Obama entrego a Rousseff documentos desclasificados sobre la represión en Brasil

Estados Unidos, al tanto de todos los crímenes, por Darío Pignotti, desde Brasilia.

Los archivos fueron entregados en coincidencia con la reunión de ambos presidentes y muestran cómo Estados Unidos era informado en tiempo real sobre los crímenes que cometía la dictadura en Brasil. Un dossier con 538 cables diplomáticos e informes de InteligenciaH

La presidenta Dilma Rousseff, ex prisionera política, recibió de Barack Obama documentos que revelan crímenes cometidos durante la dictadura respaldada por Estados Unidos. El Palacio del Planalto anunció ayer que informaciones sobre desaparecidos, como el guerrillero Stuart Edgard Angel Jones y el diputado Rubens Paiva, fueron cedidas la semana pasada, cuando Dilma fue agasajada por su colega con una cena reservada en la Casa Blanca.

“La liberación de los archivos es fruto del trabajo de la Comisión Nacional de la Verdad que en 2012 solicitó al presidente Barack Obama la desclasificación de documentos relacionados con el período de excepción.”

En el dossier constan 538 cables diplomáticos e informes de inteligencia que estuvieron durante décadas en poder de la CIA, el Departamento de Estado y el Departamento de Defensa.

“Es interesante ver cómo los órganos de seguridad norteamericanos tenían conocimiento del aparato represivo de la dictadura”, observó el ministro Aloísio Mercadante. “Ellos sabían casi en tiempo real sobre las torturas, sobre quién había sido muerto, sobre quién estaba desaparecido pero no lo informaron a las familias de las víctimas ni a Brasil, que sólo ahora está accediendo a esas informaciones.”

Uno de los papeles desclasificados dice que en 1971 el cónsul norteamericano James Reardon fue informado por la policía brasileña sobre la detención del ciudadano norteamericano-brasileño Stuart Edgard Angel Jones, quien continúa desaparecido desde ese año.

Jones era parte de la organización armada Movimiento Revolucionario 8 de Octubre, la que en 1969 había secuestrado y liberado con vida al embajador Charles Elbrick, en una la operación de extraordinario impacto político realizada poco antes de la llegada al poder del dictador Emilio Garrastazú Médici. Tras ese rapto, Médici, considerado el mayor carnicero del régimen, endureció la represión en la que cayeron Jones y Rubens Paiva, entre otros.

En febrero de 1976, cinco años después del asesinato de Jones, su madre, la famosa diseñadora de modas Zuzú Angel, abordó personalmente al secretario de Estado Henry Kissinger, que había viajado a Brasil para estrechar la relación “preferencial” con el dictador Ernesto Geisel. La valentía de Zuzú Angel, que desafió a los custodios norteamericanos, fue inútil, pues Kissinger no la puso en conocimiento de los datos que el Departamento de Estado manejaba desde hacía tiempo.

Y lo más inquietante: meses después de haber pedido explicaciones al secretario de Estado, la señora Angel falleció en un accidente automovilístico que podría haber sido un atentado urdido por los servicios, similar a otros que mataron a opositores.

En enero de 1971, efectivos de la Aeronáutica secuestraron al diputado Rubens Paiva, exonerado poco después del golpe de Estado de 1964.

Paiva murió un día después de su captura en una base próxima al aeropuerto carioca Santos Dumond, según lo determinó una investigación de la Comisión de la Verdad concluida el año pasado.

Un telegrama diplomático “confidencial” de febrero de 1971 confirma que la Embajada de Estados Unidos estaba al corriente de lo sucedido a Paiva y mantuvo un silencio a pesar de los ruegos de su viuda e hijos.

“Paiva murió durante el interrogatorio o murió de un paro cardíaco o por otras causas” mientras estaba en poder de sus captores, señala el informe elaborado por funcionarios estadounidenses.

Paiva se había sumado a las filas de la resistencia política asumiendo tareas riesgosas como la de llevar y traer correspondencia a los exiliados en Chile, donde los servicios de inteligencia brasileños desarrollaban una tarea intensa: actividades de espionaje político y represión que se incrementarían con el golpe de Estado de 1973, apadrinado por Estados Unidos y los generales brasileños. Está documentado que Brasil envió refuerzos a Chile para interrogar a conciudadanos presos en el Estadio Nacional tras la caída de Salvador Allende.

Otro de los materiales recientemente liberados demuestra que Washington sabía de los cursos de formación que tomaron al menos 16 agentes chilenos en la escuela del Servicio Nacional de Informaciones, instituto que habría sido tomado como modelo por Augusto Pinochet y Manuel Contreras antes de crear la DINA.

Estados Unidos hizo entrega de los papeles el 30 de junio, en coincidencia con el encuentro entre Obama y Dilma que formalizó la recomposición de relaciones. Rousseff pasó la noche del 30 de junio hospedada en la Blair House, residencia para visitantes oficiales próxima a la Casa Blanca, la misma donde pernoctó el dictador Emilio Garrastazú Médici en convite de Richard Nixon, escoltado por Henry Kissinger. En aquella noche de diciembre de 1971 “Wanda”, alias de guerra de Rousseff, estaba presa en San Pablo, donde permaneció casi tres años.

Esta fue la tercera entrega de papeles solicitados por la Comisión de la Verdad y la primera que aporta precisiones que podrán contribuir al esclarecimiento tanto de operaciones ejecutadas por el terrorismo de Estado brasileño como de su sociedad con Washington. Coincidentemente (o no), las autoridades norteamericanas resolvieron liberar parte de sus secretos siete meses después de entregado el informe final de la Comisión de la Verdad creada por Dilma. Los dos envíos anteriores “tenían papeles que nos ayudaron muy poco para nuestro trabajo, no decían prácticamente nada de importancia”, declaró a Página/12 tiempo atrás María Rosa Cardoso, ex abogada de la presa Dilma Rousseff en los años ’70 y luego miembro de la Comisión de la Verdad.

Fuente Página12: http://www.pagina12.com.ar/diario/elmundo/4-276805-2015-07-10.html

El debate del aborto avanza en la región

El Centro de Derechos Reproductivos, con sede en Nueva York, informó sobre los avances en el debate sobre el aborto en Latinoamérica. Los casos de Chile, Dominicana y El Salvador.

Los debates por el acceso al aborto mostraron avances significativos en el último año en algunos países de América latina. El proyecto de ley que impulsa la presidenta Michelle Bachelet en Chile para despenalizar la interrupción voluntaria del embarazo en algunas circunstancias; la aprobación en diciembre en República Dominicana de una reforma al Código Penal que permitirá acceder a un aborto seguro cuando la vida de la mujer o el feto estén en riesgo, así como cuando se den malformaciones incompatibles con la vida y en casos de violación, y el indulto otorgado a comienzos de año en El Salvador a Guadalupe, una joven que pasó siete años privada de su libertad por sufrir un aborto espontáneo de un embarazo producto de una violación a sus 18 años, son algunos de los hechos más relevantes, destacados en un informe elaborado por el Centro de Derechos Reproductivos, una reconocida organización con sede central en Nueva York, que trabaja en la temática a través de litigios estratégicos.

Sobre la Argentina, donde la discusión parlamentaria por la descriminalización del aborto permaneció estancada durante 2014, el CDR celebró el acto público en el que las autoridades nacionales y de la provincia de Buenos Aires del área de derechos humanos le pidieron disculpas en diciembre a la joven con discapacidad mental L. M. R., por denegarle el acceso a un aborto legal en 2006 en un hospital de La Plata, luego de quedar embarazada como consecuencia de un abuso sexual cometido por un familiar, un caso por el cual el Estado argentino fue condenado por el Comité de Derechos Humanos de la ONU. El pedido de disculpas públicas fue parte de las medidas de reparación acordadas con la víctima y su madre, luego del pronunciamiento del Comité.

El informe del CDR analiza avances, retrocesos y desafíos en Latinoamérica en relación con el acceso a los derechos reproductivos en 2014 y se extiende al inicio de este año. Fue difundido por su oficina regional, que está ubicada en Bogotá y dirige la colombiana Mónica Arango Olaya. “Durante el 2014, los debates en torno de la garantía de los derechos reproductivos en América latina tuvieron una gran relevancia. Si bien se dieron pasos importantes hacia su protección y reconocimiento, persisten barreras formales y sustantivas que siguen limitando el goce efectivo de los derechos fundamentales de las mujeres”, observó Arango.

La interrupción voluntaria del embarazo en la región se caracteriza por legislaciones que criminalizan la práctica y sólo la permiten en causas específicas. En algunos países incluso está prohibido en todas las circunstancias. Este escenario empuja a las mujeres que necesitan abortar a la clandestinidad, con los riesgos que implica. Los únicos países donde el aborto está legalizado son Puerto Rico, Cuba, tres países de Antillas Francesas, Guyana Francesa, Guyana y Barbados. El aborto está totalmente prohibido en Chile, El Salvador, Honduras, Saint Martin (Antillas Holandesas), República Dominicana y últimamente en Nicaragua.

Uno de los principales avances señalados por el CDR en la región es la reforma al Código Penal aprobada en diciembre en República Dominicana, que entrará en vigencia después de un año de la publicación de la ley y permitirá acceder a un aborto seguro cuando la vida de la mujer o el feto estén en riesgo, así como cuando se den casos de malformaciones incompatibles con la vida y en casos de violación. El proyecto que anunció en enero la presidenta Bachellet en Chile apunta en el mismo sentido. “El Congreso chileno enfrenta un momento crucial para reformar su legislación y liberalizar el aborto de manera gradual, como supuesto básico para cumplir con la obligación de garantizar la disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y calidad de la información, los bienes y los servicios de salud reproductiva”, apunta el informe del CDR.

Otro de los hechos relevantes a nivel regional es la declaración sobre la Violencia contra las Mujeres, Niñas y Adolescentes y sus Derechos Sexuales y Reproductivos adoptada en septiembre por el Comité de Expertas del Mecanismo de Seguimiento de la Implementación de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer. La declaración reconoce que la discriminación de género, los estereotipos culturales y la falta de garantía de los derechos sexuales y reproductivos son obstáculos para que las mujeres y niñas vivan libres de violencia.

En junio, el Estado peruano adoptó un protocolo nacional para la prestación de servicios de aborto legal y seguro que “proveerá claridad para el personal médico y pacientes sobre el acceso a dicho procedimiento”, puntualiza el CDR. La adopción de este protocolo es parte de las recomendaciones de una decisión histórica del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (Comité Cedaw), en el cual se determinó la violación por parte del Estado de los derechos humanos de L.C., a quien le negaron el acceso a los servicios de aborto legal.

En marzo, el Estado de Brasil realizó la reparación económica y simbólica en el marco de la ejecución de la decisión Comité Cedaw en el caso conocido como “Alyne vs. Brasil”, por la cual se estableció la responsabilidad internacional de ese país por la muerte de Alyne, una mujer afrobrasileña que no recibió atención médica de calidad por complicaciones asociadas con su embarazo. El caso es el primero que establece la responsabilidad en el marco internacional, por faltar a la obligación de garantizar la calidad del cuidado de salud y el embarazo seguro.

Entre los retrocesos y desafíos, el CDR menciona las siguientes novedades:

- En Colombia, en marzo, la Corte Constitucional avaló la práctica de la esterilización quirúrgica a personas de menos de 18 años con discapacidad cognitiva y psicosocial, luego de resolver una demanda de inconstitucionalidad contra la ley que prohibía, en todos los casos, practicar procedimientos quirúrgicos con fines anticonceptivos.

- En Uruguay, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo suspendió 10 artículos del decreto reglamentario de la ley que autoriza la interrupción voluntaria del embarazo y restringe el derecho a la objeción de conciencia de los médicos en materia de aborto. “La decisión adoptada por el alto tribunal pone en riesgo los límites al derecho a la objeción de conciencia de los prestadores médicos, lo cual se traduce en mayores barreras de acceso a los procedimientos de aborto por parte de las mujeres”, advirtió el CDR.

- En Honduras se mantiene la penalización total del aborto, así como la prohibición de la anticoncepción de emergencia. “Ambas restricciones violan los derechos a la autonomía reproductiva, a la integridad personal, a la intimidad, a la salud y a la vida de las mujeres, y han generado un contexto de persecución para aquellas mujeres que intentan acceder a los servicios de salud reproductiva”, señaló la organización.

Vea la publicación "Abortion and Reproductive Rights in Latin America: Implications for Democracy" (sólo disponible en inglés), resume la discusión del Simposio sobre el estado de los derechos reproductivos en América Latina.

IAD9794 Repro Rights_web by sofiabloem

Fuente Página12: http://www.pagina12.com.ar/diario/sociedad/3-267689-2015-03-09.html

"Sólo aquí" (Treinta años de juicios por crímenes de lesa humanidad)

A tres décadas de concluida la dictadura cívico-militar, los juicios por crímenes de lesa humanidad constituyen un patrimonio colectivo que, según la Corte Suprema, forma parte del pacto social de los argentinos. La comparación con Estados Unidos, Brasil, España y Uruguay y el rol de las organizaciones de la sociedad. Las condiciones para el arresto domiciliario y el cotejo con la situación de los varones jóvenes presos por delitos comunes. Un derecho para todos y sin privilegios. 

Por Horacio Verbitsky

Pese a la conmoción política provocada en Brasil y Estados Unidos por los respectivos informes de la verdad, sus presidentes Dilma Rousseff y Barack Obama garantizaron que no tendrán consecuencias penales. Al mismo tiempo, el ministerio italiano de Justicia aceptó que una docena de militares uruguayos sean juzgados ante los tribunales de Roma por crímenes cometidos en la República Oriental contra ciudadanos de doble nacionalidad, ítalo-uruguaya. Pero sólo uno de ellos está detenido en Italia y el resto serán juzgados en ausencia, como ya ocurrió con Alfredo Astiz en Francia y con Carlos Suárez Mason y Santiago Riveros en Italia, ya que Uruguay los protege invocando la ley de caducidad de la acción penal, tal como hacían los gobiernos argentinos hasta 2003. En Bélgica, ciudadanos iraquíes denunciaron al jefe de las fuerzas estadounidenses en su país invocando la ley de jurisdicción universal. El gobierno de los Estados Unidos amenazó con retirar de Bruselas la sede de la NATO, y Bélgica modificó la ley para cerrar el caso. La jurisdicción universal, que permite juzgar graves violaciones a los derechos humanos allí donde sea posible detener a los perpetradores, también retrocedió en el país cuyos tribunales desarrollaron esa doctrina. El gobierno socialdemócrata español de José Luis Rodríguez Zapatero limitó esa posibilidad, cuando Israel objetó la apertura de una causa por la matanza de civiles en Gaza. Y este año el PP le introdujo mayores restricciones, ante la amenaza de la República Popular China de congelar las relaciones comerciales si avanzaba una causa contra cuatro de sus más altos funcionarios por crímenes cometidos en el Tibet. Hoy son las víctimas de la dictadura española las que con apoyo de organismos argentinos de defensa de los derechos humanos recurren a los tribunales de Buenos Aires en busca de la jurisdicción universal para investigar y sancionar los crímenes del franquismo. La jueza María Servini abrió la causa, en una simbólica retribución a lo que los fiscales españoles Carlos Castresana y Dolores Delgado y el juez Baltasar Garzón hicieron contra la impunidad en la Argentina. Todo esto permite dimensionar el avance sin parangón que la Argentina ha logrado en la investigación y el castigo de los crímenes cometidos aquí desde la muerte de Juan Perón, en 1974, hasta la finalización de la dictadura cívico-militar una década después.

La amnistía de Brasil

La ley de amnistía brasileña de 1979, además de exceptuar a los policías y militares de la dictadura permitió el regreso al país y a la política activa de militantes exiliados a partir del golpe de 1964, entre ellos Fernando Henrique Cardoso. El Colegio de Abogados pidió al Tribunal Supremo que reinterpretara esa ley en los términos de la Constitución de 1988, de modo que sólo se aplicara a los perseguidos políticos y no a sus perseguidores. En abril de 2010 el Tribunal Supremo rechazó esa solicitud arguyendo que la ley surgió de un acuerdo bilateral por lo que no constituye una autoamnistía, que sólo el Congreso podría revocar una ley de reconciliación y que los hechos investigados no constituirían delitos contra la humanidad. Pero en noviembre del mismo año, la Corte Interamericana de Derechos Humanos falló en la causa Gomes Lund, por los asesinatos cometidos en la represión de la Guerrilla de Araguaia. Según el tribunal interamericano cuyas decisiones son de cumplimiento obligatorio, la ley brasileña de amnistía que impide investigar y castigar graves violaciones de derechos humanos es incompatible con la Convención Americana sobre Derechos Humanos, carece de efectos jurídicos y no puede seguir representando un obstáculo para la investigación de los hechos. Añadió que el Estado tiene la obligación hasta ahora incumplida de adecuar su derecho interno a la Convención Americana y de impulsar ante la Justicia la investigación penal de los hechos a fin de esclarecerlos, determinar las responsabilidades penales y sancionarlas, reparar el daño e impedir su repetición. Esta sentencia, equivalente a las que la Corte pronunció en 1988 en el caso Velásquez Rodríguez, de Honduras, y a los informes 28 y 29 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que en 1992 fulminaron las leyes de impunidad de la Argentina y del Uruguay, debería permitir la apertura de juicios en Brasil. La Fiscalía Federal la invocó como fundamento del cambio de su posición histórica de apoyo a la amnistía bilateral y recurrió a una estrategia que ya fue exitosa en la Argentina y en Chile, de tratar las desapariciones forzadas como delitos continuados, que se continúan cometiendo después de promulgada la amnistía y hasta que no se establezca la muerte de la víctima. Otro efecto del fallo negativo del Tribunal Supremo y de la decisión afirmativa de la Corte Interamericana fue la creación en 2001 de la Comisión Nacional por la Verdad, que depende de la presidencia tal como la Conadep argentina en 1984. Hace tres semanas esa Comisión solicitó al gobierno que anulara la ley del perdón y avanzara con el enjuiciamiento de los 377 perpetradores responsables por la de-saparición o muerte de 434 personas, que fueron identificados en las 4400 páginas del informe.

Culpables pero impunes

Aunque se refiere en forma vergonzante a métodos reforzados o mejorados de interrogatorio, el informe de la Comisión de Inteligencia del Senado estadounidense confirmó en forma oficial lo que desde años se sabía sobre el sistemático uso de la tortura por parte de la CIA a personas secuestradas o detenidas bajo cargos de terrorismo, tan difíciles de probar que la mayoría de ellos no fueron sometidos a proceso judicial, en el que serían absueltos. En su primer año de gobierno el presidente Barack Obama revocó la autorización para torturar que había firmado su antecesor, George W. Bush, a solicitud de militares y agentes de Inteligencia. Pero siempre advirtió que no impulsaría la persecución penal contra los responsables, y hasta el actual jefe de la CIA, designado por Obama sigue defendiendo lo hecho. El propio presidente al comentar el informe legislativo agradeció a los hombres de la CIA por su defensa de la seguridad nacional y dijo que “una cosa que nos diferencia de otros países es que cuando cometemos errores los admitimos”, oportuna reformulación del excepcionalismo estadounidense, que como el sacramento de la penitencia permite pecar de lunes a sábado, confesarse el domingo para dejar la cuenta en cero y poder reiniciarla con renovado entusiasmo el lunes. Ya en 2002 al sancionar a instancias de Estados Unidos la Convención Interamericana contra el Terrorismo, la Asamblea General de la OEA estatuyó en su artículo 15 que las medidas adoptadas de conformidad con la Convención “se llevarán a cabo con pleno respeto al estado de derecho, los derechos humanos y las libertades fundamentales” y que a toda persona detenida “se le garantizará un trato justo, incluido el goce de todos los derechos y garantías”. Al año siguiente y a pedido de la Asamblea General, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos presidida entonces por el abogado argentino Juan E. Méndez, actual relator de las Naciones Unidas contra la tortura, publicó un informe exhaustivo en el que explicitó que “nunca debe someterse a los detenidos a torturas o a otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, por medio de las condiciones de detención, métodos de interrogatorio u otros recursos similares y en que el trato a los detenidos debe estar sujeto a mecanismos de supervisión apropiados”. Estados Unidos no ha ratificado la Convención Americana de Derechos Humanos ni reconoce la competencia contenciosa de Corte Interamericana. Pero como signatario de la Carta de la OEA, que en 1948 creó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos está obligado a cumplir con la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, del mismo año 1948. La Comisión Interamericana es el órgano encargado de “promover la observancia y la defensa de los derechos humanos y de servir como órgano consultivo de la Organización en esta materia”. La Corte fue creada dos décadas más tarde. La obligación de investigar, sancionar, reparar e impedir la repetición de las violaciones a los derechos humanos vale para todos, a pesar de la pretensión del excepcionalismo estadounidense y por más que la asimetría de fuerzas descarte cualquier aplicación compulsiva. Las leyes son un marco, pero su aplicación depende de las relaciones de fuerza y de las luchas sociales y políticas con que se expresan. En Estados Unidos, por ejemplo, la principal organización defensora de los Derechos Humanos, la Unión por las Libertades Civiles (ACLU) acaba de solicitar a Obama que indulte a quienes realizaron las torturas y a aquellos que las ordenaron. En un artículo de opinión publicado en el diario New York Times, el director ejecutivo de ACLU, Anthony Romero, recordó que su organización consideró repugnante la concesión de un indulto que sectores conservadores le pidieron que firmara a Bush antes de dejar el gobierno, porque socavaría el estado de derecho e impediría que el pueblo supiera lo que se había hecho en su nombre. Pero luego del informe del Senado, agrega, el “espectáculo del presidente perdonando a los torturadores aún me revuelve el estómago, pero puede ser la única manera de asegurar que el gobierno nunca vuelva a torturar. Los indultos dejarían claro que los delitos se cometieron, que quienes los autorizaron y los ejecutaron son criminales y que los futuros arquitectos y perpetradores de torturas deberán cuidarse. Sería preferible juzgarlos, pero los indultos pueden ser la única forma viable y duradera de cerrar la caja de Pandora de la tortura para siempre”. Este razonamiento de una persona de impecable trayectoria es incomprensible con las pautas argentinas, cuyos organismos equivalentes a la ACLU no desesperaron nunca en la exigencia de castigo a los culpables.

El proceso de memoria, verdad y justicia por los crímenes de lesa humanidad fue una de las bases sobre las que se consolidó el Estado democrático y los juicios uno de sus componentes fundamentales, junto con la reconstrucción de la verdad, la promoción de la memoria, la búsqueda de los niños apropiados y las políticas de reparación a las víctimas. La sociedad argentina eligió y construyó con esfuerzo el camino de la justicia, que hoy es valorado en todo el mundo. La amenaza de que queden impunes violaciones masivas de los derechos humanos como las que cometió la dictadura brasileña, las que ocurren en México o las que llevó adelante el gobierno de Estados Unidos, vuelve a mostrar que la justicia alcanzada en la Argentina es producto de ese esfuerzo, de la militancia social y de las decisiones políticas y judiciales que se comprometieron con esa lucha. Este proceso no fue lineal, atravesó distintas etapas y requirió de múltiples estrategias para construir su legitimidad. Durante 2014 y de manera creciente, se intentó cuestionar esta legitimidad poniendo en duda que los juicios respeten el debido proceso y afirmando que el sistema penal brinda un trato discriminatorio a los acusados, una acusación insostenible, dado que los crímenes del terrorismo de Estado fueron juzgados con las reglas procesales ordinarias, sin tribunales ni leyes especiales. Con los procesos terminados este año ya llega a 553 el número de personas condenadas, mientras 50 fueron absueltas. Otras 51 personas fueron sobreseídas en la etapa de instrucción y los jueces resolvieron que no había pruebas suficientes para acusar a 112 imputados. Es decir que en los casos finalizados casi el 30 por ciento de los imputados fue sobreseído, absuelto o se le dictó falta de mérito, lo que muestra la plena vigencia del derecho de defensa. El número de autores de esos crímenes fue muy superior, pero la clandestinidad de la represión, el exterminio de la mayor parte de las víctimas y la destrucción de los documentos probatorios torna imposible llegar a cada uno de ellos. La alternativa sería procesar a todos y cada uno de quienes estuvieron en actividad durante esos años en las fuerzas actuantes. Pero este criterio de responsabilidad objetiva sería incompatible con el ordenamiento democrático que la sociedad intenta construir desde 1983. Nadie entra ya condenado a los tribunales y cada acusado goza de todas las garantías que durante la dictadura fueron suprimidas por bando. La transparencia y legalidad de los procesos por crímenes de lesa humanidad es inatacable. Como sostuvo la Corte Suprema de Justicia, forman parte del contrato social de los argentinos y ningún intento de reversión tiene probabilidades de prosperar. Por eso no deberían tomarse al pie de la letra los titulares de los grandes medios que atribuyen a distintos candidatos opositores afirmaciones que en realidad no emitieron. Maurizio Macrì no se refirió al curro de los derechos humanos sino a algunos curros con los derechos humanos, lo cual es muy distinto. Y Sergio Massa no dijo que terminaría con los juicios por violaciones a los derechos humanos. Consultado para esta nota, su asesor y ex secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Santiago Cantón, dijo que “para Massa los juicios deben seguir, y sobre todo sin dilaciones injustificadas, por parte de los jueces”. Cantón contó que ése fue el primer tema del que hablaron: “Su respuesta fue muy clara en cuanto a que no sólo los juicios deben continuar, sino que deben hacerse de manera eficiente y sin demoras injustificadas. El tiene claro que no se trata de cerrar una etapa, ya que es importante mantener viva la memoria y continuar avanzando. No es un tema del pasado, el pasado es prólogo”. Lo que con toda probabilidad existe es una operación impulsada por las cámaras patronales y sus órganos de prensa para que las investigaciones se ciñan a los autores materiales de los crímenes y no se extiendan a sus instigadores, cómplices y beneficiarios económicos, judiciales y eclesiásticos, como está marcado en la agenda de 2015. Ante ello, los candidatos en la campaña presidencial que se avecina deberían fijar posición con la menor ambigüedad posible, en forma personal e indudable.

Fuente Página12: http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-262814-2014-12-28.html

Fuente El País. 

Recordando a CLYDE SNOW, el estadounidense que fundo el Equipo Argentino de Antropología Forense

Un hombre que hizo justicia con la ciencia, Clyde Snow.

Vino a la Argentina en 1984 y formó un grupo de jóvenes que luego trabajó aquí y en todo el mundo en la identificación de víctimas de violaciones a los derechos humanos. 

Artículo de Ailín Bullentini

Clyde Snow ya era un antropólogo reconocido cuando se topó con lo que se convirtió en una pasión que le duró hasta el fin de su vida: la antropología forense aplicada en casos de violaciones a los derechos humanos. El encuentro no fue en su Texas natal. Tampoco en Nuevo México, donde completó sus estudios universitarios, ni en Arizona, donde obtuvo su doctorado. Fue en Argentina, adonde había llegado junto a un puñado de colegas cuando el país aún olía demasiado a la muerte que había dejado la dictadura cívico-militar. “Planteó que el análisis de los huesos podía servir para trabajar el tema de los desaparecidos y destruyó lo que hasta entonces todos pensábamos que había sido un crimen perfecto”, recordó Carlos Somigliana, integrante del Equipo Argentino de Antropología Forense, la institución que fundó Snow en 1984, que exportó a varios países del mundo y que acompañó hasta que falleció, ayer, a los 86 años.

Snow llegó a la Argentina en 1984 a través de la Asociación Americana para el Avance de la Ciencia, una ONG a la que Abuelas de Plaza de Mayo y la Conadep habían acudido en busca de ayuda: miles de desaparecidos sin paradero, cientos de nietos perdidos. “Lo que sucedía en Argentina lo dejó pasmado”, recordó Mercedes Doretti. Entonces, ella y un grupo de amigos, Luis Fondebrider, Patricia Bernardi, Darío Olmo, entre otros y otras, eran jóvenes estudiantes que pisaban el final de la carrera de Antropología y Snow había tirado una piedra que nadie en el círculo de la profesión argentina recogió: con los esqueletos se podía hacer algo para avanzar en la identificación de los desaparecidos, pero se necesitaba mano de obra.

Los jóvenes casi antropólogos se enteraron de la búsqueda a través de quien, por aquellos días, oficiaba de traductor del “científico” en Buenos Aires. “Estábamos en una movilización en contra del Fondo Monetario Internacional y este chico nos empezó a contar de Clyde, que andaba buscando gente para ese proyecto y que nadie se sumaba. No le creímos mucho. Pero al otro día insistió y fuimos”, recuerda Dore-tti. Lo fueron a buscar al hotel en el que entonces Snow se hospedaba, escucharon su propuesta y le pidieron tiempo para pensar qué hacer. Tenían un poco de miedo por la cercanía del genocidio. “No sabíamos qué podía pasar, si podían volver los militares. pero decidimos que lo coherente con lo que pensábamos y con lo que creíamos, con la lucha de los familiares en busca de sus seres queridos, era empezar a trabajar”, sumó. Snow había viajado a Argentina por una semana y terminó quedándose cinco años.

El grupo de amigos colegas comenzó a trabajar a la par del antropólogo forense, un camino que tuvo y tiene mucho de técnica científica, pero también de investigación histórica. “Fue siempre muy generoso. Era un tipo muy sencillo, súper modesto, facilísimo para convivir y apasionado en su trabajo. A los 75 años trabajaba 15 horas seguidas como si tuviera 40”, destacó Somigliana, quien se sumó al EAAF poco tiempo después de su fundación. “Era muy inteligente, muy valioso para todos nosotros, pero también para todo el movimiento de los derechos humanos”, añadió Doretti, quien destacó no sólo los aportes del fundador del EAAF en cuanto al conocimiento y a la técnica para trabajar, sino también a la hora de amalgamar al grupo de trabajo. “La primera exhumación fue muy impactante para todos nosotros y también un momento bisagra”, recordó. Fue en el cementerio de San Isidro, en 1984. Estaban rodeados de policías. “Algunos no volvieron, otros seguimos hasta hoy. Y para eso fue fundamental su apoyo y su confianza. Trabajábamos mucho, pero no teníamos experiencia. Y él nos apoyó y escuchó siempre.”

A través de un comunicado, la institución informó sobre la muerte de “su fundador, maestro y amigo” con “profundo pesar”. “El EAAF tuvo el privilegio de haber compartido 30 años de trabajo en Argentina, Chile, Perú, Guatemala, México, El Salvador, Venezuela, Etiopía, Croacia, el Kurdistán iraquí, Zimbabwe, Congo, Sudáfrica y Filipinas”, entre otros países del mundo. “Su visión y su gran corazón cambiaron el mundo”, señaló el EAAF.

“Nos dio una idea que no teníamos, una fuerza que no imaginábamos, una generosidad que no abunda, una pasión diferente, una sabiduría que no alcanzamos, una humildad que tratamos de honrar cada día. Es de las personas que hacen falta”, concluyó Fondebrider. 

Fuente Página12:  http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-246440-2014-05-17.html

Ver la nota en New York Times, "Clyde Snow, Sleuth Who Read Bones From King Tut's to Kennedy's, Dies at 86": http://www.nytimes.com/2014/05/17/us/clyde-snow-forensic-detective-who-found-clues-in-bones-dies-at-86.html?_r=3

Argentina. La historia secreta de la Ley de autoinmunidad de la última Junta Militar

A mediados de 1983, los  militares se preparaban para dejar el poder y buscaban garantizarse la impunidad. De esa preocupación salió la ley de autoamnistía (para ellos, de “Pacificación Nacional”). En un informe secreto, señalaban que esa norma era “el único instrumento válido que se opondría al cumplimiento del objetivo” de los organismos de derechos humanos, a los que ellos llamaban “organizaciones subversivas”. Sacaban sus conclusiones del análisis de la coyuntura política y social y de datos recolectados por los servicios de inteligencia. Un informante clave fue el entonces juez José Nicasio Dibur. Este magistrado tenía a su cargo una causa vinculada con el testimonio del policía Rodolfo Peregrino Fernández, quien había roto el pacto de silencio a principios de 1983. Dibur informaba en detalle a los represores del “avance” de la investigación y advertía a los mensajeros que debían frenar el proceso o se vería “obligado” a citar a los acusados. En este contexto, los militares trataban de blindar a la tropa para que no hubiera nuevas “filtraciones”. La posibilidad era real: el policía Luis Patti, que estaba involucrado en el asesinato de los militantes peronistas Osvaldo Cambiasso y Eduardo Pereyra Rossi, amenazaba con hacer públicas las matrículas de los aviones que habían participado en los vuelos de la muerte si no recibía ayuda. 

Esta información surge de los documentos hallados en el edificio Cóndor, sede de la Fuerza Aérea, a fines del año pasado y dados a conocer por el ministro de Defensa, Agustín Rossi. En el material que analizó un equipo encabezado por la directora de Derechos Humanos del ministerio, Stella Segado, están las actas de las juntas militares y el seguimiento de algunas leyes promovidas por la dictadura, entre ellas la de autoamnistía. Patti y Dibur están mencionados en una carpeta caratulada como secreta y elaborada por la Fuerza Aérea para el asesoramiento sobre la “ley de Pacificación”. “En los contactos extraoficiales establecidos por la secretaría general con el juez mencionado, éste manifestó su preocupación por el caso ante la posibilidad de verse obligado, por razones procesales, a iniciar las citaciones indicadas, por lo cual sugirió la necesidad de la urgente sanción de la ley, único medio de cerrar ese proceso que se tramita ante su juzgado”, dice el informe.

El “juez mencionado” era Dibur, quien tenía en su juzgado la causa sobre la Triple A, a la que se había agregado el testimonio de Rodolfo Peregrino Fernández, un policía que había trabajado en el Ministerio de Interior con Albano Harguindeguy y que en marzo de 1983 había aportado información sobre el terrorismo de Estado y la Triple A, ante la Ca-dhu (Comisión Argentina de Derechos Humanos), que integraban argentinos exiliados en Europa.

“La Doctrina comprendía la eliminación física de la llamada ‘subversión apátrida’ y una orientación ideológica dentro de los principios de ‘la defensa de la Tradición, la Familia y la Propiedad’. La Doctrina, además, tenía como propósito implantar el terror generalizado en la población para evitar que la guerrilla ‘se moviera como pez en el agua’. Son estos conceptos los que fundamentan la política de ‘desapariciones’ que desde antes, pero en forma especial a partir del golpe militar de 1976, comienza a ejecutarse en forma sistemática”, dice el testimonio de Fernández, que fue llevado ante la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas. En su extensa declaración, habló del funcionamiento de la Triple A, la división de las Fuerzas Armadas y de Seguridad en Grupos de Tareas, la existencia de centros clandestinos de detención, el asesinato de Rodolfo Ortega Peña y el secuestro y desaparición de Lucía Cullen, entre muchas otras cosas. Fernández reveló ya en ese momento que escuchó “al teniente de navío Norberto Ulises Pereyro afirmar que se utilizaban aviones de la Prefectura Naval Nacional para el transporte y el lanzamiento en alta mar de prisioneros políticos secuestrados” y que supo que “algunos prisioneros, luego de ser adormecidos mediante la aplicación de una inyección, eran introducidos en bolsas especiales, en las cuales se les arrojaba”.

En su informe secreto, los militares contaban en 108 los involucrados por Fernández en la declaración: 35 miembros del Ejército, 6 marinos, 3 integrantes de la Fuerza Aérea, 45 policías, 4 jueces, 2 capellanes y 11 personas que figuran en el rubro “otros”. No sólo tenían en su poder todos los nombres, sino también un punteo de quiénes podrían ser imputados o procesados, datos que parecen provenir directamente del magistrado, que como queda claro manifestaba estar tan compungido como los involucrados por tener que avanzar con la causa y pedía a gritos que se impulsara la norma que podría acabar con ese penoso trabajo.

Los vínculos de Dibur con los militares ya estaban claros en esa época. Se sabía que junto con su colega Martín Anzoategui se había reunido con las “autoridades militares” interesado en que se impulsara una ley especial de jubilación para los jueces que cesaran en sus cargos cuando llegara el gobierno constitucional. A mediados de 1983, además, ordenó allanar las oficinas del diario La Voz, de Vicente Saadi, por una denuncia de la Junta sobre un “rebrote subversivo”. Con la llegada de la democracia, Dibur no resistió en el Poder Judicial. El gobierno de Alfonsín quiso ascenderlo a camarista pero, por sus vínculos con la dictadura, no pasó el filtro de la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado, a la sazón controlada por Saadi. Dibur dejó de ser juez y en ejercicio privado de la abogacía tuvo, entre otros clientes, a militares acusados de violaciones a los derechos humanos. Durante el menemismo, en 1992, entró en el Ministerio de Justicia como asesor y allí se quedó hasta que en 2008 Aníbal Fernández lo expulsó. Pero Dibur no era la única fuente jurídica de consulta y preocupación para los militares. Según se desprende del informe secreto y de las actas, para asegurarse la aplicación de la ley, la última Junta Militar llegó hasta la Corte Suprema. Su presidente, Adolfo Gabrielli, los dejó tranquilos. Les informó que la norma era aplicable y que no parecía tener “vicios de inconstitucionalidad”.

La amenaza

En el mismo momento en que se discutía la posibilidad de promulgar la “ley de Pacificación”, Emilio Eduardo Massera estaba preso por el asesinato del empresario Fernando Branca. Y un caso acaparaba la atención de los medios: el asesinato de Cambiasso y Pereyra Rossi.

Los dos militantes peronistas conversaban en el bar Magnum, de Rosario, cuando fueron secuestrados por un grupo parapolicial. Tres días después sus cuerpos aparecieron baleados en Zárate. El 17 de mayo, el Ministerio de Interior y la Policía de la Provincia de Buenos Aires informaron que habían sido “abatidos en un enfrentamiento” con efectivos del Comando Radioeléctrico de la Unidad Regional de Tigre. Los policías involucrados eran los suboficiales Rodolfo Diéguez, Juan Amadeo Spataro y el oficial principal Luis Abelardo Patti.

Los peritajes demostraron que ambos fueron golpeados y torturados antes de morir. Había hematomas, rastros del empleo de picana eléctrica y muestras de pólvora sobre el antebrazo izquierdo de Pereyra Rossi originadas por un disparo a quemarropa. En junio, el juez penal de San Nicolás Juan Carlos Marchetti dispuso la prisión preventiva de los tres agentes de la Bonaerense por “homicidio calificado reiterado”. Los policías estuvieron presos cinco meses, hasta noviembre de 1983, cuando se dictó su sobreseimiento provisorio.

A mediados de 1983, cuando la Fuerza Aérea analizaba su posición respecto de la ley de autoamnistía, la situación judicial de Patti todavía era complicada. Por eso, el futuro intendente de Escobar se las arregló para enviar un mensaje.

Bajo una sello que señala que el contenido es “estrictamente secreto y confidencial”, se informa que “se tiene conocimiento que (el comisario Patty sic)” había expresado lo siguiente: considera que la Fuerza Aérea argentina se está oponiendo sistemáticamente a la promulgación de la ley de pacificación. En caso de que su problema salga mal, o que no sea solucionado, ha conseguido y dará a conocer los aviones (matrículas), aeropuertos, destino, fechas y personal que trasladó delincuentes terroristas a disposición final”.

De la lectura integral de la carpeta se desprende que tal vez más que una escalada judicial, los militares temían que se rompiera el “pacto de silencio” entre sus subordinados. De allí –y luego de la experiencia de Rodolfo Peregrino Fernández– la particular atención sobre Patti. Pero hay más. Motivados por esta inquietud, se ordenó un relevamiento y análisis de los casos de los miembros de las Fuerzas Armadas detenidos en el penal de Magdalena y en Caseros, a quienes se describe como “potenciales difusores de denuncias”. En la misma hoja que sirve de carátula a esta lista de militares arrestados, hay una inscripción a mano y en cursiva en donde están los argumentos que debían repetir quienes hacían las visitas para sondear su estado de ánimo y su posible predisposición a abrir la boca: “Todo el que habla se autoincrimina. Endurecimiento por denuncia tardía. Si los otros niegan, quedará solo como responsable. Pueden ser indultados o conmutados sin necesidad de incluirlos en la amnistía”.

“Los documentos muestran la doble cara de la Justicia. Si bien una parte de la Justicia fue cómplice, la mayoría se adaptó a la dictadura. Acá se ve una Justicia que supuestamente empieza a movilizarse por las denuncias pero por otro lado pide la sanción de la ley para no avanzar a fondo”, señala la historiadora Marina Franco, que trabaja sobre los últimos años de la dictadura y los primeros de la democracia. La investigadora del Instituto de Altos Estudios Sociales (Idaes) de la Unsam y del Conicet recuerda que el principal “obstáculo” que tenía la ley de autoamnistía eran las propias Fuerzas Armadas, que estaban divididas respecto de ella. El Ejército era la fuerza que más interesada estaba en que la norma saliera rápido y fuera todo lo abarcadora que fuese posible, sobre todo que dejara tranquilos a aquellos que, como Patti, estaban comprometidos por hechos que eran recientes. La Fuerza Aérea, que era el sector que en general aparecía como “menos comprometido”, decía que no creía en la “oportunidad” de la ley, consideraba mejor esperar a que saliera luego de las elecciones de octubre o incluso que la propiciara el gobierno constitucional. La Marina se oponía a la ley. Junto con un sector del Ejército, consideraba que debían darles las gracias por los crímenes cometidos y no aceptaban ser equiparados a “la subversión”, a la que también alcanzaba la ley, a la que ningún militar de ninguna fuerza decía de “amnistía” porque creían que remitía a la de Héctor Cámpora. En la Armada avisaban, además, que no tenían intención de mover un pelo para salvar al caído en desgracia Massera.

“Los militares querían cubrirse las espaldas y creían que la ley iba a ser respetada, ya que históricamente las decisiones de las dictaduras no habían sido revisadas por los gobiernos constitucionales posteriores. Lo que pasó después habla de la voluntad política de Alfonsín, pero también de la debilidad misma de los militares, que venían de la guerra de Malvinas”, asegura Franco.

Lo que nunca se imaginaron los militares era que lo primero que haría el Congreso luego del regreso de la democracia sería anular esta ley, acción que fue el primer paso para poder llevar a cabo luego –una vez que los militares dejaron claro que la Justicia castrense no lo haría– el Juicio a las Juntas.

Fuente Página12: http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-242487-2014-03-23.html

Argentina. “Que mi nieto sepa que siempre lo estoy esperando”

Es el primer caso por robo de bebés que se juzga en Córdoba. A Silvina Parodi la secuestraron a los 20 años y con seis meses y medio de embarazo. Este caso se trató en la reapertura del megajuicio por los crímenes de La Perla. 

“Sí, yo vi a Silvina Parodi de Orozco y a su bebé. Cuando los atendí la criatura tendría entre una o dos semanas. Estaba en perfecto estado de salud. Y hasta le enseñé a la madre a darle el pecho. Los vi en la cárcel del Buen Pastor, creo que era invierno, en 1976. Después vi y visité varias veces al bebé, ya solo, sin la madre, en la Casa Cuna.” El testimonio del pediatra Fernando Agrelo fue contundente y acreditó ante el Tribunal Federal N 1 que el bebé de Silvina Parodi, la hija de Sonia Torres, la presidente de Abuelas de Plaza de Mayo-Córdoba, “efectivamente nació” y que fue separado de su mamá. Ambos continúan desaparecidos, así como el marido de Silvina y padre del bebé, Daniel Orozco. El doctor Agrelo es la primera persona que afirma bajo juramento haber visto y atendido a la joven mamá de 20 años y a su hijo nacido en cautiverio antes de que a ambos fueran desaparecidos. El robo del bebé de Silvina Parodi es el primer caso por sustracción de menores que se juzga en Córdoba.

La reapertura de las sesiones del megajuicio por los crímenes de lesa humanidad cometidos en el campo de concentración en La Perla, la D2 y el Campo de la Ribera estuvieron signadas por el caso de Silvina, Daniel y el nieto que la Abuela Sonia Torres busca desde hace más de 37 años.

Silvina Mónica, de 20, y su esposo Daniel Orozco, de 22, eran estudiantes de Economía en la Universidad Nacional de Córdoba. Fueron secuestrados el 26 de marzo de 1976 por una patota integrada por unos “ocho o nueve hombres armados”, y llevados a La Perla. Una compañera de Silvina, cuando ya no pudo resistir las sesiones de tortura a las que fue sometida, condujo a los represores a la humilde casa en la que la pareja vivía en barrio Alta Córdoba. La mujer, una de las pocas sobrevivientes de ese campo de concentración, ya contó en juicio los pormenores del secuestro.

En realidad, Silvina había sido delatada mucho antes. Quien entregó su nombre al entonces jefe del Tercer Cuerpo de Ejército, Luciano Benjamín Menéndez, fue el director del colegio secundario al que asistió, el Manuel Belgrano, y en el que militó por el boleto estudiantil. Este hombre se llamaba Tránsito Rigatuso y fue quien confeccionó una lista de 19 alumnos, 11 de los cuales la dictadura militar secuestró y desapareció en lo que se conoce como “La noche de los lápices” de Córdoba. Este personaje siniestro cometió incluso el desatino de llevar a juicio a la mamá de Silvina, acusándola de “calumnias e injurias”, ya que Torres le había señalado como delator en una entrevista en La Voz del Interior. Fue la primera vez que una abuela de Plaza de Mayo fue sentada en el banquillo de los acusados.

Pero la jugada por limpiar su supuesto buen nombre se le volvió en contra: el juez Rubens Druetta, que presidió el absurdo juicio en agosto de 2002, llegó a la conclusión de que efectivamente Rigatuso había entregado a los estudiantes a los verdugos del Terrorismo de Estado y absolvió a Torres. Quien desenmascaró a Rigatuso ante la Justicia fue nada menos que el segundo de Menéndez, el ex coronel César Anadón, quien declaró que fue el entonces director del colegio quien le dio la lista al ex jefe del Tercer Cuerpo. Anadón terminaría suicidándose dos años después: se pegó un tiro en la cabeza durante su prisión domiciliaria.

Hace unos días, Giselle Parodi, la hermana de Silvina Parodi de Orozco, declaró por primera vez en este juicio. Conmocionada pero firme, Giselle recordó que tenía “sólo 16 años” cuando la vida de su familia cambió definitivamente. “La primera vez que entraron a nuestra historia fue en julio del 1975. Era invierno. Un grupo de hombres armados se metieron a nuestra casa en el barrio de Paso de los Andes, y nos encañonaron a mí, a mi hermano Luis y a su novia Laura (Sonia Torres tuvo tres hijos: Luis, Silvina y Giselle), a mi padre y a unos amigos que nos estaban acompañando a comer unas pizzas. Hicieron destrozos. Uno de ellos me llevó a una pieza que no estaba terminada en el piso de arriba. Yo era chica y lo único que pensaba era que mi mamá estaría loca creyendo que este tipo me estaría haciendo algo. Ellos esperaron que mi hermana Silvina volviera de la facultad. Cuando ella llegó nos cargaron en varios autos y nos llevaron a todos a la D2. Allí nos golpearon a todos. A Luis y a Silvina los separaron de nosotros. Les pegaron y los torturaron en una pieza al lado de donde pusieron a mis padres.”

En este punto, Giselle, una morocha de pelo larguísimo y oscuro, se detuvo por unos momentos. Se cubrió el rostro y volvió a ser la adolescente frágil de aquellos días y noches en las celdas de la D2. Siguió: “Una noche mi madre escuchó cómo apaleaban hasta matar a un chico asmático. Oyó cómo sufría para respirar. Como mi hermano Luis era asmático, creyó que lo habían matado a él. Fue terrible para ella”. A partir de la liberación de toda la familia los siguieron vigilando siempre y donde quiera que fueran.

El secuestro

Silvina y Daniel Orozco se casaron el 31 de diciembre de 1975. Fueron de luna de miel en carpa a Tanti, en el Valle de Punilla. Estaban felices con el embarazo de ella, “que era brillante y siempre se había destacado en todo. Si hasta había sido campeona olímpica de natación”, recordó la hermana. Pero llegó el golpe del 24 de marzo. Ese día fue la última vez que Sonia vio a su hija. Alcanzó a decirle que por favor se fueran del país, que tenía mucho miedo por ella. Silvina y Daniel militaban en el ERP-PRT. Pero la joven tranquilizó a la madre diciéndole que ella no había hecho nada malo. Que sólo quería un país mejor. “Y si todos nos vamos, mami, ¿quién se quedará con el país?”, le preguntó. Ese fue el último beso y la última mirada con sus ojos de cervatillo: esos chispeantes, redondos y vivaces con los que todavía mira desde la pancarta en blanco y negro que Sonia lleva a todas las marchas desde que se convirtió en la primera abuela de Plaza de Mayo de Córdoba.

El secuestro de la pareja ocurrió el 26 de marzo. Los vecinos pudieron escuchar los gritos de Silvina y Daniel. A ella la sacaron envuelta en una frazada para ocultar su panza de casi seis meses y medio de embarazo. La imagen de Silvina así, cubierta, fue descripta en el juicio por la testigo Cecilia Suzzara. En la casa encontrarían luego un certificado médico, en el que un doctor de apellido Ruli que atendió a la joven esa misma mañana, daba la posible fecha de nacimiento del bebé “a fines de junio o principios de julio de 1976”.

–¿Y cómo supieron que el bebé de Silvina había nacido? –preguntó la querellante Marité Sánchez.

–En aquellos años yo era voluntaria en la Casa Cuna –respondió Giselle Parodi–. Ocupaba el cargo de instructora de voluntarios. Siempre llevaba bebés o nenes huérfanos a mi casa para cuidarlos. De pronto empecé a notar que me los retaceaban. Cuando pregunté por qué, una monja, la madre Asunción Medrano, me dijo: “Porque vos y tu mamá ya deben tener suficiente trabajo con el bebé de Silvina”. Ahí yo me enteré de que el bebé había nacido. Ella me contó que había sido invitada a la inauguración de la sala de partos del Buen Pastor (la cárcel de mujeres) y supo que Silvina había tenido un hijo varón. Así que le pedí a la monja que me llevara al Buen Pastor para ver a mi hermana y buscar a mi sobrino. Me acuerdo que fue un día feriado o domingo cuando fuimos por la mañana. No había casi nadie en la calle. Un guardia llamó a una monja jovencita con delantal de cocina que nos atendió y le avisó a la madre superiora que estaba a cargo. Me acuerdo de que entramos al hall y que las monjas se apartaron un poco de mí. Pero pude escuchar cada palabra. La madre revisó un cuaderno de tapas oscuras y dijo: “Sí, Silvina estuvo acá con su bebé, pero hace algunos días la trasladaron al sur. Y el bebé ya no está acá”. Eso fue a fines de junio de 1976 o en los primeros días de julio. Cuando salimos, la monja Asunción Medrano me contó el diálogo y confirmó todo lo que yo había escuchado.

Mazmorras subterráneas

La familia de Silvina Parodi comenzó a buscarla desde la misma tarde en que se la llevaron. Sonia Torres y su ex esposo Enrique Parodi recorrieron comisarías, hospitales, cárceles y hasta morgues en busca de Silvina y Daniel. En esas recorridas, y como Parodi había sido aviador, supo por sus contactos militares que habían sido llevados a La Perla. De hecho, Silvina fue vista en las duchas de ese campo de concentración, donde alcanzó a decirle a una sobreviviente que “la llevarían al Buen Pastor a tener al bebé”. Los padres le siguieron el rastro en su paso por la cárcel de San Martín, la UP1, donde “mi mamá pudo dejarle ropa a Silvina, ya que la nueva pareja de mi padre, Marta, consiguió por un contacto saber que la tenían ahí”. A Sonia Torres le recibieron ropa y elementos de higiene por un tiempo, hasta que dejaron de hacerlo. Esa negativa significaba dos cosas: o que la habían trasladado, o asesinado.

En una de las últimas audiencias del año pasado, el sobreviviente y ex secretario de Derechos Humanos de la Municipalidad de Córdoba, Luis “Vittín” Baronetto, denunció que “en una recorrida que hice durante mi gestión los presos me contaron que en unas celdas subterráneas habían mantenido ocultos a ‘guerrilleros’ durante la dictadura”. Baronetto recorrió entonces un túnel en el que vio calabozos y decenas de grilletes empotrados en las paredes “a unos cuarenta centímetros del piso”.

En su declaración del año pasado, Sonia Torres detalló: “El entonces director de la prisión, el comisario Montamat, nos había dicho que Silvina estaba allí. Un día Enrique Parodi recibe un llamado del mismísimo Sasiaíñ: ‘Che, Parodi, acá lo traigo preso a Montamat. El les dice a todas las familias que los hijos están bien. Y mi ex esposo –explicó Sonia– por miedo a que le pase algo a Montamat, le dijo ‘habrá algún error, tal vez’”.

El 11 de febrero de este año, los jueces Jaime Díaz Gavier, Julián Falcucci, Camilo Quiroga Uriburu y Carlos, Ochoa junto a los periodistas que cubren este juicio recorrieron, por pedido de las querellantes Marité Sánchez y Mariana Paramio, el túnel –hasta ahora desconocido que le mencionaron los presos a Baronetto. La visita dejó constancia de que “en la cárcel legal coexistieron celdas clandestinas bajo el nivel del suelo”. Coligieron entonces que “es posible” que allí hubieran ocultado a Silvina y a otros secuestrados que no figuraron nunca en los libros.

Cunas con bebés “NN”

Giselle Parodi y su madre Sonia Torres no se dieron por vencidas. Supieron por aquel tiempo que en una sala de la Casa Cuna mantenían ocultos a bebés “que eran hijos de los desaparecidos o de detenidos, porque no sé si entonces ya se usaba esa palabra –aclaró la testigo–. Las cunitas eran de hierro blanco y ahí yo buscaba al hijo de Silvina. En la parte de arriba de las cunas decía ‘NN’. Siempre se ponía el nombre del niño, pero en esas cunitas decía ‘NN’. De esa imagen no me olvido nunca. Yo intentaba desesperadamente encontrar los rasgos de mi hermana, los de su esposo, en las caritas. Esos bebés estaban custodiados por militares armados. Yo entraba sin que me vieran cuando se iban al baño o hacían cambios de guardia. Conocía bien el movimiento”.

–¿Y qué pasó con el cuerpo de voluntarios que integraba? –preguntó Marité Sánchez.

–Un día llegamos y había un candado. Nosotros funcionábamos en el altillo de la Casa Cuna y no nos permitieron trabajar más. En esa época teníamos una compañera, Marta Córdoba, que tenía un tío militar. El le aconsejó que no fuera más porque todas las voluntarias estábamos en la lista negra.

Giselle también recordó ante los jueces que “el doctor (Fernando) Agrelo vio a Silvina y al bebé en el Buen Pastor. El se lo dijo a mi mamá. Agrelo era amigo de una amiga de mi madre, Susana Ghitta. El dio fe de que los vio”. En su testimonio, Fernando Agrelo también nombró a “la monja Monserrat”, por lo que el fiscal Facundo Trotta pidió que se la citara a declarar. El pediatra dijo además que, si bien el bebé “estaba en perfectas condiciones de salud”, la mamá “estaba muy estresada. Yo fui a verla a la cárcel del Buen Pastor por pedido de Sonia Torres. Le habían dicho que, además de pediatra, yo tenía buenas relaciones con las monjas”.

Antes de Agrelo, otro médico que acudió a atender a Silvina, terminó perdiendo su vida. “Era un doctor de apellido Elías”, recordó Sonia Torres. “Le pedimos que la revisara para ver cómo seguía su embarazo. Supimos que fue a la UP1. Al otro día, mientras el doctor Elías estaba operando en Urgencias, entraron los soldados, lo esposaron y se lo llevaron. Su cadáver apareció en una zanja camino a Chacras de la Merced.”

Antes de terminar su declaración, Giselle Parodi giró su cuerpo y miró a los represores que aún continuaban en la sala. Fue entonces cuando les pidió, luchando contra su propio llanto, “un gesto de humanidad. Desde que se llevaron a mis hermanos Silvina y Daniel y a su hijito que los estamos buscando. Nuestra vida ha girado permanentemente en esa búsqueda. En un acto de humanidad, ¡por favor dígannos dónde están los restos de mis hermanos y a quiénes entregaron a mi sobrino! Mi mamá lo merece. Los ha buscado por más de 37 años y nosotros vamos a seguir hasta encontrarlos”.

El nieto de Sonia Torres debe tener ahora casi 38 años. Según le dijo su abuela a Página/12 a la salida de Tribunales, “mientras él no recupere su verdadera identidad seguirá siendo un esclavo de la dictadura. A mí también me robaron la identidad. Yo dejé de ser la que era para ser esta abuela que busca. Y ahora le pido a mi nieto que me busque, que se acerque. Ya tengo 84 años y mi tiempo se termina. Quiero que sepa que cada día, a cada hora, siempre lo estoy esperando”

Por Marta Platía, desde Córdoba.

Fuente Página12: http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-240975-2014-03-03.html

Caen envenenadores de la dictadura chilena

El mismo equipo de envenenadores es investigado por la muerte del ex presidente Frei Montalva, ocurrida semanas después, en enero de 1982 en la Clínica Santa María. Sospechosamente, Neruda falleció en la misma clínica.

La Justicia chilena detuvo a cuatro militares acusados de envenenar con toxinas botulínicas a presos políticos en 1981, operación considerada la antesala del asesinato del ex presidente Eduardo Frei. “Están procesados y con detención preventiva el médico militar Eduardo Arriagada, su asistente y veterinario Sergio Rosende, y los oficiales en retiro Joaquín Larraín y Jaime Fuenzalida”, dijo el abogado Francisco Ugas, del Ministerio del Interior. Los dos primeros represores están detenidos bajo el cargo de homicidio de los opositores y militantes del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) Víctor Corvalán y Héctor Pacheco. Los otros dos como cómplices del asesinato frustrado de otros cinco presos políticos.

La investigación del juez Madrid indicó que el 9 de diciembre de 1981 las siete víctimas, supuestos opositores a la dictadura de Augusto Pinochet, fueron trasladadas desde el Centro de Detención Preventiva de Santiago, donde estaban detenidos por delitos comunes, a un hospital debido a serios problemas de salud a causa de una intoxicación producida por la denominada toxina botulínica. Dicha toxina fue traída a Chile desde Brasil por el Instituto de Salud Pública y posteriormente entregada a los encargados de un laboratorio secreto a cargo de la Dirección de Inteligencia del Ejército (DINE), afirmó la investigación.

El mismo equipo que figura en esta acción represiva es investigado por la muerte de Frei, ocurrida semanas después, en enero de 1982 en la Clínica Santa María, tras una operación. Algunos de estos sospechosos son señalados también como responsables por la muerte del poeta Pablo Neruda, quien falleció en la misma clínica. “Esto es muy importante”, dijo el abogado Eduardo Contreras, litigante en el caso Neruda. “¿Y no detuvieron a Sergio Draper?”, inquirió en alusión al médico que atendió a Neruda y Frei.

Los detenidos, que fueron trasladados a un regimiento, constituían el equipo que en dictadura ingresó desde Brasil armas químicas a Chile, con fines de “guerra interna” y externa, como ellos mismos confesaron a la policía. Estas armas de destrucción masiva, que llegaban primero al propio palacio presidencial de La Moneda, eran básicamente toxinas botulínicas, un veneno mortal. La operación, según declaraciones a la policía de los demás involucrados, comenzó a inicios de 1980, previo al envenenamiento de los presos políticos y la muerte de Frei, en cuyos restos fueron encontrados gas mostaza y talio.

El propio director del Instituto de Salud Pública (ISP) en esos años, el coronel Joaquín Larraín, reconoció a la policía civil en un texto con su firma que la adquisición de armas químicas comenzó luego de una reunión con el médico Eduardo Arriagada Rehren, de inteligencia militar. En el encuentro, Arriagada preguntó a Larraín, un ex profesor de la Escuela de las Américas, si el ISP tenía toxinas botulínicas, aduciendo que el ejército las necesitaba, debido a las tensiones con países limítrofes, en especial Argentina.

Arriagada, quien estuvo acompañado en el encuentro además por el veterinario Rosende, admitió los hechos también a los investigadores, quienes realizaron las pesquisas por petición del juez Alejandro Madrid. El magistrado, quien lleva años investigando la muerte de Frei y el envenenamiento de presos en la Cárcel Pública de Santiago, debería dictar sentencia en el magnicidio en los próximos meses.

Si bien la detención de los cuatro militares es considerada un logro para esclarecer lo ocurrido durante la dictadura pinochetista, la Corte de Apelaciones de Santiago rebajó ayer las penas a tres de cinco agentes de la dictadura condenados por la desaparición de los hermanos Mario y Nilda Peña Solari, ocurrida a fines de 1974. La resolución de las juezas Dobra Lusic, Adelita Ravanales y María Teresa Figueroa modificó la sentencia de primera instancia, dictada el 30 de marzo de 2012 por el juez especial Joaquín Billard a los autores de los secuestros, ocurridos el 9 y 10 de diciembre de 1974 en la capital chilena.

Los nombres de los hermanos Peña Solari fueron incluidos en 1975 en la llamada Operación Colombo, que consistió en un montaje para encubrir la desaparición de 119 presos políticos, en su mayoría militantes del MIR. Durante la dictadura de Pinochet, según documentos oficiales, unos 2300 chilenos murieron a manos de agentes del Estado y de ellos, 1192 permanecen aún como desaparecidos.

Fuente Página12: http://www.pagina12.com.ar/diario/elmundo/4-238456-2014-01-25.html