Desde hace varios meses el gobierno y las Farc discuten en La Habana qué mecanismo de verdad o esclarecimiento de la historia construirán para resarcir a las víctimas del conflicto. ¿Qué tanto debemos esperar de ella?
Carlos Beristain ha seguido de cerca el proceso de paz colombiano como pocos. Él es uno de los expertos mundiales en comisiones de verdad. Nacido en el País Vasco, es defensor de derechos humanos y escritor, con más de 20 libros publicados, varios de ellos sobre su experiencia acompañando a víctimas de conflictos en todo el mundo. Es médico doctorado en psicología, y ha participado como asesor en procesos de verdad y memoria en Guatemala, El Salvador, Perú, Paraguay, Ecuador y España, entre otros países. Conoce nuestro país a profundidad, pues lo ha recorrido desde 1994 de la mano de comunidades de base. Junto a Alejandro Valencia Villa tuvo la experiencia en los años recientes, de asesorar la Comisión de la Verdad de las Mujeres Víctimas del Conflicto, de la Ruta Pacífica, un trabajo hecho con y desde ellas, que es un interesante precedentes para lo que se viene en Colombia en esta materia.
VerdadAbierta.com habló con Beristain sobre los retos y dificultades de tendrá que afrontar una eventual comisión de verdad sobre el conflicto en nuestro país.
Verdad Abierta: En La Habana, gobierno y Farc empezaron a trabajar el tema de justicia por el de la verdad, porque pensaban que era el camino más fácil. Sin embargo, llevan meses en él y no han logrado un acuerdo. ¿Por qué este asunto se puede volver tan tortuoso?
Carlos Beristain: Porque cada vez que se discute sobre la verdad, se está discutiendo también sobre la legitimidad de cada parte del conflicto. Y porque siempre está en juego la relación entre verdad y la justicia. Eso limita la discusión sobre la verdad, a la que hay que entrarle en serio. En Colombia hay una negación de la historia reciente y se necesita la verdad para contribuir a la despolarización social.
V.A: Las Farc confían en que un mecanismo de verdad absuelva su papel en la historia. ¿Usted cree que una comisión de este tipo le daría legitimidad a la guerrilla?
C.B: La verdad de un conflicto armado no es para darle legitimidad a nadie. Debe ser una investigación independiente, que tiene una legitimidad tanto por su metodología como por su integridad moral. Lo que sí creo es que deben esclarecerse no solamente las violaciones a los derechos humanos, sino también las causas de ese conflicto y los mecanismos que han hecho posible la violencia a gran escala que se ha vivido en Colombia. Eso tiene que hacer parte del mandato de esa comisión.
En parte ha sido lo que se intentó con la Comisión de Historia del Conflicto y sus Víctimas, pero lo que hemos visto es la construcción de dos relatos diferentes, en lugar de un relato básico de consenso que permitiera un punto de inicio para una comisión de la verdad. Eso revela cómo están las cosas en el país: la falta de una narrativa conjunta, unos mínimos que permitan un piso común.
V.A: ¿Un relato único es posible y deseable?
C.B: No, un relato único nunca va a ser posible, pero un relato básico de consenso de las dos partes no sólo es posible sino necesario.
V.A: Los militares le tienen miedo una la comisión de la verdad porque creen que tendrá consecuencias jurídicas. ¿Están en lo cierto?
C.B: Entiendo que las Farc tenga temores de que se cree una comisión que les diga que han cometido diferentes crímenes de guerra o que el Ejército tema que una comisión les diga que han participado en masacres. Pero no son ellos sino la sociedad colombiana la que necesita del esclarecimiento. La comisión de la verdad ayudaría a que una buena parte de la sociedad que ha vivido fuera del conflicto, justificando las acciones de ambos lados, y mirando hacia otro lado, tenga conciencia de lo sucedido.
V.A: Colombia a pesar de todo, es una democracia. ¿Podrá el Estado reconocer su cuota de barbarie?
C.B: El Estado debe reconocer las violaciones de derechos humanos que se cometieron en el marco del conflicto armado que estén documentadas y probadas. Tiene que reconocer eso, porque esa es la base que cualquier construcción de democracia. No es una discusión de calificativos. La discusión se debe llevar a contenidos: hechos, mecanismos que los han hecho posibles, y responsabilidades. Si empezamos la pelea por los calificativos se bloquean el esclarecimiento y la investigación.
V.A: ¿Qué tan lejos ve a los dos actores que están sentados en La Habana de reconocer las atrocidades cometidas?
C.B: Esto ha sido un problema universal. Los guatemaltecos nunca quisieron ir a la comisión de la verdad. Los militares ni siquiera aceptaban que se llamara así. En el Salvador los militares tampoco querían la comisión y la guerrilla en la práctica estaba muy poco interesada, porque había cosas que les podían afectar a ellos. En el caso colombiano ha habido avances significativos como el proceso de consulta a las víctimas. Y creo que la Mesa debe dar respuestas a las demandas que éstas han hecho. Las Farc han hecho algunos actos de reconocimiento. Creo que estos actos son necesarios y hay que seguirlos haciendo. La discusión es cómo, con qué garantías, con qué consecuencias.
V.A: ¿Una comisión de la verdad tiene consecuencias jurídicas?
C.B: Es muy difícil decir a priori las consecuencias jurídicas que pueda tener. Eso creo que depende mucho del diseño del proceso. Llegado a un punto la comisión debe plantearse temas como la justicia y la reparación.
V.A: O sea que verdad y justicia no son secuenciales…
C.B: Al inicio se puede hacer secuencial, pero después esas cosas deben discutirse a la vez. Si esas investigaciones van a tener efectos jurídicos o no es algo que debe estar claramente definido. Pero si iniciamos la discusión por lo judicial, se puede retrasar el esclarecimiento de los hechos. Ahora, las partes del conflicto necesitan una seguridad jurídica y eso lo van a exigir antes de firmar un acuerdo. De todos modos esa seguridad jurídica no quiere decir que no haya consecuencias.
V.A: ¿Cuál debería ser el diseño para el caso colombiano?
C.B: Hay que tener cuidado porque en Colombia todo se termina judicializando, o dicho de otra manera, los aspectos legales dominan la discusión y eso puede terminar limitando el derecho a la verdad. Hay que dejar que una eventual comisión trabaje ampliamente y que supere los obstáculos que se dieron en otros países. Por ejemplo, tiene que tener acceso a la información oficial. Las comisiones deben tener un cierto poder para entrevistar a gente que no va directamente a dar testimonio, pero que la comisión considera que es importante.
V.A: Aunque esos testimonios queden sellados y no sean públicos…
C.B: Por supuesto. La comisión establecerá acuerdos con testigos claves o protegidos. Pero tiene que tener cierto poder y no depender de la voluntad política de los gobiernos. Los casos de Guatemala y el Salvador fueron muy negativos en ese sentido porque hubo negación de información que años después se descubrió que sí estaba en archivos. Información que el Estado le negó a la comisión. En el caso colombiano estas cosas deben superarse. Que a los temas relativos a la confidencialidad, a la seguridad interna no terminen imponiéndose sobre el esclarecimiento y la verdad.
V.A: Entonces ¿verdad y justicia van de la mano?
C.B: Es muy difícil que mientras se va trabajando una comisión de la verdad se pongan en marcha procesos jurídicos. Eso complica todo. Lo que ha habido en la mayor parte de países, después de la comisión de la verdad, es muy poca justicia. Creo que primero se necesita un esclarecimiento. Eso no significa que mientras tanto no se pueda hacer el diseño de la justicia transicional. Mientras trabaja la comisión, las partes deberían tratar de hacer cosas que sean útiles para las víctimas, que sirvan de reconocimiento. Eso contribuiría a despolarizar la sociedad y superar un cierto descredito que tienen.
V.A: Estos reconocimientos suelen hacerse bajo cálculos políticos pero no de corazón…
C.B: La comisión debe tener una posición independiente que le permita decir lo que está bien y lo que está mal y tiene que llamar a las cosas por su nombre. Los responsables, también tienen que llamar las cosas por su nombre. Se llama así y no de otra manera y vine a reconocer mi responsabilidad. Porque eso es un elemento de limpieza interna, de demostrar una actitud de cambio. Todas las formas de reconocimiento y perdón deben estar asociadas a una demostración de ruptura con el pasado.
V.A: Las Farc creen que la verdad va a resolver la carga de impunidad que hay en 50 años de conflicto. ¿Será así?
C.B: Todas las comisiones han trabajado sobre períodos históricos muy grandes, pero en la práctica se concentran en las violaciones a los derechos humanos más graves. En Guatemala la comisión trabajó desde el año 76 hasta el noventa y pico. No pudo esclarecer mucho lo de los años 60 porque no había testigos vivos y porque las víctimas no se presentaron. Entonces creo que no hay que tener una idea muy pretenciosa de que se va a aclarar todo. En el caso colombiano son 50 años, es verdad, pero ya hay muchas cosas hechas.
V.A: Hay sectores civiles, cómplices de actos actores, asustados con esto de la verdad y se prevé que se opongan a ella...
C.B: Cuando la violencia penetra en el tejido social y hay un involucramiento cada vez mayor de la sociedad civil en el conflicto, se generan enormes desafíos para la reconciliación. Si los perpetradores siguen teniendo control y capacidad de coacción sobre las víctimas, no hay reconciliación ni verdad sino una imposición de condiciones materiales que las víctimas deben asumir, y eso se ha dado en muchos países. El que mató no solamente mató, sino se quedó con la tierra, y en fin todo eso debe ser revisado.
Hay otro nivel de participación de los civiles, al margen de la dinámica militar del conflicto, y es lo que lo hemos visto con la parapolítica. Porque los mecanismos de la guerra no son solamente militares, sino que la guerra da paso a relaciones políticas y económicas. Lo que necesita Colombia es un reconocimiento global de la participación y responsabilidad en el conflicto de todos, porque esa es la puerta para una transformación.
V.A: ¿Ese tipo de verdad ayuda al cambio político?
C.B: Ayuda porque supera las memorias defensivas; aquellas en las que yo me centro en las cosas que me duelen, con la gente que me identifico: los soldados secuestrados, asesinados etc; por un lado; o los guerrilleros asesinados y comunidades masacradas, por el otro. Anclados en las memorias defensivas no se ve el dolor del otro lado, solo se cohesiona el grupo, y con el tiempo este tipo de memoria agudiza el conflicto.
V.A: Los militares colombianos se niegan a reconocer una responsabilidad institucional y apelan a la tesis de las manzanas podrida. Los guerrilleros minimizan sus actos ¿Qué hacer con el negacionismo?
C.B. El proceso de reconocimiento va a ser eso: un proceso que no se da de la noche a la mañana. En Chile al jefe de los carabineros le tomó ocho años admitir lo que hicieron. Eso va a tener su camino pero hay que empezar a discutirlo para que se flexibilicen las actitudes. Sí la comisión parte de la defensa de una tesis, no hay nada que hacer. Como pasó en Argentina con la tesis de los dos demonios, que consagró el informe y que se ha venido desestructurado con los años y la investigación posterior. En el caso de Guatemala la tesis era que los indígenas estaban engañados por la guerrilla.
Creo que una comisión tiene que promover el esclarecimiento y tiene que trabajar con datos que no se puedan negar. ¿Algunos van a seguir negando? Por supuesto que sí. La masacre de Srebrenica todavía es negada. Todavía es imposible hablar en Serbia de lo que pasó allí, y el centro de documentación sobre la guerra que hay en Bosnia, está vacío, porque hay una tendencia a la negación de la historia. Eso es parte de los procesos. Eso no va a ser fácil.
V.A: ¿Sirve la verdad para sanar heridas morales?
C.B: Elementos de restauración deben estar presentes precisamente por el impacto de la violencia en el tejido social, por las múltiples responsabilidades en la violencia en lo local, lo cual lleva al desafío de cómo se reconstruye esa convivencia local. Debería haber medidas restaurativas como parte de una política que nace de los acuerdos de paz. Eso sería importante.
V.A: ¿La comisión debe ser de sabios o con participación popular?
C.B: Esas dos cosas no son disyuntivas. La verdad no es un estudio hecho por expertos que vienen al país por uno o dos años y sacan un libro. Claro que la comisión debe dar como resultado un informe que esclarezca, y que dé recomendaciones para la transformación política y la prevención de la violencia. Ese debe ser su resultado. Pero también es un proceso que debe lograr que en el camino se asimile la verdad, debe haber audiencias públicas. En el caso colombiano, a pesar de que el tejido social ha sido muy golpeado, todavía está vivo y creo que una comisión tendría que abrirle el espacio a este tejido social.
V. A: ¿Puede la verdad contribuir a una mayor polarización?
C.B: Yo creo más bien lo contrario. La pólvora para el conflicto es la negación. La comisión debería hacer las cosas de una manera que evite el uso político de la verdad, para eso debe hacer una investigación amplia y tiene que haber un reconocimiento plural de las responsabilidades, y no concentrarse en un solo tipo de evento o responsabilidades.
En el país Vasco hemos sufrido un fenómeno de violencia política durante muchos años y hemos hecho encuentros de víctimas diferentes y ellas nos han mostrado un espacio de reconocimiento mutuo mucho más amplio del que permite la sociedad.
V.A: Si lo acordado en La Habana no sale con el nombre de comisión de la verdad ¿deberíamos preocuparnos?
C.B: Yo
creo que sí. A las cosas hay que llamarlas por su nombre. A la comisión
de la verdad no hay que tenerle miedo, porque es un proceso de sanación
colectiva que va a ser muy importante para Colombia.
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