-who-and-unicef

Corte IDH: COVID-19 y el Derecho a la Salud

La Corte Interamericana de Derechos Humanos, como órgano de protección de los derechos humanos, consciente de los problemas y desafíos extraordinarios que los Estados americanos, la sociedad en su conjunto, y cada persona y familia están afrontando como consecuencia de la pandemia global causada por el coronavirus COVID19, emite la presente declaración a fin de instar a que la adopción y la implementación de medidas, dentro de la estrategia y esfuerzos que los Estados Parte de la Convención Americana sobre Derechos Humanos están realizando para abordar y contener esta situación que concierne a la vida y salud pública, se efectúe en el marco del Estado de  Derecho, con el pleno respeto a los instrumentos interamericanos de protección de los derechos humanos y los estándares desarrollados en la jurisprudencia de este Tribunal.

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Fuente Corte IDH: http://www.corteidh.or.cr/tablas/alerta/comunicado/declaracion_1_20_ESP.pdf

CIDH adopta Resolución sobre Pandemia y Derechos Humanos en las Américas

Washington, D.C. - La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) adoptó hoy la Resolución No. 01/20 Pandemia y Derechos Humanos en las Américas. La CIDH decidió elaborar esta Resolución ante la emergencia sanitaria global sin precedentes que enfrentan las Américas y el mundo, ocasionada por la rápida propagación global del virus COVID-19, declarada como pandemia por la Organización Mundial de la Salud (OMS). La Resolución se ha realizado bajo la convicción de que las medidas adoptadas por los Estados en la atención y contención del virus deben tener como centro el pleno respeto de los derechos humanos.

Esta Resolución es una aproximación integral de la Comisión sobre la situación de la pandemia en la que se recogen los estándares del Sistema Interamericano de Derechos Humanos y se formulan un conjunto de recomendaciones a los Estados de la región para abordar el enfrentamiento al COVID-19 desde el enfoque de derechos humanos. En efecto, la CIDH emite estas recomendaciones como órgano principal y autónomo de la Organización de Estados Americanos (OEA), con el mandato de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos y en ejercicio del artículo 106 de la Carta de la OEA, el artículo 41.b de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el artículo 18.b de su Estatuto.

La Resolución es uno de los principales resultados de la Sala de Coordinación y Respuesta Oportuna e Integrada para la pandemia del COVID-19 (SACROI COVID-19), instalada el 27 de marzo del 2020. La misma hace un llamado a los Estados Miembros de la OEA a adoptar inmediata y transversalmente el enfoque centrado en los derechos humanos en toda estrategia, política o medida estatal dirigida a enfrentar la pandemia del COVID-19 y sus consecuencias, incluyendo los planes para la recuperación social y económica que se formulen, los cuales deben estar apegados al respeto irrestricto de los estándares interamericanos e internacionales en materia de derechos humanos, particularmente los DESCA; asegurando el funcionamiento de los Poderes Públicos del Estado. Asimismo, la Resolución señala que las medidas que resulten en restricciones de derechos o garantías, deben ajustarse a los principios «pro persona», de proporcionalidad, temporalidad, y deben procurar el estricto cumplimiento de objetivos de salud pública y protección integral.

Es importante resaltar que un apartado especial de las recomendaciones se refiere a los grupos en especial situación de vulnerabilidad como las personas mayores, las personas privadas de libertad, las mujeres, los pueblos indígenas, las personas en situación de movilidad humana, los niños, niñas y adolescentes, las personas LGBTI, las personas afrodescendientes y las personas con discapacidad. En ese sentido, la Comisión destaca que al momento de emitir medidas de emergencia y contención frente a la pandemia del COVID-19, los Estados de la región deben brindar y aplicar perspectivas interseccionales y prestar especial atención a las necesidades y al impacto diferenciado de dichas medidas en los derechos humanos de los grupos históricamente discriminados o en especial vulnerabilidad.

“Con esta Resolución queremos aportar, desde nuestro mandato, a los esfuerzos que se están realizando desde los gobiernos y la sociedad en la protección de los derechos humanos de todas las personas. Entendemos que el COVID-19 se presenta de manera distinta en cada país y observamos que las respuestas también han sido diferentes. En cualquier caso y por su propia naturaleza, las acciones estatales deben estar centradas en las personas. Toda acción de gobierno debe emprenderse para garantizar y proteger los derechos humanos” señaló el Comisionado Joel Hernández, Presidente de la CIDH.

Por su parte, Paulo Abrão, Secretario Ejecutivo de la CIDH, destacó: “Este documento es una contribución esencial de la CIDH, desde su SACROI COVID-19, donde se pone a disposición de los Estados para seguir cooperando técnicamente en la defensa de los derechos humanos en el hemisferio”.

CIDH Resolucion - Pandemia y Derechos Humanos 01_20 

Fuente CIDH: http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2020/073.asp