Conste que el plazo para la aprobación del reglamento era de 60 días “como máximo”. Está clarísimo que se trataba de un tiempo que no cabía exceder en ningún caso y que el reglamento podía y debía estar listo antes de dicho término.
La reglamentación de la Ley Nacional del Cáncer es una condición fundamental para la aplicación concreta de la ley. Sin el reglamento, la ley no tendrá en la práctica aplicación efectiva en cuanto a la mayor parte de sus disposiciones. Por otro lado, el plazo de 60 días no era casual ni arbitrario, pues evidentemente tiene relación directa con los plazos que usualmente se manejan para la aprobación del presupuesto nacional. La intención era que, en lo posible, la ley pudiera contar con fondos presupuestales ya desde el proyecto que se aprobará en diciembre de este año. Tal como están las cosas, ojalá la ley no tenga que esperar al ejercicio presupuestal 2023 para contar con fondos iniciales.
Ahora bien, no solo se trata del incumplimiento en la reglamentación. La Ley Nacional del Cáncer establece una serie de obligaciones para el gobierno en el sector Salud que hasta el momento tampoco se están verificando. Es el caso de la Política Nacional de Lucha Contra el Cáncer, que el gobierno debe aprobar cuanto antes, la cual “establece los lineamientos, objetivos, indicadores y estándares mínimos de cumplimiento que garanticen una atención integral oncológica, considerándose como ejes vitales la promoción de la salud, la prevención, el diagnóstico oportuno, el tratamiento, la rehabilitación, los cuidados paliativos e investigación del cáncer”.
No tenemos hasta el momento ningún indicio que
nos revele que esta política nacional se encuentra en elaboración. En todo
caso, como toda política nacional, su elaboración y aprobación no puede
prescindir de la participación activa de la ciudadanía y muy especialmente de
los pacientes, particularmente los pacientes oncológicos. Otro aspecto de la
ley, sobre el cual no se conoce qué avances hay, se refiere a la conformación
de la Red Oncológica Nacional, que deberá articular en un sistema integrado a
todos los organismos de salud del país que prestan servicios en relación con
esta enfermedad, propiciando que los servicios en su conjunto mejoren y lleguen
a todos los sectores.
El gobierno y el Ministerio de Salud tienen ante sí el reto de superar lo más pronto posible la situación de desconcierto y desorganización que trajo consigo el colapso de los servicios de salud del país a raíz de la pandemia, servicios que ya eran insuficientes y precarios desde mucho antes. Todos sabemos que la atención de otras enfermedades distintas al covid 19 se redujo radicalmente a raíz de la emergencia sanitaria. En el caso del cáncer, según el propio Ministerio de Salud, la reducción de la atención fue de un 50% en promedio, cifra abrumadora tras la cual hay miles de vidas afectadas irreversiblemente o perdidas, que hubieran podido curarse o mejorar su calidad de vida.
Ahora sabemos que los pacientes con cáncer han sido uno de los principales afectados por la pandemia, debido a que el colapso de los sistemas de salud puso en riesgo la continuación del tratamiento; que, a junio del 2020, según el HIS de MINSA, se han registrado 74 mil casos no atendidos en oncología; que en el conjunto de los pacientes que han podido recibir atención se han registrado 13 mil personas cuya enfermedad se ha agravado durante este periodo; que, debido a la crisis las instituciones han tenido que disminuir su capacidad de oferta: por ejemplo, el INEN pasó de realizar 180 quimioterapias por día a 80, de practicar 360 radioterapias a solo 160, y de 40 intervenciones quirúrgicas a sólo 10; y que, de atender usualmente entre 1300 a 1500 casos nuevos, el INEN pasó a cubrir solo 192 casos nuevos en abril de este año.
Precisamente ahora contamos con el importante informe “Estado de acceso a la salud en cáncer de mama en Perú”, elaborado por un colectivo de instituciones y personas que trabajan en el sector del cáncer, informe coordinado por el Grupo de Estudios Clínicos Oncológicos Peruano (GECOPERU). Si bien las conclusiones de este informe se refieren a un tipo específico de cáncer, gran parte de ellas resultan intuitivamente extrapolables a la situación general de la atención del cáncer en nuestro país. La lectura de este informe nos da a conocer el nivel de carencia a partir del cual debe construirse una política nacional contra el cáncer efectiva, digna e inclusiva.
El estudio deja en claro las graves deficiencias halladas en cuanto a la prevención y detección precoz del cáncer de mama, la disponibilidad de tratamientos especializados, la disponibilidad de medicamentos y la disponibilidad de financiamiento para cubrir los costos de la enfermedad. No olvidemos que el cáncer es una de las enfermedades clasificadas como desastrosas por sus consecuencias inmediatas para el paciente y la familia, ya no solo en cuanto a su salud física y psíquica sino en relación con sus propias posibilidades de mantener un nivel de vida digno. El cáncer destroza no solo al paciente sino a la familia entera, por eso requiere una atención especial.
El informe constata que “la enseñanza del autoexamen es precaria y el número de mujeres que lo hacen con regularidad es escaso”, que “el Plan Nacional es ineficaz tanto a nivel nacional como regional”, que hay “escasez de especialistas y equipos para detectar el cáncer de mama”, que en relación con la radioterapia hay “escasez de radioterapeutas y aceleradores lineales para el tratamiento del cáncer de mama”, que hay un “acceso limitado a medicamentos innovadores para el tratamiento del cáncer de mama”, que financiación de los costes del control del cáncer de mama es absolutamente insuficiente.
Partimos, pues, de una situación marcada por grandes deficiencias. Nuestro deber como sociedad y estado es cambiarla positivamente, poniendo todo de nuestra parte. En este esfuerzo colectivo y solidario, el cumplimiento de los plazos y compromisos es literalmente vital porque hay innumerables vidas y familias cuya sobrevivencia y recuperación están en juego. Sería una señal muy positiva y alentadora si el gobierno y el Ministerio de Salud se hacen cargo de esta impostergable urgencia. Por lo pronto, se anuncia que tendremos reglamento en 15 días. Eso esperamos. Y ojalá se escuche a las organizaciones de pacientes, porque ya estamos cansados de ver como se reitera el error consuetudinario de toda burocracia, consistente en hacer y disponer a espaldas de las personas directamente implicadas e interesadas en tener una buena norma que sirva de manera efectiva a sus urgentes necesidades.
Esperamos también, contar con una Política Nacional Contra el Cáncer en el plazo más breve.
Y aguardamos una mejora en el monto y ejecución del presupuesto para las enfermedades oncológicas. De acuerdo al Observatorio de Consulta amigable del MEF, desde el 2019 a la fecha, el presupuesto destinado para el control y prevención de cáncer ha ido reduciéndose, sí, disminuyendo. No obstante, la gran mayoría de instituciones prestadoras de servicios oncológicos no han ejecutado la totalidad de sus presupuestos. Y anualmente, en promedio, se ha dejado de ejecutar 25 millones de soles destinados a la compra de medicamentos para la prevención y control del cáncer.
Fuente: hildebrandtensustrece.com
